La suplencia de la queja deficiente y la jurisprudencia de ...

La suplencia de la queja deficiente y la jurisprudencia
de constitucionalidad
Carlos Alberto López del Río
Licenciado en derecho, Universidad Autónoma de Zacatecas
Sumario: I. Breves antecedentes del artículo 76, fracción I, de la
Ley de Amparo. II. El objeto de la suplencia de la queja deficiente
en el caso del artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo. III.
Conclusiones. Referencias.
Doctrinalmente se ha dicho que la suplencia de la queja deficiente
constituye una excepción al principio de estricto derecho que rige las
sentencias de amparo (entre otros: Burgoa, 1991; Serrano, 1999; Allier,
2003). Ese principio no se establece en forma expresa en la Constitución
o en la Ley de Amparo vigente, sino que se ha inferido de lo que dispone
el artículo 76 bis, de este último ordenamiento, en cuanto señala que la
suplencia únicamente procede en los casos específicamente señalados en
su texto, y que pueden sistematizarse, en términos generales, considerando
la materia del asunto en el que se emitió el acto reclamado y los
sujetos que promueven el juicio o el recurso de que se trate (es el caso de
las fracciones II, III, IV y V), la trascendencia de alguna violación cometida
contra el quejoso o recurrente (fracción VI), y finalmente, con
base en la existencia de algún vicio en la norma general reclamada o que
se aplicó en un acto específico de autoridad, siempre y cuando esa imperfección
haya dado origen a una declaración de inconstitucionalidad
en otros asuntos y que esto, a su vez, haya originado la emisión de la

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jurisprudencia respectiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
En este ensayo no analizaré con profundidad todos los supuestos de
procedencia de la suplencia de la queja deficiente, sólo me limitaré a
examinar un aspecto vinculado con la fracción I del artículo referido, o
sea, la que opera cuando la norma general aplicada en el acto reclamado
fue declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, hipótesis que la doctrina denomina jurisprudencia
de constitucionalidad (Acosta Romero, 2002), pues advierto se
presenta una situación peculiar derivada de la existencia de los acuerdos
que emite la propia Corte para delegar su competencia para conocer del
recurso de revisión cuando en el amparo se haya reclamado alguna norma
local de carácter general.
I. BREVES ANTECEDENTES DEL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, DE LA
LEY DE AMPARO
El artículo 76 bis, fracción I, fue introducido en la Ley de Amparo con
motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, y el texto correspondiente
pervive hasta nuestros días, con la siguiente redacción:
Artículo 76 bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de amparo
deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda,
así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley
establece, conforme a lo siguiente:
I.- En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes
declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia…
Sin embargo, en realidad la reforma aludida no representó una innovación,
pues el enunciado normativo que se contiene en el texto legal se
introdujo en el diverso artículo 76 desde la “Reforma Miguel Alemán”
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de febrero de
mil novecientos cincuenta y uno, con la importante salvedad de que ésta
última reforma se precisó que “podría” y no que “debería” suplirse la deficiencia
de la queja cuando el acto reclamado estuviera fundado en leyes

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declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (Martínez, 1995; Allier, 2003).
La obligación para los órganos de control constitucional de suplir la
deficiencia de la queja en ese supuesto, fue consagrada en el mismo artículo
76 con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro y se reiteró en
la reforma del veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, cuando se
adicionó el artículo 76 bis en los términos previamente indicados (Fix-
Zamudio, 1999; Acosta Romero, 2002).
II. EL OBJETO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL
CASO DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO
La facultad de suplir la deficiencia de la queja de conformidad con el
precepto aludido, no sólo se actualiza cuando se reclama precisamente la
norma general declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, sino también cuando únicamente
se impugna un acto de autoridad que constituye, a su vez, el acto de
aplicación de dicha norma. En el primer supuesto, la suplencia se traduce
en la obligación del órgano de control constitucional de subsanar las
deficiencias de los conceptos de violación enderezados contra la norma
general y declarar nuevamente su inconstitucionalidad con la simple invocación
de la jurisprudencia respectiva, para lo cual se requiere verificar
su aplicabilidad al caso concreto.
En cambio, en la segunda hipótesis, la suplencia implica que en la
sentencia dictada en el juicio de garantías se conceda el amparo contra
el acto de aplicación por haberse fundado en una norma general declarada
inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte, lo cual significa
que, sin que sean llamadas a juicio las autoridades que intervinieron
en la formación de dicha norma, aún así se examine esta última y, también
en aplicación de la jurisprudencia, se declare su inconstitucionalidad.
Como se ve, la segunda hipótesis consiste en una suplencia sui
generis, con base en la cual los Tribunales de Amparo integran la
demanda de garantías y la materia de la controversia del juicio de amparo,
y al pronunciar la sentencia examinan la inconstitucionalidad
de una norma general que no fue reclamada, en razón de que los órganos

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que intervinieron en su formación ya fueron oídos y vencidos ante la
Suprema Corte de Justicia cuando menos en cinco juicios distintos,
por lo cual se considera innecesario emplazarlos nuevamente pues nada
más podrían alegar en su defensa y, en todo caso, si llegaran a expresar
alguna cuestión sobre ello, los argumentos serían declarados inoperantes
por el órgano de control constitucional.
Ahora bien, con motivo de la reforma al artículo 94 constitucional,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de
mil novecientos noventa y nueve, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación está facultada para emitir acuerdos generales para remitir a los
Tribunales Colegiados de Circuito los asuntos de los que le compete
conocer con el fin de lograr una mejor impartición de justicia.
En ejercicio de dicha facultad constitucional, el veintiuno de junio
del año dos mil uno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitió el Acuerdo General 5/2001 relativo a la determinación
de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su
competencia originaria a la Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito,
y en él delegó en favor de los Tribunales Colegiados, entre otras, la competencia
para resolver aquellos recursos de revisión contra sentencias dictadas
en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito cuando en
la demanda de garantías se hubiere impugnado una ley local o un reglamento.
A lo anterior no se puso ninguna cortapisa, o sea, no se precisó
que debería satisfacerse alguna condición adicional al simple reclamo de
normas generales locales para que se actualizara el supuesto de competencia
delegada.
De cualquier manera, en el propio Acuerdo se dejó a salvo la facultad
de la propia Suprema Corte para reasumir su competencia originaria
cuando el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente estime
motivadamente, de oficio o por alegato de parte, que existen razones
relevantes para que el Pleno o alguna de las Salas de la Corte ejerzan
dicha facultad.
Así pues, con motivo del mencionado Acuerdo, por regla general, la
competencia —aun cuando sea delegada— para decretar la inconstitucionalidad
de alguna norma local de carácter general, legal o reglamentaria,
radica en los Tribunales Colegiados de Circuito, y sólo
excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede
reasumirla en el supuesto examinado.

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Por ese motivo, los mencionados Tribunales Colegiados son actualmente
órganos terminales en lo referente a la decisión de cuestiones
de inconstitucionalidad de normas locales de carácter general, en
virtud de que la resolución que emiten en los recursos de revisión que
se interponen en los juicios de amparo en los que se reclaman dichas
normas no admiten recurso alguno, pues el propio Acuerdo 5/2001 no
establece dicha posibilidad, y por el contrario, en su artículo duodécimo
dispone que los Tribunales Colegiados resolverán en su integridad
las cuestiones de improcedencia, de fondo y de cualquier naturaleza
que, en su caso, se presenten. Así lo consideró el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número XVII/2003, que
emitió con motivo del amparo en revisión 199/2002, resuelto en sesión
del nueve de septiembre del año dos mil tres.
Esto tiene especial relevancia en lo relativo a la facultad de emitir
jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes, pues con anterioridad
la propia Corte funcionando en Pleno, al examinar si los Tribunales
Colegiados podían legalmente emitirla al dictar sentencia en el juicio de
amparo directo, respondió negativamente esa cuestión, y el argumento
que expresó para ello fue precisamente que dichos Tribunales no son
órganos terminales, que son los únicos que pueden sustentar jurisprudencia,
pues las resoluciones de las instancias intermedias son recurribles,
y por ello carecen de definitividad. Por esta misma razón, sostuvo el
Pleno de la Corte, no cabe aceptar que los Tribunales Colegiados de
Circuito puedan, válidamente, sustentar tesis integradoras de jurisprudencia
cuando no actúan como órganos terminales, como en el caso del
amparo directo cuando efectúan consideraciones sobre constitucionalidad
de leyes, porque de estos asuntos le corresponde conocer en última
instancia a la propia Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, en la ejecutoria respectiva se dijo que de no aceptar
esa conclusión, sucedería que en términos del artículo 193 de la
Ley de Amparo, la jurisprudencia que estableciera algún Tribunal Colegiado
en materia de constitucionalidad de leyes tendría que resultar obligatoria
para Tribunales Unitarios, Juzgados de Distrito, Tribunales
militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito
Federal y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales,
cuando el criterio respectivo estaría, para considerarse jurídicamente
correcto e inalterable, sujeto a una revisión por parte de la Suprema

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Corte de Justicia, con la consiguiente falta de firmeza de su contenido
y alcances. La tesis respectiva aparece publicada con el número LX/98,
en la página 56, tomo VIII, mes de septiembre de 1998, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta.
Incluso, en la misma ejecutoria, se subrayó que únicamente al Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no a las Salas de la misma
o a los Tribunales Colegiados de Circuito, le corresponde resolver en
definitiva sobre la constitucionalidad de leyes, de conformidad con los
artículos 107, fracciones VIII y IX, de la Constitución Federal; 84, fracción
I, inciso a), y II; y 10, fracciones II, inciso a), y III, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, ya sea que el asunto derivara del
conocimiento de un juicio de amparo indirecto o directo en revisión.
Sin embargo, no puede negarse que por virtud del Acuerdo 5/2001,
los Tribunales Colegiados de Circuito (y las Salas de la Corte, en otros
supuestos que no es el caso de examinar aquí) como se dijo, son órganos
terminales cuando resuelven el recurso de revisión interpuesto contra las
sentencias dictadas en la audiencia constitucional de los juicios de amparo
indirecto, aunque la litis consista en la determinación de si alguna
norma general local es o no contraria a la Constitución Federal, y esto, a
su vez, permite inferir que están facultados para emitir jurisprudencia
sobre dicho tema.
Evidentemente, contra esta conclusión no puede argumentarse que
el órgano terminal debería ser la propia Corte al resolver alguna contradicción
de tesis, porque de aplicar este criterio, entonces, en ningún
caso, ni aun cuando se tratara de cuestiones de legalidad, podrían los
Tribunales Colegiados sustentar jurisprudencia, lo cual es notoriamente
absurdo y sería nugatorio de lo que dispone el artículo 193 de la Ley de
Amparo en cuanto consagra la facultad genérica de dichos órganos para
emitirla.
Tampoco sería dable considerar que sólo la Corte puede sustentar
jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de normas locales de carácter
general cuando asume su competencia originaria a petición del correspondiente
Tribunal Colegiado. Esto es así, porque como se dijo, la Corte sólo
puede reasumir su competencia a petición del Tribunal Colegiado respectivo
cuando existen razones relevantes para ello, y evidentemente, no
en todos los casos se presentarán esas razones, incluso, considerando la
finalidad del Acuerdo delegatorio, que no es otra que remitir todos los

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asuntos a los órganos colegiados, la inmensa mayoría de los recursos de
revisión no tendrían esas características.
En esas circunstancias, de aceptar el criterio aludido se llegaría a la
conclusión absurda de que en la inmensa mayoría de los asuntos, que son
aquellos en que la Corte no reasumirá su competencia por no existir
razones relevantes para ello, jamás exista jurisprudencia sobre el tema; y
a la inversa, en los asuntos en los que sí proceda la asunción de competencia,
entonces, es previsible que el criterio que llegara a emitir la Corte
sólo regiría para el juicio específico en el que se sustentó, pues al existir
un pronunciamiento sobre el tema, éste dejaría de satisfacer el requisitos
de relevancia para que nuevamente se asumiera la competencia originaria,
lo cual también impediría la conformación de jurisprudencia.
Precisado lo anterior, vuelvo a lo que dije al inicio sobre la suplencia
de la queja deficiente que establece el artículo 76 bis, fracción I, de la
Ley de Amparo, conforme al cual opera dicha figura cuando el acto
reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como se habrá advertido, si se considera al pie de la letra lo que
dispone el precepto aludido, entonces, la delegación de competencia en
favor de los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver aquellos
recursos de revisión en los que la materia del amparo implique la decisión
sobre la inconstitucionalidad de alguna norma local de carácter general,
haría inoperante la suplencia de la deficiencia de la queja en el
supuesto que es materia de examen o, por lo menos, reduciría en gran
medida la posibilidad de que se actualizara, porque estaría supeditada a
que por un cauce diverso, ya sea a través de una contradicción de tesis
—sólo en el supuesto de que existieran tesis divergentes de los Tribunales
Colegiados— o de la resolución de algún asunto en que la Corte
reasumió su competencia, esta última se pronunciara sobre la inconstitucionalidad
de la norma respectiva, lo cual, como se dijo, resulta insostenible.
En esas circunstancias, es pertinente formular dos hipótesis para resolver
el punto de discusión:
a) El artículo 76 bis, fracción I, es claro y no admite otra interpretación
que la literal o gramatical, y por ende, la suplencia de la queja deficiente
sólo procederá cuando la norma local de carácter general haya sido
declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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b) El artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, debe interpretarse
en forma armónica con lo que dispone el artículo 94 constitucional,
respecto a la facultad de la Corte para emitir Acuerdos en los que delegue
su competencia originaria, y en concordancia con lo establecido en
dichos acuerdos, para concluir que la hipótesis de suplencia de la queja
deficiente a que se refiere el precepto citado en primer lugar. También
cuando la declaración de inconstitucionalidad procede de los Tribunales
Colegiados de Circuito, ya que actualmente en ellos se deposita la
competencia para resolver los recursos de revisión que se interponen
contra las sentencias dictadas en los juicios de amparo en los que se
impugnan las normas de esa índole.
En abono de la primera solución pueden expresarse varias razones,
entre ellas, que la referencia que hace el artículo 76 bis, fracción I,
a la autoridad que emite la jurisprudencia, no admite interpretación,
esto es, que el precepto no se refiere a la declaración de inconstitucionalidad
por jurisprudencia del “órgano de control constitucional” o del
“tribunal que corresponda”, o alguna otra frase análoga y genérica, sino
que alude precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
no existe alguna otra disposición legal ni siquiera en el propio Acuerdo
5/2001, del que se desprenda que esa referencia a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, deba extenderse a los Tribunales Colegiados
de Circuito en los casos de competencia delegada.
Asimismo, podría argumentarse que si se reformó la Constitución
Federal para facultar a la Corte para emitir acuerdos generales delegatorios
de competencia y el legislador no modificó, a su vez, el artículo 76
bis fracción I, de la Ley de Amparo, para incluir la jurisprudencia de los
órganos a quienes se podría delegar dicha competencia, entonces, no
existe razón legal o constitucional para concluir que también debe suplirse
la queja deficiente cuando existe jurisprudencia emitida por los
Tribunales Colegiados de Circuito que declara la inconstitucionalidad
de normas locales de carácter general, porque si así hubiera sido, también
se habría modificado el numeral aludido, con independencia de
que esto pueda traducirse en una restricción velada a la aplicación de la
suplencia por la remota posibilidad de que la Corte emita un criterio
jurisprudencial sobre la norma respectiva.

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Finalmente, también en apoyo de la primera posición, podrían expresarse
razones de carácter prudencial, o sea, que si se admite la suplencia en
el supuesto examinado se contravendría el principio de seguridad jurídica,
considerando la pluralidad de Tribunales Colegiados, incluso, en un
Estado o Circuito determinados.
Enseguida expresaré los argumentos que podrían sustentarse frente a
los razonamientos previamente aludidos, y a partir de ello se irá configurando
mi postura sobre el problema a debate, la cual, anticipo, es coincidente
con la sintetizada en el inciso b) y se funda en una interpretación
sistemática del propio artículo 76 bis, fracción I; del artículo 94 constitucional;
y, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Respecto a la primera afirmación, o sea, que el artículo 76 bis, fracción
I, no admite otra interpretación que la literal, hay que decir que es
indudable que dicho precepto señala expresamente que la jurisprudencia
que declara la inconstitucionalidad de la norma general debe sustentarla
precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no algún
otro órgano facultado para ello; sin embargo, no puede soslayarse el hecho
de que la interpretación gramatical sólo puede servir de base para fijar el
sentido de la norma cuando el sistema jurídico al que pertenece permanece
incólume, de tal suerte que persiste el texto de los preceptos con los
que tiene relación y que pueden incidir en el significado de los términos
o del alcance de la redacción empleada en la norma a interpretar, de lo
contrario podría llegarse a resultados absurdos derivados únicamente de
la falta de técnica legislativa en el procedimiento de reforma, por la negligencia
o descuido de concordar todos los preceptos vinculados con el
tema correspondiente.
Además, en el caso la interpretación gramatical debe descartarse, precisamente
porque es la que provoca perplejidad, o sea, el problema que
se pretende resolver deriva de la falta de certeza respecto a si con motivo
de la reforma constitucional y de la emisión de los acuerdos delegatorios
de competencia, la referencia expresa que el artículo 76 bis, fracción I,
de la Ley de Amparo, hace a la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, debe continuar entendiéndose en la misma forma
que consideró el legislador cuando lo creó, o de lo contrario, si la suplencia
de la queja, en el supuesto aludido, también procede cuando la
norma general aplicada en el acto reclamado fue declarada inconstitucio-

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nal por jurisprudencia de algún órgano diverso a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y que actualmente está facultado para emitirla.
De igual forma, el hecho de que el legislador haya omitido reformar
el artículo 76 bis, fracción I, para posibilitar que se supla la deficiencia
de la queja deficiente, en el caso de que algún Tribunal Colegiado de
Circuito sustente la jurisprudencia de inconstitucionalidad de normas
generales de carácter local, no sólo podría interpretarse como la tácita
voluntad de que, aun con la reforma al artículo 94 constitucional y con
la emisión de los acuerdos delegatorios de competencia, sólo procedería
la suplencia de la queja deficiente cuando la jurisprudencia la sustentara
la Suprema Corte de Justicia, pues también puede entenderse como una
omisión de adecuar el primero de los preceptos a las normas vigentes o al
entendimiento de que sería innecesaria la reforma legal porque al interpretar
sistemáticamente el orden jurídico se llegaría a la conclusión de
que actualmente también existe la obligación de suplir la deficiencia de
la queja cuando la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de normas
generales locales la emiten los Tribunales Colegiados de Circuito, al ejercer
la competencia delegada por la Corte.
Además, a mi juicio es inatendible el argumento de que provocaría
inseguridad jurídica la pluralidad de criterios derivada de que diversos órganos
de control constitucional podrían emitir jurisprudencia sobre
inconstitucionalidad de normas locales, pues además de que los posibles
criterios divergentes sólo podrían sustentarlos Tribunales Colegiados
de un mismo Circuito, aún quedaría la instancia de la contradicción de
tesis para decidir cual de ellos prevalece. Esta última precisión debe ser
entendida en su justa medida, porque podría conducir a pensar que con
ello se justifica que sólo la Corte, al resolver la contradicción, pueda
emitir jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de normas locales; sin
embargo, al aplicar el mismo criterio a las cuestiones de legalidad de las
que originariamente les corresponde conocer a los mencionados Tribunales,
se concluiría que en este tema tampoco estos últimos están facultados
para emitir jurisprudencia (algo que nadie se atrevería a suscribir), porque
sus criterios siempre estarán sujetos a una posible denuncia de contradicción
de tesis y a que eventualmente su tesis sea superada por la
respectiva resolución de la Corte.

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Finalmente, en apoyo de la postura sintetizada en el inciso b), se
puede alegar que la delegación de competencia no sólo debe entenderse
limitada a la decisión de los asuntos, pues también comprende todas
las consecuencias que le son inherentes, entre otras, la posibilidad
de emitir jurisprudencia sobre el tema específico materia de la delegación,
máxime que la facultad de los Tribunales Colegiados para sustentar
jurisprudencia y a la obligatoriedad de la misma, encuentra apoyo
en los artículos 94 constitucional y 193 de la Ley de Amparo.
Por las razones expuestas, concluyo que el artículo 76 bis, fracción
I, debe interpretarse en forma sistemática con lo que dispone el artículo
94 constitucional respecto a la facultad de la Corte para emitir acuerdos
delegatorios de competencia, así como con lo que establece el propio
Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y con lo que señala el artículo 193 de la Ley de Amparo con
relación a la obligatoriedad de la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados
de Circuito, pues de dichas disposiciones se infiere que actualmente
estos Tribunales son órganos terminales cuando resuelven
el recurso de revisión contra sentencias dictadas en juicios de amparo
en los que se reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma general
de carácter local, lo cual se traduce en la posibilidad de que emitan
jurisprudencia sobre el particular, y esto, a su vez, se traducirá en la
obligación de los jueces de Distrito de suplir la deficiencia de la queja
de conformidad con el primero de los citados preceptos, en cuyo supuesto
podrán conceder el amparo contra los actos en los que se aplicó
la norma correspondiente, aun cuando ésta no se hubiere reclamado.
III. CONCLUSIONES
De acuerdo con lo anteriormente razonado, pueden expresarse las siguientes
conclusiones:
I) Con motivo de la última reforma al artículo 94 constitucional y
a la emisión del Acuerdo delegatorio de competencia 5/2001,
emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales
Colegiados de Circuito, por regla general, son órganos
terminales cuando resuelven el recurso de revisión cuando en la

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demanda que dio origen al juicio de amparo se reclamó la constitucionalidad
de alguna norma general de carácter local.
II) También por virtud de lo anterior, los Tribunales Colegiados de
Circuito están facultados para emitir jurisprudencia, con carácter
obligatorio, en la que se declare la inconstitucionalidad de
alguna norma general de carácter local.
III) En el juicio de garantías deberá suplirse la deficiencia de la
queja a favor del quejoso cuando, sin haberse reclamado la norma
local declarada inconstitucional por jurisprudencia de los
Tribunales Colegiados de Circuito, el acto reclamado se funde
en ella, de conformidad con una interpretación sistemática del
artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con
el artículo 94 constitucional, el Acuerdo 5/2001 del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el artículo 193 de
la Ley de Amparo.
REFERENCIAS
Acosta Romero, Miguel (2002), Derecho jurisprudencial Mexicano, México:
Porrúa.
Allier Campuzano, Jaime (2003), Naturaleza y alcance de la suplencia de la
deficiencia de la queja en amparo laboral, México: Porrúa.
Burgoa Orihuela, Ignacio (1991), El juicio de amparo, México: Porrúa.
Fix-Zamudio, Héctor (1999), Ensayos sobre el derecho de amparo, México:
Porrúa.
Martínez López, Alfredo (1995), La suplencia de la deficiencia de la queja en el
juicio de amparo, México: Cárdenas Editor.
Ojeda Bohórquez, Ricardo (2001), El amparo contra normas con efectos generales,
México: Porrúa.
Serrano Robles, Arturo (2000), Manual del juicio de amparo, México: Themis.