codigo de procedimientos penales para el estado de veracruz

la representación legal del inculpado, a quien se admitirá en el procedimiento en esa condición,
aun cuando no esté reconocida por la autoridad civil competente. Si el inculpado carece de esa
persona, el juez le designará de plano un tutor dativo que lo represente.
En estos casos se observarán las formalidades esenciales del procedimiento en beneficio del
inculpado, que comprenderán el derecho de audiencia y defensa mediante el representante y el
defensor designado o del defensor de oficio nombrado por el juez.
Agotada la investigación, el tribunal celebrará la audiencia en la que oirá al Ministerio Público, al
inculpado, si ello es posible, a su representante o a su defensor y dictará sentencia dentro de los
cinco días siguientes a la conclusión de aquélla.
Artículo 438.- Cuando el trastorno mental del inculpado sobrevenga en el curso del procedimiento,
el Ministerio Público o el juez lo suspenderá y ordenará que el sujeto quede a disposición de la
autoridad sanitaria para su atención médica. Dicha autoridad podrá entregarlo para el mismo fin a
quien deba hacerse cargo de él, con la obligación de informar a la autoridad penal los cambios que
ocurran en la situación del inculpado y los efectos que tenga el tratamiento al que fue sometido.
Si cesa el tratamiento que determinó la suspensión, seguirá el procedimiento como legalmente
corresponda. En caso de dictarse como condena, sanción privativa de libertad, se reducirá de ésta
el tiempo que el inculpado estuvo bajo tratamiento.
Artículo 439.- Si el inculpado tiene el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o
psicotrópicos, pero no se trata de un enfermo mental, el procedimiento ordinario continuará hasta
que se dicte la sentencia y el juez informará a la autoridad sanitaria de tal situación para que preste
al sujeto la atención debida.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES
Artículo 440.- En toda sentencia condenatoria se prevendrá que se amoneste al reo para que no
reincida, advirtiéndole de las sanciones a que se expone si lo hace; de ello se levantará acta, pero
sin que la falta de ésta obste para hacer efectivas las sanciones que por reincidencia señala el
Código Penal.
Artículo 441.- La ejecución de las sentencias irrevocables corresponde al Ejecutivo del Estado por
medio del órgano que para ese efecto designe, el que determinará, en su caso, el lugar donde el
reo deba purgar la pena privativa de libertad que le fue impuesta.
El Ministerio Público tiene la obligación de practicar todas las diligencias conducentes para que las
sentencias sean cumplidas estrictamente. Lo hará así, gestionando con las autoridades
administrativas lo que proceda o bien exigiendo ante los tribunales la represión de todos los
abusos que aquéllas o sus subalternos cometan, cuando se aparten de lo prevenido en las
sentencias, en pro o en contra de los individuos que sean sujetos de ellas.
Artículo 442.- El Ministerio Público actuará como lo previene el artículo anterior siempre que llegue
a su conocimiento, por cualquier medio, que la autoridad a cuyo cargo está la ejecución de la
sentencia se aparta de lo ordenado en ésta.