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298 JUAN ARIAS GÓMEZ
por la norma. Por lo que la propuesta de los Cardenales sólo ha
conseguido obstaculizar aún más la incidencia, aunque sea mitigada,
del principio de legalidad, o, al menos, obscurecer la presencia
de los requisitos indispensables para la posible aplicación de la
discrecionalidad por parte de los superiores con potestad de régimen,
claramente establecidos en la formulación anterior del canon
73.
Estando las cosas así no extraña que varios consultores de la
Comisión pidan al Relator que suprima la posible restricción que
el canon 33 impone a los jueces 19, acomodándola al contenido amplio
del principio de discrecionalidad consagrado en el canon 73;
pues de lo contrario existiría contradicción entre ambos cánones 20.
Si a cuanto vengo exponiendo se añade el silencio del Schema
sobre la prohibición de extensión analógica establecida en el canon
2219 del C.LC., puede afirmarse sin ambages que el proyecto de Ley
sobre Derecho penal ha marginado el principio de legalidad.
3. FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Pasando por alto los motivos históricos que justificaron la presencia
del principio de legalidad en los ordenamientos de los Estados,
vaya detenerme a exponer la finalidad que se ha perseguido
con la introducción de tal principio, en concreto, en el sistema
penal; para lo que comenzaré recogiendo su enunciado; «Nullum
crimen, nulla poena sine lege poenali praevia».
La necesidad de una ley penal previa que tipifique el delito
como presupuesto indispensable para poder penar el comportamiento
delictuoso de una persona, está exigido por dos motivos
principales: uno como consecuencia del principio de soberanía popular
que funda todo Estado democrático. Debido a ello, la conducta
de los ciudadanos, así como su posible represión en supuestos
anómalos, ha de estar regulada por las leyes que elaboran los
representantes del pueblo. Leyes a las que ha de someterse tanto
la actividad del gobierno como la de los tribunales. Por lo que ni
el poder ejecutivo, ni el jurisdiccional pueden considerar delictiva
y, por tanto, merecedora de una sanción penal la acción de un
19. El can. 33 del Schema reza así: «Si poena sit indeterminata neque aliud
lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus
gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potes!».
20. Cfr. Communicationes, 1 (1977), p. 165.