Regulación juridica de los partidos politicos en Costa Rica

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RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE
Si la contribución que el Estado debe liquidar a cada partido no alcanza
para cubrir la totalidad de la primera emisión legalizada por el partido,
el cambio por los bonos del Estado se realiza con la disminución proporcional
correspondiente. La misma disposición se aplica a las emisiones
siguientes, si cubierta en su totalidad la primera emisión existe un sobrante.
Los partidos están obligados a cubrir los gastos que el Código Electoral
admite, en dinero efectivo, en bonos de su emisión, o mediante entrega
de documentos de crédito que los partidos adquieran contra la entrega
de bonos. Por el valor de las contribuciones redimibles, las partes deben
entregar bonos de sus emisiones. Por el valor de las contribuciones no
redimibles, los partidos deben entregar recibos o documentos en que expresamente
se señale tal circunstancia.
Para efectos de la cesión del derecho de contribución estatal y en razón
del gasto financiero en que incurren los partidos políticos por poner
en el mercado sus bonos emitidos, que resulta de la diferencia entre el
valor nominal del bono y el precio por el cual será vendido, la tasa máxima
de descuento que se reconoce por el Estado asciende al 15%.
Las operaciones crediticias en el Sistema Bancario Nacional, respaldadas
por las cesiones del derecho a la contribución estatal, deben reportarse
a la Contraloría General de la República.
Las fuentes originales de financiación de los partidos políticos fueron
privadas: donaciones, recolectas públicas, etcétera.
De conformidad con la relación del artículo 19 de la Constitución y
176 bis del Código Electoral, los partidos políticos tienen prohibido
aceptar o recibir, directa o indirectamente, de personas físicas y jurídicas
extranjeras, contribuciones, donaciones, préstamos o aportes, en dinero o
en especie, para sufragar sus gastos de administración y los de sus campañas
electorales.
En consecuencia, ninguna de las personas señaladas puede adquirir
bonos ni realizar otras operaciones que impliquen ventajas económicas
para los partidos políticos. No obstante, quedan autorizados para entregar
contribuciones o donaciones dedicadas específicamente a labores de
capacitación, formación e investigación de los partidos políticos.
Esta última disposición es obviamente inconstitucional, puesto que el
numeral 19 de la carta política prohíbe, de manera tajante, la participación
de los extranjeros en actividades políticas.