amparo directo en revisión 36/2011. quejoso

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011.
QUEJOSO: **********.
PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: ROBERTO LARA CHAGOYÁN.
S Í N T E S I S:
Autoridades responsables: Los Magistrados integrantes de la
Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal.
Acto reclamado: La sentencia dictada el ocho de abril de dos
mil diez, dentro del expediente **********.
Sentido de la sentencia del Tribunal Colegiado: Otorgar el
amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la
Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara
otra en la que reiterara los apartados concernientes a la acreditación
del delito de robo agravado, así como la responsabilidad penal del
sentenciado; asimismo, para que determinara lo correspondiente a la
individualización de las sanciones, sin agravar la situación de la parte
quejosa; y, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo,
absolviera a la parte quejosa de la reparación del daño material, sólo
por lo que hace a los dos anillos propiedad de **********, ante la
imposibilidad de cuantificar con certeza su valor
Recurrente: La parte quejosa, **********.
Propuesta del proyecto:

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
1. El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, debe
desecharse. En el caso concreto, no se surten los requisitos de
procedencia del recurso que nos ocupa, en atención a que los
argumentos hechos valer en la revisión plantean temas ajenos a
cuestiones constitucionales, competencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
No se advierte que se haya planteado un cuestionamiento de
constitucionalidad en la demanda de amparo, por lo que los
argumentos del Tribunal Colegiado de Circuito no se encaminaron a
decidir sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa
de un precepto de la Constitución. Asimismo, los dos agravios hechos
valer por la parte recurrente están encaminado a combatir la sentencia
recurrida con base, esencialmente, en tres argumentos:
a) El Tribunal Colegiado de Circuito concedió valor probatorio a lo
declarado por el denunciante **********, aun cuando se advierten
contradicciones entre las declaraciones que rindió ante el
Ministerio Público el veintiséis de febrero de dos mil nueve y el
catorce de julio del mismo año.
b) El Tribunal Colegiado de Circuito dejó de aplicar o aplicó de
manera incorrecta diversos tratados internacionales celebrados y
ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.
c) El Tribunal Colegiado de Circuito concedió valor probatorio a lo
declarado por **********, testigo de los hechos, así como a lo
declarado por los policías judiciales remitentes, aún cuando el
primero manifestó reconocer al sentenciado por su “complexión y
estatura”, lo que no puede tenerse por válido, al ser
II

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
características demasiado genéricas, y los segundos no fueron
testigos presenciales de los hechos
En este sentido, se estima que las cuestiones de legalidad
referentes a posibles violaciones cometidas por los tribunales de
origen resultan temas ajenos a las cuestiones constitucionales, por lo
que escapan a la competencia de esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
2. No pasa inadvertido que el Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito invocó diversas jurisprudencias en
apoyo de los argumentos esgrimidos en la sentencia emitida el
veinticinco de noviembre de dos mil diez en el juicio de amparo directo
penal **********. Sin embargo, no puede considerarse que un tribunal
colegiado de circuito realice una interpretación directa de un precepto
de la Constitución Federal, si únicamente hace referencia a un criterio
emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se
establezca el alcance y sentido de una norma constitucional.
3. Asimismo, no se soslaya el hecho de que el presente asunto
es de naturaleza penal, por lo que en términos del artículo 76 Bis,
fracción II, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la deficiencia
de la queja aun ante la ausencia de conceptos de violación o de
agravios del reo. Sin embargo, se estima que este beneficio por sí solo
no implica hacer procedente un recurso que no lo es, pues sería tanto
como aceptar que son procedentes todos los recursos de revisión en
amparo directo en los que opera ese beneficio, situación que resulta
inadmisible porque daría lugar a una instancia oficiosa no establecida
en la Ley Fundamental ni en la reglamentaria de la materia.
Puntos resolutivos:
III

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión a que este toca se
refiere.
SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida.
Tesis que se citan en el proyecto:
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU
PROCEDENCIA”
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE CUANDO
SE PLANTEAN TEMAS AJENOS A CUESTIONES
CONSTITUCIONALES, COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.”
“INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS
CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
PARA SU IDENTIFICACIÓN.”
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA DEFICIENTE, POR SÍ SOLA, NO HACE PROCEDENTE EL
RECURSO.”
“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA
PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO
QUE NO LO ES.”
“REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL
DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN.”
IV

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011.
QUEJOSO: **********.
PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: ROBERTO LARA CHAGOYÁN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de
marzo de dos mil once.
V I S T O S para resolver los autos del expediente 36/2011,
relativo al amparo directo en revisión promovido por la parte quejosa,
en contra de la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos
mil diez por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito.
R E S U L T A N D O Q U E:
PRIMERO. Narrativa de los hechos y antecedentes
procesales. En los autos del toca de apelación **********, relativo al
recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso **********, se
señalan los siguientes hechos 1 : el veintiséis de febrero de dos mil
nueve, aproximadamente a las siete horas con treinta minutos,
********** se encontraba a bordo de una camioneta marca Nissan
“Estaquitas”, modelo 2006, estacionada en las calles de Lázaro
Cárdenas y Pípila, Colonia Lomas de Zaragoza, Delegación
Iztapalapa, México, Distrito Federal, mientras su compañero de
trabajo, ********** realizaba la entrega de un pedido de pan de la
empresa **********, donde ambos laboraban.
1 Todos estos datos constan en el cuaderno correspondiente al juicio de amparo directo **********,
concretamente, en las páginas 120 a 159.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
Una vez realizada la entrega del pedido, ********** se dirigió al
vehículo donde su compañero aguardaba sentado en el asiento del
piloto, cuando se percató de la presencia de un individuo que se
encontraba parado junto a la puerta del copiloto. Después de guardar
el recipiente donde se transporta el pan en la caja de la camioneta, se
dirigió a la puerta derecha del vehículo, solicitándole al sujeto que se
encontraba parado frente a ella que le permitiera entrar. Tras un breve
intercambio de palabras, dicho individuo, de nombre **********, gritó “ya
valió madres, es un asalto” y procedió a sacar un arma de fuego del
interior de una mochila que portaba, diciendo “saquen todo el dinero
que traigan”. Con motivo de lo anterior, ********** y **********
procedieron a entregarle la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos
00/100 M.N.), propiedad de la persona moral denominada **********,
así como dos anillos, propiedad de **********, tras lo cual ********** se
dio a la fuga a pie, dejando caer una licencia de conducir expedida a
su favor por la Secretaría de Transportes y Vialidad. Después de
solicitar el apoyo de una patrulla con el fin de tratar de localizar al
presunto responsable, ********** acudió a la agencia del Ministerio
Público a denunciar los hechos narrados con anterioridad.
Posteriormente, el catorce de julio de dos mil nueve, **********
recibió una llamada de la Policía Judicial del Distrito Federal mediante
la cual se le solicitó que se presentara en la agencia del Ministerio
Público donde había denunciado los hechos, ya que se había logrado
detener al presunto responsable. Consecuentemente, se presentó en
la agencia del Ministerio Público donde, después de tener a la vista a
********** a través de la cámara de Gessel, lo identificó como el mismo
sujeto involucrado en los sucesos del veintiséis de febrero de dos mil
nueve, narrados con anterioridad.
2

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
En virtud de lo anterior 2 , el Agente del Ministerio Público de la
Federación ejerció acción penal con detenido contra **********, como
probable responsable del delito de robo agravado calificado –por
encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular y al haberse
realizado con violencia moral–. El veintidós de julio de dos mil nueve,
el Juzgado Sexagésimo Primero Penal del Distrito Federal emitió un
auto de formal prisión en contra de ********** y dispuso la apertura del
procedimiento ordinario.
Una vez cerrada la etapa de instrucción, y habiéndose llevado a
cabo la audiencia mediante la cual el Agente del Ministerio Público y la
defensa ratificaron sus conclusiones acusatorias y de inculpabilidad,
respectivamente, el treinta de diciembre de dos mil nueve, el Juez
Sexagésimo Primero Penal del Distrito Federal dictó la sentencia
definitiva en la causa penal **********, en la que consideró a **********
penalmente responsable de la comisión del delito de robo agravado,
por haberse cometido encontrándose la víctima a bordo de un vehículo
particular y con violencia moral, previsto y sancionado por los artículo
220, párrafo primero, fracción II, 224, párrafo primero, fracción III y
225, primer párrafo, fracción I, del Código Penal para el Distrito
Federal.
Inconforme con el sentido de dicha resolución, el sentenciado
interpuso recurso de apelación. La Tercera Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal –órgano jurisdiccional al que
correspondió conocer del asunto– admitió a trámite el recurso y
ordenó su registro con el número **********, mediante un acuerdo de
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.
2 Los datos que a continuación se expresan constan en el cuaderno correspondiente al juicio de
amparo directo **********, concretamente, en las páginas 59 a 113.
3

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
Seguidos los trámites legales, los Magistrados integrantes de la
Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal dictaron la sentencia el ocho de abril de dos mil diez, en la
cual resolvieron modificar la sentencia de primer grado. Esta
resolución constituye el acto reclamado del presente amparo directo
en revisión.
SEGUNDO. Trámite y resolución del juicio de amparo.
********** presentó un escrito ante la Tercera Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, el veintitrés de agosto de dos
mil diez, mediante la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia
Federal en contra de la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil
diez por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, dentro del expediente ********** 3 . La Magistrada
Presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito –órgano jurisdiccional al que correspondió conocer del
asunto– ordenó su registro con el número D.P. ********** y admitió a
trámite la demanda de amparo, mediante un acuerdo de diecisiete de
septiembre de dos mil diez 4 .
Seguidos los trámites legales, los Magistrados integrantes del
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
dictaron la sentencia correspondiente el veinticinco de noviembre de
dos mil diez, terminada de engrosar el dos de diciembre del mismo
año, en la que resolvieron otorgar el amparo y protección de la
Justicia de la Unión a **********, en contra de la sentencia dictada el
ocho de abril de dos mil diez, por la Tercera Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, dentro del expediente
**********. La protección constitucional fue otorgada para el efecto de
que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y
3 Véanse las páginas 6 a 35 del cuaderno correspondiente al juicio amparo directo **********.
4 Ibíd., páginas 41 y 42.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
dictara otra en la que reiterara los apartados concernientes a la
acreditación del delito de robo agravado, así como la responsabilidad
penal del sentenciado; asimismo, para que determinara lo
correspondiente a la individualización de las sanciones, sin agravar la
situación de la parte quejosa; y, atendiendo a los lineamientos de la
ejecutoria de amparo, absolviera a la parte quejosa de la reparación
del daño material, sólo por lo que hace a los dos anillos propiedad de
**********, ante la imposibilidad de cuantificar con certeza su valor 5 .
TERCERO. Trámite del recurso de revisión. En desacuerdo
con el fallo anterior, **********, promovió un recurso de revisión
mediante un escrito presentado el cuatro de enero de dos mil once,
ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito 6 .
El Presidente de dicho órgano jurisdiccional remitió el asunto a
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un acuerdo de
cuatro de enero de dos mil once, en el que hizo constar que la
resolución reclamada no contenía decisión sobre constitucionalidad de
una ley o reglamento, ni interpretación directa de un precepto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 7 .
CUARTO. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos, el Presidente de
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un acuerdo de
diez de enero de dos mil once, tuvo por recibido el expediente, lo
registró con el número 36/2011 y ordenó que se remitiera el asunto a
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.
5 Ibíd., páginas 59 a 113.
6 Cuaderno del juicio de amparo directo en revisión 36/2011, páginas 2 a 8.
7 Ibíd., página 28.
5

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
Posteriormente, mediante un acuerdo dictado el diecinueve de
enero de dos mil once, el Presidente de la Primera Sala aceptó la
competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto por
********** y lo admitió con reserva del estudio de importancia y
trascendencia correspondiente; asimismo, en el propio acuerdo,
mandó notificar a la autoridad responsable, a la parte recurrente y al
Procurador General de la República a efecto de que manifestaran lo
que a su interés conviniera y, finalmente turnó los autos a la Ponencia
del Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto
de resolución correspondiente.
La Agente del Ministerio Público de la Federación formuló su
pedimento mediante un escrito presentado el treinta y uno de enero de
dos mil once en la Oficina de Certificación y Correspondencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que
consideraba conveniente desechar el recurso de revisión al no
reunirse los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo en
revisión.
C O N S I D E R A N D O QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer
del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los
artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 84, fracción II de la Ley de Amparo; 21, fracción III,
inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y en relación
con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General número 5/2001.
Lo anterior, al tratarse de un recurso de revisión en contra de una
sentencia dictada por un Tribunal Colegiado en un juicio de amparo
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
directo, en materia penal, especialidad que corresponde a esta
Primera Sala.
SEGUNDO. Oportunidad del recurso. La sentencia recurrida
fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito, el veinticinco de noviembre de dos mil diez, terminada
de engrosar el día dos de diciembre del mismo año, y notificada por
medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el viernes tres de
diciembre de dos mil diez, según consta en los autos del expediente 8 .
De este modo, dicho fallo surtió efectos al día siguiente hábil, es decir,
el lunes seis de diciembre de dos mil diez.
El término de diez días para la interposición del recurso previsto
en el artículo 86 de la Ley de Amparo empezó a correr a partir del
martes siete de diciembre de dos mil diez y concluyó el miércoles
cinco de enero de dos mil once, una vez descontados los días once
y doce, ambos de diciembre del dos mil diez, por tratarse de sábado y
domingo respectivamente, de conformidad con los artículos 23 de la
Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; así como el periodo comprendido entre el jueves dieciséis
de diciembre de dos mil diez y el domingo dos de enero de dos mil
once, de conformidad con el Acuerdo General Plenario 34/2010,
aprobado en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, de fecha veintisiete de octubre de dos mil diez.
En consecuencia, si el recurso que nos ocupa se interpuso el
martes cuatro de enero de dos mil once ante el Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, entonces es claro que
su presentación fue oportuna 9 .
8 Ibíd., página 115.
9 Véase la página 2 del cuaderno del juicio de amparo directo en revisión 36/2011.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto y
delimitación del problema a resolver. Para estar en condiciones de
fijar la materia de análisis del presente asunto, conviene traer a
colación los argumentos que fueron esgrimidos a lo largo de la secuela
procesal por lo que al amparo se refiere. De este modo, se sintetizan
los argumentos contenidos en los conceptos de violación, la sentencia
recurrida y el recurso de revisión interpuesto.
1. Conceptos de violación. **********, planteó cuatro conceptos
de violación, todos ellos relacionados con cuestiones de legalidad. Los
argumentos se detallan a continuación:
1.1. En su primer concepto de violación, ********** adujo que la
sentencia de ocho de abril de dos mil diez, dictada por la Tercera Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en los autos
del toca de apelación número **********, violaba en su perjuicio las
garantías de seguridad jurídica, defensa adecuada, audiencia previa y
legalidad, contenidas en los artículo 14, 16, 20, apartado A, fracciones
V y IX, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Lo anterior, en virtud de que la Sala responsable consideró que
los medios de prueba existentes eran aptos y suficientes para
acreditar el cuerpo del delito del ilícito de robo agravado, sin haber
sujetado su actuación a las disposiciones contenidas en los artículos
246 a 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, ni a los principios rectores de la valoración de pruebas. Por lo
tanto, concluyó que la Sala responsable valoró de manera incorrecta
todos y cada uno de los medios probatorios existentes en autos 10 .
10 Para apoyar sus argumentos, **********, cito las tesis de rubros: “RESPONSABILIDAD
DUDOSA.”, “TESTIMONIAL, INCORRECTA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.”, “TESTIGOS,
VALOR DE SUS DECLARACIONES.”, “TESTIGOS EN MATERIA PENAL.”, “TESTIGOS EN
MATERIA PENAL, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.”, “CONTRADICCIÓN.”,
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
Asimismo, afirmó que la Sala responsable dejó de aplicar o
aplicó de manera incorrecta diversos tratados internacionales
celebrados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos. De esta
manera, sostuvo que se conculcaron sus derechos contemplados en
los artículos 1 a 3 y 7 a 11 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; en los artículos I, II, V, XVIII y XXIV a XXVI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en los
artículos 1, 7.1 a 7.3, 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 24, 25 y 28 a 31 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los
principios I a VII y XV de los Principios y Buenas Prácticas sobre la
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
1.2. En su segundo concepto de violación, la parte quejosa
argumentó que la sentencia combatida violaba en su perjuicio la
garantía de seguridad jurídica, prevista en el párrafo segundo del
artículo 14 constitucional, dado que la Sala responsable consideró que
se acreditaba el cuerpo del delito del ilícito de robo agravado, sin
constatar si estaba acreditada la totalidad de los elementos integrantes
de dicho delito 11 .
“TESTIGOS DE OÍDAS. VALOR DE LOS.”, “PRUEBA TESTIMONIAL. TESTIGOS DE OÍDAS.”,
“DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL. LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA OPINIÓN DE LOS PERITOS,
ADEMÁS DE SER UNA EXIGENCIA INHERENTE A ESE TIPO DE PRUEBA, CONSTITUYE UN
IMPERATIVO LEGAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES.”, “DICTAMEN PERICIAL. SI NO APORTA ELEMENTOS DE
CONVICCIÓN QUE JUSTIFIQUEN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS POR
EL JUZGADOR PARA RESOLVER, DEBE TENERSE POR DOGMÁTICO Y CARENTE DE
EFICACIA PROBATORIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).”, “PRUEBA PERICIAL.
PARA QUE EL JUZGADOR PUEDA VALORARLA DEBE INTEGRARSE COLEGIADAMENTE
(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE MICHOACÁN Y QUERÉTARO).” y “DICTÁMENES
PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN,
INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).”
11 Para apoyar sus argumentos, **********, cito la tesis de rubro: “CUERPO DEL DELITO,
CONFORME AL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL
DISTRITO FEDERAL, EL ANÁLISIS DEL MISMO, CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A
RESOLUCIONES DE ORDEN DE APREHENSIÓN, COMPARECENCIA, O DE PLAZO
CONSTITUCIONAL, MAS NO PARA SENTENCIA.”
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
1.3. En su tercer concepto de violación, ********** sostuvo que la
sentencia dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal violaba sus garantías individuales. Lo
anterior, dado que la Sala responsable, de manera inconstitucional,
tuvo por acreditadas las circunstancias agravantes de la
responsabilidad penal previstas en los artículos 224, fracción III, y 225,
fracción I, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, sin que
existieran medios aptos y suficientes para tal fin.
1.4. Finalmente, en su cuarto concepto de violación, la parte
quejosa afirmó que la sentencia combatida era violatoria de sus
garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos
14 y 16 constitucionales. Lo anterior, en virtud de que la Sala
responsable negó otorgarle el beneficio de la suspensión condicional
de la ejecución de la pena, no obstante que jamás se acreditó el delito
de robo agravado, ni su plena responsabilidad penal 12 .
2. Consideraciones del Tribunal Colegiado. En lo que
respecta a los planteamientos sintetizados en el apartado anterior, el
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
consideró que algunos de los argumentos relacionados con las
cuestiones de legalidad eran inoperantes y otros eran infundados. Por
lo tanto, procedió a darles contestación sin que se advierta
pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de una ley o
reglamento, ni interpretación directa de un precepto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos o su omisión.
12 Para apoyar sus argumentos, **********, cito las tesis de rubros: “CONDENA CONDICIONAL.
LOS ANTECEDENTES PENALES NO SON NECESARIAMENTE SUFICIENTES PARA
ACREDITAR QUE EL SENTENCIADO NO HA EVIDENCIADO BUENA CONDUCTA ANTES DEL
HECHO PUNIBLE Y, POR TANTO, PARA NEGAR EL OTORGAMIENTO DE AQUEL
BENEFICIO.”
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
No obstante lo anterior, en suplencia de la deficiencia de la
queja, prevista en la fracción II del artículo 76 bis, de la Ley de
Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito advirtió que el acto
reclamado resultaba violatorio de garantías constitucionales, por lo
que resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de la
Unión a **********. Los argumentos se detallan a continuación:
2.1. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el primer
concepto de violación, mediante el cual la parte quejosa
esencialmente afirmó que se violaron las formalidades esenciales del
procedimiento, era infundado. Lo anterior, en virtud de que no se
vulneraron en perjuicio del quejoso las garantías previstas en los
artículos 14 y 20 constitucionales, ya que éste emitió su declaración en
términos de ley, se le hizo saber el nombre de sus acusadores y los
hechos que se le atribuían, le fueron recibidas las pruebas que ofreció,
fue juzgado por autoridad judicial competente y contó con la asistencia
de un perito en Derecho que lo asistió, con lo cual se cumplió, en lo
esencial, las formalidades del procedimiento.
Para apoyar sus argumentos, el Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito citó la jurisprudencia P./J. 47/95,
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”
Por otra parte, a partir de la lectura de la sentencia reclamada, el
Tribunal Colegiado de Circuito advirtió que la Tercera Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal también cumplió con
la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 16
constitucional, relativa a la fundamentación y motivación de los actos
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
de autoridad. Lo anterior, en virtud de que citó los preceptos legales en
los que se establece la naturaleza instantánea y el carácter doloso de
la conducta ilícita acreditada, así como la forma de intervención del
sujeto activo y las causas de exclusión del delito. De igual forma, citó
los artículos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, en los que se establecen los principios generales que rigen la
valoración de las pruebas, la acreditación del delito y la
responsabilidad penal del enjuiciado. Asimismo, expresó los
razonamientos que la llevaron a concluir que el asunto encuadraba en
las normas que se invocaron y señaló los motivos que influyeron para
conceder valor a los diversos elementos probatorios que tomó en
cuenta para tener por demostrada la existencia del delito, así como la
plena responsabilidad penal del quejoso en su comisión.
Consecuentemente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito consideró que se satisficieron las exigencias
del artículo 16, párrafo primero, constitucional y de la jurisprudencia
V.2o. J/32, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”.
Asimismo, consideró que el acto reclamado no resultaba
violatorio de las disposiciones internacionales señaladas por la parte
quejosa, pues con independencia de que el planteamiento esgrimido
resultaba genérico y abstracto, al no haberse precisado motivo por el
cual los dispositivos internacionales fueron supuestamente vulnerados
con la emisión del acto reclamado, estimó que la sentencia reclamada
cumplió con las principales directrices que emanan de los citados
instrumentos.
2.2. El Tribunal Colegiado de Circuito también consideró que
la Sala Responsable actuó legalmente al estimar que en el caso
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
concreto se acreditó el tipo penal de robro agravado –encontrándose
la víctima en un vehículo particular y con violencia moral –, previsto en
los artículos 220, párrafo inicial, 224, fracción III, y 225, fracción I, del
Código Penal para el Distrito Federal. Por lo tanto, consideró
infundados el segundo y tercer conceptos de violación hechos valer
por la parte quejosa.
Esto es así, argumentó, pues con el historial probatorio
existente, con apego a derecho y contrario a lo sostenido por la parte
quejosa en sus conceptos de violación, la Sala responsable tuvo por
acreditados los elementos objetivos, normativos y subjetivos que
integran la figura típica del delito de robo, prevista en el artículo 220
del ordenamiento referido con anterioridad. Asimismo, en cuanto a las
calificativas previstas en los artículos 224, fracción III, y 225, fracción I,
del Código Penal en cita, la Sala Responsable también las tuvo por
acreditadas, al quedar de manifiesto que al momento del
apoderamiento de los bienes, los sujetos pasivos se encontraban a
bordo de un vehículo automotriz y que éstos fueron amenazados con
una pistola, mientras el sujeto activo les decía “ya valió madres, es un
asalto” y “saquen todo el dinero que traigan”, actuar por medio del cual
logró que éstos no se opusieran al robo.
En virtud de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó
que no era posible concluir que la Sala responsable hubiera
conculcado el principio de presunción de inocencia. Para apoyar sus
argumentos, citó la jurisprudencia P. XXXV/2002, emitida por el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE
CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.”
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
2.3. Finalmente, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que era
infundado el cuarto concepto de violación hecho valer por la parte
quejosa, al ser legal que no se le hubieran otorgado los sustitutivos de
la pena de prisión, ni el beneficio de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, al no reunirse todos los requisitos para su
procedencia, previstos en los numerales 84 y 89 del código sustantivo
penal, como en forma correcta lo determinó la Sala responsable.
2.4. No obstante lo anterior y en suplencia de la deficiencia de la
queja, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la actuación de
la Sala responsable no había sido apegada a Derecho al condenar a la
parte quejosa a la restitución de dos anillos a favor de **********,
señalando que en caso de no ser posible, debería reponerlos con
otros de similares condiciones, a satisfacción del ofendido.
Consecuentemente, otorgó el amparo y protección de la Justicia
de la Unión, para el efecto de que la Sala responsable dejara
insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que reiterara
los apartados concernientes a la acreditación del delito de robo
agravado, así como la responsabilidad penal del sentenciado;
asimismo, para que determinara lo correspondiente a la
individualización de las sanciones, sin agravar la situación de la parte
quejosa; y, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo,
absolviera a la parte quejosa de la reparación del daño material, sólo
por lo que hace a los dos anillos propiedad de **********, ante la
imposibilidad de cuantificar con certeza su valor
3. Recurso de Revisión. ********** planteó dos agravios, ambos
relacionados con cuestiones de legalidad, mediante los cuales
pretende demostrar la inconstitucionalidad de la sentencia dictada por
14

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en
sesión de veinticinco de noviembre de dos mil diez, así como la
sentencia emitida por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal el seis de diciembre de dos mil diez, en
cumplimiento del fallo protector. Los argumentos concretos se detallan
a continuación:
3.1. En su primer agravio, **********, argumenta que la sentencia
recurrida, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Primer Circuito, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil
diez, es violatoria de las garantías de seguridad jurídica, legalidad y
defensa adecuada, previstas en los artículos 14, 16, 20, apartado A,
fracción V y IX, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La parte recurrente sostiene que la sentencia recurrida es
errónea ya que el Tribunal Colegiado de Circuito concedió valor
probatorio a lo declarado por el denunciante **********, aun cuando se
advierten contradicciones entre las declaraciones que rindió ante el
Ministerio Público el veintiséis de febrero de dos mil nueve y el catorce
de julio del mismo año 13 .
Asimismo, afirma que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito dejó de aplicar o aplicó de manera
incorrecta diversos tratados internacionales celebrados y ratificados
por los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, sostiene que se
conculcaron sus derechos contemplados en los artículos 1 a 3 y 7 a 11
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en los artículos I,
II, V, XVIII y XXIV a XXVI de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; en los artículos 1, 7.1 a 7.3, 8.1, 8.2,
13 Para apoyar sus argumentos, **********, cito la tesis de rubro: “TESTIGOS. VALOR
PREPONDERANTE DE SUS PRIMERAS DECLARACIONES.”
15

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
9, 10, 11, 24, 25 y 28 a 31 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; así como los principios I a VII y XV de los
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de Libertad en las Américas.
3.2. En su segundo y último agravio, ********** consideró
inconstitucional el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito
hubiera concedido valor probatorio a lo declarado por **********, testigo
de los hechos, así como a lo declarado por los policías judiciales
remitentes. Lo anterior, dado que el primero manifestó reconocer al
sentenciado por su “complexión y estatura”, lo que no puede tenerse
por válido, al ser características demasiado genéricas, y los segundos
no fueron testigos presenciales de los hechos 14 .
CUARTO. Procedencia del recurso. El presente recurso resulta
improcedente y, por tanto, debe desecharse por las razones que se
exponen a continuación.
De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracción
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83,
fracción V, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21,
fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; así como del Acuerdo General Plenario 5/1999, se llega a
la conclusión de que el recurso de revisión es procedente siempre y
cuando se reúnan los siguientes requisitos: 1) se presente
oportunamente; 2) exista una cuestión de constitucionalidad; y, 3) el
problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un
criterio de importancia y trascendencia a juicio del Pleno o de la Sala
respectiva de la Suprema Corte.
14 Para apoyar sus argumentos, **********, cito las tesis de rubros: ““DUDA SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DEL REO, EN EL AUTO DE FORMAL PRISION Y EN LA SENTENCIA.”,
“RESPONSABILIDAD PENAL.” y “RESPONSABILIDAD DUDOSA.”
16

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
La llamada “cuestión de constitucionalidad” puede actualizarse
de las siguientes maneras: a) si en la demanda se planteó la
inconstitucionalidad de una ley, un reglamento expedido por el
Presidente de la República o por el Gobernador de algún Estado o un
tratado internacional, o se propuso la interpretación directa de algún
precepto constitucional; y, b) si en la sentencia del juicio de garantías
existe algún pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de leyes
o reglamentos, se hubiera realizado la interpretación directa de un
precepto de la Constitución Federal, aunque ello no se hubiera
planteado en la demanda de amparo, o bien, si en dicha sentencia se
omitió el examen de estas cuestiones, cuando fueron propuestas en la
demanda.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por
la Segunda Sala, misma que esta Primera Sala comparte, de rubro
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU
PROCEDENCIA” 15 .
El citado Acuerdo General 5/1999 en su punto Primero, fracción
II, incisos a) y b), establece que no se surten los requisitos de
importancia y trascendencia requeridos para la procedencia del
recurso de revisión en amparo directo, cuando exista jurisprudencia
sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan
expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, éstos sean
ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se
advierta queja deficiente que suplir.
En el presente caso, no se surten los requisitos de procedencia
del recurso que nos ocupa, en atención a que los argumentos hechos
15 Tesis 2a./J. 64/2001, emitida en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de dos mil uno, página 315.
17

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
valer en la revisión plantean temas ajenos a cuestiones
constitucionales, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Como se estableció anteriormente, el recurso de revisión en
amparo directo tiene un carácter excepcional, por lo que esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional, debe
estudiar solamente los argumentos de los tribunales colegiados de
circuito que decidan sobre la constitucionalidad de una ley o
establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución
o, cuando habiéndose planteado en la demanda de amparo, se haya
omitido su estudio, siempre que en dichos supuestos se advierta que
la resolución que se llegara a dictar entrañaría la fijación de un criterio
de importancia y trascendencia.
En esa tesitura, los agravios formulados por los recurrentes que
no se constriñan a demostrar que los pronunciamientos sobre la
constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto
de la Constitución entrañen la fijación de un criterio de importancia y
trascendencia; no deben ser estudiados, pues no son de la
competencia de este Alto Tribunal.
En el caso concreto, no se advierte que se haya planteado un
cuestionamiento de constitucionalidad en la demanda de amparo, por
lo que los argumentos del Tribunal Colegiado de Circuito no se
encaminaron a decidir sobre la constitucionalidad de una ley o la
interpretación directa de un precepto de la Constitución. Asimismo, los
dos agravios hechos valer por la parte recurrente, sintetizados con
anterioridad, están encaminado a combatir la sentencia recurrida con
base, esencialmente, en tres argumentos:
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
a) El Tribunal Colegiado de Circuito concedió valor probatorio a lo
declarado por el denunciante **********, aun cuando se advierten
contradicciones entre las declaraciones que rindió ante el
Ministerio Público el veintiséis de febrero de dos mil nueve y el
catorce de julio del mismo año.
b) El Tribunal Colegiado de Circuito dejó de aplicar o aplicó de
manera incorrecta diversos tratados internacionales celebrados y
ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.
c) El Tribunal Colegiado de Circuito concedió valor probatorio a lo
declarado por **********, testigo de los hechos, así como a lo
declarado por los policías judiciales remitentes, aún cuando el
primero manifestó reconocer al sentenciado por su “complexión y
estatura”, lo que no puede tenerse por válido, al ser
características demasiado genéricas, y los segundos no fueron
testigos presenciales de los hechos
En este sentido, se estima que las cuestiones de legalidad
referentes a posibles violaciones cometidas por los tribunales de
origen resultan temas ajenos a las cuestiones constitucionales, por lo
que escapan a la competencia de esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 122/2007
emitida por la Segunda Sala, misma que esta Primera Sala comparte,
de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE
CUANDO SE PLANTEAN TEMAS AJENOS A CUESTIONES
CONSTITUCIONALES, COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 16 ”
16 Tesis 2a./J. 122/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XXVI, agosto de dos mil siete, página 614.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
No pasa inadvertido que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito invocó diversas jurisprudencias en apoyo de
los argumentos esgrimidos en la sentencia emitida el veinticinco de
noviembre de dos mil diez en el juicio de amparo directo penal
**********. Sin embargo, no puede considerarse que un tribunal
colegiado de circuito realice una interpretación directa de un precepto
de la Constitución Federal, si únicamente hace referencia a un criterio
emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se
establezca el alcance y sentido de una norma constitucional. Al
respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 63/2010, emitida
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
rubro y texto:
“INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS
CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y
NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN. En la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación pueden detectarse, al menos, dos criterios
positivos y cuatro negativos para identificar qué debe
entenderse por "interpretación directa" de un precepto
constitucional, a saber: en cuanto a los criterios positivos:
1) la interpretación directa de un precepto constitucional
con el objeto de desentrañar, esclarecer o revelar el
sentido de la norma, para lo cual puede atenderse a la
voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u
objetivo de las palabras, a fin de entender el auténtico
significado de la normativa, y ello se logra al utilizar los
métodos gramatical, analógico, histórico, lógico,
sistemático, causal o teleológico. Esto implica que la
sentencia del tribunal colegiado de circuito efectivamente
debe fijar o explicar el sentido o alcance del contenido de
una disposición constitucional; y, 2) la interpretación
directa de normas constitucionales que por sus
características especiales y el carácter supremo del
órgano que las crea y modifica, además de concurrir las
reglas generales de interpretación, pueden tomarse en
cuenta otros aspectos de tipo histórico, político, social y
económico. En cuanto a los criterios negativos: 1) no se
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
considera interpretación directa si únicamente se hace
referencia a un criterio emitido por la Suprema Corte de
Justicia en el que se establezca el alcance y sentido de
una norma constitucional. En este caso, el tribunal
colegiado de circuito no realiza interpretación alguna sino
que simplemente refuerza su sentencia con lo dicho por
el Alto Tribunal; 2) la sola mención de un precepto
constitucional en la sentencia del tribunal colegiado de
circuito no constituye una interpretación directa; 3) no
puede considerarse que hay interpretación directa si deja
de aplicarse o se considera infringida una norma
constitucional; y, 4) la petición en abstracto que se le
formula a un tribunal colegiado de circuito para que
interprete algún precepto constitucional no hace
procedente el recurso de revisión si dicha interpretación
no se vincula a un acto reclamado. 17 ”
Asimismo, no se soslaya el hecho de que el presente asunto es
de naturaleza penal, por lo que en términos del artículo 76 Bis,
fracción II, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la deficiencia
de la queja aun ante la ausencia de conceptos de violación o de
agravios del reo. Sin embargo, se estima que este beneficio por sí solo
no implica hacer procedente un recurso que no lo es, pues sería tanto
como aceptar que son procedentes todos los recursos de revisión en
amparo directo en los que opera ese beneficio, situación que resulta
inadmisible porque daría lugar a una instancia oficiosa no establecida
en la Ley Fundamental ni en la reglamentaria de la materia.
Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias 2a./J. 81/2006
y 1a./J. 50/98, emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de rubros: “REVISIÓN EN AMPARO
DIRECTO. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, POR SÍ
SOLA, NO HACE PROCEDENTE EL RECURSO. 18 ” y “SUPLENCIA
17 Tesis 1a./J. 63/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XXXII, agosto de dos mil diez, página 329.
18 Tesis 2a./J. 81/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XXIII, junio de dos mil seis, página 236.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO
IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO
ES. 19 ”, respectivamente.
En las anteriores condiciones, dado que los agravios expresados
por ********** plantean temas que escapan al análisis que corresponde
hacer a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se concluye que en el presente caso no se reúnen los
requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la
procedencia del recurso de revisión, en términos de lo previsto en el
artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal y en el inciso b) de
la fracción II del Punto Primero del Acuerdo General Plenario 5/1999.
Por lo tanto, con fundamento en las fracciones IV y V del Punto
Segundo del Acuerdo citado, se impone desechar el presente recurso
de revisión, quedando firme la sentencia recurrida.
No es obstáculo para ello el hecho de que por medio de un
acuerdo de diecinueve de enero de dos mil once, el Presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya
admitido el recurso de revisión en que se actúa, ya que dicho acuerdo
no es definitivo, ni causa estado pues deriva de un examen preliminar;
por consiguiente, si con posterioridad se advierte que el recurso de
revisión interpuesto es improcedente, éste debe desecharse.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 19/98 emitida por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro
“REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL
DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL
19 Tesis 1a./J. 50/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
la novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII,
septiembre de mil novecientos noventa y ocho, página 228.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN” 20 .
refiere.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión a que este toca se
SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos
al Tribunal Colegiado de origen y, en su oportunidad, archívese el
toca.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Jorge
Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz (ponente), Guillermo
I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro
ponente con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA
20 Tesis de jurisprudencia 19/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, marzo de mil
novecientos noventa y ocho.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 36/2011
MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
MINISTRO PONENTE
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES
En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, y 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión
pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o
confidencial, que encuadra en esos supuestos normativos.
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