sobre el mito autoritario de la “buena fe procesal” - EGACAL

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista 2006
hace tiempo superada y podría decirse que olvidada. Hoy no parece que nadie osaría sostener
que “las normas procesales tienen un carácter esencialmente técnico que impiden o al menos
dificultan en modo extremo la introducción de las ideas políticas” 8 , y de la misma manera no
creo que en la actualidad pueda encontrarse a alguien para el que la mejor demostración de la
neutralidad y el apoliticismo de las normas procesales es su mantenimiento en regímenes
políticos diferentes 9 .
Si lo anterior se afirma en general no puede llegarse a afirmación contraria cuando se trata de
lo especial de la buena fe procesal. La pretensión de que el proceso, cualquier proceso, venga
determinado por la que se llama buena fe procesal no puede entenderse si no se toma en
consideración lo que suponía el proceso civil en el siglo XIX y como ha evolucionado en el
XX.
Y nos limitamos conscientemente al proceso civil, dejando a un lado el proceso penal, porque
en nuestra opinión cualquier consideración sobre que el imputado-acusado deba actuar en este
proceso sujeto a un deber de buena fe es algo que implica desconocer un derecho, sin duda
con rango fundamental, como es el derecho de defensa 10 .
2. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL EN EL SIGLO XIX
Aunque parezca volver demasiado atrás el intento de entender la relación entre ideología y
proceso pasa por comprender qué es lo que ha sucedido en los dos últimos siglos con la
manera de concebir, primero, la función jurisdiccional y, luego, el proceso civil. Creo que
puede decirse que la concepción liberal propia del siglo XIX se basaba, sobre todo, en que,
suprimida la posibilidad de tomarse la justicia por propia mano y por la fuerza, la tutela
judicial debía concebirse como la manera pacífica de resolver controversias, primero, por un
tercero imparcial y, después, por un medio (=proceso) en el que debía quedar asegurado el
respeto al principio de contradicción. Se trataba en conjunto de garantizar la plenitud de los
derechos subjetivos de los ciudadanos y no, desde luego, la mera observancia del derecho
8 Como sostuvo Manuel SERRA en 1972, en Liberalización y socialización del proceso civil, en Revista de
Derecho Procesal Iberoamericana, 1972, 2-3, pp. 512 y ss.
9 Que es lo sostenido por ALCALÁ-ZAMORA, N., Liberalismo y autoritarismo en el proceso, en “Estudios de
teoría general e historia del proceso (1945-1972)”, tomo II, México, 1974, p. 255.
10 No puedo dejar de llamar la atención que PICÓ I JUNOY, J., El principio de la buena fe procesal, Madrid,
2003, dice primero, p. 179, que el imputado tiene el deber de actuar de buena fe, sin perjuicio de que constata,
como hecho sociológico, la escasa colaboración procesal del presunto delincuente en la persecución del hecho
criminal, y luego, p. 183, que deben distinguirse dos ámbitos de actuación del imputado: 1) En el material, esto
es, en lo referido al fondo de la cuestión investigada en el proceso penal al imputado no le es exigible que actúe
de buena fe y tiene incluso derecho a mentir, y 2) En el procesal, es decir, en lo que guarda relación con el modo
de intervenir en el juicio, sí es exigible la buena fe, por lo que, por ejemplo, no puede actuar con ánimo dilatorio.
Dejo aquí mera constancia de mi sorpresa al leer que: 1) al imputado-acusado se le llame presunto delincuente,
2) se afirme que ese imputado está sujeto a un deber de buena fe en la persecución del hecho criminal, y 3)
pareciera existir sorpresa de que el imputado se muestre poco colaborador en esa persecución. Me complazco,
naturalmente, de que después se aclare que el principio de buena fe, que sigue implicando un deber para el
imputado, no supone que éste tenga que declarar en contra de sí mismo, pero sigo sorprendiéndome de que ese
mismo principio tenga que llevar a que el imputado no pueda usar de todo lo que la ley le permite, incluso
aunque ello suponga ánimo dilatorio, de modo que la buena fe y el deber que ella supone han de implicar que el
imputado debe colaborar con que, primero, se decida el proceso rápidamente y, después y en su caso, con que
ingrese en la cárcel cuanto antes.
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