sobre el mito autoritario de la “buena fe procesal” - EGACAL

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista 2006
pretendido principio de la buena fe procesal. Tampoco puede encontrarse entre las normas
extravagantes a esos cuerpos legales disposición alguna que incluya semejante pretendido
principio como conformador de nuestro Ordenamiento jurídico procesal. Reconozcamos ya,
sin más, que no puede ser fruto de la casualidad que durante más bastante más de mil años de
Derecho español no se encuentre en el mismo alusión a ese afirmado principio que se dice
debe conformar de todos los procesos.
Más aún. A lo largo del siglo XIX se dictaron en España cuerpos legales de naturaleza
procesal muy importantes, pues de ese Siglo fueron las leyes de enjuiciamiento, las civiles y
las criminales, y tampoco en ellas se hizo mención de la buena fe procesal, ni con estas
palabras ni con otras que vengan a disponer algo parecido, como sería el caso del deber de
probidad, de veracidad y similares. Tampoco esto puede ser casualidad.
B) La mención, tampoco casual, en los últimos años
Hay que esperar a estos últimos veinte años para que en nuestro Ordenamiento jurídico nos
encontremos con referencias directas a la buena fe procesal. El primero de los cuerpos legales
fue la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y en ella se encuentran dos alusiones. Una de
ellas es general, la del artículo 11.1, conforme al cual: “En todo tipo de procedimiento se
respetarán las reglas de la buena fe”; y la otra es especial, referida a los abogados,
encontrándose en el artículo 437.1 (ahora en el art. 542.2, después de la LO 19/2003), a los
que se ordena que “en su actuación ante los Juzgados y Tribunales… se sujetarán al principio
de buena fe…” 4 .
Unos pocos años después se promulga la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de
Procedimiento Laboral, y en su Base Décima se pretende que en el posterior texto articulado
se regulen como deberes procesales: “3. La actuación de las partes con arreglo a los principios
de veracidad y probidad…”. De esta manera luego en la Ley de Procedimiento Laboral,
primero en el texto de 1990 y luego en el vigente de 1995, y en el artículo 75, pareciera
quererse regular los que llama “deberes procesales”, pero el caso es que respecto de las partes
lo que se dispone es: “1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las
peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso
de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan
un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal,
la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones”.
y no el rigor y sutilezas de Derecho se han de observar en el Consulado”). Sin perjuicio de que sería necesaria
una investigación más detallada, puede provisionalmente concluirse que el pretendido principio de la buena fe
procesal, tal y como se pretende que se entienda en la actualidad, era algo ajeno a esos Consulados y al proceso
que se regulaba en sus Ordenanzas.
4 En el RD 2090/1982, de 24 de julio, que aprueba el Estatuto General de la Abogacía, no había alusión a la
buena fe; en su artículo 42 se decía que el abogado debía actuar con toda libertad e independencia, sin otras
limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas de la moral y deontológicas. Por el contrario, ahora
en el Estatuto aprobado por el RD 658/2001, de 22 de junio, sí se dispone como obligaciones del abogado en el
artículo 36 “la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones”. Por su
parte en el Código Deontológico se dice: “Artículo 11. Relación con los Tribunales. 1. Son obligaciones de los
Abogados para con los órganos jurisdiccionales: a) Actuar ante ellos con buena fe, lealtad y respeto.-. b)
Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Administración de Justicia”.
3