sobre el mito autoritario de la “buena fe procesal” - EGACAL

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista 2006
se les prohíbe una conducta cuando la misma se basa en la mala fe, en la dilación indebida, o
se carece de fundamento, o se hace temerariamente, o con deslealtad. En algunos casos se
habla de hacer sin justa causa o de tener que justificar la existencia de causa.
b”) Sólo en unos pocos de esos casos pudiera llegar a poder considerarse que se está
imponiendo a alguien un deber positivo o de hacer, y en alguno de esos casos la conclusión
lógica o, al menos, posible, es la inutilidad de la sanción, pues quien concurre a su
interrogatorio de parte lo hará por razones muy distintas a evitar la multa.
E) Una propuesta de interpretación: el deber de no actuar de mala fe
Con la excepción que hemos dejada indicada la constatación a la que puede o, incluso, debe
llegarse en estos momentos finales es la de que en la LEC no existen supuestos concretos de
imposición de un deber positivo de actuar o de hacer de buena fe, deber cuyo incumplimiento
lleve aparejada la imposición de una multa o de cualquier otra sanción. Lo que la LEC regula
son supuestos concretos en los que modo expreso se imponen deberes que suponen
prohibiciones de hacer o de hacer de una manera de determinada, esto es, los deberes son
negativos, de prohibición, y por ello si se hace o si se hace de modo contrario al previsto
legalmente la consecuencia puede ser la imposición de una sanción.
Desde esta constatación creo que puede hacerse una propuesta de interpretación del artículo
247 de la LEC, aunque la misma puede tener un alcance mayor y que afecte a todos los
procesos no penales. Se trata de que en la LEC:
1.ª) Desde luego no existe en la LEC un principio procesal de la buena fe. No puede decirse,
en general, que del conjunto normativo de la ley se deduzca un criterio desde el que
interpretar normas concretas o integrar analógicamente lagunas legales 112 . No creo que pueda
sostenerse que el sometimiento de las partes y de los profesionales a las normas reguladoras
del proceso, es decir, el cumplimiento de lo previsto en la ley (del reglamento del “juego”)
implique la existencia de un principio procesal. En la regulación legal de un proceso civil en
el que se diga que existe el principio de la buena procesal y otro en el que no se haga mención
expresa de ese principio no se descubrirán diferencias.
2.ª) Tampoco existe un deber de que las partes, y los profesionales que las representan y
defienden, actúen en el proceso de manera positiva, vinculadas por un deber de buena fe que
suponga la exigencia de hacer y de hacer de determinada manera. Ese deber positivo no se
descubre en la LEC, ni siquiera en manifestaciones concretas.
3.ª) Si en la regulación contenida en la LEC no existen normas especiales, concretas en las
que se imponga a las partes, y a los profesionales que actúan por ellas, deberes concretos de
hacer en sentido positivo conforme a la buena fe, la lógica debe llevar a considerar que el
artículo 247 no impone un deber positivo de hacer, de actuar conforme a la buena fe. El deber
cuyo incumplimiento posibilita la imposición de la sanción de la multa es un deber negativo,
de prohibición; impide hacer o impide hacer de manera determinada. Se trata, por tanto, de un
112
Sobre las funciones de los principios puede verse MONTERO, Derecho Jurisdiccional, I. Parte general, 13.ª
edición, cit., p. 317.
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