Ayuntamiento de Monserrat. Conselleria de Territorio y Vivienda

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Ref. Queja nº 050829
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Gabinete de Alcaldía
Negociado: Actividades
S. Ref.: Exptes: 1/2005, 5/2004
Asunto: Molestias generadas por actividad de cantera y planta de preparación de
hormigón en la zona Lloma Plana
Excmo. Sr.:
22/02/2006
02927
Excmo. Ayuntamiento de Monserrat
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente
Pl. de l'Església, 1
MONSERRAT - 46192 (Valencia)
La Asociación de Vecinos “Les Canyaes” de Monserrat presenta escrito de queja en esta
Institución reiterándonos que todavía no han desaparecido las insoportables molestias
que padecen en sus viviendas (ruidos, polvo, explosiones, etc.) como consecuencia de la
actividad desarrollada por una cantera y la planta de preparación de hormigón existente
en la zona conocida con el nombre Lloma Plana, en el término municipal de Monserrat,
la cual está provocando, además, una importante degradación medioambiental del
entorno y está afectando seriamente al ámbito de protección del Castell dels Alcalans,
(bien de interés cultural).
Hay que resaltar que estos hechos ya fueron objeto de investigación en nuestro anterior
expediente núm. 040849, en el que, con fecha 15 de octubre de 2004, formulamos las
siguientes recomendaciones:
“Atendiendo a las consideraciones expuestas en punto a la defensa y efectividad de los derechos
y libertades comprendidos en los Títulos I de la Constitución (arts. 18, 43, 45 y 47) y del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el art.
17.2 y 29.1 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, se estima
oportuno recomendar al Excmo. Ayuntamiento de Monserrat, a la Conselleria de Territorio y
Vivienda, a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y a la Conselleria de Empresa,
Universidad y Ciencia, que, al amparo de las competencias atribuidas por la Ley 2/1989, sobre
Impacto Ambiental, Ley 3/1989, sobre Actividades Calificadas, Ley 7/2002, sobre
Contaminación Acústica, Ley 4/1998, sobre Patrimonio Cultural Valenciano y demás normativa
sectorial que resulta de aplicación, impulsen con determinación y celeridad la celebración de

euniones de trabajo y coordinación con representantes de todas las Administraciones
implicadas y de la empresa titular de la cantera, al objeto de adoptar, cuanto antes, todas las
medidas necesarias y aplicar los instrumentos legales a su alcance para eliminar las molestias
acústicas, polvo y vibraciones que soportan injustamente los vecinos afectados, preservar el
suelo no urbanizable de protección paisajística, cumplir las condiciones impuestas en la
Declaración de Impacto Ambiental y en el Plan de Restauración, así como proteger el entorno
del bien de interés cultural “Castell dels Alcalans”.
En este sentido, se recomienda a todas las Administraciones Públicas que, dentro de su
respectivo ámbito competencial, y previa audiencia al titular de la explotación, se disponga la
paralización o suspensión real y efectiva del ejercicio de las actividades que no cuentan con
licencia de actividad calificada, no tengan el acta de comprobación favorable, no dispongan de
la declaración de interés comunitario o que afectan al entorno protegido del BIC; se ordene la
adopción de las medidas correctoras necesarias para eliminar las molestias y se obligue a la
reparación de los daños y restitución de las cosas a su estado anterior, exigiendo el
cumplimiento real y efectivo de los Planes de Restauración y Regeneración, con imposición de
las multas coercitivas y sanciones correspondientes, y demandando la actuación decidida de la
Confederación Hidrográfica del Júcar por la presunta invasión del dominio público hidráulico
sin autorización.
Y todo ello, teniendo en cuenta, como sostiene el ingeniero municipal del Ayuntamiento de
Monserrat, la contradicción que supone autorizar una extracción de minerales a cielo abierto –
con gran impacto visual y paisajístico- en una zona circundada por suelo de protección
paisajística y de especial protección por su patrimonio histórico.”
Con el objeto de comprobar la actuación desplegada en cumplimiento de nuestras
recomendaciones por el Ayuntamiento de Monserrat y las Consellerias de Territorio y
Vivienda, y Educación, Cultura y Deporte, les requerimos un informe en el que nos
dieran cuenta de las distintas medidas adoptadas.
Así, el Ayuntamiento de Monserrat nos envía copia de las resoluciones de Alcaldía nº
60/2005 y 158/2005, por las que se concede un plazo de 6 meses para legalizar la
actividad de preparación de hormigón, ya que no existe ni la licencia de actividad
calificada ni la previa declaración de interés comunitario.
Hasta el momento, según nos indican los vecinos, la actividad todavía no se ha
legalizado ni el Ayuntamiento ha decretado la clausura, a pesar de los claros términos
del art. 18 de la Ley 3/1989, de 2 de mayo, sobre Actividades Calificadas.
Por su parte, la Conselleria de Territorio y Vivienda nos informa que ha incoado cinco
expedientes de denuncia (24/05, 26/05, 28/05, 330/05 y 332/05) por las siguientes
causas: la constatación de cuatro incumplimientos a los condicionantes de la
Declaración de Impacto Ambiental, el incumplimiento de la obligación de efectuar
mediciones atmosféricas cada tres año, la no justificación documental de la correcta
gestión de los residuos peligrosos producidos y el ejercicio de la actividad de
fabricación de hormigón, planta trituradora e instalaciones auxiliares sin licencia.
Al tiempo de remitirnos esta información, ninguno de los cinco expedientes
sancionadores se había resuelto todavía, ni tampoco se ha llevado a efecto la advertencia
efectuada por la Conselleria de que “en el caso de no tramitarse la legalización por la
Alcaldía de Monserrat, se procedería a decretar la clausura desde esta Conselleria”.

En cuanto a la protección del bien de interés cultural del Castell dels Alcalans, la
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, nos dice que mediante resolución de la
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciana de 19 de abril de 2005 se ha
autorizado el Proyecto de Restauración del área incluida dentro del perímetro de
protección del inmueble y se ha levantado la paralización cautelar de actuaciones
decretada en su día al haberse cumplido el condicionante al que se sometió
expresamente su eficacia.
Asimismo, la Conselleria de Cultura nos detalla que ha solicitado informe a la Unidad
de Inspección de los Servicios Territoriales de Valencia.
Pues bien, a la vista de lo informado por todas las Administraciones Públicas
implicadas, hay que notar que ninguna de ellas nos ha confirmado la celebración de
reuniones conjuntas o la constitución de grupos de trabajo entre las distintas
Administraciones y la empresa titular de las instalaciones con el objeto de solucionar los
problemas denunciados por los vecinos.
Y decimos esto porque nuestra principal recomendación que emitimos el 15 de octubre
de 2004 era que “impulsaran con determinación y celeridad la celebración de reuniones
de trabajo y coordinación con representantes de todas las Administraciones implicadas y
de la empresa titular de la cantera, al objeto de adoptar, cuanto antes, todas las medidas
necesarias y aplicar los instrumentos legales a su alcance para eliminar las molestias
acústicas, polvo y vibraciones que soportan injustamente los vecinos afectados,
preservar el suelo no urbanizable de protección paisajística, cumplir las condiciones
impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental y en el Plan de Restauración, así
como proteger el entorno del bien de interés cultural “Castell dels Alcalans”.
Hecha esta aclaración, conviene advertir que nos encontramos ante el ejercicio de
actividades calificadas que carecen de la preceptiva licencia de actividad y que todavía
no han sido legalizadas, por lo que resultaría procedente la inmediata aplicación de lo
dispuesto en los arts. 6.1 y 18 de la Ley 3/1989, de 2 de mayo, de la Generalitat
Valenciana, de Actividades Calificadas, donde se dispone que, previa audiencia al
titular de la actividad por plazo de quince días, el Ayuntamiento de Monserrat deberá
decretar el cierre sin más trámites de aquellas actividades que vinieran funcionando sin
estar en posesión de la correspondiente licencia municipal y acta de comprobación
favorable, lo que todavía no se ha cumplido en la realidad. Ni las actividades han dejado
de funcionar ni se ha impuesto la correspondiente sanción por ejercerlas sin licencia de
actividad.
Los arts. 11, 16 y 17 de la referida Ley 3/1989, otorgan al Ayuntamiento y a la
Conselleria de Territorio y Vivienda las facultades inspectoras y sancionadoras en
materia de actividades calificadas.
La Conselleria, en el informe que nos ha remitido, advierte que, en caso de que no se
legalicen estas actividades calificadas, decretará la clausura de las mismas. Sin
embargo, todavía no se ha ordenado el cierre de las instalaciones.
De otra parte, respecto a la inexistencia de la preceptiva declaración de interés
comunitario, la disposición adicional tercera (punto octavo) de la Ley 4/1992, de 5 de
junio, sobre Suelo No Urbanizable, (declarada en vigor por la posterior Ley 10/2004, de

9 de diciembre) atribuye a la Conselleria de Territorio y Vivienda la siguiente
competencia de ejercicio obligado: “Se considerará infracción urbanística grave la
realización, en suelo no urbanizable y sin la cobertura de su previa declaración de
interés comunitario, de obras para las que esta Ley exija dicha declaración. La falta de
licencia municipal no podrá considerarse, en estos supuestos, infracción independiente
de la anterior. Dicha infracción se sancionará en suelo no urbanizable común, con multa
del veinte al treinta por ciento del valor, y, en suelo no urbanizable de especial
protección, con multa del treinta al cuarenta por ciento, de la obra realizada. Además y
con independencia de la sanción por la infracción y de las medidas dirigidas a la
restauración del orden urbanístico infringido, se ordenará, en todo caso y previa
audiencia del interesado por plazo de quince días, la clausura y prohibición definitiva de
los usos y las actividades realizados o proyectados.”
Tampoco se ha adoptado esta decisión hasta el momento.
Por otro lado, el art. 8 de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, sobre Impacto Ambiental,
también habilita la actuación del Ayuntamiento de Monserrat y la Conselleria de
Territorio y Vivienda, al disponer que “cuando la ejecución de los proyectos produjera
una desviación negativa respecto a las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental
su titular deberá proceder a su adecuación a requerimiento de la Administración. A tal
efecto, ésta podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 50.000 pesetas cada
una por incumplimiento del citado requerimiento, sin perjuicio de la posible ejecución
subsidiaria por la propia Administración a cargo de aquél ”; a mayor abundamiento, el
art. 34.4 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, establece que la Conselleria de
Territorio y Vivienda podrá ordenar la suspensión de la ejecución de un proyecto
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: entre otras, el incumplimiento
o trasgresión de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto.
Respecto a la adecuada protección del bien de interés cultural (BIC) “Castell dels
Alcalans”, la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes se encuentra obligada, no
sólo a autorizar formalmente el proyecto de restauración, sino que debe velar para que
el cumplimiento de los condicionantes impuestos sea real y efectivo. Para ello, a
resultas de lo que se desprenda del informe encargado a la Unidad de Inspección de los
Servicios Territoriales de Valencia, en su caso, debe hacer uso de la potestad
sancionadora y la imposición de multas coercitivas para garantizar la protección del
BIC.
Los arts. 100 y 101 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, Patrimonio Cultural Valenciano,
expresan con meridiana claridad lo siguiente: independientemente de las sanciones que
procedan, la Conselleria de Cultura podrá, previo requerimiento, imponer a quienes se
hallaren sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley multas
coercitivas de hasta cien mil pesetas, reiteradas por períodos de un mes, hasta obtener el
cumplimiento de lo ordenado.
Además, los responsables de las infracciones de la Ley 4/1998 que hubieren ocasionado
daños al patrimonio cultural estarán obligados a reparar los daños causados y, en cuanto
fuere posible, a restituir las cosas a su debido estado; en caso de incumplimiento de esta
obligación, la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia llevará a cabo las
actuaciones de reparación y restitución necesarias, a costa del infractor.

En cuanto a los ruidos generados por la actividad, tanto la Conselleria de Territorio y
Vivienda, como el Ayuntamiento de Monserrat, tienen competencias irrenunciables para
llevar a cabo su control y vigilancia, por mor de lo dispuesto en los arts. 54 y 57 de la
Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de las Cortes Valencianas, sobre Protección contra la
Contaminación Acústica, pudiéndose ordenar por la Administración actuante la
suspensión inmediata del funcionamiento de la fuente perturbadora hasta que sean
corregidas las deficiencias existentes (art. 62). Además, el art. 43.1 prohíbe totalmente
la realización de trabajos nocturnos, esto es, aquellos que se realicen desde las 22.00 a
las 8.00 horas, si se producen niveles sonoros superiores a los establecidos en la tabla 1
del anexo II de esta Ley.
A nadie se le escapa que la generación de ruido, polvo, vibraciones y explosiones puede
incidir perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio
(art. 18.1 de la Constitución) y los derechos constitucionales a la protección de la salud
(art. 43), a un medio ambiente adecuado (art. 45) y a una vivienda digna (art. 47), por lo
que, resulta de todo punto ineludible su firme protección por parte de los poderes
públicos (por todas, Sentencias del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2001 y
23 de febrero de 2004 y Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2001 y 26
de abril de 2003).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia de 16 de noviembre de
2004, ha venido a reconocer la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad
del domicilio por la pasividad del Ayuntamiento de Valencia para evitar los ruidos
nocturnos en el barrio de San José, zona acústicamente saturada.
El apartado 61 de la referida sentencia razona que “la Administración municipal de
Valencia aprobó en el ejercicio de sus competencias en la materia, medidas, en principio
adecuadas, con el fin de respetar los derechos garantizados, tales como la ordenanza
relativa a los ruidos y vibraciones. Pero durante el período en cuestión, la
administración toleró el incumplimiento reiterado de la regulación que ella misma había
establecido. Una regulación para proteger los derechos garantizados sería una medida
ilusoria si no se cumple de forma constante y el Tribunal debe recordar que el Convenio
trata de proteger los derechos efectivos y no ilusorios o teóricos. Los hechos demuestran
que la demandante sufrió una vulneración grave de su derecho al respeto del domicilio
debida a la pasividad de la Administración frente al ruido nocturno.”
La comentada Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de
noviembre de 2004 condena al Ayuntamiento de Valencia a pagar al vecino afectado
una indemnización de 3.884 euros en concepto de perjuicio material y daño moral.
Finalmente, como muestra de nuestra especial preocupación y sensibilidad para
garantizar, no la mera protección, sino una “elevada” protección del medio ambiente,
queremos significar que, en la comparecencia del Síndic de Greuges ante la Comisión
Especial de las Cortes Valencianas para la reforma del Estatuto de Autonomía, que tuvo
lugar el día 12 de enero de 2005, presentamos una propuesta para incluir en el Estatuto
de Autonomía un Título Específico dedicado a los derechos y libertades de las
valencianas y valencianos, en cuyo art. 3.9 recogemos “el derecho a una protección
elevada del medio ambiente y del paisaje, mejorando su calidad y conservación con
arreglo a los principios de prevención y desarrollo sostenible. Se garantizará la

existencia de un medio urbano y rural saludable, y la utilización racional de los recursos
naturales.”
En virtud de todo cuanto antecede, y atendiendo a las consideraciones expuestas en
punto a la defensa y efectividad de los derechos y libertades comprendidos en los
Títulos I de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre,
reguladora de esta Institución, estimamos oportuno recomendar al Ayuntamiento de
Monserrat, a la Conselleria de Territorio y Vivienda, y a la Conselleria de Cultura,
Educación y Deporte que, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de forma
coordinada, adopten con celeridad todas aquellas medidas preventivas, represivas y
sancionadoras, incluida el cierre o clausura de las instalaciones que están funcionando
sin licencia de actividad calificada ni declaración de interés comunitario (previa
audiencia al interesado), con el objeto de eliminar las molestias que soportan
injustamente los vecinos afectados, preservar el entorno del bien de interés cultural
“Castell dels Alcalans” y garantizar el cumplimiento constante de las condiciones
impuestas en la declaración de impacto ambiental y en el plan de restauración.
Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta la
citada recomendación o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime
para no aceptarla, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 29 de la Ley 11/1988.
Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la
fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página web
de la Institución.
Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le
saluda atentamente,
Fdo.: Bernardo del Rosal Blasco
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana