UN ANALISIS SISTÉMICO. Lizbeth Xóchitl PADILLA SANABRIA

f. Negación del principio de la irretroactividad de la norma en materia penal.
La convención elimina uno de los principios constitucionales
fundamentales de nuestro país: la irretroactividad de la norma en materia penal, la
cual se encuentra consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, la cual
indica que:
ARTICULO 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.
Así lo indica en su artículo XIX, relativo a la aplicación en el tiempo:
Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de
cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes, el hecho de
que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá la cooperación
procesal penal internacional entre los Estados Partes. La presente
disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la
ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso
relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta
Convención.
Para el equilibrio del sistema capitalista-neoliberal, la convención
crea este mecanismo, toda vez que es importante recuperar y controlar los
capitales que se hayan fugado de su fiscalización en cualquier tiempo, aún y
cuando contravenga el derecho interno de sus miembros.
III. Conclusión.
Es notorio que las Políticas Públicas “recomendadas” por la
Convención Interamericana contra la Corrupción, forman parte de un sistema
económico mundial, para crear comunicaciones por medio de los discursos
jurídicos modificando las normas locales con el fin de controlar el equilibro del
sistema capitalista-neoliberal para cumplir su función: la acumulación incesante de
capital.