Justicia, Derechos e Inclusión para las Personas con Discapacidad Intelectual

los ingredientes para un grado de exclusión social experimentado solamente por pocos otros
grupos de personas. Es por lo tanto urgente, tanto en la UE como en los países candidatos a la
adhesión, crear oportunidades y una nueva legislación que cumpla con las diversas
declaraciones sobre los derechos humanos adoptadas por la Unión Europea y sus países
miembros.
Centrándose al mismo tiempo en las personas con discapacidad intelectual, las implicaciones de
este proyecto son mucho más amplias: la incapacitación jurídica es también un problema
experimentado por ejemplo por la tercera edad, y las actuales estructuras jurídicas dificultan el
acceso a la justicia para mucha gente que tiene una educación escolar más baja o capacidades
de leer y escribir reducidas. Los adelantos que benefician a las personas con discapacidad
intelectual por lo tanto traerán consigo adelantos para un grupo mucho más amplio de personas.
Por lo tanto proponemos las siguientes acciones para mejorar la situación:
Al nivel de la política y de la legislación para desarrollar un Libro Blanco sobre la
incapacitación jurídica y el acceso a los derechos de las personas con discapacidad intelectual,
conteniendo normas mínimas y recomendaciones europeas. El Libro Blanco puede ser una base
para campañas nacionales a favor de una legislación y una política más adecuadas en este
problema.
Al nivel de la formación de los profesionales jurídicos y de la administración pública para
desarrollar un Paquete de Formación Europeo, comprendiendo un elemento (europeo) general y
un elemento nacional, diseñados para informar a profesionales jurídicos, estudiantes y al
personal jurídico de la administración pública sobre las medidas para mejorar el acceso a los
derechos y a la justicia de las personas con discapacidad intelectual.
Al nivel de la formación e información de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias es necesario informarlas tanto sobre sus derechos y situación existentes relativos a la
incapacitación jurídica y a la tutela, como sobre las normas mínimas europeas desarrolladas en
el Libro Blanco.
Estas medidas contribuirían a una mejor comprensión y conciencia de las estructuras de
exclusión social de las personas con discapacidad intelectual y proporcionarían al mismo tiempo
una base para que la acción al nivel europeo y nacional luche contra la pobreza y la exclusión
social de este grupo de ciudadanos europeos.