Descargar - Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Alternativa y Restaurativa del Estado y fue aprobado, tanto en lo general como en lo
particular, por unanimidad de votos.
Acuerdo 3. Se aprobó el anteproyecto de la Ley de Justicia Alternativa y
Restaurativa del Estado, tanto en lo general como en lo particular, a efecto de
que sea remitido al H. Congreso del estado como iniciativa de ley, una vez que el
procurador remita sus observaciones sobre la redacción del anteproyecto, y que
éstas sean incorporadas a dicho anteproyecto.
En el cuarto punto del orden del día, relativo al informe de actividades del Consejo con
motivo de su segundo aniversario. El consejero presidente recordó que el día 10 de junio
del 2010 se había publicado en el periódico oficial de esta entidad el decreto legislativo
mediante el cual se creó esta instancia de coordinación para los trabajos de
implementación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán.
En seguida, se procedió a presentar el informe de actividades ante el pleno a través de
un video. En él se señaló que el 18 de junio de 2008 se había publicado en el Diario
Oficial de la Federación el decreto de reforma de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, mediante el cual se establecieron las bases de un nuevo sistema de
justicia penal en la república mexicana. Dicho decreto estableció que la federación, los
estados y el Distrito Federal debían incorporar el sistema penal acusatorio en un plazo
máximo de ocho años. Asimismo, se expusieron brevemente los principios que regirán el
nuevo sistema.
Entre los principales beneficios del nuevo sistema, se mencionaron la despresurización
del sistema judicial, la reducción del índice de impunibilidad, la impartición de justicia
más transparente, así como la priorización de los acuerdos reparatorios, a través de los
mecanismos alternativos de solución de controversias que permiten, además de la
reparación el daño, la reconstrucción del tejido social, y la abreviación de los procesos
penales.
Sumado a esto, se indicó que todo proceso debería partir del principio de presunción de
inocencia, lo que implicaba que a quien se le imputase la comisión de un delito debería
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