Sistema Ecuatoriano Tercerizado de Control Forestal - Catie

Recuadro 2
Argumentos legales de AIMA y COMAFORS contra el contrato con SGS
• La Constitución Política de Ecuador y la Ley de Modernización del Estado permiten la delegación de servicios
públicos al sector privado, pero no permiten la cesión de prerrogativas indelegables del Estado, tales como el
otorgamiento de licitaciones públicas, actividades de control y la recolección y transferencia de impuestos
estatales.
• El contrato entre el MAE y el SGS establece una tarifa a pagar al SGS por sus actividades administrativas y
de control; no obstante, de acuerdo con la Constitución Política de Ecuador y el Código Tributario, los
impuestos pueden ser recolectados únicamente por el estado, no por una entidad privada; asimismo, solo el
Congreso Nacional puede establecer impuestos, no mediante un contrato entre dos entidades.
• La Ley Ecuatoriana para la Promoción de Inversión y Participación Ciudadana confirma que el estado puede
establecer impuestos por servicios administrativos, actividades de control, etc., pero solo con el fin de
recuperar los costos de dichas actividades. Sin embargo, el contrato MAE-SGS establece claramente que la
compañía contratada no solo recuperará sus costos, sino que además obtendrá una ganancia.
• El contrato entre el MAE y la SGS establece una obligación contractual (pago de una tarifa) con un tercer
grupo (compañías forestales privadas) que no son signatarios del contrato, lo que va en contra del Código
Civil del país, que establece que los contratos solamente generan obligaciones para con los signatarios, no
con terceros grupos.
• El contrato establece automáticamente un sistema para el ajuste tarifario de la SGS de acuerdo con la
inflación acumulada del país (Índice de Precio al Consumidor); sin embargo, dicho ajuste automático no es
aceptado por la Ley de Transformación Económica de Ecuador.
• La tarifa de la SGS representa el tercer pago que las compañías forestales privadas deben pagar por servicios
de control, ya que además le pagan al MAE (impuesto forestal) y al regente forestal por este mismo concepto.
Esto es ilegal porque el marco legal de Ecuador no permite que se pague dos o tres veces por el mismo
concepto.
Fuente: AIMA y COMAFORS (2003).
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