Parlamento investigará ingreso de armamento a las cárceles

La artillería del pensamiento
que vayan a juicio tienen que ir a
la cárcel independientemente de
la edad que tengan, porque estos
son crímenes de lesa humanidad,
que no prescriben.
-Entonces, ¿usted diría que
respondieron a una política de
Estado?
-Sí, así fue
-La Fiscal General ha dicho lo
mismo: que hubo una política dirigida
a perseguir, torturar y desparecer.
¿Usted diría que se trató
de una guerra de exterminio?
-¡Claro! Sí fue una guerra de
exterminio, porque si tú caías
y no había suficiente gente que
viera cuando te atrapaban o
cuando te estaban llevando, te
desaparecían para torturarte, te
mataban. Pero además, aunque
hubiera testigos, muchas veces
te desaparecían igual. ¡Y en eso
a mí nadie me va venir con cuentos,
ni a decirme que son especulaciones
mías, porque a mí me
torturaron!
Indignado, el contralor asegura
que la detención era el
primer paso hacia la tortura.
Y recurre de nuevo a su propia
experiencia:
“A mí no mataron cuando me
agarraron después de que me
había fugado de la cárcel, porque
no me reconocieron. Yo era un
detenido más de una redada de
3 mil personas. Hasta me habían
devuelto el reloj y 50 bolívares que
cargaba encima. Pero me crucé
con un vecino llamado Guillermo
Roquete, que creció conmigo
en Prado de María, que era PTJ
(agente de la policía científica de
entonces). “Tú no me has visto, te
quedas callado”, le dije. Pero fue y
me delató”, relató.
A la detención inmediata de
Clodosbaldo Russián le siguieron
sesiones de tortura por parte de
oficiales y suboficiales de la Guardia
Nacional de la época, pues se
encontraba en la sede del Servicio
Inteligencia de las Fuerzas
Armadas de Cooperación (Sifac),
que estaba ubicada en El Paraíso.
“¡Los hombres que me torturaron
ahí deshonraron la institución a
la que servían y el uniforme que
llevaban!”, exclama.
-¿Los que lo torturaron tenían
puesto el uniforme militar?
-Sí, tenían uniformes de oficiales,
de suboficiales. Por cierto, me
iban a llevar a El Dorado. En esa
época Ramón Escovar Salom era
ministro de Justicia, y él tenía la
política de mandarlo a uno para
El Dorado como castigo por fugarse
de la cárcel. Pero la jurisdicción
militar me reclamó, ale-
“Sí fue una guerra
de exterminio, porque
si tú caías y no había
suficiente gente
que viera cuando te
atrapaban o cuando
te estaban llevando,
te desaparecían para
torturarte, te mataban.
Pero además, aunque
hubiera testigos,
muchas veces te
desaparecían igual.
¡Y en eso a mí nadie me
va venir con cuentos,
ni a decirme que
son especulaciones
mías, porque a mí me
torturaron!”
gando que yo había cometido el
delito de rebelión militar y por lo
tanto debía quedar en manos de
la justicia militar.
Russián apela a su propio testimonio
porque quiere ilustrar
de la manera más clara posible
la suerte que corrían las y los
militantes de izquierda que eran
capturados por cualquiera de los
cuerpos de seguridad de la época,
especialmente durante los
gobiernos de Rómulo Betancourt
y Raúl Leoni (Acción Democrática).
Y reitera su demanda: “Hay
que investigar quiénes actuaron
en esos crímenes, y castigar a los
culpables”.
-Y el punto de partida sería
la revisión de las nóminas y los
registros de los cuerpos represivos;
que se hagan públicos...
-No, yo no digo que se hagan
públicos, porque ahí también
debe haber personas que no participaron
ni tuvieron nada que
ver con esos crímenes. Una de la
primeras cosas es que hagamos
una revisión de todos esos casos
de manera oficial; es decir, que
los organismos competentes de
la administración de justicia en
Venezuela procedan en consecuencia.
Eso lo planteamos el 23
de enero en la conmemoración
de los 53 años de esa fecha. Y lo
hicimos sin ánimos de retaliación
ni de venganza, en absoluto.
Porque quien sea revolucionario,
o se precie de
serlo, debe tener la bondad
suficiente para no
tener ese tipo de
desviaciones.
-¿Cree que el Estado debe dar
alguna indemnización económica
o de otro tipo a las familias de
las víctimas?
-Yo de eso no quiero opinar.
No sé si eso se debe hacer. Pero
lo que sí hay que hacer es aplicar
justicia y honrar a esa gente
que fue desaparecida. Hay que
hacerle honor. Lo menos que
se puede hacer es poner bustos
o placas en los sitios en los que
fueron asesinados. En cada ciudad
donde mataron a estas mujeres
y hombres hay que rendirles
homenaje.
-Algo así ha hecho el gobernador
Tarek William Saab en Anzoátegui.
-Sí, él a una avenida le puso el
nombre de Fabricio Ojeda, y ha
bautizado otros sitios con nombres
de personas asesinadas por
los gobiernos de AD y Copei.
Pero también hay que divulgar
quiénes eran esas personas, especialmente
en los pueblos donde
nacieron.
-¿Eso también lo debe hacer el
Estado?
-Desde luego. Y te digo un cosa:
eso tiene que ver con algo de mayor
importancia y significación
que el propio homenaje. Hay que
hacerlo porque los pueblos no pueden
enterrar su memoria histórica.
Somos bolivarianos, ¿verdad?
O decimos que lo somos, pues si
de algo estuvo claro Bolívar fue
de que un pueblo que desconoce
su historia va hacia su propia destrucción.
Si nosotros no asumimos
eso y no rescatamos la memoria,
no es que nos van a tumbar, es que
nos vamos a caer.
En este punto de la conversación,
Clodobaldo Russían habla como
quien intenta tragarse un puño
de arena. A su memoria viene la
imagen del joven Edgar González
Márquez, asesinado
por funcionarios de
los cuerpos de seguridad
en Caracas.
N o Jueves 23 de Junio de 2011 Entrevista | 27 |
“Le pegaron un tiro en la cabeza
al lado mío, entre las esquinas
de Marcos Parra a Solís. ¡Ahí lo
mataron siendo un muchachito!
No es casual que al calabozo en
el que estábamos en el San Carlos
nosotros le hayamos puesto el
nombre de Edgar González Márquez.
Nosotros le rendíamos honores,
igual que a Livia Gouvernieur
y a muchos otros. ¡Cómo no
les vamos a rendir honores ahora!”,
reflexionó.
¿VECINOS EN MANOS
DE ESBIRROS?
En medio de su exposición,
Clodosbaldo Russián advierte
que algunos de los responsables
de los asesinatos y desapariciones
forzosas por razones políticas
durante el Puntofijismo, trabajan
en agencias de vigilancia privada,
o son sus dueños.
-¿Usted diría que hoy la gente
está poniendo su seguridad en
manos de esbirros?
-¡Imaginate tú! Ahora y desde
hace tiempo. Te cuento el caso de
Montalbán, donde yo vivo desde
hace años. En los 90, cuando empezó
a sentirse el auge de la inseguridad
y las urbanizaciones estaban
buscando cómo protegerse,
las juntas de condominio y los
vecinos contactamos a empresas
privadas, y se hizo una asamblea
para buscar opciones. Cuando
terminó la reunión, yo pedí a los
representantes de las empresas
de seguridad que se identifica-
ran. El último que se identificó
lo hizo con la cara hacia abajo y
no se le entendió lo que dijo. Yo
le insistí, y resultó ser un antiguo
compañero mío de la guerrilla. A
él lo atraparon antes de ser mayor
de edad y lo enviaron a la Cárcel
Modelo. Después, ingresó al aparato
represor.
Esta anécdota trae a la conversación
el caso del comisario
de la Disip Henry López Sisco,
hoy prófugo de la justicia. López
Sisco, además de haber servido
a Manuel Rosales (quien
también huyó del país) como
su jefe de seguridad, tenía una
empresa que prestaba servicios
en la materia. Si en efecto hay
más personas como él a la cabeza
de ese tipo de negocios, muchas
asociaciones de vecinos
tendrían razones para pedir
que se investigue dónde están
los instigadores y los ejecutores
de los crímenes de lesa humanidad
perpetrados por los regímenes
de AD y Copei.
T/ Carlos Ortiz
F/ Luis Franco
Caracas
NOTA DE LA REDACCIÓN
A manera de homenaje, y en vista
de su interés histórico, el Correo
del Orinoco reproduce esta entrevista,
que fue publicada originalmente
el lunes 7 de febrero de
2011.