(2009) Burriel de Orueta.pdf - Roderic

La Unión Europea y el urbanismo valenciano. ¿Conflicto jurídico o político?
«antiguas viviendas rurales vacías» (Cashman y Libicki, 2007) que reformaron o reconstruyeron
7 . De los 17 casos citados en el primer Informe, 14 son de la provincia de Alicante y de
ellos 10 de la comarca de La Marina [Benissa (2), Teulada (2), La Nucia, La Vilajoiosa (partida
rural de El Charco), Benidorm (en el entorno de Terra Mítica), Denia (2 «en las afueras»)
y Xabia* (Kebler y Wyn, 2004, 6-9). Esta localización —suelo no urbanizable, agricultura de
secano de escaso valor y distancia a los grandes núcleos turísticos— reducía mucho el coste
de los terrenos (Kebler y Wyn, 2004).
Por lo general se trata de viviendas que se instalaron en suelo no urbanizable sin cumplir
con las exigencias de la legalidad urbanística. Sin embargo, durante décadas estas construcciones
se desarrollaron con la tolerancia de los ayuntamientos que con frecuencia incluso
concedieron seudolicencias y permisos de obras. El paso del tiempo las ha ido consolidado
en el territorio y bastantes podrían considerarse legalizadas en su condición de vivienda rústica
(Narbon, 2009, 64; Kebler y Wyn, 2004).
Estas personas se han visto envueltas contra su voluntad en procesos de urbanización
porque el área en que están ubicados se ha convertido en suelo urbanizable por una reclasificación
puntual o por haberse aprobado un nuevo Plan General en el municipio; aunque
también hay casos de edificaciones en suelo urbanizable no programado 8 . El resultado es que
en cumplimiento de lo establecido en la legislación urbanística —la española desde 1956 y
la autonómica valenciana vigente— estos propietarios se ven obligados a la cesión de suelo
para viario y dotaciones públicas y para el 10% del aprovechamiento que corresponde al
ayuntamiento, así como al pago de los costes de urbanización.
Además, con bastante frecuencia se han enterado tarde del proceso de urbanización,
cuando ya ha pasado el tiempo para alegar e incluso cuando empiezan las obras. A ello
contribuyen los reducidos plazos legales para recurrir y la información a veces poco transparente
que reciben. Pero también es resultado de la escasa integración en la sociedad local
de muchos de estos residentes extranjeros: pasan grandes temporadas en su país 9 , no se preocupan
de sus obligaciones en España y para la administración municipal no resulta fácil su
localización, no conocen bien el castellano, tienen pocos contactos con la vida local...
Los afectados por los procesos de urbanización no aceptan que se urbanice su zona y quieren
seguir viviendo en espacios rurales de baja densidad. En caso de que se urbanice quieren
conservar intactas sus parcelas, sin ceder el suelo a que obliga la ley; y si fuera imprescindible
perder algo de su parcela consideran que se les ha de pagar a valor de mercado de suelo
urbano. Tampoco aceptan tener que pagar por los servicios e infraestructuras que aporta la
urbanización, aunque eso suponga una mejora en las dotaciones públicas y un mayor valor
económico de la parcela urbanizada pese a su menor dimensión. Bastantes de ellos aducen
7 «Hemos pasado once años transformando una vieja casa vacía y una extensión de terreno cubierta de vegetación
en un hogar y un jardín» y en ello «hemos gastado todos nuestros ahorros» explica un afectado de Benissa
(Kebler y Wyn, 2004, 7).
8 Así se señala del propio Charles Svoboda, presidente de AUN, en Benissa. Se le acusa de haber hecho obras
sin licencia o excediéndose de ésta en la vivienda rural en estado ruinoso que adquirió en 1982 en suelo urbanizable
no programado. (Las Provincias, 17 de junio de 2005).
9 Muchos de ellos «dividen su tiempo entre su domicilio español y su domicilio en otro país europeo», aunque
«el 20% se convierte en primera residencia en un plazo breve de tiempo» (Kleber y Wyn, 2004).
Boletín de la A.G.E. N.º 49 - 2009
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