Política de Co-administración en Áreas Protegidas - Consejo ...

4. Marco Legal, Institucional y de Políticas:
4.1 Marco Legal:
La Constitución Política de la República en su artículo 64 establece que: “Se declara de interés
nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El
estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son
inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista”.
Esta es la norma constitucional que orienta la importancia del adecuado manejo y
administración de las áreas protegidas, por lo tanto, es esta norma constitucional la que
fundamenta la emisión de la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la
República de Guatemala y por lo tanto es igualmente el principal fundamento donde debe
enfocarse la presente Política de Coadministración.
Para determinar más ampliamente el fundamento legal de la coadministración, es necesario citar
algunas normas jurídicas contenidas en la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso
de la República de Guatemala, tal y como las que se relacionan a continuación:
El artículo 2 del Decreto 4-89 antes citado estipula que: “Se crea el Sistema Guatemalteco de
Áreas Protegidas (SIGAP), integrado por todas las áreas protegidas y entidades que las
administran, cuya organización y características establece esta ley, a fin de lograr los objetivos
de la misma en pro de la conservación, rehabilitación, mejoramiento y protección de los
recursos naturales del país y la diversidad biológica”. En la norma legal antes citada, ya la ley
reconoce la existencia de otras entidades que administran áreas protegidas, las cuales se van a
convertir en coadministradores en virtud de que la misma Ley de Áreas Protegidas estipula en
su artículo 59 en su parte conducente que: “Se crea el Consejo Nacional de Áreas Protegidas,
con personalidad jurídica que depende directamente de la Presidencia de la República, cuya
denominación abreviada en esta ley es “CONAP” o simplemente el Consejo, como el órgano
máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
creado por esta misma ley, con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y
su espacio aéreo….”. Es decir que al constituirse el CONAP como el órgano máximo de
dirección y coordinación del SIGAP, en virtud de la norma anterior citada, se convierte entonces
éste en el Administrador de Áreas Protegidas por excelencia y las demás entidades públicas,
privadas u otros grupos de la Sociedad Civil Organizadas tales como las Organizaciones no
Gubernamentales, Comunidades, Comités Pro-Mejoramiento o cualquier otra Asociación Civil
de naturaleza no lucrativa que realicen la función de administrar áreas protegidas con objetivos
específicos de preservación y conservación del entorno ambiental en áreas consideradas como
protegidas por la legislación ambiental guatemalteca , se van a convertir entonces en
Coadministradores o Coadyuvantes con el CONAP, al cumplimiento de los objetivos de éste, de
conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 97 de la Constitución Política y en las
normas pertinentes contenidas en la Ley de Áreas Protegidas.
Además del artículo 2 de la Ley de Áreas Protegidas antes citado, la coadministración encuentra
su sustento legal en el artículo 12 de la misma Ley, que en su parte conducente faculta a la
Secretaría Ejecutiva del CONAP a disponer desde el momento en que un área esté considerada
como protegida (para efectos de preservación y conservación del entorno ambiental), “…lo
conveniente para su…adecuada programación, administración, financiamiento y control”. La
misma ley reconoce el protagonismo que pueden jugar las organizaciones civiles sin fines de
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