Justicia, Derechos e Inclusión para las Personas con Discapacidad Intelectual

igualitaria.
La legislación sobre los derechos de los discapacitados está caracterizada por la voluntad de
integrar problemas en el contexto al cual pertenecen, por ejemplo en la legislación referente a la
educación, al medio ambiente de trabajo o a los servicios sociales. Se crea una legislación
específica solamente en circunstancias especiales. La Ley sobre la discapacidad, en vigor
desde 1994, es como un estatuto de derechos humanos. La ayuda proporcionada de
conformidad con esta ley es gratuita. La ley reemplaza la legislación previa en este campo y
amplió los derechos de los discapacitados.
Como alternativas a procedimientos de tribunal, una mediación puede ser una alternativa en
asuntos de derecho de empresas. En algunas áreas, por ejemplo la legislación escolar, una
denuncia o un recurso será investigado por las autoridades gubernamentales en vez del tribunal.
El Gobierno cubre el coste de los procedimientos en el tribunal administrativo. Los demandantes
cubren el coste de la representación jurídica cuando el tribunal no designa representación. En
los casos civiles, los demandantes casi siempre cubren el coste de la representación jurídica. La
defensa de los pobres puede proporcionarse en algunas áreas jurídicas, si el seguro de hogar
(con seguro de responsabilidad) no cubre los gastos y si la renta del demandante es muy baja.
De modo general, hay un problema enorme de accesibilidad para las personas con discapacidad
intelectual en el sistema jurídico sueco según las necesidades especiales requeridas por la
discapacidad. El nivel de formación de l profesionales relacionados con la justicia, como
abogados, tutores legales, personal de administración, policía y jueces, sobre las personas con
discapacidad intelectual y sus requisitos es muy bajo. Cuando tal profesional posee el
conocimiento apropiado, esto es debido a un interés personal que emana de experiencias
personales.
Polonia: Presión para la incapacitación jurídica de los discapacitados
No hay reglamentos especiales relativos al apoyo y la representación de asesoramiento jurídicos
para las personas con discapacidad intelectual en el sistema jurídico polaco. Todo
asesoramiento especial está proporcionado por las ONG, pero no es eficiente y fortuito.
En los procedimientos administrativos y de tribunal polacos no hay reglamentos especiales que
ayuden a las personas con discapacidad intelectual. En la mayoría de los casos, el tribunal y los
funcionarios administrativos intentan persuadir legalmente la incapacitación de la persona para
simplificar el procedimiento (que es obviamente ilegal). El único reglamento especial que
protege los derechos de los discapacitados ante el tribunal es la obligación de asistencia del
Ministerio fiscal en procedimientos de incapacitación jurídica.
Una persona con discapacidad intelectual puede pedir un abogado durante el procedimiento
penal como cualquier otro ciudadano polaco, y lo recibirá sobre la misma base. En la ley civil,
ONG y servicios sociales tienen el derecho a representar a la persona en cuyo favor trabajan.
En la ley civil, cualquier persona que tenga un interés jurídico por ganar el proceso para una de
las partes puede unirse al procedimiento. Las ONG, miembros de la familia y servicios sociales
pueden utilizar el presente reglamento para apoyar a personas con discapacidad intelectual ante
el tribunal, pero deben demostrar su interés jurídico. Cónyuges, padres, hermanos,
descendentes adoptadas pueden hacerse representantes de una persona con discapacidad
intelectual.
En el procedimiento criminal, las ONG pueden designar a su representante para participar en el
procedimiento si es necesario proteger el interés social o los intereses individuales importantes.
Ese interés debe definirse como estatutario para esas ONG, específicamente puede ser la
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