Mi Gente

Ex fiscal Pedro Orthusteguy sobre necesidad de monitoriar a los fiscales:
“Creo firmemente en la autonomía
del Ministerio Público y en la
independencia del Poder Judicial”
Texto: Gabriel Angulo - Foto: Emol
Valora la independencia
del organismo
al que perteneció
durante
trece años, pero si
se estableciera un
“Observatorio Judicial” para fiscalizar
a los fiscales, “es siempre bienvenido
en la medida que se respeten dichos
principios. Un análisis estadístico, sociológico
o criminológico de la información
contenida en los fallos, estaría
dentro de ese marco. Si se extiende al
ámbito del derecho, creo que se traspasaría
el límite constitucional”, dice.
El también ex presidente de la
Asociación Nacional de Fiscales
(ANF), ahora ejerce su profesión de
forma privada en el estudio Horvath,
Daza & Farachi. Lo entrevistamos en
Mi Gente para que opinara acerca de
las mejoras que se deben hacer en la
entidad persecutora.
Durante las últimas semanas, el
debate se ha centrado en la necesidad
de mejorar el sistema procesal penal.
La propuesta que ha sonado fuerte
es la de la carta presidencialista del
oficialismo, Evelyn Matthei (UDI),
quien señaló que, de resultar electa,
inauguraría un “Observatorio Judicial”
–controlado por la Universidad
Adolfo Ibáñez-, que analice los fallos
de los jueces de garantía. A juicio de
ella, los magistrados han sido demasiado
garantistas, desprotegiendo a las
víctimas y provocando que los delincuentes
reincidan.
A raíz de esta iniciativa, surge el
cuestionamiento válido del rol que
juega el Ministerio Público. Si se
quiere observar a los magistrados para
evaluar su labor, ¿Por qué no hacer lo
mismo con los fiscales? En otras palabras,
¿Quién fiscaliza a los fiscales?
Para responder a la interrogante, conversamos
en Mi Gente con el ex fiscal,
Pedro Orthusteguy Hinrichsen.
El jurista trabajó trece años como
fiscal y llegó a ser presidente de la
Asociación Nacional de Fiscales
(ANF). Hoy, por mejores expectativas
profesionales, se desempaña en el
mundo privado. Específicamente, en
el estudio Horvath, Daza & Farachi.
El mismo que defiende en el
“Caso Bomba”, Universidad
del Mar, y al ex gerente de la
Fiscalía Nacional, Sergio Lillo,
por supuesta manipulación
de metas al interior de la entidad
persecutora.
En agosto, el abogado
dejó la Fiscalía. Se suma a
otros cincuenta que se han retirado
por diferentes motivos.
Lo anterior, da cuenta de una
falta de dotación, que se resolvería
si el gobierno entrante
aprueba el plan de fortalecimiento
institucional que él
mismo presentó con el respaldo
de los funcionarios.
“La principal falencia es
la falta de recursos humanos
para atender la actual demanda
y la ausencia de carrera
profesional para los fiscales. Otras
falencias, no menos importantes, se
refieren a mejorar los niveles de transparencia
hacia el exterior, al acceso de
la información para los intervinientes
en el proceso penal y la falta de controles
externos”, afirma.
¿De qué forma se podría fiscalizar
a los fiscales?
“Existen diferentes mecanismos
de control a la labor investigativa de
los fiscales adjuntos: el control del
juez de garantía, el propio defensor
público o privado, la evaluación de
credibilidad que hacen los jueces del
tribunal oral y el control jerárquico
disciplinario de los fiscales regionales
y el fiscal nacional. Asimismo, se
rinde cuenta pública una vez al año, y
además deben remitir información de
diversa índole al Congreso, de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley de presupuesto”.
Pero, se han detectado falencias….
“Hay falencias en ciertos ámbitos
que pueden mejorarse, como el acceso
público a la información de los actos
administrativos del Ministerio Público,
así como los sumarios y oficios
internos. También debiera permitirse
la función jurídica y auditora de Contraloría
General de la República, respecto
del uso de los recursos y actos
administrativos del Ministerio Público
(no en el ámbito investigativo). Darle
competencia a los tribunales laborales
respecto a reclamaciones de funcionarios
y fiscales que se sientan afectados
en sus derechos (…) me parece una
buena idea la existencia de un “Fiscal
Especial”, externo a la institución,
para investigar la responsabilidad administrativa
y penal en el caso de verse
involucrado algún fiscal”.
¿Estaría de acuerdo con que
existiera un “Observatorio
Judicial” que evalúe el desempeño
del Ministerio Público,
tal como se ha propuesto
para los jueces?
“Creo firmemente en la autonomía
del Ministerio Público y en la
independencia del Poder Judicial, por
lo que cualquier observatorio externo
es siempre bienvenido en la medida
que se respeten dichos principios.
Un análisis estadístico, sociológico o
criminológico de la información contenida
en los fallos estaría dentro de
ese marco. Si se extiende al ámbito
del derecho, creo que se traspasaría el
límite constitucional”.
¿Cuál es el principal problema
que detecta?
“La principal falencia es la falta
de recursos humanos para atender la
actual demanda y la ausencia de carrera
profesional para los fiscales.
Otras falencias, no menos importantes,
se refieren a mejorar los niveles
de transparencia hacia el exterior, al
acceso de la información para los intervinientes
en el proceso penal y la
falta de controles externos, referidos
únicamente al ámbito administrativo”.
¿Qué cambios propondría,
dada su experiencia dentro
de la institución?
“Deben modificarse los requisitos
y sistemas de nombramiento de
sus autoridades superiores. También
disminuir a dos años la duración de
dichos cargos, permitiendo que continúen
como fiscales operativos por
cinco ó diez años en la institución, en
algún tipo “Consejo Superior”, cuyos
votos sean vinculantes para el Fiscal
Nacional, para ciertas decisiones y
finalmente instar a los cambios legislativos
que mejoren los mecanismos
de control externo en el ámbito administrativo
y el “Fiscal Especial” para
ilícitos internos”.
Mi Gente / 11