maqueta ok 162conlogonew.indd - LA TOGA

Enero - Febrero 2007
Patricia Martínez-Conradi Álamo
Premio de Narrativa
Revista La Toga 2007
Este podría ser el comienzo de unos de los relatos
que se presenten al “Premio de Narrativa Jurídica
Revista La Toga 2007”, cuya convocatoria y
bases se publican en este número 162.
Directora Revista La Toga
Dotado con tres mil euros de premio para el
ganador y patrocinado íntegramente por Club
Banesto Justicia, el “Premio de Narrativa Jurídica
Revista La Toga 2007” pretende incentivar la buena
cantera de escritores existente entre los profesionales
del mundo jurídico y, quien sabe, si descubrir a un futuro Pérez Reverte.
Queremos también incentivar relatos que enaltezcan la labor que desempeñamos
los abogados y los profesionales de la justicia en general.
Los encargados de decidir serán los abogados José Joaquín Gallardo Rodríguez,
decano de este Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; Enrique Barrero González,
Presidente del Ateneo de Sevilla y académico numerario de la Real Academia
Sevillana de Legislación y Jurisprudencia; Mª Cruz Arcos Vargas, Profesora
de Derecho Internacional y Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Relaciones
Internacionales y Extensión Cultural de la Universidad de Sevilla; Juan Camuñez
Ruiz, escritor y colaborador de la Revista La Toga y, por último, quien suscribe, Patricia
Martínez-Conradi Álamo.
Un jurado formado por letrados de nuestro Ilustre Colegio, a los que damos las
gracias por haber aceptado incondicionalmente la invitación, sin saber si van a
tener que deliberar sobre uno o sobre mil relatos. Gracias muy especialmente a
Banesto, por su patrocinio.
Esperamos que sean muchos quienes se animen a participar.
Editorial
“Serían las seis de la tarde cuando llamaron
a mi puerta. Josefina, mi secretaria de toda
la vida, me hizo entrega, sin saberlo, de
mi condena de muerte: una inesperada
sentencia condenatoria para el más
sanguinario de mis clientes...“
3

EDITA
Ilustre Colegio de
Abogados de Sevilla
C/ Chapineros, 6.
Tlfno: 954 50 27 57
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web: www.latoga.es
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Gallardo Rodríguez
Diputada-Directora
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Plaza de los Letrados de Sevilla
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Sumario
Enero-Febrero 2007 nº 162
Tribuna
Actualidad
6. Plaza de los Letrados de Sevilla • El Colegio contra el Uso
de Niños Soldados
8-9. Fiesta Colegial 2006: Reconocimiento a 25 y 50 años de
colegiación
10. Presidente de la Corte Suprema de Argentina • Representante
del Poder Judicial • Reconocimiento a Ángel Olavarría
Doctrina
12-20. Modificaciones introducidas en la Ley Penal del Menor
• Rocío Rodríguez Centeno
21-23. La reclamación previa en vía administrativa • Leopoldo
Gutiérrez-Alviz
24-37. Novedades Fiscales para 2007 • Eduardo Ruiz del Portal
38-42. Actualidad Fiscal • José Manuel Castro Muñoz
Dossier
I - XII. Planificación urbanístico-ambiental, Administración y
protección penal del medio ambiente • Virginia Pérez Pino
44-46. Embargo preventivo de buque extranjero • Pedro
Abad Camacho
47-51. Alianza de civilizaciones o mediación entre religiones •
Javier Alés Sioli
52. Una sentencia que no se cumple • Antonio Mates
Rodríguez
53. ¡Ojo con atravesar la calle! • Manuel Moreno de Llamas
54-55. ¿Necesitan exequatur las sentencias de divorcio
dictadas en países comunitarios? • Pilar Valero Silva
56-59. Cervantes y la Justicia Sevillana (y II) • José Santos Torres
60-61. Anécdotas de toreros andaluces (y II) • Joaquín Herrera del Rey
Icas
63-64. Comisión de Turnos de Oficio
65-66. De interés para el Colegiado
67. Novedades Bibliográficas
68. Novedades Legislativas
69-73. Noticias Jurídicas
74-77. Obituarios
78. Noticias breves
80-81. Juras de Nuevos Letrados
Contraportada
82. Casos que no falten • Juan Camuñez Ruiz

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Actualidad
Plaza de los
Letrados de Sevilla
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó el 15
de febrero, por unanimidad de todos los grupos municipales,
que el espacio situado ante la fachada del
Palacio de Justicia y el edificio de los Juzgados pase
a denominarse Plaza de los Letrados de Sevilla. Esa
explanada queda delimitada por ambos edificios judiciales
y las avenidas Menéndez Pelayo y Carlos V.
El decano de este Colegio, José Joaquín Gallardo,
agradeció al Ayuntamiento esa decisión, que significa
«un reconocimiento de la Ciudad a los más de 11.000
letrados que constan en el listado histórico del Colegio
y a los 6.000 Abogados que en la actualidad pertenecen
a esta Corporación y ejercen la profesión al servicio
de los sevillanos en toda la provincia». El decano
también expresó la «enorme satisfacción» de nuestra
Institución por la decisión del Ayuntamiento y destacó
«la idoneidad del espacio elegido, ya que el Poder
Judicial y la Abogacía son los pilares fundamentales de
la estructura constitucional del Estado».
EL decano resaltó también la importancia de esa
rotulación, por cuanto «vincula simbólicamente a una
profesión liberal con un Poder del Estado, lo que se
justifica por ser los Abogados quienes cada día hacen
efectivo el derecho fundamental a la defensa de todos
los ciudadanos, posibilitando así que los Juzgados y
Tribunales puedan impartir Justicia».
El Colegio contra el Uso de Niños Soldados
Con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Uso de Niños y Niñas Soldados, se presentó en el
Colegio el “Informe sobre el desarme, desmovilización, rehabilitación y reinserción de los Menores Soldados”, que ha
sido elaborado por la Coalición Española contra la Utilización de Niños y Niñas Soldados. La Coalición está integrada
por Amnistía Internacional, Save the Children, Entreculturas, la Coalición Alboan, la Fundación El Compromiso y el
Servicio Jesuita a Refugiados. En el acto intervinieron la Directora del Programa de Desmovilización de Niños y Niñas
Soldados de la República Democrática del Congo y un niño congoleño de trece años que ha sido tratado en ese programa
humanitario, tras verse obligado a combatir como soldado durante los últimos dos años. Intervinieron también
en el acto el decano José Joaquín Gallardo, la Directora General de la Consejería de Justicia Mª Luisa García Juárez,
la representante de Amnistía Internacional Vanessa Casado y el Letrado de la Comisión de Derechos Humanos de
este Colegio Salvador Jiménez. Asistió al acto numeroso público y alumnos de diversos colegios sevillanos.
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Actualidad
Reconocimiento a 25 años de Colegiación
Generoso Martín Bonilla,
Ángel Martín Durán y
Gracia Morales Fernández.
Manuel Núñez Vázquez,
Juan Luis O’Farrell Conejo y
Mª Ángeles Oliva Melgar.
José Miguel Angulo Aldazábal,
José Mª Ávila Fernández
y Felipe Benjumea
Morenes.
Ángel Cabañil Soto, Juan
Antonio Fernández Medina y
Javier Fernández Ruiz.
Miguel Ángel Gómez Martínez,
Francisco de Paula
Gómez Recolta y Fernando
Gónzalez de la Peña Ysern.
Fernando J. Gónzalez-Moya,
Daniel Jiménez-Quirós y
Manuel Laguna Barnes.
Fernando Osuna Gómez, Mª Eugenia Pariente Conejo, Jesús Román Hornillo y Presentación Rosendo Molina.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Fiesta Colegial 2006
Homenaje a los Compañeros más veteranos
Actualidad
El pasado mes de diciembre se celebró la Festividad Colegial y los tradicionales actos en honor de la Patrona de
esta Institución, La Inmaculada Concepción. En la Parroquia del Sagrario se celebró una Solemne Misa oficiada por
el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. En el posterior almuerzo de confraternidad colegial, se homenajeó
a los Letrados que en 2006 celebraron sus Bodas de Oro con el Colegio, al cumplirse 50 años desde su incorporación:
Manuel Francisco Clavero Arévalo, Francisco José Carrasco Sanjuan, José García Gómez, Luis Luengo Merino,
Mariano Pérez Rodríguez, Mariano Serna García y Alvaro Silva Gómez. También se entregaron Diplomas por sus 25
años de incorporación al Colegio a los Letrados que aparecen en la página anterior. Asistieron al almuerzo el Alcalde
de Sevilla, Alfredo Sanchez Monteseirín, el Vicepresidente del Tribunal Constitucional Guillermo Jiménez, las principales
Autoridades Judiciales y representantes de diversas Instituciones sevillanas, así como numerosos letrados.
9

10
Actualidad
Presidente de la Corte
Suprema de Argentina
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, visitó el Colegio,
donde fue cumplimentado por el decano José Joaquín
Gallardo y otros miembros de la Junta de Gobierno de
la Institución. Lorenzetti ha ejercido como abogado
hasta su incorporación a la Corte que preside, órgano
máximo de la Justicia argentina que se ocupa también
del control jurisdiccional de constitucionalidad.
Representante del
Poder Judicial
El nuevo Representante del Poder Judicial en Andalucía
Occidental, Antonio Reinoso Reino, efectuó una
visita institucional al Colegio, donde se entrevistó con
el decano, y analizaron los principales problemas
que se detectan en el funcionamiento de los diversos
órganos judiciales y, en especial, las carencias y deficiencias
que padecen las actuales instalaciones de los
Juzgados y Tribunales de la provincia de Sevilla.
Reconocimiento a Ángel Olavarría
El Colegio organizó un acto de homenaje y reconocimiento a nuestro colegiado Ángel Olavarría Téllez, al cumplir
cincuenta años ejerciendo como jurista en Sevilla, primero como notario y durante los últimos veintidos años como
abogado en ejercicio. En el acto, que estuvo presidido por el Cardenal Arzobispo de Sevilla Carlos Amigo Vallejo,
intervinieron el decano de este Colegio José Joaquín Gallardo, el decano del Colegio Notarial de Sevilla Antonio
Ojeda, el Vicepresidente del Tribunal Constitucional Guillermo Jiménez y el propio homenajeado.
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Doctrina
Tras la entrada en vigor de la LO
5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la Responsabilidad Penal del Menor,
no han dejado de sucederse una tras
otras reformas al contenido de la misma,
dichas reformas aun tuvieron lugar antes que ésta
comenzara su andadura. Sin embargo, la actual
modificación, y a la que nos vamos a dedicar en
las sucesivas líneas, es la que altera el contenido de
un mayor número de artículos. No sólo el articulado
sufre una importante alteración, el propio espíritu
de la ley, por mucho que se hayan empeñado en
los debates parlamentarios en negar que así sea,
ha sido modificado en su más profunda esencia. La
supresión del tramo de edad comprendido entre los
18 a 21 años, la introducción en toda su extensión
de la acusación particular y el endurecimiento de
las medidas no son sino un ejemplo del cambio de
enfoque que ha sufrido, desde sus comienzos, el
tratamiento penal del menor.
Arranca la Exposición de Motivos de la LO 8/06,
de 4 de diciembre, justificando los nuevos cambios,
en base a la existencia de dos pilares fundamentales.
El primero de ellos, a propósito del contenido de la
disposición adicional 6ª 1 de la LO 5/00, y como cometido
del Gobierno de impulsar las medidas orientadas
a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos
delictivos cometidos por menores y que revistan especial
gravedad. Bajo dicha premisa justifica: 1º.- el prolongar
el tiempo de internamiento, 2º.- Reforzar las medidas de
seguridad impuestas y 3º.- posibilitar el cumplimiento de
las medidas, una vez llegada a la mayoría de edad en
centros penitenciarios.
El segundo de los pilares que justifican, a juicio del
Legislativo, la reforma que hoy nos trae entre manos, es
el aumento considerable de los delitos cometidos por
menores, con la consiguiente preocupación social y
desgaste de la credibilidad de la ley 2 .
Con semejante introducción, no era difícil adivinar
por donde iban a venir los derroteros que impulsarían
esta nueva modificación y qué aspectos de la ley iban
a ser cambiados.
A título ilustrativo, sin perjuicio de ahondar más en el
contenido de las modificaciones y que a continuación
expondré, la Exposición de Motivos de la Ley, señala las
siguientes:
Rocío Rodríguez Centeno, Abogada
Modificaciones Introducidas
en la Ley Penal del Menor
tras la entrada en vigor de la
L.O.8/2006, de 4 de Diciembre
- Se amplían los supuestos en los que se pueden
imponer medidas de internamiento en régimen cerrado
a los menores.
- Se suprime definitivamente la aplicación de la ley,
para los jóvenes comprendidos entre 18 y 21 años.
- Se amplía, como medida cautelar, y también
como medida a imponer en sentencia, la prohibición de
aproximación o comunicación con la víctima.
- Se modifica el régimen de cumplimiento de las
medidas para los que hayan cumplido los 18 años,
para quienes el juez podrá acordar el cumplimiento
en Centro Penitenciario, el cumplimiento en Prisión
será obligatorio para los jóvenes que hayan cumplido
los 21 años.
- Se aumentan los supuestos en los que podrá
acordarse el internamiento como medida cautelar,
al tiempo que se incrementa en tres meses más, el
tiempo que el menor podrá estar internado.
- Se modifica el régimen de ejecución de las
medidas.
- Se refuerza el papel de las víctimas y se amplían
la atención a éstas. Para ello se modifica además la
pieza separada de responsabilidad civil, que pasa
a tramitarse como en el régimen de mayores, de
manera conjunta con la acción penal.
- Regular las funciones del Secretario Judicial en los
Juzgados de Menores, que de facto venían realizando
pero no quedaban reflejada en la Ley.
- Por último, modifica el contenido de los arts. 448
y 707 de la ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de
regular la declaración de la víctima menor de edad.
Para un mejor estudio y estructuración de las reformas
introducidas, dividiré el presente trabajo en cuatro
apartados, a saber:
o Modificaciones introducidas en la parte general
o Modificaciones relativas a la instrucción.
o Modificaciones en la fase intermedio, juicio y
recursos.
o Modificaciones introducidas en la ejecución.
Enero - Febrero 2007

«EL SEGUNDO DE LOS PILARES
QUE JUSTIFICAN, A JUICIO DEL
LEGISLATIVO, LA REFORMA ES EL
AUMENTO CONSIDERABLE DE LOS DELITOS
COMETIDOS POR MENORES, CON LA
CONSIGUIENTE PREOCUPACIÓN SOCIAL Y
DESGASTE DE LA CREDIBILIDAD DE LA LEY »

14
Doctrina
1. Modificaciones introducidas en la parte general
Exclusión de la franja de 18 a 21 años.
La reforma más llamativa en este apartado,
aunque esperada a través de sus diversas moratorias 3
que han evitado que no haya llegado a entrar en
vigor, es la supresión definitiva del art. 1.2 LORPM
(consecuentemente también se elimina el párrafo 4º,
art. 1). A través de la misma se elimina totalmente
la posibilidad que la ley pueda llegar a aplicarse a
jóvenes entre 18 y 21 años. A pesar de la trascendencia
de la reforma aludida, únicamente opusieron a su
modificación cuatro enmiendas 4 , que de aceptar la
eliminación de esta franja de edad en la ley, si al menos,
propugnaban la necesidad de incluir un mecanismo de
corrección de la rigidez del sistema biológico puro.
No obstante, la falta de previsión del legislador,
relativa a la fecha de la moratoria de la entrada en vigor
del art. 4, que finalizaba en enero de 2007, la vacatio
legis que contempla la LO 8/06, de dos meses, (y que
por tanto supondría la entrada en vigor a partir de
febrero de 2007) ha provocado que la FGE, haya tenido
que dictar la Instrucción 5/06, para regular los efectos de
la citada derogación, considerando que en cualquier
caso, la voluntad del legislador ha sido que tal precepto
nunca llegue a entrar en vigor, y que por tanto, el articulo
4 no será aplicable a los hechos delictivos cometidos por
jóvenes de 18 a 21 años en dicho periodo intermedio,
hasta la entrada en vigor de la LO 8/06.
Competencia del Juzgado Central de Menores de la
Audiencia Nacional.
Se afianza definitivamente la creación y la
competencia del JCMAN para el conocimiento de los
delitos previstos en los artículos 571 a 580 CP. Aunque el
JCM había sido ya creado por LO 7/00, su creación no
ha estado exenta de crítica, no sólo en sus comienzos
sino durante los presentes trabajos parlamentarios que
siguen sin aceptar la sustracción del menor, no sólo de
la competencia territorial que le correspondería sino a la
sustracción de las normas de ejecución de las medidas
que puedan imponerse a éstos menores, amen de tener
en cuenta que, en cinco años de vigencia tan sólo se
han visto en este Tribunal 13 casos contra menores.
Derechos de las Víctimas y de los Perjudicados.
Con la introducción del art. 4, se da cabida
plenamente a la introducción de la acusación
particular en el procedimiento de menores, y aunque
efectivamente, ya se hizo con la LO.15/03 de 25 de
noviembre, se formaliza, por así decirlo un auténtico
estatuto de la víctima en la LORPM (implicará además
la modificación de diversos artículos en los que se
hacía referencia únicamente al Letrado del menor,
modificándolo en concordancia con la reforma
operada). Cuestión a destacar es la obligatoriedad de
la notificación a las víctimas o perjudicados, se hayan o
no personado en el procedimiento, de todas aquellas
resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal
como por el Juez de Menores.
Se excluye definitivamente la tramitación de
pieza separada de responsabilidad civil, como un
trámite independiente al proceso principal por el
delito o falta cometida por el menor, a través de la
modificación del art. 64. Los innumerables problemas
que planteaba con su aplicación en la redacción
anterior 5 , unida a la introducción de la acusación
particular en toda su extensión, hacía que careciera
de sentido el mantenimiento del anterior sistema.
Aunque la resolución de la responsabilidad civil se
va a seguir tramitando como una pieza separada, la
característica principal va a ser que su iter procesal
va a correr paralelo al procedimiento principal,
solventándose la cuestión civil en el juicio derivado de
la responsabilidad penal, y resolviéndose en sentencia,
junto a la cuestión principal.
Introducción de una nueva medida.
Se incorpora una nueva medida al elenco
existente en el art.7 LORPM, la contenida en la letra
i) “la prohibición de aproximarse o comunicarse con
la víctima o con aquellos de sus familiares u otras
personas que determine el Juez”. No contemplada
con anterioridad, en la práctica venía aplicándose la
medida de libertad vigilada, unido a la previsión del
párrafo 7º, h) “cualesquiera otras obligaciones que el
Juez...estime convenientes para la reinserción social del
sentenciado...” y entre éstas obligaciones podía quedar
incluida la prohibición de aproximación o comunicación.
Se incluye la misma, no sólo como medida a imponer
en sentencia, sino también como medida cautelar (a
través de la modificación del art. 28LORPM).
La redacción del art. 7, i) introduce un nuevo
párrafo, a instancias del Senado que contempla la
imposibilidad del menor de continuar conviviendo con
sus padres, tutores o guardadores, cuando éstos a su
vez sean las víctimas o perjudicados del hecho delictivo
cometido, de tal forma que el Ministerio Fiscal, en lógica
relación de su cometido de velar por el menor, deberá
remitir testimonio de particulares a la entidad pública de
protección del menor. Esta salvedad no se encuentra
regulada en el art. 28, aunque lógicamente debe
hacerse extensiva en tales supuestos.
Modificación de las reglas para la aplicación de las
medidas.
Para los hechos que sean calificados como falta, se
amplia el número de medidas que podrá ser aplicadas
al menor, así la medida de libertad vigilada, y la
prohibición de aproximación o comunicación con la
víctima hasta un plazo máximo de 6 meses.
Por lo que se refiere a los delitos, la nueva Ley
endurece considerablemente las medidas para imponer
al menor. En primer lugar la posibilidad de aplicación
del internamiento en régimen cerrado, además de
contemplar los supuestos anteriores, se amplían a
todos aquellos hechos tipificados como delitos “que
se cometan en grupo o el menor perteneciere o
actuare al servicio de una banda, organización o
asociación, incluso de carácter transitorio, que se
dedicare, a la realización de tales actividades”. No es
fácil intuir que los casos en los que podrá ser aplicable
la medida de internamiento en régimen cerrado se
amplia considerablemente, teniendo en cuenta que
la actividad delictiva de los menores, casi siempre se
realiza en grupo. Es el artículo 10 6 , ahora dedicado a
las reglas especiales de aplicación y duración de las
medidas, las que materializa el endurecimiento de las
mismas. En forma esquemática el panorama sería el
siguiente:
Enero - Febrero 2007

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Doctrina
a) cuando los hechos estén tipificados como delitos
graves, menos graves con violencia o intimidación,
grave riesgo para la vida o integridad física de las
personas, o se realice en grupo, banda, organización
o asociación: la medida de internamiento en régimen
cerrado podrá durar hasta 3 años en el caso de
menores de 14-15 años, y hasta 6, para los menores de
16 y 17 años.
-cuando los hechos sean cometidos por menores
de 16-17 años y revistan extrema gravedad, la
medida de internamiento será completada con una
medida de libertad vigilada hasta un máximo de 5
años. Se entenderá “siempre” supuestos de extrema
gravedad en todos aquellos casos en que se apreciara
reincidencia.
b) Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de
alguno de los delitos contemplados en los art. 138, 139,
179, 180 y 571 a 580 CP
- Si el menor tuviere 14-15 años la medida de
internamiento podrá ser de 1 a 5 años, completado
con la medida de LV hasta 3 años.
- Si el menor tuviere 16-17 años, la medida de
internamiento podrá ser de 1 a 8 años, completado
con una medida de LV hasta 5 años.
Por último, se modifica el contenido del art. 11
relativo a las reglas a aplicar en los supuestos de
pluralidad de infracciones. En los casos de delitos
conexos, continuados, o que un mismo hecho constituya
dos o mas infracciones, continuará rigiendo los límites
máximos contenidos en el art. 9 y 10.
Plazo de prescripción de los hechos delictivos
cometidos por menores.
Incorpora de forma conjunta los plazos de
prescripción para todos los delitos y faltas, incluyendo
el apartado 2.f) de la Disposición Adicional IV, de la LO
7/00 de modificación de la LORPM, de tal forma que
los plazos prescriptivos para los delitos contenidos en
los art. 138,139,179,180 y571 a 580, siguen siendo los
contenidos en el régimen general del Código Penal. Por
otra parte, mantiene el plazo de 5, 3, 1 año y 3 meses,
respectivamente, para los delitos graves castigados
con pena superior a 10 años, para los delitos graves,
menos graves y para las faltas.
En el Proyecto inicial 7 el plazo de prescripción de
las faltas se ampliaba a 6 meses. Ciertamente, el plazo
prescriptivo de los tres meses resulta excesivamente
exiguo teniendo en cuenta el volumen de trabajo que
soportan determinadas Fiscalías, teniendo en cuenta
además que la tramitación es exactamente igual
que si fuera un delito, preceptiva elaboración del
informe del equipo psicosocial, entrada por el juzgado
de instrucción e inhibición a Fiscalía ...lo que lleva
en la práctica a la prescripción de un gran número
de expedientes cuyos hechos son declarados falta.
Dicho esto, la ampliación del plazo, era considerada
como una modificación necesaria a fin de evitar la
prescripción masiva de este tipo de hechos delictivos. Sin
embargo, los debates Parlamentarios y las enmiendas 8 ,
abogaban porque el plazo prescriptivo no se ampliase
atendiendo a que no se justificaba suficientemente, a
que vulneraba el principio de proporcionalidad, o que
el tiempo no corriese de la misma manera para jóvenes
que para adultos.
2. Modificaciones relativas a la instrucción
A lo largo de todo el articulado se producen
modificaciones en sintonía con el papel más relevante
y delimitado del Secretario Judicial, por lo que se
introducen variaciones de estilo, referentes a que p.e.
“el juez ordenará ...la apertura”, en vez de “el juez
abrirá” (art. 16LORP).
Entrevista del menor con su abogado.
Con la modificación realizada en el art. 17, se pone
fin a una larga discusión mantenida sobre si la entrevista
del menor con su Letrado, debía de practicarse con
anterioridad o al término de la toma de declaración de
éste. El anterior contenido del art. 17 no disponía nada
al respecto, por lo que las voces en uno y otro sentido se
dejaron sentir, introduciendo cierta confusión, y distinto
trato, según la Fiscalía que se tratase, sobre este tema.
Tanto fue así que la Dirección General de la Policía, en
su ampliación de normas para el tratamiento del menor
detenido, o la propia FGE a través de la Consulta 2/05,
resolvió definitivamente la cuestión a favor de que la
entrevista pudiera mantenerse antes o al finalizar la
declaración.
Sin embargo el Proyecto inicial de la LO8/06 no
contenía semejante previsión por lo que se inclinaba en
el sentido de que, únicamente, la entrevista reservada
con su Letrado, podría mantenerse “al termino” de su
declaración 9 .
Finalmente el texto devuelto por el Senado incluía
de forma expresa, que el derecho a entrevistarse con
su Abogado podría realizarse antes o después de su
declaración. Con esta redacción ha sido aprobada la
reforma.
Notificaciones a los perjudicados y acusación
particular.
En consonancia con la mayor garantía y protección
de los derechos de las víctimas y perjudicados, el art. 18
prevé ahora expresamente, la notificación del Decreto
de archivo, por parte de la Fiscalía, y aunque en la
práctica, ya se venía realizando por algunas éstas, a
través de la reforma se convierte en obligatoria.
En sintonía con la ya producida reforma del art. 25,
quedaba adecuar la redacción de diversos artículos
a la plena participación de la acusación particular en
el proceso contra el menor, por lo que en el Senado
se introducen modificaciones en este sentido en los
artículos 23.2, 24 y 26, que pasan al texto que ha sido
aprobado.
Competencia de la Fiscalía para nombramiento de
Letrado.
Con la reforma del apartado 2º del art. 22, se pone
fin a diversos problemas que habían sido denunciados
a través de numerosas voces. La anterior regulación
mantenía que, una vez incoado expediente, era el
Secretario del Juzgado de Menores, quien requería
al menor con el fin de que nombrara Letrado, y si en
el plazo de tres días, no lo efectuase nombraría uno
de oficio. Pues bien, en la práctica, la letra de la ley
obligaba a las Fiscalías a remitir al Juzgado de Menores
esta nueva función que ahora se le ha encomendado,
provocando importantes retrasos y discordancias a la
hora de este nombramiento.
Enero - Febrero 2007

«AUNQUE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL SE VA A SEGUIR TRAMITANDO
EN PIEZA SEPARADA, AHORA SU
ITER PROCESAL VA A CORRER PARALELO
AL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL,
SOLVENTÁNDOSE LA CUESTIÓN CIVIL EN EL
JUICIO DERIVADO DE LA RESPONSABILIDAD
PENAL Y RESOLVIÉNDOSE EN SENTENCIA,
JUNTO A LA CUESTIÓN PRINCIPAL»

18
Doctrina
Modificación de las medidas Cautelares.
El art. 28, no sólo incluye nuevas medidas cautelares
en el sentido que hemos apuntado al principio, sino
que además se amplia el plazo de la medida cautelar
de internamiento. En efecto, durante la vigencia de
la LO 5/00, había sido puesto de manifiesto el exiguo
plazo para mantener las medidas cautelares. Con la
nueva redacción se amplia el plazo inicial a 6 meses,
que podrá ser prorrogado por otros 3 meses más. Se
deja sin resolver, no obstante, aquellos supuestos mas
delicados, en los que estando el menor ya “condenado”
por sentencia, e internado, en cumplimiento de una
medida cautelar, se interpone recurso de apelación o
en su caso, casación, por lo que el plazo de 9 meses
(en su totalidad) sigue siendo excesivamente pequeño,
para instruir, celebrar juicio y resolver los posibles recursos
que contra la sentencia puedan plantearse.
El art. 54.1 introduce un nuevo párrafo, tendente
a regular la ejecución de la detención preventiva
o las medidas cautelares acordadas por el JCM o
por Sala correspondiente de la Audiencia Nacional
; Estos se llevaran a cabo en los establecimientos y
con el control especializado que el Gobierno ponga a
disposición de la AN, en su caso, mediante convenio
con las CC.AA.
3. Modificaciones introducidas en la fase intermedia,
juicio y recursos.
Al objeto de adecuar la ley, a la introducción de la
acusación particular, diversos artículos, en concreto del
art. 30 a 40, introducen modificaciones, únicamente en
el sentido de dar cabida al letrado de la acusación, y
como consecuencia de la tramitación conjunta de la
responsabilidad civil, a los responsables civiles.
En el régimen de recursos, al art. 41, se le añade
el párrafo 4º y 5º relativos a los recursos contra
las sentencias dictadas por el JCMAN, así como
los recursos contra las resoluciones dictadas por los
Secretarios, que serán los mismos que los contenidos
en la LECr.
La nuevo artículo 42 de la ley, da una nueva
redacción mucho más clara y ordenada al recurso de
Casación para unificación de la doctrina, remitiendo
en todo lo no regulado, a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
El recurso podrá prepararlo el Ministerio Fiscal y
“cualquiera de las partes”, expresa el nuevo texto,
poniendo fin a las discusiones en torno a si únicamente
podría ser preparado por el Letrado del menor, además
del fiscal.
Es la Audiencia Nacional o Provincial, quien valora el
cumplimiento de los requisitos, aclarándose igualmente
con ésta precisión que son estos Tribunales, y no el Tribunal
Supremo, quien va a realizar esta función de comprobar
que se han cumplido los requisitos de preparación del
recurso 10 . Se suprimen además los apartados 5 a 8, que
no venían sino a sembrar más dudas en la tramitación
del recurso, pues establecía un régimen un tanto distinto
del contenido en la LECr. De este modo, el nuevo
párrafo 5º se remite a la ley Rituaria, por lo que no existe
ningún problema de interpretación.
4. Modificación en la Ejecución de las Medidas
Con carácter general, la ejecución de las medidas
impuestas al menor se realizará bajo el control del
Juez de Menores que haya dictado la sentencia
correspondiente. No obstante, la modificación de los
art. 12 a 14, y los art. 44 y siguientes, establece el cambio
de Juez para la ejecución de medidas en supuestos
especiales.
Ejecución en supuestos de pluralidad de
infracciones.
El art. 12 prevé la ejecución de las sentencias dictadas
por varios Juzgados de menores, en los supuestos de
pluralidad de infracciones que no se hayan tramitado
en un solo procedimiento. La competencia para la
ejecución será del primer Juez que haya dictado una
sentencia, remitiendo todos los posteriores, testimonio
de la sentencia para que sea ejecutada por aquel.
Será este Juez, el primero de ellos, el competente para
acordar la refundición y ordenar la ejecución conforme
lo dispuesto en el art. 47.
Ejecución para cuando el menor alcance la mayoría
de edad.
El nuevo artículo 14 11 (anterior art. 15), adelanta
a la edad de 18 años los supuestos en los que, en
caso de cumplimiento de una medida de régimen
cerrado, el Juez, tras las audiencias preceptivas, podrá
ordenar que cumpla el resto de la pena en centro
penitenciario. Recordemos que en la anterior redacción
esta posibilidad quedaba contemplada cuando el
menor hubiere cumplido los 21. Esta facultad, que
es potestativa a los 18 años, a los 21 se convierte en
obligatoria, (rebajada a su vez desde los 23 años en la
anterior legislación) de tal manera que si el joven hubiese
cumplido dicha edad “el Juez ordenará”, dejando sólo
como margen de actuación a fin de evitar la rigidez
de esta norma la facultad de suspender o modificar la
medida impuesta.
Se añaden, nuevos párrafos al artículo que estamos
comentando que contempla el supuesto de 1º.-¿Qué
ocurre con el resto de medidas impuestas al menor
en los supuestos de ingreso en prisión?. Pues a través
de la nueva redacción, se establece de una forma
taxativa que las medidas pendientes de cumplimiento
quedarán sin efecto, si éstas no fueran compatible con
el régimen penitenciario, solución que aunque lógica,
no contemplaba la antigua, redacción.
El parrafo 5º, regula por último el régimen aplicable
a los jóvenes que ingresen en Centro Penitenciario,
quedarán sujetos a la Ley Orgánica General Penitencia,
siempre que el responsable hubiera cumplido una pena
de prisión, conforme al Código Penal, o bien una medida
de internamiento ejecutada en un Centro Penitenciario
conforme los párrafos 2 y 3 del art. 14. Este último párrafo
ha sido duramente criticado toda vez que contradice el
contenido del art. 2 de la LORPM, amén de transformar
una medida juvenil en una pena sin un procedimiento
judicial y sin que existan nuevos hechos que justifiquen
la imposición de una medida en aplicación del Código
Penal.
Se critica además el criterio tan amplio que se
establece para que la pena pueda ser cumplida en
Centro Penitenciario 12 “la conducta de la persona no
Enero - Febrero 2007

«EL NUEVO ARTÍCULO 14 ADELANTA
A LA EDAD DE 18 AÑOS LOS
SUPUESTOS EN LOS QUE, EN CASO
DE CUMPLIMIENTO DE UNA MEDIDA
DE RÉGIMEN CERRADO, EL JUEZ, TRAS
LAS AUDIENCIAS PRECEPTIVAS, PODRÁ
ORDENAR QUE CUMPLA EL RESTO DE LA
PENA EN CENTRO PENITENCIARIO»

20
Doctrina
responda a los criterio propuestos en la sentencia”. Por
ello el Grupo Parlamentario Mixto propuso un criterio
ciertamente más objetivo, que restaría flexibilidad en la
decisión, pero se añadiría mayor dosis de seguridad y
objetividad, a saber:
-que se haga a instancias del equipo que se encarga
del tratamiento de la medida de internamiento del
menor.
-que concurran especiales circunstancias: actitud
grave del menor que perjudique la posible reinserción
de los demás menores del centro.
-que se verifique, por el equipo técnico
correspondiente, que la medida de internamiento no
está cumpliendo los objetivos y previsiones que se
propusieron en el programa individualizado de ejecución
de la medida.
En materia de ejecución en centro cerrado, el
art. 46.3 in fine, contiene un nuevo precepto, incluido
en su paso por el Senado. “En todo caso los menores
pertenecientes a una banda, organización o asociación
no podrán cumplir la medida impuesta en el centro,
debiendo designárseles uno distinto aunque la elección
del mismo suponga alejamiento del entorno familiar o
social”.
El art. 51 13 , en consonancia con los criterios
introducidos a través de la LO de reforma, otorga al Juez
competente para la ejecución, importantes criterios de
flexibilidad, de forma que:
- si sustituida la pena de internamiento en
régimen semiabierto o abierto, el menor evoluciona
desfavorablemente, podrá de nuevo volver a sustituirla
por la de régimen cerrado.
- si la medida, aun siendo en régimen semiabierto,
el menor evoluciona desfavorablemente, el Juez podrá
sustituirla por otra en régimen cerrado.
Sorprende que en este apartado de la ley, sólo se
prevea la audiencia previa del Letrado del menor, sin
hacer referencia al traslado para informe del Ministerio
Fiscal. Entendemos que obedece más a un lapsus de
la reforma, y que el traslado al Ministerio Público ha de
practicarse como criterio general.
Por último, la ejecución de las medidas impuestas por
el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente
de la Audiencia Nacional será preferente sobre las
impuestas, en su caso, por otros Jueces o Salas de
Menores.
NOTAS
1. Disposición Adcicional que fue ya introducida a
propósito de la reforma operada por LO 15/2003, de 25
de noviembre, por la que se modificaba la Ley Orgánica
10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal.
2. No obstante, los debates Parlamentarios realizados
en el Congreso y en el Senado han dejado en entre
dicho la justificación del pretendido aumento de los
delitos cometidos por menores, sin que se haya aclarado
a lo largo del Debate cúal ha sido la fuente a través de
la cual se han llegado a dichas conclusiones.
3. A través de la Disposición transitoria única de la
Ley Orgánica 9/02, se retrasó su entrada en vigor hasta
el 1 de enero de 2007.
4. Boletín oficial de la Cortes Generales. VIII
legislatura, 30 de marzo de 2006. Indice de Enmiendas
al articulado. Las enmiendas fueron la 5,44,70 y 87
realizadas respectivamente por el G.P.Vasco, Grupo
Mixto, CIU e Izquierda Unida iniciativa por Cataluña.
5. Tan unánime era la necesidad de la modificación
del art. 64, que en la tramitación parlamentaria de la
LO8/06, sólo ha recibido una sóla enmienda. (E. 166 por
el Grupo Popular) y por cuestiones relativas a redacción
del artículo.
6. La reforma del art. 9 y 10 de la ley y la
agravación punitiva para todos estos supuestos, ha sido
duramente criticada en los trámites parlamentarios.
Fundamentalmente no se entiende a qué es debido
esta agravación, pues como expone el anteproyecto
no se ha producido un incremento en los delitos graves.
Otras muchas enmiendas hacen hincapié en bajar
el límite máximo a 5 años. En el extremo contrario se
encontraba la propuesta del G.P. Popular que solicitaba
elevar el máximo de la media de internamiento hasta 5
años para los menores de 14-15 años, y hasta 10 para los
menores entre 16-17 años.
7. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso
de los Diputados. VIII Legislatura de 27 de enero de
2006.
8. Enmiendas 19, 42, 56y 102.
9. Tras las enmiendas formuladas por varios Grupos
Parlamentarios (E.20,57,78,103,148), la modificación del
art. 17 quedó suprimida, pasado el texto al Senado, el
30-6-06, sin contener ninguna modificación al respecto.
En el texto devuelto por el Senado al Congreso se incluye
la alteración del texto, tal y como ha sido publicado.
10. La anterior redacción no era muy clara, pues decía
“Acreditados los requisitos....” Pero no decía ante quien.
11. La modificación del art. 14 fue ampliamente
criticada por diversos grupos parlamentarios, a través
de las enmiendas en el Congreso no18,55,76,77,101,1
32,133,147 y 162. No obstante la redacción definitiva,
ha quedado prácticamente idéntica a la original,
introduciéndose en el Senado dos coletillas en el párrafo
3º. La primera la relativa a la audiencia preceptiva
del Fiscal, el Letrado del menor, el equipo técnico y la
entidad pública de protección o reforma de menores.
La segunda in fine del párrafo 3º que permite muy
excepcionalmente el cumplimiento de la medida en un
Centro de Menores.
12. No se acoge finalmente la propuesta del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde e Izquierda Unida
, iniciativa por Cataluña, que proponía la posibilidad
de sustitución de la medida de internamiento por
la de prisión, excluyendo la referencia al régimen
cerrado, ampliandolo por tanto a cualquier tipo de
internamiento.
13. La enmienda no 123, realizada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde, propia la supresión de
éste último inciso por vulnerar el principio de legalidad
al sustituir una medida impuesta por sentencia por otra
mas grave.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Distintos son los antiguos privilegios, prerrogativas
o especialidades de la Administración
del Estado en juicio tales como el fuero
territorial, la especial postulación procesal,
la vía gubernativa previa, la prohibición de
conciliación, transacción y allanamientos, la práctica
de notificaciones en el despacho oficial del Abogado
del Estado, la suspensión del proceso para contestar la
demanda o para el planteamiento de un conflicto jurisdiccional,
práctica de la prueba de confesión o interrogatorio
de parte, exención de pago de derechos de
peritos y constitución de depósitos o cauciones previo
al ejercicio de acciones o interposición de recursos,
inembargabilidad de los bienes, y exención del pago
de costas e inejecutabilidad de determinadas sentencias
desfavorables.
Marginando normas mas antiguas, algunas de esas
prerrogativas se contuvieron en el Real Decreto-Ley
de 21 de Enero de 1925, aprobatorio del Estatuto de
la Dirección General de lo Contencioso del Estado y
Cuerpo de Abogados del Estado, (reglamento de 27
de Julio de 1943), como la vía previa administrativa,
art. 6, y el fuero territorial, art. 7, que por no haber sido
convalidado tal Decreto-Ley por la II República en la
revisión de la obra legislativa de la Dictadura quedó
relegado al rango reglamentario según parte de la
doctrina, y provocó graves problemas procesales para
la Administración Estatal al entenderse que no se hallaba
vigente por su falta de rango legal, sin perjuicio
del sostenimiento del fuero en el artículo 57 de la Ley
adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 14 de
octubre de 1882. Con posterioridad a la aprobación
de la Ley de 27 de Noviembre de 1997, de asistencia
jurídica al Estado e instituciones públicas, (reglamento
de 25 de Julio de 2003), quedaron ya reguladas con
rango de ley algunas de aquellas prerrogativas que a
la luz actual postconstitucional no pueden la mayoría
sino denominarse especialidades procesales de la
Administración Pública, la que por su compleja organización
nunca podrá parangonarse con las demás
personas físicas o jurídicas.
Es objeto de estas líneas meditar brevemente sobre
la vía administrativa previa al ejercicio de la acción
judicial en los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo
y laboral, que, tras la nueva LEC, se
encuentra notablemente fortalecida por los designios
del Legislador en la interpretación que ya ha efectuado
la jurisprudencia posterior y el Tribunal Constitucional.
Leopoldo Gutierrez-Alviz Conradi, Abogado del Estado
Doctrina
Fortalecimiento de la
reclamación previa en via
administrativa tras la nueva LEC
Damos por conocido que buena parte de la doctrina
y jurisprudencia anterior a tal LEC equipararon la
reclamación previa al acto de conciliación, y si tras la
reforma de la antigua LEC realizada en 1984 tal acto
quedaba como facultativo, igual debía de ocurrir
con la reclamación previa toda vez que, además, la
Administración también se beneficia de la suspensión
del procedimiento para elevar consulta a la Abogacía
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico
del Estado por lo que quedaba la vía previa como
un requisito formalista y, en su caso, subsanable su
carencia.
Pues bien, estimamos con los respetos debidos que
tal reclamación previa a la judicial no es un capricho
del Legislador que se empecina en mantener un formalismo
infundamentado, sino que constituye una
manifestación de la Potestad Ejecutiva que la propia
Constitución confiere a la Administración Pública, art.
97 CE, que exige que conozca de la reclamación
antes de que se inicie la vía judicial. No se trata, por lo
tanto, de evitar o no un pleito sino de que la Administración,
en el ejercicio de esa potestad, resuelva según
su criterio la petición que se le deduzca. Así, la Administración
resuelve unilateralmente lo que considera
conforme a la ley, conforme al principio de legalidad
consagrado en el art. 103 en relación con el art. 9 CE,
en uso de sus potestades pues la idea del acuerdo es
ajena a la esencia de la reclamación previa, pues en
otro caso se infringiría lo que constituye un principio
básico del actuar administrativo; a saber, la prohibición
de transigir sobre los derechos de la Hacienda
Pública en el sentido que contempla hoy día el artículo
7 de la Ley General Presupuestaria de 26 de Noviembre
de 2003, antes art. 39 del texto refundido de tal ley de
23 de Septiembre de 1988, como no sea cumpliendo el
riguroso requisito de la aprobación de un Real Decreto
acordado en Consejo de Ministros previa audiencia
del Consejo de Estado en pleno, a salvo excepciones
contenidas en materia concursal y de terminación
convencional del procedimiento cuando la ley expresamente
lo prevea.
Quien afirme que la reclamación previa es un mero
requisito formal y que carece de fundamentación
es que no conoce la naturaleza propia y estricta de
tal figura, arraigada en una prerrogativa o poder del
imperio que le atribuye la ley. Era ésta anteriormente la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de
1958, art. 138 y ss, y hoy la Ley de régimen jurídico y procedimiento
administrativo común de 26 de Noviembre
21

22
Doctrina
de 1992, art. 120 y ss; debiéndose resaltar precisamente
que la sustancia de la reclamación previa a las vías
judicial civil y laboral está contemplada precisamente
en normas no procesales, por lo que aquélla constituye
un procedimiento administrativo indisponible y previo
al proceso; y, adelantamos, que la consecuencia
natural es que la falta de tal reclamación previa no es
subsanable ni siquiera dentro del proceso, al ser previa
y no posterior, como ya declaró el Tribunal Constitucional
en su sentencia de 11 de Enero de 1992. No son, por
ello, los tribunales quienes tienen que apreciar si a su
juicio tal requisito o procedimiento previo es o no necesario
pues es el propio Legislador quien ya lo ha hecho
a través de tales leyes y a través de la nueva LEC.
Si bien en la LEC antigua la falta de reclamación
previa constituía una excepción procesal, Art. 533.7a,
y, por lo tanto, sujeta a la potestativa alegación de la
parte demandada, resulta que ha sido la nueva LEC
la que, en consecuencia con lo anteriormente mantenido,
ha querido reforzar su vigencia determinando
expresamente que deba ser el Juez el que de oficio
examine si se ha cumplido con la presentación de tal
reclamación, de tal manera que si la parte actora no
lo acredita deberá dictar resolución inadmitiendo de
plano la demanda. Así, el Art. 403.3 es enormemente
expresivo al decir que “tampoco se admitirán las
demandas cuando no se hayan intentado conciliaciones
o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones
que se exijan en casos especiales”, siendo
ese supuesto el de la reclamación previa que se exige
en casos especiales por leyes igualmente especiales.
Tan es así que la nueva LEC en algún caso igualmente
especial exime de tal reclamación previa. El
Art. 780.1 dice que “no será necesaria la reclamación
previa en vía administrativa para formular oposición
ante los tribunales civiles a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores”; por lo que
de estos dos preceptos, tanto por la vía de mandato
directo, Art. 403, como por la vía de interpretación a
sensu contrario se desprende que si será necesaria
la reclamación previa en todos los demás supuestos
distintos a éste último. Otra excepción se encuentra en
norma con rango de ley en el art. 21 del texto refundido
del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de
Seguros de 29 de Octubre de 2004 al establecer que
la reclamación no es precisa, quedando, pues, como
potestativa.
Por ello, no debiera ser necesario que la Administración
demandada tuviera que plantearse si, contestada
la demanda en el juicio ordinario, debiera reproducir
la falta de reclamación en la denominada audiencia
previa, dado el carácter abierto que para las cuestiones
procesales contempla el Art. 416 LEC al citar “cualesquiera
circunstancias que puedan impedir la válida
prosecución y término del proceso mediante sentencia
sobre el fondo, en relación a su vez con el Art. 425 sobre
decisión judicial en caso de circunstancias procesales
análogas a las expresamente previstas (falta de capacidad,
cosa juzgada, litis pendencia, inadecuación
del procedimiento, falta de litis consorcio y defecto
legal en el modo de proponer la demanda). La nueva
LEC es más dura que la anterior puesto que la falta
de reclamación ni si quiera debe ser alegada por la
Administración demandada, sino que con arreglo al
art. 403 mencionado, el Juez debe por auto inadmitir
de plano la demanda, lo que es de por sí completamente
terminante; y si así no lo hiciere, y sin esperar a
la contestación, la Administración debiera recurrir en
reposición el auto, interesando como medida cautelar
la suspensión, para lograr lo antes posible la inadmisión
y no parar gastos a la parte contraria.
Y es por ello, que no por otros motivos, por lo que la
jurisprudencia ha seguido exigiendo tal reclamación,
debiéndose hacer notar que cuando hablamos de
reclamación previa a la vía judicial hay que entender
que engloba dentro de sí también a la reclamación
económico-administrativa previa inexcusable al eventual
recurso contencioso-administrativo, siendo indiscutible
la legitimidad constitucional de la reclamación
administrativa previa, categoría a la que responde la
reclamación contra los actos de naturaleza tributaria.
Así, la impugnación de un acto de gestión tributaria
dictado por la llamada Agencia Estatal de Administración
Tributaria, establece el requisito previo e inexcusable
de agotar la vía económico-administrativa, cual
exige el art. 226 y ss. de la Ley General Tributaria de 17
de diciembre de 2003, en relación con el Reglamento
de Procedimiento Económico-administrativo de 13 de
mayo de 2005.
Así se expresan multitud de resoluciones judiciales,
entre las que nos permitimos citar los autos del Tribunal
Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla de 3 de Febrero de 1997, rec. 1965/94, el
que trae a colación la Sentencia del Tribunal Supremo
de 16 de Mayo de 1996, en el sentido de decir que la vía
económico-administrativa tiene una honda raigambre
en la Hacienda Pública Española, conserva su viveza
y lozanía, y constituye un requisito procesal imprescindible
que determina causa de inadmisibilidad del
recurso jurisdiccional. El auto de tal Sala de 21 de julio
de 2000, rec. 350/00 dice al efecto, después de citar la
dicha STC nº 194/97 que «Esta Sala ha de recordar que
al amparo del art. 25.1 de la vigente Ley reguladora de
esta Jurisdicción, el recurso contencioso-administrativo
condiciona su admisibilidad, entre otros supuestos, a
que los actos objeto del mismo, cierren definitivamente
la vía administrativa; se precisa,pues, la existencia previa
de una resolución definitiva de la Administración,
en la que ésta haya pronunciado su última palabra.
Lo que no ha sucedido en el caso que nos ocupa, por
lo que, de acuerdo con lo interesado por el Abogado
del Estado, procede declarar la inadmisibilidad del
presente recurso contencioso-administrativo». La plena
vigencia y actualidad de este motivo de inadmisibilidad
la justifica, a titulo de ejemplo, el reciente Auto de
tal Sala de 1 de septiembre de 2005, rec. 274/05, y el de
7 de marzo de 2006, rec. 1338/04.
Con carácter general, nos permitimos también citar
la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 194/97, de
11 de noviembre, que, siguiendo a las anteriores sentencias
del mismo tribunal núm. 21/1986, 60/1989, 217/1.991,
65/1.993, y 120/1.993, ha sentado la doctrina de que
«la reclamación previa no es contraria al derecho a la
tutela judicial pues, aun cuando retrasa el acceso a la
jurisdicción, cumple unos objetivos razonables e incluso
beneficiosos, tanto para los reclamantes que pueden
resolver así de forma más rápida y acomodada a sus
intereses el problema como para el desenvolvimiento
del sistema judicial, que se ve aliviado de asuntos».
La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero
de 2004 dice que «el propio recurso administrativo
no impide dicho acceso (a la tutela judicial), ni lo
condiciona o limita de modo no razonable, teniendo
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
en cuenta, además, que el recurso administrativo es,
ante todo, una garantía del administrado, en tanto
en cuanto permite que, de manera inmediata y
extremadamente sencilla, la Administración pueda
reconsiderar el acto que dictó, y en su caso, revocarlo.
El establecimiento de un recurso previo administrativo
no obstaculiza ni impide el acceso a un ulterior proceso
judicial, ni supone una carga irrazonable o injustificada,
sin que, en ninguna instancia o ámbito jurisdiccional,
o en sede constitucional, se haya declarado o
mantenido lo contrario».
Ahora bien, el más importante pronunciamiento
sobre la plena vigencia de tal reclamación en los tres
órdenes citados civil, laboral y contencioso administrativo
y su exigencia previa e insubsanabilidad está
en la sentencia del Tribunal constitucional 275/2005,
de 7 de Noviembre. No es contraria a la Constitución
la exigencia a tal reclamación aunque su carencia
provoque quede imprejuzgada la cuestión de fondo,
puesto que tal TC tiene dicho hasta la saciedad que el
Derecho a la tutela judicial efectiva se satisface igualmente
cuando los órganos judiciales pronuncian una
decisión de inadmisión apreciando razonadamente
la concurrencia en el caso de un óbice fundado en
un precepto expreso de la Ley (sentencias de 18 de
Noviembre de 1987, 18 de Julio de 2000, 6 de Mayo de
2002 y 2 de Noviembre de 2004, entre otras), todo ello
pese al criterio antiformalista que debe presidir en la
interpretación del principio pro actione desprendido
del Art. 24 CE. También la muy reciente sentencia del
TC de 20 de noviembre de 2006 lleva al efecto de la
inadmisión de la demanda para el caso de que se tratare
de un incumplimiento absoluto derivado de una
opuesta voluntad a la previa presentación de la reclamación
por la parte procesal obligada a ello, en cuyo
caso la consecuencia sería la pérdida del derecho a
que se anudaba la observancia de tal requisito.
Doctrina
Justifica el TC la vigencia de tal reclamación en
razón de las especiales funciones y tareas que la Administración
tiene encomendadas en el ordenamiento
constitucional, dándole la oportunidad de resolver
directamente la controversia, evitando el acceso a
la vía judicial y descargando a los administrados de
futuros costes procesales, por lo que la reclamación
ni es contraria a la tutela judicial efectiva ni provoca
indefensión. Nótese que la utilidad de la reclamación
previa viene reflejada por la propia estadística
expresiva de que, al menos, desde 1999 a 2005 en las
reclamaciones previas a la vía civil y, concretamente
en materia de tercerías de dominio y de mejor derecho,
la Administración ha estimado mas del 40% de las
reclamaciones planteadas, aliviando a los tribunales
de justicia de forma notable, cuestión ésta que parece
generalmente ignorada.
También tal citada sentencia de 2005 subraya que
su carencia constituye, como colorario del citado Art.
403 LEC, una cuestión de orden público procesal que
debe ser examinada incluso de oficio en cualquier
momento del proceso. Su falta no permite subsanación
sin menoscabo de la regularidad del proceso y sin
daño de la posición de la parte adversa, sentencia de
20 de octubre de 2003, pues la subsanabilidad no sólo
carece de cobertura legal expresa sino que tal posibilidad
equivaldría a abolir los plazos de caducidad
establecidos para la interposición de reclamaciones y
recursos en detrimento del también principio constitucional
de la seguridad jurídica del Art. 9 de la Constitución,
como expresamente reza tal STC de 2005.
Para terminar, reiteramos que la reclamación previa
no es una mera fórmula y que, por tanto, en cumplimiento
de la ley (summa lex sed lex) los órganos judiciales
deben extremar su exigencia de oficio al tener
fundamento en la Constitución y en la Ley.
23

24
Doctrina
I. Introducción
Me gustaría comenzar los presentes comentarios
con una dedicatoria a mi padre, fallecido
hace escasos meses, ya que fue quien me
impulsó, hace años, a escribir para La Toga
acerca de los cambios fiscales que anualmente
nos afectan; labor ésta que, tras un periplo que
se acerca a los diez años, aún tiene hoy continuidad.
Por fortuna para él, ya no tiene que ocuparse ni preocuparse,
de cambios fiscales, de nuevas normas u obligaciones,
ni demás “engorros” semejantes que políticos y
Administraciones no cesan de imponernos.
I. Introducción
Sumario
II. Interés legal y de demora
III. I.R.P.F.
IV. Impuesto sobre Sociedades
V. I.V.A.
VI. ITPAJD, ISD
VII. Tributos Locales
VIII. Otras novedades fiscales
Afrontamos en 2007 una nueva reforma fiscal, y con
esta ya van .... No mentiría si dijera que ya he perdido la
cuenta, con tanto cambio normativo.
Parece que estemos en manos de coleccionistas de
reformas fiscales, o de obsesionados con cambiar las
reglas de juego tributarias (ora la izquierda, ora el centro,
ora la derecha, etc.; da igual quien gobierne: el ramillete
de reformas fiscales de turno no hay quien nos lo quite).
Eduardo Ruiz del Portal, Abogado
Novedades Fiscales
para el año 2007
A veces da la impresión de que se pierde el rumbo a
la hora de legislar sobre la materia, pues no es normal lo
poco que duran algunos de los cambios tributarios que
se introducen en las sucesivas reformas normativas (sirva,
a título de ejemplo, el caso de las sociedades patrimoniales
que ahora desaparecen, tras haber tenido apenas
unos tres o cuatro años de existencia).
Todo esto conduce a una inseguridad jurídica alarmante,
pero parece que esto no les preocupa a las
autoridades tributarias. A lo mejor es que les conviene o
interesa que exista tal inestabilidad, indefinición e inseguridad
jurídica, de cara a los contribuyentes.
Sea como fuere, este año tenemos novedades en
materia de I.R.P.F., I.Sociedades, IVA, ITPAJD, I.Patrimonio,
No Residentes y otros ámbitos, que vienen de la mano
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que aprueba
una nueva Ley del I.R.P.F. --y modifica las leyes reguladoras
de los impuestos sobre Sociedades, sobre Patrimonio
y de No Residentes--, así como de la Ley 36/2006, de
29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del
Fraude Fiscal. A ello hay que unir un nuevo Real Decreto
(1576/2006, de 22 de diciembre) que desarrolla la normativa
de los impuestos directos del IRPF, I.Sociedades
y No Residentes, en materia de retenciones. También
cabe citar la Orden 30/2007, de 16 de enero, que aprueba
el nuevo modelo 110 para la declaración y pago de
dichas retenciones.
Por cierto --hablando de inseguridad jurídica-- que
a nadie se le pase que algunas modificaciones introducidas
en el IRPF no entran en vigor en 2007, sino que
afectan ya, sin más, a la próxima declaración de Renta
(es decir, al pasado ejercicio 2006), como es el caso
de la aplicación de los coeficientes de abatimiento a
las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión
de elementos patrimoniales adquiridos antes del 31 de
diciembre de 1994.
Otras normas que debemos tener presentes y que
también abordan cambios fiscales son: a) la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2007 (Ley 42/2006,
de 28 de diciembre); b) la Ordenanza Fiscal aprobada
por el Ayuntamiento de Sevilla, reguladora de los tributos
locales en el presente año 2007; y c) la Ley de la Comunidad
Autónoma Andaluza 12/2006, de 27 de diciembre,
sobre Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Por lo que respecta a los Abogados en particular, y
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
a los profesionales en general, las modificaciones operadas
en el IRPF que nos afectan son puntuales. Mayor
alcance para estos colectivos tienen algunos de los
cambios que se introducen en el ámbito del Impuesto
sobre Sociedades, y que posteriormente se verán, al hilo
de comentar las reformas realizadas en tales tributos.
II. Interés Legal e Interés de demora para el año
2007
La Disposición Adicional 30a de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2007, fija en el 5 por 100 el
interés legal del dinero, y en el 6,25 por 100 el interés de
demora, hasta el 31 de diciembre del año 2007, por lo
que se incrementan alrededor de un punto porcentual
con respecto a los porcentajes de 2006.
III. Impuesto sobre la renta
Como ha quedado dicho, en 2007 tenemos una
nueva Ley del I.R.P.F. Los expertos fiscales no se ponen
de acuerdo en si la reforma fiscal es o no de gran calado,
o si sólo se tocan aspectos puntuales del impuesto.
El caso es que, al tratarse de una nueva ley, resulta
complicado abarcar todos y cada uno de los cambios
introducidos, pues ello implicaría alargarse en exceso y
tal vez se necesitaría un ejemplar íntegro de La Toga.
Por tanto, habrá que hacer breve referencia a aquellos
que pueden revestir mayor interés, sin entrar en minuciosos
detalles.
A) Renta general y renta del ahorro
A partir de 2007, vamos a tener que distinguir entre
renta general y renta del ahorro.
1. La renta general abarca los rendimientos del trabajo,
del capital inmobiliario, de actividades económicas,
así como algunos derivados del capital mobiliario
que no se incluyen dentro de la renta del ahorro (caso
de los intereses procedentes de préstamos o cesión de
capitales que los socios hacen a sus sociedades o entidades
vinculadas, así como los derechos derivados de
la propiedad intelectual o industrial, los arrendamientos
de bienes muebles, los arrendamientos de negocios
o minas, y los derivados de la cesión de derechos de
imagen). También se incluyen dentro de la renta general
las imputaciones de rentas inmobiliarias y otras imputaciones
recogidas en la ley (transparencia fiscal internacional,
etc.) e, igualmente, determinadas ganancias y
pérdidas patrimoniales que no proceden de la transmisión
de elementos patrimoniales (caso, por ejemplo,
de las subvenciones, o la indemnización recibida por
la rescisión de un arrendamiento, o incluso --en opinión
de Hacienda-- el precio percibido por un derecho de
opción).
Todas estas rentas forman parte de la base imponible
general y de la base liquidable general del impuesto,
siendo gravadas con el tipo marginal que resulta de
aplicar la tarifa progresiva del IRPF, la cual además también
sufre modificaciones, tanto en la determinación de
sus tramos, como en el tipo impositivo máximo a aplicar,
que queda fijado en el 43 por 100, con lo que algo se
Doctrina
reduce frente al antiguo tipo máximo (45%). Desaparece
de esta escala el tipo mínimo del 15%, y al primer tramo
de la tarifa que resulta gravada se le va a aplicar el tipo
del 24%.
2. La renta del ahorro comprende las distintas categorías
de ahorro financiero, es decir, los rendimientos del
capital mobiliario --rendimientos procedentes de contratos
de seguro de vida o invalidez salvo los casos que
la ley los considere renta del trabajo, dividendos, intereses,
etc.-- con las excepciones antedichas, así como
las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la
transmisión de elementos patrimoniales (es decir, ventas
de inmuebles, valores mobiliarios, etc.).
Tales rentas conforman la base imponible del ahorro,
así como la base liquidable del ahorro, siendo gravadas
con un tipo fijo de gravamen del 18 por 100.
3. A la hora de la integración y compensación entre
las distintas clases de rentas, hay que tener en cuenta
que entre ambas partes de base imponible existe incomunicación
(al igual que antes ocurría con la parte
general y la parte especial de la base imponible) y, además,
dentro de la renta del ahorro también existe incomunicación
(es decir, no cabe compensación) entre la
procedente de rendimientos del capital mobiliario y la
derivada de ganancias y pérdidas patrimoniales, cualquiera
que sea su período de generación.
Sin embargo, en la base imponible general sí resulta
posible una compensación limitada de las pérdidas
patrimoniales netas (que no proceden de la transmisión
de elementos patrimoniales), hasta el 25 por 100 del
saldo positivo resultante de integrar y compensar entre
sí los rendimientos y las imputaciones de renta. Y si, tras
esta compensación, aún quedase saldo negativo, su
importe se compensará en los cuatro años siguientes,
de igual forma.
4. El apartado 3 de la Disposición Transitoria 7a de la
nueva Ley del IRPF prevé que la base liquidable general
negativa procedente de los ejercicios 2003 a 2006 que
se encuentre pendiente de compensar a la entrada
en vigor de la nueva normativa, únicamente podrá
compensarse con el saldo positivo de la base liquidable
general descrita en el punto 1 anterior, pero no con la
base liquidable del ahorro.
B) Rentas exentas. Planes Individuales de Ahorro Sistemático
Entre las rentas exentas, aparte de la que afecta a
los dividendos y a la que se hará posterior referencia,
destaca la que afecta a la rentabilidad que se obtenga
con la constitución de los Planes Individuales de Ahorro
Sistemático, previstos en la Disposición Adicional 3a de la
nueva Ley del IRPF, y que son contratos de seguro para
constituir con los recursos aportados una renta vitalicia
asegurada (sólo pueden ser contratados por los particulares,
y únicamente uno por contribuyente). El límite
máximo anual a pagar aplicable a las primas de estos
contratos de seguro será de 8.000 euros, y será independiente
de los límites de aportaciones de sistemas de previsión
social a los que se hará posterior referencia. Además,
el importe total de las primas acumuladas en estos
contratos no podrá superar la cuantía total de 240.000
euros por contribuyente. Unicamente podrán cobrarse
en forma de renta vitalicia y, para disfrutar de sus bene-
25

26
Doctrina
ficios fiscales, la primera prima satisfecha deberá tener
una antigüedad superior a 10 años en el momento de la
constitución de la renta vitalicia.
La Disposición Transitoria 14a recoge los requisitos
que permiten transformar en planes individuales de ahorro
sistemático a aquellos contratos de seguro de vida
formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2007, en
los que el contratante, asegurado y beneficiario sea el
propio contribuyente.
Debe resaltarse que las primas satisfechas no desgravan
(a diferencia de los planes de pensiones), así como
que la exención se aplica a la rentabilidad obtenida
desde la constitución de este contrato de seguro hasta
el momento del cobro de la renta vitalicia, es decir, a
los rendimientos generados durante todos los años de
vigencia del contrato. Pero la percepción, en su día,
de esta renta vitalicia determinará su tributación como
renta del ahorro, al tipo fijo del 18%, si bien sólo resultará
aplicable este gravamen sobre una parte de las cantidades
percibidas cada año, en función de la edad
del perceptor: las reducciones exentas de imposición
oscilan entre el 60 por 100 --si el perceptor tiene menos
de 40 años--, y el 92 por 100 --si tiene más de 70 años-
-, siempre y cuando la primera prima satisfecha tenga
una antigüedad superior a los 10 años mencionados. A
diferencia de los planes de pensiones, es posible recuperar
en cualquier momento las cantidades ahorradas,
aunque si esto tiene lugar antes de alcanzar la citada
antigüedad de los 10 años, no resultarían de aplicación
las reducciones descritas, tributando al 18% la totalidad
de los rescates anticipados.
C) Rendimientos del trabajo
Por lo que respecta a los rendimientos del trabajo,
aparte de incorporar los supuestos derivados de los nuevos
instrumentos de previsión social (prestaciones percibidas
por los beneficiarios de los Planes de Previsión Social
Empresarial, que es un nuevo seguro colectivo de vida a
contratar por las empresas a favor de sus trabajadores,
muy similar al Plan de Pensiones colectivo utilizado hasta
ahora), la otra gran novedad afecta a la reducción por
obtención de rendimientos del trabajo, cuya cuantía se
eleva respecto de la normativa anterior, y deja de constituir
una reducción de la base imponible, para pasar a
ser directamente una reducción de los rendimientos del
trabajo, sin que el saldo de éstos pueda resultar negativo
como consecuencia de la aplicación de tal reducción.
Al igual que ocurría en la anterior regulación, el
importe de esta reducción varía en función del importe
que el contribuyente obtenga como rendimiento neto
del trabajo, así como de la edad del trabajador, del
cambio de residencia, y de la discapacidad del mismo.
Cabría añadir, como novedad, también en este
apartado, el cambio introducido en el cobro de las
prestaciones derivadas de Planes de Pensiones, Planes
de Previsión Asegurados, Mutualidades de Previsión
Social y similares, pues el cobro de las mismas constituye
renta del trabajo a efectos del IRPF. Y es que, a partir de
2007, cuando se perciban las prestaciones derivadas de
tales instrumentos de previsión social, mediante retirada
del capital acumulado en forma de pago único, ya no
resultará aplicable la reducción del 40 por 100 que hasta
ahora recogía la anterior normativa, sino que tributará el
100 por 100 de los mismos, sin reducción alguna. Ahora
bien, se respetan los derechos adquiridos hasta la fecha,
de forma que a las prestaciones que en adelante se
perciban en forma de capital, y correspondan a aportaciones
hechas hasta el 31 de diciembre de 2006, sí les
resultarán de aplicación la reducción comentada del
40 %. Téngase en cuenta que todo esto afecta a las
Mutualidades de Previsión Social y, por tanto, a nuestra
Mutualidad de la Abogacía, por lo que habrá de ser
tenido muy presente.
D) Rendimientos del capital inmobiliario
En el ámbito de los rendimientos del capital inmobiliario,
encontramos unas cuantas modificaciones.
1. En el capítulo de los gastos deducibles, con arreglo
a la normativa antigua, los gastos a deducir de
los ingresos obtenidos en el alquiler de inmuebles, no
podían superar el importe de tales ingresos. Es decir, si
los gastos eran superiores a los ingresos, en tal caso no
podía declararse la pérdida producida, sino que se consignaba
en la declaración de Renta un rendimiento cero
por este concepto.
A partir del 1 de enero de 2007, sin embargo, los
únicos gastos que mantienen dicho límite máximo del
importe de los ingresos obtenidos son los gastos financieros
(intereses de hipotecas que financian la adquisición
de los inmuebles arrendados, y demás gastos
de financiación), así como los gastos de reparación y
conservación del inmueble. El cálculo de tales gastos
deducibles y este tope máximo deberá hacerse inmueble
por inmueble, ya que el importe total a deducir por
estos gastos no podrá exceder, para cada inmueble,
de la cuantía de los ingresos íntegros obtenidos con el
arrendamiento de cada uno de tales inmuebles. Ahora
bien, el exceso se podrá deducir en los cuatro años
siguientes, de igual forma, es decir, respetando el tope
anual máximo descrito.
En consecuencia, para el resto de gastos deducibles
(tributos locales, amortización, primas de seguros,
servicios profesionales, saldos de dudoso cobro, etc.)
desaparece el límite comentado, por lo que si los mismos
superan los ingresos derivados del arrendamiento, podrá
declararse ya en IRPF la pérdida producida.
2. Otra novedad, hace referencia a la reducción del
rendimiento obtenido en el arrendamiento de vivienda.
Como ya se sabrá --pues este es un beneficio que
se mantiene procedente de la anterior regulación--,
en los casos de arrendamiento de inmuebles destinados
a vivienda, el rendimiento neto obtenido tras la
deducción de los gastos deducibles, se reduce en un
50 por 100. Pues bien, tal reducción será del 100% y no
tributará, pues, rendimiento de alquiler alguno, cuando
el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18
y 35 años y unos rendimientos netos del trabajo o de
actividades económicas en el ejercicio fiscal superiores
al indicador público de renta de efectos múltiples (el
IPREM, que la Disposición Adicional 31a de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2007 fija en 16,64
euros/día, 499,20 euros/mes y 5.990,40 euros/año, para
este año 2007). En estos casos, el arrendatario deberá
comunicar anualmente al arrendador el cumplimiento
de tales requisitos.
Asimismo, la reducción comentada del 50% única-
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
mente será aplicable respecto de los rendimientos netos
positivos que hubiesen sido declarados por el contribuyente.
O sea, que si no los declara y se descubren por la
Administración tributaria, ésta no aplicará tal reducción
del 50%, sino que tales rendimientos tributarán íntegramente
(la redacción deja entrever que, en caso de
rendimientos negativos, o sea, pérdidas, la reducción
del 50% podría aplicarse tanto a las rentas declaradas
como a las comprobadas por Hacienda).
3. Las retenciones aplicables a los rendimientos derivados
del arrendamiento de inmuebles urbanos suben,
del 15 por 100, al 18 por 100.
E) Rendimientos del capital mobiliario
En relación a los rendimientos del capital mobiliario,
las novedades introducidas son las que mayor atención
han suscitado entre los medios de comunicación.
1. Con respecto a los dividendos, desaparece la
deducción por doble imposición de dividendos --en
consonancia con ello, ya no hay que integrar los dividendos
en la base del impuesto al 140%--, y se introduce
una exención para tales dividendos con el límite de
1.500 euros anuales. Este mínimo exento se aplica únicamente
a los dividendos, primas de asistencia a juntas
y participaciones en los beneficios de cualquier tipo de
entidad a que se refieren los párrafos a) y b) del artículo
25.1 de la nueva Ley del IRPF. Asimismo, no resulta
aplicable esta exención a los dividendos y beneficios
distribuidos por las instituciones de inversión colectiva, ni
a los que procedan de valores o participaciones adquiridas
dentro de los 2 meses anteriores a la fecha en que
aquéllos se hubieran satisfecho cuando, con posterioridad
a esta fecha, dentro del mismo plazo, se produzca
una transmisión de valores homogéneos (en el caso de
valores o participaciones no admitidos a negociación
en mercados oficiales, el plazo será de un año, en lugar
de dos meses).
2. Debe tenerse presente que, las cantidades correspondientes
a la deducción por doble imposición de dividendos
no deducidas por insuficiencia de cuota líquida,
correspondientes a los períodos impositivos 2003 a 2006,
que se encuentren pendientes de compensación a la
entrada en vigor de la nueva Ley del IRPF, se deducirán
de la cuota líquida total a que se refiere el art. 79 de dicha
ley, en el plazo que le reste a 31 de diciembre de 2006, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 81.3 de la antigua Ley
del IRPF, según redacción vigente a dicha fecha.
3. Con las excepciones ya comentadas anteriormente,
al hacer referencia a la renta del ahorro, los
rendimientos del capital mobiliario que se integran en la
misma, serán gravados a un tipo fijo de gravamen del 18
por 100. Por tanto, los intereses derivados de préstamos
que los socios hagan a sus sociedades, los rendimientos
derivados de la cesión de derechos de imagen,
de propiedad industrial o intelectual, así como los que
proceden del arrendamiento de bienes muebles y de
negocios o minas, que no tienen la consideración de
renta del ahorro, sino renta general, serán gravados por
el tipo marginal que resulte de aplicar la tarifa progresiva
del impuesto.
4. Las retenciones aplicables a los rendimientos del
capital mobiliario pasan, del 15 por 100, al 18 por 100.
Doctrina
5. La normativa aprobada, como viene siendo
tradicional, presume retribuidas, salvo prueba en contrario,
las prestaciones de bienes, derechos o servicios
susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del
capital. En conexión con ello, el art. 40.2 de la nueva
Ley prevé que, si se trata de préstamos y operaciones de
captación o utilización de capitales ajenos en general,
se entenderá por valor normal en el mercado el tipo de
interés legal del dinero que se halle en vigor el último día
del período impositivo.
F) Rendimientos de actividades económicas
Entrando ya en la parcela de los rendimientos procedentes
de actividades económicas, las modificaciones
aprobadas no es que tengan especial incidencia en el
ejercicio profesional de la abogacía.
1. Anteriormente, se conceptuaba como actividad
económica a la compraventa y al arrendamiento de
inmuebles, cuando contasen al menos con un local
exclusivo para ello y una persona empleada con contrato
laboral y a jornada completa. Ahora, con la nueva
regulación, esta previsión se mantiene para el arrendamiento
de inmuebles, pero desaparece la referencia a
la compraventa de inmuebles, por lo que el hecho de
tener o no algún local y empleado en el desarrollo de
esta actividad de compraventa inmobiliaria deja de
tener la relevancia que hasta ahora tenía, por lo que
Hacienda podrá computar como renta empresarial
(gravada a tarifa general) los beneficios que los contribuyentes
obtengan en estas compraventas y que hubieran
declarado como ganancias patrimoniales (que
tributan al tipo del 18%), aunque no cuenten con local
y empleado, si de las circunstancias comprobadas así lo
estimase la Administración. Se introduce, pues, un nuevo
elemento de discusión y conflicto con los contribuyentes,
ya que este nuevo planteamiento va a producir mayor
inseguridad jurídica que con la normativa antigua.
2. En el ámbito de los módulos, por un lado, se introduce
una retención del 1 por 100 sobre los rendimientos
que las sociedades y entidades, así como otros empresarios
y profesionales, satisfagan a determinados empresarios
sujetos a este régimen de módulos (aquellos que
desarrollen actividades de carpintería metálica, fabricación
de artículos de ferretería, confección de prendas de
vestir, industria del mueble, albañilería, imprentas, fontanería,
pintores, soladores, transporte de mercancías, servicios
de mudanzas, etc.). Y, por otro lado, el cómputo
de los parámetros que determinan la exclusión de este
régimen (volumen de ingresos y compras, número de
empleados, número de vehículos, etc.) deberá hacerse
teniendo en cuenta el conjunto de actividades desarrolladas
bajo este régimen fiscal por el contribuyente, así
como por su cónyuge, descendientes y ascendientes,
así como por entidades en régimen de atribución de
rentas (comunidades de bienes y sociedades civiles) en
las que participen cualquiera de los anteriores, siempre
que las actividades económicas desarrolladas por tales
familiares y entidades se clasifiquen en el mismo grupo
del Impuesto sobre Actividades Económicas, y exista
una dirección común de tales actividades, compartiéndose
medios personales o materiales.
3. Se introduce una reducción por obtención de
rendimiento de actividades económicas, al modo de
la que tienen los trabajadores por cuenta ajena antes
27

28
Doctrina
comentada, para supuestos de empresarios y profesionales
que desarrollan su actividad en una circunstancia
de dependencia muy parecida a aquéllos. Se trata,
pues, de una reducción que, a priori, podrían aplicar los
Abogados que cumplan los requisitos previstos, aunque
a mi entender --tras la aprobación del régimen laboral
especial de la abogacía--, el cumplimiento de tales
requisitos puede conducir a considerar a tales abogados
como trabajadores por cuenta ajena, impidiendo
la aplicación de esta reducción (aunque, como contrapartida,
sí podrían aplicar la reducción por obtención de
rentas del trabajo vista anteriormente).
La reducción que se podrá aplicar sobre el rendimiento
neto de la actividad económica (es decir, tras
deducir de los ingresos íntegros los gastos deducibles)
asciende a 4.000 euros anuales, si dicho rendimiento
neto es igual o inferior a 9.000 euros. En el caso de que el
rendimiento neto supere los 13.000 euros, o tenga rentas
distintas de las de actividades económicas superiores a
6.500 euros (excluidas las exentas), la reducción asciende
a 2.600 euros anuales. Y si el beneficio derivado de la
actividad económica se encuentra comprendido entre
9.000,01 y 13.000 euros, el importe de tal reducción será
de 4.000 euros menos el resultado de multiplicar por 0,35
la diferencia entre el rendimiento neto de la actividad
económica y 9.000 euros anuales. Tales reducciones se
ven incrementadas con importes adicionales cuando la
actividad económica es desarrollada por personas con
discapacidad.
Para poder aplicar la reducción a que nos venimos
refiriendo, será preciso cumplir los siguientes requisitos,
aparte de los que se establezcan reglamentariamente:
a) el rendimiento neto de la actividad económica debe
cuantificarse con arreglo al método de la estimación
directa (en caso de tratarse del régimen de estimación
directa simplificada, esta reducción será incompatible
con los gastos de difícil justificación: 5% del beneficio,
con carácter general); b) la totalidad de las entregas de
bienes o prestaciones de servicios deben efectuarse a
una única persona, física o jurídica, no vinculada con el
empresario o profesional; c) el conjunto de gastos deducibles
correspondientes a todas sus actividades económicas
no puede exceder del 30% de sus rendimientos
íntegros declarados; d) que no se perciban rentas del
trabajo en el ejercicio fiscal; e) que al menos el 70% de
los ingresos del período impositivo estén sujetos a retención
o ingreso a cuenta; y f) que se cumplan todas las
obligaciones formales y de información, control y verificación
que reglamentariamente se determinen.
Como consecuencia de la aplicación de esta reducción,
el rendimiento neto no podrá ser negativo.
4. Ya conocemos que las aportaciones a Mutualidades
de Previsión Social de empresarios o profesionales
no tienen la consideración de gasto deducible en
el ejercicio de sus actividades económicas, sino que
reducen la base imponible de aquéllos. Sin embargo,
las aportaciones a Mutualidades de Previsión Social,
en virtud de contratos de seguro, por profesionales no
integrados en el régimen especial de la Seguridad Social
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, en
la parte que tenga por objeto la cobertura de contingencias
atendidas por la Seguridad Social (fundamentalmente,
invalidez, fallecimiento, jubilación), sí tendrán
la consideración de gasto deducible, con el límite de
4.500 euros anuales (con anterioridad a esta reforma de
2007, dicho límite era de 3.005 euros anuales). El exceso
sobre dicho límite, pasa a reducir la base imponible del
contribuyente, tal y como ocurre con las aportaciones a
planes de pensiones.
Esto resulta de plena aplicación a las aportaciones
que los Abogados hacemos a nuestra Mutualidad de
la Abogacía.
G) Ganancias y pérdidas patrimoniales
En la esfera de las ganancias y pérdidas patrimoniales,
cabe hacer referencia a diversos cambios que
introduce la nueva regulación.
1. La tributación de las ganancias patrimoniales se
sujeta a un tipo de gravamen fijo del 18 por 100, bien
entendido que ello resulta aplicable a las que procedan
de la transmisión de elementos del patrimonio del
contribuyente. Pero aquellas otras que no tengan dicha
procedencia y que, como anteriormente vimos, forman
parte de la base imponible general, no incluyéndose en
la base imponible del ahorro (subvenciones, indemnización
al arrendatario por resolución del arrendamiento,
precio percibido por opción de compra, etc.), no tributan
al 18%, sino que se les aplica la tarifa general del
impuesto.
2. A efectos de aplicar el mencionado tipo fijo del
18%, resulta ya indiferente que el elemento patrimonial
transmitido haya sido adquirido por el contribuyente con
antelación superior o inferior a un año, pues en ambos
casos se aplicará dicho tipo de gravamen (a diferencia
de lo que ocurría en la regulación anterior, en la que se
aplicaba otro tipo fijo del 15% sólo en los casos de que
el elemento patrimonial transmitido se hubiera adquirido
con más de un año de antelación; en caso contrario, si
no había transcurrido aún un año desde su adquisición,
la ganancia resultaba gravada con la tarifa general del
impuesto).
Ahora bien, la distinción entre ganancias generadas
en menos de un año, o en más de un año, sigue teniendo
relevancia a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio,
como más adelante se verá.
3. La retención sobre las ganancias patrimoniales
derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones
y participaciones de instituciones de inversión colectiva
(fondos de inversión, etc.) será del 18 por 100.
4. Proliferan las referencias al valor normal de mercado
(pese a la indeterminación del mismo, que siempre
podrá discutirse y apreciarse de formas diversas), de
forma que, en las transmisiones onerosas, por importe
real del valor de enajenación se tomará el efectivamente
satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal
de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste. Y, en las
transmisiones gratuitas o a título lucrativo, se tomará por
importe real de los valores respectivos de transmisión
y adquisición, los que resulten de la aplicación de las
normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin
que puedan exceder del valor de mercado.
Todo esto está muy bien, pero la Administración tributaria
se asegura, una vez más, la posibilidad de intervenir
y aumentar la recaudación impositiva en toda clase de
transmisiones que hagan los contribuyentes de sus elementos
patrimoniales, a costa de introducir nuevamente
mayor inseguridad jurídica. Porque, la referencia al valor
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
de mercado, cuando éste resulta indefinido y el contribuyente
no tiene una tabla o un índice de los valores de
mercado que aplicar, viene a introducir otro motivo de
conflicto permanente.
5. Los apartados 1 y 2 de la Disposición Transitoria 7a
de la nueva Ley del IRPF se ocupan de aclarar el régimen
transitorio aplicable a las pérdidas patrimoniales
correspondientes a los ejercicios 2003 a 2006, que se
encuentren pendientes de compensación a la fecha de
entrada en vigor de la nueva ley, distinguiendo entre las
que tuvieron un período de generación superior al año,
frente a las que se generaron en menos de un año.
6. En relación con la aplicación de los coeficientes
de abatimiento a las ganancias patrimoniales que
procedan de la transmisión de elementos patrimoniales
adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, se establece
un régimen transitorio que tiende a la progresiva y
paulatina eliminación o desaparición de los mismos.
Así, a partir de 2007, en cada ganancia patrimonial
que el contribuyentes obtenga, habrá que distinguir la
parte de la misma que se haya generado con anterioridad
a 20 de enero de 2006, que será la que proporcionalmente
corresponda al número de días transcurridos
entre la fecha de adquisición y el 19 de enero de 2006,
ambos inclusive, respecto del número total de días que
hubiera permanecido en el patrimonio del contribuyente.
A la parte de la ganancia generada antes del
20/01/06 se aplicarán los coeficientes de abatimiento
que correspondan, tomando en consideración el número
de años que medie entre la fecha de adquisición
del bien y el 31 de diciembre de 1996, redondeado por
exceso (11,11% por cada año de permanencia que
exceda de dos, si se trata de inmuebles; 25% si se trata
de acciones admitidas a cotización; y 14,28%, tratándose
de cualquier otro elemento patrimonial). Y a la parte
de la ganancia generada con posterioridad al 20/01/06,
no resultarán de aplicación los mencionados coeficientes
de abatimiento, tributando dicha parte o porción
íntegramente al tipo fijo de gravamen del 18%.
Esto mismo resulta aplicable, igualmente, a las transmisiones
de dichos elementos patrimoniales que se
hubieran realizado en el propio ejercicio 2006, a partir
del 20 de enero de dicho año, con la única diferencia
de que la parte de ganancia generada entre esta
fecha y la transmisión realizada en el año 2006, tributará
al tipo fijo del 15%, en lugar del nuevo tipo del 18%. Pero,
si la transmisión tuvo lugar antes del 20/01/06, no será
preciso distinguir parte alguna dentro de la ganancia
patrimonial, en función de fecha alguna, sino que a tal
ganancia íntegra le serán de aplicación los coeficientes
de abatimiento.
En los casos en que los elementos transmitidos sean
valores admitidos a cotización oficial, o acciones y participaciones
en instituciones de inversión colectiva, se
establecen reglas especiales, en función de que el valor
de transmisión sea igual, superior o inferior al que corresponda
a tales valores a efectos del Impuesto sobre
Patrimonio del año 2005.
Todo lo anterior no será de aplicación en los casos
de fallecimiento del contribuyente antes del 30 de
noviembre de 2006 (fecha de entrada en vigor de este
régimen transitorio aplicable a los coeficientes de abatimiento),
ya que si aquél hubiera transmitido en 2006
elementos adquiridos antes del 31/12/94, falleciendo
Doctrina
posteriormente, pero antes del 30/11/06, sus herederos
o sucesores (obligados a presentar la declaración de
Renta del fallecido) aplicarán el régimen de los coeficientes
de abatimiento vigente a 31 de diciembre de
2005, es decir, el existente antes de aprobarse la nueva
normativa.
H) Reducciones de la base imponible. Planes de Pensiones
y Mutualidades. Pensiones compensatorias.
En materia de reducciones de la base imponible,
también se recogen varias novedades.
1. Por lo que se refiere a las aportaciones y contribuciones
a Planes de Pensiones, Mutualidades de Previsión
Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes de
Previsión Social y demás instrumentos de previsión social
que reducen la base imponible general del impuesto,
a partir de 2007, se introduce un nuevo límite máximo
aplicable al conjunto de las aportaciones anuales que
pueden dar derecho a reducir la base imponible, que
será la menor de las cantidades siguientes:
• El 30% de la suma de los rendimientos netos del
trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente
en el ejercicio. Este porcentaje será del 50%
para contribuyentes mayores de 50 años.
• 10.000 euros anuales (en el caso de contribuyentes
mayores de 50 años, este importe será de 12.500 euros).
No se olvide que las cantidades abonadas en virtud
de contratos de seguros concertados con Mutualidades
de Previsión Social por profesionales no integrados en
alguno de los regímenes de la Seguridad Social, en la
parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias
ya consabidas (caso de la Mutualidad de la
Abogacía), constituyen gastos deducibles de los ingresos
obtenidos en la actividad profesional con el límite de
4.500 euros anuales. Por lo tanto, las cantidades aportadas
por encima de este límite máximo anual serán las
que reducirían la base imponible general de tales contribuyentes,
y a dicho exceso sobre 4.500 euros anuales le
resultará de aplicación el límite antedicho (30% ó 10.000
euros, con carácter general, y 50% ó 12.500 euros si tienen
más de 50 años).
Al igual que hacía la regulación derogada, se prevé
que las cantidades que no puedan ser objeto de reducción
en la base imponible por insuficiencia de la misma,
o por aplicación del límite porcentual anterior, podrán
reducirse en los cinco ejercicios siguientes.
A este respecto, conviene tener presente que el
límite porcentual del 30 ó 50 % antedicho, no será de
aplicación a las cantidades aportadas con anterioridad
a 1 de enero de 2007 a sistemas de previsión social y que
a dicha fecha se encuentren pendientes de reducción
en la base imponible por insuficiencia de la misma.
Además, la nueva normativa también recoge otra
previsión contenida en la antigua regulación: los contribuyentes
cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos
del trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga
en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrán reducir
en la base imponible las aportaciones realizadas a los
sistemas de previsión social de los que sea partícipe,
mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo
de 2000 euros anuales.
29

30
Doctrina
2. Los artículos 53 y 54 de la nueva Ley del IRPF regulan
las reducciones por aportaciones y contribuciones
a sistemas de previsión social constituidos a favor de
personas con discapacidad, así como a patrimonios
protegidos de tales personas.
3. Y el art. 55 de dicha ley establece que las pensiones
compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades
por alimentos, con excepción de las fijadas a favor
de los hijos del contribuyente, satisfechas ambas por
decisión judicial, podrán ser objeto de reducción en la
base imponible.
No está de más recordar, a estos efectos, que las
pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las
anualidades por alimentos tienen la consideración de
rendimientos del trabajo para su perceptor, así como que
están exentas del IRPF las anualidades por alimentos percibidas
de los padres en virtud de decisión judicial. Por su
parte, los arts. 64 y 75 de la nueva Ley del impuesto, recogen
algunas especialidades aplicables en los supuestos
de anualidades por alimentos a favor de los hijos.
I) Mínimo personal y familiar
El mínimo personal y familiar se configura como la
parte de la base liquidable –abarcando en primer lugar
la base liquidable general y, en segundo término, la
base liquidable del ahorro-- que, por destinarse a satisfacer
las necesidades básicas personales y familiares del
contribuyente, no se somete a tributación en el IRPF.
El mínimo personal y familiar será el resultado de sumar
el mínimo del contribuyente y los mínimos por descendientes,
ascendientes y discapacidad, cuyas cuantías se incrementan
respecto de la anterior regulación normativa.
J) Deducciones de la cuota. Inversión en vivienda habitual
Entrando ya en el capítulo relativo a las deducciones
de la cuota que, tras disminuir la cuota íntegra del
impuesto, dan lugar a que se obtenga la cuota líquida
del mismo, también encontramos algunas modificaciones
incorporadas por la nueva regulación del IRPF.
1. Deducción por inversión en vivienda habitual: se
mantiene en vigor esta deducción, con la diferencia
de que su importe ascenderá, a partir de 2007, al 15 por
100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio fiscal
por la adquisición de la vivienda, porcentaje éste que
se aplicará sobre una base máxima por esta deducción
de 9.015 euros anuales. Por tanto, desaparecen ya los
porcentajes de deducción incrementados (25 y 20%)
por utilización de financiación ajena, que anteriormente
existían en los primeros años de inversión en vivienda
habitual. No obstante, se prevé que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado establezca alguna compensación
fiscal para los contribuyentes que hubieran
adquirido su vivienda habitual antes del 20 de enero de
2006 y tuvieran derecho a estos porcentajes incrementados
de deducción por adquisición de vivienda, a fin de
que no resulten perjudicados por el nuevo régimen fiscal
que es menos favorable (esta previsión se recogerá en
la próxima Ley de Presupuestos para 2008, pues en este
año se presentará la primera declaración de renta con
arreglo a la nueva normativa de 2007).
En los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o
separación judicial, el contribuyente podrá seguir practicando
esta deducción por inversión en vivienda habitual,
por las cantidades satisfechas en el ejercicio fiscal
para la adquisición de la que fue durante la vigencia del
matrimonio su vivienda habitual, siempre que continúe
teniendo esta condición para los hijos comunes y el progenitor
en cuya compañía queden.
Las Disposiciones Transitorias 1a y 2a de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2007 recogen
las tradicionales compensaciones fiscales a los arrendatarios
y adquirentes de vivienda habitual anteriores
a 1998.
2. Deducciones en actividades económicas: la nueva
normativa del IRPF continúa remitiéndose a la regulación
del Impuesto sobre Sociedades, a estos efectos.
Y, en este sentido, hay que manifestar que uno de los
objetivos de la reforma operada en el impuesto societario
no es otro que el de ir eliminando progresivamente
las distintas deducciones en la cuota previstas en dicho
impuesto, a razón de un 20% anual, hasta que en 2011
desaparezcan la totalidad de las mismas (salvo la
deducción por reinversión de beneficios extraordinarios,
y la deducción por creación de empleo para discapacitados).
Los empresarios en módulos podrán aplicar las
deducciones para el fomento de las tecnologías de
la información y de la comunicación, si bien la base
conjunta de estas deducciones tendrá como límite el
rendimiento neto de las actividades económicas, por
el método de estimación objetiva, computado para la
determinación de la base imponible.
3. A diferencia de la tendencia a eliminar desgravaciones
en el Impuesto sobre Sociedades, en el IRPF
se mantienen otras deducciones ya existentes en la
antigua normativa: donativos, Ceuta y Melilla, cuenta
ahorro-empresa, Patrimonio Histórico, etc.
Como ya dijimos en un momento anterior, la que sí
desaparece es la deducción por doble imposición de
dividendos.
La base de las deducciones por donativos y Patrimonio
Histórico no podrá exceder para cada una de ellas
del 10% de la base liquidable del contribuyente.
También se mantienen la deducción por doble
imposición internacional y la deducción por maternidad,
si bien éstas deducciones minoran la cuota líquida
total del impuesto, obteniéndose así la cuota diferencial
del mismo.
4. La Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad
Complementaria del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía aprueba nuevas deducciones
en el IRPF para el supuesto de familias monoparentales,
y por asistencia a personas con discapacidad, al tiempo
que procede a la mejora de otras deducciones aprobadas
con anterioridad.
Por un lado, se aprueba una nueva deducción (de
100 euros) para madre o padre de familia monoparental,
que se incrementa en caso de convivencia con
ascendientes mayores de 75 años, y también se aprueba
otra deducción nueva por asistencia a personas con
discapacidad.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Por otro lado, se modifican las deducciones autonómicas
andaluzas por inversión en vivienda habitual
(se incrementa el importe de la misma, se eliminan los
límites de base imponible existentes para aplicar la
deducción autonómica por adquisición de vivienda
habitual que tenga la consideración de protegida, etc.)
y por cantidades invertidas en el alquiler (se incrementa
su cuantía máxima, de los 150 euros actuales, hasta 500
euros), así como las deducciones por adopción de hijos
en el ámbito internacional (se incrementan los límites de
base imponible) y por discapacidad (sube su importe
de 50 a 100 euros, adaptándose los límites de la base
imponible).
K) Régimen de atribución de rentas
Con respecto al régimen de atribución de rentas
aplicable a sociedades civiles, comunidades de bienes,
etc., hay que resaltar que diversas reducciones previstas
en la normativa del IRPF (como por ejemplo, las que se
aplican en los casos de obtención de rendimientos por
arrendamiento de vivienda, o por obtención de rendimientos
procedentes de actividades económicas, ya
referidas con anterioridad) no serán de aplicación a la
hora de calcular las rentas a atribuir a cada miembro o
partícipe, sino que los miembros de la entidad en régimen
de atribución de rentas que sean contribuyentes
por el IRPF serán quienes podrán practicar en su declaración
tales reducciones.
L) Gestión del impuesto
En relación con la gestión del impuesto, el artículo 96
de la nueva Ley del IRPF recoge los nuevos límites que
determinan la obligación, o no, de presentar declaración
por este impuesto.
Se suprime el modelo de comunicación para la
devolución rápida, al entender el legislador que la generalización
del borrador hace prácticamente innecesario
su mantenimiento.
Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones
específicas de información de carácter patrimonial,
simultáneas a la presentación de la declaración del
IRPF o del Impuesto de Patrimonio, destinadas al control
de las rentas o de la utilización de determinados bienes
y derechos de los contribuyentes (no tardaremos mucho
en salir de dudas acerca de las nuevas ocurrencias de
la Administración tributaria).
En uno de sus artículos finales, la nueva Ley del IRPF
establece expresamente que los bienes gananciales
responderán directamente frente a la Hacienda Pública
por las deudas y sanciones tributarias por este impuesto,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria legalmente
prevista en caso de tributación conjunta en el IRPF.
LL) Compensaciones fiscales
La Ley de Presupuestos Generales del Estado (es de
suponer que la próxima, de 2008) recogerá compensaciones
fiscales para los contribuyentes que perciban un
capital diferido derivado de un contrato de seguro de
vida o invalidez generador de rendimientos de capital
Doctrina
mobiliario contratado antes del 20 de enero de 2006, así
como para los contribuyentes que perciban rendimientos
obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios
procedentes de instrumentos financieros contratados
antes de esa misma fecha, con el fin de que tales contribuyentes
no resulten perjudicados por la aplicación del
nuevo régimen fiscal, en caso de que éste sea menos
favorable que la regulación anteriormente vigente.
Debe destacarse que el cobro en forma de capital
de los seguros de vida-ahorro (también conocidos como
seguros e supervivencia, que se cobran al alcanzar
determinada edad, normalmente coincidente con la
jubilación) pierde las reducciones que antes existían con
la normativa anterior, y que oscilaban entre el 40 y el 75
por 100 de las cuantías percibidas. En cambio, ahora
van a tributar como renta del ahorro, al tipo fijo del 18%,
en lugar de gravarse como antes con la aplicación
de la tarifa progresiva del impuesto. Y, además, cabe
recordar que tales seguros de vida, si se transforman en
planes individuales de ahorro sistemático (que se cobran
como renta vitalicia) cuando venzan, se beneficiarán
de la exención de todos los rendimientos o rentabilidades
generadas durante todo su período de vigencia. En
todo caso, antes de rescatar estos seguros de ahorrovida
puede resultar conveniente esperar a conocer las
compensaciones que incluirá la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las pólizas contratadas antes
del 20 de enero de 2006.
IV. Impuesto sobre sociedades
Tanto la Ley 35/2006 (nueva Ley del IRPF, y que modifica
también la Ley del Impuesto sobre Sociedades), como
la Ley 36/2006 (de Prevención del Fraude Fiscal), recogen
modificaciones puntuales en el impuesto societario ya
que, como reconoce el propio legislador, estamos ante
la primera fase de la reforma prevista en este impuesto,
que se completará en sus aspectos sustanciales, una vez
se haya producido el desarrollo de la adecuación de
la normativa contable a las Normas Internacionales de
Contabilidad, dada su relación con el Impuesto sobre
Sociedades. Así pues, hasta que no se apruebe la reforma
contable (prevista, en principio, para 2008), no tendrá
lugar una reforma amplia de este tributo.
Las novedades en las que nos vamos a centrar en
este impuesto, podemos circunscribirlas a cinco materias,
alguna de las cuales va a repercutir en gran medida en el
desarrollo de nuestra profesión, sobre todo, las relativas a
los tipos de gravamen y a las operaciones vinculadas, en
la medida en que el ejercicio de la abogacía se desarrolle
a través de un despacho constituido en forma societaria.
A) Tipos de gravamen
1. El tipo general del impuesto (35%) se reduce, de
forma gradual, en dos años, de forma que, en el ejercicio
2007, dicho tipo de gravamen pasa a ser el 32,5 por
100 y, a partir de 2008, quedará fijado en el 30 por 100.
2. Sin embargo, para las pequeñas y medianas
empresas (aquellas cuyo importe neto de la cifra de
negocios no supere los 8 millones de euros, y que venían
tributando en este impuesto con un tipo fijo del 30% por
la parte de base imponible que no superase los 120.000
euros, y con un tipo del 35% por el exceso sobre dicho
31

32
Doctrina
importe), la reducción de cinco puntos de sus tipos
impositivos se realiza en un solo ejercicio, por lo que su
tipo impositivo, para aquella parte de su base imponible
que no supere 120.202,41 euros, quedará fijado en el 25
por 100 a partir del mismo ejercicio 2007, mientras que el
exceso sobre dicha cuantía tributará al tipo del 30 por
100 también a partir de 2007.
B) Deducciones de la cuota
Nuestro legislador ha decidido la progresiva eliminación
de las distintas bonificaciones y deducciones
previstas en el Impuesto sobre Sociedades.
La mayoría de las deducciones se van reduciendo
paulatinamente (a razón de un 20% anual), hasta su
completa desaparición a partir del año 2011 (este es el
caso de la deducción por actividades de investigación
y desarrollo e innovación tecnológica, y de la deducción
por inversiones para la implantación de empresas
en el extranjero, etc. La bonificación por actividades
exportadoras de producciones cinematográficas y de
libros, así como las deducciones por inversiones en bienes
de interés cultural, producciones cinematográficas y
edición de libros, se mantienen hasta el año 2014).
Entre las desgravaciones fiscales que se mantienen
en este impuesto, pueden citarse las deducciones por
reinversión de beneficios extraordinarios, por creación
de empleo para discapacitados y por contribuciones a
planes de pensiones de empleo o planes de previsión
social empresarial y similares.
Se suprime, igualmente, la deducción por
doble imposición de dividendos y se establece un
régimen transitorio para las deducciones para evitar la
doble imposición que estuviesen pendientes de aplicar
a partir del 01/01/07 (pudiendo deducirse la deducción
por doble imposición internacional en el plazo de los 7
años siguientes cuando haya insuficiencia de cuota, y
en el plazo de los 10 años siguientes la deducción por
doble imposición internacional).
C) Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
Como se ha dicho, este beneficio fiscal se mantiene,
si bien en términos que van a hacer que su aplicación
sea más restrictiva que en la anterior regulación.
1. Dado que el tipo general del impuesto se ha visto
reducido, también se reduce el porcentaje de esta
deducción que, en definitiva, pretende gravar la transmisión
de elementos patrimoniales al 18 por 100, tal y
como ocurre en el IRPF. Por tanto, si el tipo de gravamen
es el 30%, la deducción aplicable será del 12 por 100.
Cuando la entidad tribute al 25%, la deducción será del
7 por 100, y si el tipo impositivo que se aplica es el 35%, la
deducción en la cuota será del 17 por 100.
No está de más recordar que de la cuota íntegra del
impuesto se deducirá el 12%, 7% ó 17% --según corresponda--
de las rentas positivas obtenidas en la transmisión
onerosa de determinados elementos patrimoniales,
a condición de que se reinvierta en otros determinados
bienes el importe obtenido en dicha transmisión.
2. Los elementos patrimoniales transmitidos han de
pertenecer al inmovilizado material e inmaterial, debiendo
estar afectos a actividades económicas y que hubiesen
estado en funcionamiento al menos un año antes
de la transmisión. O bien, puede tratarse igualmente de
valores o participaciones en el capital de toda clase de
entidades, que otorguen una participación no inferior
al 5% sobre el mismo y que se hayan poseído, al menos,
con un año de antelación a la fecha de transmisión,
siempre que no se trate de operaciones de disolución o
liquidación de esas entidades.
3. En cuanto a los elementos patrimoniales objeto de
la reinversión, se exige que ésta se haga en bienes del
inmovilizado material o inmaterial afectos a actividades
económicas, cuya entrada en funcionamiento se realice
dentro del plazo de reinversión. Asimismo, también
podrá hacerse la reinversión en valores o participaciones
en el capital de toda clase de entidades que otorguen
una participación no inferior al 5% sobre dicho capital
(el cómputo de la participación adquirida se referirá al
plazo establecido para realizar la reinversión), debiendo
tenerse presente que no se computan, a estos efectos,
las participaciones en entidades donde más de la mitad
de su activo esté integrado por existencias (por ejemplo,
promotoras), ni en aquéllas cuya actividad principal sea
la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario (careciendo,
pues, de actividad económica propiamente
dicha), ni tampoco las participaciones en instituciones de
inversión colectiva (fondos de inversión, etc.).
No se entenderá realizada la reinversión cuando la
adquisición se lleve a cabo mediante operaciones realizadas
entre entidades vinculadas, salvo que se trate de
elementos de inmovilizado material nuevos.
4. Por lo general, la reinversión ha de llevarse a cabo
dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la
fecha de la puesta a disposición del elemento patrimonial
transmitido y los tres años posteriores, si bien continúa siendo
posible proponer a la Administración tributaria un plan
especial de reinversión y someterlo a su aprobación.
La deducción se practicará en la cuota íntegra
correspondiente al período impositivo en que se efectúe
la reinversión, y si ésta se realiza antes de la transmisión,
entonces la deducción tendrá lugar en el ejercicio fiscal
en que se lleve a cabo la transmisión.
5. Téngase en cuenta que, si bien la base de la
deducción está constituida por el importe obtenido en
la transmisión de los elementos patrimoniales, a efectos
del cálculo de esta base de deducción, el valor de
transmisión no podrá superar el valor de mercado.
6. Por último, no se olvide que los elementos patrimoniales
en que se reinvierta, deberán permanecer
en funcionamiento en el patrimonio del sujeto pasivo,
salvo pérdida justificada, durante el plazo de 5 años (ó
3 años, si se trata de bienes muebles), a no ser que su
vida útil fuere inferior; y que la sociedad está obligada a
hacer constar en la memoria de las cuentas anuales el
importe de la renta acogida a la deducción y la fecha
de la reinversión.
D) Operaciones vinculadas
1. La Ley de Medidas para la Prevención del Fraude
Fiscal introduce una nueva redacción del art. 16 de
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, relativo a las
operaciones vinculadas, con el objeto --según el legislador--
de adaptar la legislación española en materia de
precios de transferencia al contexto internacional, en
particular a las directrices de la OCDE sobre la materia y
al Foro europeo sobre precios de transferencia.
El caso es que, la reforma, lejos de afectar únicamente
a las empresas multinacionales y a sus relaciones
entre matrices y filiales --como vienen comentando los
medios de comunicación--, en realidad puede resultar
de aplicación a todas las sociedades (grandes, pequeñas
y medianas) y a sus relaciones con sus socios y familiares
de éstos. Por ejemplo, todas aquellos sociedades
que vienen pagando nóminas a sus socios, se verán
afectadas por la nueva normativa.
2. Se consideran operaciones vinculadas las que se
lleven a cabo entre alguna de las siguientes personas o
entidades: una entidad, sus socios o partícipes, sus consejeros
o administradores, los cónyuges o familiares (en
línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad,
ampliándose hasta el tercer grado) de éstos o aquéllos,
grupos de sociedades (ya sea entre las entidades del
grupo, o entre éstas y sus socios, administradores o familiares),
etc. Los administradores incluyen tanto a los de
derecho, como a los de hecho.
Para que exista vinculación en los supuestos en que
la misma se defina en función de la relación socio-entidad,
la participación habrá de ser igual o superior al 5
por 100, ó al 1 por 100 si se trata de valores admitidos a
negociación en mercado oficial.
3. Las operaciones efectuadas entre personas o entidades
vinculadas, deben valorarse necesariamente por
su valor normal de mercado, que es aquél que se habría
acordado por personas o entidades independientes en
condiciones de libre competencia (o sea, una indefinición,
algo indeterminado, que puede ser permanente
foco de conflictos, habida cuenta que ahora su incumplimiento
va a ser objeto de sanciones).
Para la determinación del valor normal de mercado,
la ley establece la aplicación de varios métodos: del
precio libre comparable, del coste incrementado, del
precio de reventa, de la distribución del resultado o del
margen neto del conjunto de operaciones. Aún así,
habrá supuestos en que sea complejo la determinación
de dicho valor de mercado, sobre todo cuando estemos
ante prestaciones de servicios o intangibles.
4. La Administración tributaria podrá comprobar
que las operaciones vinculadas se han valorado por su
valor normal de mercado, efectuando en su caso las
correcciones valorativas que procedan respecto de las
operaciones sujetas al Impuesto de Sociedades, al IRPF o
al impuesto de no residentes, que no hubieran sido valoradas
por su valor de mercado, con la documentación
aportada por el sujeto pasivo y los datos e información
de que disponga.
En los casos en que el valor convenido sea distinto
del valor de mercado –aparte de las sanciones pertinentes--,
la diferencia tendrá la consideración de dividendo
o participación en beneficios si dicha diferencia fuese a
favor del socio; y, si esta diferencia fuese a favor de la
entidad, la misma tendrá la consideración de aportación
del socio al capital social.
Doctrina
5. Constituye infracción tributaria sancionable, con
multas que alcanzan hasta 15.000 euros, el hecho de
no aportar, o aportar de forma incompleta, inexacta o
con datos falsos, la documentación que se establezca
reglamentariamente. Y también constituye infracción
tributaria sancionable que el valor normal de mercado
que se derive de dicha documentación no sea el declarado
en el Impuesto de Sociedades, en el IRPF o en el
impuesto de no residentes.
6. Los contribuyentes podrán acudir a acuerdos de
valoración con la Administración tributaria, para fijar
conjuntamente el valor normal de mercado de las operaciones
vinculadas durante varios períodos impositivos,
que no excedan de 4 años (se trata de una especie
de convenio fiscal de valoración, cuya operatividad y
aplicación práctica está por ver cómo evoluciona, en
función del celo que Hacienda ponga en esta materia
tras la entrada en vigor de la nueva regulación de las
operaciones vinculadas).
7. La reforma introducida elimina una ventaja fiscal
que tenían los despachos de profesionales (y, por tanto,
los abogados), constituidos bajo forma societaria, en
cuya virtud la contraprestación recibida por los socios
profesionales, por un trabajo o servicio realizado para
su despacho, se consideraba que coincidía con el valor
normal de mercado.
Esta fue una regla introducida en la normativa del
IRPF y del Impuesto sobre Sociedades en el año 2003, e
impedía que la Administración tributaria pudiera revisar
el valor o importe de tales operaciones. Y en el fondo
de tal regla, subyacía la idea de que toda pretensión
de determinar el verdadero valor de mercado de los
servicios que los profesionales prestaban a su sociedad
resultaría compleja y confusa, constituyendo además un
foco permanente de conflictos. Por ello, se pensó que lo
mejor, para evitar complicaciones, era entender que lo
que un socio profesional cobra a su despacho se ajusta
siempre al valor de mercado.
Sin embargo, la nueva regulación de las operaciones
vinculadas elimina por completo esa regla especial
para las sociedades de profesionales, que recibirán a
partir de 2007 el mismo tratamiento que cualquier otra
empresa: determinar el valor de mercado, tener la
documentación reglamentaria, soportar sanciones en
caso de incumplimientos, etc.
Además, esto puede verse agravado con la supresión
que pretende llevar a cabo el Gobierno (según
dice, por imperativo de la Unión Europea) de los baremos
orientadores de honorarios de los Colegios profesionales,
con lo que nos podríamos quedar sin una referencia
concreta a la que acudir en caso de discrepancia
acerca del dichoso valor de mercado.
8. La nueva regulación de las operaciones vinculadas
contenida en el Impuesto sobre Sociedades se
completa, en el ámbito de las personas físicas, con la
remisión que el art. 41 de la nueva Ley del IRPF hace
al nuevo art. 16 de la Ley del Impuesto de Sociedades,
al señalar que la valoración de las operaciones entre
personas o entidades vinculadas se realizará por su valor
normal de mercado, en los términos previstos en el art.
16 citado.
33

34
Doctrina
E) Sociedades patrimoniales
1. El régimen específico de las sociedades patrimoniales
--cuya entrada en vigor se produjo el pasado
ejercicio 2003-- desaparece ya, a partir de 2007, pasando
tales sociedades a tributar con arreglo a las normas
generales del Impuesto sobre Sociedades, sin ninguna
especialidad. Por tanto, ya no se aplicarán las normas
del IRPF para determinar la base imponible de tales
entidades, las cuales pasan a tributar al tipo general del
impuesto de Sociedades, si bien se mantienen los derechos
adquiridos en cuanto a compensación de bases
negativas, aplicación de deducciones en cuota, reparto
a los socios de las reservas de las sociedades patrimoniales
sin que éstos tributen por ello en el IRPF, etc.
2. Se regula un régimen transitorio, al objeto de que
estas sociedades puedan adoptar su disolución y liquidación
sin coste fiscal, y que en gran medida sigue los
parámetros que se aplicaron en su día con la supresión
del régimen de las sociedades transparentes: exención
en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (Operaciones
Societarias), no sujeción al impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
(si se adjudican inmuebles a los socios), no tributación
en el impuesto sobre sociedades por las posibles plusvalías
generadas por las adjudicaciones a los socios de los
elementos patrimoniales de la entidad disuelta, etc.
Ahora bien, para que este régimen transitorio pueda
resultar aplicable se exigen varios requisitos: que la entidad
mantuviera la condición de sociedad patrimonial,
al menos, a partir de 2005; que el acuerdo de disolución
con liquidación se adopte válidamente en los 6 primeros
meses desde el inicio del primer período impositivo que
comience a partir del 01/01/07 (normalmente, pues,
habrá de estar adoptado el 30 de junio de 2007, como
máximo); y que, dentro de los 6 meses siguientes a la
adopción de dicho acuerdo, se realicen todos los actos
o negocios jurídicos necesarios hasta la cancelación
registral de la sociedad en liquidación.
V. I.V.A.
En el ámbito de este impuesto, los cambios introducidos
vienen de la mano de la Ley de Medidas para la
Prevención del Fraude Fiscal, y de ellas cabe destacar
las siguientes:
• Nueva definición del autoconsumo de servicios.
• De forma similar a lo señalado anteriormente en
el ámbito del impuesto sobre Sociedades, también en
el IVA hay una remisión al “valor normal de mercado”
como regla especial de determinación de la base
imponible en las operaciones vinculadas, si bien existen
algunas diferencias entre ambos tributos a propósito de
los supuestos de hecho en los que la norma especial de
valoración resulta aplicable.
• Se establece la responsabilidad subsidiaria en el
pago del impuesto para los destinatarios de operaciones
que sean empresarios o profesionales y “pudieran
razonablemente presumir” que el IVA repercutido por el
empresario que hace la operación, no haya sido ni va a
ser objeto de declaración o ingreso. Se considerará que
“puede razonablemente presumir” cuando, entre otros,
pagó un “precio notoriamente anómalo”. Este tipo de
normas --que se crean ante la proliferación de tramas
de defraudación de IVA--, puede que sea loable su espíritu,
pero en su aplicación práctica debiera tenerse cierta
cautela para no conducir a resultados indeseables.
Según Hacienda, esta medida cuenta con el respaldo
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
pero es de esperar que este órgano ponga límite a posibles
abusos en la aplicación práctica de esta norma por
parte de las autoridades tributarias.
• Se crea un nuevo régimen especial de grupo de
entidades, estableciéndose la posibilidad de declarar
en el IVA como grupo de sociedades (a partir de 2008),
de forma parecida al régimen existente en el impuesto
de sociedades, teniendo carácter opcional.
• Finalmente, reseñar que una Orden de 28 de
diciembre de 2006 del Ministerio de Economía y Hacienda
suprime, a partir del 1 de enero de 2007, los supuestos
de exención o de no sujeción que hasta entonces
venían siendo de aplicación a determinadas operaciones
con la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis,
las parroquias y otras circunscripciones territoriales,
así como con las Ordenes y Congregaciones religiosas
y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus
casas. Desaparecen, pues, los beneficios fiscales relativos
al IVA (y al Impuesto General Indirecto Canario)
que el Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado
Español y la Santa Sede reconocían a favor de la Iglesia
Católica. Tales operaciones pasan a considerarse, a partir
de dicha fecha, sujetas y no exentas en el IVA.
VI. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos juridicos documentados, e impuesto sobre
sucesiones y donaciones.
Tres son las novedades fiscales que pueden destacarse
en relación con estos impuestos:
A) Nuevos coeficientes aplicables al valor catastral
La Orden de 22 de diciembre de 2006 de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía
aprueba los coeficientes aplicables en 2007 al valor
catastral para estimar el valor real de determinados
inmuebles urbanos (viviendas, oficinas y locales, entre
otros, que radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma
andaluza) a efectos del I.T.P.A.J.D. y del I.S.D.
Básicamente, la nueva Orden resulta idéntica a la
que en 2005 le precede, si bien recoge una subida de los
coeficientes multiplicadores que se aplicarán en 2007.
Así, a título de ejemplo, baste citar que en el municipio
de Sevilla capital se pasa de aplicar el coeficiente 2,50
(en el año 2006), a multiplicar el valor catastral por el
coeficiente 3,10 en el presente año.
B) Nueva redacción del artículo 108 de la Ley del Mercado
de Valores
Como sabemos, la transmisión de valores (acciones,
participaciones sociales,...) está exenta del IVA y del
ITPAJD.
Sin embargo, el art. 108 de la Ley 24/1988 del Mercado
de Valores exceptúa de lo anterior, sujetando a
tributación en ITPAJD como transmisiones onerosas de
bienes inmuebles, los supuestos siguientes:
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
1. Cuando los valores o participaciones transmitidos
o adquiridos representen partes alícuotas del capital
social o patrimonio de sociedades, fondos, asociaciones
y otras entidades cuyo activo esté constituido al menos
en un 50 por 100 por inmuebles situados en territorio
español, o en cuyo activo se incluyan valores que le permitan
ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté
integrado al menos en un 50% por inmuebles radicados
en España, siempre que, como resultado de dicha
transmisión o adquisición, el adquirente obtenga una
posición tal que le permita ejercer el control sobre esas
entidades o, una vez obtenido dicho control, aumente
la cuota de participación en ellas (tratándose de sociedades
mercantiles, se entenderá obtenido dicho control
cuando directa o indirectamente se alcance una participación
en el capital social superior al 50%). Con esta
nueva redacción se aumentan, pues, los supuestos de
hecho encajables en este primer supuesto.
Además, deben tenerse en cuenta, a efectos del
cómputo del 50 por 100 del activo constituido por
inmuebles, las siguientes novedades: a) los valores netos
contables de todos los bienes se sustituirán por sus respectivos
valores reales determinados a la fecha de la
transmisión o adquisición; b) no se tendrán en cuenta
aquellos inmuebles, salvo los terrenos y solares, que
formen parte del activo circulante de las entidades
cuyo objeto social exclusivo consista en el desarrollo de
actividades empresariales de construcción o promoción
inmobiliaria; c) el cómputo deberá realizarse en la
fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición
de los valores o participaciones, debiendo formarse un
inventario del activo en dicha fecha y facilitarlo a la
Administración tributaria a requerimiento de ésta; y d) el
activo total a computar se minorará en el importe de la
financiación ajena con vencimiento igual o inferior a 12
meses, siempre que se hubiera obtenido en el año anterior
a la fecha de la transmisión de los valores.
2. Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos
por las aportaciones de bienes inmuebles realizadas con
ocasión de la constitución o ampliación de sociedades,
o la ampliación de su capital social, siempre que entre la
fecha de aportación de los inmuebles y la de transmisión
de los valores o participaciones no hubiera transcurrido un
plazo de tres años (aumenta, por tanto, este plazo que,
anteriormente, estaba fijado en un solo año).
C) Nueva reducción del 99 por 100 aplicable en Andalucía
por la adquisición mortis causa de empresas individuales,
negocios profesionales y participaciones en
entidades
La Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad
Complementaria del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía establece una reducción propia
en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones
del 99 por 100 en el supuesto de adquisición mortis causa
de empresas individuales, de negocios profesionales y
de participaciones en entidades con domicilio fiscal,
y en su caso social, en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. En el caso de adquisición
de participaciones en entidades se requerirá, además,
que éstas tengan la consideración de entidades de
reducida dimensión. Tales requisitos relativos a la domiciliación
en Andalucía y a la participación en entidades,
deberán mantenerse durante los cinco años siguientes
al fallecimiento del causante.
Doctrina
Aparte de ello, la reducción ya existente, aplicable
a la base imponible del impuesto sucesorio por la adquisición
mortis-causa de empresas individuales, negocios
profesionales y participaciones en entidades, también
sufre alguna modificación, en el sentido de reducir de 10
a 5 años el requisito de mantenimiento de la adquisición.
VII. Tributos locales
El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla publicó,
el pasado 30 de diciembre de 2006 (en su número 300),
las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Sevilla aplicables
a los diversos tributos locales durante el ejercicio
2007, regulando, entre otros, los impuestos sobre bienes
inmuebles, actividades económicas, construcciones,
vehículos, “plusvalía municipal”, licencia de apertura,
tasa de basuras, así como los procedimientos tributarios
en materia de gestión, recaudación, inspección, revisión
y sanciones en el ámbito local.
A) Impuesto sobre Bienes Inmuebles
La Ley de Presupuestos Generales del Estado actualiza,
como ya viene siendo tradicional, todos los valores
catastrales de los bienes inmuebles mediante la aplicación
del coeficiente 1,02.
Por su parte, la Ordenanza Fiscal reguladora del
I.B.I. recoge como novedad o modificación a destacar
el aumento de la bonificación aplicable a la vivienda
habitual de las familias numerosas, que en 2007 regirá
con arreglo al siguiente cuadro:
Valor Catastral 3 Hijos 4 Hijos 5 ó más Hijos
Hasta 35.000 € 60%
(antes 40%)
De 35.000 a 60.000 € 40%
(antes 30%)
70%
(antes 50%)
50%
(antes 40%)
De 60.000 a 90.000 € 10% 20% 30%
80%
(antes 60%)
60%
(antes 50%)
Se mantiene el 28 de febrero como fecha máxima
para la solicitud de este beneficio fiscal, recogiéndose
expresamente en la Ordenanza cuál sería la consecuencia
de no presentar dicha solicitud en plazo: la desestimación
de tal solicitud.
B) Impuesto sobre Actividades Económicas
Prácticamente, se mantiene en idénticos términos
la regulación que, en 2006, se recogió en la Ordenanza
Fiscal reguladora de este tributo, con alguna leve modificación
en algunos beneficios fiscales. Concretamente,
la Ordenanza anterior aprobó una bonificación en este
impuesto del 50% para quienes tributen por cuota municipal
y, de forma simultánea:
— utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones
para el aprovechamiento de energías renovables
(siempre que no les sea aplicable la Ordenanza de Gestión
Local de la Energía).
— establezcan un Plan de Transporte para sus trabajadores
con objeto de reducir el consumo de energía y
35

36
Doctrina
las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar
del puesto de trabajo, y fomentar el empleo de transportes
colectivos o compartidos.
La Ordenanza de 2006 establecía, a su vez que, si
sólo se llevara a cabo uno de los dos requisitos señalados,
la bonificación sería sólo del 30%. Ahora, sin embargo,
desaparece tal previsión por lo que debe entenderse
que, tanto si se cumplen ambos requisitos, o sólo uno
de ellos, la bonificación aplicable será del 50%.
C) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras
En el ámbito de este tributo también encontramos
algunas modificaciones.
• Se incrementa del 50 al 75% la bonificación aplicable
en este impuesto a las construcciones, instalaciones
u obras que tengan por objeto exclusivo incorporar sistemas
para el aprovechamiento eléctrico de la energía
solar (ojo, que en este punto la Ordenanza habla sólo de
aprovechamiento “eléctrico” y no “térmico” de la energía
solar, a diferencia de la terminología empleada en el
ámbito del I.B.I. en que sí utiliza ambas expresiones).
• También sube del 50 al 75% la bonificación aplicable
en este tributo a las obras que tengan por objeto
favorecer las condiciones de accesibilidad de las personas
con discapacidad.
D) Tasa por Recogida de Basuras, y Tasa por Licencia
de Apertura
Por lo que respecta a la primera de las tasas mencionadas,
como ya viene siendo habitual, se incrementan
las cuotas a pagar por este tributo municipal, que nos
afecta de manera directa a los profesionales, en general,
y a los abogados, en particular, aunque continúan
siendo subidas asumibles, de escasa cuantía.
También experimenta una subida la Tasa de Licencia
de Apertura de Establecimientos, aunque, como ya
sabemos, el ejercicio individual de actividades profesionales
de carácter liberal no queda sujeto al pago de
esta tasa, siempre que no se utilicen fórmulas sociales.
E) Ordenanza General sobre Gestión, Recaudación e
Inspección
Con respecto a la Ordenanza de 2006 pueden
reseñarse los siguientes cambios que introduce la nueva
Ordenanza de 2007:
• En primer lugar, cambia la denominación de la propia
Ordenanza que, de llamarse “Ordenanza General
sobre Gestión, Recaudación, Inspección y Revisión en
vía administrativa de los ingresos de Derecho Público del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y de la Potestad Sancionadora
en materia tributaria local”, adopta ahora un
nombre más abreviado y menos intimidatorio, como es
el de Ordenanza General sobre Gestión, Recaudación
e Inspección.
• Se introduce la previsión legal en materia de cesión
de datos a terceros, en cuya virtud los datos, informes
o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria
municipal en el desempeño de sus funciones
tienen carácter reservado, sin que puedan cederse o
comunicarse a terceros salvo en los supuestos previstos
legalmente.
• Se incorporan nuevas previsiones normativas tendentes
a impulsar y utilizar las nuevas tecnologías electrónicas,
informáticas y telemáticas en el desarrollo de
las actividades de la Hacienda Municipal y en sus relaciones
con los contribuyentes.
• En materia de domiciliación bancaria para pago
de determinados impuestos locales --con aplicación de
descuentos o bonificaciones distintas para el primero,
segundo y sucesivos años de domiciliación--, se establece
que si, tras dar de baja una anterior domiciliación
bancaria, se volviera a realizar una nueva domiciliación
con respecto a los mismos expedientes tributarios, se
aplicará la bonificación por domiciliación que corresponda
de acuerdo con la primera solicitud de domiciliación.
• Se admite el pago de los tributos locales a través
de tarjeta de crédito, cuando se utilicen medios telemáticos,
y se regula el procedimiento de pago telemático
en sede de tributos locales.
• Se regula la suspensión del ingreso de la deuda
tributaria, con ocasión de la interposición del correspondiente
recurso o reclamación, de manera similar a como
se encuentra regulada esta materia en la legislación
estatal. A estos efectos suspensivos, la garantía del aval
bancario podrá sustituirse por la fianza personal y solidaria
de otros contribuyentes siempre que la deuda no
excede de 601, 01 euros.
• Se recogen también algunos cambios en el capítulo
de los aplazamientos y fraccionamientos.
• En el ámbito del recurso de reposición, además
de hacerse mención a la nueva normativa estatal reguladora
de la materia de revisión en vía administrativa,
se contempla expresamente el trámite de la puesta
de manifiesto del expediente. El contribuyente, si así lo
desea, podrá solicitar la cumplimentación de este trámite
en el plazo de interposición del recurso de reposición,
especificando las actuaciones concretas que solicita
para su examen. Presentado el escrito de interposición
del recurso, según la Ordenanza, el contribuyente no
podrá ejercer el derecho a examinar el expediente a
efectos de formular alegaciones.
• El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión
celebrada el 13 de julio de 2006, aprobó un nuevo
Reglamento del Tribunal Económico-Administrativo del
Ayuntamiento de Sevilla, que aparece publicado en el
B.O.P. de Sevilla número 22 del 25/09/2006, que deroga
al anterior de 17 de junio de 2004, y que viene a adaptar
su contenido a la nueva regulación introducida en
materia de recursos y reclamaciones por el R.D. 520/2005
que aprobó el Reglamento estatal de Revisión en vía
administrativa y que vino a desarrollar a la vigente Ley
General Tributaria en dicho ámbito.
• No deja de resultar curioso que la Ordenanza
incorpora los recargos aplicables a las autoliquidaciones
extemporáneas (5%, 10%, 15% y 20%), presentadas sin
requerimiento administrativo previo, pero no se recoge
la novedad introducida en esta materia por la Ley de
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Medidas de Prevención del Fraude Fiscal de reducir tales
recargos en un 25 por 100 “por pronto pago”. Puede
tratarse de un despiste legislativo (en cuyo caso, es de
suponer que tendrá que ser subsanado), o bien que la
Hacienda Local no haya querido aplicar este nuevo
incentivo estatal.
VIII. Otras novedades fiscales.
A) No residentes
• Modificación y reducción generalizada de los tipos
impositivos aplicables a los contribuyentes no residentes,
en consonancia con las reformas aprobadas en el ámbito
de los impuestos sobre la renta y sobre sociedades.
• Disminuye del 5% al 3% la retención aplicable a las
transmisiones de inmuebles situados en territorio español
por contribuyentes no residentes en el mismo.
• Se introducen nuevas previsiones relativas a los
paraísos fiscales y países de nula tributación, así como a la
responsabilidad del pagador, gestor, etc., en tales casos.
• Aplicación de la exención de 1.500 euros a los
dividendos y participaciones en beneficios obtenidos,
sin mediación de establecimiento permanente, por
personas físicas residentes en otro Estado miembro de
la Unión Europea (curiosamente, la Ley 35/2006 fijó en
1.000 euros el importe de esta exención, y ha sido la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2007 la que
ha tenido que rectificar y fijarla en 1.500 euros, al igual
que se aplica a los contribuyentes españoles, a fin de no
tener problemas con las autoridades comunitarias).
B) Ley General Tributaria
• Reducción en un 25% de los recargos aplicables
a las autoliquidaciones extemporáneas presentadas
sin requerimiento administrativo previo, por pago de los
mismos dentro de plazo.
• Responsabilidad tributaria subsidiaria en caso de
levantamiento del velo.
• Supresión del trámite de audiencia previa a la remisión
del expediente a la vía judicial, en las casos en que
la Inspección de los tributos aprecie la posible existencia
de delito fiscal.
• En los procedimientos sancionadores, a los afectados
por ellos se les tendrá que notificar, entre otros extremos,
la identidad del instructor, la autoridad competente
para imponer la sanción y la norma que atribuya tal
competencia
C) Impuesto sobre Patrimonio
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Doctrina
• Se elimina el beneficio de la exención en este
impuesto para las acciones o participaciones en sociedades
holding, salvo en aquellos casos en que realicen
efectivamente una actividad empresarial (esto afectará
a las Sicav, sociedades de mera tenencia de valores o
inmuebles, que no desarrollan actividades empresariales).
• La cuota íntegra conjunta de este impuesto con la
cuota del IRPF no podrá exceder del 60% y se verá minorada
por las ganancias patrimoniales con un período de
generación superior al año.
• Causa verdadera perplejidad leer en la prensa
que España será el único país de la Unión Europea con
Impuesto sobre el Patrimonio. Desde luego, es toda una
noticia, aunque nada agradable para los contribuyentes
españoles. Según parece, de los últimos cinco países
comunitarios que aún mantenían este impuesto (España,
Francia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia), todos salvo el
nuestro han dado el visto bueno para su eliminación, si
es que no lo han suprimido ya.
D) Otras novedades
• Devolución del impuesto sobre hidrocarburos por
el gasóleo de uso profesional, a favor de transportistas
y taxistas.
• A efectos del impuesto especial sobre medios de
transporte, cuando se trate de vehículos usados, la autoliquidación
deberá ser visada por la Administración tributaria,
con carácter previo a la matriculación definitiva.
• Las escrituras públicas de contratos sobre inmuebles
hay que identificar los medios de pago, lo cual ha
sido objeto de regulación en la Instrucción de 28 de
noviembre de 2006 de la Dirección General de los Registros
y del Notariado.
• Nueva definición del suelo de naturaleza urbana.
• Obligación de hacer constar la referencia catastral
de los inmuebles en las escrituras públicas, contratos de
arrendamiento,..., y en los contratos de suministro de
energía eléctrica.
• Se prorroga durante 2007 el programa o plan
PREVER para modernización del parque de vehículos
automóviles.
• La Orden 3837/2006, de 28 de noviembre, del Ministerio
de Fomento aprueba y regula una bonificación
del 5% y del 10% en las tarifas regulares nacionales de
transporte aéreo, para los miembros de familias numerosas
de categoría general y de categoría especial,
respectivamente.
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38
Doctrina
Noticias
En relación con la nueva retención a
cuenta del 1% sobre los rendimientos íntegros
de determinadas actividades económicas
en estimación objetiva, es mi criterio que aún
no puede aplicarse ya que en la disposición transitoria
tercera del Real Decreto 1576/2006, de 22 de diciembre,
que modifica, en materia de pagos a cuenta, el
Reglamento de I.R.P.F, se establece que la práctica de
esta retención no procederá hasta que no finalice el
plazo de renuncias y revocaciones al método de estimación
objetiva, y que dicho plazo finalizará el 31 de
marzo de este mismo año, como consecuencia de la
publicación de la Orden de “Módulos para 2007”
I. Legislacion y Resoluciones Administrativas
Diversas consultas de la Dirección General de Tributos:
12-04-06. I.S.D. Resuelve este Centro Directivo, que a
efectos de mantenimiento del requisito de permanencia
exigido en la reducción por adquisición mortís causa
de la vivienda habitual del fallecido, se admite que la
reinversión en otra vivienda se pueda llevar a cabo con
anterioridad a la transmisión de la vivienda heredada.
15-06-06. I.R.P.F. La inscripción en el Registro de parejas
de hecho no es una situación que pueda equipararse a
la celebración del matrimonio, a efectos de considerarla
como circunstancia necesaria que permita el cambio
de vivienda sin llegar a residir tres años y que posibilite el
mantenimiento de las deducciones practicadas.
30-06-06. I.R.P.F. En una operación de compraventa
de acciones cuyo precio se descompone en dos partes:
una fija, cobrada al contado, y otra variable, que
depende de las evolución del EVITDA medio de los
ejercicios 2005 y 2006, a los efectos de calcular la
ganancia patrimonial consecuencia de la enajenación
de las acciones, se conocerá el valor de adquisición,
pero el valor de transmisión estará parcialmente
indeterminado al depender de un parámetro que no
se conoce en el momento mismo de la enajenación;
por consiguiente, el contribuyente deberá realizar una
estimación de cuál considera que va a ser el precio
definitivo y total de transmisión, de modo que presentará,
de acuerdo con esa estimación, su declaración por
el Impuesto. Si en los ejercicios siguientes la cuantía
que reciba el comprador, correspondiente a la parte
José Manuel Castro Muñoz, Abogado
Actualidad Fiscal
indeterminada del precio de la venta, difiere de la
estimación anual previamente realizada, se deberá
practicar la regularización correspondiente.
30-06-06. I.R.P.F. Los elevados gastos de
acondicionamiento de un local donde una sociedad
civil va a desarrollar la actividad económica tienen
la siguiente calificación: a) Por el importe que
proporcionalmente corresponda a la parte del local
propiedad de terceros, se califican como inmovilizado
inmaterial y se amortizan según la duración del contrato
de arrendamiento o según la vida útil del inmueble si
fuese inferior. b) Por el importe que proporcionalmente
corresponda a la parte de local aportada a la sociedad
civil por los socios, se califican como mayor valor del
inmueble si se han efectuado antes de su entrada en
funcionamiento y, una vez iniciada la actividad, como
mejoras, siempre que supongan un aumento de su
capacidad de producción, una mejora sustancial en su
productividad y prolonguen la vida útil del mismo.
05-07-06. I. V. A. En relación con las facturas
expedidas en papel térmico que se deteriora con el
paso del tiempo, el mencionado Centro Directivo viene
a decirnos que, ni la Ley ni el Reglamento establecen
expresamente la obligación de que las facturas se
expidan en un determinado modelo y papel. No
obstante, la forma de expedición y los medios utilizados
para ello tienen que permitir que dichos documentos
se conserven en su forma original durante el plazo de
prescripción del IVA.
05-07-06. I. SOCIEDADES. Un préstamo recibido
del socio único forma parte del pasivo total de la
sociedad y debe incluirse en el cálculo del coeficiente
de financiación ajena. De la corrección monetaria se
regulan una serie de reglas, entre las que se incluye,
como recordarán, la posibilidad de la aplicación de un
coeficiente cuando la relación entre los fondos propios
y el total del pasivo, menos los derechos de créditos y
la tesorería durante el tiempo de tenencia del inmueble
o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha de la
transmisión, es inferior a 0,4.
11-07-06. I. SOCIEDADES. Resulta de aplicación el
porcentaje multiplicador del 2 en el cómputo de la
amortización del ejercicio 2005 respecto a aquellos
elementos de inmovilizado material nuevos que fueron
puestos a disposición del sujeto pasivo durante el
ejercicio 2004 y sobre los que ya se aplicó el porcentaje
multiplicador de 1,5.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
11-07-06. I.R.P.F. En los supuestos de cambio de
titularidad de la empresa, no se extinguirá por sí misma la
relación laboral de los trabajadores, quedando el nuevo
empresario subrogado en los derechos y obligaciones del
anterior, asumiendo asimismo las obligaciones tributarias,
considerándose, en consecuencia, que existe un único
pagador, en relación con el límite determinante de la
obligación de declarar para los rendimientos del trabajo
que sería, en este caso, de 22.000 euros anuales.
13-07-06. I. SOCIEDADES. El arrendamiento de un
quirófano con toda la maquinaria, instrumental, y servicio
de anestesia y enfermería no se encuentra dentro de los
supuestos sujetos a retención e ingreso a cuenta del
IRPF/IS dado que no se trata ni de un arrendamiento de
negocios ni de un arrendamiento de inmueble.
13-07-06. I. SOCIEDADES. Los ingresos correspondientes
a las retenciones soportadas por las empresas
constructoras al certificar las obras, se pueden imputar
según se vayan cobrando, siempre y cuando entre la
facturación y el cobro final transcurra más de un año.
13-07-06. I. SOCIEDADES. Como consecuencia de
haberse recibido una subvención, se procede a una
amortización anticipada del importe anual de las cuotas
de arrendamiento financiero, resultando inferiores a las
precedentes, y, por lo tanto, se incumple el requisito del
carácter constante o creciente del mismo, no resultando
de aplicación, por consiguiente, el régimen especial de
este tipo de contratos.
07-07-06. IVA. En el supuesto que no se liquide el IVA
por las Aduanas, porque las operaciones estén exentas
de IVA al ser objeto de entrega ulterior con destino a otro
Estado miembro, el agente de aduanas y los prestadores
de servicios que deban entenderse realizados en el
TAI tienen que repercutir el IVA de sus servicios a los
destinatarios de las operaciones.
11-07-06. IVA. La exención de las operaciones de
seguro y reaseguro no está subordinada al hecho de
que la entidad que preste el servicio sea una entidad
aseguradora sino que, por razones de neutralidad, esta
exención es igualmente aplicable a los servicios de
seguros prestados por otros empresarios o profesionales. En
el supuesto de que el contrato de seguro se contrate por
la entidad central, en nombre y por cuenta de sus clientes
delegados, el servicio sería prestado por la entidad
aseguradora a cada una de las delegaciones, teniendo
la consideración de suplido, en cuyo caso también estaría
exento el servicio de seguro prestado por la compañía de
seguros a cada una de las delegaciones.
13-07-06. I. SOCIEDADES. En caso de venta, puesto
que no ha habido un inicio material de las obras de
urbanización, puede considerarse que si la sociedad
patrimonial enajena la finca de la que es titular y que
representan más del 50 por ciento de su activo, no
ha realizado la actividad de promoción inmobiliaria.
Sin embargo, si con anterioridad ha desarrollado
otras operaciones de promoción o bien las realiza
con posterioridad es evidente que lleva a cabo con
continuidad una actividad de promoción inmobiliaria.
31-07-06. IVA. La adquisición en pro indiviso de un
inmueble por dos entidades determina la constitución de
una comunidad de bienes. No obstante, la comunidad
de bienes no tiene la consideración de sujeto pasivo a
efectos del IVA, pues el inmueble adquirido se explotará
Doctrina
de manera independiente y separada por cada uno
de los miembros de la comunidad, sin que exista una
asunción conjunta del riesgo y ventura de la explotación.
El transmitente puede renunciar a la exención de manera
separada por la parte de la venta del inmueble que
corresponda a cada uno de los adquirentes pro indiviso
del inmueble, en el caso de que sólo uno de estos
cumpliese los requisitos para renunciar. Cada entidad
puede deducir las cuotas soportadas por cada una de
ellas de manera independiente, ya que son estas las que
tienen la condición de sujetos pasivos a efectos de IVA.
08-08-06. IVA. En relación con la inversión en una
vivienda habitual, las derramas que los copropietarios
pudieran efectuar para realizar las obras, ingresando su
importe en una cuenta a nombre de la comunidad de
propietarios, no serán objeto de deducción en tanto no
sean destinadas a satisfacer el pago de las que tengan
la consideración de rehabilitación, con independencia
del momento en que se efectúen.
08-08-06. IRPF. El consultante deseaba acogerse a
la exención por reinversión en vivienda habitual para lo
cual, tras su venta, adquirió un terreno para construir la
nueva y presentó el proyecto de obra al Ayuntamiento,
aunque poco después se suspendieron las concesiones
de licencias por parte de la Comunidad Autónoma lo
que impidió construir y adquirir en el plazo de dos años
exigidos, y, por consiguiente, ¿se abre la posibilidad de
ampliar el plazo para reinvertir ante la imposibilidad de
adquirir por causas no imputables al contribuyente?. En
este sentido, la DGT sostiene que la adquisición jurídica
de la nueva vivienda habitual ha de realizarse dentro
de los dos años anteriores o posteriores a la transmisión
de la precedente, no estando regulado ningún supuesto
de ampliación.
30-08-06. IVA. No está sujeta al IVA la transmisión de
bienes inmuebles propiedad de una sociedad patrimonial
dedicada exclusivamente a la mera tenencia de bienes
inmuebles.
31-08-06. IVA. En sentido genérico se plantea por la
consultante si está sujeta al IVA de la transmisión de un
solar por una entidad mercantil, resolviendo este Órgano
Directivo que la transmisión de un solar por el consultante
solamente constituirá una entrega de bienes sujetas al
Impuesto cuando dicho solar forme parte del patrimonio
empresarial o profesional del mismo, circunstancia que
no parece deducirse de la información aportada. A
los efectos de lo dispuesto por el párrafo precedente,
la condición de empresario o de entidad mercantil del
adquirente carece de relevancia.
II. Jurisprudencia y Doctrina
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.
12-09-06. LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO. Los arts. 43 y 48
CE del Tratado CE deben interpretarse en el sentido
de que se oponen a la inclusión en la base imponible
de una sociedad residente establecida en un Estado
miembro de los beneficios obtenidos por una sociedad
extranjera controlada en otro Estado miembro cuando
dichos beneficios estén sujetos en este último Estado a
un nivel de tributación inferior al aplicable en el primer
Estado, a menos que tal inclusión concierna únicamente
a montajes puramente artificiales destinados a eludir el
impuesto nacional normalmente adeudado.
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40
Doctrina
TRIBUNAL SUPREMO. 10-05-06. I.R.P.F. La renuncia a
la aplicación de un tipo de retención superior, y que fue
solicitado en su día por un empleado, debe ser tenida en
cuenta por el pagador en los rendimientos del trabajo que
satisfaga a partir de tal renuncia, siempre que la mima se
formule por escrito, al menos, con cinco días de antelación
a la confección de las correspondientes nóminas.
TRIBUNAL SUPREMO. 14-09-06. L.G.T. Resuelve el Alto
Tribunal que la falta de ingreso en el plazo voluntario, no
supone una infracción tributaria grave cuando no se ha
producido por parte del sujeto pasivo, ocultación a la
Administración. En este caso, sin mediar intervención de
la Inspección de los Tributos, ha sido la Oficina gestora
la que ha requerido a la entidad recurrente para que
aportase los libros registro de facturas emitidas, de
facturas recibidas y de bienes de inversión, es decir, ha
realizado una actividad de comprobación en sentido
propio, y lo ha hecho en base a los datos y antecedentes
que obraban en su poder y los que requirió al efecto, sin
comportar ello el desarrollo de auténticas actividades
de investigación. Por tanto la Administración conocía
perfectamente el hecho imponible, lo que implica que
no se ha producido en ningún caso ocultación por parte
del recurrente, no pudiendo calificarse su conducta
como de infracción tributaria grave.
AUDIENCIA NACIONAL. 07-06-06. IRPF. Cuando las
sociedades civiles y las comunidades de bienes se
dedican al ejercicio de actividades profesionales se
presumirá que los socios que la integran son personas
físicas; en consecuencia, resultará acertada la retención
respecto de las rentas que obtengan en contraprestación
por los servicios profesionales que realicen, ya que van
a resultar ser sujetos pasivos del Impuesto a través del
régimen de atribución de rentas.
AUDIENCIA NACIONAL. 29-06-06. L.G.T. Este Tribunal,
cuidando celosamente la pureza del procedimiento,
viene a resolver que un solo intento de notificación
no puede conducir sin más a la notificación edictal,
constando el domicilio social de la entidad. Se trata de
una notificación defectuosa que surte efecto a partir del
momento en que el sujeto se dé por notificado. Como
la notificación por edictos no interrumpe la prescripción
y, sin embargo, en la fecha en que se dio por notificado
el sujeto ya habían transcurrido los cuatro años, procede
declarar la prescripción.
AUDIENCIA NACIONAL. 29-06-06. L.G.T. En relación
con el recurrente se ha producido la prescripción,
porque entre la fecha en que formuló las alegaciones
y la notificación de la resolución no se ha practicado
ninguna actuación intermedia con él. No interrumpe la
prescripción el hecho de que compareciera un socio de
la entidad recurrente en el procedimiento solicitando
que se le tuviera por interesado en el mismo, pues no
hay constancia alguna de que se le diera traslado de
lo anterior a la entidad recurrente a efectos de que
tuviera “conocimiento formal”. Además la personación
del socio lo es a efectos de las posibles bases imponibles
que le puedan imputar por I.R.P.F, y no sobre el IS, que
era el objeto de procedimiento.
AUDIENCIA NACIONAL. 29-06-06. IRPF. Los denominados
técnicos cinematográficos (directores, actores
o guionistas), contratados para prestar determinados
servicios en la realización de una película siguiendo las
instrucciones de un director y en el contexto de una
organización ajena durante un plazo determinado, ejer-
cerán una actividad que se calificará desde el punto de
vista fiscal como profesional, es decir, por cuenta propia
y no ajena a la hora de prestar sus servicios; en consecuencia,
la retención a efectuar sería la correspondiente
a los rendimientos de actividades profesionales y no la
retención aplicable a los rendimientos del trabajo que se
deriven de relaciones laborales especiales de carácter
dependiente.
AUDIENCIA NACIONAL. 26-09-06. I. SOCIEDADES. No
puede impugnarse de forma autónoma la comprobación
de valores, a valor de mercado, realizada en relación con
el importe satisfecho a los consejeros de la entidad, sino
que habrá de esperarse a impugnarla conjuntamente
con la liquidación que dimane de la misma.
T.S.J. DE ASTURIAS. 12-05-06. IVA. La actividad
prestada por la sociedad estatal de estiba y desestiba
a consignatarios de buques afectos a la navegación
internacional, proporcionando los trabajadores de su
plantilla necesarios para el desarrollo de las tareas
que no puedan cubrir con personal propio de cada
empresa, no cabe calificarla como una operación
exenta asimilada a la importación o la exportación por
no ser un servicio afecto directamente a satisfacer las
necesidades del buque con destino a la navegación
internacional, sino de la empresa estibadora.
T.S.J. DE BURGOS. 21-07-06. I.S.D. La comprobación
de valores, a efectos del impuesto sucesorio, afecta a
todos los bienes del causante –también a la mitad de
los gananciales, cuando es éste el régimen económico
matrimonial-, por lo que no hay que excluir los adjudicados
al cónyuge supérstite como consecuencia de la disolución
y liquidación de dicha sociedad de gananciales.
T.S.J. DE ASTURIAS. 20-09-06. ITP Y AJD. Este Tribunal
autonómico interpreta que están exentas del ITP y AJD las
transmisiones de vehículos usados con motor mecánico
para circular por carretera, cuando el adquirente sea un
empresario dedicado habitualmente a la compraventa
de los mismo y los adquiera para su posterior reventa. De
esta manera, la exención se entenderá concedida con
carácter provisional y para elevarse a definitiva deberá
justificarse la venta del vehículo adquirido dentro del
año siguiente a la fecha de su adquisición.
T.S.J. DE MADRID. 06-10-06. I.S.D. Las condiciones
para disfrutar de la reducción establecidas en el art.
20.6, deben cumplirse en el ejercicio anterior a aquel en
que se produce la donación.
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
No 1 DE GIJÓN. 27-06-06. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
EN VIA ADMINISTRATIVA. La resolución impugnada que
inadmite la solicitud de revisión es conforme a derecho al
entender el Juzgador que la solicitud de revisión de oficio
carece manifiestamente de fundamento en cuanto se
basa en la alegación de una omisión total y absoluta del
procedimiento legalmente establecido, cuando es lo
cierto que existe tal procedimiento. Por consiguiente, no
puede encauzarse por la causa de nulidad, sino a través
de los recursos ordinarios impugnando la interpretación
normativa deducida por la Administración en cuanto a
la corrección del procedimiento elegido.
T.E.A. CENTRAL. 01-06-06. I. SOCIEDADES. Aunque el
obligado principal es el preceptor de los rendimientos, y al
objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los no residentes, se fija como responsable
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
solidario al pagador de los mismos, por lo que la Inspección
puede incoar un acta al pagador de rendimientos a una
entidad no residente sin establecimiento permanente,
dada su condición de responsable solidario de los
rendimientos que se entienden obtenidos en territorio
español, como acontecía en el presente asunto.
T.E.A. CENTRAL. 14-06-06. L.G.T. Se falla que ha
prescrito el derecho a solicitar el reembolso del coste de
las garantías, al haber transcurrido más de cuatro años
a contar desde el día siguiente a aquel en que pudo
solicitarse el reembolso.
T.E.A. CENTRAL. 15-06-06. I. SOCIEDADES. La
operación por la que una entidad residente en España
compra a otra no residente un importante paquete
de acciones de otra sociedad, cobra el dividendo al
día siguiente y ese mismo día vende las acciones a la
misma entidad que se las había vendido, generando
pérdidas, es un negocio simulado. Por consiguiente,
resulta improcedente la aplicación de la deducción
para evitar la doble imposición de dividendos, pero sí
procede la devolución de las retenciones soportadas
sobre dichos dividendos, pues se está negando su
titularidad al no considerar el derecho a la deducción
por doble imposición.
T.E.A. CENTRAL. 28-06-06. IVA. Como no podía ser
de otra forma, la Sala resuelve que en la entrega de un
inmueble, las partes pueden renunciar a la exención
del IVA sin necesidad de que esta circunstancia se
haya comunicado a la Administración Tributaria. Es un
acto ínter partes que debe ser expreso, con constancia
por escrito, sin que necesariamente deba constar en
documento público, ya que ello no viene exigido por
precepto alguno.
T.E.A. CENTRAL. 26-07-06. L.P.A. Debe considerarse
como fecha de interposición de una reclamación
económico-administrativa la fecha de registro en el
Ministerio de Economía y Hacienda, y no la fecha
de franqueo, realizado por medio de una empresa
colaboradora ya que esta no pertenece al servicio
oficial de Correos y Telégrafos.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.
06-07-06. I.V.A. Cuando se realiza una entrega a un sujeto
pasivo que no sabía y no podía haber sabido que la
operación de la que se trataba formaba parte de un
fraude cometido por el vendedor, debe interpretase
que la anulación del contrato implica la pérdida del
derecho a deducir el IVA soportado por el sujeto pasivo.
Doctrina
En cambio, cuando resulte acreditado que la entrega
se realiza a un sujeto pasivo que sabía o debía haber
sabido que, mediante su adquisición, participaba en una
operación que formaba parte de un fraude en el IVA,
corresponde al órgano jurisdiccional nacional denegar a
dicho sujeto pasivo el derecho a deducir.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.
07-12-06. I.V.A. Los servicios de asistencia en carretera en
caso de avería, quedan comprendidos en las operaciones
de seguro, por lo que están exentas de IVA.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 11-10-06. I.R.P.F. Aunque
la titularidad de bienes inmuebles no arrendados
exterioriza la existencia de una renta potencial, que
no ficticia, lo que permite someterla a imposición
en el Impuesto, es evidente que la renta imputada
necesariamente debe ser la misma cuando se está
en presencia de bienes inmuebles idénticos (misma
superficie, situación, valor catastral y valor de mercado),
careciendo de una justificación razonable la utilización
de un diferente criterio para la cuantificación de los
rendimientos frente a iguales manifestaciones de
capacidad económica.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 20-11-06. L.G.T. En relación
con la aplicación del mecanismo de compensación de
deudas exigibles por la vía de apremio, no se produce la
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al
confundir las deudas de origen tributario con otra clase
de deudas exigibles por dicha vía, a las cuales no les
sería aplicable el citado mecanismo de compensación.
TRIBUNAL SUPREMO. 02-10-06. I.R.P.F. El seguro de
supervivencia cobrado por los trabajadores, debe
calificarse como una alteración patrimonial proveniente
de un seguro y no como un rendimiento del trabajo
irregular, ya que la recurrente ha llevado a cabo una
detracción de las nóminas de sus trabajadores, por
medio de la correspondiente retención en el IRPF.
TRIBUNAL SUPREMO. 19-10-06. I.R.P.F. El resultado
obtenido de la entrega de unas acciones pignoradas,
genera un incremento de patrimonio oneroso y no
lucrativo.
AUDIENCIA NACIONAL. 21-06-06. IVA. Se anula la
sanción al haber incurrido en “reformatio in peius”, puesto
que la resolución del TEAR ya estimó la reclamación
anulando la sanción impuesta, por lo que la resolución
del TEAC no puede agravar la condición que se tenía
antes de recurrir aquélla.
41

42
Doctrina
AUDIENCIA NACIONAL. 19-07-06. IVA. Resuelve la Sala
que no deben incluirse en el denominador de la prorrata
las operaciones registradas en la cuenta 77203 en la que
se registraron los resultados de la venta de “participaciones
de control” en empresas del grupo, por no tratarse de una
actividad económica habitual de la recurrente.
AUDIENCIA NACIONAL. 20-07-06. DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS INDEBIDOS. En el caso enjuiciado debe
considerarse prescrito el derecho a la devolución
de ingresos indebidos porque no ha habido ninguna
actuación del contribuyente tendente a la modificación
o liquidación del I.R.P.F 1990 hasta el año 1999. A tal
efecto, no puede considerarse, en relación a la sociedad,
que constara la suspensión del acto que declaraba
el sometimiento al régimen de transparencia fiscal y
tampoco tiene trascendencia un escrito presentado
por el contribuyente en 1996 solicitando la interrupción
de la prescripción. A juicio del Tribunal, debería haber
presentado una declaración complementaria del I.R.P.F
1990 antes de que transcurriera el plazo de prescripción
para que alcanzara los efectos deseados.
AUDIENCIA NACIONAL. 26-07-06. I.R.P.F. En
relación con el cálculo del porcentaje y cuantía de
las retenciones se considerarán como retribuciones
variables previsibles las retribuciones que pueda percibir
efectivamente el personal sanitario por el concepto
de guardias médicas, complemento de atención
continuada, complemento especifico, jornadas de
tarde, complemento de productividad, de turnicidad
y festividad y horas extraordinarias, ya que los servicios
sanitarios, dadas sus características, se prestan en el
seno de una organización en la que han de establecerse
con suficiente antelación conceptos tales como la
prestación de servicios de guaria, la atención continuada
y planes de productividad previamente aprobados,
correspondiendo la carga de acreditar la imposibilidad
de cuantificar las retribuciones variables al retenedor.
AUDIENCIA NACIONAL. 22-09-06. L.G.T. A través de
esta interesante Resolución, se declara que el hecho
de que los tribunales hubiesen estimado en parte los
recursos contra la deuda no supone la inexistencia de
una deuda en el acuerdo de derivación, toda vez que
debería haberse modificado, para adaptarlo al fallo
de los tribunales. Como el acuerdo se dictó sin previa
declaración de fallido del deudor originario, se declara
la nulidad del acuerdo.
AUDIENCIA NACIONAL. 26-09-06. I. SOCIEDADES.
No es de aplicación en el presente caso la exención
por reinversión establecida para los incrementos de
patrimonio obtenidos como consecuencia de la
enajenación de activos fijos, porque lo que se ha
constituido, en este caso, es un usufructo sobre un bien
inmueble no equiparable a una enajenación de un
activo fijo.
AUDIENCIA NACIONAL. 27-09-06. I.R.P.F. Para
demostrar que el valor efectivamente percibido no
guarda correspondencia con el que habrían convenido
partes independientes en condiciones normales
de mercado, no es necesaria una prueba pericial
de valoración de acciones, porque en el asunto
controvertido consta que el precio de venta fue de
0,60 euros/acción mientras que el valor teórico era de
59,74 euros, y además el interesado había suscrito un
mes y medio antes la acciones con un desembolso de
60 euros/acción, lo que refuerza el valor probatorio de
la presunción anterior. Asimismo, se declara en esta
Sentencia, que la inclusión de un contribuyente en un
plan de inspección es un acto reservado y confidencial,
no siendo precisa su notificación. Por ello, no existe
arbitrariedad alguna en la selección del contribuyente,
puesto que el interesado tuvo debido conocimiento de
la incoación de la inspección.
AUDIENCIA NACIONAL. 19-10-06. I.R.P.F. El préstamo
de un socio a su sociedad, ha de calificarse como
operación vinculada, debiendo evaluarse según el
precio de mercado, entendiendo como tal el precio
que partes independientes pactarían en condiciones
normales de mercado, siendo el tipo de interés aplicable
el legal, cuando se trate de operaciones en dinero. Se
anula, sin embargo, la sanción impuesta, porque se
considera que no concurre culpabilidad por parte del
recurrente.
AUDIENCIA NACIONAL. 19-10-06. I.R.P.F. Aún cuando
la Sentencia declara que en la imputación de la venta
de unas acciones instrumentada en una serie de letras
de cambio, debió imputarse al ejercicio del vencimiento
de las letras, no cuando se produjo la transmisión,
se estima el recurso en lo relativo a la sanción, al
considerarse que la materia aplicable planteaba dudas
en su interpretación.
AUDIENCIA NACIONAL. 02-11-06. I. SOCIEDADES. Es
de aplicación la bonificación del 95% por inicio de la
actividad, porque a la hora de determinar el valor de
adquisición del bien, también han de incluirse las obras
de acondicionamiento, al cumplir con los requisitos
exigidos en la norma. En el presente caso, al sumarse
el importe de la obras de acondicionamiento, si se
alcanza el importe de inversión que exige la Ley por lo
que debe estimarse el recurso presentado, aplicándose
la bonificación pretendida.
AUDIENCIA NACIONAL. 02-11-06. L.G.T. En una
Sentencia que valoro negativamente, se resuelve que
los datos obtenidos de los ordenadores de la empresa se
pueden utilizar por parte de la Inspección toda vez que su
uso se autorizó por los representantes de la empresa, sin
vulnerar en ningún momento el principio constitucional
de la inviolabilidad del domicilio. Es procedente en el
presente caso, la aplicación del régimen de estimación
indirecta, porque teniendo en cuenta que en la
documentación aportada no constan los inventarios de
la empresa, se considera imposible determinar de otra
forma cuáles han sido los rendimientos obtenidos.
T.S.J. DE CASTILLA-LA MANCHA. 02-05-06.
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. Para
determinar si los escritos se presentaron en plazo, hay
que acudir a la fecha de entrada en el registro del
órgano judicial competente, salvo que aparezca
absolutamente claro que el recurrente estaba usando
fraudulentamente las normas de competencia para
poder utilizar el registro del órgano donde presentó el
escrito. En el asunto enjuiciado, añade el Tribunal, no
se aprecia la existencia de fraude en la utilización del
Juzgado de lo contencioso-administrativo como mera
buzón de recepción de un escrito dirigido a la Sala por
la siguientes razones: a) el escrito se dirigió al Juzgado
y el recurrente argumentó a favor de su competencia
cuando se suscitó la cuestión; b) había tiempo suficiente
para presentar el escrito ante la Sala, por lo que no se
aprecia una presentación torcida en el Juzgado por la
necesidad ante una finalización del plazo para recurrir.
Enero - Febrero 2007

44
Tribuna
Cierta es la afirmación efectuada en el
número 160 de la Revista “La Toga” (Septiembre/octubre
2006; página 65) en oportuno
artículo elaborado por el ilustre compañero
D. Guillermo Giménez de la Cuadra,
a fin de acercarnos al importante y decisivo Proyecto
de Ley de Navegación Marítima Española.
Tal afirmación a la que nos referimos, con la que
estamos absolutamente de acuerdo, no es sino que
la Ley 8/1967 de 7 de abril sobre embargo preventivo
de buques extranjeros por créditos marítimos, en sus
únicos tres artículos, logró equiparar a los acreedores
españoles, con los extranjeros, a los efectos procesales
de simplificar, haciéndolos posibles en la práctica, la
realización por nuestros Tribunales (ahora Juzgados
de lo Mercantil) de embargos preventivos de buques
extranjeros en puertos españoles.
Con carácter esquemático y al margen de otras
consideraciones señalar que, en efecto, esta Ley permite
la realización de los embargos preventivos de
buques extranjeros mediante la simple y mera alegación
de un crédito marítimo y la causa que lo motive,
de los enumerados en el artículo 1o del Convenio de
Bruselas de 10 de mayo de 1952. Y, como mero requisito
de procedibilidad, habrá en todo caso que depositar
la fianza que preceptivamente será exigida por el Juez,
para responder suficientemente de los daños, perjuicios
y costas que pudieran ocasionarse (por la inmovilización
del buque). Se permite que esta fianza sea
de cualquiera de las clases que reconoce el derecho,
incluso el aval bancario.
Se realiza en el artículo mencionado una acertada
llamada de atención, incluyendo ejemplo práctico,
sobre los inconvenientes que se producen por la discrecionalidad
del Juez (que en el momento de decretar el
embargo desconoce mayores circunstancias del caso
excepto la mera alegación del crédito como marítimo)
a la hora de requerir la fianza, de establecer su cuantía,
y que incluso ha podido dar lugar a la frustración
de muchos embargos legítimos por parte de acreedores
de cualquier nacionalidad.
Con el presente comentario simplemente queremos
aprovechar la ocasión para poner de manifiesto,
como en la práctica ya nos ha sucedido, que el importe
de esta fianza a exigir por el Juez como requisito
de procedibilidad, puede ponerse en conexión con
la, llamémosla, caución sustitutoria que permite el
Pedro Abad Camacho, Abogado
Embargo preventivo
de buque extranjero
Comentarios sobre la cuantía de la preceptiva fianza
exigida por la Ley 8/1967 de 7 de abril
artículo 5o del Convenio de Bruselas de 10 de mayo
de 1952, también reconocida en los artículos 740 y 746
de la LEC.
Manifiesta el artículo 5o del citado Convenio que el
Tribunal o cualquiera otra Autoridad Judicial competente,
dentro de cuya jurisdicción haya sido embargado
el buque, concederá el levantamiento del embargo
cuando se haya prestado una caución o una garantía
suficiente, salvo en el caso en que el embargo se practique
por razón de los créditos marítimos enumerados
en el artículo primeros que antecede, bajo las letras
o) y p) (referidos a la impugnación de la propiedad/
copropiedad de los buques, supuestos a los que no
extendemos el presente comentario)(...).
Quiere esto decir que embargado el buque, previa
la prestación por la parte solicitante de la medida cautelar
de la fianza, en cuantía exigida arbitrariamente
por el Juez para responder de los daños, perjuicios y
costas que pudieran ocasionarse, el titular de los intereses
sobre el buque embargado (armador, fletador, etc.),
podrá en todo caso disponer libremente del buque en
el mismo momento en que deposite una caución sustitutoria
por el importe que le es reclamado.
De este modo, la agravación o minoración de los
daños por la paralización del buque está en cierto
modo a voluntad de la propia parte embargada, que
con el mero depósito de una garantía por la cuantía
que se le reclama, podrá disponer de su buque cesando
en consecuencia los daños por su inmovilización.
En efecto el artículo 5o del Convenio Internacional
manifiesta “El Tribunal concederá el levantamiento del
embargo (...)”. Se puede entender, en buena lógica,
que si el embargo no es levantado por la presentación
de una caución sustitutoria (cuyos costes financieros,
etc., con toda probabilidad serán menores que los
daños por la paralización del buque), puede ser achacado
a la parte embargada, en cuya mano está, en
definitiva, el levantamiento del embargo.
Esta facultad de disposición ha sido llevada, entendemos,
al rango de obligación a la parte embargada
de minorar los daños consecuencia de la paralización
mediante la presentación de la oportuna caución sustitutoria,
en algunas resoluciones judiciales.
De este modo, como en ocasiones y en función
del caso hemos venido defendiendo, entendemos
Enero - Febrero 2007

«EL TITULAR DE LOS INTERESES SOBRE EL BUQUE EMBARGADO PODRÁ EN TODO
CASO DISPONER LIBREMENTE DEL BUQUE EN EL MISMO MOMENTO EN QUE DEPOSITE
UNA CAUCIÓN SUSTITUTORIA POR EL IMPORTE QUE LE ES RECLAMADO»
© F. Reyes. M

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Tribuna
que el importe de la fianza a exigir para la realización
del embargo debe ser suficiente para cubrir no ya los
daños, perjuicios y costas que pudieran ocasionarse
por la inmovilización del buque (cuyo desconocimiento
ab initio por el Juez hace que la fianza requerida en
la mayoría de ocasiones sea muy alta), sino que la exigencia
de la misma debe ceñirse a cubrir simplemente
los costes y gastos que la parte embargada, titular de
los intereses del buque, podrá incurrir en la obtención
de una caución sustitutoria (por el importe que le es
reclamado) de la propia inmovilización del buque.
Costes mucho menores que los daños que pudieran
ocasionarse por la inmovilización.
Nos mostramos en consecuencia conformes con el
contenido de resoluciones como las que a continuación
reproducimos:
Citamos al efecto Sentencia de 21 de julio de 1999
de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5a,
núm. 491/1999, recurso 506/1998, siendo Ponente el Ilustrísimo
Señor D. Javier Soto Abeledo:
“Ahora bien, dicha indemnización no deberá superar
el coste que habría supuesto para Holdings, S.A.,
prestar la caución o garantía suficientes para levantar
el mencionado embargo, a que se refiere el artículo
5º del Convenio de Bruselas de 10 de mayo de 1952,
pues como ha señalado Hernández Martí, la previsión
contenida en dicho precepto puede y debe entenderse
como si existe un deber a cargo del naviero de
actuar con una diligencia adecuada para levantar el
embargo”.
En el mismo sentido véase el Auto de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 19 de julio de 1993, publicado
en El Tribunal (A.1419), 1993, páginas 273 y 274, que
entendió que una fianza de 500.000.-Ptas/3.000,00€
era suficiente para decretar el embargo del buque
“Bora Ciillioglu”, un buque mercante con pabellón
turco:
“(...) en el presente caso la cuantía de la fianza
señalada es correcta puesto que, si bien no cubre los
daños que pueden ocasionar la detención del buque,
asegura, conforme al criterio doctrinal más extendido,
la indemnización de los que se produzcan, si los
hubiere, hasta el momento en que el naviero tenga
ocasión de obtener el levantamiento de la medida
cautelar mediante la prestación de garantía o caución
suficiente”.
Es más, la fianza no puede ser desproporcionada
al importe de la reclamación. Interesa citar Auto de la
Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias
de fecha 31 de diciembre de 2001 siendo Ponente la
Ilustrísima Señora Magistrado Da. Carmen Pérez de
Ontiveros Baquero que, en su segundo razonamiento
jurídico dice:
“(...) no es menos cierto que la posibilidad del
ejercicio en el derecho conferido en las normas internacionales
requiere que la adecuación entre la obligación
conferida al demandante y lo pretendido en
su demanda guarde la oportuna proporcionalidad,
pues si ella no concurre difícilmente podrá ejercitarse
este derecho”.
La llamada de atención efectuada por el Ilustre
compañero sobre las ocasionales dificultades prácticas
del embargo preventivo de buques es una oportuna
aportación que, sin duda, permite reflexiones de
interés práctico.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Javier Ales Sioli, Abogado
Surge en nuestros días un amplio debate
sobre la inacabable conflictividad que vivimos
en la sociedad actual. Quizás nos dimos
cuanta aquél fatídico 11 de septiembre o
quizás se ha visto revivido en los últimos tiempos
con la ocupación de IRAK, pero lo que si es cierto
es que las personas que trabajamos en el mundo de la
justicia tenemos que decir algo al respecto.
Un político puede hablar de la posibilidad de una
“alianza de civilizaciones” como así lo hace el gobierno
español, términos pretenciosos como si existieran distintas
civilizaciones en un mismo espacio temporal; pero un
abogado debe hablar de “mediación entre religiones”.
Mediación, porque tratamos de buscar una técnica
o método que pueda intentar paliar los tremendos
conflictos bélicos por falta de diálogo entre las distintas
culturas; y religiones, porque nunca en la historia ha sido
más clara como hoy en día, la utilización del término religión
para justificar las barbaries causadas en los conflictos.
Debemos aprender que nuestra religión, la de cada
uno, nos otorgan unas pautas, unos razonamientos, que
no distan mucho de otras que no profesemos.
La famosa “Alianza entre civilizaciones”, “tiene como
objetivo fundamental profundizar en la relación política,
cultural, educativa, entre lo que representa el llamado
mundo occidental y en este momento histórico el ámbito
de países árabes y musulmanes”, tiene el propósito de
evitar los problemas surgidos de concepciones hostiles
que fomenten la violencia.
Se dice que los eventos de los últimos años han
dejado clara la falta de entendimiento mutuo entre el
mundo islámico y el occidental, y este clima ha sido
explotado y exacerbado por los extremistas.
Se hace necesario trabajar desde la justicia y por
el respeto mutuo por las creencias religiosas y las tradiciones
en un mundo de interdependencia creciente en
todos los terrenos, desde la salud hasta la seguridad.
Los abogados-mediadores sabemos cuando trabajamos
el conflicto que “la diferencia es una realidad, no
un conflicto. La diversidad es un valor. Somos diferentes
y eso es muy positivo. El conflicto no es por diferente religión,
por diferente cultura... sino por miedo a ver modificadas
las propias costumbres y privilegios.
Otra cuestión es la desigualdad. La desigualdad si es
¿Alianza de Civilizaciones o
Mediación entre Religiones?
Tribuna
una realidad que crea conflicto y que genera violencia.
El conflicto no surge por diferencia, sino por desigualdad.
Cuando de la diferencia se hace desigualdad,
surge el conflicto.
Y es aquí donde me gustaría ofreceros la operatividad
de la mediación. Lo que hay que ver es qué objetivos
debe fijarse la mediación para ver a qué resultados
responde. Pero el objetivo de la mediación es crear
lazos, regenerar relaciones, propiciar encuentros y diálogos
fructíferos entre personas y/o colectivos enfrentados.
Y ello se produce hoy en día con el entendimiento
necesario entre religiones. Es necesario trabajar para
reconocer el valor de las religiones que no admitimos
aunque no las compartamos y exigir que reconozcan los
valores de la nuestra que practiquemos.
Mediar es poner razón, es devolver a las partes en
conflicto el poder de decidir la solución a adoptar que
perdieron por la sin razón del conflicto. Mediar no es
voluntariedad u obligatoriedad, es voluntad de vivir y
aprender del conflicto que muchas veces no es necesario
evitar.
En el Discurso Del Secretario General De Naciones
Unidas con motivo de la presentación del
documento”unidos Contra El Terrorismo: Recomendaciones
Para Una Estrategia Mundial De Lucha Contra
El Terrorismo” en Nueva York, 2 de mayo de 2006 se
manifestaba claramente que “La exclusión o la discriminación
por motivos de origen étnico o creencias religiosas
y la incapacidad de muchos países de integrar a
las minorías o a los inmigrantes producen resentimientos
que pueden llevar al proselitismo terrorista, además de
sentimientos de alienación y marginación y una mayor
tendencia a socializar en grupos extremistas. Parece
que esta situación es aplicable sobre todo a los jóvenes,
especialmente a los inmigrantes de segunda generación
en algunos países desarrollados, que se consideran
forasteros sin igualdad de oportunidades. Exhorto a los
países con sociedades multiculturales a que reflexionen
sobre sus políticas de integración”.
Y me permito añadir, que se reflexione no solo en la
mediación intercultural como ya se viene haciendo, sino
en la mediación religiosa.
Son muchas ya las intenciones. La Iglesia también ha
mediado desde otro ámbito, el de la experiencia adquirida
en Irlanda con el abandono de las armas por parte
del IRA. El sacerdote Alec Reid ha asesorado también a
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48
Tribuna
los muñidores de un principio de acuerdo para el País
Vasco, según han confirmado a la agencia Efe fuentes
conocedoras de los contactos. El diario EL MUNDO ha
citado también la intermediación de dos ex miembros
del IRA, Alex Maskey y Gerry Kelly, como personas que
habrían trabajado con el sacerdote Reid, quien visita
frecuentemente el País Vasco en el posible proceso de
paz con ETA.
En Barcelona en el año 2001 se firmó por lideres religiosos
de todo el mundo el llamado Manifiesto de las
Religiones por la Paz . En el mismo se acordaba que “en
este siglo que acaba de comenzar, hombres y mujeres
de religiones distintas, provenientes de muchas partes del
mundo, nos hemos reunido en Barcelona para invocar a
Dios el gran don de la paz. A orillas de este Mediterráneo
que ha conocido conflictos y cohabitación, se ha elevado
una oración intensa para que de muchas partes
del mundo se aleje la guerra. En la conciencia de las
diferentes religiones resuena el eco de una convicción:
Dios ama la paz y no quiere la guerra, y quien invoca el
nombre de Dios descubre que su nombre quiere decir
paz. Esta convicción y esta oración son una riqueza para
el mundo”. “Nos han alcanzado las demandas de los
pueblos en guerra, de los pobres, de las víctimas del odio.
A los hombres de religión se han unido algunos testigos
de la búsqueda de lo humano. Sentimos que es común
el desafío de hacer crecer un alma pacífica en nuestro
mundo globalizado. El alma permite descubrir los muchos
rostros del mundo”. Este ha sido un inicio importante de
acercamiento de diálogo y comunicación (esencial
para mediar) auspiciado por las propias religiones que ha
llegado hasta nuestros dias en los que recientemente en
la octava asamblea Mundial de religiones por la paz se
apoyó una declaración sobre la violencia contra los niños
en Kyoto, Japón, el pasado 28 de agosto de 2006.
Podemos decir que a lo largo de la historia, la
Iglesia ha tratado de entender y aplicar los fundamentos
de su fe a las situaciones concretas en que se ha
encontrado. Procedente de la tradición judía, la Iglesia
católica primitiva tuvo que repensar constantemente el
entendimiento de sí misma Hoy la iglesia está llamada
constantemente a facilitar la relación de sus miembros
con creyentes de otras tradiciones religiosas y a dar testimonio
junto con otros.
Hoy en día más conscientes de la pluralidad religiosa,
sentimos con mayor apremio la necesidad de mejorar
las relaciones y el diálogo entre personas de diferentes
religiones. La mayor movilidad, los grandes movimientos
de refugiados y las migraciones económicas han hecho
que más personas de diferentes religiones tengan que
convivir en la sociedad. Cuando existen mecanismos
para el diálogo y el encuentro, hay oportunidades para
promover un mayor y más consciente conocimiento de
las otras religiones. Lamentablemente, las relaciones más
estrechas entre comunidades han sido a veces fuentes
de tensiones y temores. Para muchas comunidades, la
tensión confirma la necesidad de proteger sus identidades
individuales y su carácter distintivo. Las relaciones y
el diálogo interreligiosos deberían permitir que las comunidades
puedan distinguir entre la búsqueda legítima de
identidad y una actitud hiperprotectora que dé lugar a
la hostilidad hacia otras religiones y culturas.
Se dice que dondequiera que la pluralidad religiosa
suscite tensiones en la comunidad, existe la posibilidad
de manipulación de los sentimientos religiosos. La religión
expresa algunos de los más profundos sentimientos
y sensibilidades de los individuos y las comunidades.
Demasiado a menudo la identidad religiosa tiene una
función específica en los conflictos y la violencia. En
algunas partes del mundo, la religión se asimila cada
vez más con la identidad étnica, dando connotaciones
religiosas al conflicto étnico. En otras situaciones, la
identidad religiosa está tan estrechamente asociada al
poder que las comunidades sin poder, o que son objeto
de discriminación, consideran su religión como la fuerza
capaz de movilizar a los que disienten y protestan. Estos
conflictos tienden a parecer o son presentados como
conflictos entre comunidades religiosas, y las polarizan
en función de criterios comunitarios. Las comunidades
religiosas heredan a menudo divisiones profundas, odios
y enemistades que, en la mayoría de los casos, se transmiten
a través de generaciones de conflictos. Se antoja
por tanto de vital importancia hoy en día entender las
religiones conocer sus dogmas y saber que la mediación
puede y debe ser una herramienta eficaz para ello.
Debemos ser conscientes para trabajar en la mediación
religiosa de las ambigüedades de las expresiones
religiosas, de las tradiciones o de sus doctrinas, pero también
de las similitudes y características que comprenden
unas y otras.
Me gustaría tratar de establecer unos principios
básicos para este diálogo entre religiones que permita
la mediación:
La mediación entre religiones debe ser un proceso
de enriquecimiento mutuo, no una negociación entre
partes con intereses y reivindicaciones contrarias. En
lugar de encerrarse en relaciones de poder, los interlocutores
deben estar habilitados para participar en una
búsqueda común de la justicia y la paz.
En la mediación entre religiones, crecemos en la fe
de cada una de nuestras creencias. Para los cristianos
surge en nuestra biblia, pero para las otras religiones
monoteístas surge en la Torá (judíos) o en el Corán
(musulmanes).
En la mediación entre religiones, confirmamos nuestra
esperanza de que existen soluciones a los conflictos y
que con creatividad podemos resolverlos.
En la mediación entre religiones podemos cultivar
las relaciones de futuro que nos ayude a entender y
convivir con la inmigración y la mezcla de culturas. La
paciencia y perseverancia son esenciales en la práctica
del diálogo.
En la mediación entre religiones, el contexto nos
ayuda a comprender el porqué de la práctica de cada
confesión religiosa. El diálogo tiene lugar en un contexto
concreto.
En la mediación entre religiones, avanzamos hacia
el respeto mutuo por el que comprendamos aunque no
compartamos sus prácticas o ideas. Cada una de las
partes dialogantes tiene que oír y escuchar cómo la otra
entiende su propia fe.
En la mediación entre religiones, la cooperación y la
colaboración están en el centro del diálogo, debiendo
dejar a un lado el poder para adentrarnos en el verdadero
interés, la paz.
En la mediación entre religiones trataremos de ser
incluyentes con cada una de los sectores de la sociedad.
Enero - Febrero 2007

«SE HACE NECESARIO TRABAJAR
DESDE LA JUSTICIA POR EL
RESPETO MUTUO A LAS CREENCIAS
RELIGIOSAS Y A LAS TRADICIONES,
EN UN MUNDO DE INTERDEPENDENCIA
CRECIENTE EN TODOS LOS TERRENOS,
DESDE LA SALUD HASTA LA SEGURIDAD»

50
Tribuna
Por último, me atrevo a señalar las bases mínimas
para entender la religión musulmana, quizas muy desconocida
y sin embargo en continuo conflicto con la religión
predominante en nuestro país: el cristianismo; Nos
pueden hacer “meditar para mediar”. Son numerosas y
muy distintas las religiones, sería innumerable la delimitación
de pensamientos, sectas o facciones religiosas. Me
gustaría dividir dos grandes grupos: religiones desconocidas
por su lejanía a nuestro país de las que tenemos un
especial desconocimiento (Hinduismo, Budismo, Confucianismo
o Taoismo); y religiones de especial raigambre
en España como el Cristianismo, el Judaísmo o el Islamismo
con un breve análisis de sus normas básicas ( la
biblia, la torá o el corán) En ellas, basarnos en una sola,
hablar al lector sobre el Islam:
El Islamismo. Es una de las más recientes religiones del
mundo, comenzó con el trabajo de Mahoma en el año
(570-632 D.C.) en lo que actualmente es Arabia Saudita.
El Islam tiene similitudes con el Judaísmo y el Cristianismo,
particularmente en su creencia monoteísta. Las diferencias
con el Cristianismo incluyen el rechazo a la Trinidad
y la negación de la muerte, sepultura y resurrección de
Jesús. Sin embargo, creen que Jesús fue un gran profeta.
La escritura del Islam es llamada el Corán, la palabra
de Dios dictada a Mahoma. La vida es para vivirse en
subordinación a la voluntad de Dios. La vida devota
se centra en la confesión: “No existe otro Dios sino Alá,
y Mahoma es el mensajero de Alá.” Otras actividades
incluyen el ayuno durante el Ramadán, orar cinco veces
al día, peregrinar a la ciudad santa de La Meca en Arabia
Saudita, y dar limosna.
Mahoma fue el mensajero de Dios en el Islam y el
encargado de difundir la doctrina. Según sus fieles,
Mahoma nació en 570 d.C. en la Meca, Arabia, en una
familia de una ilustre tribu. Fue el sucesor de los profetas
anteriores que en su orden eran Adán, Noé, Abraham,
Moisés y Jesús.
Era una persona pacífica y sensible, y estaba en desacuerdo
con el ambiente caótico de su época. Un día
el arcángel San Gabriel, envuelto en luz le afirmó que él
era el profeta de Dios, mientras meditaba en el monte
Hira. Al salir a predicar el pueblo lo rechazó, ya que sus
enseñanzas morales acababan con el libertinaje que no
querían dejar y derrumbaba los 360 ídolos, pues predicaba
por un sólo Dios. Finalmente, Mahoma muere en 632
D.C. a los 62 años de edad, sin ningún reconocimiento.
Mahoma, después de su muerte deja a sus seguidores
el Coran, la escritura sagrada en nombre de Dios, donde
está contenido el código religioso y político. Consta de
114 capítulos o suras, que se dividen en versículos.
Como ritos de la religión islámica se encuentran
cuatro prácticas: La oración, el ayuno, durante el mes
de Ramadán, la limosna a los pobres y la peregrinación
a la meca. Dicen que para pertenecer a esta religión
sólo hay que decir con fe “no hay mas Dios que Alah y
Mahoma es su profeta”.
La religión Islámica hizo grandes aportes a la cultura
mundial: establecieron la primera universidad en Europa,
en España (Córdoba). Dieron herramientas primordiales
en la química moderna, la meteorología, la cirugía,
algebra, geometría, aritmética, literatura, agricultura,
astronomía, botánica, física, óptica, obras manuales
derecho y arquitectura.
Para los musulmanes su religión ha sido la misma
siempre. Dios la había recordado a los hombres mediante
profetas como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús y
sobre todo mediante Mahoma, el último de los profetas,
«el Apóstol de Dios». Una declaración constante es la de
«No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta». El
Corán, o escrituras sagradas de los musulmanes, afirma
que Jesús anunció la venida de Mahoma, pero las escrituras
cristianas fueron falsificadas para ocultarlo.
Algunas sectas musulmanas han apelado a una
especie de guerra santa para derrotar a sus enemigos o
extender la influencia del Islam. Un caso conspicuo es el
del Irán de los ayatolas en el siglo veinte y el de un famoso
«mahdi» o supuesto mesías en Sudán en el siglo pasado.
Conclusiones: ¿cómo es posible que la religión pueda
desempeñar un rol tan destructivo en las interacciones
humanas?: Quisiera terminar este artículo de opinión
con conclusiones constructivas; con la intención de dar
un importante giro al entendimiento entre religiones; con
la idea de MEDIAR. . Bosnia, el Oriente Medio, Argelia,
Afganistán, Pakistán, India, Irlanda del Norte y Sri Lanka,
están entre los paises en los que la religión ha sido motivo
de conflicto continuado. Tenemos por ejemplo como
en Sri Lanka el conflicto es entre los tamiles hindúes y la
mayoría budista, a pesar del hecho de que los budistas
usualmente se abstienen de la violencia. Para el profesor
Aldo Visalberghi “para entender todo esto, debemos
profundizar más en el análisis de las bases antropológicas
de la experiencia religiosa”.
La historia de la humanidad está repleta de ejemplos
en los que se manipulan, interpretan u originan creencias
religiosas a fin de educar nuevas generaciones
en base a valores de exclusión e intolerancia religiosa,
racial y étnica.
Mi punto de partida es bien sencillo: se necesita
que haya diálogo entre las personas de las diferentes
religiones; es necesario que se pueda educar desde las
escuelas, desde la formación en valores de mediación y
entendimiento y porqué no, que los abogados seamos
importantes baluartes de este cambio si apostamos no
por el conflicto sino por el entendimiento y la comunicación.
Es algo innato con nuestro ejercicio profesional
y aunque creamos que siempre hayamos sido mediadores,
necesitamos apostar por ello. Cada religión
tiene historias propias que promueven la no violencia,
la diversidad y el bien. Los valores de inclusión, respeto,
igualdad y honestidad son universalmente reconocidos
por todas las religiones. Estos valores deberías ser la base
de todas las enseñanzas religiosas en contraposición a
la enseñanza de la exclusión, la intolerancia y una mentalidad
guerrera.
Siendo creyente cristiano, católico practicante, quisiera
terminar con una frase del Corán: Si dos grupos
de creyentes combaten unos contra otros, ¡reconciliadles!
Y, si uno de ellos oprime al otro, ¡combatid contra
el opresor hasta reducirle a la obediencia de Alá! Y,
cuando sea reducido, ¡reconciliadles de acuerdo con
la justicia y sed equitativos! Alá ama a los que observan
la equidad.
Alá prescribe la justicia, la beneficencia y la liberalidad
con los parientes. Prohíbe la deshonestidad,
lo reprobable y la opresión. Os exhorta. Quizás, así, os
dejéis amonestar. Os animo a que consigáis la mediacion
entre religiones.
Enero - Febrero 2007

«EN LA MEDIACIÓN ENTRE RELIGIONES
AVANZAMOS HACIA EL RESPETO
MUTUO, POR EL QUE COMPRENDAMOS
AUNQUE NO COMPARTAMOS SUS PRÁCTICAS
O IDEAS. CADA UNA DE LAS PARTES
DIALOGANTES TIENE QUE OÍR Y ESCUCHAR
CÓMO LA OTRA ENTIENDE SU PROPIA FE»

52
Tribuna
En la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio,
y en el área de Defensa Penal, de la que
estoy encargado, insisto todos los años a los
letrados en prácticas en su derecho a tomar
conocimiento de las actuaciones que se
tramiten en un juzgado y en las que un cliente pueda
ser parte interesada como posible imputado, víctima,
perjudicado o responsable del hecho investigado. Tal
derecho, les digo, no puede ser ignorado ni negado
por funcionariado, secretario o juez —o Junta de
Jueces- alguno, ni se puede poner traba alguna a su
ejercicio exigiendo una previa comparecencia o una
personación en forma.
En apoyo del expresado derecho, remito a los
letrados en practicas la doctrina contenida en la Sentencia
de la Sala 3ª del TS de 8 de noviembre de 1997,
y de cuya resolución, publicada en la Revista La Toga
de febrero de 1998, entrego una copia a cada uno
de ellos. Digamos sólo que el fallo de la mencionada
sentencia dice literalmente: «Casamos y anulamos
la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni
efecto alguno. En su lugar declaramos la nulidad de
los actos administrativos recurridos, y, en particular,
del acuerdo de la Junta de Jueces de Córdoba en
el particular impugnado relativo a la exigencia de
personación en actuaciones judiciales penales para
que los abogados puedan tomar conocimiento de las
mismas».
Este fallo es concorde con la más extendida doctrina
constitucional conforme a la cual el derecho de
defensa no se puede reducir a la mera intervención
formal en la causa mediante comparecencia, sin que
las finalidades del sumario se frusten por el hecho
de que la posibilidad de recabar información y de
examinar las actuaciones se realice sin necesidad de
comparecencia, máxime cuando el artículo 234 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al secretario y
personal judicial a dar a los interesados –que pueden
no ser parte– la información que soliciten sobre las
actuaciones salvo que se hubieren declarado secretas
conforme a la ley.
La cuestión no es baladí, como puede parecer a
simple vista. Muchas veces la información que se desea
obtener tiene como finalidad saber si una persona (el
cliente) está o no involucrado en un determinado asunto,
precisamente para decidir si se persona como parte
o no en las actuaciones. Es más, una persona puede
estar interesada en un asunto y, por la razón que sea
Antonio Mates Rodríguez, Abogado
Una sentencia
que no se cumple
Derecho del Letrado a conocer las
actuaciones sin previa personación
(por ejemplo: porque desea dejar su defensa como
perjudicado en manos del Fiscal) no estar interesada
en personarse. Y es que la personación forzosa nos
hace colocar el carro delante de los bueyes y obliga a
unos gastos muchas veces innecesarios.
El Problema, pues, no puede ser más claro e indiscutible.
Sin embargo, a la hora de la verdad, el abogado
se estrellará ante la rotunda negativa del Juzgado porque
los Jueces, en su mayoría, tienen dadas órdenes
estrictas a los funcionarios del juzgado de que nieguen
la información a los abogados que las soliciten sin tales
requisitos. De nada sirve que el abogado hable con el
funcionario, con el Secretario o con el Juez y les exhiba
incluso el texto de la sentencia del TS o el DNI de la
persona interesada, o algún documento (incluso un
contrato) en el que conste el nombre de esa persona y
se deduzca su relación con el asunto investigado, pues
no se conseguirá convencerle, ni siquiera obtendrá
una mínima explicación. (“El Juez ha dicho que no y
basta”). De nada sirve tampoco que el letrado acuda
al Juez Decano para exponerle su desacuerdo con la
situación. El Juez Decano mostrará la imposibilidad de
hacer nada, con los argumentos de que él no es un
superior de los demás jueces para darles órdenes, y
que la actividad jurisdiccional es un campo acotado
en el que sólo manda el Juez, y sólo se puede entrar
por la vía de los recursos.
Y yo me pregunto: ¿la Sentencia de la Sala 3ª del
TS de 8 de noviembre de 1997 es ejecutoria o más bien
es un papel mojado? ¿La potestad jurisdiccional, que
corresponde exclusivamente a los Jueces y Magistrados
no consiste precisamente-artículo 117.3 CE- en
hacer juzgar y hacer ejecutar lo juzgado? ¿Aquellas
sentencias que tienen como objeto la nulidad de un
acuerdo adoptado por una Junta de Jueces y decretan
la nulidad de tal acuerdo, obligan a esos jueces
a acatar, aceptar y cumplir lo juzgado? ¿Tenemos los
abogados el derecho a conocer los motivos por los
cuales los Juzgados no cumplen la STS de 8 de noviembre
de 1997?
O, más bien, ¿tendré que retirar del programa de
prácticas la enseñanza del derecho de todo interesado
a tomar conocimiento del hecho investigado, sin
necesidad de personarse y olvidarme para siempre de
la Sentencia del TS de 8 de noviembre de 1997?
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Una agradable y lucida mañana del mes de
marzo de 2001, cuando regresaba a su casa
una buena ama de casa, con la cesta de
la compra, según su habitual recorrido, por
una calle de un pueblo de esta provincia,
al existir en la calzada, casi a la altura del bordillo de
la acera, restos prominentes del hormigón, sin señal ni
anuncio indicador de tal anormalidad, como de cualquier
otro tipo que viniera a regular el tráfico, tanto de
vehículos como de peatones, la buena señora vino a
tropezar en ellos, perdió el equilibrio, cayó al suelo y se
produjo serias lesiones de las que tardó en curar doscientos
cuarenta días.
Tras la pertinente denuncia a la Policía Municipal
de la localidad se inició la reclamación previa en solicitud
de una indemnización, frente al Ayuntamiento, por
las lesiones sufridas. En el expediente administrativo,
que abre, por consiguiente, la Corporación Local, se
acreditan: la existencia de la anomalía en la calzada;
la causa del tropiezo en dicha anomalía por su
falta de señalización; la susodicha falta de señalización
de todo tipo y a lo largo de toda la calle, tanto
de la indicada anomalía, como de regulación del
tránsito o de la travesía de la calzada; el resultado
lesivo de dicha caída; la naturaleza de las lesiones y
su periodo en curación, base de la cuantía indemnizatoria
que la lesionada postulaba.
Y, ya, en el expediente la propia Secretaría Municipal,
como el Consejo Consultivo de Andalucía, quienes,
con carácter previo a la resolución evacuaron sus
pertinentes dictámenes, determinaron en los mismos la
anormalidad de la calzada, la caída, consecuencia
de aquella, como la realidad de las lesiones causadas;
como el hecho de que: «la versión de la reclamante
sobre el lugar, causa y modo de producirse la caída ha
sido probado en la instrucción del procedimiento...la
valoración de dicha prueba induce a admitir el relato
de la interesada sobre la causa que produjo el accidente,
que en ningún momento es negado por el Ayuntamiento,
la existencia de un defecto de la calzada,
imputable a falta de mantenimiento de la vía pública,
existiendo un inevitable nexo causal, pues, a priori, en
general, mantener la calzada despejada forma parte
del estándar mínimo del Servicio Público, Ley de Bases
de Régimen Local, art. 25-2...»
El Ayuntamiento, quizá por razones políticas, que sospechamos
a tenor de la votación del acuerdo en su Pleno,
pese a la evidencia de los hechos, desvía la respon-
Manuel Moreno de Llamas, Abogado
¡Ojo con atravesar la calle!
Tribuna
sabilidad, eximiéndose de la misma, al ignorado camión
que vertiera el hormigón en la calzada, desestimando,
en consecuencia, la reclamación de la lesionada.
Recurrido dicho acuerdo a la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla, por la sección en Sevilla, por la
sección a la que correspondió se dicta sentencia,
tras dos largos años en tramitación, desestimando el
recurso, porque, Fundamento de Derecho 4º, sic: «En
el presente supuesto no se da el nexo causal; el propio
comportamiento de la actora por cruzar la calzada
por lugar no habilitado normativamente para peatones.
Siendo incontestada la existencia de cemento en
la calzada, sin embargo la caída obedeció a una falta
de diligencia en la conducta de la víctima, que cruzó
por donde no debía».
«EN LA SENTENCIA SURGE EL HECHO
DE QUE LA SEÑORA FUE CULPABLE POR
ATRAVESAR POR DONDE NO DEBÍA»
A la vista de esta inapelable sentencia conviene
preguntarse ¿Por dónde debió cruzar la buena señora?
La calle, el día del accidente no tenía señal alguna,
en toda su extensión, ni de atrevesarla, paso de peatones,
como de prohibición alguna. El ayuntamiento
y sus técnicos que informaron y aportaron planos al
expediente administrativo, como la existencia de fotografías
del lugar, nada al respecto alegaron, como no
podía ser de otro modo. La oposición municipal a las
pretensiones de la lesionada no fue por ello, sino porque
quien tuvo la culpa fue el conductor del camión
que arrojó el hormigón.
Por consiguiente, ahora, en la sentencia surge el
nuevo hecho de que la señora fue culpable por atravesar
por donde no debía. Ello nos lleva, en conclusión,
a aconsejar a las señoras, fundamentalmente residentes
en los pueblos, donde suele haber más carencias
de señales viarias que en la capital, que no atraviesen
por aquellas calles con total carencia de señal que
autorice dicha operación. ¡Qué esperen! ¡Qué esperen!
Hasta que un policía local les facilite la maniobra,
o, al menos le indiquen dónde está el lugar adecuado
o autorizado y señalizado para ello.
53

54
Tribuna
Pilar Valero Silva, Abogada
El tema de este artículo, que esta letrada
reconoce como complejo desde el punto
de vista jurídico, tiene al final del mismo la
solución al problema.
En fecha 4 de Mayo del 2006 se presento por esta
letrada ante los Juzgados de familia de Sevilla, y que
por reparto recayó en el no 17, demanda sobre reconocimiento
de validez en España de Sentencia dictada
por Tribunal Extranjero, (en este caso del Juzgado de
Familia de Estocolmo con fecha 1 de diciembre de
1997), la demanda de exequatur, todo ello basado en
el Reglamento de la Comunidad Europea no 1347/200
del Consejo de la Unión Europea.
La intención del solicitante para interponer el exequatur
era que la sentencia de su divorcio realizado en
Estocolmo,(Suecia) tenga validez en España y pueda
acceder al Registro Civil Central.
Es de todos conocido que en el Registro Civil
Central de Madrid se inscriben todas las cuestiones
de derecho de familia que le suceden a ciudadanos
españoles en cualquier país del mundo, siempre que
se inscriba dicho evento en la respectiva embajada o
consulado españoles mas cercanos a su domicilio en
el país extranjero, y ello con el fin evidente de que su
estado civil sea el de divorciado y tras lo cual poder
volver a casarse
El Juzgado de Primera Instancia no 17 de Sevilla,
dictó Auto en cuya parte dispositiva establece “La
inadmisión de la demanda de reconocimiento de
sentencia extranjera interpuesta por el Procurador en
nombre de GPB por carecer de objeto el contenido de
la misma y en consecuencia el archivo de las actuaciones”.
Esta letrada tuvo que anunciar y tras ello formalizar
el correspondiente recurso de apelación respecto a
la inadmisión del procedimiento de exequatur, y todo
ello en base a los siguientes hechos:
1. Don G P B y Doña C C C contrajeron matrimonio
en Estocolmo el 24 de Agosto de 1985, como consta en
la certificación literal de matrimonio expedida por el
Registro Central de Madrid.
2. De dicho matrimonio han nacido dos hijos de
nacionalidad sueca.
¿Necesitan exequatur las
sentencias de divorcio dictadas
en países comunitarios?
3. Los cónyuges solicitaron conjuntamente en Estocolmo
(Suecia) el 29 de Octubre de 1996, la disolución
de su matrimonio.
4. En fecha 1-12-97 fue dictada por el Juzgado de
Primera Instancia de Estocolmo (Suecia) sentencia de
divorcio.
5. Dicha sentencia es firme, según certificación que
consta en el reverso de la misma.
6. El actor tiene su domicilio en Sevilla, como consta
en el empadronamiento que se acompañaba.
7. Una vez se acuerde el reconocimiento de esta
sentencia (exequatur), procede su ejecución, comunicándose
el auto por certificación al encargado de
Registro Civil Central de Madrid, para su anotación
marginal en la inscripción de matrimonio de los cónyuges.
8. Tras la presentación de este procedimiento que
por reparto fue turnado al Juzgado de Familia no 17,
dicho Juzgado procedió a dictar Auto, inadmitiendo
por innecesario el procedimiento, lo que dio lugar al
correspondiente recurso de apelación.
Fundamentos de Derecho
Unico. Infraccion de ley y de garantias procesales
En el Auto que se recurre, Su Sría. entiende innecesario
el procedimiento de exequatur, pese a que ya se
había pronunciado expresamente la Dirección General
de los Registros y del Notariado en la resolución que
se reproduce a continuación:
Dirección General de los Registros y del Notariado,
06-05-2005
Resumen
La Dirección General desestima el recurso sobre inscripción
de sentencia extranjera de divorcio por considerar
que no puede acceder al Registro sin su previo
reconocimiento en España a través del “exequatur”.
Entiende el Centro Directivo que, si bien el Reglamento
del Consejo de la Unión Europea de 29 mayo
2000 preveía el reconocimiento de las resoluciones
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
extranjeras en materia de separación mediante la
presentación de copia de la sentencia firme, certificado
expedido por el órgano que lo dictó y traducción
suficiente, éste Reglamento carece de eficacia retroactiva,
por lo que no puede aplicarse a una sentencia
dictada en 1997 como la del presente supuesto.
Fundamentos de Derecho
Primero. Vistos los artículos 85 y 89 del Código Civil;
23 de la Ley del Registro Civil; 85 y 265 del Reglamento
del Registro Civil; 955 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1881; la disposición derogatoria única, apartado
1, excepción 3..a, de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000; 32, 33, 34 y 42 (disposiciones transitorias del
Reglamento de la Unión Europea de 29 de mayo de
2000), relativo a la ejecución de resoluciones judiciales
en materia matrimonial y la Resolución de 2-3..a de
enero de 2004.
Tercero. Las inscripciones marginales relativas al
divorcio pueden practicarse, en su caso, mediante
la correspondiente sentencia extranjera de divorcio
siempre que previamente se haya obtenido su reconocimiento
en España conforme a lo dispuesto en las leyes
procesales, a través del correspondiente exequatur ante
el Juzgado de Primera Instancia competente, momento
a partir del cual la sentencia produce efectos en el
Ordenamiento español (cfr. arts. 76 L.R.C. EDL 1957/53,
265-II R.R.C. EDL 1958/100, 955 LEC de 1881 EDL 1881/1 y
disposición derogatoria única, apartado 1, excepción
3.a, de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 EDL
2000/77463 y Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre
EDL 2003/156995, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, del Poder Judicial EDL 1985/8754).
Cuarto. Es cierto que el Reglamento del Consejo
de la Unión Europea citado EDL 2000/86873, que entró
en vigor el 1 de marzo de 2001, prevé la supresión del
citado trámite del exequatur en el ámbito de las resoluciones
judiciales en materia matrimonial, pero dicha
supresión solo afecta “a las acciones judiciales ejercitadas,
a los documentos públicos con fuerza ejecutiva
formalizados y a las transacciones celebradas ante el
juez durante un proceso con posterioridad a la entrada
en vigor del presente Reglamento” y a “las resoluciones
judiciales dictadas después de la fecha de entrada en
vigor del presente reglamento como consecuencia de
acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha”
las cuales serán reconocidas y ejecutadas con arreglo
a las disposiciones del capítulo III del Reglamento (cfr.
art. 42-1.” y 2.” del Reglamento) EDL 2000/86873q.
En este caso tanto el ejercicio de la acción como
Tribuna
la fecha de la sentencia son anteriores a la entrada en
vigor del Reglamento.
Repartido el recurso de apelación a la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, siendo
Ponente Don Andrés Palacios Martinez, su Fundamento
de Derecho Unico establece lo que reproducimos a
continuación :
Unico. Tras el examen y valoración de lo actuado
en primera instancia, así como lo alegado por la letrada
actuante en su escrito de interposición del recurso,
no puede esta Sala compartir criterio de la Juez de
Instancia inadmitiendo la demanda de reconocimiento
de sentencia extranjera por carecer de objeto el
contenido de la misma, decretando así el archivo de
las actuaciones; toda vez que si bien es cierto que
el Reglamento (C.E.) no 1347/2001, del Consejo de la
Unión Europea, que entró en vigor con fecha 1 de Marzo
de 2001, garantiza el reconocimiento automático de
las resoluciones matrimoniales relativas a separación,
divorcio o anulaciones de matrimonio, con la supresión
del trámite del exequatur.
También lo es, que dicha supresión afecta a “las
acciones judiciales ejercitadas, a los documentos
públicos con fuerza ejecutiva formalizados y a las transacciones
celebradas ante el Juez durante un proceso
con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento
de referencia” y “ a las resoluciones judiciales
dictadas después de la fecha de entrada en vigor de
aquél como consecuencia de acciones ejercitadas
con anterioridad a esta fecha”.
En el caso de Autos tanto la acción de divorcio entablada
como la fecha de la sentencia dictada por el Juzgado
de 1a Instancia de Estocolmo son anteriores a la
entrada en vigor del precitado Reglamento; de ahí, que
careciendo el mismo de eficacia retroactiva no puede
aplicarse en relación a una sentencia de divorcio dictada
por un Juzgado de Estocolmo en 1997, siendo necesario
su reconocimiento por la vía del exequatur.
Es por ello, que atribuida la competencia para
conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución
de sentencia y demás resoluciones judiciales
y arbitrales extranjeras a los Juzgados de 1a Instancia
del domicilio o lugar de residencia de la parte frente
a la que se solicita el reconocimiento y ejecución,...
procede la estimación de la pretensión articulada a
través del recurso interpuesto y la revocación de la
resolución recurrida.”
En resumen, los divorcios dictados por Juzgados de
paises de la Unión Europea antes del 1 de Marzo del 2001
necesitan exequatur, los posteriores a esa fecha no.
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56
Tribuna
Dos años aproximadamente llevaba Cervantes
en Andalucía ocupado en el desempeño
de su comisión cuando llegó a Sevilla
a finales de 1588 el propio comisionado
real Antonio de Guevara. Astrana Marín
manifiesta que llegando Guevara cesó Valdivia en su
comisión, sin que nos explique el ilustre biógrafo de
Cervantes cual fuere la causa que trajera por primera
vez a Sevilla a tan alto personaje, ni tampoco la causa
del cese a su llegada del alcalde Valdivia. Tal vez
podamos nosotros, al menos, explicar las causas que
motivaron el cese del Alcalde, porque creemos que
Guevara viene a Sevilla precisamente a causa de la
situación en que se encuentra Valdivia, que ahora
explicaremos, porque se veía precisado a causa de
esta situación de ocuparse directamente de la comisión
real, hasta que encontrara nueva persona en
quien delegarla, lo que no ocurre hasta mediar el año
1591 con el nuevo nombramiento de Pedro de Insunza.
Y para entender bien lo que estamos afirmando hay
que retroceder en el tiempo dos años, y ello porque
finalizando el año 1585 viene a la Real Audiencia de
los Grados un adusto personaje que trae como única
misión la de hacer la “Visita” a tan alto tribunal por
orden del propio rey. El Diccionario de Legislación de
Escriche define la visita como el acto de jurisdicción
con el que algún superior se informa del proceder de
los ministros inferiores o de los súbditos, o del estado
de las cosas en los distritos de su jurisdicción, pasando
personalmente a reconocerlos o enviando a otro que
lo ejecute en su nombre. Las Audiencias reales de
Felipe II se vieron continuamente sujetas a estas visitas,
hoy las llamamos inspección de tribunales, que el rey
encargaba directamente a importantes personajes de
la Curia y que normalmente recaían en oidores de las
Chancillerías de Valladolid o de Granada, normalmente
pertenecientes a su Consejo y que en muchas ocasiones
gozaron de esta alta categoría administrativa, y
así ocurrió en este caso concreto. Juan de Acuña, que
fue el Visitador de la Real Audiencia de Sevilla en 1585,
era oidor de la Real Chancillería de Valladolid y pertenecía
a la nómina de los altos consejeros reales. Y a
Sevilla llegó en las postrimerías del año 1585, escarcela
al cinto, balduque y papel de barbas, a no dejar títere
con cabeza en la Audiencia de los Grados sevillana. Y
esta inspección tiene mucho que ver, como vamos a
relatar, con el cese del alcalde del Crimen Diego de
Valdivia, que Astrana, el más completo de los biógrafos
de Cervantes no acertó a explicar.
Las razones que tenemos para afirmar el cese o
José Santos Torres, Abogado.
Cervantes en Sevilla (y II)
la destitución del alcalde Valdivia son
estrictamente documentales, y estuvieron
inéditas hasta que las expuse en mi Discurso
de ingreso en la Academia “Vélez
de Guevara” de Écija. Los biógrafos de
Cervantes, Rodríguez Marín –el mejor de
todos sus comentaristas, ilustre compañero
del Colegio de Sevilla durante veintidós
años, gloria por otra parte de
las letras españolas, hoy injustamente
preterido por una política bastarda-,
Astrana Marín –distinguido como
biógrafo entre todos ellos-,Asencio y
Toledo y Rodríguez Jurado –excelsos
abogados de nuestro Colegio también
y el segundo extraordinario Decano-,
Pérez Pastor, Pellicer, Clemencín, Bowle
y muchos otros estudiosos de Cervantes
no alcanzaron a conocerlas. Sin embargo,
la suerte, la Santa Casualidad, esa
santa milagrosa como la llamaba Rodríguez
Marín, nos ha deparado encontrar en
Simancas, el singular archivo donde se custodia
desconocida la historia de España,
el legajo de la Visita que en 1588 realizara
Acuña a la Real Audiencia de Sevilla, abultado
infolio en cuyo interior se encuentran
preciosos documentos y muy singularmente
varias copias de cartas dirigidas por el
propio alcalde Valdivia al rey, en el año
1590, que aportan preciosos datos sobre
hecho tan singular y desconocido por los
cervantistas, y cuya utilidad ha sido única
para que podamos hoy conocer estos
extremos desconocidos de la justicia sevillana
de la época que Cervantes vivió en
Sevilla. Y ello además porque la noticia
que teníamos como sabida en relación
con el alcalde Valdivia arranca del testimonio
prestado por el propio Cervantes
en una de sus excelentes Novelas Ejemplares,
la titulada El Licenciado Vidriera.
En ella, el ilustre autor del Quijote, nos presenta
en su primer capítulo al capitán Die- g o
de Valdivia, con quien dialoga el protago- nista
Tomás Rodaja acerca de los caracteres de la milicia
y de su partida para Italia. De todos es sabido como
Cervantes gustaba en sus novelas encarnar personajes
sacados de la vida real, como en este caso hace con
el Alcalde del crimen de la Real Audiencia de Sevilla. A
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Valdivia, según
t e s t i m o n i o
prestado por el
escribano de la
Real Audiencia
de Sevilla Alonso
de Sabariego,
obrante al
legajo donde
dicha Visita
se contiene,
y prestado el
jueves 22 de
marzo de 1590
con la firma
del entonces
Regente Don
Antonio Sirvente
de Cárdenas,
le fueron formulados
por Acuña hasta
diez cargos, algunos de
ellos gravísimos para un
juez, como lo es la prevaricación.
En nuestro
Discurso de ingreso en
la Academia “Vélez de
Guevara”, de Écija, los
estudiamos con amplitud;
aquí sólo hacemos
su enumeración para
que pueda comprobarse
la importancia
de tales cargos. No sin
dejar constancia de
que el alcalde Valdivia
era un juez de quien
opinaron bien tanto el
Padre León, jesuita sevillano
encargado del
ministerio de cárceles,
contemporáneo de Valdivia, que así lo dejó expresado
en su famosa Historia de la Cárcel, que como tal
conocía muy bien los entresijos de la justicia sevillana
–desempeñó el ministerio de cárceles y la asistencia
a los reos desde 1578 a 1611- ministerio que desde su
fundación por Ignacio de Loyola correspondió a la
Compañía de Jesús. También el Regente de la Real
Audiencia Beltrán de Guevara, en el informe que
prestó al Rey en 1590 alabó las cualidades del alcalde
Valdivia. Ni uno ni otro conocerían los cargos que a
Valdivia formuló el visitador Juan de Acuña, porque de
conocerlos no hubieran procedido en su calificación
como lo hicieron.
«LA SANTA CASUALIDAD, ESA
Estos fueron los diez cargos, que he procurado reflejar
con la mayor exactitud, respetando incluso algunas
expresiones que en un correcto castellano serían más
ricas de lenguaje:
1. Haber nombrado criados suyos y otros allegados
a él para sus negocios fuera de Sevilla, señalándoles
500 maravedíes de salario diario, denominándoles en
los mandamientos para el desempeño de sus cargos
como Alguaciles de los Veinte, sin ser tales y en perjuicio
de los que tenían ganada ejecutoria para ello,
por cuya razón nadie podía ser nombrado como tales,
salvo ellos.
2. Haberse acompañado él y su mujer por sus
SANTA MILAGROSA COMO LA
LLAMABA RODRÍGUEZ MARÍN,
NOS HA DEPARADO ENCONTRAR EN
SIMANCAS, EL SINGULAR ARCHIVO
DONDE SE CUSTODIA DESCONOCIDA LA
HISTORIA DE ESPAÑA, EL LEGAJO DE LA
VISITA QUE EN 1588 REALIZARA ACUÑA
A LA REAL AUDIENCIA DE SEVILLA»
Tribuna
criados trayendo
varas de
justicia y yendo
en coche, litera
o silla, que ha
sido notorio y
objeto de murmuración
en
Sevilla.
(Fue condenado
por ello
en 30.000 maravedíes
para la
Cámara y gastos
de la Visita
por mitad).
3. Que debe
a Juan de Alburquerque,
Veinticuatro de
esta ciudad, 47.000
maravedíes, trayendo
pleitos de ordinario en
esta Audiencia.
(Se le culpa y se
manda que dentro de
treinta días después de
nuestra cédula demuestre
haberlos pagado).
4. Que consiente
entrar en su casa muy
a menudo a Juan de
Morales, solicitador que
vive en Triana, y a Tomás
Moreno, corredor de
Lonja, con los cuales tiene
más comunicación
que las que a su autoridad
y oficio convienen.
De ello ha resultado mucha murmuración en Sevilla y
en ocasiones daños y perjuicios a algunos litigantes,
trayéndoles a su lado a pie y a caballo.
(Se le culpa y se le advierte se abstenga de lo
susodicho)
5. Que pidió a Jerónimo de la Fuente, escribano de
provincia de su Juzgado, 2.000 reales prestados hará
cuatro años y no se los ha pagado, y que fue a comer
a una huerta haciéndole la costa y regalándole dicho
escribano real a su mujer y a otras personas, y otra vez
fue a comer y cenar en casa de Diego Mejías trayendo
pleito ante él.
6. Que ha tenido despensero morisco que públicamente
ha vendido carne y pescado y a todas las
personas que le iban a comprar les llevaba más de lo
que valía y a él le costaba diez maravedíes por libra,
teniendo todos y los demás aparejos de los carniceros,
y les daba mandamientos para que les diesen mantenimientos
y no se los dando los prendiese. De ello
ha habido mucho desorden y se han seguido muchos
inconvenientes.
7. Que ha consentido traer un morisco, su criado,
espada de hierro acompañándose con él estando
prohibido por nuestra Premática.
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58
Tribuna
8. Que habiendo sido juez en un pleito de Pedro
Martínez de Arévalo y en otro de Alonso de Leyva
con sus acreedores, y habiendo mandado hacer
almoneda de los bienes tuvo en su poder una cama
de damasco carmesí sin haberse rematado y cuatro
paños de tapicería, sirviéndose de ellos, a cuya causa
no se vendió en almoneda y volvió al depositario, consintiendo
que el dinero de dicha almoneda estuviese
en poder del escribano de la causa, y de ello recibió
estas costas. (Por ello se le culpa )
9. Porque parece que dio unos mandamientos
firmados con su nombre a Francisco de Aguilar, sombrerero,
y a Simón Hernández, sastre, y a Juan Serrano
de Aguilar, tejedor de tafetanes y telillas, para que
pudiesen usar sus oficios sin estar examinados, sin que
por ello incurrieran en pena alguna, y a Jácome Navarro,
esgrimidor, para que pudiese en esta ciudad y en
otras usar y ejercer el oficio de maestro de todas las
armas sin que lo estorbasen so pena de prisión y que lo
prendiesen. (Se le pone culpa y culpa grave).
10. Siendo juez en un pleito y causa que trataba
contra dos hombres sobre cierta muerte, habiendo
confirmado la sentencia del inferior en que los condenó
a muerte de horca y devuéltole la causa para que
la ejecutase, estándola ejecutando en la plaza pública
y ahorcado el uno y el otro puesto al pie de la horca,
por el ruego de algunas personas, sin estar en acuerdo,
ni hallarse todos los demás Alcaldes presentes ni juntos,
sin preceder Auto, mandó suspenderla. Y que estando
otro hombre condenado a ahorcar por él y algunos
de sus compañeros, sin embargo de su publicación,
queriendo ejecutar la sentencia estando el dicho hombre
en la escalera de la horca, porque en ese instante
perdonó la parte, mandó suspender la ejecución de la
justicia sin preceder Auto para ello, diciendo que si era
así y la parte perdona no le ahorcasen y que si no perdonaba
le ahorcasen luego, y el dicho hombre quedó
por ahorcar.
(Por ello hubo mucha nota y escándalo en la ciudad)
El alcalde Diego de Valdivia al parecer no era tan
buen funcionario como lo veían el Regente y el padre
jesuita Pedro de León y por tal causa los cargos que se
le hicieron terminaron por resolución que suspendió a
éste por un año en su cargo de Alcalde del Crimen,
como con anterioridad ya hemos indicado. Y aquí
volvemos a tropezarnos con lo que ya antes indicamos,
las razones que no encontró Astrana Marín, el gran
biógrafo de Cervantes, que extrañó la llegada a Sevilla
del proveedor de las galeras Antonio de Guevara
coincidiendo con el cese, la destitución mejor dicho,
de Valdivia, si no olvidamos que la visita de Juan de
Acuña venía produciéndose desde 1585, y posiblemente
Valdivia estaba ya suspendido temporalmente
y en prevención desde 1588, aún cuando los cargos
oficialmente, como resultado de la inspección, no se le
notificaran hasta 1590.
Los llamados Alguaciles de los Veinte de a caballo,
eran unos funcionarios muy particulares dentro de la
organización de los cuerpos inferiores de la justicia
sevillana. Al parecer existían con este número y esta
denominación desde los tiempos del rey Alfonso XI. Su
número fue cerrado hasta que a principios del siglo XVI
y el atributo de su oficio era usar vara alta de justicia
–bastón largo de madera de color clero rematado
en una cruz- en contraposición a la media vara que
usaban otros ministros inferiores que carecían de jurisdicción
propia, prerrogativa que aquellos funcionarios
defendieron denodadamente y de que hay testimonios
elocuentes en los pleitos en que ellos intervinieron.
Veamos algún ejemplo: El propio Cervantes, comisionado
real en la saca del trigo y el aceite para Andalucía,
para el aprovisionamiento de las galeras reales,
usaba vara alta de justicia que le permitía obrar en su
cometido por propio imperio y no por delegación.
El mismo Cervantes nos aclara también como el
cuadrillero de la Santa Hermandad que intervino en la
pelea que se ensarzó en la Venta, “asió de su media
vara” (Quijote. Parte 1a. Cap. XVI ). Otros testimonios
pueden verse en Aurelio Alvárez Jusué. Biografía de
una Audiencia. El tribunal del Rey en Sevilla. (pg. 234).
Obra inédita de este culto magistrado sevillano, escrita
en 1956, a quien muchos, los de más edad, conocieron
por haber sido Juez del Juzgado número 5 y después
magistrado de nuestra Audiencia Territorial hasta su
jubilación. Ni Sevilla ni su justicia han reconocido la
ingente labor que sobre nuestra justicia histórica realizó
este ilustre jurista. Nunca es tarde para rectificar.
El alcalde Valdivia siguió el ejemplo, como muy
bien dice Alvárez Jusué, que siguieron otros ministros
de justicia, ávidos de poder, “de crear motu propio
alguaciles con vara alta de justicia para cada caso
interesante que se presentaba, dedicando para ello
a criados, serviciarios, amigos o simplemente recomendados
y contravino con ello la Real provisión de
14 de abril de 1590 y sobrecartas de 15 de mayo y 18
de mayo de 1575, que ordenaba a los jueces de la
Real Audiencia que representaban las prerrogativas
de estos alguaciles so pena de diez mil maravedies
para la Nuestra Cámara. (Archivo Histórico de la Real
Audiencia. Legajo 25). De otra parte las Pragmáticas
sobre los coches, sillas y lujo en general, prohibían lo
que el alcalde Valdivia hacía, procediendo sin ninguno
género de consideración lacia la disposición real:
“Ningún hombre de cualquier edad, calidad y condición
que sea pueda andar y ande en silla de manos
si no fuere teniendo licencia nuestra por escrito, y no
en otra manera..” (Nueva Recopilación. lib. tít. XVII
y también Novísima Recopilación. Lib. VI. tít. XIV. ley
VII). Los despenseros eran los encargados del aprovisionamiento
de la casa real y de los grandes señores.
El Diccionario de Autoridades lo define como “el que
tiene el cuidado de la despensa y compra diariamente
lo necesario para la comida y lo reparte y lo distribuye”.
La ley I. tít. 16. lib. III de la Novísima Recopilacióin,
disponía que “ los despenseros o gallineros de Casa
real o de Grandes no tomen sino lo necesario para la
respectiva despensa pagándolo a precios razonables”
El abuso consistía en comprar al amparo de la prerrogativa
de que gozaban más de lo que debieran en
forma desordenada y a precio más bajo que el normal
de las vituallas necesarias para después venderlo a
más alto precio. Más acentuada la transgresión legal si
esto lo hacía el despensero con la aquiescencia de su
señor que era quien realmente se lucraba. Estos avispados
despenseros y señores aprovechados los retrata
Quevedo, con su singular gracejo en Las Zahúrdas de
Plutón (Espasa Calpe. I. pg. 141 ): “ Y llegaron unos
despenseros a cuentas (y no rezándolas), y en el ruido
con que venía la trulla, dijo un ministro , y otros dijeron , y otros , y dióles
tanta pesadumbre la palabra que se turbaron
mucho”. Los gremios obligaban a quienes pretendían
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
ser titulares de un oficio a sufrir el correspondiente
examen de capacitación para ejercer el oficio. Era por
consiguiente una grave contravención ejercerlo sin
este inexcusable requisito. Nuevamente recurrimos al
testimonio de Quevedo, el gran satírico, esta vez prestado
en el Sueño de las calaveras, cuando escribe: “
Llegó en esto un hombre desaforado lleno de ceño y
alargando la mano dijo:.
Admirándose todos, dijeron los porteros quién era, y él
en altas voces respondió: < Maestro de esgrima examinado
y de los más diestros del mundo>, y sacando
unos papeles del pecho dijo que aquellos eran los testimonios
de sus hazañas”. (B.A.E. t. XXIII. Obras de Don
Francisco de Quevedo y Villegas. t. I. pg. 300 ).
Cervantes, que escribió El Licenciado Vidriera en
1606, aunque la novela no se publicara hasta 1613,
estaba en Sevilla en aquella época de la visita de Acuña,
y debió conocer con toda seguridad la situación
de Valdivia a consecuencia de la inspección, aunque
se encontrara para allá y para acá en el ejercicio de su
comisión por tierras andaluzas, porque un hecho de tal
importancia no pudo pasar desapercibido a una mente
inquieta como la suya y conocedora de los entresijos
en que se movía la justicia en Sevilla en aquella época,
como muy bien ha dejado constancia en sus novelas.
Por eso estamos totalmente de acuerdo con Astrana
cuando manifiesta que “la alusión de Cervantes a Don
Diego de Valdivia parece revelar afecto por el Alcalde
del Crimen”. Nosotros afirmamos, creemos que sin error
a equivocarnos, que Cervantes tuvo necesariamente
que conocer esta situación de Valdivia a causa de
la inspección y la resultancia de los cargos que se le
imputaron y la suspensión de su empleo de justicia. La
ciudad tuvo que hacerse eco de aquella visita que
tanto desconcierto sembraría ante tan alto tribunal
de justicia, que causó la corrección de algunos de
ellos, entre los cuales se encontró el propio Beltrán de
Guevara, su regente, que sufrió imputación con otros
alcaldes y oidores de la Real Audiencia. Fechado en
Sevilla a 10 de diciembre de 1586 hemos encontrado
entre los documentos del legajo que recoge la visita de
Acuña en el Archivo de Simancas, autógrafo en cinco
folios, el documento de descargo que hacen al Rey
los oidores y el regente de la Real Audiencia de Sevilla,
respondiendo de 23 cargos que se les formularan.
Aparte el ya mencionado regente Beltrán de Guevara
estos son sus nombres y apellidos sacados del propio
documento de descargo que se conserva custodiado
en Simancas: Licenciado Rodríguez, Licenciado Luis
de Molina, Licenciado Andrés Fernández de Córdoba,
Licenciado Velázquez, Licenciado Bermuy, Licenciado
Carriazo de Otalora, Licenciado Rojas de Carvajal y
Licenciado Varela.
Tenemos, pues, que responder en sentido afirmativo:
Cervantes estaba al corriente de lo que se cocía
en Sevilla y en su justicia, como bien demuestran de
otra parte sus continuadas alusiones a ella en todas sus
obras, especialmente en sus novelas.
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Tribuna
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Tribuna
1. Brindis
En cierta ocasión, toreando en Zaragoza,
Ignacio Sánchez Mejias le brindó un toro a su buen
amigo José Pérez de Guzmán, un onubense muy entusiasta
del toreo enterizo y emocionante de Sánchez
Mejías.
– Te brindo –le dijo– la
muerte de este toro... y espero
que la Virgen, la nuestra,
la del Rocío –recalcó–, no
ésta, la del Pilar, me ayude.
En la plaza se armó la de
San Quintín. «Ha menospreciado
a la Pilarica», gritaban los maños,
justamente enojados.
Antonio Conde, que acostumbraba
a contar a don Gregorio Corrochano
las incidencias de las corridas, le puso al ilustre
cronista de ABC este telegrama:
«Ya sabrá usted lo ocurrido en Zaragoza. Es que
ya exponemos hasta en los brindis.»
Un novillero que debutó en Murcia brindo por
Murcia y los Murciélagos....
2. Picadores
Hace casi un siglo actuaba en la plaza de toros
de Huelva el popular y modesto picador de la localidad
Camilo González el Tremendo. Se lidiaba una novillada
grande y con mucho poder. El cuarto astado que
salió aquel día era una catedral. Bravo de una pujanza
extraordinaria y con leña en la cabeza.
Cuando llegó el momento de picarlo Camilo, un
tanto pálido, dirigióse en busca del terrible morlaco,
Joaquín Herrera del Rey, Abogado
Anécdotas de
Toreros Andaluces (y II)
pensando lo poco que iba a durar encima de la cabalgadura.
En efecto, en una pavorosa acometida arremetió
el cornúpeta contra caballo y jinete, levantando a
ambos. El Tremendo se dio una formidable costalada,
quedando en la arena medio conmocionado.
El público aplaudió la bravura y fuerza de tan hermoso
novillo, deseando se le pusiera la segunda vara.
Los monosabios levantaron del suelo al muy magullado
Camilo y con toda presteza lo subieron al
caballo, pero con los nervios y la precipitación
lo subieron montado al revés. Nuestro
hombre atónito y atontado intentó agarrarse
al cuello del caballo en el momento que un
monosabio le decía: «al toro Camilo que
no ha sido ná...»
Abrio los ojos El Tremendo y exclamó
desde su asombro: «que no ha sido
ná, ¡mardita sea! y le ha quitao er
toro la cabeza ar caballo...»
3. Banderilleros
Malaver el Banderillero enfermó
gravemente, y a Sevilla llegaron
noticias muy alarmantes. Un entrañable
amigo apenas que conoció la noticia se
dirigió a Salteras. La alegría del amigo no
tuvo límites al encontrarse con Malaver,
muy arropadito, tomando el sol, en un
sillón de enea.
– Manuel que es eso. Pero si te veo hecho un mozo
como un junco erecto tieso, un prince superio... como
me habían dicho que ya no te levantabas...
– Estoy en las últimas... Te diré es que me ha levantaó
el puntillero...
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Enero - Febrero 2007
4. Médicos
A Machaquito le pusieron un yeso por una mala
cogida cuando llegó la factura su hermano le comentó:
«Pues menos mal que no te han puesto mármol...»
A un novillero sevillano muy poco placeado
le contrataron para actuar en un pueblo de la
provincia. Por no tener, no tenía ni traje de
torear que le pidió a un compañero que
acababa de estrenar y le había costado
un riñón.
El novillero fue cogido de manera sería,
destrozándole por completo el traje. Sus
compañeros iban a la enfermería y preguntaban
por su salud.
– Mientras no entre el shock, bien-
llegaron a contestar hasta siete veces los
médicos...
– Y digo yo ..¿quien es el
shock ....?- preguntó uno de los
compañeros.
– Debe ser el que ha prestado
el traje- contestó otro.
5. Empresarios
Toreaban en una plaza andaluza
Gordito, Hermosilla y Chicorro,
y ello era en los tiempos en que los
tres podían con los toros, y cautivaban
a los aficionados con sus especialidades
toreras pintureras.
El empresario, queriendo adelantar en el cartel
los mayores atractivos, solicitó de los tres matadores
algo extraordinario, que anunciado previamente
pudiera servir de gancho a la curiosidad de la afición
y redundase en beneficio de la taquilla .
– Diga Vd. –manifestó Antonio Carmona- que
podré banderillas en silla si alguno de los toros tiene
condiciones.
– Pues yo -dijo José Lara– daré er sarto de la garrocha
si lo admite algún bicho.
Y como Manuel Hermosilla (que no tenía especialidades
vistosas) callase como un muerto, le preguntó
el empresario:
– Y de Vd. ¿qué anuncio?
Y Hermosilla que no confiaba mucho en la honora-
bilidad del empresario contestó:
Tribuna
– Pos ponga Vd. que yo cobraré antes de comenzar
la corría.
6. La Autoridad
Claro, que no siempre consigue el diestro
acabar con el toro. En algunas ocasiones
el astado es devuelto a los corrales porque el
torero que debe despacharlo se niega a ello o
no puede con el cornúpeta.
Rafael de Paula vivió esta
escena después de negarse
a lidiar un toro en la Monumental
de Barcelona:
«Fue castigado con
la consiguiente multa,
además de la prohibición
de ejercer la
profesión durante tres
meses. Días después, el
ministro de Agricultura, señor Allende
y García-Báxter, estuvo en visita
oficial en Jerez de la Frontera...
Entre Ios invitados figuraba
Rafael de Paula, quien fue
presentado para que
expusiese su problema
al Señor Allende.
– Mire Vd. señor Ministro,
reconozco mi culpa, pero no
creo que la cosa merezca tanto
castigo. Además hay que tener
en cuenta que de mí dependen
ocho hombres inocentes que se
han quedado sin trabajo. Y sobre
todo no he matado a nadie... Por
no matar no he matado ni al toro
que me correspondía...
7. Las corridas mixtas llevan ya mucho tiempo
Hace ya algunos años escuché la siguiente crónica:
«Corrida mixta en Avignon (Francia). Un toro de
Olea para Doña Tancredo que fue ovacionadísima.
Cuatro novillos de Veragua para las señoritas toreras
Lolita y Angelita, que estuvieron regulares, y un toro de
Miura para Antonio de Dios “Conejito” El último novillo
volteó a Lolita, que fue llevada a la enfermería conmocionada.
El Conejito sin novedad...”
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Comisión de
Turnos de Oficio
Justificacion de los Turnos de Oficio
1. Procedimiento para la justificación de los Turnos
de Oficios
Para un efectivo abono de los turnos de oficio es
importante tener en cuenta las siguientes indicaciones:
1. Para la justificación de las actuaciones realizadas
es imprescindible entregar el cuadrante o modelo
actualizado, que se encuentra a disposición de todos
los letrados, en las dependencias del Colegio y en
nuestra página Web. Este cuadrante ha de estar debidamente
cumplimentado:
• Debe de constar todos los datos relativos al
Letrado, con su correspondiente firma, así como los del
defendido.
• Es imprescindible reseñar el NIE (Número de Identificación
de Expediente), y fechar el documento.
• Todas las actuaciones, especialmente las del turno
de violencia de genero, han de venir debidamente
identificadas, señalando los autos de los que provienen
(Diligencias Previas, Procedimiento Abreviado, Causa
Penal, Rollo Apelación, etc.).
• Las actuaciones que se justifican deben de
encuadrarse dentro de la Jurisdicción y del Procedimiento
que corresponda.
• Se ha de indicar qué fase se justifica.: Inicio, Conclusión
(cuando previamente se solicitó el inicio de la
actuación), Asunto completo o Archivo asunto.
2. Se ha de adjuntar al cuadrante, debidamente
grapada, la documentación acreditativa de haber
realizado la actuación que se pretende cobrar. Hemos
de tener en cuenta lo siguiente:
• Se ha de adjuntar fotocopia de la/s actuación/es.
• Importante: no es necesario adjuntar copia de toda
la resolución, es suficiente la primera página, (donde
conste nombre del defendido y en su caso del letrado).
• Para el caso de un defendido, con mismo NIE, se
podrá adjuntar a un solo cuadrante toda la documentación
acreditativa de las distintas actuaciones realizadas
(p.e. podemos justificar sentencia y recurso).
2. Porcentaje de abono de las actuaciones
Conforme con lo dispuesto en el Anexo 3 de la
Orden de 8 de Marzo de 2005, “Los abogados devengarán
la retribución correspondiente a su actuación
en el turno de oficio, cuando así lo acrediten ante
su respectivo Colegio Profesional, con arreglo a los
siguientes porcentajes...”.
Jurisdicción Penal
Icas
• Se abonará el 30% a la presentación de la copia
de la diligencia o solicitud de actuación profesional en
que intervenga el letrado, y el 70% a la presentación de
la copia de la sentencia.
• Los desplazamientos (A5), se abonarán en un
pago único el 100%, a la presentación de la copia de
la sentencia.
• Los procedimientos Sobreseidos o Archivados, se
abonarán como primera actuación, es decir, devengarán
el 30%, únicamente.
El procedimiento penal general (A1), sólo se deberá
señalar cuando la actuación que se justifica se haya
realizado ante la Audiencia (Rollo o Sumario).
Solo se considerarán expedientes penitenciarios
(A4) aquellos recursos interpuestos ante el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, los recursos ante la Audiencia
tendrán la categoría G12 (apelación penal).
Civil y Familia
En todos los procedimientos civiles se abonará
• el 70% a la presentación de la copia de la resolución
de admisión de la demanda, reconvención,
contestación, etc.).
• el 30% a la presentación de la copia de la sentencia
o resolución que ponga fin a la instancia o
procedimiento.
Vendrán calificados dentro de la Jurisdicción Civil
los siguientes procedimientos:
Los procedimientos sobre Uniones de Hecho dentro
de la categoría B3. (Procesos s/ capac., filiación,
patern. y matern.).
Los procedimientos relativos al régimen de visitas de
los abuelos, dentro de la categoría B2 (Juicio Verbal).
Los procedimientos sobre Adopción y Acogimiento,
dentro de la categoría B9 (Procesos de desamparo,
tutela y guarda).
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Hemos de indicar que:
• La vía administrativa previa (D11a D16), se abonará
en un pago único el 100%, a la presentación de
la copia de la resolución o acto administrativo que
suponga la finalización del procedimiento (p.e. en
materia de extranjería, expedientes de expulsión, D12,
se abonará el 100%, a la presentación de la copia de
la resolución de la Subdelegación del Gobierno, o
63

64
Icas
bien, a la presentación del escrito, debidamente sellado,
solicitando la caducidad).
• Los procedimientos contenciosos se abonará el
70% a la presentación de la copia de la diligencia judicial
acreditativa de la intervención del letrado y el 30%
a la presentación de la copia de la sentencia o resolución
que ponga fin a la instancia o procedimiento.
Jurisdicción Social
Se abonará el 70% a la presentación de copia de
la diligencia judicial acreditativa de la intervención
del letrado, y el 30% a la presentación de la copia de
la sentencia.
Recursos
• Apelación civil. Se abonará el 70% a la presentación
de la copia de la resolución admitiendo a trámite
el recurso o, en su caso, la personación en la alzada.
• Apelación penal, jurisdicción del menor y faltas.
Se abonará el 70% a la presentación de la copia de la
resolución judicial teniendo por formalizado o impugnado
el recurso o del señalamiento para la vista.
Se abonará el 30% de las apelaciones a la presentación
de la copia de la sentencia o resolución que
ponga fin a la instancia.
• Anuncio del recurso de casación ante el TS. Se
abonará en un pago único el 100%, a la presentación
de la copia del mismo.
• Anuncio del recurso de casación ante el TSJA.
Horarios de Visita
en los Centros
Penitenciarios
Se ha recibido circular del Ministerio del
Interior, informando que el nuevo horario
de visita de los abogados con carácter
general, será de lunes a viernes de 9 a 14
horas y de 16:30 a 20 horas y los sábados
de 9 a 14 horas, finalizando los letrados sus
visitas a las 14 horas por la mañana y a las
20 horas por la tarde.
No se abona cuando el letrado formaliza el recurso de
casación.
• Recursos de Casación formalizados ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. Se abonará el 70%, a
la presentación de la copia de la providencia por la que
se tenga por formalizado el recurso, el 30% restante, a la
presentación de la copia de la sentencia o resolución
que ponga fin a la instancia o procedimiento.
• Los Recursos de Casación ante el Tribunal Supremo,
no se abonan.
Normas Generales
• Informe de Insostenibilidad. Se abonará en un
pago único el 100%, a la presentación del informe de
insostenibilidad, debidamente sellado por la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en Sevilla, Calle
Marqués de Nervión, nº 40.
• Ejecución de Sentencia transcurridos dos años desde
la resolución de la instancia. Se abonará en un pago
único el 100%, a la presentación de copia del auto por
el que se despacha ejecución o la resolución final.
• Transacciones Extrajudiciales. Se abonará a la
presentación del documento que justifique dicha transacción.
Para cualquier duda o aclaración al respecto,
nos encontramos a vuestra entera disposición en las
dependencias del Colegio sitas en la Calle Chapineros,
no 6 o bien llamando al número de teléfono
954.50.39.81.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
De interés para el
Colegiado
Abogados y Ley de Protección de Datos
Trataré en este artículo de explicar cómo nos afecta
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, en adelante
LOPD, a nosotros los abogados. Ésta es de aplicación
a los datos de carácter personal registrados en soporte
físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores
público y privado.
Todos los abogados tenemos sin duda alguna información
concerniente a personas físicas identificadas o
identificables, datos que tenemos organizados y tratamos
en nuestra actividad diaria. Así, la LOPD afecta a
todos estos datos, independientemente que tengamos
esta información en ficheros en formato digital o en
papel, usemos un software informático para su tratamiento
o no.
Tenemos datos de carácter personal de nuestros
clientes, de los contrarios, de los procuradores, de las
personas que trabajan en nuestros despachos, de las
personas que trabajan para nuestros clientes, de los
contactos profesionales de nuestras agendas, etcétera.
Pues bien, a todos estos ficheros con datos de carácter
personal hay que aplicar la LOPD y toda su normativa
de desarrollo.
Veamos ahora cuales son las principales exigencias
que nos marca esta normativa. La primera de ellas, que
debiéramos cumplir antes de tener los datos de carácter
personal en nuestro poder, es inscribir los ficheros en el
Registro General de Protección de Datos. No hay que
transmitir a dicho registro los datos concretos de nuestros
ficheros, sino solo algunos aspectos generales de
los mismos.
Lo siguiente será ver si los datos personales incluidos
en nuestros ficheros cumplen con el principio de calidad
que exige la LOPD. Así, los datos incorporados deben de
ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación
con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas
y legítimas para las que se hayan obtenido.
Un aspecto muy importante, es el derecho de
información que debemos ofrecer a los afectados. Son
afectados las personas a las que hacen referencia los
datos de carácter personal incorporados en nuestros
ficheros, y que son los verdaderos propietarios de los
mismos, ya que deciden quienes los pueden tener y que
pueden hacer con ellos. Cuando obtengamos datos de
carácter personal, mediante el medio que sea, debemos
informar previamente a los afectados, de modo
expreso, preciso e inequívoco de la existencia de un
fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de
la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios
de la información; del carácter obligatorio o facultativo
de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas;
de las consecuencias de la obtención de los datos o de
la negativa a suministrarlos; de la posibilidad de ejercitar
Icas
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición; y de la identidad y dirección del responsable
del tratamiento o, en su caso, de su representante.
No obstante, este deber no es absoluto, sino que
tiene sus excepciones. Así, no será necesario cumplir
con este deber de información cuando una ley así lo
prevea, cuando se trate de datos para fines históricos,
estadísticos o científicos según marca su normativa,
cuando resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados
el llevarlo a cabo, siempre bajo criterio de la
Agencia Española de Protección de Datos, y cuando los
datos procedan de fuentes accesibles al público, entre
ellas las listas de personas pertenecientes a grupos de
profesionales, -como el caso del directorio del abogados
de Sevilla, que contengan únicamente los datos de
nombre, título, profesión, actividad, grado académico,
dirección e indicación de su pertenencia al grupo-, y
se destinen a la actividad de publicidad o prospección
comercial.
Si el derecho de información es importante, el consentimiento
es el verdadero protagonista en esta materia.
Podemos hacer cualquier cosa con los datos siempre
que exista consentimiento del afectado, e igualmente
casi nada se puede hacer sin él. Lo define la LOPD
como toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,
específica e informada, mediante la que el interesado
consienta el tratamiento de datos personales que le
conciernen. En definitiva, para que podamos hacer un
tratamiento de datos de carácter personal, tendremos
que requerir el consentimiento inequívoco del afectado,
salvo que alguna Ley disponga otra cosa.
No obstante lo anterior, este consentimiento no será
necesario para los ficheros de datos cuya finalidad sean
las funciones propias de las Administraciones Públicas
en el ámbito de sus competencias, tampoco será necesario
entre las partes de un contrato o precontrato de
una relación negocial, laboral o administrativa y que
sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento,
cuando se trate de proteger un interés vital del interesado,
o cuando los datos provengan de las denominadas
fuentes accesibles al público.
Una vez que hayamos comprobado el cumplimiento
de todo lo anterior, debemos fijarnos en las posibles
cesiones de datos de carácter personal que estemos
realizando. Debemos entender como cesión de datos
todo tratamiento de datos que supone su revelación a
una persona distinta del afectado. No es que no se puedan
comunicar datos de carácter personal a un tercero,
sino que debe contarse con el previo consentimiento del
afectado.
Sin embargo, entre otros casos, no necesitaremos de
este consentimiento cuando una ley autorice la cesión;
cuando los datos sean obtenidos de fuentes accesibles
al público; cuando el tratamiento responda a la libre y
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66
Icas
legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique necesariamente
la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros;
cuando la comunicación tenga por destinatario
al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces
o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de
las funciones que tiene atribuidas; o cuando la cesión
de datos sobre salud sea necesaria para solucionar una
urgencia.
Aun con todas estas excepciones, hay muchos tratamientos
de datos que nos serían imposibles realizar en
nuestro ejercicio profesional de la abogacía. Imaginemos
que somos un despacho que asesora en materia
laboral a empresas, y que necesitamos para prestar
este servicio, tener los datos personales de todos los
trabajadores de nuestros clientes. Estos clientes tendrían
que informar y recabar el consentimiento, que podrían
dar o no, a todos sus empleados, algo que haría prácticamente
imposible esa externalización de servicios por
parte de nuestros clientes hacia nosotros.
Por ello, con la LOPD se creó la figura del tratamiento
por cuenta de terceros. Es ésta una excepción genérica
a la exigencia de consentimiento para poder realizar
una cesión de datos, ya que no se considerará cesión
de datos el acceso de un tercero a los datos cuando
dicho acceso sea necesario para la prestación de un
servicio al propietario del fichero, es decir al cliente en el
ejemplo que acabamos de exponer. No obstante, esta
relación deberá estar regulada en un contrato por escrito
con el contenido que marca la normativa.
Por último, comentaremos las medidas de seguridad
que la LOPD nos impone implantar en nuestros despa-
chos. Debemos tener un documento de seguridad en
protección de datos personales. Este documento es una
política de seguridad que contiene las medidas de índoles
técnicas y organizativas necesarias que garanticen
la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que
están expuestos, ya provengan de la acción humana o
del medio físico o natural.
Los ficheros se clasifican en tres niveles, y a cada uno
de ellos se les requieren unas determinadas medidas
de seguridad. Todos los ficheros que contengan datos
de carácter personal deberán adoptar las medidas
de seguridad calificadas como de nivel básico. Los
ficheros que contengan datos relativos a la comisión de
infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública,
servicios financieros, como son los que usualmente
tratamos los abogados, deberán reunir, además, las
calificadas como de nivel medio. Los ficheros más sensibles,
los que contengan datos de ideología, religión,
creencias, origen racial, salud o vida sexual así como los
que contengan datos recabados para fines policiales
sin consentimiento de las personas afectadas deberán
reunir, además, las calificadas como de nivel alto.
Ya para terminar, indicar que en breve se publicará
en la página web de nuestro Colegio, un manual para
abogados en protección de datos de carácter personal,
donde se explicará detalladamente cómo adaptar
eficazmente la actividad de la abogacía a la LOPD.
Pedro Rodríguez López de Lemus, Abogado
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Novedades
Bibliográficas
El Juez Justo
El mes de Junio de 2006, fue presentado en el Ateneo de Sevilla el libro del que
es autor el periodista (y escritor) Francisco Correal sobre Manuel Rico Lara: El juez
justo. Rico Lara: memorias de un defensor indefenso.
No son sólo unas memorias; o al menos no son unas memorias al uso. Ni son
unas conversaciones. O no sólo unas conversaciones.
Sobre todo este libro representa la ocasión para reencontrarnos, blanco
sobre negro, con la figura de un hombre, atípico quizá en muchas facetas, pero
sobre todo un hombre culto, que ha sido juez y algunas cosas más. Y que ha sido
y es un hombre bueno, en el sentido machadiano del término.
La pluma ágil de Correal nos presenta, con su habitual maestría, la
trayectoria vital de Rico Lara, saltando por destinos de España como juez
durante la dictadura, y luego, de forma plena, en la democracia. En todo
momento percibimos, sin necesidad de ser amigos del juez, que estamos ante
una persona que fue juez, sí, pero fue mucho más. En tiempos difíciles ejerció
como ciudadano, con criterio propio, cuando a todos nos trataban como
súbditos. Demócrata convencido, afrancesado, ilustrado, nos revela esta
obra a un juez que además de firmar sentencias con citas cultas de derecho
romano, pinta, dicta conferencias y, sobre todo, ejerce la ciudadanía en
una ciudad más provinciana de lo que quisiéramos a veces. Y ejerce como
ciudadano desde la heterodoxia a veces, sin ajustarse al prototipo de juez de los años grises y
que hoy nos parece superado (lo está en verdad). Manolo Rico y otros, como él, no muchos desde
luego, fueron adelantados para llegar a ese modelo de juez embebido de la realidad social sobre la
que actuaba. Un juez constitucional. Ese es el retrato que nos ofrece Correal.
Junto al juez, el ciudadano cabal e íntegro en toda circunstancia. Como otros han dicho, que nadie
busque en este libro un simple desahogo por lamentables sucesos ocurridos hace ya una década.
Como entonces, también ahora Rico Lara está por encima de miserias y comentarios maliciosos; no
hay pues en las páginas del libro reproches; ni expresos, ni tácitos. Sin embargo, uno tiene la sensación
de que este libro, como el homenaje que se le hiciera en los últimos años noventa, es también un
público reconocimiento de la injusticia que en esta ciudad se cometió con el juez de menores.
De la mano de Correal conocemos las aficiones del juez Rico Lara. Y sabemos que es un hombre
al que nada humano le es ajeno. Y uno se pregunta, pura retórica, si no fue un lujo tener a este juez en
esta ciudad.
La partición de la herencia
Icas
Reseña de: Julian Moreno Retamino
Autor: Xavier O’Callaghan Muñoz. Editorial: Editorial Universitaria Ramón
Areces. 568 páginas.
Una parte del Derecho Civil contempla el hecho de la muerte; es el Derecho
de sucesiones que, ante este hecho inevitable, prevé la serie de efectos jurídicos
que alcanzan a la persona y al patrimonio del ser humano que ha dejado de
estar vivo. En lo relativo al patrimonio, que comprende no sólo las disposiciones
patrimoniales sino que también puede incluir otras de alcance personal; llega
al fenómeno sucesorio y continúa hasta la adquisición de la herencia por
su aceptación. La partición de la herencia es el verdadero objeto de esta
obra, por ello trata con detalle su concepto y naturaleza jurídica desde los
puntos de vista formal y material. Ésta es una obra prágmatica completa,
útil, que abarca todos los aspectos de la partición de la herencia, tema de
trascendencia práctica, de fondo teórico y de frecuencia indiscutible.
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Icas
Novedades
Legislativas
Civil-Mercantil
LEY 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la
ciudadanía española en el exterior.
LEY 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la
protección de los consumidores y usuarios.
Real Decreto 1/2007, de 12 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por
el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa
Tributaria, y se regula el Estatuto concesional de la red
de expendedurías de tabaco y timbre.
DECRETO 5/2007, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 1/2005, de 4 de marzo,
por la que se regula el régimen de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior
Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos
de alquiler y préstamo y otros derechos afines a
los derechos de autor en el ámbito de la propiedad
intelectual
Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad
engañosa y publicidad comparativa.
Laboral
LEY 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales.
LEY 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusión
en el Régimen General de la Seguridad Social y a
la extensión de la protección por desempleo a determinados
cargos públicos y sindicales.
Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el
que se determina la consideración de persona con
discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro.
LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora
del crecimiento y del empleo.
Real Decreto 1632/2006, de 29 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2007.
LEY 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se
modifica el Reglamento de la organización y régimen
del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio
de 1944.
LEY 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales.
Administrativo
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación
primaria.
Real Decreto 1516/2006, de 7 de diciembre, por
el que se modifica el Estatuto del Fondo Español
de Garantía Agraria, aprobado por el Real Decreto
1441/2001, de 21 de diciembre.
Real Decreto 1635/2006, de 29 de diciembre, de
ampliación de medios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1560/2005,
de 23 de diciembre, en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos
REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación infantil
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes
a la Educación Secundaria Obligatoria.
LEY 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios
de Andalucía.
DECRETO 219/2006, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento
del Consejo Audiovisual de Andalucía.
DECRETO del Presidente 2/2007, de 16 de enero, por
el que se somete a referéndum el Proyecto de Reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Penal
Recopilación:
Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre de 2006,
por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Noticias
Jurídicas
Reconocimiento a nuestro Colegiado número Uno
Este Colegio de Abogados ha tributado un Acto de Reconocimiento al colegiado Sixto de la Calle Jiménez, que
se incorporó a nuestra Corporación hace 66 años y es en la actualidad el colegiado más antiguo, continuando en
ejercicio. En la imagen, Sixto de la Calle durante el acto celebrado en la sede del Colegio de Abogados de Jerez de
la Frontera, flanqueado por el decano José Joaquín Gallardo, el decano del Colegio de Jerez Ignacio Vergara y los
diputados de la Junta de Gobierno de este Colegio hispalense José Mª Monzón Ristori y María Pérez Galván.
Icas
Abogados
Especialistas en
Nuevas Tecnologías
Recientemente se ha constituido la
Asociación de Abogados Especialistas en
Nuevas Tecnologías de Andalucía (AENTA),
cuya Junta Directiva la integran los letrados
de este Colegio de Sevilla Pedro Rodríguez
López de Lemus (Presidente), Juan Manuel
Ruz Lobo, Ignacio García Sinde y Paolo
Pelliccioni. La nueva Asociación se ofreció
a colaborar con el Colegio, en el encuentro
que mantuvieron con el decano.
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Icas
Rafael Tirado Márquez
El magistrado Rafael Tirado Márquez, que es titular
del Juzgado de lo Penal número Uno de Sevilla, ha sido
designado nuevo presidente de la APM en Andalucía.
Ángel
Cabral González-Sicilia
La Agrupación de Técnicos Urbanistas de Andalucía
ha elegido como Presidente a nuestro colegiado Ángel
Cabral González-Sicilia. En la candidatura electa figura
también, como secretario de la Agrupación nuestro
colegiado Carlos Ruiz del Portal Ruiz-Granados.
José Mª Monzón Ristori
Nuestro colegiado José Mª Monzón Ristori ha sido
nombrado recientemente consejero nacional de la
Asociación Católica de Propagandistas.
Armando
Fernández-Aramburu
El despacho de abogados Montero-Aramburu ha
tributado un homenaje a su socio fundador Armando
Fernández-Arámburu León, quien aparece en la imagen
entre los también letrados Alfredo Álvarez Tello y
Armando Fernández-Arámburu Hepburn.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Becas y Ayudas de la Fundación Andrés Villacieros
La Fundacion Andrés Villacieros Ramos y Elisa de Pablos Villacieros celebró en la sede de este Colegio el acto
anual de entrega de Ayudas a Instituciones benéficas y Becas a estudiantes sevillanos, que en 2006 han ascendido a
un total de 59.100 euros. Se entregaron Ayudas económicas a 19 instituciones benéficas, entre ellas las Hermanitas de
los Pobres, Hermandad de la Santa Caridad, Asociación La Sonrisa de un Niño, Ong Horizonte Solidario, Asociación
Española de lucha contra el Cáncer, Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, Fundación Tutelar TAU, Asociación
Entre Amigos, Fundación Sauce y Proyecto Hombre. Se entregaron también becas a treinta y un estudiantes
con insuficiencia de recursos económicos y buen aprovechamiento académico. El Patronato de la Fundación está
integrado por el Presidente de la Audiencia de Sevilla Miguel Carmona, el decano de este Colegio de Abogados
José Joaquín Gallardo, el decano del Colegio Notarial Antonio Ojeda y el decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla Antonio Merchán, quienes aparecen en las imagenes durante el acto.
África: Presente y Futuro
En la sede del Colegio se ha presentado la obra
Africa: Presente y Futuro, editada por Sevilla Acoge,
Club Unesco Sevilla y la Universidad Hispalense. La
publicación recopila diversas ponencias sobre las claves
para comprender la realidad africana y sus éxodos
migratorios, de las que son autores Eugenio Bacaicoa,
Francisca Reche, Constantino Bogaio y Jean-Arsene
Yao. La obra fue presentada por Esteban Tabares en
nombre de Sevilla Acoge, Mª del Rosario García Molina
por el Club Unesco Sevilla y el decano del Colegio.
Urbanismo en Andalucía
Icas
Se presentó en el Colegio la obra colectiva “Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía”, dirigida por
el letrado Antonio Pérez Marín. La presentación corrió
a cargo del Presidente de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias y Alcalde de Dos Hermanas
Francisco Toscano Sánchez, interviniendo también el
catedrático Manuel Clavero Arévalo que ha prologado
la obra, el decano de este Colegio y el Presidente de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del TSJA
Antonio Moreno Andrade.
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Icas
XI Congreso del Instituto
Iberoamericano de
Derecho Maritimo
En la ciudad de Santo Domingo -República Dominicana-
tuvo lugar en la primera semana de noviembre,
el XI Congreso del Instituto, que se fundó en
Sevilla en 1987, por un grupo de Abogados españoles
y América del Sur, ostentando España la Presidencia
en el segundo mandato, 1991 a 1993, tras Portugal,
habiendo recorrido desde entonces por diferentes
países sudamericanos, su Presidencia, que excepto
Portugal y España que lo ostentaron tres años cada
uno, las demás Presidencias tienen una duración de
dos años. En esta ocasión el tema del Congreso fue,
Transporte, Puertos, Seguridad Marítima, Protección
Portuaria, Lugares de Refugio y Arbitraje Marítimo, por
lo que por el simple enunciado puede apreciarse la
importancia de la reunión, a la que asistieron 150 Delegados
de toda Iberoamérica,desde México a Tierra
de Fuego,que debatieron en sesiones de mañana y
tarde, este interesante temario, con la puesta al día de
las respectivas legislaciones en cada uno de los países
partícipes. Cerca de 30 Organismoa Internacionales y
Patrocinadores apoyaron la realización de este magno
Congreso, que en su Junta General celebrada al
final del mismo,adoptó el acuerdo de celebrar el XII
Congreso el próximo año 2007,en el mes de noviembre
en Sevilla, al finalizar el mandato de República Dominicana,
para festejar de esta forma los 20 años de
vida de Instituto en la ciudad que nació, para pasar la
Presidencia al país que se proponga y apruebe en la
propia Junta General a celebrar en Sevilla. Por España,
entre otros Miembros, y en calidad de Ponente, estuvo
presente nuestro Colegiado y Profesor de Derecho
Marítimo, de la Escuela de Prácticas Forense, Guillermo
Giménez de la Cuadra, Miembro Fundador del Instituto,
y Secretario General, primero, y Vicepresidente después,
y participante en los diez Congresos celebrados
hasta la fecha.
Seminario sobre la
Protección Penal del
Medio Ambiente
Se ha celebrado recientemente un seminario sobre
La Protección Penal del Medio Ambiente, organizado
por El Grupo Andaluz de Investigación Jurídica del
Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla, en colaboración
con la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento
sevillano. El seminario estuvo dirigido por Juan
Antonio Martos Núñez, Profesor Titular de Derecho Penal
y Director del referido Grupo de Investigación, quien
presentó oficialmente el libro Derecho Penal Ambiental.
En la imagen, Juan Antonio Martos junto al decano de
este Colegio y Manuel Carrasco Duran, Vicedecano de
Investigación y Doctorado de la Facultad de Derecho.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
José López y García de la Serrana, Magistrado del TS
Con motivo de su nombramiento como Magistrado del Tribunal Supremo, el mundo judicial sevillano ofreció una
comida-homenaje a José Manuel López y García de la Serrana, quien durante los últimos años ha sido magistrado en
la Sala de lo Social con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En la imagen, el homenajeado
con el Presidente del TSJA Augusto Méndez de Lugo, el Representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental
Antonio Reinoso, el decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera Ignacio Vergara y el diputado de la
Junta de Gobierno de este Colegio sevillano José Mª Monzón.
Reformas Impositivas
El Grupo de Abogados Tributaristas del Colegio
organizó unas jornadas sobre las reformas fiscales
que han entrado en vigor en 2007, a las que asistieron
numerosos letrados. Una de las ponencias corrió a cargo
del profesor Ignacio Pérez Royo, que aparece en la
imagen con el Presidente del Grupo Carlos Castro.
José Gutiérrez Carrasco
Icas
El Oficial de este Colegio José Gutiérrez Carrasco
ha cumplido 25 años de servicio continuados a nuestra
Institución. Con tal motivo el decano y el secretario del
Colegio, Antonio Muñoz Ruiz, le hicieron entrega de un
diploma acreditativo de ese aniversario y de su buen
hacer al servicio de los abogados sevillanos.
73

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Icas
Obituarios
Juan Moya, In Memoriam
De su padre heredó no sólo el nombre (Juan) y el apellido (Moya),
sino también la parte alicuota de un muy importante capital que
Juan padre atesoró día a día durante muchos años; quien lo conoció,
sabe que no estamos hablando de bienes materiales, sino de
algo muy distinto, que hoy día no se estila: de bienes morales. Juan
padre blindó, por así decir, tanto su vida personal como su vida
profesional, con una importante muralla de valores y principios, que
día a día iba fortaleciendo; en ese despacho se olía, desde que
entrabas en él, a integridad, a ética, a honradez ... en definitiva,
no era otra cosa que un cristiano ejerciendo de tal, lo que no es
poco.
Y Juan hijo se dedicó, tomando apuntes de su padre, a poner
en práctica esos valores, los que también utilizó tanto en su vida
personal como en la profesional, en la que asimismo hizo gala
siempre de un exacto, recto y altísimo sentido del compañerismo;
mi tío y maestro, Don Juan Manuel Aguilar Lobo, me inculcó una máxima
que siempre he procurado cumplir: “el cliente pasa y el compañero queda”, misma máxima
que Juan observó porque, estoy seguro, la conoció de su padre por vía de ejemplo.
Los pobres mortales no entendemos los planes del de arriba; ciertamente es duro e injusto que Juan
se haya ido, cuando aún le quedaban, sin duda, muchas cosas por hacer, muchas horas de estar con
los suyos, mucha, y muy rica, vida profesional por delante; lo que ocurre, creo, es que el Señor no tiene
interés en llevarse a los tontos ni a los malos y claro está, lo que le gusta es llevarse a los que van a estar
con él, que son los que aquí llamamos “buena gente”; y Juan lo era.
¡Y que categoría al irse!; el día antes de que lo operaran fui a verlo a la Clínica, y en un momento en
que nos quedamos solos, me dijo: “Estoy seguro que voy a poderle a esto; y si no fuera así, hace tiempo
que tengo preparadas las maletas”; me acordé de aquella vieja película “Balarrasa” en la que el personaje
central, un sacerdote, le dijo un día a su familia que lo importante cuando le llegara la hora a cada
uno, era no irse con las manos vacías y si llenas de actos de entrega a los demás; y recuerdo que me
impresionó mucho que una hermana de ese personaje antes de morir se lamenta con él, diciéndole: “Es
terrible; me voy con las manos vacías”; Juan se fue, sin duda, con las manos repletas, y ciertamente, se
fue para el Cielo, como decía una que yo conozco, “escopeteao”.
Las personas solo se mueren de verdad si no se les recuerda, si se les olvida; y Juan está y estará
siempre vivo, porque somos muchos, en Sevilla y fuera de ella, los que lo echaremos de menos y lo añoraremos.
Y a pesar de haberse ido tan pronto, estoy seguro que Juan ha tenido tiempo suficiente para transferir
y transmitir a sus cuatro hijos, incólume y engrandecido, esa misma herencia, ese mismo gran e importante
capital de valores morales, que recibió de su padre.
Manuel Barón Rojas-Marcos, Abogado
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Juan ya está con su Cristo de la Buena Muerte
¡Se nos ha ido! Cuando una larga y penosa enfermedad se lleva a un ser querido, uno piensa en
primer lugar si relajarse por su descanso o cabrearse y entristecerse aún más por el dolor del sufrimiento,
la impotencia y la pérdida que supone.
Si, además, de un gran compañero, se trata de un entrañable “amigo de la mano” – hijo y padre de
grandes personas que te tocan el corazón -, referente de una familia de esas sevillanas que le dan a
nuestra tierra sentido y de la que uno se siente orgulloso, de un gran hombre que lideró los Estudiantes,
cofrade modelo, joven pregonero, de un bético apasionado y buena gente, - y esto lo dice un sevillista
de Heliópolis – de un servidor público y Senador comprometido, Gran Cruz de la Orden de Raimundo
de Peñafort, y de tantas otras cosas, ... la tristeza y la pena se confunden con los inolvidables recuerdos
y vivencias compartidas con el amigo, que estoy seguro seguiremos compartiendo con los suyos y con
los nuestros.
Es justo y necesario mantener y preservar los recuerdos, referencias, modelos, trayectoria y congruencia
de un amigo y un Abogado con mayúsculas. Ambos, hemos aprendido y nos hemos forjado bajo una gran
generación de juristas que nos precedió con vocaciones y servicios modélicos inusuales en los tiempos
que corren. Con ellos, tenemos una deuda impagable puesto que ayudaron de una forma importante,
y quizás no reconocida, a fraguar nuestro actual Estado de Derecho y de convivencia democrática.
Vocación, independencia crítica, generosidad, respeto, pragmatismo, compromiso, dedicación, rigor,
exigencia, compañerismo, carácter, y humanidad, iban unidos a la actuación y talante de Juan Moya
Sanabria, que nos han servido y servirá de ejemplo a muchos.
Era, sin duda, uno de esos que de profesión, ABOGADO, han sido pilares de tantas cosas y causas.
Orgullo de esta sufrida carrera profesional, ejemplo a seguir, inmejorable marido, buen padre y mejor
persona.
Ni sus amigos ni su familia olvidaremos su trayectoria, ejemplo, lucha por los demás y por la vida... . Es
difícil conseguir, como él lo hizo, el enfrentamiento común a su enfermedad, con la dignidad y fortaleza
encomiables que mostraba. ¡Qué gran piña familiar en esos difíciles momentos!. Sin perder la esperanza
han aprovechado cada suspiro de vida manteniendo la sonrisa, el espíritu y la entereza que sólo da una
sólida base de generosidad y fuerza moral.
Por ello, y ya descansando junto a su Cristo de la Buena Muerte, deben recordarse algunas claves
recogidas en su pregón de 1.989 para recordarte y agradecerte tantas cosas.
De nada serviría la doctrina de la Salvación que escribiste con tu Buena Muerte, si en ese grandioso
edificio, se imparte sólo cultura y en la humildad de tu capilla sólo fe.
Estoy empeñado en demostrar que para la formación integral del hombre, para la motivación
de una verdadera ilusión de vivir, es imprescindible que en su espíritu reine la imagen plástica de un
Martes Santo, cuando la cultura y la fe se imparten en el mismo edificio para la asimilación de muchos
y admiración de incrédulos.
Tengo que seguir luchando por conseguir que mi teoría se virtualice en la práctica. En nada me
consuela, tener la seguridad de que me condonarías ese tema por su dificultad en el examen de un
inmediato Junio. Deseo mejor llegar a la última convocatoria de mi Septiembre y presentarme no sólo
con toda la dimensión de tu asignatura perfectamente aprendida, sino con muchos trabajos realizados
para que me puedas dar, no un sobresaliente, ni tan siquiera un mero aprobado, sino el premio de oírte
decir: Se sabe usted la lección de mi Buena Muerte.
Querido Juan, no sólo no te has ido, porque siempre seguirás en nuestro recuerdo y nuestros corazones
– aunque nos lo has puesto bastante difícil para seguirte –y te prometo que intentaremos conseguir el
aprobado en la convocatoria extraordinaria de febrero.
Descansa en paz.
Icas
Jesús Bores Saiz, Abogado
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76
Icas
Mi corbata negra
A mi Padre, Padrino y Maestro, José Pérez Bueno
El tiempo no cicatriza la herida honda que te deja, un padre que
se va y el maestro que se ausenta... Cuando la luna teñía de plata la
Costa de la Luz, y el cielo se engalanaba de estrellas, atendiste fiel la
llamada de tu Cristo, el de la Salud, que queriendo sanar tus males,
te prendió de la mano elevándote al infinito, cual gaviota que surcaba
nuestros mares, en ágil vuelo sobre la bahía gaditana.
San Pedro te abrió las puertas, y tras de sí, nuestro Cristo, que
imparte justicia Suprema, te dio la venia para informar, en una
audiencia llena, público de juristas, compañeros con toga puesta,
y allí brilló tu voz, y sin necesidad de practicar pruebas, dictó in
voce una sentencia, que te otorgaba la vida eterna, aquella que
yo Suplico para tí, aquí en la tierra.
Ayer te volví a ver, en una bellísima puesta, rayo de luz penetrante,
del que emana mi fuerza, aquella del allá, que me arropa con tu presencia. Sobre mi mesa, un
Código, y junto al precepto, tu letra... la del maestro que me enseñó, y me transmitió su experiencia, la
de letrado de buen hacer, amante de la ley, ... todo corazón y entrega.
Y te sentiré en el Sol cuando amanece, en el “Fallo” de las sentencias, en los motivos de mis recursos,
en los fundamentos y en tus prendas, en tu apreciada Toga, que hoy llevarás puesta. Estará mi mano
sobre el teclado, y tú indicarás la meta, marcarás mi camino, guiarás mi agenda, estarás conmigo siempre,
ora aquí, mañana en la Audiencia, y lucharé hasta el final, será ésa mi mejor ofrenda, la del estudio
legal, para ahogar mi pena...
Cumpliré lo prometido de permanecer siempre en vela, de transmitir tu alegría de proteger a quién
deba, que tú lo haces por mí, es clara tu presencia, porque te fuiste para volver pero dejaste tu estela.
Y llevaré siempre conmigo tu corbata negra, la que anudaste para mí, y colocaste en mi cabeza,
aquella que me regalaste para que yo la luciera, el día de mi jura, contigo a mi vera, como orgulloso
padrino y padre de compañera.
Hoy te veo feliz al escribir estas letras, que son poco para tí, pero que a mi me alegran, por recordarte
así, y ojalá yo pueda, ejercer como tu querías, caminando en línea recta.
Estarás en un lugar mejor, rodeado de gente buena, abrazando a los míos, cuidando a mi perra, a mi
querida “Milka” que un día se fuera, y caminando con “Toffy”, a quién escribieras, hermosos versos de
despedida, añorando su ausencia, y evocando un reencuentro, que quizás ya se produjera.
Hablarás con los tuyos, de tus gustos y tus temas, y debatirás con tu maestro en una hermosa escena,
contándole a buen seguro tus triunfos y tus penas, y le dirás que me enseñaste a seguir sus mismos esquemas,
de no usar formularios, y de fundamentar la letra, de argumentar sobre la ley, y de seguir su lema...
«la de defender los asuntos como propios... y sufrirlos como extraños...» para que yo aprendiera.
Y fiel a tu costumbre, le visitaré cuando pueda, y rezaré por su Alma ahí en esta casa nuestra, donde
figura su cuadro, en una imagen entera, la de decano ejemplar, que posa con solera, compañero de los
suyos y persona adorable, por su bondad y nobleza.
Y aunque yo me quede aquí, tú estarás a mi vera, y compartirás conmigo mis alegrías y mis penas.
Y nos abrazaremos al final, en esta misma tierra, los dos con la toga puesta, para brindar con alegría la
revocación de las sentencias, que se alejen de la ley, que con la ayuda de Dios, en la vida todo llega....
Tú mientras esperaras en ligera duermevela, arropado por nuestra Virgen, que te ha quitado las penas,
de quién te hiciera sufrir como a Cristo, y a mi tanto me doliera, lo mismo que a “Maia”, que aguarda y
espera, fiel a tu memoria, con amor y entrega.
Elia Marina Pérez Montero, Abogada
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Manuel Gómez Burón
en el recuerdo
Icas
El pasado día 31 de diciembre de 2006, acabando el año,
a los 72 años de edad, falleció en Utrera, Manuel Gómez Burón;
un buen magistrado, una buena persona en toda la extensión
de la palabra, un caballero, católico practicante y entusiasta
de su profesión y de preparar a opositores para ingreso en la
judicatura; su afición era la caza. En grado superlativo, tenía
un gran sentido del humor, una simpatía arrolladora y pleno
dominio de la comunicación con las personas, en Sala y fuera
de ella; contaba con el cariño de cuantos profesionales del
derecho lo hemos tratado. Reflejo de todo ello, fue la gran
concurrencia de amigos en la Misa de Réquiem celebrada
el día 9-enero-07 en la bellísima parroquia de Santa María de
la Mesa, de Utrera.
Nació el día 16-febrero-1934 en Fuente-Obejuna (Córdoba), estudió bachillerato en el Colegio Portacoeli
de la Compañía de Jesús, Derecho en las Facultades de Sevilla y Salamanca. Su primer destino como Juez fue
en Frechilla (Palencia), después Azuaga, Utrera, San Fernando (Cádiz), Marchena, nuevamente Utrera y por último el
Juzgado de lo Social de Sevilla. Ha colaborado con la Sala del T.S.J.A.
Este recorrido de pueblos, no sorprende a ningún miembro de la carrera judicial con algunos años de servicio,
ni a sus familias, porque han pasado por este peregrinar por pequeñas localidades de diversas provincias, de
donde es frecuente, que conserven sus mejores recuerdos. En el caso de Manuel Gómez Burón, su mejor recuerdo lo
tenía de Azuaga. Frecilla, su primer destino, tenía 823 habitantes, altitud 789 metros sobre el nivel de mar, clima seco
y muy frió en invierno. Estos datos constan, entre otros, en la España Judicial, edición de 1.959, publicada por Rafael
de Mendizábal Allende.
Contrajo matrimonio con María Dolores Sánchez Muñoz, que fue su novia desde los 14 años, tuvieron seis hijos Eva,
María del Carmen, María Dolores, Reyes, Manuel y María. La mayor, Eva, hoy Magistrado de lo Social en Sevilla. Su
esposa y sus hijos han sido lo más importante para él.
Su vocación de juzgador le llevó a preparar a numerosos alumnos para ingreso en la judicatura, y en otros cuerpos,
muchos de ellos efectivamente ingresaron y están en activo; así podemos apuntar primero a su propia hija Eva,
que ya hemos mencionado mas arriba, y también José Herrera., Esteban Brito, María Amelia Lerdo de Tejada, Quico,
Jesús Matos. Los lectores sabrán disculpar omisiones y defectos en los nombres o en los datos que recojo.
Casi a escondidas, como hurtado, transcribo unos renglones que escribió su hija Eva, el día 7-enero-2007, dicen así:
DE LA VIRGEN DE GRACIA, A LA VIRGEN DE LA PAZ
En las estribaciones de Sierra Morena, en un pueblo cordobés, Fuente-Obejuna, hay una ermita blanca, la de la Virgen de Gracia,
en lo alto de una colina, entre olivos y aceitunas.
En su ladera, al fondo, corre un arroyo de aguas frías y cristalinas, con un lecho de musgo y tréboles.
Allí quieres que echemos parte de tus cenizas, en aquel trozo de tierra y agua que vio nacer tu profunda devoción “Mariana” y que
fue testigo de tus pasos de Amor con mamá.
El resto, quedará en tu querida Sierra de Azuaga, en el “barranco de la Sangre”, donde exultantes, contabais los trofeos después de
las cacerías.
Y aquí, en Utrera, a la sombra de Consolación y Santa María, las dos parroquias que te dieron cuna, quedarán para siempre tu profundo
Amor a María Santísima, a todas las Vírgenes de tu pueblo, que con tanto cariñosos acogió y a ese Virgen de la Paz que hoy es
consuelo de mi alma, Virgen Pura, Blanca y Cristalina como las aguas del arroyo de la Virgen de Gracia, entre olivos y aceitunas.
Tu siempre decías: “Tened fe en la Libertad, sin la cual, no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz”.
No te has ido. Jamás una noche, pudo ahogar la aurora y nunca una dificultad consiguió vencer la esperanza. Por eso, la gente como
tu, sigue viva y ayudándonos a pelearnos por un trozo de felicidad, que no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace y
la alegría de los otros.
Seguro que ahora estás organizando pregones de Semana Santa y cacerías con el Doro, Jerónimo Carrascal y Carrizosa.
No nos dejes y hasta Siempre.
Tu hija EVA.
Después de lo trascrito, nada puedo añadir. Nuestro más cariñoso recuerdo para toda su familia y para cuantos
le conocieron.
José Mª Monzón Ristori, Abogado
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78
Icas
Noticias
Breves
El Gobierno pone en
marcha el sistema
informático Lexnet
El Consejo de Ministros
ha aprobado un Real Decreto
por el que se determinan
las condiciones generales y
requisitos de utilización del
sistema Lexnet. Esta nueva
harremienta electrónica de
comunicación facilitará, en
el ámbito de la Administración
de Justicia, la presentación
de escritos, documentos,
así como los actos
de comunicación procesal.
VLEX, 29/01/2007
El ministro Bermejo
declara la «guerra»
a PP y CGPJ en su
estreno
El nuevo ministro de
Justicia, Mariano Fernández
Bermejo, arrancó su
mandato con un más que
sorpresivo discurso de
toma de posesión. Lo que
habitualmente consiste en
palabras de cortesía y de
buenos proyectos se convirtió
en unos pocos minutos
en los que no dejó títere con
cabeza, en lo que se refiere
al Partido Popular y al
Consejo General del Poder
Judicial «en funciones». LA
RAZON, 14/02/2007
Los juicios se podrán
seguir por sms
A través de una página
web, por mensaje a móvil o
por correo eléctrónico; los
madrileños podrán acceder,
gracias a las nuevas tecnologías,
a datos sobre cualquier
causa que tengan abierta.
De este modo, cualquier
persona o profesional de la
Justicia que esté relacionado
con alguna causa judicial
conocerá en tiempo y forma
el número de sala en el que
se llevará su caso, la hora de
la vista, el nombre del juez
o fiscal que lo va a juzgar
y además, tendrá informa-
ción puntual sobre cualquier
cambio o anulación desde
el mismo momento en que
pudiera producirse. LA
RAZÓN, 14/02/2007
El 77% de los ciudadanos
cree que la
Justicia está mediatizada
por la política
Dos de cada tres
encuestados aprueba que
no se haya concedido prisión
atenuada a De Juana
Chaos, según los datos del
Pulsómetro. El 77% de los
ciudadanos cree que la Justicia
no es independiente y
que está mediatizada por
la política, según la última
encuesta del Pulsómetro
que elabora el instituto
Opina para la Cadena SER.
Los encuestados creen
que el último ejemplo ha
sido el de la recusación del
magistrado del Supremo
Pérez Tremps. Además, los
participantes culpan a PP
y PSOE casi por igual de
intentar utilizar la Justicia
en su provecho. ELPAIS.
com - Madrid - 12/02/2007
El PP: Fernández
Bermejo es el «más
sectario en el mundo
de la Justicia»
El nombramiento de
Mariano Fernández Bermejo
como ministro de Justicia
en sustitución de Juan
Fernando López Aguilar ha
generado un alud de críticas
por parte de diputados
y responsables del Partido
Popular. El más contundente
ha sido el diputado y
ex ministro de Justicia José
María Michavila. A su juicio,
la decisión del Gobierno
“se lo pone muy fácil”
al PP porque “es alguien
a quien en el mundo de la
Justicia no se le quiere”.
ABC, 8/02/2007
López Aguilar
recuerda que todos
los ciudadanos son
iguales ante la Ley
El ministro de Justicia
y candidato del PSOE a la
presidencia canaria, Juan
Fernando López Aguilar,
recordó ayer, preguntado
por la declaración del lendakari,
Juan José Ibarretxe,
en el TSJPV, que todos los
ciudadanos son iguales
ante la ley, y aseguró que el
Gobierno siempre ha manifestado
su «respeto por las
reglas del juego y el acatamiento
a las resoluciones
judiciales cuando llegan».
Los tribunales no
podrán imponer
penas más altas que
las pedidas por las
partes
Juzgados y tribunales
no podrán a partir de ahora
imponer penas más altas que
las solicitadas por el fiscal y
las acusaciones. Este es el
nuevo criterio adoptado por
la mayoría de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo -reunida
en Pleno no jurisdiccional-
al resolver el recurso de
casación de un policía que fue
condenado a cinco años de
prisión por un delito de robo
en casa habitada cuando la
petición del fiscal era de cuatro
años. ABC, 1/02/2007
La profesora canaria
de religión divorciada,
indignada con el
Tribunal Constitucional
La profesora canaria
de religión a la que no se
renovó el contrato por tener
una relación afectiva con un
hombre tras separarse de
su marido está “indignada”
por la sentencia del TC que
rechaza la inconstitucionalidad
del Acuerdo con la Santa
Sede para la elección de
Recopilación:
estos docentes. Así lo manifestó
a Efe María del Carmen
Galayo Macías, quien aseguró
que llevará su caso al Tribunal
de Derechos Humanos
de Estrasburgo ante el
fallo del TC, que señala que
“corresponde a las confesiones
la competencia para el
juicio sobre la idoneidad de
las personas que hayan de
impartir la enseñanza de su
respectivo credo”. CANA-
RIAS 7, 22/02/2007
El CGAE transmite al
Gobierno su preocupación
por la posible
supresión de los
baremos orientativos
de honorarios.
El CGAE a través de su
presidente, ha mostrado a las
autoridades competentes su
preocupación por la anunciada
supresión de los baremos
orientativos de honorarios
que establecen los Colegios
de Abogados por el perjuicio
que pueden ocasionar al ejercicio
de la profesión de abogado
en defensa de los derechos
fundamentales de los
ciudadanos, así como a los
intereses de éstos. Al mismo
tiempo señala su voluntad de
cumplir escrupulosamente la
normativa europea en materia
de competencia. CGAE,
16/2/07
Abogado canario
Julio Pérez Hernández
será nuevo secretario
Estado Justicia
El abogado canario
Julio Pérez Hernández será
nombrado nuevo secretario
de Estado de Justicia en sustitución
de Luis López Guerra.
Según confirmó a Efe el
propio ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
el nombramiento de
Pérez Hernández obedece
a su deseo de contar con
la colaboración de un abogado.
TERA ACTUALIDAD
-EFE, 13/02/2007
Enero - Febrero 2007

80
Icas
Juras de nuevos
Letrados
El pasado día 28 de noviembre a las 12 horas juraron los siguientes nuevos letrados: Mª Isabel Gómez Benitez, José
Manuel Suarez Aguilar, Rosa Mª Moreno Vallejo, Olga Alonso Ramirez, Mª Isabel Tapia Moreira, María Ayarra García
de Zuñiga, Mª Dolores López Sánchez, Alejandro Pérez San Segundo, Felix Rubio Razo y Mª de Gracia de Porres
Astolfi. Actuaron como padrinos los siguientes compañeros: Carmen Alvarez Villalba, Manuel Bello Pérez, Joaquín
Moeckel Gil, José Luis León Marcos, Ignacio Astolfi Pérez de Guzmán, Antonio Muñoz Ceballos, Carmen González
Velez, Ignacio Conradi Torres, Rafael Silva Bravo e Ignacio Astolfi Pérez de Guzmán.
El pasado día 28 de noviembre a las 13 horas juraron los siguientes nuevos letrados: Eva Mª Sánchez Revuelta, Isabel
Gómez Ostale, Antonio Luis Campos León, Mª del Pilar Caballero Sánchez, Mª Cristina de Burgos Portillo, Sergio Cruz
Brito, Miguel Garay Gómez, Mª Teresa Maqueda Pedrosa, Macarena Rodríguez Laguna, Mª del Pilar Fernández
Pérez, Beatriz Py Rufo y Lidia Segador Donoso. Actuaron como padrinos los siguientes compañeros: Mª Dolores del
Río Bustillo, Elisa Fernández Lozano, Enrique Gómez López, José Manuel Romero Cervilla, Miguel Bermudo Valero,
Cristina de Burgos Díaz, Francisco José Villegas Romero, Manuel Gómez Caso, Juan Pedrosa González, Fernando
Rodríguez Martín, Juan José Rodríguez Fito, Eduardo Pérez Luque y Ana Mª Romero Lobato.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
El pasado día 19 de enero a las 12 horas juraron los siguientes nuevos letrados: Gerardo Siguero Muñoz, Isaac
Martínez Núñez, Carmen María Muñoz Vega, Isabel González Bonillo, Mª Nieves Alonso Escalante, Carlos Delgado
González, Jesús Fernández Acevedo, Francisco José Aroca Ruiz, Esther Rivas Fernández y Mª Pilar Cabello Terceño.
Actuaron como padrinos los siguientes compañeros: Esperanza Muñoz Moya, Francisco Javier del Rey Fernández,
Dolores Mateos Sánchez, Gracias Rodríguez Fernández, José Miguel Alonso Arnido y Antonio Domínguez Gúzman,
Antonio Delgado González, Ricardo Torres García, Miguel Mahón Corbacho, Carlos Rueda Vega y Gustavo Cabello
Martínez.
El pasado día 19 de enero a las 13 horas juraron los siguientes nuevos letrados: José Manuel Lebrón Arana, Blanca
Cozar León, Ana González Jiménez, Francisco de Asis Molinos Quintana, Francisco Torres Pérez, Francisco de Borja
Moreno Odero, Ana Giner Ruiz, Alvaro Moreno Odero, Leandro Fernández-Aramburu Rodríguez-Nogueras, Iballa
Gamez de Felipe, Mónica Cruz González y Sandra Elisabet Derrón. Actuaron como padrinos los siguientes compañeros:
Mª Jesús Chamizo Galavis, Elva Mª de la Serna Pulido, Manuel Jiménez Soto, Francisco Soriano Martínez,
Alfredo Meneses Vadillo, Antonio Moreno Andrades, Israel Moreno Barbero, Jesús Rodríguez-Nogueras Martín,
Alvaro Salinas Millán y Max Adam Romero.
Icas
81

82
Contraportada
Mis largos años de ejercicio profesional, con apasionada
entrega, me permitieron comprobar que, entre todos
los personajes que se mueven en torno al aparato judicial,
son especialmente llamativos los testigos. En este grupo se
integran seres de la más variopinta condición, que unas
veces se asoman al proceso con desenfado y como asumiendo
un papel decisivo en el resultado final de la contienda,
y otras veces se acercan temerosos y cohibidos,
con la íntima convicción de que nada bueno les puede
deparar el trato con gente de la curia.
El desasogiego que suele atenazar el ánimo de quien
comparece ante un Tribunal para prestar testimonio hace
que o no capte con precisión el sentido de las preguntas
que se le formulan, o que las interprete de forma incorrecta
o equívoca. Este fenómeno se da, por modo muy
principal, cuando se trata de contestar a las que hemos
dado en llamar “las generales de la Ley”. Tal, verbigracia,
es el caso, que ya tengo referido, de aquel testigo que,
al ser preguntado por el juez si conocía al hombre que se
sentaba en el banquillo de los acusados, se volvió hacia
él, y, tendiéndole la mano, dijo:
— No tenía el gusto. Encantado...
No es raro, en verdad que los testigos ofrezcan respuestas
extrañas a preguntas corrientes. Mi vieja propensión a
permanecer atento a las reacciones de quienes llegan
hasta los estrados con actitud asustadiza, me ha desbrozado
el camino para hallar algunas perlas que añadir a mi
sílabo de anécdotas forenses. Se me viene a las mientes,
casi a topa tolondro, un par de ejemplos. Helos aquí.
En uno de los Juzgados de Sevilla, y en un pleito que tuvo
su origen en la colisión habida entre un autobús del transporte
urbano y un turismo, compareció un testigo de mediana
edad, aquejado de prematura alopecia y claramente
impresionado por el aparato escénico que brindaba aquella
Sala poblada de señores revestidos de negro atuendo. El
buen hombre juró con firmeza que estaba dispuesto a decir
la pura verdad de cuanto supiere sobre aquel accidente, y
en prenda de tan saludable propósito besó la cruz que formaron
los dedos índice y pulgar de sus mano derecha.
El juez, cumpliendo el ritual establecido, le previno:
— Aquí se sigue un pleito entre don Fulano de Tal y
TUSSAM, ¿Tiene usted amistad o enemistad manifiesta, o
relación de dependencia con alguno de ellos?
— Sí, señor; tengo relación con TUSSAM.
— ¿Qué clase de relación tiene usted con TUSSAM?
— Que todos los días cojo el autobús para ir a mi trabajo.
El otro caso hubo por escenario el Juzgado de
uno de los pueblos más próximos a Sevilla. En juicio
de faltas se dilucidaba la culpabilidad o la inocencia
de un individuo acusado de haber propinado a un
convecino una buena somanta. El agredido mantenía,
con desgarrada firmeza, que el enjuiciado, sin mediar
causa que justificara su airada reacción, la emprendió
Juan Camuñez Ruiz, Abogado
Casos que no falten
a golpes con él, causándole severos hematomas que
precisaron apremiante atención médica.
Por su parte, el protagonista activo del lance, vulgo
agresor, insistía, poniendo a sus muertos por testigos de
la veracidad de su aserto exculpatorio, que él no había
puesto mano sobre aquel ciudadano, al que no guardaba
malquerencia alguna, y que el daño físico que había sufrido
se debió a una caída motivada por su propia torpeza.
Manteniendo ambos sus respectivas versiones con
parigual fuerza de convicción, para reforzar la una o la
otra compareció un testigo, hombre ya provecto, chaparrete
de talla, hético de contorno, algo braco de nariz y
con palpable desaliño en lo tocante al envoltorio textil.
— ¿Qué sabe usted de las lesiones que sufrió este
señor? -le preguntó S.Sª., no precisamente sovoz, sino en
tono natural, que, tratándose de aquel juez, era más bien
recio.
— ¿Mande? -respondió el testigo- ahuecando la mano
derecha sobre la oreja del mismo semiancho- Es que ando
mal del oído, ¿sabe usted?
— Acérquese -le invitó el juez, haciendo un gesto de
atracción con la mano.
Cuando lo tuvo más cerca, y elevando sensiblemente
el volumen, S.Sª repitió:
— ¿Usted sabe quién le causó lesiones a ese hombre?
— ¿Mande?
— Tráigalo hasta el estrado -ordenó el juez, con cierto
asomo de enojo, al agente judicial.
A una cuarta de su cara, prosiguió con el interrogatorio.
— ¡¿Usted sabe si ese hombre que se sienta ahí le ha
pegado a ese otro que se sienta allí?!
— ¿Mande?
El juzgador, a quien la paciencia se le empezaba a
restringir y la ira comenzaba a arrebolar su rostro, insistió,
ya a grito pelado:
— ¡¿Sabe usted si ese hombre le pegó al otro?!
La voz resonó tan potente y tan próxima a la oreja
del interrogado, que éste captó, por fin, el tenor de la
pregunta.
— Sí señor, que le pegó.
— ¿Y por qué lo sabe usted?
— ¿Mande?
Seguramente, nunca, en toda la andadura de su honrada
vida, aquel juez había gritado tanto.
— ¡¿Por qué sabe usted que le pegó?!
—Por oídas -contestó el testigo, con la mayor naturalidad.
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
Dossier
Planificación urbanístico-ambiental,
Administración y protección
penal del medio ambiente
Virginia Pérez Pino
Abogada
DOSSIER
I

II
Dossier
La necesaria coordinación de la
planificación urbanístico-ambiental
y el establecimiento de hitos en la
relación administración-orden penal
para una mejor protección del medio ambiente
Virginia Pérez Pino, Abogada
1. Consideraciones
previas
La interrelación urbanística
medio-ambiental se produce, a
nuestro entender, desde dos puntos
de vista, que van a constituir los ejes
centrales de este estudio:
Primero, la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de
vida y defender y restaurar el medio
ambiente supone una labor de coordinación
ínter-administrativa que se
manifiesta desde una perspectiva
planificadora en la ordenación del
territorio al establecer un régimen
jurídico coherente que permita satisfacer
los valores protegidos.
Ello implica que la planificación
urbanística va a estar vinculada en
lo que se refiere a la clasificación
urbanística del suelo no urbanizable
no sólo por lo previsto en la legislación
sectorial sino, en particular, por
declaraciones de espacios protegidos
y por la planificación efectuada
por las administraciones competentes
en el ejercicio de sus competencias,
como sucede en el caso
de los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales, Planificación
Hidrológica o Forestal; no obstante,
la misma, en ocasiones intenta ser
burlada, acudiendo a fórmulas bien
de desclasificación del suelo como
podrían ser actuaciones incendiarias
(incendios forestales) bien
a fórmulas alternativas que intenten
compatibilizar la actuación en
suelo no urbanizable con el medio
ambiente evitando su calificación
como ilícito penal o administrativo.
Segundo, los problemas inherentes
a la posición de la administración
frente a la jurisdicción penal;
los elementos de valor de la admi-
nistración cuando son determinantes
del tipo, la jurisdicción penal en
relación con las cuestiones prejudiciales
que se produzcan así como,
en general, en palabras de Laso
Martínez 1“hacer compatible el reconocimiento
y eficacia del ejercicio
de los poderes legítimos de la Administración
en relación con el Poder
Judicial y, a su vez, la sucesiva traslación
de la coordinación exigible
dentro del mismo entre la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y
la Penal”.
Así pues, una vez señalado
el hilo conductor de este trabajo
comencemos a analizar las cuestiones
relacionadas con lo que se ha
denominado la necesaria coordinación
de la planificación urbanística
en el marco de la planificación
territorial.
2. La necesaria
coordinación de
la planificación
urbanística en
el marco de la
planificación
territorial
El Derecho Urbanístico tiene
manifestaciones plurifacéticas que
discurren desde la planificación hasta
la disciplina urbanística, siendo
precisamente estos dos extremos
los que se van a traer a colación en
este estudio.
El urbanismo es una función
pública como medio resolutorio de
los conflictos existentes entre los
intereses públicos y los intereses pri-
vados, dando primacía al primero
de ellos y por lo tanto partiendo en
sus postulados de esta premisa.
Pues bien, el régimen jurídico
de la propiedad del suelo se establece
en función de la clasificación
urbanística de los predios constituyendo
ésta en palabras del profesor
García de Enterría y Parejo Alfonso
“la categorización del suelo en las
clases o tipos taxativamente fijados
por la Ley en razón de los únicos y
distintos destinos urbanísticos básicos
posibles”.
Esta clasificación urbanística de
los predios se realiza precisamente a
través de la actividad planificadora
no pudiendo clasificarse como Suelo
Urbanizable aquél que goce de
valores medioambientales dignos
de preservar 2, lo que se pone de
manifiesto en los bosques.
3. La actividad
incendiaria en los
bosques
Precisamente, es en este campo
donde últimamente, según noticia
en prensa 3, más actividades delictivas
se están produciendo; actividades
vinculadas a lo que ha venido
denominándose “criminalidad
organizada”; de hecho, la Consejera
de Medio Ambiente, Dª Fuensanta
Coves, equipara los fuegos con
los delitos contra la vida.
Los datos proporcionados son
los siguientes: Jaén, 207 incendios;
Huelva, 185; Granada, 156 y Cádiz,
143. Como consecuencia del fuego,
se desalojaron 237 inmuebles y
se evacuó a 1.523 personas. Andalucía
sufrió en 2.005 más de mil
Enero - Febrero 2007

incendios.
Enero - Febrero 2007
D. Jesús García Calderón, Fiscal
Jefe del TSJA, consideró prioritaria
la coordinación con los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado así
como de todas las administraciones
para luchar contra el deterioro
medioambiental; de hecho, expresó
que a pesar de todo, existe “un
incremento notable” en las investigaciones
judiciales de los delitos
ambientales en sus tres vertientes:
incendios, ordenación del territorio
y patrimonio.
Estas investigaciones que poseen
problemas comunes, como ha sido
reconocido por el propio D. Jesús
García Calderón, la dificultad de
configurar “la línea divisoria entre la
ilicitud penal y administrativa” 4.
Es más, según la Fiscalía Medioambiental,
la deficiente cobertura
legal que poseen las materias urbanísticas
es lo que ha provocado la
“disparidad de criterios” en los que
se basan los órganos judiciales para
decidir qué tipo de delitos son condenables
por vía penal o administrativa,
lo que le conduce a dictar
sentencias contradictorias.
No debemos olvidar que la accesoriedad,
subsidiariedad o secundariedad
del Derecho Penal es una de
las consecuencias que derivan del
principio de “intervención mínima”;
de hecho, el TS en STS 11/03/1992 y
de 05/10/1993 ha manifestado que
el art. 45 de la Constitución Española
ha optado por un concepto de
medio ambiente moderadamente
antropocéntrico en cuanto primariamente
se adecua al «desarrollo
de la persona» y se relaciona
con la «calidad de vida» a través
de la «utilización racional de todos
los recursos naturales» y se añade
como parte integrante del mismo
la defensa y restauración del medio
ambiente.
Cierto es que el derecho penal
a virtud del principio de intervención
mínima actúa de forma accesoria y
subsidiaria del derecho administrativo
mas en una materia como ésta
tan sujeta a una compleja protección
de este ordenamiento, supone
la previa infracción de normas
administrativas antes de dar paso
a la sanción penal que, por otra
parte, conlleva atentados medio
ambientales de cierta gravedad.
Pues bien, una de las actuaciones
atentatorias contra el medio
ambiente más vinculadas al campo
urbanístico en su faceta de reclasificación
del suelo es la relativa a los
Incendios Forestales, del que existe
una obra exponencial denominada
“La protección del Medio Ambiente
frente al delito de Incendios Forestales”
de Juan Ignacio De Madariaga
y Apellániz 5, ilustrativa a estos
efectos.
Los bosques son los principales
productores de “Biomasa” de nuestro
mundo. Ejercen una decisiva
influencia en los intercambios energéticos
entre la atmósfera y el suelo
pues interceptan la radiación solar,
frenan el viento, fijan el gas carbónico
y erotranspiran gran cantidad de
agua, evitan la erosión del terreno y
su desertización y constituyen uno
de los principales factores reguladores
del clima en nuestro planeta.
Por lo tanto, cualquier actuación
atentatoria de los bosques afecta al
equilibro de nuestro ecosistema.
España ha estado presidida,
con base en motivos varios, por
actuaciones deforestadoras imputables
durante el siglo XIX a sucesivas
guerras; privilegios de la Mesta;
roturación indiscriminada de montes
para el cultivo agrícola; explotación
extractiva de bosques practicados
por la Marina; desamortización y
revolución industrial.
Por este motivo, nuestro legislador
español fue pionero en adoptar
una Política Defensora De Los
Bosques, aprobando ya en 1863, 24
de mayo, la Ley Forestal y sus reglamentos
de desarrollo que defendían
más la Función Ecológica de los
Montes que su Función Productiva.
Accedieron al Catálogo de
Montes numerosos terrenos y adquirieron
protagonismo las Repoblaciones
Forestales con la finalidad de
restablecer el equilibrio natural.
Desde un punto de vista penal,
los incendios se ubicaban en el
Código Penal de 1822, en tres lugares
distintos según que el bien jurídico
concierna al Estado 6, a la vida
humana 7 o a la propiedad particular
8. No obstante, a partir del Código
Penal de 1848, su reforma de 1850 y
los restantes Códigos del siglo XIX, el
delito de incendios se ubicaría entre
los “Delitos Contra La Propiedad”.
La función ecológica iniciada
en la época decimonónica continuaría
en el siglo XX, dada cuenta
que: 1) Se iniciaron importantes
transformaciones industriales que
incidirían en el PAISAJE FORESTAL: la
Dossier
apertura de nuevas vías de comunicación
(ferrocarriles y caminos revalorizaron
los montes); la sustitución
del combustible vegetal para uso
doméstico por carbón y derivados
del petróleo circunstancia que influyó
en el aumento del monte bajo
y medio; repoblaciones forestales
de especies heliófilas (pinos, enebros
y otros). 2) Se crearon Organismos
repobladores denominados
“Comisiones de Repoblación en las
Cuencas Hidrográficas”. 3) En 1935,
fue promulgada la Ley de Patrimonio
Forestal del Estado de 1935 de
gran interés en las repoblaciones
de zonas deforestadas y 4) Durante
el denominado “Siglo de Oro Forestal”
la administración tuvo un papel
político muy importante; de hecho
el “Plan para las Repoblaciones
forestales” redactado por Cevallos
y Ximénez De Embum duró hasta
1984 y afectó a más de 4,5 millones
de hectáreas. Mediante la Ley del
Patrimonio Forestal, de 10/03/1941,
se estableció la figura del consorcio
con un perímetro obligatorio para
ejecutar repoblaciones forestales.
Un mayor conocimiento de este
Siglo de Oro se puede obtener a
través del conocido Libro Rojo de
los Bosques Españoles. Madrid. ADE-
NA WWF.
Finalmente, en 1957, fue promulgada
la Ley de Montes, que
recogería la dispersión normativa
existente en la materia siendo desarrollada
por el Decreto 485/1962,
de 22 de febrero. Con la Ley de
Fomento de la Producción Forestal,
de 4 de enero de 1977, se estimularon
las plantaciones forestales de
crecimiento rápido.
Esta Ley fue derogada en la
parte referente a la defensa de los
Montes contra Incendios y del Seguro
Forestal (Título IV, Capítulo III) por
la Ley 81/1968, de sobre Incendios
Forestales.
Actualmente, y ante la obsolescencia
de la Ley de Montes de 1957,
ha sido dictada la Ley 43/2.003, de
21 de noviembre, de Montes que
derogó ambas legislaciones, y que
persigue hacer factible la Declaración
de la Asamblea de Naciones
Unidas, en su sesión especial
de junio de 1997, que establece lo
siguiente:
«La ordenación, la conservación
y el desarrollo sostenible de todos
los tipos de bosques son fundamentales
para el desarrollo económico
y social, la protección del medio
III

IV
Dossier
ambiente y los sistemas sustentadores
de la vida en el planeta. Los
bosques son parte del desarrollo
sostenible».
Esta declaración de la Asamblea
de Naciones Unidas, en su
sesión especial de junio de 1997, es
una clara expresión del valor y el
papel que los montes desempeñan
en nuestra sociedad.
Acogiendo esta concepción, la
Ley 43/2.003 establece, a nuestro
entender, un nuevo marco legislativo
regulador de los montes, para
la reorientación de la conservación,
mejora y aprovechamiento de los
espacios forestales en todo el territorio
español en consonancia con la
realidad social y económica actual
así como con la nueva configuración
del Estado autonómico creado
por nuestra Constitución.
4. Medidas de
prevención: Gestión
Forestal Sostenible
Es el objeto de la Ley 43/03,
por lo tanto, constituirse en un instrumento
eficaz para garantizar la
conservación de los montes españoles,
así como promover su restauración,
mejora y racional aprovechamiento
apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva. La
Ley se inspira en unos principios que
vienen enmarcados en el concepto
primero y fundamental de la gestión
forestal sostenible.
A partir de él se pueden deducir
los demás principios:
• la multifuncionalidad
• la integración de la planificación
forestal en la ordenación
del territorio
• la cohesión territorial y subsidiariedad
• el fomento de las producciones
forestales y del desarrollo
rural
• la conservación de la biodiversidad
forestal
• la integración de la política
forestal en los objetivos ambientales
internacionales
• la cooperación entre las Administraciones
y la obligada parti-
cipación de todos los agentes
sociales y económicos interesados
en la toma de decisiones
sobre el medio forestal.
Por otro lado y en este enfoque
preventivo y de conservación
y mejora forestal que venimos analizando,
se debe señalar que la institución
del Catálogo de Montes de
Utilidad Pública, de gran tradición
histórica en nuestro país, ha sido
un instrumento fundamental en la
protección de los montes y no sólo
permanece sino que se refuerza
en la Ley, al homologar el régimen
jurídico de los montes catalogados,
- que ya era de cuasi dominio público-,
con el de los bienes plenamente
demaniales y al ampliar los motivos
de catalogación; en concreto,
aquellos que más contribuyen a la
conservación de la diversidad biológica
integrándose los que constituyen
o forman parte de espacios
naturales protegidos o espacios de
la Red Europea Natura 2000.
De igual forma, adquiere especial
relevancia la definición de la
política forestal, como la 1) información
(Estadística Forestal Española)
así como 2) la necesidad de la planificación
forestal a escala general,
consagrando la existencia de la
Estrategia forestal española 9y el Plan
forestal español 10.
En este ámbito, la novedad más
importante de la Ley la constituyen
los planes de ordenación de los
recursos forestales (PORF). Se configuran
como instrumentos de planificación
forestal de ámbito comarcal
integrados en el marco de la ordenación
del territorio, con lo que la
planificación y gestión forestales se
conectan con el decisivo ámbito de
la ordenación territorial.
Tras su modificación por la Ley
10/2.006, de 28 de abril su objetivo
fundamental es el tratamiento jurídico
de la lucha contra los incendios
desde el punto de vista de la
regulación del régimen sustantivo
de la protección frente a este tipo
de siniestros.
Bien es sabido que el cambio
de uso de los terrenos forestales
incendiados para transformarlos en
otros de carácter agrícola, pascícola,
industrial o urbanizable se ha tratado
de justificar en la pérdida de
valor de dichos terrenos, al carecer
de vegetación arbórea como consecuencia
del desastre ecológico
ocasionado por el incendio.
En muchas ocasiones, el cambio
de uso no se promovía de forma
inmediata tras el siniestro, sino
sólo tras repetidos incendios de ese
terreno forestal, que quedaba, de
esta manera, en una situación de
casi total degradación vegetal que
dificultaba la posibilidad de rechazar
justificada y motivadamente las
peticiones de cambio de uso forestal.
Y ello en la medida en que estos
terrenos, en un corto plazo, ya no
podrían alcanzar el potencial forestal
arbolado que poseían antes del
incendio.
Los incendios forestales tienen
como causa, en una pequeña parte
de casos, los fenómenos naturales y,
desgraciadamente, en una inmensa
mayoría de supuestos, acciones
humanas, ya sean negligentes o
dolosas. En este sentido, en un país
avanzado como España no puede
permitirse una actitud de tolerancia
hacia ningún delito ecológico ni,
en particular, hacia los incendios
forestales, que conllevan gravísimas
consecuencias sociales y económicas,
incluyendo la pérdida de vidas
humanas.
En el área mediterránea, países
como Italia y Portugal, que padecen
de manera similar a España las consecuencias
nefastas derivadas de
los incendios forestales, han optado
por incorporar a su derecho, tanto a
través del Código Penal, como por
medio de la legislación sectorial, la
imposibilidad de cambiar de uso los
terrenos forestales que han sufrido
incendios.
En la misma línea, varias Comunidades
Autónomas han implantado
medidas legislativas de acuerdo
con las cuales en ningún caso
se podrán tramitar expedientes de
cambio de uso de montes o terrenos
forestales incendiados 11.
En este contexto, resulta necesario
y oportuno que el legislador
nacional dé pasos en la misma dirección
y adopte medidas análogas de
protección, y complemente así en
el ámbito administrativo las previstas
por nuestra legislación penal.
La opción que incorpora esta
Ley es la de prohibir el cambio de
uso forestal de los terrenos forestales
incendiados durante al menos 30
años, así como la realización de
toda actividad incompatible con la
regeneración de la cubierta vegetal.
Se opta, pues, por el plazo de
30 años, lapso de tiempo mínimo
que en la mayoría de los casos pue-
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
de permitir la regeneración de la
vegetación forestal y, por extensión,
evitar expectativas de recalificación
futura de suelos no urbanizables,
en particular la de los terrenos
forestales, contrarias a los propósitos
de regeneración del monte que
demandan los principios de la gestión
forestal sostenible 12.
Finalmente, crea el Fondo para
el patrimonio natural 13, cuya materialización
garantizará la estabilidad
y continuidad de los recursos económicos
en apoyo de los espacios
forestales.
Así pues conocida la legislación
sectorial destinada a la defensa y
protección de los recursos forestales,
y la prohibición de cambio de
uso del suelo incendiado desde la
legislación estatal 14, veamos cuál es
la regulación penal que existe en la
materia.
5. El delito de
Incendios Forestales:
Problemas
probatorios y
concursales.
Complejidad en la
calificación jurídica
de la acción
delictiva
5.1. Causas.
Se debe señalar que existe una
importante complejidad de la actividad
probatoria de este tipo de
hechos delictivos siendo más eficaz
no sólo una política de Prevención
sino de Prohibición Especulativa
como la referente a la imposibilidad
de cambio de uso del suelo desde
la legislación sectorial.
La Ley Orgánica 7/1987,de 11
de diciembre modificaría el Código
Penal de 1973 introduciendo,
entre otras novedades, los Delitos
de Incendios Forestales como figura
autónoma. El legislador comenzó
a tomar conciencia de este grave
atentado medioambiental reclamándose
por la doctrina y la jurisprudencia
un cambio de ubicación
en la sistemática de los delitos de
incendios 15.
Y el Código Penal de 1995 apro-
bado por Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, ubica los delitos
de incendios forestales en el Libro II,
Título XVII “Delitos contra la seguridad
colectiva” seccionándolos de
un cuerpo único de los medioambientales.
Por último, la necesidad de protección
penal del medio ambiente
contenida en el apartado 3 del artículo
45 de la Constitución Española
ha sido reforzada desde la Unión
Europea, cuyo Consejo adoptó, el
27 de enero de 2003, la Decisión
Marco relativa a la protección del
medio ambiente a través del derecho
penal 16. En este sentido, España
ha introducido en el Código Penal,
a través de la reforma operada por
la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre, por la que se modifica
la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal,
las modificaciones necesarias para
cumplir con las obligaciones comunitarias
17.
Visto pues, el panorama legislativo
existente en la materia, desde un
punto de vista penal, interesa hacer
referencia a las intrínsecas peculiaridades
que pueden aparecer en
la investigación y persecución de
delitos de incendios forestales; en
particular, las cuestiones relativas a
la norma aplicable.
Las causas de los incendios forestales
pueden ser muy diversas. Para
Madariaga y Apellániz los incendios
forestales tener las siguientes causas:
A. Factores condicionantes:
Estructura geográfica de la zona
(pendiente del terreno, etc..);
condiciones climatológicas
(ambientes secos y con altas
temperaturas, etc.); densidad
de población (diversas actividades
humanas facilitan actos
incendiarios debidos a negligencias,
etc.); organización operativa
de servicios de prevención
y extinción de incendios (proximidad
de los servicios, su infraestructura,
preparación de sus
miembros, disminución y extinción
de fuegos forestales, etc.).
B. Causas Naturales. Rayo, Volcanes,
Fermentación de ciertas
plantas, Combustión de ciertas
materias como carbones vegetales
y vertederos de basuras.
C. Causas Humanas: a) Accidentales
o fortuitas. No son actuaciones
ni siquiera negligentes como
Dossier
tubo de escape de vehículos
a motor, ferrocarriles, utilización
de motores eléctricos, ruptura
de tendidos eléctricos, accidentes
de tráfico, restos de vidrios,
disparo de cohetes en núcleos
próximos; b) Negligentes: cuando
el responsable no ha adoptado
las medidas adecuadas
para que no se produzca el fuego
(quema de pastos, operaciones
agrícolas o forestales en las
que se emplea fuego, hogueras
para comidas, fuentes de calor
o luz mal apagados, cerillas y
cigarros arrojados encendidos,
quemas derivadas del uso de
explosivos, etc..); c) Provocados
o intencionados: por motivos
varios sociológicos (repoblaciones
forestales, motivos cinegéticos
para facilitar la caza,
protesta por declaraciones de
espacios naturales) políticos
(protesta política o terrorismo),
jurídicos (encubrir otros delitos o
distraer a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado), psicológicos
(venganzas, odios o
resentimientos individuales, alteraciones
mentales y piromanía)
y económicas (alterar el precio
de la madera, repercutir sobre
el valor del uso del suelo, obtener
trabajos relacionados con
la extinción de incendios o restauraciones
de zonas incendiadas,
ahuyentar a animales que
causen daños a la agricultura,
ganadería, como represalia
por reducciones de inversiones
públicas en la zona).
D. Causas desconocidas: Fuegos
en los que no se llega a
esclarecer la causa del incendio
aunque pertenezca a alguna
de las anteriormente señaladas
(naturales o humanas). No es lo
mismo autor desconocido que
causas desconocidas.
De hecho, en junio de 1997, el
Comité de Lucha contra los incendios
forestales 18 consideró conveniente
recomendar acciones varias
en la investigación policial de las
causas de los incendios: a) ampliar
los cursos de formación en técnicas
de investigación de incendios forestales
dirigidos a Agentes Forestales,
Guardia Civil y Policías Autonómicas;
b) Equipos especializados en
las CC.AA. formados por Técnicos
Forestales, Policías Autonómicas y
Guardia Civil para investigar y prevenir
incendios forestales y c) Estudio
y seguimiento del trabajo de los
equipos de especialistas en investigación
y prevención de incendios
V

VI
Dossier
forestales.
5.2. Análisis del tipo de injusto y
problemas concursales.
Los delitos de incendios son delitos
multilesivos e instrumentales, de
difícil control, fáciles de producir y
compleja prueba de su autoría, por
lo que habrá que recurrir ante la
falta de prueba directa a la valoración
de la prueba indirecta o
indiciaria 19.
En el Título XVII, bajo la rúbrica
“De los delitos contra la seguridad
colectiva” se contienen un gran
número de delitos de diversa naturaleza:
delitos de riesgo catastrófico,
de incendios, contra la salud
pública y contra la seguridad del
tráfico cuyo denominador común
es el peligro.
La doctrina sigue criticando
su inclusión en este tipo de delitos
cuando el bien jurídico más patente
es el de la naturaleza medioambiental.
El tipo básico del delito de
incendio forestal (art. 352, apartado
1o C.P.) consiste en lo siguiente: “Los
que incendiaren montes o masas
forestales serán castigados con
penas de uno a cinco años y multa
de doce a dieciocho meses”.
El sujeto pasivo de este delito es
la colectividad.
Es un delito eminentemente
doloso – aunque cabe dolo eventual
- y con presencia de peligro
abstracto.
Puede entrar en concurso ideal
el art. 352 C.P. con los arts. 334 20 y
336 C.P. (caza y pesca mediante
la utilización de explosivos, venenos
u otros instrumentos destructivos) y
también con el art. 263 (daños).
De igual forma, el delito de
incendios ex art. 352 C.P. puede
entrar en concurso con otros delitos
como “terrorismo” (art. 571 C.P.);
subversión del orden constitucional
o alteración de la paz pública (art.
577 C.P).
Estos concursos se resolverían
con base en el principio de especialidad
del art. 8 del C.P.
Si conlleva peligro para la vida o
integridad física de las personas, se
tipificaría según art. 351 C.P.
Las circunstancias agravantes
del delito se encuentran en el art.
353 C.P.
1º Que afecte a una superficie
de considerable importancia.
Según datos del ICONA a partir
de 500 ha ya se considera un
siniestro importante.
2º Que se deriven grandes o
graves efectos erosivos en los
suelos.
3º Que altere significativamente
las condiciones de vida animal
o vegetal o afecte a algún
espacio natural protegido.
4º En todo caso, cuando se ocasione
grave deterioro o destrucción
de los recursos afectados.
2. También se impondrán dichas
penas en su mitad superior cuando
el autor actúe para obtener
un beneficio económico con los
efectos derivados del incendio.
Una de las cuestiones que se
plantean es la de si pueden concurrir
varias circunstancias, resolviendo
la doctrina que la última circunstancia
es de carácter genérico y
concurre necesariamente con las
anteriores de forma que habrán de
apreciarse de forma conjunta.
Respecto a los modelos de intervención
para evitar intereses especulativos
se debe partir de obtener
la información necesaria para saber
quién/es se benefician con el incendio
(incendios provocados con vistas
a aprovechamientos madereros)
u obtención de modificación
del uso del suelo.
El delito puede cometerse de
forma más leve, según art. 354 C.P.
atendiendo a que el fuego no llegue
a propagarse.
Se trata de un menor desvalor
de la acción. La falta de propagación
puede ser debida a causas
accidentales bien a la acción de un
tercero como el agente forestal.
Es más en el segundo párrafo del
art. 354 C.P. se contiene una excusa
absolutoria en función del denominado
“arrepentimiento espontáneo”
porque la no propagación se
deba a una actuación positiva del
autor.
Lo importante para aplicar esta
excusa absolutoria es que logre que
no se propague no que el autor
logre la completa extinción del fuego.
En el derecho alemán esta excusa
absolutoria supone: a) que el
incendio no haya sido descubierto,
b) que su autor proceda a extinguirlo
y c) que no se haya causado otro
daño más que el implícito en el acto
de prender el fuego.
De igual manera, se puede incurrir
en delito de incendios forestales
según art. 357 C.P. en bienes propios.
El precepto establece varios
tipos de conductas.
El incendiario de bienes propios
será castigado con la pena de prisión
de uno a cuatro años si:
• tuviere propósito de defraudar
o perjudicar a terceros
• hubiere causado defraudación
o perjuicio
• existiere peligro de propagación
a edificio, arbolado o plantío
ajeno
• hubiere perjudicado gravemente
las condiciones de la
vida silvestre, los bosques o los
espacios naturales.
Se trata de un delito de resultado.
Respecto a causar defraudación
o perjuicio, ¿cuándo se entiende
consumado? Lo importante es
el propósito de defraudar o causar
perjuicio; de hecho, en casos que
se hubiese producido entraría en
concurso ideal con la estafa.
Si el bien afectado es un espacio
protegido y se ha destruido uno
de los elementos que han servido
para calificarlo entraría en concurso
con el art. 330 del C.P.; concurso
de normas que debe resolverse de
acuerdo con el principio de especialidad.
No obstante, si se incendia bien
ajeno con peligro de propagación
sin riesgo para las personas, el hecho
será atípico tanto respecto al delito
de incendios de bienes propios
como del art. 351. C.P. (incendios
forestales básico), siendo punible
sólo como daños, dejando de valorarse
el plus de riesgo.
Sin embargo, si se incendia un
bien propio se le castigaría ex art.
357 C.P.
Interesantísimos a este respecto
son los problemas concursales que
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
plantean la relación art. 357 C.P.
con art. 351 C.P. (incendio con peligro
para la vida o integridad física
de las personas). La doctrina plantea
dos soluciones:
a. Concurso de leyes.
b. Principio de Consunción: se
afirma que el art. 351 consumiría
al art. 357 C.P.
c. No obstante, hay quienes
defienden una consunción parcial
sólo en caso de incendio de
bienes propios con propósito de
perjudicar a otro o con causación
de perjuicio a otro y no en
los restantes supuestos que se
resolverían mediante concurso
ideal de delitos (Serrano González
de Murillo).
Asimismo, cabe fórmula de
comisión del delito por imprudencia
ex art. 358 C.P. y si existe homicidio
por dicha imprudencia existiría un
concurso entre homicidios e incendios.
Para finalizar este análisis, hacer
referencia a los incendios en zonas
no forestales ex art. 356 C.P. que
requiere la concurrencia de los
siguientes requisitos:
1º Producción de un incendio.
2º Que afecte a zonas no forestales.
3º Que ocasione un perjuicio al
medio natural.
Se trata en este caso de un
delito de resultado, no de peligro.
Si no se produce este tipo de daños
al medio natural se tipificaría como
delito de daños.
En caso que entrañe un peligro
para la vida o integridad de las personas
será aplicable el art. 351 C.P.
y no el art. 356.
La apreciación de un “perjuicio”
grave al medio natural depende
del juzgador. “Perjuicio” no es lo
mismo que “daños”. Se obtiene de
la alteración del medio natural con
un componente mixto: económico
y medioambiental.
Es interesante el concurso del art.
356 C.P. con el art. 330 C.P. cuando
el “incendio afecte a un espacio
natural protegido” resolviéndose a
favor de la aplicación del tipo especial
frente al art. 356 C.P.
La comisión imprudente de estos
delitos puede deberse a:
1. Quemas agrícolas.
2. Quemas de pastos.
3. Trabajos forestales.
4. Hogueras.
5. Fumadores.
6. Quemas de basuras y otras
negligencias.
La problemática ínsita a estos
hechos delictivos con las cuestiones
concursales tan interesantes que
hemos visto engarza en una cuestión
probatoria de los elementos
que hacen incurrir a estos hechos
en una u otra figura delictiva.
Y más aún determinar quién
es el autor, quién debe reparar el
daño y si efectivamente es reparable
cuando se ha afectado a un
ecosistema.
Entraríamos pues en el debate
sobre el art. 116 C.P. que establece
que la responsabilidad civil sigue
a la penal y depende de ella; no
obstante, existirían los siguientes
supuestos:
a. Que exista responsabilidad
penal pero no civil como en
los no consumados o delitos de
mero peligro.
b. Que no exista responsabilidad
penal pero sí civil ex art. 118 C.P.
al concurrir en el autor determinadas
eximentes (enfermedad
mental, trastorno mental transitorio,
minoría de edad, grave
alteración de la conciencia de
la realidad y miedo insuperable).
c. Casos de responsabilidad civil
subsidiaria (padres de mayores
de dieciocho años; de empresas
y administraciones públicas
por delitos medioambientales) .
Art. 120 y 121 C.P.
La responsabilidad civil comprende
ex art. 110 C.P.: La restitución;
reparación del daño y la indemnización
de daños y perjuicios.
En los casos de incendios forestales,
la restitución puede efectuarse
respecto a la madera quemada
que es aprovechada por un tercero.
La novedad del C.P. es que
dicha restitución se efectúe aunque
se halle en poder de un tercero de
buena fe salvo que por el Código
Civil sea irrevindicable.
Dossier
Normalmente, en este tipo de
hechos delictivos la responsabilidad
civil se manifiesta más en la
reparación de daños ex art. 112
C.P. pudiendo efectuarlo mediante
“obligaciones de dar, hacer o no
hacer”.
La indemnización de daños y
perjuicios ex art. 113 C.P. debe distinguirse
de la reparación del daño
causado, lo que supone desglosar
el “daño emergente” del “lucro
cesante” (perjuicio- beneficios que
se dejan de obtener como consecuencia
del delito): capacidad de
auto regeneración de la vegetación;
incendio en la vida silvestre;
riesgo de erosión después del incendio;
alteración del paisaje y efecto
en la economía local de la zona.
Ésta es, pues, la peculiaridad
del derecho penal ambiental desde
la perspectiva de la persecución
y enjuiciamiento de los delitos de
incendios forestales 21.
6. Otras formas
de tutela jurídica
forestal
Entre otras formas de tutela jurídica
forestal, nos encontramos, con
vías alternativas a la jurisdicción
penal y la actividad planificadora y
preventiva como son:
1. Facultades de la Administración.
a) Facultades de vigilancia e
inspección.
b) Potestad sancionadora.
Infracciones de la legislación medioambiental
22.
2.Tutela del Derecho Civil.
La responsabilidad civil extracontractual
23 y los Fondos de Compensación
ante incendios forestales
24.
Se trata de una responsabilidad
objetiva en materia medioambiental,
con independencia de las actividades
que deban ser autorizadas
por la administración y la necesaria
adopción de medidas correctoras.
Su infracción no sólo conlleva la
obligación de indemnizar los daños
y perjuicios causados sino que el
deber de reparación es exigible
VII

VIII
Dossier
en el mismo proceso sancionador.
Para que prospere esta responsabilidad
civil es necesario que el daño
sea cierto, directo y personal y que
afecte a un tercero particular que
es quien dispone de legitimación
activa para ejercer la responsabilidad
civil extracontractual 25.
3. La Impugnación de Autorizaciones
de Empresas en Vía Administrativa
/ Contencioso-administrativa.
7. Las actuaciones
urbanísticas
efectuadas en suelo
no urbanizable
u otras zonas
demaniales por
legislación sectorial
y la relación entre la
administración y la
jurisdicción penal
Vamos a analizar la relación
entre la administración y la jurisdicción
penal; sus juicios de valor
cuando son determinantes del tipo;
la jurisdicción penal y las cuestiones
prejudiciales y, en suma, el ordenado
y equilibrado funcionamiento de
las instituciones que conforman un
Estado de Derecho.
El Título XVI , Capítulo se regulan
los delitos sobre ordenación del territorio
del arts. 319 C.P. a 320 C.P.
De hecho, junto al genérico delito
de prevaricación recogido en los
arts. 404 a 406 C.P., se deben citar
las manifestaciones del cohecho
según arts. 419 a 427 C.P. y tráfico
de influencias de los arts. 428 a 431
C.P. como complementarios al tipo
del art. 319 C.P.
Para profundizar más en la materia
se recomienda la obra “Urbanismo
y Medio Ambiente” de José Luis
Laso Martínez 26.
Lo curioso de la descripción
penal del art. 319 C.P. es la constante
remisión que efectúa al derecho
urbanístico y en concreto a la
potestad planificadora de la administración
actuante.
Tipifica las construcciones en
viales y zonas verdes, pero, ¿quién
decide que determinados terrenos
son viales y zonas verdes?
Evidentemente la planificación
urbanística, sin embargo, nos
preguntamos ¿desde cuándo se
entienden que unos terrenos destinados
a un uso y destino público
son viales y zonas verdes?
Viales y zonas verdes planificadas
y no cedidas formalmente.
Si atendemos al art. 5 de la Ley
andaluza 7/1999, de 29 de septiembre,
de Bienes de las Entidades
Locales, la alteración en la calificación
urbanística de los bienes
se produce automáticamente a la
aprobación definitiva de planes de
ordenación urbana y proyectos de
obras y servicios, siempre que en
este segundo supuesto así se manifieste
en el correspondiente acuerdo
plenario; de igual forma, el TS en STS
12/05/1987 va en la misma línea del
art. 5 de la Ley autonómica 7/99.
No obstante, la misma legislación
urbanística establece que se
entenderán cedidos, por ministerio
de la Ley, desde la aprobación
de los proyectos de equidistribución
siendo ésta la tesis más lógica y
acorde a la realidad; por lo tanto,
cualquier, actuación no autorizada
en suelos destinados a viales y zonas
verdes aún no cedidos formalmente
y no iniciada ni ejecutada la
urbanización, constituiría a nuestro
entender infracción administrativa,
mas no delito penal.
Viales y zonas verdes ni preexistentes
ni cedidos.
Nos referimos a los supuestos en
que aún no han sido aprobados los
planeamientos de desarrollo donde
se ubiquen esos espacios de vocación
dotacional.
Se debe tener en cuenta que
a la aprobación del planeamiento
queda suspendido ex art. 27 LOUA
aprobaciones y otorgamientos de
autorizaciones y de licencias urbanísticas
con un plazo máximo de
dos años y extinción, en todo caso,
a la publicación de la aprobación
definitiva del instrumento de planeamiento.
Pues bien, cualquier actuación
en estos suelos que no fuere autorizada
constituiría infracción administrativa,
siempre que dichos suelos
no incurran en alguno de los otros
supuestos previstos en el art. 319 C.P.
Viales y zonas verdes privadas.
La zonas verdes privadas y los
viarios privados pueden completar
la reserva dotacional ex art. 17 de
la LOUA.
Éste es el caso de complejos
en régimen de propiedad horizontal
tumbada que constituyen sobre
estos viarios y zonas verdes privadas
lo que se denomina como constitución
tabular a su favor de derecho
subjetivamente real o titularidad ob
rem en pro indiviso de las parcelas
principales.
Por lo tanto, cualquier actuación
que tenga lugar en estos suelos
no será constitutiva de delito alguno.
En función del régimen jurídico
que se establezca para la manzana
se cotejará si el uso está permitido o
no dando lugar a posible incoación
de expediente sancionador.
Bienes de Dominio Público
(Hidráulico, Carreteras, Zona Marítimo
–Terrestre).
El legislador ha venido distinguiendo
la zona demanial estrictu
sensu (dominio público hidráulico 28;
marítimo-terrestre 29; vías pecuarias
o carreteras 30, ferrocarriles 31) y las
zonas sujetas a limitaciones, protección
y servidumbres cuyos valores
constituyen objeto de protección
por el legislador penal, de las zonas
de policía o influencia.
En estas últimas, la realización
de una actuación no autorizada
constituiría infracción administrativa,
siempre que dichos suelos no incurran
en alguno de los otros supuestos
previstos en el art. 319 C.P.;
de hecho, en el caso de Defensa
Nacional 32, la zona de expansión se
encuentra excluida del ámbito de
aplicación penal.
Vía pecuaria.
Supongamos que habiendo sido
deslindada una vía pecuaria, y en
terrenos colindantes con el camino
sin deslinde se construye una valla,
¿se incurre en el ilícito penal del art.
319 C.P.?
Hasta que no se dicte la correspondiente
resolución judicial acreditativa
de la legalidad o no del
deslinde, se incurriría, a nuestro
entender, en supuesto de hecho.
Se plantearía, desde nuestro
punto de vista, como cuestión prejudicial
en el proceso penal (art. 4
del Real Decreto de 14 septiembre
1882, de Enjuiciamiento Criminal)
cuya resolución vincularía a dicho
Enero - Febrero 2007

juez.
Enero - Febrero 2007
Incluso, puede que se efectúe la
construcción contando incluso con
licencia municipal, lo que le hará
incurrir en un error de prohibición
invencible mientras no se pruebe lo
contrario.
Lugares que Legal o Administrativamente
tengan reconocido su
valor Paisajístico, Ecológico, Artístico,
Histórico o Cultural.
Son aquéllos que se establezcan
por legislación sectorial:
1º Lugares reconocidos de interés
artístico, histórico o cultural
conforme a la Ley del Estado de
25 de junio de 1985 de Patrimonio
Histórico Español.
2º Lugares reconocidos como
espacios naturales protegidos
por Ley 4/1989, de 27 marzo,
de Conservación de Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre.
3º Lugares reconocidos por legislación
autonómica.
En resumen, el origen de los
espacios protegidos es el resultado
directo de una norma legal o reglamentaria
o de un acto administrativo
emanado de la administración
competente y de acuerdo con el
procedimiento aplicable.
Respecto a los espacios o lugares
que hayan sido considerados
de especial protección, se debe
indicar que la legislación urbanística
clasifica el suelo como no urbanizable
de especial protección pero
dicha clasificación puede deberse
perfectamente a valores que se
consideren protegidos por el mismo
planeamiento y que sean compatibles
con dicha edificación e incluso
autorizable.
En dicho caso, ¿se estaría incurriendo
en un ilícito penal del art. 319
C.P. que tipifica sólo el hecho de
que no haya sido autorizada?
Para Laso Martínez estos casos
serían reconducibles al punto 2 del
art. 319 incluyéndose sólo aquéllos
que han sido declarados protegidos
en virtud de declaración previa
legal o administrativa.
Respecto al apartado 2 del art.
319 C.P. sobre edificación no autorizable
en el suelo no urbanizable, se
debe señalar que regula supuestos
en que construida edificación sin
licencia no sea legalizable. Asimismo,
puede incluirse en estos supuestos
los casos en que autorizada una
obra en suelo NO urbanizable, la
edificación se exceda en exceso.
Puede ser suceder que se levanten
edificaciones ex post a la tramitación
de un expediente y que en
virtud de ACTO POSTERIOR se legitimen
dichas construcciones y es más
que reclasifiquen el suelo dejando
sin sentido el precepto penal.
La variedad de actuaciones
con las que nos podemos encontrar
son:
a.- que exista licencia y sea anulada.
b.- que no existiendo licencia,
la obra fuese legalizada y se
hubiese legalizado por aplicación
ordinaria de las normas
vigentes en el momento de la
construcción.
c.- Que habiéndose actuado sin
licencia y no siendo legalizable
la obra en sí misma se produjese
su legalización por actos normativos
nuevos o decisión sobre tal
extremo.
En los dos primeros casos no
existen las circunstancias del delito
porque aun cuando se anulase la
licencia o la legalización se estaba
actuando con cobertura jurídica.
No debemos olvidar que en
derecho administrativo rige el principio
de validez y eficacia de los
actos administrativos que excluiría
en este caso el hecho de ser no sólo
ilícito penal sino administrativo.
En el tercer caso nos encontraríamos
con una Legalización de
facto por cambio de planeamiento,
como sucedería en casos que por
cambios en Planes Especiales de
Protección del Medio Físico fuesen
legalizadas actuaciones de interés
público subsumibles en dicha norma
33.
Conocidos pues los supuestos
previstos en nuestro Código Penal y
sus vicisitudes, ¿quién entiende que
incurre en la realización de hechos
delictivos?
Salvando lo previsto en la STS
de fecha 26-06-2.001- STS núm.
1250/2001 (Sala de lo Penal), de 26
junio – sobre que el precepto, no
puede excluir a las personas que
promuevan o construyan sin licencia
o excediéndose de la conce-
Dossier
dida, y que no sean profesionales,
de la autoría del delito, pues no
deja de tener sentido dicha inhabilitación
aun en dicho caso, puesto
que tales actividades están sujetas
al régimen de licencia y autorización
y ello ya comporta una relación
con la Administración de que
se trate, inhabilitación que conforme
a lo dispuesto en el artículo 45
CP deberá concretarse expresa y
motivadamente en la sentencia, la
mayoría de las sentencias sostienen
lo opuesto en el sentido siguiente
SAP Cádiz (Sección 5a) de 3 septiembre
2002:
No obstante lo anterior, entiende
esta Sala que la limitación realizada
por el precepto en orden a la limitación
de los posibles autores, convierte
el tipo en un delito especial
propio y supone una voluntad del
legislador de restringir el ámbito de
los posibles sujetos activos a quienes
se dediquen profesionalmente
a actividades de construcción, promoción,
etc criterio que se refuerza
en el principios de intervención
mínima, informador del Derecho
Penal y una interpretación finalista
del propio tipo penal, que, protege
un bien jurídico, que antes solo lo
estaba por normas administrativas,
como es la ordenación del territorio,
tipificando acciones que perjudican
gravemente la idónea regulación
del suelo, con efectos perturbadores
y nocivos para la naturaleza, y
difícilmente esos objetivos pueden
ser vulnerados por la acción aislada
de una persona que no se dedique
profesional y habitualmente a dicha
función.....
Analizadas pues las vicisitudes a
que da lugar la regulación penal
de estos hechos incurriendo en
infracciones administrativas, y sin
perjuicio de no hacer especial incidencia
en la prevaricación ambiental
y urbanística específicamente
regulada en estos casos, ¿qué relación
existe entre el proceso penal y
contencioso-administrativo?
Conocida la existencia de un
hecho que pudiera revestir las
características de un hecho penal
paralizaría el procedimiento dando
conocimiento al Ministerio Fiscal
siendo clarividente en el caso del
art. 329.1 C.P. y en los supuestos
del art. 319.2 C.P. que el acto que
declare su no legalización fuese
firme.
Si por el contrario la denuncia
se produce en la jurisdicción penal,
IX

X
Dossier
ésta debe dar cuenta a la administración
para ver si la actuación
efectivamente incurre en alguno
de los supuestos del art. 319.1 C.P.
y más aún si es legalizable ex art.
319.2 C.P. pues si no es autorizable y
dicha decisión es firme se vincula al
juez penal 34.
Así pues trasladas las actuaciones
a la jurisdicción penal, ¿impide
a la administración la adopción de
medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística? ¿puede la
administración ordenar la suspensión
de obras en ejecución sin licencia
planteada la cuestión en la vía
penal?
Deberían adoptarse medidas
cautelares.
Si el proceso penal concluye sin
pronunciamiento sobre demolición
de obras, ¿podría la administración
adoptar esas medidas de protección
de la legalidad y ordenar su
demolición?
En estos casos, nos remitiríamos,
a nuestro entender, al art. 188 de la
Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
8. Conclusión
La complejidad de la relación
urbanístico –ambiental se refleja, a
nuestro entender, en dos órbitas: a)
la planificadora y b) la preventiva y
restablecedora.
La coordinación interadministrativa
es imprescindible para una adecuada
clasificación y calificación
urbanística de los terrenos, estableciendo
el régimen jurídico más
acorde a su naturaleza en evitación
de actuaciones especulativas.
De igual forma, y desde la perspectiva
preventiva y restablecedera
el establecimiento de una doctrina
más clarificadora de los tipos de
injustos en el orden penal evitaría
las cuestiones concursales y sus problemas
de calificación jurídica, al
que se añade como se ha visto, la
compleja cuestión probatoria.
La coordinación administrativa
y del orden penal en actuaciones
ilícitas es imprescindible para una
eficaz prevención y restablecimiento
de la legalidad y ello sin perjuicio
de “evitar” Legalizaciones de facto
por cambio de planeamiento.
NOTAS
1. Laso Martínez, José Luis, “Urbanismo
y Medio Ambiente en el Nuevo Código
Penal”, Ed. Marcial Pons, S.A., Madrid,
1997, pág. 18.
2. Art. 9 de la Ley 6/98, de 13, de abril,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones:
Tendrán la condición de suelo no
urbanizable, a los efectos de esta Ley, los
terrenos en que concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
1ª Que deban incluirse en esta clase
por estar sometidos a algún régimen
especial de protección incompatible
con su transformación de acuerdo con
los planes de ordenación territorial o la
legislación sectorial, en razón de sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales o culturales, de
riesgos naturales acreditados en el planeamiento
sectorial, o en función de su
sujeción a limitaciones o servidumbres
para la protección del dominio público.
2ª Que el planeamiento general considere
necesario preservar por los valores
a que se ha hecho referencia en el párrafo
anterior, por su valor agrícola, forestal,
ganadero o por sus riquezas naturales,
así como aquellos otros que considere
inadecuados para el desarrollo urbano,
bien por imperativo del principio de utilización
racional de los recursos naturales,
bien de acuerdo con criterios objetivos
de carácter territorial o urbanístico establecidos
por la normativa urbanística.
3. Diario de Sevilla, Sábado 24-06-
2.006.
4. El Correo de Andalucía de
27/02/2.004.
5. De Madariaga y Apéllaniz, Juan
Ignacio, “ La Protección del Medio
Ambiente frente al Delito de Incendios
Forestales”, Universidad de La Rioja,
DYKINSON, 2.001, in totum.
6. Arts. 343-345 del Código Penal de
1822.
7. Art. 641 del Código Penal de 1822.
8. Arts. 787-791 del Código Penal de
1822.
9. Estrategia Forestal española: Como
consecuencia de diferentes procesos en
el ámbito internacional en relación con
los bosques, el Parlamento Europeo aprobó
en enero de 1997 una Resolución
sobre la Política Forestal de la Unión
Europea, instando a la Comisión a elaborar
una Estrategia Forestal Europea,
que finalmente fue comunicada y aprobada
como Resolución del Consejo en
1998. Como complemento nacional a
esta Estrategia Europea, como punto de
partida del Programa Forestal Nacional
Español tal y como se describe en los
acuerdos del Panel y del Foro Interguber-
namentales sobre Bosques (IPF/IFF) y para
articular el modelo a seguir en la política
forestal española, a la vez que se cumplen
los diferentes compromisos internacionales
citados, se elaboró y aprobó en
1999 esta Estrategia Forestal Española.
10. Plan Forestal Español: El Plan Forestal,
aplicación en el tiempo y el espacio
de la Estrategia Forestal Española, pretende
estructurar las acciones necesarias
para el desarrollo de una política forestal
española basada en los principios de
desarrollo sostenible, multifuncionalidad
de los montes, contribución a la cohesión
territorial y ecológica y la participación
pública y social en la formulación de
políticas, estrategias y programas, proponiendo
la corresponsabilidad de la sociedad
en la conservación y la gestión de
los montes. Fue aprobado por Consejo
de Ministros en Julio de 2002.
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estrategia_monte/index.htm
11. Ley 2/1995, de 10 febrero. Montes.
La Rioja. Art. 51; Decreto Foral 59/1992,
de 17 febrero. Montes, Navarra. Art.
63. Ley 3/1993, de 9 diciembre. Montes
Valenciana. Ley 16/1995, de 4 mayo.
Montes-Proteccion De La Naturaleza.
Madrid. Art. 54.
12. No obstante, se prevé con carácter
singular, que las Comunidades Autónomas
puedan acordar excepciones a
las citadas prohibiciones cuando existan
circunstancias objetivas que acrediten
que el cambio de uso del terreno forestal
afectado estaba previsto con anterioridad
al incendio.
13. El Fondo para el patrimonio natural
se concibe como un instrumento de
cofinanciación destinado a asegurar la
cohesión territorial mediante el apoyo a
la gestión forestal sostenible con el objetivo
de valorizar las funciones ecológicas,
sociales y culturales de los espacios forestales
y hacer viables los modelos sostenibles
de silvicultura.
14. Se debe señalar que el Código
Penal de 1995 ya establecía en su art.
355 Medidas de preservación de la calificación
urbanística e interdicción de
determinados usos] que “En todos los
casos previstos en esta sección, los Jueces
o Tribunales podrán acordar que la
calificación del suelo en las zonas afectadas
por un incendio forestal no pueda
modificarse en un plazo de hasta treinta
años. Igualmente podrán acordar que se
limiten o supriman los usos que se vinieran
llevando a cabo en las zonas afectadas
por el incendio, así como la intervención
administrativa de la madera quemada
procedente del incendio.”
15. La Fiscalía General del Estado
denotó ya en su día gran interés en
la materia dictando las Instrucciones
1/1986, de 10 de julio, sobre actuaciones
del Ministerio Fiscal en cuestiones relacionadas
con incendios forestales, 4/1990,
de 25 de junio, sobre Incendios Forestales
y la Circular 1/1990, de 26 de septiembre,
Enero - Febrero 2007

Enero - Febrero 2007
sobre Contribución del Ministerio Fiscal
a la Investigación y Persecución de los
Delitos contra el Medio Ambiente.
16. La Constitución Española, al enumerar
en el artículo 124 las funciones que
corresponden al Ministerio Fiscal, señala
que éste, sin perjuicio de las funciones
encomendadas a otros órganos, tiene por
misión, entre otras, promover la acción
de la Justicia en defensa de la legalidad,
de los derechos de los ciudadanos y del
interés público tutelado por la Ley. En
lógica coherencia con el precepto constitucional
y para facilitar el ejercicio del
derecho-deber al medio ambiente y la
calidad de vida que reconoce el artículo
45 de la Constitución, se hace necesario
pergeñar una serie de cambios en el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
con la creación de una estructura más
eficaz para la lucha contra la delincuencia
medioambiental que permita contar
con Secciones de Medio Ambiente coordinadas
desde la cúpula de la institución
por un fiscal de la categoría primera.
Conviene destacar también que desde
las distintas organizaciones internacionales
se viene reclamando la existencia de
figuras especializadas en delincuencia
medioambiental. Basta recordar la Resolución
(77) 28 del Consejo de Europa,
sobre la contribución del derecho penal
en la protección ambiente, en la que
se pide la creación de secciones especiales
en las Audiencias y en las Fiscalías
para tratar las cuestiones relacionadas
con el medio ambiente. Para ello, la
Ley 10/2.006 de modificación de la Ley
de Montes incorpora las modificaciones
en el artículo 18.1 del Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal (RCL 1982, 66; ApNDL
9435) con la creación de Secciones de
Medio Ambiente específicamente encargadas
de la investigación y persecución
de delitos relativos a la ordenación del
territorio, la protección del patrimonio
histórico, el medio ambiente e incendios
forestales, e incorpora el artículo 18 quinquies,
con la creación de la figura del
Fiscal de Sala de Medio Ambiente.
17. Han sido modificados los arts. 325;
328 y arts. 332 a 337. permaneciendo
íntegros los arts. 352 a 358 de Incendios
Forestales.
18. La creación de la Comisión Interministerial
estaba prevista en el Plan de
actuaciones de prevención y lucha contra
incendios forestales aprobado por el
Consejo de Ministros del 10 de junio de
2.005. Forman parte del Comité Permanente
el Subsecretario del Ministerio de la
Presidencia, que preside este organismo,
la Directora General de Protección Civil,
el Director General del Instituto Nacional
de Meteorología, el Director General de
Política de Defensa, el Director General
para la Biodiversidad, el Director General
de Desarrollo Rural y el Director del
Departamento de Infraestructura y Seguimiento
para Situaciones de Crisis.
19. Vid. Frigols i Brines, Eliseu, “La
prueba en el delito medioambiental”,
Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana:
jurisprudencia seleccionada de la
Comunidad Valenciana, núm. 12, 2.004,
págs. 65-88.
20. Art. 334. Atentado contra especies
de fauna amenazadas.
1. El que cace o pesque especies
amenazadas, realice actividades que
impidan o dificulten su reproducción o
migración, contraviniendo las leyes o disposiciones
de carácter general protectoras
de las especies de fauna silvestre,
comercie o trafique con ellas o con sus
restos será castigado con la pena de prisión
de cuatro meses a dos años o multa
de ocho a 24 meses y, en todo caso,
inhabilitación especial para el ejercicio
del derecho de cazar o pescar por tiempo
de dos a cuatro años.
2. La pena se impondrá en su mitad
superior si se trata de especies o subespecies
catalogadas en peligro de extinción.
21. Para una investigación más profunda:
Terradillos Basoco, Juan, “Derecho
Penal del Medio Ambiente”, Ed. Trotta,
S.A., Madrid, 1997; Mateos Rodríguezarias,
Antonio, “Los Delitos relativos a la
protección del medio ambiente”, Ed.
Colex, Madrid, 1998; García Rivas, “Delito
Ecológico. Estructura y aplicación judicial”,
Ed. Praxis, S.A., Barcelona, 1998;
Feijoo Sánchez, Bernardo José, “Sanciones
para empresas por delitos contra
el Medio Ambiente”, Ed. Civitas, S.A.,
Madrid, 2.002.
22. Ley 7/1994, de Protección
Ambiental, prevé infracciones en acciones
u omisiones que perjudican el medio
ambiente.
23. Interesante es a este respecto, la
obra de Gomis Catalá, Lucía, “Responsabilidad
por Daños al Medio Ambiente”,
Ed. Aranzadi, S.A., 1998, Pamplona.
24. Fondo para el patrimonio natural,
cuya materialización garantizará la
estabilidad y continuidad de los recursos
económicos en apoyo de los espacios
forestales instaurado por la Ley 10/2006,
de 28 abril, Montes.
25. Interesante a estos efectos es
Gomis Catalá, Lucía “Responsabilidad
por Daños al Medio Ambiente” Ed. Aranzadi.
1998.
26. Laso Martínez, José Luis, “Urbanismo
y Medio Ambiente en el nuevo Código
Penal”. Ed. Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 1997.
27. Ley 7/2.002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 27. Suspensión de aprobaciones
y otorgamientos de autorizaciones
y de licencias urbanísticas.
Dossier
1. Las Administraciones competentes
para la aprobación inicial y provisional
de los instrumentos de planeamiento,
desde la adopción del acuerdo de formulación
o, en su caso, desde la aprobación
del Avance, podrán acordar la
suspensión, por el plazo máximo de un
año, del otorgamiento de toda clase de
aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas para áreas o usos determinados,
a los efectos de la elaboración
o, en su caso, innovación de dichos
instrumentos.
2. El acuerdo de aprobación inicial
de los instrumentos de planeamiento
determinará la suspensión, por el plazo
máximo de un año, del otorgamiento de
aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en las áreas en las que las
nuevas determinaciones para ellas previstas
supongan modificación del régimen
urbanístico vigente.
Cuando no se haya acordado previamente
la suspensión a que se refiere el
apartado anterior, este plazo tendrá una
duración máxima de dos años.
3. La suspensión se extingue, en todo
caso, con la publicación de la aprobación
definitiva del instrumento de planeamiento.
4. Los peticionarios de licencias solicitadas
con anterioridad a la publicación
de la suspensión tendrán derecho, en
caso de desistirse de su petición, a ser
indemnizados del coste de los proyectos
y a la devolución, en su caso, de los tributos
municipales.
28. Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas. Artículos
5 y 6.
29. Ley 22/1988, de 28 julio. Protección,
utilización y policía de costas. Artículos
3 a 6, 23 y 30.
30. Ley 25/1988, de 29 julio, Carreteras
y Caminos. Artículos 2, 20, 21, 22,
23 y 25.
31. Ley 39/2.003, de 17 de noviembre,
Ley del Sector Ferroviario. Artículos 12,
13, 14, 16.
32. Ley 8/1975, de 12 marzo. Zonas e
instalaciones de interés para la Defensa
Nacional. Artículo 8.
33. Arts. 42 y 52 de Ley 7/2.002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA).
34. Vid. Terradillos Basoco, Juan Ma,
“Sanción penal y sanción administrativa
en materia de ordenación del territorio”.
Seminario celebrado en la Facultad de
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✓ Permite realizar gestiones “Online”
ante las administraciones públicas
que reconozcan dicho certificado.
✓ Basta con ser colegiado, acudir al
Colegio (previa cita) previsto del
DNI original y fotocopia y en ese
mismo momento se obtiene.
✓ Imprescindible facilitar cuenta de
correo electrónico válida.
CITA PREVIA
ATENCIÓN ES NECESARIO PEDIR CITA EN:
C/ CHAPINEROS, NÚM. 6, 41004,
SEVILLA,
TELÉFONO 954 50 27 57, EXT. 80,
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