UN ANALISIS SISTÉMICO. Lizbeth Xóchitl PADILLA SANABRIA

Estados Parte, realicen las investigaciones necesarias para la desviación de los
capitales no controlados por el sistema económico. Así lo indica el artículo XVI,
relativo al secreto bancario, en sus numerales 1 y 2:
1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia
solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto
bancario. Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de
conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o
con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado
Parte requirente.
2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones
protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del
proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado
Parte requerido.
El artículo 8, Fracción XV de la Ley Federal de Responsabilidad
Administrativa de los Servidores Públicos, es acorde a esta norma internacional:
Artículo 8.- Todo Servidor Público tendrá las siguientes obligaciones:
XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación
patrimonial, en los términos establecidos por la ley;
Consideramos que esta parte de la Convención viola la soberanía de
los Estados Partes, y en nuestro país va en contra de las garantías
constitucionales, pues sin que el individuo lo permita y sin que previamente se le
siga un juicio donde sea oído y vencido, éste puede ser imputado y criminalizado
por actos de corrupción mediante simples indicios.
e. Decomiso de bienes y apropiación de los mismos por países distintos al que
pertenecen.
La Convención permite que los bienes obtenidos o derivados de
actos de corrupción sean identificados, rastreados, decomisados y confiscados,
aun y cuando se demuestre que los dueños de los mismos no sabían que se