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El sistema tributario es un robo
Por Frank Chodorov. (Publicado el 17 de abril de 2007)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí http://mises.org/daily/2500.
[Este artículo se publicó originalmente en 1947 como folleto de Human Events Associates.
Se reimprimió en 1962 como capítulo 22 de Out of Step: The Autobiography of an
Individualist]
La Enciclopedia Británica define el sistema tributario como “la parte de los
ingresos de un estado que se obtiene por cuotas y cargas obligatorias a sus
sujetos”. Es casi tan adecuada y concisa como puede ser una definición: no
deja espacio para discutir qué es un sistema tributario. En esa exposición de
los hechos, domina la palabra “obligatorias”, sencillamente por su contenido
ético. La reacción inmediata es preguntarse el “derecho” del Estado a este uso
del poder. ¿Qué permiso, en términos morales, aduce el Estado para
apoderarse de propiedades? ¿Es su ejercicio de la soberanía suficiente por sí
mismo?
En esta cuestión de la moralidad hay dos posiciones que nunca pueden
reconciliarse. Aquéllos que sostienen que las instituciones políticas provienen
de la “naturaleza del hombre”, disfrutando así de una divinidad indirecta, o
aquéllos que consideran al Estado como la piedra angular de la integración
social, no encuentran ningún problema en el sistema tributario per se: la toma
de propiedades por el Estado se justifica por su existencia o sus resultados
benéficos. Por el contrario, quienes sostienen la primacía del individuo, cuya
misma existencia es su justificación de derechos inalienables, se inclina por la
postura de que en la obtención obligada de cuotas y cargas el Estado está
meramente ejerciendo su poder, sin consideraciones morales.
El presente estudio sobre el sistema tributario empieza en la segunda de estas
posiciones. Es tan parcial como sería un estudio que empezara con la postura
igualmente no probada de que el Estado es una institución natural o
socialmente necesaria. La objetividad completa desaparece cuando un
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postulado ético es la premisa mayor de un argumento, y una discusión sobre la
naturaleza del sistema tributario no puede excluir los valores.
Si asumimos que el individuo tiene un indiscutible derecho a la vida, debemos
conceder que tiene un derecho similar a disfrutar del fruto de su trabajo. A
esto lo llamamos propiedad. El derecho absoluto de propiedad deriva del
derecho original a la vida porque no tiene sentido el uno sin el otro: los
medios de vida deben identificarse con la vida misma. Si el Estado tiene un
derecho prioritario a los frutos de nuestro trabajo, su derecho a la existencia
está cualificado. Aparte del hecho de que no puede establecerse dicho derecho
prioritario, excepto declarando al Estado como autor de todos los derechos,
nuestras inclinaciones (como demuestran nuestros esfuerzos por evitar pagar
impuestos) son rechazar este concepto de prioridad. Nuestro instinto está en
contra. Protestamos ante la apropiación de nuestra propiedad por una sociedad
organizada igual que lo hacemos si una sola unidad de la sociedad realiza este
acto. En el último caso, calificaremos sin dudar al acto como un robo, un
malum per se. No es la ley la que en primera instancia define el robo, es un
principio ético que la ley puede violar, pero no suplantar. Si por necesidades
de la vida consentimos la fuerza de la ley, si por una larga costumbre
perdemos de vista su inmoralidad, ¿se ha eliminado el principio? Un robo es
un robo y ninguna cantidad de palabras puede hacer de él algo distinto.
Observemos los resultados del sistema tributario, los síntomas, para ver si se
viola el principio de la propiedad privada y cómo. Para mayor evidencia,
examinemos su técnica y tal y como sospechamos la intención de robar a
partir de la posesión de herramientas eficaces, igualmente las encontraremos
en la técnica del sistema tributario, una historia reveladora. La carga de esta
crítica intransigente al sistema tributario será, por tanto, probar su inmoralidad
por sus consecuencias y sus métodos.
A modo de introducción, podríamos fijarnos en el origen del sistema
tributario, bajo la teoría de que los inicios determinan los finales y aquí
encontramos un montón de injusticias. Un estudio histórico de la fiscalidad
lleva inevitablemente a botines, tributos, rescates: los propósitos económicos
de las conquistas. Los barones que pusieron barreras de peaje en el Rin eran
cobradores de impuestos. Como lo eran las bandas que “protegían”, a cambio
de un precio fijo, a las caravanas que iban al mercado. Los daneses
periódicamente se invitaban a Inglaterra y permanecían como invitados no
deseados hasta que se les pagaba el llamado “impuesto danés” (“dane geld”):
durante mucho tiempo permaneció como la base de los impuestos de
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propiedad ingleses. Los conquistadores romanos introdujeron la idea de que lo
que recaudaban de los pueblos sometidos era sencillamente un pago por
mantener “la ley y el orden”. Durante mucho tiempo, los conquistadores
normandos recaudaron tributos arbitrarios a los ingleses, pero cuando, por el
proceso natural de amalgama de los dos pueblos, apareció la nación, las
recaudaciones se regularizaron mediante costumbres y leyes y se llamaron
impuestos. Llevó siglos eliminar la idea de que estas exacciones no servían
más que para mantener cómodamente una clase privilegiada y para financiar
sus guerras sangrientas: de hecho, este propósito nunca se negó u ocultó hasta
que el constitucionalismo difuminó el poder político.
Todo eso pasó, salvo que tengamos la temeridad de comparar esta antigua
palabrería con reparaciones, extraterritorialidad, cargas para mantener
ejércitos de ocupación, huídas con propiedades, toma de recursos naturales,
control de vías de comercio y otras técnicas de conquista. Puede argüirse que
aunque el sistema fiscal tuviera un principio tan desagradable podría haber
rectificado y convertirse en algo ciudadano, decente y útil. Así que debemos
aplicarnos a la teoría y práctica de la fiscalidad para probar que en realidad es
el tipo de cosa arriba descrita.
Primero, respecto de método de recaudación, los impuestos se dividen en dos
categorías: directos e indirectos. Los impuestos indirectos se llaman así
porque llegan al estado a través de recaudadores privados, mientras que los
directos llegan sin intermediarios. Los primeros se asocian a bienes y servicios
antes de que lleguen al consumidor, mientras que los segundos son
principalmente demandas ante la acumulación de riqueza.
Veremos que los impuestos indirectos son un precio por un permiso para vivir.
No se puede encontrar en el mercado una sola satisfacción a la que no estén
asociados varios de estos impuestos, ocultos en el precio y nos vemos en la
obligación de pagarlos o irnos sin ellos: como irnos equivale a privarse del
sentido de la vida o incluso de la propia vida, pagamos. La inevitabilidad de la
existencia de esta carga se expresa en la asociación popular de la muerte y los
impuestos. Y es esta característica la que atribuye los impuestos indirectos al
estado, de forma que cuando examinamos los precios de los productos básicos
nos asombramos de la desproporción entre el coste de producción y la carga
para permitir su compra. Alguien ha estimado el número de impuestos que
lleva una barra de pan en más de cien: obviamente algunos no le son
atribuibles, porque sería imposible definir en cada barra su parte de impuestos
sobre la escoba usada en la panadería o la gasolina utilizada por el camión de
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eparto. El whisky es probablemente el ejemplo más notorio de la forma en
que los productos se han convertido de satisfacciones en objetos de impuestos.
El coste de fabricación de un galón de whisky, por el que el consumidor paga
alrededor de veinte dólares es de menos de medio dólar: el resto corresponde
parcialmente a los costes de distribución, pero la mayoría del dinero que
atraviesa el mostrador va a mantener los funcionarios de la ciudad, el condado,
el estado y la nación.
El revuelo sobre el coste de la vida tendría más sentido si se dirigiera a los
impuestos, el principal componente del coste. Debería también advertirse que
aunque el problema del coste de la vida afecta principalmente a los pobres, es
además en este segmento de la sociedad donde inciden más los impuestos
indirectos. Es necesariamente así, porque quienes están en los estratos de
menos ingresos constituye la mayor porción de la sociedad que debe contar
con la mayor parte del consumo y por tanto con la mayor parte de los
impuestos. El estado reconoce este hecho al gravar bien de uso más extendido.
Un impuesto sobre la sal, no importa lo pequeño que sea, comparativamente,
recauda mucho más que un impuesto sobre los diamantes y es de mayor
significación social y económica.
No es el volumen de la recaudación, ni la certidumbre de su cobro lo que da
preeminencia a los impuestos indirectos en el esquema de apropiación del
estado. Su cualidad más recomendable es que son subrepticios. Es como si
dijéramos tomar mientras la víctima no mira. Quienes se esfuerzan por dar a
los impuestos un carácter moral están en la obligación de explicar la
preocupación por parte del Estado por esconder los impuestos en el precio de
los bienes. ¿Hay en ello una confesión de culpabilidad? En los últimos años,
en su búsqueda de ingresos adicionales, el Estado jugueteando con la idea de
un impuesto a las ventas, un precio por el permiso a vivir directo e
inequívoco: los estadistas más inteligentes se han opuesto a esta medida por
razones de conveniencia política. ¿Por qué? Si el Estado sirve a un buen fin
los productores difícilmente se opondrán a pagar su sostenimiento.
Simplemente por razón del método, no deliberadamente, la tasación indirecta
genera un beneficio a los recaudadores privados y por esta razón difícilmente
puede esperarse una oposición a los pagos desde ese rincón. Cuando el
impuesto se paga antes de la venta se convierte en un elemento de coste que
debe añadirse a todos los demás costes al calcular el precio. Como el beneficio
esperado es un porcentaje del total, se aprecia que el propio impuesto se
convierte en una fuente de ingresos. Cuando la mercancía debe pasar por las
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manos de varios procesadores y distribuidores, los beneficios acumulados por
el impuesto pueden ser tan altos como la cantidad recaudada por el Estado, o
incluso mayores. El consumidor paga el impuesto más los beneficios
compuestos. En este aspecto son particularmente notorios los pagos
aduaneros. Si seguimos la importación de seda en bruto, del importador al
limpiador, el hilador, el tejedor, el acabador, el fabricante, el mayorista, el
vendedor, cada uno añadiendo su parte al precio pagado por su predecesor,
vemos que en el precio que paga la señora por su vestido hay mucho más de lo
que requiere el plan arancelario. Sólo este hecho ayuda a hacer a los
mercaderes y fabricantes indiferentes al los males del proteccionismo.
El apoyo tácito a los impuestos indirectos deriva de otro subproducto. Cuando
un desembolso considerable en impuestos es un prerrequisito para iniciar un
negocio, las grandes acumulaciones de capital tienen una evidente ventaja
competitiva y difícilmente podríamos esperar de estos capitalistas que
defiendan una rebaja en los impuestos. Cualquier granjero puede fabricar
whisky y muchos lo hacen, pero la inversión necesaria en timbres fiscales y
distintas tasas de licencia hacen que apertura de una destilería y la
organización de agencias de distribución sea un negocio sólo para grandes
capitales. Los impuestos han obligado a las agradables cantinas de propiedad
individual a dar paso al bar de lujo bajo hipoteca a la cervecera o la destilería.
Igualmente, la fabricación de cigarrillos se ha concentrado en las manos de
unas pocas corporaciones gigantescas con la ayuda de nuestro sistema fiscal:
cerca de tres cuartas partes del precio de venta de un paquete de cigarrillos son
una recarga por impuestos. Realmente sería extraños que esos intereses fueran
a oponerse a los impuestos indirectos (lo que nunca harán), así que el
consumidor desinformado, sin voz y desorganizado se ve forzado a pagar el
precio superior generado por la competencia limitada.
Los impuestos directos se diferencian de los indirectos no sólo en la forma de
recaudación, sino asimismo en el hecho más importante de que no pueden
trasladarse: quienes los pagan no pueden reclamar su reembolso a otros. La
incidencia de los impuestos directos recae principalmente en rentas y
acumulaciones, en lugar de en bienes en el proceso de intercambio. Se nos
grava por lo que tenemos, no por lo que compramos, en las ganancias
empresariales o los pagos por servicios ya prestados, no los ingresos
anticipados. Así que no hay manera de pasar la carga. El pagador no tiene
alternativa.
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Los claros impuestos directos son los que se recaudan en rentas, herencias,
donaciones, valor del terreno. Veremos que esas apropiaciones se prestan a la
propaganda de que paguen los ricos y se apoyan en la envidia de los
incompetentes, la amargura de la pobreza, la sensación de injusticia que
engendra nuestra economía monopolística. Se ha defendido la fiscalidad
directa desde los tiempos coloniales (junto con el sufragio universal), como
una implantación necesaria para la democracia, como el instrumento esencial
de “nivelación”. La oposición de los ricos a los impuestos directos añadió
virulencia a los reformistas que defendían éstos. En tiempos normales, el
Estado es incapaz de superar esta oposición bien trenzada, organizada y plena
de recursos. Pero cuando la guerra o la necesidad de mejorar la pobreza
masiva exprimen la bolsa del Estado hasta su límite y nuevos impuestos
indirectos se hacen imposibles o amenazan la paz social, la oposición debe
ceder. El Estado nunca renuncia completamente a las prerrogativas que
adquiere durante una “emergencia” y así, después de una serie de guerras y
depresiones, los impuestos directos se convirtieron en parte integrante de
nuestra política fiscal y aquéllos en quienes recaen deben contentarse con
recortar los gravámenes o tratar de transferirlos de un hombro a otro.
Aunque se había previsto, durante los debates del impuesto sobre la renta en la
primera parte del siglo, la etiqueta de que paguen los ricos resultó ser un
término malévolamente equivocado. Era imposible que el Estado se
contuviera una vez que este instrumento de obtener ingresos adicionales
estuviera en sus manos. Una renta es una renta, venga de dividendos,
operaciones del mercado negro, ganancias del juego o simples salarios. A
medida que aumentan los gastos del Estado, lo que siempre ocurre, las
inhibiciones legales y consideraciones de justicia o compasión se dejan de
lado y el estado mete mano a todos los bolsillos. Así, en Filadelfia, el poder
político reclama que el empresario deduzca una cantidad del sobre de la paga,
no sólo como retención del salario, sino aún más mediante los llamados
impuestos de seguridad social. Por cierto que éstos demuestran la completa
inmoralidad del poder político. Los impuestos de seguridad social no son sino
impuestos a los salarios en toda su extensión y se les dio un nombre equívoco
deliberada y maliciosamente. Incluso la parte que “paga” el empresario acaba
siendo abonada por el trabajador en el precio de los bienes que consume, pues
es obvio que esta parte es un mero coste de operación y se repercute con un
recargo. La recaudación de los impuestos de la seguridad social no se deja
aparte para pagar “beneficios” sociales, sino que se incluye en el fondo fiscal
general, sujeto a cualquier apropiación, y cuando se acaba autorizando una
miseria a un anciano, se paga con la recaudación fiscal actual. No es
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comparable en modo alguno con un seguro, ficción que se ha abierto paso en
nuestra política fiscal, sino que es un impuesto directo a los salarios.
Hay más gente en los tramos de bajos ingresos que los altos; hay más legados
pequeños que grandes. Por tanto, en el total, aquéllos que son menos capaces
de soportar las cargas de que paguen los ricos, son los que las sufren. El
intento de ocultar esta desigualdad por un sistema de graduaciones no es real.
Incluso un pequeño impuesto a una renta de mil dólares anuales causará al
pagador alguna dificultad, mientras que un impuesto del 50% sobre cincuenta
mil dólares deja suficiente para vivir confortablemente. Hay una enorme
diferencia entre arreglárselas sin un nuevo automóvil y seguir usando unos
pantalones con remiendos. También debería recordarse que el ingreso del
trabajador casi siempre está limitado a los salarios, que son fáciles de registrar,
mientras que las grandes rentas derivan principalmente de negocios u
operaciones de juego y no son tan fáciles de percibir; ya sea por intentar pagar
todo el impuesto o por las necesarias ambigüedades que hacen que la cantidad
exacta sea asunto de conjeturas en la contabilidad, quienes tengan grandes
rentas se ven favorecidos. Son los pobres los que pagan más por los impuestos
para que paguen los ricos.
Los impuestos de todo tipo desalientan la producción. El hombre trabaja para
satisfacer sus deseos, no para financiar el Estado. Cuando se le quitan los
resultados de sus trabajos, sea por bandidos o por la sociedad organizada, su
inclinación es limitar su producción a la cantidad que puede quedarse y
disfrutar. Durante la guerra, cuando se introdujo la retención en las nóminas,
los trabajadores tuvieron que adivinar la paga que llagaba a casa y se
despedían cuando este neto, después de impuestos, no mostraba ningún
incremento comparado con el trabajo extra que costaría: el ocio también es
una satisfacción. El que busca premios rechaza otro compromiso lucrativo
porque el ingreso adicional llevaría a su renta anual a un tramo impositivo más
alto. De forma parecida, todo empresario debe tener en consideración, cuando
sopesa el riesgo y la posibilidad de ganancia en una nueva empresa, la
certidumbre de una compensación en impuestos en caso de éxito, y el tamaño
de las acumulaciones de capital abortadas por los impuestos de sucesiones.
Mientras nos ocupamos del asunto del desaliento de la producción por los
impuestos, no deberíamos olvidar el mayor peso de los impuestos indirectos,
aunque esto no sea tan obvio. El nivel de producción de una nación viene
determinado por el poder de compra de sus ciudadanos y en la medida en que
este poder viene minado por los gravámenes, el nivel de la producción se
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educe proporcionalmente. Es un silogismo estúpido y perfectamente
indecente mantener que lo que recauda el Estado lo gasta y que por tanto no
hay rebaja en el poder total de compra. Los ladrones también gastan su botín
con mucha más generosidad que los verdaderos propietarios y basándose en el
gasto podríamos hacer una defensa del valor social del robo. Es la producción,
no el gasto, lo que engendra producción. Sólo mediante la aportación de
contribuciones comercializables al fondo general de riqueza se aceleran los
engranajes de la industria. Por el contrario, toda deducción de este fondo
general de riqueza ralentiza la industria y todo gravamen a los ahorros
desanima la acumulación de capital. ¿Por qué trabajar si no se gana nada?
¿Por qué abrir un negocio para sostener a los políticos?
En principio, como percibieron los redactores de la Constitución, el impuesto
directo es el peor, pues niega directamente la sacralidad de la propiedad
privada. Por su mismo sigilo, el impuesto indirecto es un reconocimiento
ambiguo del derecho del individuo a sus ganancias: el Estado se acerca
sigilosamente al propietario, por decirlo así, y se lleva lo que necesita
alegando dicha necesidad, pero no tiene la temeridad de cuestionar el derecho
del propietario a sus bienes. Sin embargo el impuesto directo proclama
rotunda y descaradamente el derecho prioritario del Estado sobre todas las
propiedades. La propiedad privada se convierte en una concesión temporal y
revocable. El ideal jeffersoniano de derechos inalienables se ve así liquidado y
sustituido por el concepto marxista de la supremacía del estado. Es mediante
la política fiscal, más que mediante la revolución violenta o la apelación a la
razón o la educación popular o cualquier fuerza histórica ineluctable, mediante
la que se lleva a cabo lo sustancial del socialismo. Advirtamos cómo se ha
logrado la centralización que deseaba Alexander Hamilton a partir de la
implantación del impuesto federal sobre la renta, cómo se ha disuelto en la
práctica la unión de comunidades independientes. Las comunidades se han
reducido al estado de distritos, el individuo ya no es un ciudadano de su
comunidad, sino un súbdito del gobierno federal.
Una inmoralidad básica se convierte en el centro de un vórtice de
inmoralidades. Cuando el Estado invade el derecho del individuo al producto
de su trabajo se apropia de una autoridad contraria a la naturaleza de las cosas
y por tanto establece un modelo no ético de comportamiento, tanto para él
como para aquéllos contra los que ejercita su autoridad. Así que el impuesto
sobre la renta ha hecho al Estado cómplice de lo obtenido del crimen; la ley no
puede distinguir entre rentas derivadas de la producción y rentas derivadas del
robo; no le preocupa su origen. Igualmente esta negación de la propiedad
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genera un resentimiento que se convierte en perjurio y falta de honradez.
Hombres que en sus asuntos personales difícilmente recurrirían a esos
métodos, o que se verían en el ostracismo social por practicarlos, se
enorgullecen y les felicitan al evadir las leyes del impuesto de la renta: se
considera adecuado emplear las mentes más hábiles para esto. Aun más
degradante es animar al espionaje mutuo mediante sobornos. Ninguna otra
medida en la historia de este país ha causado una indiferencia de principios
comparable en los asuntos públicos o ha tenido un efecto tan deteriorante en la
moralidad.
Para abrirse paso a la buena voluntad de sus víctimas, los impuestos se han
rodeado de doctrinas de justificación. Ninguna ley que no tenga la aprobación
o aquiescencia pública puede implantarse y para obtener ese apoyo debe
dirigirse a nuestro sentido de la rectitud. Esto es particularmente necesario
para normas que autoricen a llevarse la propiedad privada.
Hasta hace poco, los impuestos se defendían por la necesidad de mantener las
funciones necesarias del gobierno, llamadas generalmente “servicios
sociales”. Pero, al ser parte de la naturaleza del poder político que no puede
restringirse el área de su actividad, su expansión se produce en proporción a la
falta de resistencia que encuentra. La resistencia al ejercicio de este poder
refleja un espíritu de confianza en sí mismo, que a su vez depende de un
sentimiento de seguridad económica. Cuando falla una economía en general,
la inclinación de la gente, desconcertada por no entender sus causas básicas, es
dirigirse a cualquier curandero que prometa alivio. El político sirve con gusto
para esto: sus honorarios son el poder, implantado con dinero. Ocultas a la
opinión pública están las acciones del poder político en el fondo del mal
económico, como los privilegios de monopolio, las guerras y los propios
impuestos. Por tanto la promesa de alivio es suficiente por sí misma y se
produce el acuerdo. Así ha resultado que el área del poder político ha invadido
cada vez más actividades sociales y con cada expansión se añade otra
justificación para los impuestos. La actual filosofía tiende hacia la
identificación de la política con la sociedad, la erradicación del individuo
como unidad esencial y la sustitución de un total metafísico y por tanto la
eliminación del concepto de propiedad privada. Ahora los impuestos se
justifican no por la necesidad de ingresar para gestionar los servicios sociales
específicos, sino como un medio necesario para un mejoramiento social no
especificado.
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Ambos postulados de los impuestos son en realidad idénticos en que derivan
de la aceptación de un derecho prioritario del estado a los productos del
trabajo, pero a afectos del análisis es mejor tratarlos por separado.
Los impuestos para servicios sociales dan a entender un intercambio
equitativo. Sugiere un quid pro quo, una relación de justicia. Pero la condición
esencial de los intercambios, que es que deben realizarse voluntariamente, está
ausente en los impuestos: su mismo uso de la compulsión elimina a los
impuestos del campo del comercio y les pone directamente en el de la política.
Los impuestos no pueden compararse a deudas pagadas a una organización
voluntaria por esos servicios como cabe esperar de ser miembros, porque no
existe la posibilidad de abandono. Al rechazar un intercambio podemos
denegarnos un beneficio, pero la única alternativa al pago de impuestos es la
cárcel. La sugerencia de la equidad en la tasación es falaz. Si obtenemos algo
de los impuestos que pagamos no es porque queramos: nos viene impuesto.
En relación con los servicios sociales, una comunidad puede compararse con
un gran edificio de oficinas en el que los ocupantes, realizando negocios muy
diversos, hacen uso de instalaciones comunes, como ascensores, limpieza,
calefacción, etc. Cuantos más inquilinos haya en el edificio, más dependientes
son todos de estas especializaciones generales y los operadores del edificio las
suministran en una tarifa a prorrata: la tarifa se incluye en el alquiler. Cada
uno de los inquilinos puede realizar sus negocios más eficientemente porque
no tiene que ocuparse de su parte en las tareas generales.
Así son los ciudadanos de una comunidad más capaces de desarrollar sus
distintas ocupaciones porque se mantienen las calles, los bomberos están
alerta, el departamento de policía ofrece protección a la vida y la propiedad.
Cuando una sociedad se está organizando, como un pueblo fronterizo, la
necesidad de estos servicios generales se cubre mediante trabajo voluntario.
La carretera se mantiene abierta por sus usuarios, hay un departamento
voluntario de bomberos, el anciano respetado realiza las tareas de un juez. A
medida que crece el pueblo, estos trabajos extra se convierten en demasiado
onerosos y complicados para los voluntarios, cuyos asuntos privados deben
sufrir por el aumento en la demanda, así que aparece la necesidad de contratar
especialistas. Para cubrir el gasto, se dice, debe recurrirse a los impuestos
obligatorios y la pregunta es ¿por qué deben los residentes verse obligados a
pagar por quitarles el trabajo que antes realizaban por propia voluntad? ¿Por
qué la coerción es correlativa a los impuestos?
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No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos: esa
afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de
que se introduzcan los impuestos. Los servicios aparecen porque se necesitan.
Se pagan porque hay una necesidad de ellos al principio con trabajo y, en
algunos pocos casos, con contribuciones voluntarias de bienes y dinero: el
intercambio es sin coacción y por tanto justo. Sólo cuando el poder político se
apropia de la gestión de estos servicios aparece el impuesto obligatorio. No es
el coste de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el coste del
mantenimiento del poder político.
En el caso de los servicios generales en el edificio, el coste se cubre mediante
el pago de la renta en proporción de acuerdo con el tamaño y ubicación del
espacio ocupado y la cantidad la fija el único árbitro equitativo del valor, la
competencia. Igualmente en la comunidad en crecimiento el coste de los
servicios sociales podría cobrarse equitativamente por la ocupación de puestos
dentro de la comunidad y esta carga se fijaría inmediatamente porque los
establece la negociación y operación del mercado. Cuando buscamos el origen
del valor de estas ubicaciones descubrimos que deriva de la presencia y
actividad de la población: cuanta más gente compita por el uso de esas
posiciones, mayor será su valor. También es cierto que con el crecimiento de
la población se produce un aumento de la necesidad de servicios sociales, y
parecería que los valores que aparecen por la integración deberían en justicia
ser aplicados a la necesidad que también deriva de ella. En una polis libre de
coacción política se aplicaría un acuerdo así y en algunos casos históricos de
poder político débil descubrimos que la renta inmobiliaria se usó de esta forma
social.
Toda la historia apunta al fin económico del poder político. Es el instrumento
efectivo de las prácticas de explotación. Hablando en general, la evolución de
la explotación política sigue un patrón fijo: robo dándose a la fuga, tributos
regulares, esclavitud, percepción de rentas. En la etapa final, y después de una
larga experiencia, la percepción de rentas se convierte en el principal método
de explotación y el poder político necesario para ello se financia con los
tributos a la producción, Siglos de acomodamiento nos han habituado al
negocio, la ley y la costumbre le han dado un aura de rectitud: la apropiación
pública de la propiedad privada mediante los impuestos y la apropiación
privada de la propiedad pública mediante percepción de rentas se han
convertido en instituciones incuestionables. Son nuestras mores.
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Y así, a medida que crecen las integraciones sociales y la necesidad de
servicios generales crece a la vez, nos dirigimos a los impuestos por un largo
hábito. No conocemos otro camino. Entonces, ¿por qué protestamos por pagar
impuestos? ¿Puede ser que seamos, en el fondo, concientes de una iniquidad?
Están las facilidades de las calles, mantenerlas limpias y luminosas, el
suministro de agua, el alcantarillado, etc., que hacen a todos nuestra
permanencia en la comunidad cómoda y confortable y el coste debe
sufragarse. El coste se sufraga con nuestros salarios. Pero luego descubrimos
que por una determinada cantidad de trabajo no ganaríamos más de lo que
podríamos en una comunidad que no tenga estas ventajas. En la periferia, la
tarifa por hora, para el mismo tipo de trabajo, es el mismo que en la
metrópolis. El capital no gana menos, por dólar invertido, en Main Street que
en Broadway. Es cierto que en una metrópolis tenemos más oportunidades de
trabajar y podemos trabajar más duro. En el pueblo, el tempo es más lento,
trabajan menos y ganan menos. Pero cuando oponemos a nuestras mayores
ganancias el coste de rentas e impuestos de la gran ciudad, ¿tenemos más
satisfacciones? No necesitamos ser economistas para apreciar la
incongruencia.
Si trabajamos más en la ciudad, producimos más. Si, por otro lado, no
tenemos más en neto ¿a dónde va el aumento? Bueno, donde está ahora el
edificio del banco había en otros tiempos una pocilga y en lo que una vez fue
el terreno de un establo ahora están los grandes almacenes. El valor de estos
sitios ha aumentado tremendamente, en realidad en proporción a la
multiplicidad de los servicios sociales que reclama la floreciente población.
Así que el lugar en que acaba nuestro incremento de productividad es en los
terrenos y los propietarios de éstos son de hecho los beneficiarios de los
servicios sociales para el mantenimiento de los cuales nos vemos obligados a
renunciar a nuestros salarios.
Por tanto es el terrateniente el que se beneficia de los impuestos. Realmente él
posee los servicios sociales pagados por la producción, Lo sabe, actúa
descaradamente, nos lo dice siempre que pone su propiedad en venta. En sus
anuncios habla acerca de las facilidades de transporte de las que disfruta, la
escuela cercana, la eficiente protección de bomberos y policía pagados por la
comunidad: capitaliza todas estas ventajas en su precio. Todo esta claro y
encima de la mesa. Lo que no se anuncia es que los servicios sociales que
ofrece en venta se han pagado mediante cargas obligatorias recaudadas de lo
que produce el público. Esta gente recibe por sus molestias el vacuo placer de
escribir a sus primos del pueblo acerca de las maravillas de la gran ciudad,
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especialmente la maravilla de ser capaz de trabajar más intensamente para
poder pagar las maravillas.
Llegamos a que en la moderna doctrina tributaria su justificación es el fin
social al que se dedica el ingreso. Aunque se ha anunciado descaradamente
como un principio descubierto en los últimos años, la práctica de los
impuestos para la mejora de las condiciones sociales es muy antigua: Roma lo
hacía en su decadencia y los impuestos para mantener las casas de pobres se
recaudaban mucho antes de que el trabajador social universitario les diera
proporciones de panacea. Es interesante advertir que esta doctrina se convirtió
en una filosofía de los impuestos durante la década de la Depresión, la de
1930. Así que se califica a sí misma como el remedio humanitario para la
enfermedad de los pobres en medio de la abundancia, el tratamiento caritativo
de primeros auxilios ante la injusticia aparente. Como todas las propuestas que
nacen de la bondad de corazón, la tributación para fines sociales es un fácil
tratamiento superficial de una enfermedad de raíces profundas y como tal está
destinado a hacer más mal que bien.
En primer lugar, esta doctrina rechaza inequívocamente el derecho de la
persona a su propiedad. Eso es básico. Habiendo establecido esta premisa
importante, se salta a la conclusión de que la “necesidad social” es el fin de
toda producción, que el hombre trabaja, o debería trabajar, por el bien de la
masa. Los impuestos son el medio apropiado para difundir el resultado del
trabajo. No preocupa el control de la producción o los medios de adquirir la
propiedad, sino sólo su distribución. Por lo tanto, estrictamente hablando, la
doctrina no es socialista y sus defensores normalmente se apresuran a negar
esa acusación. Lo que proponen, según dicen, es una reforma, no una
revolución, como los niños cuyas inocentes hogueras incendian el bosque.
La doctrina no distingue entre propiedad adquirida por privilegio y propiedad
adquirida por producción. No puede, no debe, hacerlo, pues al hacerlo
cuestionaría la validez de la tributación en general. Por ejemplo, si se aboliera
la tributación, el coste de mantener los servicios sociales de una comunidad no
tendrían financiación (no hay otras fuentes) y el privilegio de apropiarse de las
rentas desaparecería. Si se aboliera la tributación, las sinecuras de los
funcionarios se desvanecerían y esto constituye en el total un privilegio que
recae más duramente sobre la producción. Si se aboliera la tributación, le
deuda pública sería imposible, para consternación de los tenedores de bonos.
La tributación para fines sociales no contempla la abolición del privilegio
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existente, sino que contempla el establecimiento de nuevos privilegios
burocráticos. Por eso no se atreve a ocuparse del problema básico.
Además, al desanimar la producción como consecuencia de la imposición de
este plan, se agrava la condición que se esperaba corregir. Si Tom, Dick y
Harry se dedican a fabricar bienes y prestar servicios, quitarles algo a alguno,
aunque lo que se les quite se le entregue a otro, debe rebajar la economía de
todos ellos. La opulencia de Tom, como fabricante, se debe al hecho de que ha
servido a Dick y Harry de una forma que éstos encontraban deseable. Puede
ser más trabajador o tener mejores habilidades y por eso le favorecen siendo
sus clientes; aunque ha adquirido abundancia no la ha hecho a su costa: tiene
porque ellos tienen. En cualquier intercambio equitativo hay dos beneficios, el
del comprador y el del vendedor. Cada uno entrega lo que quiere menos por lo
que desea más ambos consiguen un aumento en el valor. Pero cuando el poder
político priva a Tom de sus posesiones, éste cesa de ser cliente de Dick y
Harry en la cantidad desfalcada. Pierden a un cliente por el importe del
impuesto y en consecuencia pierden el empleo. El subsidio que se les da
realmente les empobrece, igual que ha empobrecido a Tom. La economía de
una comunidad no mejora con la distribución de lo que ya se ha producido
sino por un aumento en la abundancia de las cosas de las que vive la gente;
vivimos de la producción actual, no de la pasada. Por tanto cualquier medida
que desanime, restrinja o interfiera en la producción debe rebajar la economía
en general y está claro que la tributación para fines sociales es una medida de
este tipo.
Dejando aparte su economía, las implicaciones políticas de esta política fiscal
filantrópica no llevan a una revolución de primera magnitud. Como la
tributación, incluso cuando se disfraza de mejora social, debe venir
acompañada de compulsión, sus límites deben coincidir con los del poder
político. Si el fin a alcanzar es el “bien social” el poder de apropiación puede
perfectamente extenderse a toda la producción, pues ¿quién puede decir dónde
termina el “bien social”? Actualmente el “bien social” incluye la
escolarización gratuita incluyendo cursos de postgrado y profesionales, la
hospitalización y servicios médicos gratuitos, seguro de desempleo y pensión
de jubilación, subvenciones al campo y ayudas a las industrias nacientes,
servicios de empleo gratuito y casas de renta baja, contribuciones a la marina
mercante y proyectos para el avance en las artes y las ciencias y así
sucesivamente, aproximándose al infinito. El “bien social” se ha
desparramado de una materia privada a otra y la definición de este término
indeterminado se hace cada vez más elástica. El derecho democrático a estar
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equivocado, mal informado, mal aconsejado o incluso a ser estúpido no
supone una restricción a la imaginación de quienes se dedican a interpretar la
frase, y adonde va la interpretación, va el poder de obligar al cumplimiento.
El final de la tributación para fines sociales es el absolutismo, no sólo porque
el creciente poder fiscal conlleva un aumento igual en el poder político, sino
porque la inversión de los ingresos en la persona por parte del Estado le da un
interés pecuniario a aquél. Si el Estado le cubre todas sus necesidades y le
mantiene sano y con cierto grado de confort, debe considerarlo un activo
valioso, una pieza de capital. Cualquier reclamación de derechos individuales
se liquida por la inversión de dinero de la sociedad. El Estado se ocupa de
proteger la inversión de la sociedad, como el reembolso y el beneficio, por
medio de los impuestos. El poderoso motor alojado en cada individuo debe
dedicarse al mejor uso para la mejora de los fines sociales, tal y como prevé la
dirección. Así que el plan fiscal que empieza con la distribución se ve forzado
por la lógica de los acontecimientos al control de la producción. Y el concepto
de derechos naturales resulta inconsistente con la obligación social del
individuo. Vive para el Estado que le alimenta. Pertenece al Estado por
derecho de compra.
La declaración final de rectitud de la tributación es la fórmula de capacidad de
pago y resulta ser un caso con demasiada objeciones. En los gravámenes a los
bienes, de los que el estado obtiene la mayoría de sus ingresos, la fórmula no
es aplicable. Ya sea nuestro ingreso de mil dólares al año o al día, el impuesto
en una barra de pan es el mismo: la capacidad de pago no interviene. A causa
de los impuestos en los productos de primera necesidad, el hombre pobre
puede verse privado de alguna satisfacción marginal, como una pipa de
tabaco, mientras que el rico, que paga los mismos impuestos en esos
productos, difícilmente se verá tentado de dejar su puro. En los más
importantes impuestos indirectos, por tanto, la fórmula mágica de la justicia
social no existe.
Sólo es aplicable para gravar ingresos antes de su gasto y aquí de nuevo su
declaración de equidad resulta ser falsa. Todo impuesto a los salarios, no
importa lo pequeño que sea, afecta al nivel de vida del trabajador, mientras
que el impuesto al rico sólo afecta a sus lujos. La proclamación de equidad
que implica la fórmula viene negada por este hecho. De hecho esta afirmación
sólo sería válida si el estado confiscara todo por encima de un nivel de vida
predeterminado e igual para todos, pero entonces, claro, se habría establecido
la igualdad en la confiscación.
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Pero de la capacidad de pago no puede venir nada bueno, porque es en sí
misma una inmoralidad. ¿Qué es sino la norma del bandolero de robar donde
le viene mejor? Ni el bandolero ni el recaudador de impuestos piensan en el
origen de la riqueza de la víctima, sólo en su cantidad. El Estado no es muy
distinto, al llevarse lo que puede, de ladrones, asesinos o prostitutas reales o
presuntos y su vigilancia sobre este aspecto está tan firmemente establecida
que los que quebrantan otras leyes encuentran sensato cumplir
escrupulosamente con el impuesto de la renta. Sin embargo, la capacidad de
pago tiene apoyo popular (y debe reconocerse como la razón de su
promulgación) a causa de cualidad implícita de justicia. Es una apelación a la
envidia de los incompetentes así como al desafecto de las masas otorgado a la
pobreza involuntaria por nuestro sistema de privilegios.
Para apoyar la fórmula existe el argumento de que las rentas están
relacionadas con las oportunidades permitidas por el Estado y que la cantidad
del impuesto es meramente un pago por estas oportunidades. De nuevo el quid
pro quo. Esto es sólo parcialmente cierto y en un sentido no pretendido por los
defensores de esta fórmula fiscal. Allá donde el ingreso deriva del privilegio
(y todo privilegio se basa en el poder del estado) es evidentemente justo que el
estado confisque lo recaudado, aunque sería más justo si el estado no
estableciera el privilegio en primer lugar. La renta de monopolio de recursos
naturales, por ejemplo, es un ingreso por el que no se rinde ningún servicio a
la sociedad y se recauda sólo porque el estado lo apoya: un impuesto del 100%
sería por tanto igual de equitativo. Los beneficios de de los aranceles
proteccionistas serían justos para el recaudador de impuestos. Un gravamen a
todos los negocios subvencionados por la cantidad total de las subvenciones,
tendría sentido, aunque seguiría requiriendo explicación el otorgamiento de
subvenciones. Recompensas, subsidios de desempleo, beneficios del “mercado
negro” posibilitados por las restricciones políticas, los beneficios sobre
contratos con el gobierno… todo ingreso que desaparecería si el estado
suprimiera su apoyo, podría ser adecuadamente gravado. En ese caso, el
Estado estaría llevándose aquello de lo que es responsable.
Pero ese no es el argumento de los energúmenos de la capacidad de pago.
Éstos insisten en que el Estado es un factor que contribuye a la producción y
que sus servicios tendrían que remunerarse adecuadamente; la medida del
valor de estos servicios es el ingreso de sus ciudadanos y un impuesto gradual
sobre estos ingresos es sólo la compensación debida. Si las ganancias reflejan
los servicios del Estado, se deduce que las mayores ganancias derivan de
mayores servicios y la conclusión lógica es que el Estado es un mejor servidor
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de los ricos que de los pobres. Puede que sea así, pero es dudoso que los
expertos fiscales deseen llegar a esa conclusión: lo que quieren que creamos
es que el Estado nos ayuda a mejorar nuestras circunstancias. Esa idea da
lugar a algunas preguntas provocativas. ¿Por el impuesto que paga el granjero
disfruta de mejor clima? ¿O el mercader de un mercado más activo? ¿Mejora
la habilidad del mecánico por algo que hace el Estado con lo que le quita?
¿Cómo puede el Estado estimular la imaginación del genio creativo o añadir
inteligencia al filósofo? ¿Cuándo el Estado se lleva un dinero del jugador
mejora su suerte? ¿Aumentan las ganancias de la prostituta porque su
comercio se legalice y grave? ¿Qué papel desempeña el Estado en la
producción para justificar su tajada? El Estado no da, simplemente toma.
Sin embargo, todo este argumento es una concesión a la confusión con la que
la costumbre, la ley y los sofismas han ocultado el verdadero carácter del
sistema tributario. No puede haber un impuesto bueno ni justo: todo impuesto
se basa en la coacción.
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Frank Chodorov (1887-1966) fue un defensor del libre mercado, el
individualismo y la paz. Empezó apoyando a Henry George y editó la revista
georgista The Freeman antes de fundar su propio periódico, que fue el
influyente Human Events. Después fundó otra versión de The Freeman para la
Foundation for Economic Education y dio clases en la Freedom School en
Colorado.
Este artículo se publicó originalmente en 1947 como folleto de Human Events
Associates. Se reimprimió en 1962 como capítulo 22 de Out of Step: The
Autobiography of an Individualist.
Published Thu, Feb 25 2010 5:28 PM by euribe
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