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Ayuntamiento de
Tres Cantos
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titulación suficiente no procederá esta vía compulsiva sin que previamente se haya destruido dicho
título [...]"”.
6. En las dos sentencias citadas se sienta con rotundidad que el título que amparaba la
tenencia, al que se refiere la legislación patrimonial, no es otro que la cesión en precario, basado
en la mera tolerancia administrativa del uso conforme a lo dispuesto en el artículo 444 y
siguientes del Código Civil.
Dicha tolerancia administrativa, como puede extraerse del relato de hechos, es dudoso ya
que existiera una década atrás teniendo en cuenta las diversas gestiones administrativas
acreditadas para ponerle fin y en las que han participado servicios jurídicos y técnicos así como
todos los órganos municipales con atribuciones resolutorias a lo largo de varios mandatos
cuatrienales, pero en la actualidad, a tenor de las decisiones adoptadas y requerimiento
formulados, debidamente notificados y conocidos por los detentadores de los bienes en los últimos
dos años, resulta indudable que ya no existe y, con él, el título que amparaba la ocupación.
Los sucesivos Gobiernos municipales han venido considerando de forma prácticamente
unánime que concurrían razones de interés público para que unos terrenos afectos al uso general
por los instrumentos de ordenación urbanística no continuasen siendo ocupados por un
particular, sin otro título que el exiguo precario y en patente vulneración del artículo 84 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, también básico,
que establece que nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente,
ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su
caso, corresponde a todos, sin que entre tales título mencione la legislación vigente el precario
sino tan solo la autorización demanial o licencia y la concesión demanial.
7. Tres aspectos a considerar especialmente son la procedencia o no de indemnización por
el ejercicio de la prerrogativa administrativa, la afectación o no a la garantía constitucional de la
inviolabilidad domiciliaria y la necesidad de conceder nuevamente audiencia.
En cuanto a lo primero, tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
Madrid como el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en sus respectivas sentencias firmes
han negado cualquier pretensión indemnizatoria.
Respecto a lo segundo, la interesada tiene su domicilio en la calle Torres de Serrano, 10
del término de Colmenar Viejo, como reconoce en su escrito de 3 de noviembre de 2009 y resulta
de las sucesivas notificaciones que se le han efectuado personalmente, constituyendo los terrenos
indebidamente ocupados una mera explotación ganadera, como nuevamente se reconoce en el
escrito de 3 de noviembre de 2009.
SECRETARÍA/PLENOS/ORDINARIO-ENERO Página 24 de 91