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2010
A raíz del terremoto del 27 de febrero pasado se publicó en el Diario Oficial del 31 de
julio de 2010 la ley Nº 20.455 que modificó ciertas leyes con el propósito de obtener
fondos para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el fuerte movimiento
telúrico. En esta ley se introdujo una necesaria modificación restrictiva a la exención de
que gozan las rentas de este tipo de inmuebles y es así como ahora podrán acogerse
al beneficio tributario solo las personas naturales que tengan hasta 2 “viviendas
económicas”, terminándose por lo tanto con la arbitrariedad de que las personas
jurídicas también se hacían acreedoras a tal privilegio.
Entendemos que a raíz de las presiones ejercidas ante el Parlamento y el Gobierno por
el sector económico interesado, la aplicación de esta modificación legal comienza a
regir 3 meses después de su publicación en el Diario Oficial, es decir hasta el próximo
31 de octubre tienen los inversionistas rentistas para inscribir en los Conservadores de
Bienes Raíces (CBR) del país sus inmuebles “económicos” por los cuales mantendrán
todos los beneficios, franquicias y exenciones fijadas en el DFL2 de 1959. Para evitar
malos entendidos, los Notarios y los CBR deben remitir al SII, en la forma y plazo que
éste determine, la información de todos los actos y contratos otorgados ante ellos o que
les sean presentados para su inscripción, referidos a transferencias y transmisiones de
dominio de estas „„viviendas económicas‟‟.
Estando todo claro para la aplicación de este cambio legal, han aparecido las siempre
oportunistas voces pidiendo más plazos para la entrada en vigencia de esta legislación
y es así como ahora una reconocida asociación gremial inmobiliaria, cuyos dichos
interesados son constantemente recogidos por los consorcios periodísticos
dominantes, está pidiendo que las simples promesas de compraventas suscritas antes
del 31 de octubre tengan las mismas características de las inscripciones de dominio en
el CBR para mantener la totalidad de las franquicias del DFL2 y así evitarse la
limitación de las 2 “viviendas económicas”.
Pero la rápida y fundada respuesta del SII a los pedigüeños fue contundente: “La
intención fue amparar las promesas celebradas y concretadas dentro de los tres
meses, no aquellas celebradas dentro de los tres meses y concretadas después”,
expresión consignada en el denominado decano de la prensa, con lo cual se evidenció
la legitimidad del requisito ineludible de la inscripción del dominio del inmueble en el
CBR antes de la vigencia del cambio legal para evadir su aplicación.
La Cámara de la Construcción y este sector de la economía pretendían ablandar al SII
con el objetivo de congelar en la práctica las promesas de compraventa de estas
viviendas, con lo cual la Ley Nº 20.455 quedaría en el limbo más absoluto, pues de
esta manera se daría pábulo para que los inversionistas, cada uno a su pinta, podría
perfeccionar su contrato en cualquier fecha posterior a la límite fijada, estableciéndose
así un tratamiento asimétrico y discriminatorio, lo que es inaceptable en un país
miembro pleno de la OCDE y en donde debe existir un Estado de Derecho.