La suplencia de la queja deficiente y la jurisprudencia de ...

12 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL
que intervinieron en su formación ya fueron oídos y vencidos ante la
Suprema Corte de Justicia cuando menos en cinco juicios distintos,
por lo cual se considera innecesario emplazarlos nuevamente pues nada
más podrían alegar en su defensa y, en todo caso, si llegaran a expresar
alguna cuestión sobre ello, los argumentos serían declarados inoperantes
por el órgano de control constitucional.
Ahora bien, con motivo de la reforma al artículo 94 constitucional,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de
mil novecientos noventa y nueve, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación está facultada para emitir acuerdos generales para remitir a los
Tribunales Colegiados de Circuito los asuntos de los que le compete
conocer con el fin de lograr una mejor impartición de justicia.
En ejercicio de dicha facultad constitucional, el veintiuno de junio
del año dos mil uno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitió el Acuerdo General 5/2001 relativo a la determinación
de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su
competencia originaria a la Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito,
y en él delegó en favor de los Tribunales Colegiados, entre otras, la competencia
para resolver aquellos recursos de revisión contra sentencias dictadas
en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito cuando en
la demanda de garantías se hubiere impugnado una ley local o un reglamento.
A lo anterior no se puso ninguna cortapisa, o sea, no se precisó
que debería satisfacerse alguna condición adicional al simple reclamo de
normas generales locales para que se actualizara el supuesto de competencia
delegada.
De cualquier manera, en el propio Acuerdo se dejó a salvo la facultad
de la propia Suprema Corte para reasumir su competencia originaria
cuando el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente estime
motivadamente, de oficio o por alegato de parte, que existen razones
relevantes para que el Pleno o alguna de las Salas de la Corte ejerzan
dicha facultad.
Así pues, con motivo del mencionado Acuerdo, por regla general, la
competencia —aun cuando sea delegada— para decretar la inconstitucionalidad
de alguna norma local de carácter general, legal o reglamentaria,
radica en los Tribunales Colegiados de Circuito, y sólo
excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede
reasumirla en el supuesto examinado.