(amicus curiae brief). - Juventud Rebelde

ORGANIZACIONES Y PERSONALIDADES DE TODO EL MUNDO SOLICITAN A CORTE
SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS REVISIÓN DEL CASO DE LOS CINCO
El 6 de marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados
Unidos un total de 12 documentos de amigos de la Corte (amicus curiae brief), en
apoyo a la petición presentada por la defensa de los 5 el pasado 30 de enero para
que la Corte reexamine el caso.
10 Premios Nobel entre los que figuran el Presidente de Timor Leste, José Ramos
Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu, José Saramago, Wole Soyinka,
Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead Maguire; el
Senado de México en pleno; la Asamblea Nacional de Panamá; Mary Robinson,
presidenta de Irlanda (1992-97) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (1997-2002) suscribieron los documentos de Amigos de la Corte.
A ellos se sumaron cientos de legisladores de todo el mundo, numerosas
asociaciones de abogados y de derechos humanos de diferentes países,
personalidades internacionales y organizaciones legales y académicas de Estados
Unidos.
Esta cantidad de documentos de Amigos de la Corte constituye un hecho sin
precedentes, ya que representa el mayor número que se haya presentado ante la
Corte Suprema de Estados Unidos para la revisión de un proceso penal.
El extraordinario apoyo al caso de los Cinco surge a partir de la preocupación
generalizada en Estados Unidos y todo el mundo por el hecho de que su juicio fue
realizado en una atmósfera contaminada por los prejuicios contra Cuba y por el
miedo a las represalias que, como dicen los Amigos de la Corte, impidieron al
jurado evaluar de forma justa e imparcial los cargos contra los Cinco.
Los documentos de Amigos de la Corte presentados solicitan a la Corte Suprema
revisar la “justeza” de que los Cinco cubanos fueran condenados por un jurado
de Miami. “El juicio y la condena de los Cinco Cubanos es una vergüenza
nacional,” explicó Michael Ratner, Presidente del Centro para los Derechos
Constitucionales, quien representó a los Premios Nobel en la presentación de su
documento. “Nuestros clientes, diez ganadores del Premios Nobel, aclamados por
sus esfuerzos para hacer progresar los derechos humanos, creen que el juicio fue
también una vergüenza internacional. Este fue un juicio que nunca tuvo que
haberse realizado en Miami. No había forma de que un jurado de ese Miami, con
esa historia de violencia e intimidación contra el Gobierno cubano, pudiera haber
llegado a un veredicto libre de represalias por parte de la comunidad
anticastrista.”

Los documentos presentados el 6 de marzo de 2009 por parte de organizaciones
norteamericanas también piden a la Corte Suprema que revise la eliminación de
afro-norteamericanos del jurado. El fiscal utilizó siete de las nueve veces que
tenía derecho a pedir el cambio de algún miembro del jurado sin dar razones
para ello para eliminar a los jurados negros. La Corte de Apelaciones decidió que
no era necesario hacer ninguna investigación sobre los motivos del fiscal porque
tres de los jurados eran negros, una minoría dentro de un jurado de 12 personas.
Los Amigos de la Corte sostienen que esto les permite a los fiscales enmascarar la
manipulación que puedan hacer de la composición racial de un jurado.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó en el 2005 la
detención de los 5 de arbitraria como resultado de las violaciones cometidas
durante el proceso legal. Resulta significativo que este caso ha sido el único en
los últimos 15 años en que dicha Comisión ha concluido que individuos están
detenidos arbitrariamente en Estados Unidos tomando como base que fueron
sometidos a un juicio injusto. Citando el “clima de parcialidad y prejuicio” en
Miami, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Comisión concluyó que el
“juicio no tuvo lugar en el clima de objetividad e imparcialidad que se requiere
para cumplir con las normas de un juicio justo.”
El gobierno de Estados Unidos debe hacer su presentación de oposición antes del
6 de abril. La Corte Suprema debe decidir si revisa o no el caso antes de su
receso de verano en junio.
Los documentos originales presentados, así como una lista completa de los
amigos de la corte se encuentran en el sitio
http://www.rbskl.com/CubanFiveAmicus.html
AMIGOS DE LA CORTE QUE PRESENTARON DOCUMENTOS DE APOYO A LA
PETICIÓN DE REVISIÓN
INTERNACIONALES
CÁMARA DE SENADORES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASAMBLEA
NACIONAL DE PANAMÁ; MARY ROBINSON (Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (1997-2002) y Presidenta de Irlanda (1992-
1997); Y LEGISLADORES DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DE BRASIL, BÉLGICA,
CHILE, ALEMANIA, IRLANDA, JAPÓN, MÉXICO, ESCOCIA Y EL REINO UNIDO
Abogado: Michael Avery, Facultad de Derecho de la Universidad SUFFOLK
Premios Nobel: Jose Ramos-Horta, Wole Soyinka, Adolfo Pérez Esquivel,
Nadine Gordimer, Rigoberta Menchú, José Saramago, Zhores Alferov, Dario
Fo, Günter Grass, Máiread Corrigan Maguire. Abogados: Michael Ratner,
Margaret Ratner Kunstler, Anjana Samant CENTRO POR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

Federación Iberoamericana del Ombudsman (Defensor del Pueblo); La Orden
de Abogados de Brasil; Las Asociaciones de Abogados de Bélgica; La
Asociación de Abogados de Berlín; La Comisión de Derechos Humanos de La
Orden de Abogados de Portugal; La Federación Internacional de Derechos
Humanos; Federico Mayor Zaragoza (Director General de la Unesco, 1987-
1999); el Juez Juan Guzmán Tapia de Chile; y Organizaciones de Derechos
Humanos, Religiosas y Legales, Profesores de Derecho y Abogados de
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, Japón, México, Panamá,
Portugal, España y el Reino Unido Abogado: Jules Lobel, Universidad
PITTSBURG.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS DEMÓCRATAS Y ASOCIACIÓN
AMERICANA DE JURISTAS. Abogado: Jeanne Mirer, EISNER & MIRER P.C.
ESTADOS UNIDOS
Centro para la Política Internacional; Consejo de Asuntos Hemisféricos
Abogado: Robert L. Muse
Centro de Asistencia Jurídica en Materia de Derechos Civiles de la Facultad de
Derecho de la Universidad Howard Abogados: Kurt L. Schmoke, Decano y
Profesor de Derecho; Aderson Bellegarde Francois, Facultad de Derecho,
Universidad Howard.
Académicos cubano-americanos: Profesores Nelson P. Valdés, Guillermo
Grenier, Félix Masud-Piloto, José A. Cobas, Lourdes Arguelles, Rubén G.
Rumbaut, Louis Pérez. Abogado: Nancy Hollander, MOLLY SCHMIDT-NOWARA
FREEDMAN BOYD HOLLANDER GOLDBERG & IVES P.A.
Asociación de Abogados Criminalistas de la Florida, Capítulo de Miami
Abogados: Fredrick P. Freedman, Presidente; H. Scott Fingerhut; Benjamin S.
Waxman
Asociación Nacional de Abogados Criminalistas. Abogado: Jeffrey W. Sarles,
MAYER BROWN LLP.
Proyecto Nacional de Jurados. Abogado: Thomas M. Meyer, Firma de Abogados
THOMAS M. MEYER.
Gremio Nacional de Abogados y Conferencia Nacional de Abogados Negros
Abogados: Zachary Wolfe; Heidi Boghosian, Presidente del Gremio Nacional de
Abogados.

Instituto William C. Velásquez y Asociación Política Mexicano-americana
Abogado: Richard P. Fajardo, Firma de Abogados LUNA & FAJARDO

No. 08-987
EN LA
CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS
___________
RUBÉN CAMPA, RENÉ GONZÁLEZ, ANTONIO GUERRERO,
GERARDO HERNÁNDEZ, Y LUIS MEDINA,
v.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
_____________
Demandantes,
Demandado.
Sobre la Petición de Revisión a la Corte de
Apelaciones del Onceno Circuito de los Estados
Unidos
_____________
DOCUMENTO DE AMIGOS DE LA CORTE (AMIGOS
DE LA CORTE) EN RESPALDO A LA PETICION DE
REVISION PRESENTADO POR EL INSTITUTO
WILLIAM C. VELÁSQUEZ Y LA ASOCIACIÓN
POLÍTICA MEXICANO-AMERICANA
_____________
Richard P. Fajardo
Abogado representante
BUFETE DE LUNA & FAJARDO
3540 Wilshire Boulevard,
Suite 417
Los Angeles, CA 90010
(213) 383-1664

2
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ............................................... 1
I. Interés de los Amigos de la Corte................ 1
II. Antecedentes procesales............................. 3
ARGUMENTACIÓN............................................ 5
I. El fallo del Onceno Circuito contradice el
precedente existente en la Corte Suprema .. 5
II. El propio fallo del Onceno Circuito está
reñido con los fallos de otros Circuitos ....... 8
III. El fallo del Onceno Circuito plantea
cuestiones importantes del acceso a la
justicia libre de discriminación racial ....... 10
CONCLUSIÓN ................................................. 13

ii
INDICE DE FUENTES
Casos
Allen v. Lee,
366 F.3d 319 (Cuarto Circuito 2004) 8
Aspen v. Bissonette,
480 F.3d 571 (Primer Circuito, 2007) 8
Avery v. Georgia,
345 U.S. 559 (1953) 11
Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79 (1986) passim
Coulter v Gilmore,
155 F.3d 912 (Séptimo Circuito, 1998) 8
Edmonson v. Leesville Concrete Co.,
500 U.S. 614 (1991) 5
Hardcastle v. Horn,
368 F.3d 246 (Tercer Circuito, 2004) 7
J. E. B. v. Alabama ex rel. T. B.,
511 U. S. 127 (1994) 10
Johnson v. California,
545 U.S. 162 (2005) 5
Jones v. Ryan,
987 F.2d 960 (Tercer Circuito, 1993) 7
Jordon v. Lefevre,
293 F.3d 587 (Segundo Circuito 2002) 8
Miller-El v. Dretke,
545 U.S. 231 (2005) 6
Smith v. Texas,
311 U. S. 128 (1940) 10
Snyder v. Louisiana,
552 U.S. ___ (2008) 5
Teague v. Lane,

iii
489 U.S. 288 (1989) 5
Thornburg v. Gingles,
478 U.S. 30 (1985) 9
U.S. v. Campa,
529 F.3d 980 (Onceno Circuito, 2008) 2
United States v. Battle,
836 F. 2d 1084 (Octavo Circuito 1987) 7
United States v. Briscoe,
896 F.2d 1476 (Séptimo Circuito, 1990) 8
United States v. Clemons,
843 F. 2d 741 (Tercer Circuito 1988) 6
United States v. David,
803 F. 2d 1567 (Onceno Circuito 1986) 7
United States v. Lane,
866 F. 2d 103 (Cuarto Circuito 1989) 6
United States v. Walton,
908 F.2d 1289 (Sexto Circuito, 1990) 8
Ley
42 U.S.C. § 1973 9

INTRODUCCIÓN
I. Interés de los Amigos de la Corte 1
De conformidad con la Regla 37 del
Reglamento de la Corte Suprema, el Instituto
William C. Velásquez, Inc., (WCVI), corporación sin
ánimo de lucro con sede en Texas presenta
respetuosamente el documento adjunto de los
Amigos de la Corte en apoyo a la petición de
revisión en este caso de los demandantes Rubén
Campa, René González, Antonio Guerrero, Gerardo
Hernández y Luis Medina.
El Instituto William C. Velásquez (WCVI) es
una organización con sede en Texas, libre de
impuestos, sin ánimo de lucro, no partidista y
dedicada al análisis de las políticas públicas que
fue creada en 1985. El WCVI tiene como objetivo
la investigación con miras a mejorar el nivel de
participación política y económica en las
comunidades latinas y otras con muy poca
representación, brindar información a los líderes
latinos relacionada con las necesidades de sus
constituyentes, informar a la dirigencia y público
latinos acerca de la incidencia de las políticas
públicas sobre los latinos e informar a la dirigencia
1 Este documento se presenta con el consentimiento de las
partes. El abogado representante de todas las partes recibió
una notificación de la intención de los Amigos de la Corte de
presentarlo por lo menos con 10 días de antelación a la fecha
del fin de plazo de entrega. Ninguno de los abogados de
ninguna de las partes ha redactado este informe ni total ni
parcialmente, ni ningún abogado o parte realizó contribución
monetaria alguna con la intención de financiar la elaboración
o presentación de dicho informe. Ninguna otra persona
ajena a los Amigos de la Cortey sus abogados o miembros
hicieron contribuciones monetarias a la elaboración o
presentación del presente expediente.

2
y público latinos acerca de las opiniones y
conductas políticas de los latinos.
La Asociación Política Mexicano-Americana,
Inc. (MAPA) es una corporación sin ánimo de lucro
de California, fundada en Fresno, California, en
1960. MAPA se dedica al principio constitucional y
democrático de la libertad y representación
políticas para los mexicanos e hispanos de los
Estados Unidos de América. MAPA trabaja en pos
de otorgar derechos a los latinos en las esferas de
educación, inmigración y acceso equitativo a la
justicia y la participación política.
El WCVI y la MAPA tienen un interés
particular de garantizar la igual protección de las
leyes federales, estaduales y locales, la prevención
de la discriminación en todos los aspectos de la
vida pública y la prevención de la discriminación
en la aplicación de la justicia dentro del sistema
legal a nombre de todos los ciudadanos
estadounidenses, en especial los latinos y otras
comunidades muy poco representadas.
El WCVI y la MAPA presentan este documento
de Amigos de la Corte en apoyo a la petición de
revisión relativa a la aplicación indebida de la
norma Batson por parte del Onceno Circuito en la
revisión de la alegación del uso discriminatorio de
la recusación sin causa con el objetivo de impedir
que posibles miembros del jurado de origen afronorteamericano
llegaran a formar parte del mismo.

3
II. Antecedentes procesales
Durante la selección del jurado en el Tribunal del
Distrito, la fiscalía recibió 11 recusaciones sin causa para
miembros regulares más 2 recusaciones sin causa para
suplentes. Estados Unidos contra Campa, 529 F.3d 980,
989 (Onceno Circuito, 2008) (Campa II). La fiscalía hizo
uso de de nueve de sus once recusaciones para miembros
regulares y las dos para los suplentes. Con dichas
recusaciones, la fiscalía eliminó siete afronorteamericanos
posibles miembros del jurado, cinco durante la selección
del jurado y 2 durante la selección de los suplentes. Id.
Ello representa el 77,7% de las recusaciones sin causa que
la fiscalía utilizara para eliminar los jurados
afronorteamericanos. Entre el jurado constituido
figuraban tres miembros afronorteamericanos y un
suplente afronorteamericano. Id.
Los acusados impugnaron las recusaciones sin
causa de los posibles miembros afronorteamericanos
por discriminación racial en
virtud de Batson contra Kentucky 476 U.S. 79, 106
S.Ct. 1712, 90 L.Ed.2d 69 (1986). (Estados Unidos
contra. Campa II, 529 F.3d en 998). En cada
objeción, el Tribunal del Distrito no halló que la
defensa hubiese establecido un caso de prima
facie, no obstante ordenó a la fiscalía a explicar la
eliminación. Id. En el caso de las primeras cuatro
eliminaciones (pero no la quinta) el Tribunal del
Distrito dio la oportunidad a la defensa de
responder a la explicación de la fiscalía. Acto
seguido, el Tribunal del Distrito rechazó las cinco
impugnaciones de Batson.
El WCVI afirma que el panel del Onceno
Circuito no siguió a Batson ya que sostuvo, como
cuestión de ley, que los acusados no establecieron
un caso de prima facie de discriminación de

4
conformidad con el primer paso de prima facie de
Batson porque “[e]l gobierno decidió no utilizar dos
de sus recusaciones sin causa y el jurado incluía a
tres miembros negros y un miembro negro
suplente”. Campa II, 529 F.3d en 998. Por
consiguiente, el panel concluyó que “[n]o había
ocurrido ninguna violación relativa a Batson”. Id.
Al hacerlo, el tribunal no revisó o consideró todas
las circunstancias pertinentes, no discutió factores
como no fuera el hecho de que se habían incluido
afro-norteamericanos como miembros del jurado y
que la fiscalía no utilizó todas sus recusaciones
sin causa. La “regla per se” del Onceno Circuito
no es consecuente con la consideración de todas
las circunstancias pertinentes en la evaluación de
si ocurrió o no una discriminación racial en el uso
de las recusaciones sin causa por parte de la
fiscalía. Batson, 476 U.S. 96-97.
El WCVI argumentará que la “regla per se” del
Onceno Circuito (1) hace caso omiso al precedente
que existe en la Corte Suprema, (2) está reñida con
los fallos de otros circuitos y (3) entraña
importantes cuestiones del uso discriminatorio de
las recusaciones sin causa.

5
ARGUMENTACIÓN
I. El fallo del Onceno Circuito contradice el
precedente existente en la Corte Suprema
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha
sostenido que:
Si bien un fiscal generalmente tiene derecho
a ejercer recusaciones sin causa permitidas
“por cualquier motivo, mientras que el
motivo esté relacionado con su opinión
sobre el resultado” del caso que irá a juicio,
(se omiten las citas), la Cláusula de Igual
Protección prohíbe al fiscal recusar posibles
miembros del jurado solamente sobre la
base de su raza o por presumir que los
jurados negros como grupo serían
incapaces de considerar con imparcialidad
el caso del Estado contra un acusado negro.
Batson contra Kentucky, 476 U.S. 79, 89, 106
S.Ct. 1712, 90 L.Ed.2d 69 (1986) (Batson).
Al evaluar si el gobierno ha ejercido la
discriminación racial en el uso de sus
recusaciones sin causa, la Corte Suprema de los
Estados Unidos ha establecido un análisis que
consta de tres pasos. Primero, el acusado deberá
hacer un prima facie mostrando que se ha
utilizado una recusación sin causa sobre bases
raciales. Segundo, si se realiza esa demostración,
la fiscalía deberá ofrecer bases neutrales desde el
punto de vista racial para la eliminación del
miembro del jurado en cuestión. Tercero, a la luz
de las presentaciones de las partes, el tribunal
deberá determinar si el acusado ha sido objeto de
una discriminación intencionada. Batson, 476
U.S. en 93-94; Snyder v. Louisiana, 552 U.S. ___,
128 S.Ct. 1203, 1207, 170 L.Ed.2d 175 (2008).

6
Batson sostiene que para decidir si el acusado
ha demostrado en la forma requerida la
discriminación racial, el tribunal de primera
instancia deberá considerar todas las
circunstancias pertinentes. Batson, 476 U.S. en
96-97 (ello incluye la evidencia de la raza del
acusado, el patrón de eliminación, las preguntas
del fiscal y las declaraciones durante el análisis de
los posibles miembros del jurado, y cualquier otra
“circunstancia pertinente” que “presente una
inferencia de que el fiscal utilizó dicha práctica
para excluir a posibles miembros del jurado del
jurado enjuiciador debido a su raza”). Se puede
presentar un caso de prima facie de
discriminación ofreciendo una amplia variedad de
evidencia, siempre y cuando la suma de los hechos
presentados dé “lugar a una inferencia de
propósitos discriminatorios”. Batson, 476 U. S.,
en 94 (el subrayado es nuestro); Johnson contra
California, 545 U.S. 162, 170, 125 S.Ct. 2410, 162
L.Ed.2d 129 (2005).
Además, la Corte Suprema de los Estados
Unidos ha afirmado consecuentemente que el paso
de prima facie requiere un análisis de la totalidad
de las circunstancias. Teague contra Lane, 489
U.S. 288, 295, 109 S.Ct. 1060, 103 L.Ed.2d
334(1989) (el fiscal utilizó todas las recusaciones
sin causa para eliminar a los afronorteamericanos
de la conformación del jurado); Edmonson contra
Leesville Concrete Co., 500 U.S. 614, 631, 111
S.Ct. 2077, 114 L.Ed.2d 660 (1991) (el uso del
acusado de dos de las tres recusaciones sin causa
en un litigio civil para eliminar a dos
afronorteamericanos mientras dejaba a una
persona afronorteamericana en el jurado fue
suficiente para establecer el caso de prima facie de

7
discriminación racial impermisible que exige que el
acusado brindara un motivo no discriminatorio
para el uso de las recusaciones), Johnson contra
California, 545 U.S. en 168-169 (el fiscal utilizó las
recusaciones para eliminar a todos los
afronorteamericanos de la conformación del
jurado); Miller-El contra Dretke, 545 U.S. 231, 239,
125 S.Ct. 2410, 162 L.Ed.2d 129(2005) (los
fiscales utilizaron las recusaciones sin causa para
eliminar a diez de los once afronorteamericanos de
la conformación del jurado).
Adicionalmente, el primer paso de prima facie
no pretendía “ser tan oneroso” que un acusado
tuviera que persuadir al juez de que la recusación
era el resultado de una discriminación
intencionada. Johnson contra. California, 545 U.S.
en 170. Más bien, el acusado satisfacía el primer
paso al presentar suficiente evidencia que
permitiera al juez de primera instancia sacar una
inferencia de que había ocurrido discriminación.
Id. Cuando el acusado ha planteado una inferencia
de discriminación racial en el ejercicio de las
recusaciones sin causa, entonces el fiscal deberá
de presentar la evidencia (es decir, una explicación
de las razones para la eliminación de los
afronorteamericanos de la conformación del
jurado) de modo que el Tribunal pueda evaluar la
totalidad de las circunstancias para determinar si
ha ocurrido una discriminación intencionada. Id.
La Corte Suprema de los Estados Unidos
también ha sostenido que “la Constitución prohíbe
la eliminación de un solo posible jurado por un
propósito de discriminación”); Snyder v. Louisiana,
128 S.Ct. en 1208, citando a United States v. Lane,
866 F. 2d 103, 105 (Cuarto Circuito 1989); United
States v. Clemons, 843 F. 2d 741, 747 (Tercer

8
Circuito 1988); United States v. Battle, 836 F. 2d
1084, 1086 (Octavo Circuito 1987); United States
v. David, 803 F. 2d 1567, 1571 (Onceno Circuito
1986). La Corte Suprema ha exigido
sistemáticamente que el tribunal de primera
instancia evalúe plenamente la totalidad de las
circunstancias incluso cuando un fiscal haya
dejado a afronorteamericanos en el jurado, o no
haya hecho uso de todas las recusaciones sin
causa (Edmonson contra Leesville Concrete Co.,
500 U.S. at, 631 (un acusado en un caso civil
eliminó a dos afronorteamericanos y dejó a otro en
el jurado); Miller-El contra Dretke, 545 U.S. en 239
(los fiscales hicieron uso de las recusaciones sin
causa para eliminar a diez de los once
afronorteamericanos de la conformación del
jurado). Por ende, la regla per se del Onceno
Circuito permite al fiscal protegerse de la
eliminación intencionada de jurados
afronorteamericanos debido a cuestiones raciales
al no utilizar todas las recusaciones sin causa o
permitiendo a varios afronorteamericanos que
sean miembros del jurado, un resultado que
permite una discriminación real por artilugio.
II.
El propio fallo del Onceno Circuito está
reñido con fallos de otros Circuitos
La regla per se del Onceno Circuito de que no
se establece ningún caso prima facie cuando el
fiscal no ha hecho uso de todas las recusaciones
sin causa y ha dejado a afronorteamericanos en el
jurado, ha sido rechazado por el Tercer Circuito.
Hardcastle contra Horn, 368 F.3d 246, 256, 258
(Tercer Circuito, 2004); Jones contra Ryan 987
F.2d 960, 971-73 (Tercer Circuito, 1993).
Hardcastle sostuvo que “una de las formas de
demostrar un caso de prima facie en el primer

9
caso es mostrar un patrón de recusaciones sin
causa a un jurado de una raza en particular. (368
F.3d en 256.) La corte, además, mas adelante
sostuvo que el acusado estableció un caso de
prima facie pero que la fiscalía no pudo ofrecer
motivos que no fueran basados en la
discriminación para eliminar a doce afronorteamericanos
posibles miembros del jurado.
Id. Adicionalmente, el hecho de que al fiscal le
quedaran recusaciones para eliminar a los dos
jurados afro-norteamericanos que quedaban
aunque haya decidido no hacerlo, no puede
demostrar la ausencia de una intención
discriminatoria al eliminar a los otros doce jurados
afro-norteamericanos. Id. Por otra parte, las
regulaciones del Séptimo Circuito son
consecuentes con la regla del Tercer Circuito de
que también halló un caso de prima facie y otorgó
una medida de amparo relativa a Batson incluso
cuando el jurado se conformó con la presencia de
miembros afro-norteamericanos. Coulter v
Gilmore, 155 F.3d 912, 918-919 (Séptimo Circuito,
1998); United States v. Briscoe, 896 F.2d 1476,
1487, 1489 (Séptimo Circuito, 1990).
Aún más importante, otros circuitos han
utilizado el hecho de que a un fiscal le hayan
quedado recusaciones sin causa que no ha
utilizado y haya dejado que se conforme el jurado
con miembros afro-norteamericanos como dos
factores, entre muchos otros, que se consideraron
durante la decisión de la corte relativa a si se
ejerció o no discriminación racial en el uso de las
recusaciones (paso uno del análisis de Batson).
Véase Allen v. Lee, 366 F.3d 319, 329 (Cuarto
Circuito 2004) (las recusaciones sin causa que la
fiscalía no haya utilizado y la conformación de un

10
jurado con miembros afro-norteamericanos son
factores de conjunto con la composición racial de
los posibles miembros del jurado y las preguntas y
respuestas durante el proceso de voir dire) United
States v. Walton, 908 F.2d 1289 (Sexto Circuito,
1990) (dos recusaciones sin causa que no se
utilizaron de conjunto con el por ciento de
eliminaciones de afro-norteamericanos posibles
miembros del jurado); Aspen v. Bissonette, 480
F.3d 571, 577 (Primer Circuito, 2007) (consideró el
uso de las recusaciones sin causa dirigidas a
miembros de un grupo en particular); Jordon v.
Lefevre, 293 F.3d 587, 594-95 (Segundo Circuito
2002) (colocar dos afro-norteamericanos en el
jurado considerado junto con las respuestas dadas
por posibles miembros del jurado durante el
examen de voir dire, las razones del fiscal que
justifican sus eliminaciones y las comparaciones
con otros jurados situados de manera similar). A
diferencia del enfoque de los circuitos Tercero,
Séptimo y otros, la regla per se del Onceno
Circuito difiere en el hecho de que las
recusaciones sin causa que se dejen de utilizar y la
ubicación de un jurado afro-norteamericano en el
panel son dispositivas de la cuestión de la práctica
discriminatoria y excluyen una revisión de la
totalidad de los factores y circunstancias exigidas
de conformidad con el tercer paso del análisis de
Batson.
III. El fallo del Onceno Circuito plantea
cuestiones importantes del acceso a la
justicia libre de discriminación racial
El centro de la atención de la regla per se del
Onceno Circuito es la composición del jurado
conformado, no el proceso de selección del jurado,
ni las razones para eliminar a los jurados afro-

11
norteamericanos. La regla del Onceno Circuito se
aparta de Batson. Batson dispone que una vez
que un acusado presenta suficiente evidencia para
suscitar una inferencia de que se ha ejercido la
discriminación, la fiscalía esta en la obligación de
presentar los motivos para el uso de las
eliminaciones sin causa. Esta evidencia permite
que la corte analice, sobre la base de la totalidad
de las circunstancias, si la fiscalía ha rechazado
indebidamente a jurados potenciales debido a la
raza. El centro de la atención en Batson no es el
resultado del proceso de selección sino el proceso
en sí. Compárese Thornburg v. Gingles, 478 U.S.
30, 74-76, 106 S.Ct. 2752, 92 L.Ed.2d 25 (1985)
(el éxito de algunos candidatos negros en los
distritos impugnados al amparo de la Sección 2 de
la Ley sobre los derechos de votación (42 U.S.C. §
1973) no excluye la posibilidad de debilitamiento
del voto de los negros; “[d]onde la división en
distritos por lo general funciona para debilitar el
voto de la minoría, no puede defenderse sobre la
base de que beneficie esporádica y fortuitamente a
los electores de la minoría”, 478 U.S. en 76).
La protección de la integridad del sistema
judicial se ve socavada por la regla per se del
Onceno Circuito. La Corte Suprema de los
Estados Unidos ha reconocido que no solamente
se afectan los acusados sino que “minorías
raciales se afectan más generalmente, dado que el
hecho de que los fiscales tracen líneas raciales al
escoger jurados establece ‘estereotipos grupales
promovidos por el estado que están enraizados en
el prejuicio histórico y que lo reflejan,’” Miller-el v.
Dretke, 545 U.S. at 168-169 citando J. E. B. v.
Alabama ex rel. T. B., 511 U. S. 127, 128, 114
S.Ct. 1419, 128 L.Ed.2d 89 (1994). Esta corte

12
también ha reconocido que más allá de las
consecuencias sobre los acusados y las minorías
raciales, existe una incidencia mayor en la
sociedad como un todo:
Indudablemente, el interés primordial en la
erradicación de la discriminación de
nuestras instituciones cívicas se ve
afectado cada vez que un individuo es
excluido de realizar un aporte significativo
a la gobernabilidad debido a su raza. Sin
embargo “el daño por la selección
discriminatoria de un jurado se extiende
más allá del daño infligido al acusado y del
jurado excluido para afectar a la
comunidad entera. Los procesos de
selección que intencionadamente excluyen
a personas negras de los jurados socavan
la confianza pública en la justeza de
nuestro sistema de justicia”. Batson, 476
U. S., en 87; véase también Smith v. Texas,
311 U. S. 128, 130, 61 S.Ct. 164, 85 L.Ed.
84 (1940) Johnson v. California, 545 U.S.
en 171-172.
La Corte Suprema de los Estados Unidos
ha reconocido que “no puede haber discusión
de que las recusaciones sin causas constituyen
una práctica de selección de jurado que les
permite ‘discriminar a aquellos que tienen la
intención de hacerlo’” Batson, 476 U.S. 96,
citando Avery v. Georgia, 345 U.S. 559, 562,
73 S.Ct. 891, 97 L.Ed. 1244 (1953). Permitir
que la regla per se del Onceno Circuito tenga
lugar, es permitir que los fiscales eliminen
minorías raciales de los jurados y eviten el
escrutinio al permitir que un solo miembro de
la minoría se mantenga en el jurado. Por

13
consiguiente, esta Corte debe revisar este caso
para efectuar un proceso consecuente que
garantice que no se haga uso de ninguna
recusación sin causa por motivos de
discriminación racial en cualquier otro
Circuito.
CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas anteriormente así
como por aquellas que figuran en la Petición, se
deberá otorgar la revisión.
Presentada respetuosamente,
Richard P. Fajardo
Abogado
Representante
BUFETE DE LUNA &
FAJARDO
3540 Wilshire Boulevard,
Suite 417 Los Angeles,
CA 90010
(213) 383-1664
5 de marzo de 2009

1a
APÉNDICE A
Cronología de artículos periodísticos
relacionados con la violencia contra Cuba en la
zona de Miami
Fecha Incidente
1987-1989 (Miami Herald, 6/15/1990, p.1A)
El 2 de mayo de 1987 detonaron dos
bombas en algunos negocios de
Miami que envían paquetes y
productos a Cuba: Almacén Español
y Cubanacán. El 25 de mayo de
1987 detonó una bomba en Cuba
Envíos, un negocio de Miami que
envía productos a Cuba. El 30 de
julio de 1987, detonó una bomba en
Machi Viajes a Cuba, una agencia de
viajes para ir a Cuba. El 27 de
agosto de 1987, explotó una bomba
fuera de Va Cuba, un negocio que
envía paquetes a Cuba. El 2 de
enero de 1988, hizo explosión una
bomba en Miami Cuba, un negocio
que envía suministros médicos a
Cuba. El 21 de febrero de 1988, se
lanzó una amenaza de bomba contra
la aerolínea Iberia como protesta por
los lazos de España con Cuba. El 3
de mayo de 1988, detonó un
artefacto explosivo en las afueras del
Museo de Arte y Cultura Cubanos
como protesta por una exposición de
arte de cubanos que vinieron a los
Estados Unidos durante el éxodo del

14 de
junio de
1990
Febrero de
1992
2a
Mariel en 1980. El 5 de septiembre
de 1988 explotó una bomba en Bele
Cuba Express, un negocio que envía
paquetes a Cuba. El 25 de febrero
de 1989 la policía retiró un artefacto
explosivo de la parte de atrás de
Almacén El Español, un negocio que
envía paquetes a Cuba. El 26 de
marzo de 1989, dos bombas
detonaron en Marazul Charters, una
agencia de viajes para ir a Cuba.
(Miami Herald, 6/15/1990, p.1A)
Explotó una bomba en el Museo de
Arte y Cultura Cubanos, que exhibía
obras de artes de cubanos que viven
en el exilio y en Cuba. Los
investigadores federales calificaron la
explosión como “un acto terrorista”.
La bomba “explotó la puerta
principal, destruyó una sección del
techo y dañó al menos tres obras de
arte que se encontraban dentro,
incluida una estatua que quedó
decapitada por los escombros que
volaron”.
(Dallas Morning News, 11/28/1992,
p.lA)
Tres asaltantes atacaron una
estación de radio de Miami cuyos
programas defendían abiertamente el
diálogo con Cuba. Los asaltantes
“golpearon y amarraron a un
empleado y destruyeron los equipos”.
Los negocios retiraron sus anuncios
del programa y expresaron que “lo

11 de
febrero de
1992
3a
lamentaban pero que había
amenazas de que sus negocios
morirían o algo peor si seguían
anunciándose”. El director del
programa “había perdido la cuenta
del número de amenazas de muerte”
hechas en su contra.
(Columbia Journalism Review,
Mayo/Junio 1992, p.42)
Tras haber sido criticado por las
posiciones editoriales del Miami
Herald sobre las cuestiones de los
Estados Unidos y Cuba, el editor del
Herald David Lawrence y otros dos
editores más fueron amenazados de
muerte. Además, el periódico recibió
amenazas de bombas por teléfono y
sus máquinas expendedoras
automáticas fueron pintarrajeadas
con heces fecales.
1992-1993 (Florida Trend, Agosto/1993 p.22)
InterConsul, un negocio de La
Pequeña Habana que envía
paquetes a Cuba fue obligado a
cerrar tras una serie de
incendios provocados.
Enero –
febrero de
1993
(El Nuevo Herald, 1/24/1993 p.1B
& 2/14/1993 p.lB)
La Alianza de Jóvenes Cubanos
protagonizó manifestaciones frente a
las tiendas de Benetton en el
Dadeland y el International Mall de
Miami para protestar por la apertura
de cinco tiendas Benetton en Cuba.
Los empleados de las tiendas de

4 de
noviembre
de 1993
11 de
marzo de
1994
4a
Miami fueron blancos de amenazas e
insultos por los manifestantes del
exilio cubano.
(Orlando Sentinel, 11/5/1993 p.D5
& 11/8/1993 p.AI; New York
Times, 11/6/1993, section 1 p.9)
La organización Alfa 66 con sede en
Miami anunció una campaña de
ataques a instalaciones turísticas,
turistas extranjeros y exilados
cubanos en Cuba. En conferencia
de prensa, Alfa 66 mostró un vídeo
del Comandante Homero, un
miembro de la organización que
alertó que todos los extranjeros o
personas hospedadas en hoteles
cubanos eran considerados
enemigos del pueblo de Cuba”.
Homero añadió que “utilizaremos la
fuerza… incluida la posibilidad de
secuestrar turistas por un rescate”.
Alfa 66 también envió cartas a
todas las embajadas extranjeras en
los Estados Unidos informándoles
acerca de la amenaza contra los
turistas.
(Chicago Tribune, 6/24/1994 p.8)
Alfa 66 asumió la autoría de los
ataques del 11 de marzo de 1994 a
un hotel en el balneario de
Varadero, Cuba. Alfa 66 reportó
que sus comandos abrieron fuego
contra el hotel desde una
embarcación costa afuera para
disuadir a los turistas a que viajen

Mayo –
noviembre
de 1994
5a
a la Isla. Tres meses más tarde,
Alfa 66 otra vez anunció nuevas
incursiones contra Cuba desde
bases en el Caribe como parte de la
campaña dirigida contra la
industria turística de Cuba.
(Human Rights Watch Free
Expression Project, 11/1994 pp.2-7)
En abril, los exilados cubanos que
viven en Miami participaron en una
conferencia sobre emigración
celebrada en La Habana. A su
regreso a Miami, muchos de ellos
fueron asediados con amenazas de
muerte, de bomba, ataques verbales,
actos de violencia y represalias
económicas”. Algunos fueron
atacados físicamente; y se lanzaron
huevos contra sus casas. Las
emisiones radiales identificaron a los
participantes por nombre y alentaron
a la comunidad anticastrista a
reunirse en grupos frente a sus casas
para “repudiarlos”. No se hicieron
arrestos. Human Rights Watch
reportó que en Miami “solo se acepta
un rango muy estrecho del discurso,
y las opiniones que traspasan esos
límites pueden acarrear peligros a
quien las expresa. Funcionarios del
gobierno y líderes cívicos no han
dado pasos para rectificar esta
situación”.

6a
6 de
septiembre
de 1994
20 de
mayo de
1995
12 de
enero de
1996
28 de
febrero de
1996
(Human Rights Watch Free
Expression Project, 11/1994 p.5)
Las oficinas de la revista Replica
fueron atacadas hoy con dos cócteles
Molotov. El editor de la revista, Max
Lesnick, había participado en la
conferencia de La Habana.
(San Diego Union, 6/12/1995 p.B3)
El grupo del exilio Alfa 66 se adjudicó
hoy los destrozos en un hotel de
Varadero como parte de su campaña
para intimidar a los turistas que
toman sus vacaciones en Cuba.
(CubaINFO Johns Hopkins University,
2/8/1996 p.8; Miami Herald,
1/24/1996 p. 3B; Associated Press,
1/23/1996; Reuters, 1/23/1996;
Miami Herald, 1/19/1996; Reuters,
1/18/1996)
Cinco miembros de los Comandos
Unidos de Liberación, un grupo
anticastrista, puso proa
“aparentemente…hacia Cuba” a la
altura de cayo Maratón antes de que
su embarcación fuera interceptada
por la Aduana de los EE.UU.. Los
agentes encontraron planos y
materiales para la fabricación de
bombas en la embarcación.
(Miami Herald, 2/28/1996 p.lA)
Tras el derribo de los aviones por la
Fuerza Aérea de Cuba, la
organización Juventud Cubana
“solicitó a los conductores a que ‘se
opusieran a la injusticia’ y que

1 de
marzo de
1996
17 de
marzo de
1996
12 de abril
de 1996
7a
condujeran hasta el aeropuerto
internacional de Miami al mediodía
del viernes y pasaran despacio cerca
de las terminales para obstruir el
aeropuerto”.
(CubaINFO Johns Hopkins University,
5/23/1996 p.10)
Estalló la violencia entre
manifestantes a favor y en contra de
Castro durante una manifestación
tras el derribo de dos aviones por
parte de la Fuerza Aérea de Cuba.
(Miami Herald, 3/17/1996 p.2B)
Cuatro personas fueron arrestadas
en el Bicentennial Park cuando
manifestantes anticastristas trataron
de romper un cordón policial para
enfrentarse a otros manifestantes
que protestaban por el embargo
contra Cuba.
(Miami Herald, 4/12/1996 p.16A &
4/13/1996 p.1B)
Estaciones de radio de los exilados
llamaron a manifestaciones contra
un concierto que daría el pianista
cubano Gonzalo Rubalcaba. Durante
el concierto, “perros detectores de
bombas recorrían los pasillos del
Guzmán [Centro para las Artes
Escénicas] mientras que afuera…200
manifestantes ruidosos escupían,
daban golpes y proferían epítetos e
irreverencias a las personas que
entraban al teatro”.

8a
13 de julio
de 1996
Agosto de
1996
5 de
septiembre
de 1996
(CubaINFO Johns Hopkins University,
8/1/1996 p.11; Orlando Sentinel,
7/13/1996 p.D1)
El concierto programado en el
Centro Vasco en Miami de la
cantante cubana Rosita Fornés fue
cancelado luego de que lanzaran
una bomba incendiaria por una
ventana del club.
(CubaINFO Johns Hopkins
University, 8/29/1996 p.10; Ft.
Lauderdale Sun Sentinel, 8/2/1996
p.3B; Bergen Record, 10/20/1996)
El 1 de agosto, la agencia de viajes
de Marazul Charters en Miami, que
vende boletos para vuelos a Cuba,
fue atacada con una bomba
incendiaria. La agencia sufrió un
ataque similar en 1989. El 21 de
agosto un ataque dinamitero
ocasionaba daños valorados en 200
000 dólares a otra agencia similar, la
Maira and Family Services.
(CubaINFO Johns Hopkins University,
9/19/1996 p.10; Miami New Times,
9/5/1996)
Los productores del concierto
cancelado de Rosita Fornés
recibieron amenazas de bomba. Los
productores afirmaron que tuvieron
que pagar “sumas exorbitantes por
la seguridad adicional y el seguro
contra fuego del teatro…impuestos
por la Ciudad de Miami”.

6 de
febrero de
1997
13 de
febrero de
1997
9a
(CubaINFO Johns Hopkins
University, 2/6/1997 p.8; Ft.
Lauderdale Sun Sentinel, 1/26/1997
p.4B)
El artículo sobre la visita a Miami del
disidente cubano Elizardo Sánchez
Santa Cruz reza: “Ha habido
numerosos incidentes de bombas,
amenazas de muerte y otros
hostigamientos en esta ciudad Sur
de la Florida contra supuestos
simpatizantes y artistas comunistas
que no han declarado su oposición al
gobierno de Fidel Castro”.
(CubaINFO Johns Hopkins
University, 2/27/1997 p.12)
El Miami New Times reportó que
un grupo de exilados cubanos
trasmitían regularmente un
programa de radio de media hora
de duración sobre sabotaje. El
programa, que se trasmitía a
Cuba desde un lugar no
divulgado al sur de los Estados
Unidos, presentaba
“explicaciones explícitas sobre
técnicas para la preparación de
pequeños artefactos explosivos
como cócteles Molotov, y sugería
blancos específicos como
vehículos del gobierno…para
quemarlos u otra formas de
destrucción”.

10a
25 de
marzo de
1997
1 de
octubre de
1997
3 de
agosto de
1998
(CubaINFO Johns Hopkins
University, 4/10/1997 p.10; Miami
Herald, 3/26/1997 p.Bl; Reuters,
3/26/1997; New York Times,
3/26/1997 p.B9; Ft. Lauderdale Sun
Sentinel, 3/25/1997 p.B1)
Después de que WRTO comenzó sus
trasmisiones de la música popular
más reciente de Cuba, “los
empleados de la estación recibieron
amenazas de muerte y bomba que
obligó a la evacuación del edificio.”
El gerente general de la estación
dimitió tras anunciar que se dejaría
de trasmitir la música.
(CubaINFO Johns Hopkins University,
11/13/1997 p.1; Ft. Lauderdale Sun
Sentinel, 11/4/1997 p.1; Miami
Herald, 1011/1997 p.1 &
10/31/1997 p.l)
Seis cubanoamericanos fueron
arrestados en Puerto Rico por
sospecha de conspirar para asesinar
a Fidel Castro. Un registro de su
embarcación reveló "dos fusiles de
francotirador de calibre 5,
municiones, uniformes de faena,
raciones de campo y equipos de
comunicación".
(CubaINFO Johns Hopkins
University, 8/20/1998 p.1; Miami
Herald, 8/9/1998 p.1; Reuters
8/8/1998; Associated Press,
8/3/1998; Ft. Lauderdale Sun

25 de
agosto de
1998
26 de
septiembre
de 1999
11a
Sentinel, 8/3/1998 p.1; New York
Times, 8/16/1998 p.A2)
El FBI descubrió que exilados
cubanos con sede en Miami estaban
planificando el asesinato de Fidel
Castro durante su visita a la
República Dominicana. Se
encontraron armas y explosivos que
se emplearían en la ejecución del
complot en un hotel guatemalteco.
(CubaINFO Johns Hopkins University,
9/10/1998 p.10; Ft. Lauderdale Sun
Sentinel, 8/26/1998 p.A1; Reuters,
8/271998; Miami Herald, 8/26/1998
p.A1 & 8/25/1998 p. A1; Associated
Press, 8/26/1998, Los Angeles
Times, 8/28/1998)
La actuación del cantante
nonagenario cubano Compay
Segundo en el festival de música de
Miami fue interrumpida por una
amenaza de bomba; “los asistentes
al concierto fueron atacados por
manifestantes acampados en las
afueras del centro de convenciones”.
(CubaINFO Johns Hopkins University,
10/5/1999 p.7; Miami Herald,
9/28/1999; Reuters, 9/26/1999;
Miami Herald, 9/26/1999 p. A1)
Un concierto que ofrecerían Los Van
Van en el James L. Knight Center fue
cancelado; las estaciones de radio se
han “atorado con llamadas
indignadas”.

12a
9 de
octubre de
1999
15 de
octubre de
1999
20 de
octubre de
1999
(CubaINFO Johns Hopkins University,
10/27/1999 pp. 9-10; Miami Herald,
10/13/1999, p.Bl & 10/12/1999,
p.Bl, & 10/11/1999, p.B1)
El público deseoso de asistir a un
concierto ofrecido por el popular
grupo musical cubano (Los Van Van)
fue “obligado a soportar el acoso de
[4 000] manifestantes que lanzaron
latas, huevos, piedras e insultos. La
policía roció con pimienta a los
revoltosos manifestantes que
trataron de pasar las barricadas que
se habían levantado para proteger a
los asistentes al concierto. Se
arrestaron a once personas.”
(Miami Herald, 10/15/1999 p.B1)
Vigilia Mambisa anunció la
realización de una manifestación
para oponerse a un espectáculo
ofrecido por una popular estrella
cubana. El presidente del grupo
afirmó que “protestarían contra
cualquiera que venga aquí de Cuba”.
(Miami Herald, 10/20/1999 p.B1)
La presentación de la cantante
cubana Rosita Fornés en el Seville
Beach Hotel fue cancelada después
del anuncio por teléfono de una
amenaza de bomba. Sus promotores
trasladaron el show al Cristal Night
Club, donde un grupo de exilados se
manifestaron en las afueras de la
instalación.

7 de
noviembre
de 1999
26 de
junio de
2000
11 de abril
de 2000
13a
(Miami Herald, 11/7/1999 p. 7NW)
Manifestantes revoltosos rompieron
los parabrisas de automóviles luego
de que los Guardacostas de los
Estados Unidos utilizaran spray de
pimienta y mangueras para evitar
que seis balseros cubanos llegaran a
la costa.
(National Public Radio, 1/27/2000,
Bob Edwards “Morning Edition”)
Durante el encuentro con las abuelas
de Elián González en la casa de la
monja dominica hermana Jeanne
O’Laughlin, un hombre, Matt
Heidenfield, fue atacado físicamente
por una multitud de exilados
cubanos antes de que llegara la
policía a su rescate, porque había
llamado al regreso de Elián a Cuba.
(Miami New Times, 4/20/2000)
Afuera de la casa de los parientes de
Elián González, el presentador de un
programa de participación Scott
Piasant de Portland, Oregon, llevaba
un pulóver que decía “Manden al
niño a casa” y “Los derechos de un
padre”. Piasant fue asaltado
físicamente por una multitud antes
de que la policía llegara en su
rescate.

ORGANIZACIONES Y PERSONALIDADES DE TODO
EL MUNDO SOLICITAN A LA CORTE SUPREMA
DE ESTADOS UNIDOS LA REVISIÓN DEL CASO
DE LOS CINCO
El 6 de marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de
los Estados Unidos un total de 12 documentos de Amigos de la Corte
(amicus curiae brief), en apoyo a la petición presentada por la defensa de
los Cinco el pasado 30 de enero para que la Corte reexamine el caso.
Diez Premios Nobel entre los que figuran el presidente de Timor
Leste, José Ramos-Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, José
Saramago, Wole Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass,
Darío Fo y Máiread Maguire; el Senado de México en pleno; la Asamblea
Nacional de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-
1997) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas
(1997-2002) suscribieron los documentos de Amigos de la Corte.
A ellos se sumaron cientos de legisladores de todo el mundo, numerosas
asociaciones de abogados y de derechos humanos de diferentes países,
personalidades internacionales y organizaciones legales y académicas
de Estados Unidos.
Esta cantidad de documentos de Amigos de la Corte constituye un
hecho sin precedentes, ya que representa el mayor número que se haya
presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos para la revisión de
un proceso penal.
El extraordinario apoyo al caso de los Cinco surge a partir de la
preocupación generalizada en Estados Unidos y todo el mundo por el
hecho de que su juicio fue realizado en una atmósfera contaminada por
los prejuicios contra Cuba y por el miedo a las represalias que, como
dicen los Amigos de la Corte, impidieron al jurado evaluar de forma justa
e imparcial los cargos contra los Cinco.
Los documentos de Amigos de la Corte presentados solicitan a la
Corte Suprema revisar la “justeza” de que los Cinco Cubanos fueran condenados
por un jurado de Miami. “El juicio y la condena de los Cinco
Cubanos es una vergüenza nacional”, explicó Michael Ratner, presidente
del Centro para los Derechos Constitucionales, quien representó a los
Premios Nobel en la presentación de su documento. “Nuestros clientes,
diez ganadores del Premio Nobel, aclamados por sus esfuerzos para hacer
progresar los derechos humanos, creen que el juicio fue también una
3
01ParlamentEsp.pmd 3
03/04/2009, 13:54

vergüenza internacional. Este fue un juicio que nunca tuvo que haberse
realizado en Miami. No había forma de que un jurado de ese Miami, con
esa historia de violencia e intimidación contra el gobierno cubano, pudiera
haber llegado a un veredicto libre de represalias por parte de la comunidad
anticastrista”.
Los documentos presentados el 6 de marzo de 2009 por parte de
organizaciones norteamericanas también piden a la Corte Suprema que
revise la eliminación de afronorteamericanos del jurado. El Fiscal utilizó
siete de las nueve veces que tenía derecho a pedir el cambio de algún
miembro del jurado sin dar razones para ello para eliminar a los jurados
negros. La Corte de Apelaciones decidió que no era necesario hacer ninguna
investigación sobre los motivos del Fiscal porque tres de los jurados
eran negros, una minoría dentro de un jurado de 12 personas. Los Amigos
de la Corte sostienen que esto les permite a los fiscales enmascarar la
manipulación que puedan hacer de la composición racial de un jurado.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó en
el 2005 la detención de los Cinco de arbitraria como resultado de las violaciones
cometidas durante el proceso legal. Resulta significativo que este
caso ha sido el único en los últimos 15 años en que dicha Comisión ha
concluido que individuos están detenidos arbitrariamente en Estados Unidos
tomando como base que fueron sometidos a un juicio injusto. Citando
el “clima de parcialidad y prejuicio” en Miami, el Grupo de Detenciones
Arbitrarias de la Comisión concluyó que el “juicio no tuvo lugar en el
clima de objetividad e imparcialidad que se requiere para cumplir con las
normas de un juicio justo”.
El gobierno de Estados Unidos debe hacer su presentación de oposición
antes del 6 de abril. La Corte Suprema debe decidir si revisa o no el
caso antes de su receso de verano en junio.
Los documentos presentados, así como una lista completa de los
Amigos de la Corte se encuentran en el sitio http://www.rbskl.com/
CubanFiveAmicus.html
4
01ParlamentEsp.pmd 4
03/04/2009, 13:54

AMIGOS DE LA CORTE QUE PRESENTARON
DOCUMENTOS DE APOYO A LA PETICIÓN DE REVISIÓN
INTERNACIONALES
CÁMARA DE SENADORES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ; MARY
ROBINSON (Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (1997-2002) y presidenta de Irlanda (1992-1997); Y
LEGISLADORES DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DE BRA-
SIL, BÉLGICA, CHILE, ALEMANIA, IRLANDA, JAPÓN, MÉXI-
CO, ESCOCIA Y EL REINO UNIDO. Abogado: Michael Avery, Facultad
de Derecho de la Universidad SUFFOLK.
Premios Nobel: José Ramos-Horta, Wole Soyinka, Adolfo Pérez
Esquivel, Nadine Gordimer, Rigoberta Menchú, José Saramago,
Zhores Alferov, Darío Fo, Günter Grass, Máiread Corrigan Maguire.
Abogados: Michael Ratner, Margaret Ratner Kunstler, Anjana Samant,
CENTRO POR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES.
Federación Iberoamericana del Ombudsman (Defensor del Pueblo);
La Orden de Abogados de Brasil; Las Asociaciones de Abogados
de Bélgica; La Asociación de Abogados de Berlín; La Comisión
de Derechos Humanos de La Orden de Abogados de Portugal; La
Federación Internacional de Derechos Humanos; Federico Mayor
Zaragoza (Director General de la Unesco, 1987-1999); el juez Juan
Guzmán Tapia de Chile; y Organizaciones de Derechos Humanos,
Religiosas y Legales, Profesores de Derecho y Abogados de Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, Japón, México, Panamá,
Portugal, España y el Reino Unido. Abogado: Jules Lobel, Universidad
PITTSBURG.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS DEMÓ-
CRATAS Y ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS. Abogado:
Jeanne Mirer, EISNER & MIRER P.C.
5
01ParlamentEsp.pmd 5
03/04/2009, 13:54

ESTADOS UNIDOS
Centro para la Política Internacional; Consejo de Asuntos
Hemisféricos. Abogado: Robert L. Muse.
Centro de Asistencia Jurídica en Materia de Derechos Civiles
de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard. Abogados:
Kurt L. Schmoke, decano y profesor de Derecho; Aderson Bellegarde
François, Facultad de Derecho, Universidad Howard.
Académicos cubano-americanos: profesores Nelson P. Valdés,
Guillermo Grenier, Félix Masud-Piloto, José A. Cobas, Lourdes
Argüelles, Rubén G. Rumbaut, Louis Pérez. Abogado: Nancy
Hollander, MOLLY SCHMIDT-NOWARA FREEDMAN BOYD
HOLLANDER GOLDBERG & IVES P.A.
Asociación de Abogados Criminalistas de la Florida, Capítulo
de Miami. Abogados: Fredrick P. Freedman, presidente; H. Scott
Fingerhut; Benjamin S. Waxman.
Asociación Nacional de Abogados Criminalistas. Abogado:
Jeffrey W. Sarles, MAYER BROWN LLP.
Proyecto Nacional de Jurados. Abogado: Thomas M. Meyer, Firma
de Abogados THOMAS M. MEYER.
Gremio Nacional de Abogados y Conferencia Nacional de Abogados
Negros. Abogados: Zachary Wolfe; Heidi Boghosian, presidente
del Gremio Nacional de Abogados.
Instituto William C. Velásquez y Asociación Política Mexicanoamericana.
Abogado: Richard P. Fajardo, Firma de Abogados LUNA &
FAJARDO.
6
01ParlamentEsp.pmd 6
03/04/2009, 13:54

DOCUMENTO EN APOYO A LA PETICIÓN DE REVISIÓN
EN NOMBRE DEL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ,
MARY ROBINSON (ALTA COMISIONADA
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS, 1997-2002; PRESIDENTA DE IRLANDA,
1992-1997) Y LEGISLADORES DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DE BRASIL, BÉLGICA, CHILE, ALEMANIA,
IRLANDA, JAPÓN, MÉXICO, ESCOCIA Y EL REINO UNIDO
Michael Avery
Abogado representante,
Facultad de Derecho de Suffolk,
120 Tremont Street,
Boston, MA 02108
617-573-8551
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AMIGOS DE LA CORTE (AMICI CURIAE)
El Senado de los Estados Unidos Mexicanos
La Asamblea Nacional de Panamá
Mary Robinson (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, 1997-2002; presidenta de Irlanda, 1992-1997).
Legisladores del Parlamento Europeo
Josep Borrell Fontelles, ex presidente
Enrique Barón Crespo, ex presidente
Miguel Ángel Martínez, vicepresidente
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, vicepresidente
Luisa Morgantini, vicepresidenta
Mia De Vits, Cuestor
Jo Leinen, presidente del Comité de Asuntos Constitucionales
Richard Howitt, vicepresidente del Subcomité de Derechos Humanos
Guisto Catania, vicepresidente del Comité sobre Libertades Civiles,
Justicia y Orden Interior
Willy Meyer Pleite, vicepresidente de la Delegación
a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
Edite Estrela, vicepresidente del Comité sobre los Derechos de la
Mujer y la Igualdad de Género
Zita Gurmai, vicepresidente del Comité sobre los Derechos de la
Mujer y la Igualdad de Género
Raül Romeva i Rueda, vicepresidente del Comité sobre los Derechos
de la Mujer y la Igualdad de Género
Eva-Britt Svensson, vicepresidente del Comité sobre los Derechos
de la Mujer y la Igualdad de Género
Ignasi Guardans Cambó, vicepresidente del Comité de Comercio
Internacional
8
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Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, María Badía, Sharon Bowles,
Andre Brie, Wolfgang Bulfon, Philippe Busquin, Marie-Arlette
Carlotti, Carlos Carnero, Richard Corbett, Gabriela Cretu, Brian
Crowley, Bairbre de Brun, Elly de Groen-Kouwenhoven, Véronique
De Keyser, Panayiotis Demetriou, Alexandra Dobolyi, Andrew
Duff, Said El Khadraoui, Jill Evans, Robert Evans, Emanuel Jardim
Fernandes, Ilda Figueiredo, Vicente Miguel Garcés, Martí Grau,
Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Richard Howitt; Alain
Hutchinson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Glenys Kinnock, Jean
Lambert, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, David
Martin, Marios Matsakis, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emilio
Menéndez, Rosa Miguélez, Claude Moraes, Eluned Morgan,
Riitta Myller, Raimon Obiols, Athanasios Pafilis, Miloslav Ransdorf,
Teresa Riera Madurell, Eoin Ryan, Aloyzas Sakalas, María Isabel
Salinas, Esko Seppänen, Peter Skinner, Bart Staes, Catherine Stihler,
Gary Titley, Georgios Toussas, Kyriacos ,Triantaphyllides, Feleknas
Uca, Anne Van Lancker, Sarah Wagenknecht, Francis Wurtz.
Legisladores del Congreso Nacional de Brasil
Senadores
Sen. Paulo Paim, presidente de la Comisión sobre los Derechos
Humanos y la Legislación Participativa, ex primer vicepresidente
del Senado; Sen. Flávio Arns, Sen. Inácio Arruda, Sen. Eduardo
Azeredo, Sen. José Nery Azevedo, Sen. Cristovam Buarque, Sen.
Renato Casagrande, Sen. Fátima Cleide, Sen. Geraldo M. Júnior,
Sen. João Pedro, Sen. Ideli Salvatti, Sen. Roseana Sarney, Sen.
Marina Silva, Sen. Serys Slhessarenko, Sen. Eduardo Suplicy, Sen.
Antonio C. Valadares, Sen. Sérgio Zambiasi.
Diputados
Dip. Marcondes Gadelha, presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores y la Defensa Nacional
9
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Dip. Daniel Almeida, presidente de la Comisión Especial sobre la
Ley de Amnistía, Dip. Carlos Abicalil, Dip. Henrique Afonso,
Dip. Beto Albuquerque, Dip. Chico Alencar, Dip. Marcelo
Almeida, Dip. Perpetua Almeida, Dip. Ribamar Alves, Dip. Severiano
Alves, Dip. Jovair Arantes, Dip. Bernardo Ariston, Dip. Ana Arraes,
Dip. Eduardo Barbosa, Dip. Jackson Barreto, Dip. Arnon Bezerra,
Dip. Fátima Bezerra, Dip. Ricardo Berzoini, Dip. Antônio Carlos
Biffi, Dip. Jorge Bittar, Dip. Edigar Mão Branca, Dip. Alex Canziani,
Dip. Janete Capiberibe, Dip. Givaldo Carimbão, Dip. Arlindo
Chinaglia, Dip. Antonio Cruz, Dip. João Paulo Cunha, Dip. Lídice da
Mata, Dip. Chico D’angelo, Dip. Manuela D’ávila, Dip. Fernando
de Fabinho, Dip. André de Paula, Dip. Arnaldo Faria de Sá,
Dip. Flávio Dino, Dip. Cida Diogo, Dip. Luiza Erundina,
Dip. Pedro Eugênio, Dip. Fernando Ferro, Dip. Dalva
Figueiredo, Dip. Fernando Coelho Filho, Dip. Mendes Ribeiro
Filho, Dip. Valadares Filho, Dip. Henrique Fontana, Dip. Márcio
França, Dip. Gustavo Fruet, Dip. José Genoíno, Dip. Luciana
Genro, Dip. Zé Geraldo, Dip. Vanessa Grazziotin, Dip. Ciro
Gomes, Dip. Eduardo Gomes, Dip. Vadão Gomes, Dip. José
Guimarães, Dip. Maria Helena, Dip. Ariosto Holanda, Dip. Manoel
Junior, Dip. Osmar Júnior, Dip. Jorge Khoury, Dip. Carlos Alberto
Leréia, Dip. Maurício Q. Lessa, Dip. Átila Lins, Dip. Átila Lira,
Dip. Chico Lopes, Dip. Iriny Lopes, Dip. Geraldo Magela, Dip.
Marina Maggessi, Dip. Carlos Humberto Mannato, Dip. Nelson
Marquezelli, Dip. Colbert Martins, Dip. Fernando Melo, Dip. José
Mentor, Dip. Moacir Micheletto, Dip. Evandro Milhomen, Dip. Armando
Monteiro, Dip. Leonardo Monteiro, Dip. Jô Moraes, Dip.
Laurez Moreira, Dip. Nilson Mourão, Dip. Mauro Nazif, Dip. Brizola
Neto, Dip. Ciro Nogueira, Dip. Rubens Otoni, Dip. Antonio Palocci,
Dip. Antonio C. Pannunzio, Dip. Hermes Parcianello, Dip. Gonzaga
Patriota, Dip. Ciro Pedrosa, Dip. Fátima Pelaes, Dip. Nelson
Pellegrino, Dip. Janete Rocha Pietá, Dip. Walter Pinheiro, Dip.
Nilson Pinto, Dip. Alice Portugal, Dip. Giovanni Queiroz, Dip.
Leonardo Quintão, Dip. Aldo Rebelo, Dip. Osvaldo Reis, Dip. José
Rocha, Dip. Paulo Rocha, Dip. Sandra Rosado, Dip. Maria do
Rosário, Dip. Dr. Rosinha (Florisvaldo Fier), Dip. Carlos Santana,
Dip. Alexandre Santos, Dip. Marcelo Serafim, Dip. Alexandre
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Silveira, Dip. Paulo Renato Souza, Dip. Hidekazu Takayama, Dip. Jilmar
Tatto, Dip. Miro Teixeira, Dip. Antonio C. M. Thame, Dip. Nelson
Trad, Dip. Ricardo Tripoli, Dip. Dr. Marco Aurélio Ubiali, Dip.
Cândido Vaccarezza, Dip. Ivan Valente, Dip. Edmilson Valentim,
Dip. Eduardo Valverde, Dip. Angelo Vanhoni, Dip. Pepe Vargas,
Dip. José S. Vasconcellos, Dip. Arnaldo Vianna, Dip. Vicentinho
(Vicente Paulo da Silva), Dip. Gastão Vieira, Dip. Claudio Antonio
Vignatti, Dip. Leandro Vilela, Dip. Leonardo Vilela, Dip. Carlos
Willian, Dip. Pedro Wilson, Dip. Eudes Xavier, Dip. Carlos Zarattini.
Legisladores de Bélgica
Parlamento Federal Belga
Rep. Dirk Van der Maelen (ex vicepresidente de la Cámara de Representantes,
actual vicepresidente de la Comisión sobre Política
Exterior, ex miembro del Consejo de Europa)
Rep. Wouter De Vriendt, Rep. David Geerts, Rep. Katrien Partyka,
Rep. Ludwig Vandenhove, Sen. Sfia Bouarfa; Sen. Geert Lambert,
ex Sen. Pierre Galand.
Parlamento Flamenco
Marcel Logist, Kurt De Loor, Sven Gatz, Bart Van Malderen, André
Van Nieuwkerke.
Legisladores del Congreso Nacional de Chile
Senadores
Sen. Carlos Ominami, ex vicepresidente del Senado
Sen. Jaime Gazmuri, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Sen. Nelson Ávila; Sen. Alejandro Navarro.
Diputados
Dip. Sergio Aguiló, ex presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, Dip. Alejandro Sule, Dip. Fernando Meza, Dip. Denise
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Pascal Allende, Dip. Marco Enríquez-Ominami, Dip. Fidel
Espinoza, Dip. Antonio Leal, Dip. Marco Antonio Núñez.
Legisladores del Parlamento de Alemania (Bundestag)
Wolfgang Neškovi, vicepresidente del Comité de Asuntos Legales
en el Bundestag; ex juez del Tribunal Federal de Justicia
Klaus Brandner, secretario de Estado del Parlamento
Monika Griefahn, Dr. Gregor Gysi, Lothar Mark, profesor Dr. Norman
Paech, Florian Pronold, Christoph Strässer.
Legisladores del Parlamento de Irlanda
Senadores
Sen. Dominic Hannigan, Sen. David Patrick Bernard Norris, Sen. Ivana
Bacik, Sen. Deirdre de Burca, Sen. Pearse Doherty, Sen. Paschal
Donohoe, Sen. Alan Kelly, Sen. Michael McCarthy, Sen. Phil
Prendergast, Sen. Brendan Ryan, Sen. Alex White.
Diputados
12
T.D. Tom Kitt, ex jefe del grupo del partido de gobierno en el Parlamento
y ex ministro de Estado del Departamento de Asuntos Exteriores,
T.D. John Browne, ex ministro de Estado, T.D. Noel
Treacy, ex ministro de Estado, T.D. Brendan Howlin, vicepresidente
de las Cámaras Parlamentarias de Irlanda, T.D. Emmet Stagg,
jefe del Grupo Parlamentario del Partido Laborista, T.D. Michael
D. Higgins, laureado en 1992 con el Premio de la Paz Sean
MacBride, otorgado por la Oficina Internacional para la Paz; profesor
adjunto del Centro Irlandés para los Derechos Humanos; T.D.
Aengus Ó Snodaigh, Chief Whip-Sinn Fein, portavoz del Sinn Fein
para los asuntos relacionados con la Justicia, la Igualdad y los Derechos
Humanos, la Vivienda y los Asuntos Internacionales; T.D.
Ciaran Cuffe, portavoz del Partido de los Verdes para los asuntos
relacionados con la Justicia, la Igualdad y la Reforma Legal, y los
Asuntos Internacionales; T.D. Charles Flanagan, portavoz del Partido
Fine Gael para los asuntos relacionados con la Justicia, la Igual-
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dad y la Reforma Legal; T.D. Chris Andrews, T.D. Thomas
Broughan, T.D. Joan Burton, T.D. Joe Costello, T.D. Martin Ferris,
T.D. Eamon Gilmore, T.D. Ciarán Lynch, T.D. Kathleen Lynch,
T.D. Finian McGrath, T.D. Mattie McGrath, T.D. Liz McManus,
T.D. Arthur Morgan, T.D. John O’Mahony, T.D. Brian O’Shea,
T.D. Caoimhghín Ó Caoláin, T.D. Willie Penrose, T.D. Ruarí Quinn,
T.D. Pat Rabbitte, T.D. Sean Sherlock, T.D. Róisín Shortall, T.D.
Jan O’Sullivan, T.D. Joanna Tuffy, T.D. Mary Upton, T.D. Jack
Wall, T.D. Mary A. White.
Legisladores de la Dieta Nacional de Japón
Miembros de la Cámara de los Concejales
Ex Sen. Osamu Yatabe, ex director del Comité de Relaciones Internacionales
de la Cámara de los Concejales
Sen. Keiko Itokazu, Sen. Masamichi Kondo, Sen. Seiji Mataichi,
ex Sen. Masako Owaki.
Miembros de la Cámara de Representantes
Ex rep. Takako Doi, ex presidente de la Cámara de Representantes
y ex miembro de la Junta Directiva del Comité de Relaciones Exteriores
Rep. Tomoko Abe, Rep. Fumihiro Himori, Rep. Nobuto Hosaka,
Rep. Tetsuo Kanno, Rep. Kantoku Teruya.
Legisladores de la Cámara de Diputados al Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos
Dip. Javier González Garza, miembro del Consejo de Europa, presidente
del Grupo de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
y Coordinador del Partido de la Revolución Democrática en
el Congreso;
Dip. Raymundo Cárdenas Hernández, presidente de la Comisión
de Asuntos Constitucionales;
Dip. Alberto López Rojas, miembro de la Comisión de Derechos
Humanos;
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Dip. José Antonio Almazán González, miembro de la Comisión de
Derechos Humanos;
Dip. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, miembro de la Comisión de
Derechos Humanos;
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez, miembro de la Comisión de
Derechos Humanos;
Dip. José Jacques Medina, miembro de la Comisión de Derechos
Humanos;
Dip. Jesús Humberto Zazueta Aguilar, miembro de la Comisión de
Derechos Humanos;
Dip. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, secretario de la Comisión de
Relaciones Internacionales;
Dip. Mario Enrique del Toro, secretario de la Comisión de Relaciones
Internacionales;
Dip. Antonio Soto Sánchez, miembro de la Comisión de Relaciones
Internacionales;
Dip. Miguel Ángel Peña Sánchez, miembro de la Comisión de Relaciones
Internacionales;
Dip. Aleida Alavez Ruiz, Dip. Humberto Willfredo Alonso Razo,
Dip. Carlos Altamirano Toledo, Dip. Silvestre Álvarez Ramon, Dip.
Alberto Amaro Corona, Dip. Irene Aragón Castillo, Dip. Juan Darío
Arreola Calderón, Dip. Armando Barreiro Pérez, Dip. Valentina Valia
Batres Guadarrama, Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, Dip. Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla, Dip. Modesto Brito González, Dip. Amador
Campos Aburto, Dip. Cuitlahuac Condado Escamilla, Dip. Claudia
Lilia Cruz Santiago, Dip. Moisés Felix Dagdug Lützow, Dip. Juan
Hugo de la Rosa García, Dip. Joaquín Conrado de los Santos Molina,
Dip. Daniel Dehesa Mora, Dip. Adriana Díaz Contreras, Dip. Jaime
Espejel Lazcano, Dip. Mónica Fernández Balboa, Dip. César Flores
Maldonado, Dip. Guadalupe Socorro Flores Salazar, Dip. Fernel
Arturo Gálvez Rodríguez, Dip. Juan Nicasio Guerro Ochoa, Dip.
José Luis Gutiérrez Calzadilla, Dip. Sergio Hernández Hernández,
Dip. María Eugenia Jiménez Valenzuela, Dip. Pedro Landero López,
Dip. Juan Darío Lemarroy Martínez, Dip. Ana Yurixi Leyva Piñón,
Dip. Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Dip. Santiago López Becerra,
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Dip. Alejandro Martínez Hernández, Dip. Carlos Roberto Martínez
Martínez, Dip. Hugo Eduardo Martínez Padilla, Dip. Octavio Martínez
Vargas, Dip. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Dip. Marcos Matías
Alonso, Dip. Holly Matus Toledo, Dip. Fernando Enrique Mayans
Canabal, Dip. David Mendoza Arellano, Dip. Efraín Morales Sánchez,
Dip. Carlos Orsoe Morales Vázquez, Dip. Héctor Narcía
Álvarez, Dip. Concepción Ojedo Hernández, Dip. Juan Adolfo Orcí
Martínez, Dip. Antonio Ortega Martínez, Dip. Rosario Ignacia Ortiz
Magallón, Dip. Ramón Felix Pacheco Llanes, Dip. Isidro Pedaza
Chávez, Dip. Adrián Pedrozo Castillo, Dip. Raciel Pérez Cruz, Dip.
Celso David Pulido Santiago, Dip. Rafael Plácido Ramos Becerril,
Dip. Martin Ramos Castellanos, Dip. Gloria Rasgado Corsi, Dip.
Raúl Ríos Gamboa, Dip. Odilón Romero Gutiérrez, Dip. Salvador
Ruiz Sánchez, Dip. José Antonio Saavedra Coronel, Dip. Juan Manuel
San Martín Hernández, Dip. Alejandro Sánchez Camacho, Dip.
David Sánchez Camacho, Dip. Eva Angelina Sánchez Valdés, Dip.
Francisco Javier Santos Arreola, Dip. Miguel Ángel Solares Chávez,
Dip. Rosa Elva Soriano Sánchez, Dip. José Alfonso Suárez del Real
y Aguilera, Dip. Daniel Trejo García, Dip. Pablo Trejo Pérez, Dip.
Martín Zepeda Hernández.
Legisladores del Parlamento Escocés
Malcolm Chisholm, ex ministro ejecutivo de Escocia;
Jackie Baillie, Bill Butler, Angela Constance (miembro del Comité
Jurídico), Marlyn Glen, Christopher Harvie, Hugh Henry, Jamie
Hepburn, Bill Kidd, Michael Matheson, John Park, Elaine Smith,
Sandra White, Dr. Bill Wilson.
Legisladores del Parlamento del Reino Unido
Cámara de los Comunes
Ann Cryer, ex miembro del Consejo de Europa;
John Cummings, ex miembro del Consejo de Europa;
Honorable Peter Hain, ex ministro del Exterior y de la Mancomunidad;
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Honorable Clare Short, ex secretaria del Estado para el Desarrollo
Internacional;
Peter Bottomley, ex ministro;
Peter Kilfoyle, ex ministro del Ministerio de Defensa;
Honorable Sir Gerald Kaufman, ex ministro de Gobierno;
Honorable Richard Caborn, ex ministro;
Angela E. Smith, ex ministro;
Gavin Strang, ex ministro de Transporte;
Honorable Nigel Keith Anthony Standish Vaz, ex ministro para
Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad;
Jenny Willott, ex ministro de Justicia en la Sombra;
Jeremy Corbyn, vicepresidente del APPG sobre Derechos Humanos;
Andrew Dismore, presidente del Comité Conjunto sobre Derechos
Humanos;
Julie Morgan, miembro del Comité de Justicia;
Dr. Nick Palmer, miembro del Comité de Justicia;
Linda Riordan, miembro del Comité de Justicia;
Sandra Osborne, miembro del Comité de Asuntos Exteriores;
Ken Purchase, miembro del Comité de Asuntos Exteriores;
Michael Clapham, miembro de la APPG sobre Derechos Humanos;
Virendra Sharma, miembro del Comité Conjunto sobre Derechos
Humanos y miembro del Comité de Justicia;
David Anderson, John Austin, Celia Barlow, Colin Burgon, David
Burrow, Ronnie Campbell, Martin Caton, David Chaytor, Katy
Clark, David Clelland, Harry Cohen, Frank Cook, Michael
Connarty, Jim Cousins, David Crausby, Jon Cruddas, Ian Davidson,
Dai Davies, Janet Dean, Jim Devine, Jim Dobbin, David Drew,
Bill Etherington, Hwyel Francis; George Galloway, Neil Gerrard,
Dr. Ian Gibson, Michelle Gildernew, Andrew Gwynne, Dai Havard,
David Heyes, Kate Hoey, Paul Holmes, Kelvin Hopkins, Jim Hood,
Rt. Hon. George Howarth, Dr. Brian Iddon, Lynne Jones, David
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Kidney, Ashok Kumar, Mark Lazarowicz, John Leech, David
Lepper, Tony Lloyd (presidente del Partido Laborista Parlamentario),
Andy Love, Rob Marris, Robert Marshall-Andrews QC, Chris
McCafferty, John McDonnell, Jim McGovern, Austin Mitchell, Anne
Moffat, Conor Murphy, Adam Price, Gwyn Prosser, Jim Sheridan,
Marsha Singh, Alan Simpson, Dennis Skinner, Ian Stewart, Rt. Hon.
Graham Stringer, David Taylor, Emily Thornberry, Mark Todd, Jon
Trickett, Dr. Desmond Turner, Robert Wareing, Mike Wood, Derek
Wyatt.
Cámara de los Lores
Baronesa Northover, vocera para el Desarrollo Internacional en la
Cámara de los Lores
Lord Rea de la Cámara de los Lores.
Ex ministros y miembros del Parlamento
Tony Benn, ex ministro de Gabinete y miembro del Parlamento
Honorable Brian Wilson, ex ministro de Gabinete y miembro del
Parlamento
Kenneth Livingstone, ex alcalde de Londres y miembro del Parlamento
John Biggs, miembro de la Asamblea de Londres.
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ÍNDICE
ÍNDICE DE FUENTES ............................................................... 20
INTERÉS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE .......................... 21
RESUMEN DE ARGUMENTOS ............................................... 36
ARGUMENTOS.......................................................................... 38
I. LOS PARLAMENTARIOS DE OTROS PAÍSES
ESTÁN GENUINAMENTE PREOCUPADOS
POR LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTADOS EN LA PETICIÓN
DE REVISIÓN ................................................................... 38
II. ESTE TRIBUNAL DEBE REVISAR
LOS OBSTÁCULOS EXCEPCIONALMENTE
GRANDES EN CONTRA DE UN CAMBIO
DE SEDE INTERPUESTOS POR EL FALLO
DEL TRIBUNAL DE APELACIONES
DEL ONCENO CIRCUITO .............................................. 43
CONCLUSIÓN............................................................................ 46
ANEXOS ..................................................................................... 47
A. DECISIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
DETENCIONES ARBITRARIAS DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE NACIONES UNIDAS, 27 DE MAYO DE 2005 ......... 47
B. PUNTO DE ACUERDO DEL SENADO
MEXICANO, 10 DE FEBRERO DE 2009 ....................... 56
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20
ÍNDICE DE FUENTES
Casos
Estados Unidos v. Campa, 459 F.3d 1121 (11 no Cir.) .............. 43
Otras fuentes
Anthony Lester, “The Overseas Trade in the
American Bill of Rights”, 88 Colum. L. Rev.
537,541(abril de 1988 .......................................................... 38
Claire L’Heureux-Dube, “The Importance of Dialogue:
Globalization and the International Impact of
the Rehnquist Court”, 34 Tulsa L.J. 15, 17
(otoño de 1998) ................................................................... 40
Convención Europea sobre Derechos Humanos,
Art. 6, párrafo 1 ................................................................... 40
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Art. 14 ................................................................................. 43
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Art. 9 ................................................................................... 41
Mark C. Rahdert, “Comparative Constitutional
Advocacy”, 56 Am. U. L. Rev. 553, 566
(febrero de 2007) ................................................................. 39
Opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, Opinión No. 19/2005
(Estados Unidos de América), párrafo 32, Aprobado,
27 de mayo de 2005 ............................................................ 42
Richard B. Lillich, “The Constitution and International
Human Rights”, 83 Am. J. Int’l. L. 851
(octubre de 1989) ................................................................. 38
Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada
y proclamada mediante la Resolución 217 A (III)
de la Asamblea General del 10 de diciembre
de 1948 ................................................................................ 21
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INTERÉS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE
Los Amigos de la Corte 1 son el Senado de México, la Asamblea
Nacional de Panamá, la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, y los legisladores de los parlamentos de
nueve de las mayores y más antiguas democracias del mundo y del Parlamento
Europeo. Ellos han adoptado la inusual medida de presentar un
documento ante este Tribunal dadas las extraordinarias preocupaciones
en materia de derechos humanos que ha suscitado este caso en el ámbito
internacional, teniendo en cuenta la gran importancia que tiene la garantía
de un juicio con un jurado imparcial en cualquier sistema de justicia penal
que se considere justo. A continuación describimos, país por país, cuáles
son sus intereses.
MÉXICO
El 10 de febrero de 2009, el Senado de los Estados Unidos Mexicanos
adoptó la medida extraordinaria de votar a favor de comparecer en la
figura de amigo de la corte ante este Tribunal con el fin de denunciar las
violaciones de los derechos humanos de los cinco demandantes cubanos
e instar al Tribunal a que ordene la realización de un nuevo juicio en una
locación que no sea Miami, Florida. La Resolución adoptada por el Senado
mexicano está contenida en el Anexo de este documento. La Resolución
subraya que los Estados Unidos han hecho caso omiso de la decisión
adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En fecha anterior, el 28 de septiembre de 2006, el Senado de México,
en sesión plenaria, había aprobado la Resolución del Grupo de Trabajo
sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas respecto del caso de los Cinco Cubanos, e instó al
gobierno de los Estados Unidos a enmendar la situación. En el mes de
julio de 2008, el asunto fue presentado ante el Comité Permanente de la
1 Este documento es presentado previo consentimiento por escrito de todas las partes.
Ninguno de los abogados de ninguna de las partes ha redactado este documento
ni total ni parcialmente, ni ningún abogado o parte realizó contribución monetaria
alguna con la intención de financiar la elaboración o presentación de dicho
documento.
21
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Sexagésima Legislatura y transferido a la Comisión de Relaciones Exteriores
de América del Norte para su posterior análisis. Esa Comisión recomendó
que el Senado aprobara una nueva declaración en apoyo a los derechos
humanos de los demandantes, basada en el hecho de que no han recibido
un juicio justo, tal y como ha sido documentado por el Grupo de Trabajo
sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Como resultado de ello, el 7 de octubre de 2008 el Senado
nuevamente instó de manera oficial a los Estados Unidos a tomar en
cuenta la decisión del Grupo de Trabajo y a respetar los derechos al debido
proceso de estos acusados, reiteró su apoyo a los derechos humanos de los
Cinco Cubanos y autorizó la comunicación de esta Resolución a los gobiernos
de los Estados Unidos y de la República de Cuba, así como a todas las
organizaciones internacionales que se han expresado en contra de la violación
de los derechos humanos de los Cinco Cubanos.
El documento también ha sido firmado por ochenta y cinco diputados
de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, incluido
un miembro del Consejo Europeo, el Presidente del Grupo de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados y el Coordinador del Partido
de la Revolución Democrática en el Congreso (Javier González Garza);
el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Raymundo
Cárdenas Hernández); los presidentes de otras cuatro comisiones; seis
miembros de la Comisión de Derechos Humanos; dos secretarios y dos
miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Los parlamentarios, juristas, profesores de derecho, defensores de
los derechos humanos y representantes de otros sectores de la sociedad
civil mexicana comparten una preocupación común relacionada con el
impacto del caso de los Cinco Cubanos en el derecho internacional en
general y en las leyes internacionales sobre derechos humanos en particular,
y de manera más específica, en la compleja red de relaciones entre los
Estados Unidos, Cuba y los Estados Unidos Mexicanos (en adelante,
México). México es el segundo mayor socio comercial de los Estados
Unidos y ha sido definido por la política estadounidense como un aliado
estratégico en los esfuerzos regionales por combatir el terrorismo, el
narcotráfico, y la migración irregular, y en la promoción de un enfoque
hemisférico común en temas relacionados con el imperio de la ley y los
derechos humanos. México es el país de habla hispana más densamente
poblado del mundo, y el tercero más densamente poblado del hemisferio
occidental. Esto le da una importancia desde el punto de vista diplomático
22
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en el hemisferio, como líder entre los países latinoamericanos, y en el
mundo, como líder de los países en desarrollo.
Los Estados Unidos y México han desarrollado una amplia gama de
mecanismos de consulta y cooperación en relación con la variedad de temas
en los cuales interactúan. Entre ellos se incluyen: 1) reuniones periódicas
a nivel presidencial; 2) reuniones anuales de la Comisión Binacional
a nivel de gabinete con 10 grupos de trabajo en temas de gran importancia;
3) reuniones anuales de delegaciones congresionales en las conferencias
del Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos; 4) reuniones
comerciales trilaterales relacionadas con el TLCAN dirigidas por diferentes
grupos; 5) reuniones regulares de los fiscales generales y del pleno principal
de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley para discutir los
asuntos relacionados con la ejecución de la ley y el tema de narcóticos; 6)
una amplia gama de reuniones bilaterales de cooperación en la zona fronteriza
que abordan temas tales como el medio ambiente, la salud, el transporte
y el cruce fronterizo; y 7) reuniones trilaterales en el marco de la “Asociación
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte” (SPP) fundada
en Waco, Texas, en el mes de marzo de 2005. Todo esto reafirma las
preocupaciones de los Amigos de la Corte en relación con el impacto de
estos casos en el panorama jurídico entrelazado que comparten los Estados
Unidos y México como resultado de su condición convergente, cada vez
más interdependiente, como estados parte en aspectos clave y pertinentes
del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y su equivalente
regional en el hemisferio occidental, el sistema Intearamericano de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
México y los asuntos que afecten a los ciudadanos mexicanos en
México, así como los que viven en los Estados Unidos, y las complejas
convergencias que evolucionan entre los sistemas legales de los Estados
Unidos y México, así como las relaciones de ambos con el derecho internacional
y las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas,
se han hecho cada vez más evidentes en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos. Entre los ejemplos se incluyen:
Verdugo Urquidez v. Estados Unidos, 494 U.S. 259 (1990); Alvarez
Machain v. Estados Unidos, 504 U.S. 655 (1992); Sosa v. Alvarez
Machain, 542 U.S. 692 (2004) (tres casos relacionados que se derivan de
las actividades de la DEA de los Estados Unidos en territorio mexicano,
que dio lugar a supuestas violaciones del derecho internacional) y más
recientemente, Medellín v. Texas, 128 S. Ct. 1346 (2008) (ejecución de
23
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los derechos a asistencia consular en los tribunales estatales de los Estados
Unidos en virtud del Artículo 36 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, en el caso de los ciudadanos mexicanos sentenciados
a muerte).
24
PANAMÁ
La Asamblea Nacional de Panamá ha adoptado la medida extraordinaria
de comparecer ante el Tribunal en la figura de amigo del tribunal
con el fin de instar al Tribunal a que conceda la petición de revisión. El
doctor Raúl Rodríguez Arauz, presidente de la Asamblea Nacional, parlamento
unicameral de Panamá, ha sido autorizado a presentar este documento
de Amigos de la Corte con el fin de hacer patente el apoyo de la
Asamblea Nacional de Panamá al argumento de que los Cinco Cubanos
han permanecido encarcelados de manera arbitraria e ilegal, tal y como lo
corroboró el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Asamblea Nacional ha debatido este tema en varias ocasiones,
incluso mediante la Resolución No. 001 del 3 de octubre de 2006 del
Comité de Asuntos Exteriores y la Declaración Especial del 26 de octubre
de 2006 del Grupo Interparlamentario de Amistad entre Panamá y
Cuba, en la cual se expresaba que “nosotros nos unimos al creciente llamado
a nivel mundial a favor de los Cinco, para que ellos tengan derecho a
un juicio justo, a un jurado imparcial, y para garantizar que se cumpla con el
debido proceso”, así como resoluciones similares emitidas el 20 de octubre
de 2007 por el Comité de Asuntos Exteriores, el 10 de octubre de 2007
por el Grupo Interparlamentario de Amistad entre Panamá y Cuba, y el 22
de octubre de 2008 por el Comité de Relaciones Exteriores.
MARY ROBINSON
Mary Robinson fue la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos de 1997 hasta 2002, y la presidenta de Irlanda de
1992 a 1997. Como académica, abogada y líder política electa, ha dedicado
su vida a trabajar en favor de los derechos humanos y es una de las más
destacadas defensoras de los derechos humanos en el mundo. En el año
2004 recibió el premio “Embajador de Conciencia” que otorga Amnistía
Internacional por su trabajo en la promoción de los derechos humanos.
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PARLAMENTO EUROPEO
Este documento ha sido firmado por setenta y siete miembros del
Parlamento Europeo, entre los cuales se incluyen dos ex presidentes (Josep
Borrell Fontelles y Enrique Barón Crespo); tres actuales vicepresidentes
(Miguel Ángel Martínez, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, y Luisa Morgantini);
un cuestor (Mia De Vits); el presidente del Comité de Asuntos Constitucionales
(Jo Leinen); el vicepresidente del Subcomité de Derechos Humanos
(Richard Howitt); el vicepresidente del Comité de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos Internos (Guisto Catania); el vicepresidente de la
Delegación a la Asamblea Parlamentaria América Latina-Europa (Willy
Meyer Pleite); los vicepresidentes del Comité sobre los derechos de la
Mujer y la Igualdad de Género (Edite Estrela, Zita Gurmai, Raúl Romeva
Rueda y Eva-Britt Svensson); el vicepresidente del Comité de Comercio
Internacional (Ignasi Guardans Cambó); y los presidentes y vicepresidentes
de otros 19 comités y las delegaciones del Parlamento Europeo ante
otros países y organismos parlamentarios.
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea
elegida directamente. Ha sido elegida directamente cada cinco años mediante
sufragio universal desde 1979.
El Parlamento está integrado por 785 parlamentarios que prestan sus
servicios a los más grandes electorados democráticos del mundo y al mayor
electorado democrático transnacional del mundo (342 millones de
electores con derecho al voto en 2004). Los miembros del Parlamento
actúan a través de siete grupos políticos diferentes que representan las
principales tendencias ideológicas que coexisten en Europa.
Como órgano electo, el Parlamento no sólo redacta propuestas que
abordan el funcionamiento de la Unión Europea, sino que también se
ocupa de problemas y preocupaciones de carácter internacional, incluidas
las violaciones de los derechos humanos dondequiera que estas ocurran,
e insta a las autoridades de los países interesados a poner fin a dichas
violaciones. La piedra angular de la política exterior de la Unión Europea
es el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y a las
leyes humanitarias internacionales. Ello incluye el derecho de los detenidos
a la presunción de inocencia, así como el derecho a tener un juicio
justo y a recurrir a todos los procedimientos legales previstos con este fin.
Durante mucho tiempo, un numeroso grupo de parlamentarios que
representan un amplio espectro político e ideológico dentro del Parlamento
25
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Europeo han expresado su preocupación con respecto al caso de los Cinco
Cubanos como parte de su compromiso con la protección de los derechos
humanos a nivel internacional. Han tomado nota con interés y preocupación
de las opiniones dadas por Amnistía Internacional y la decisión del
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas con respecto a este caso. Asimismo,
han estado profundamente preocupados por los efectos colaterales sobre
los familiares cercanos de los Cinco Cubanos, particularmente en las esposas
de dos de ellos —Gerardo Hernández y René González— a quienes se
les ha negado el derecho a visitar a sus esposos en prisión. En el año 2007,
187 miembros del Parlamento de todos los grupos políticos firmaron una
Declaración Escrita donde se abordaban los derechos de estas mujeres.
Teniendo en cuenta la pertinencia y responsabilidades internacionales
de los Estados Unidos de América en la defensa de los derechos humanos,
los parlamentarios firmantes, que representan diferentes grupos
políticos en el Parlamento Europeo, y que ostentan posiciones de liderazgo
en diferentes comités y delegaciones, así como en los órganos de mayor
jerarquía de esta Cámara, le solicitan al Tribunal Supremo de los Estados
Unidos que acepte revisar el caso de los Cinco Cubanos.
26
BÉLGICA
Este documento ha sido apoyado por cinco representantes, un Senador
en activo y un ex Senador del Parlamento Federal de Bélgica (Federaal
Parlement van België), incluido el ex vicepresidente de la Cámara de
Representantes, el actual vicepresidente de la Comisión de Política Exterior
y un ex miembro del Consejo Europeo (Dirk Van der Maelen). El
documento también ha sido apoyado por cinco miembros del Parlamento
Flamenco (Vlaams Parlement).
BRASIL
El documento ha sido apoyado por diecisiete senadores y 131 diputados
al Congreso Nacional de Brasil (Congresso Nacional do Brasil),
incluido el Presidente de la Comisión sobre Derechos Humanos y Legislación
Participativa del Senado y ex Primer vicepresidente del Senado
(Paulo Paim); el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa
Nacional (Marcondes Gadelha); y el Presidente de la Comisión
Especial sobre la Ley de Amnistía (Daniel Almeida) de la Cámara de Dipu-
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tados, así como los presidentes de otros 22 grupos de trabajo y Comisiones
Conjuntas Externas, Especiales y Permanentes del Senado y de la Cámara
de Diputados de 14 partidos políticos diferentes. Brasil es la cuarta democracia
de mayor densidad poblacional del mundo, y su extensión geográfica
cubre casi la mitad del continente sudamericano.
Varios miembros del Congreso Nacional de Brasil han expresado
oficialmente sus preocupaciones ante el irrespeto de los derechos humanos
fundamentales de los Cinco Cubanos en tres ocasiones. En agosto de
2006, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes
de Brasil, conjuntamente con el Grupo Parlamentario Brasil-Cuba,
aprobó una “moción de condena contra el encarcelamiento ilegal y arbitrario
de Cinco Cubanos en los Estados Unidos”. Aldo Rebelo, presidente
de la Cámara de Diputados, por orden del diputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, presidente del Comité sobre Derechos Humanos y Minorías,
enviaron esta moción al congresista Dennos Hastert, presidente de la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por conducto de Clifford
Sobel, embajador de los Estados Unidos en Brasil. La moción se basaba,
en parte, en los derechos humanos garantizados en virtud del Artículo 10
de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
que establece que toda persona acusada en un proceso penal debe ser
juzgada por un tribunal imparcial e independiente. Finalmente, el Comité
sobre Derechos Humanos y Minorías y el Grupo Parlamentario Brasil-
Cuba aprobaron una tercera moción el 10 de abril de 2007, nuevamente
en defensa de los derechos humanos de los Cinco Cubanos prisioneros,
sobre la base de los principios reconocidos internacionalmente.
Estas acciones parlamentarias reflejan la preocupación de la sociedad
civil brasileña con respecto a los derechos humanos de los demandantes,
tal y como se refleja en la declaración en apoyo a ellos aprobada
por la Décima Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos de Brasil,
que contó con la participación de 700 organizaciones públicas y de la
sociedad civil de Brasil.
La Orden de Abogados de Brasil, integrada por casi 700 000 miembros,
ha firmado un documento de Amigos de la Corte por separado en
apoyo a la demanda de avocación. Uno de los principios rectores de la
Orden de Abogados es el Artículo 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el cual se analiza infra, que establece el derecho a un
tribunal imparcial, un derecho que cree ha sido violado en la causa interpuesta
por los demandantes.
27
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CHILE
Cuatro senadores y ocho diputados del Congreso Nacional de Chile,
incluido el ex vicepresidente del Senado (Senador Carlos Ominami);
el actual presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado
(Senador Jaime Gazmuri); y el ex presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados (diputado Sergio Aguiló) apoyan
este documento en su condición de Amigos de la Corte.
La Comisión de Derechos Humanos le ha solicitado a Michelle
Bachelet, presidenta de la República de Chile, que le exprese al gobierno
de los Estados Unidos su preocupación por los Cinco Cubanos prisioneros.
ALEMANIA
Ocho miembros del Parlamento Alemán (Bundestag), incluido el
vicepresidente del Comité de Asuntos Legales en el Bundestag y ex juez
del Tribunal Federal de Justicia (Wolfgang Neškovic) y un Secretario de
Estado del Parlamento (Klaus Brandner) apoyan este documento, dada
su preocupación por los derechos humanos de los Cinco Cubanos. Este
caso ha causado gran preocupación entre los miembros del Bundestag,
quienes han escrito cartas oficiales el 1ro. de julio de 2004, el 16 de junio
de 2006 y el 7 de septiembre de 2006 a los miembros del Congreso de los
Estados Unidos para expresar su opinión de que el proceso de acusación
y las sentencias de los demandantes violaron sus derechos fundamentales
a un juicio justo e imparcial.
Los diputados se basan, en parte, en la decisión del Grupo de Trabajo
sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas. Cincuenta y tres representantes, incluida la vicepresidente
del Bundestag, Petra Pau, firmaron la carta del 7 de septiembre
de 2006 donde se solicita a los legisladores de los Estados Unidos que
hagan uso de sus recursos para apoyar la celebración de un nuevo juicio
para los demandantes. La carta anterior de fecha 16 de junio de 2006, fue
firmada por doce representantes, incluida la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Parlamento, la profesora
Herta Daubler-Gmelin y el ex secretario general del Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD), Klaus Uwe Benneter.
28
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IRLANDA
Este documento fue suscrito por once senadores y treinta y tres diputados
de la Cámara de Representantes del Parlamento de Irlanda (Tithe an
Oireachtais), incluidos tres ex ministros de Estado, uno de ellos ex jefe
del grupo del partido de gobierno en el Parlamento (Tom Kitt, John Browne
y Noel Treacy); el vicepresidente del Parlamento Irlandés (Brendan
Howlin); los jefes de los grupos parlamentarios del Partido Laborista y el
Sinn Fein (Emmet Stagg y Aengus Ó Snodaigh); el portavoz para los
asuntos relacionados con la Justicia, la Igualdad y la Reforma Legal y las
Relaciones Internacionales del Partido de los Verdes (Ciaran Cuffe); el
portavoz para los temas relacionados con la Justicia, la Igualdad y los
Derechos Humanos, la Vivienda y las Relaciones Internacionales del Partido
Sinn Fein (Aengus Ó Snodaigh); y el portavoz para los asuntos relacionados
con la Justicia, la Igualdad y la Reforma Legal del Partido Fine
Gael (Charles Flanagan).
La República de Irlanda es una democracia parlamentaria gobernada
por el Oireachtas, integrado por el Presidente y dos cámaras, el Dáil
Éireann y el Seanad Éireann. Este documento de Amigos de la Corte
evidencia el hecho de que desde el año 2002 los parlamentarios irlandeses
se han expresado categóricamente y de forma sistemática con respecto
al caso de los Cinco Cubanos. Más recientemente, dos destacados miembros
del Gabinete, John Gormley, ministro para el Medio Ambiente del
Partido de los Verdes; y Barry Andrews, ministro para la Infancia del
Partido Fianna Fáil, firmaron varias cartas en su nombre, conjuntamente
con 56 miembros del Dáil Éireann, incluidos los 20 miembros del Partido
Laborista y los 4 miembros del Partido Sinn Fein.
El 12 de septiembre de 2008, en el décimo aniversario del arresto de
los Cinco Cubanos, cinco miembros del Oireachtas publicaron una carta
dirigida al editor del diario Irish Independent, en la cual llegaban a la
conclusión de que el proceso legal en este caso “no está acorde con las
normas de la justicia internacional y pone de manifiesto evidencias de
injerencia política y prejuicio contra Cuba”.
En el mes de febrero de 2006, 49 miembros del Parlamento irlandés,
incluidos 8 senadores, solicitaron la liberación de los Cinco en una carta
dirigida al Fiscal General Alberto González, la cual estuvo precedida por
una carta original dirigida al Fiscal General en el mes de septiembre del
año 2005, en la cual 50 miembros del Parlamento irlandés pertenecientes
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a diferentes partidos políticos habían exigido su liberación. En el mes de
noviembre de 2003, una demanda que exigía la liberación de los Cinco y
la celebración de un nuevo juicio fue firmada por 51 miembros del Parlamento
irlandés, incluidos 26 miembros del Partido Laborista Irlandés.
Emmet Stagg, jefe del grupo del Partido Laborista en el Parlamento, firmó
la demanda en nombre de todos los T.D. (miembros de la Cámara
Baja) y senadores del Partido Laborista.
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JAPÓN
Este documento ha sido suscrito por tres miembros en activo y dos
ex miembros de la Cámara de Concejales y cinco Representantes en activo
y un ex Representante de la Cámara de Representantes de la Dieta
Nacional de Japón, incluido el ex presidente de la Cámara de Representantes
y miembro de la Junta del Comité de Asuntos Exteriores (Takako
Doi) y el ex director del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de
Concejales (Osuma Yatabe).
ESCOCIA
Este documento ha sido suscrito por catorce miembros del Parlamento
Escocés, incluido un ex ministro Ejecutivo Escocés (Malcolm
Chisholm).
REINO UNIDO
Noventa miembros de la Cámara de los Comunes suscriben este
documento con el fin de manifestar el amplio interés que existe en el Reino
Unido en torno a este caso. Más de 110 miembros del Parlamento
Británico firmaron una carta abierta al Fiscal General de los Estados Unidos
el 8 de febrero de 2006 en apoyo a los demandantes. Entre los signatarios
se incluyen 97 parlamentarios del Partido Laborista, 10 del Partido
Liberal-Demócrata, 1 del Partido Conservador, 2 del Partido Plaid Cymru
y 1 del Partido Respect. La carta solicitaba la liberación inmediata de los
demandantes, conocidos en el Reino Unido como Los Cinco de Miami.
En ella se subrayaba que las condenas habían sido declaradas ilegales por
el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Además de los parlamentarios,
el Premio Nobel Harold Pinter, el entonces alcalde de Londres Ken
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Livingstone y 15 secretarios generales de sindicatos británicos se unieron
a otros 10 000 ciudadanos ingleses que firmaron la carta.
Este documento se corresponde con la Moción Urgente aprobada
por el Parlamento, firmada por 112 miembros de la Cámara de los Comunes
el 21 de noviembre de 2002. La Moción Urgente #174 concluyó
que la naturaleza de los cargos, el lugar donde se celebró el juicio en
Miami, Florida, en un ambiente de intimidación pública y mediática, y
la magnitud de las sentencias adjudicadas posteriormente, ponían en
tela de juicio la justeza del proceso judicial. La moción exhortaba al
gobierno de los Estados Unidos a apoyar la demanda para la celebración
de un nuevo juicio y garantizar que este se celebre en una sede que
garantice un juicio justo.
Los aspectos comunes de la historia y la cultura del derecho consuetudinario
en el Reino Unido y en los Estados Unidos hacen que los miembros
del Parlamento del Reino Unido muestren un especial interés en instar
al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a mantener las más elevadas
normas del debido proceso en los procedimientos penales.
Además de los intereses expresados por aquellos que han suscrito
oficialmente este documento, los Amigos de la Corte llaman la atención
sobre el hecho de que numerosos parlamentos nacionales y regionales y
comités parlamentarios, así como numerosos parlamentarios a título individual
han protestado contra el juicio de los demandantes por ser esencialmente
injusto. Sus nombres aparecen relacionados en el Anexo a la Demanda
de la 469A a la 488A, y entre ellos se incluyen: el Parlamento
Latinoamericano; 2 el Parlamento del MERCOSUR; 3 parlamentarios latinoamericanos
y caribeños; 4 más de 50 miembros de la 113 ma Asamblea
General de la Unión Interparlamentaria; el vicepresidente de la Asamblea
Interparlamentaria de los países de África, el Caribe y el Pacífico; 20 diputados
de la Cámara de Diputados de Argentina; la Comisión de Derechos
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de Chile; 35 miembros
2 Creado en virtud de un tratado. El Parlamento Latinoamericano está compuesto
por los representantes electos por los parlamentos de 22 países latinoamericanos y
caribeños: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Antillas
Holandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
3 Creado por las Repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
4 Reunión de parlamentarios de 15 países en América Latina y el Caribe así como
parlamentarios de cinco parlamentos regionales.
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del Parlamento Flamenco de Bélgica; el Senado Nacional y la Cámara de
Diputados de Bolivia; la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la
Cámara de Diputados del Congreso de Brasil; los presidentes de 24 Comisiones
Parlamentarias del Congreso Nacional de Brasil; 118 diputados y 14
senadores del Congreso Nacional de Brasil; 56 miembros del Parlamento
canadiense; el Parlamento ruso (la Duma Estatal); 39 senadores del Senado
de Italia, incluido el ex Vicepresidente del Senado y ex Presidente del Comité
Judicial; el ex presidente de la Cámara de Representantes de Japón; la
Asamblea Nacional de Mali; la Asamblea Nacional de Namibia; el Presidente
y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá y el Presidente
de su Comisión de Relaciones Exteriores; la Comisión de Relaciones Internacionales
de la Asamblea Nacional de Panamá; 27 diputados de la Cámara
de Diputados de Paraguay; el Congreso de Perú; 48 miembros de la
Asamblea Federal de Suiza; la Gran Asamblea Nacional del Grupo Parlamentario
de Amistad con Cuba de Turquía; y la Asamblea Nacional de
Venezuela.
RESUMEN DE ARGUMENTOS
Durante años la Constitución de los Estados Unidos ha servido de
modelo para el resto del mundo en lo que respecta a la protección de los
derechos individuales y la garantía del debido proceso legal en los procedimientos
penales. Sin embargo, a los Amigos de la Corte les preocupa el
hecho de que la trayectoria de este caso refleja graves violaciones de los
derechos de los demandantes en su juicio en Miami. Los demandantes
fueron juzgados en una comunidad hostil hacia ellos y hacia su gobierno,
en un ambiente donde apenas se reprime la violencia, lo cual hacía imposible
que se celebrara un juicio justo ante un tribunal imparcial.
Las normas internacionales y el imperio de la ley en todas las naciones
civilizadas exigen la celebración de un juicio ante un tribunal imparcial
como elemento esencial del debido proceso. El Grupo de Trabajo de
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha llegado a
la conclusión de que el juicio de los demandantes violó el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. La misión histórica de la Constitución
de los Estados Unidos exige que este Tribunal revise este caso a fin
de garantizar que se cumplan los requisitos del debido proceso.
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ARGUMENTO
I. LOS PARLAMENTARIOS DE OTROS PAÍSES ESTÁN GE-
NUINAMENTE PREOCUPADOS POR LOS TEMAS DE DE-
RECHOS HUMANOS PRESENTADOS EN LA PETICIÓN
DE REVISIÓN.
En 1988, un destacado abogado británico, Anthony Lester, Q.C., en
un artículo que escribió para el Columbia Law Journal declaró lo siguiente:
La Declaración de Derechos es más que una inspiración histórica
para la creación de tratados e instituciones dedicadas a la protección
de la libertad. Actualmente existe un intenso intercambio internacional
en torno a la Declaración de Derechos y los pleitos legales internacionales
y constitucionales que involucran normas derivadas del
derecho constitucional estadounidense. Cuando está en riesgo la vida
o la libertad, los fallos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos
que han marcado un hito, que le dan un nuevo significado a los principios
de la Declaración de Derechos, son estudiados con tanta atención
en Nueva Delhi o Estrasburgo como lo son en Washington D.C.
o en el Estado de Washington o en Springfield, Illinois. 5
El caso en cuestión causa grandes preocupaciones sobre si los acusados
recibieron o no un juicio justo ante un jurado imparcial, lo cual
constituye la esencia del debido proceso legal. El hecho de que tales temas
relacionados con los derechos humanos preocupen a funcionarios
gubernamentales y juristas de todo el mundo no es nada sorprendente. Tal
y como se ha dicho frecuentemente, “la Constitución de los Estados Unidos
ha servido de modelo de garantías en materia de derechos humanos
en todo el mundo”. 6
La tremenda influencia de los Estados Unidos en el período inmediato
posterior a la Segunda Guerra Mundial evidentemente se ha visto
5 Anthony Lester: “The Overseas Trade in the American Bill of Rights”, 88 Colum.
L. Rev. 537, 541 (abril de 1988). Para más información sobre la influencia de las
leyes estadounidenses en el exterior véase también D. B. Lillich: “The Constitution
and Internacional Human Rights”, 83 Am. J. Int’l.L.851 (octubre 1989).
6 Mark C. Rahdert: “Comparative Constitutional Advocacy”, 56 Am.U. L. Rev. 553,
566 (febrero de 2007).
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atenuada debido a que, en la medida en que el constitucionalismo se ha
expandido, se han desarrollado numerosas fuentes legales. Claire
L’Heureux-Dube, jueza subalterna del Tribunal Supremo de Canadá, ha
dicho que esto ha dado lugar a una conversación a nivel mundial sobre el
tema de los derechos humanos:
En la medida en que los tribunales buscan fuentes de autoridad por
todo el mundo, el proceso de influencia internacional va cambiando
de la recepción al diálogo. Los jueces ya no reciben simplemente
los casos de otras jurisdicciones y después les aplican su propia
jurisdicción o los modifican según esta. Más bien lo que está ocurriendo
cada vez con mayor frecuencia es la polinización cruzada y
el diálogo entre jurisdicciones. Dado que los fallos en diferentes
países se enriquecen mutuamente cada vez más, entre los tribunales
de apelación se fomenta el diálogo y el respeto mutuo. Los jueces
en todo el mundo se miran los unos a los otros en busca de una
autoridad persuasiva; ya no ocurre que algunos jueces actúan como
dadores” de leyes mientras que otros actúan de “receptores”. La
recepción se está transformando en diálogo. 7
Esta conversación se ha desarrollado en parte porque los desafíos
que muchos países enfrentan crean problemas legales comunes. El profesor
Rahdert explica: “En el siglo XXI, el desarrollo económico y tecnológico,
los cambios demográficos, los asuntos políticos, sociales, culturales
o religiosos, y los acontecimientos mundiales, a menudo trascienden las
fronteras nacionales, y crean los mismos tipos de fricción constitucional
en más de un sistema constitucional”. 8 Él añade que las naciones comprometidas
con la libertad de expresión comparten el problema de “la saturación
de la cobertura de prensa para los juicios penales de alto perfil”. 9 Por
tanto, los riesgos que se derivan del juicio de los Cinco Cubanos en Miami
no son únicos para los Estados Unidos, sino que pueden estar presentes
en cualquier nación donde la prensa libre brinde cobertura a un proceso
penal donde se aborden temas controversiales en una comunidad donde
los ánimos estén extraordinariamente exaltados.
7 Claire L’Heureux-Dube: “The Importance of Dialogue: Globalization and the
International Impact of the Rehnquist Court“, 34 Tulsa L.J. 15, 17 (otoño de 1998).
8 Rahdert: 56 Am. U.L.Rev. en 568.
9 Ibídem.
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Los problemas constitucionales en la administración de la justicia
penal constituyen, por supuesto, una gran preocupación para cualquier
sociedad civilizada. El juicio ante un investigador imparcial es percibido
universalmente como el requisito básico de la justeza constitucional. Por
ejemplo, la Convención Europea sobre Derechos Humanos, en su Artículo
6, párrafo 1 establece que durante el proceso de investigación de sus
derechos u obligaciones civiles o cualquier acusación penal en su contra,
toda persona tiene derecho a una audiencia pública y justa dentro de un
límite de tiempo razonable conducida por un tribunal independiente e
imparcial establecido por ley.
El derecho internacional demuestra que estas preocupaciones tienen
una importancia internacional. El Artículo 10 de la Declaración de Derechos
Humanos establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por
un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos
y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella
en materia penal”. 10
Los temas legales específicos abordados por los demandantes en este
caso son sujeto de derecho internacional, en particular el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, 11 que ha sido ratificado por los
Estados Unidos. El Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos establece que: “Nadie podrá ser sometido a detención o
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley [...]”.
El Artículo 14 establece específicamente en su parte pertinente lo
siguiente: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con
las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley [...]”.
En virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Grupo de
Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
examinó el caso de los demandantes en cuestión. Al gobierno de los Esta-
10 Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada en virtud
de la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948.
11 Fue concluido en Nueva York el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de
marzo de 1976, 999 U.N.T.S. Fue firmado por los Estados Unidos el 5 de octubre de
1977. Fue ratificado por los Estados Unidos el 8 de junio de 1992. Entró en vigor
para los Estados Unidos el 8 de septiembre de 1992.
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dos Unidos se le dio la oportunidad de responder a la queja de que el
juicio de los acusados no había cumplido con las garantías del Pacto Internacional
y el gobierno suministró información sobre la cual ejercía control
al Grupo de Trabajo. Basado en el “ambiente de predisposición y
prejuicio contra los acusados en Miami” que “contribuyó a presentar a los
acusados como culpables desde el inicio”, y el hecho de que “un año
después (el Gobierno) admitió que Miami no era el lugar adecuado para
un juicio, ya que resultó casi imposible seleccionar a un jurado imparcial
en un caso vinculado con Cuba”, y otros factores, el Grupo de Trabajo
concluyó lo siguiente:
La privación de libertad de los señores Antonio Gerrero Rodríguez,
Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón
Labañino Salazar y René González Sehwerert es arbitraria, y contradice
el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables
al examen de los casos sometidos a la consideración del Grupo
de Trabajo. 12
Esta es la primera vez, desde su creación en 1991, que la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha condenado un juicio
celebrado en los Estados Unidos por haber sido injusto.
Dada la importancia que tiene la garantía de un tribunal imparcial en
cualquier sistema legal y la importancia de las garantías establecidas en el
Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los
Amigos de la Corte instan a este Tribunal a emitir una declaración inequívoca
respecto del compromiso de los Estados Unidos con este principio
primordial del debido proceso legal y a que acepte revisar este caso.
II. ESTE TRIBUNAL DEBE REVISAR LOS OBSTÁCULOS
EXCEPCIONALMENTE GRANDES EN CONTRA DE UN
CAMBIO DE SEDE INTERPUESTOS POR EL FALLO DEL
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL ONCENO CIRCUITO.
Los Amigos de la Corte apoyan el argumento esgrimido por los demandantes
de que la decisión del Onceno Circuito no protegió su derecho
a tener un jurado imparcial al ratificar las negativas del tribunal de primera
12 Opinión No. 19/2005 (Estados Unidos de América), párrafo 32. Aprobada el 27 de
mayo de 2005. La Opinión aparece incluida en el Anexo al presente documento.
36
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instancia a las diferentes mociones presentadas por ellos a favor de un
cambio de sede y la celebración de un nuevo juicio. Sin hacer un recuento
de todo este argumento, los Amigos de la Corte desean hacer énfasis en
algunas preocupaciones de particular importancia.
Los antecedentes del caso documentan ampliamente la existencia en
Miami de una comunidad grande y muy activa compuesta por personas
que se oponen visceralmente al actual gobierno de Cuba, así como el
hecho de que los puntos de vista de esta comunidad habían contaminado
el análisis y el debate público más allá de los predios de la misma, hasta el
punto de que casi nadie que viva en Miami podía no ser consciente de no
ser afectado por ellos. United States v. Campa, 459 F.3d 1121, 1156-
1161(opinión discrepante por parte del Juez Birch). Tal y como han planteado
los demandantes, la decisión del tribunal inferior de afirmar que
estas evidencias eran categóricamente irrelevantes ante el reclamo de un
juicio justo es indefendible. Un fallo como este es particularmente inexplicable,
dado que el prejuicio en contra del actual gobierno cubano y sus
agentes no era meramente pasivo, sino que, tal y como lo expresan los
demandantes, “se manifestaba en una forma de violencia dirigida contra
aquellos a quienes se consideraban que no eran lo suficientemente hostiles
hacia el régimen de Castro”. (Petición de Revisión, 26-27). Además,
tal y como explicara el Juez Birch, una gran parte de las evidencias en el
juicio analizaban en detalle las actividades clandestinas “de los diversos
grupos de exiliados cubanos y sus campamentos paramilitares que continúan
operando en la zona de Miami”, lo cual da como resultado que, “La
percepción de que estos grupos pudieran causar daño a los jurados que
pudieran pronunciar un veredicto desfavorable a sus puntos de vista era
palpable”. 459 F.3d en1177 (énfasis añadido). 13
Los daños causados por este constante reforzamiento de las sensibilidades
previas de los jurados de Miami con respecto a la comunidad de
emigrados cubanos, simplemente no pudo y no podía haber sido abordada
satisfactoriamente mediante el examen voir dire previo al juicio. Era necesario
un cambio de sede para rectificar la “tormenta perfecta” creada por
“los sentimientos dominantes en la comunidad”, “la amplia publicidad tanto
antes como durante el juicio”, la conducta impropia de la fiscalía y “la
perspectiva de violencia de una comunidad impulsiva cuyos ánimos ya se
13 Las evidencias relacionadas con grupos tales como Alpha 66, Hermanos al Rescate
y otros aparece descritas en cierto nivel de detalle en 459 F. 3d 1165-1168.
37
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encontraban exaltados, que se hallaba en posesión de armas de fuego y
bombas”. 459 F.3d en 1179 (opinión discrepante por parte del Juez Birch).
A los Amigos de la Corte les preocupa profundamente el hecho de
que tal violación flagrante del derecho a un juicio ante un tribunal imparcial
ocurra durante el proceso de acusación contra ciudadanos extranjeros
en los Estados Unidos. La comunidad internacional tiene un especial interés
en proteger los derechos de sus miembros, quienes pudieran verse
acusados de cometer delitos graves en otro país, y garantizar que no sean
juzgados ante jurados que corren el riesgo de ser intimidados por los causantes
de la violencia en esa localidad.
Es fundamental que el más alto tribunal de ese país revise el caso. Los
ciudadanos de los Estados Unidos no esperarían menos si esto estuviese
ocurriendo en cualquier otro lugar del mundo. Los errores en la decisión
adoptada por el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito exigen una
revisión, y nada que no sea esto constituirá una respuesta apropiada a la
Opinión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y al extraordinario nivel de preocupación que este
caso ha generado en la comunidad internacional. Si el Tribunal Supremo no
revisa el caso, no sólo este asunto quedaría registrado como una decisión
vergonzosa, y los demandantes permanecerían en prisión, sino que
desacreditaría enormemente el papel de los Estados Unidos como modelo
para otras naciones en lo que respecta al debido proceso legal en los casos
penales. La misión histórica de la Constitución de los Estados Unidos exige
más. Exige que este Tribunal acceda a la petición de revisión.
CONCLUSIÓN
Por las razones antes expuestas, la petición de revisión debe ser concedida.
Respetuosamente,
Michael Avery
Abogado representante,
Facultad de Derecho de Suffolk
120 Tremont Street,
Boston, MA 02108
617-573-8551
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APÉNDICE A
DECISIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS,
27 DE MAYO DE 2003
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
62º período de sesiones
Tema 11 b) del programa provisional
LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR
LAS CUESTIONES RELACIONADAS
CON LA TORTURA Y LA DETENCIÓN
Opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria
El presente documento contiene las opiniones aprobadas por el Grupo
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en sus períodos de sesiones
41º, 42º y 43º celebrados en noviembre y diciembre de 2004, en mayo de
2005 y en septiembre de 2005, respectivamente. En el informe que el
Grupo de Trabajo presenta a la Comisión de Derechos Humanos en su
62º período de sesiones (E/CN.4/2006/7) figura un cuadro con la lista de
todas las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo y los datos estadísticos
correspondientes.
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ÍNDICE
Opinión Nº 20/2004 (Colombia) .............................................. 4
Opinión Nº 21/2004 (Colombia) .............................................. 10
Opinión Nº 22/2004 (Emiratos Árabes Unidos) ....................... 12
Opinión Nº 23/2004 (Argelia) .................................................. 14
Opinión Nº 24/2004 (China) .................................................... 14
Opinión Nº 25/2004 (Arabia Saudita) ...................................... 18
Opinión Nº 1/2005 (República Árabe Siria) ............................. 22
Opinión Nº 2/2005 (Turkmenistán) .......................................... 23
Opinión Nº 3/2005 (Qatar) ....................................................... 24
Opinión Nº 4/2005 (República Árabe Siria) ............................. 25
Opinión Nº 5/2005 (Egipto) ..................................................... 27
Opinión Nº 6/2005 (Letonia).................................................... 30
Opinión Nº 7/2005 (República Árabe Siria) ............................. 34
Opinión Nº 8/2005 (Sri Lanka) ................................................ 37
Opinión Nº 9/2005 (México).................................................... 40
Opinión Nº 10/2005 (República Árabe Siria) ........................... 43
Opinión Nº 11/2005 (Myanmar) .............................................. 44
Opinión Nº 12/2005 (Bolivia) .................................................. 46
Opinión Nº 13/2005 (Jamahiriya Árabe Libia) ......................... 49
Opinión Nº 14/2005 (Emiratos Árabes Unidos) ....................... 50
Opinión Nº 15/2005 (Estados Unidos de América) .................. 53
Opinión Nº 16/2005 (Pakistán) ................................................ 55
Opinión Nº 17/2005 (China) .................................................... 57
Opinión Nº 18/2005 (Vietnam) ................................................ 59
Opinión Nº 19/2005 (Estados Unidos de América) .................. 66
Opinión Nº 20/2005 (China) .................................................... 71
Opinión Nº 21/2005 (Estados Unidos de América) .................. 76
Opinión Nº 22/2005 (Arabia Saudita) ...................................... 79
Opinión Nº 23/2005 (Australia) ............................................... 80
40
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ÍNDICE-continuación
Opinión Nº 24/2005 (México).................................................. 81
Opinión Nº 25/2005 (Líbano) .................................................. 81
Opinión Nº 26/2005 (Estados Unidos de América) .................. 82
Opinión Nº 27/2005 (Jamahiriya Árabe Libia) ......................... 82
Opinión Nº 28/2005 (Federación de Rusia) ............................. 84
Opinión Nº 29/2005 (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) ................................................................... 87
Opinión Nº 30/2005 (Brasil) .................................................... 88
Opinión Nº 31/2005 (Turkmenistán) ........................................ 89
Opinión Nº 32/2005 (China) .................................................... 91
Opinión Nº 33/2005 (China) .................................................... 93
Opinión Nº 34/2005 (Arabia Saudita) ...................................... 96
Opinión Nº 35/2005 (Arabia Saudita) ...................................... 99
Opinión Nº 36/2005 (Túnez) .................................................... 102
Opinión Nº 37/2005 (Belarús).................................................. 106
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42
OPINIÓN Nº 19/2005 (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
Comunicación dirigida al Gobierno de los Estados Unidos de
América el 8 de abril de 2004.
Relativa al Sr. Antonio Guerrero Rodríguez, Sr. Fernando
González Llort, al Sr. Gerardo Hernández Nordelo, al Sr. Ramón
Labaniño Salazar y al Sr. René González Sehwerert.
El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
1. (Texto del párrafo 1 de la opinión Nº 20/2004.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su satisfacción porque el Gobierno haya
remitido puntualmente la información requerida.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión Nº 20/2004.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge
con satisfacción la cooperación del gobierno. Aquel transmitió la respuesta
del gobierno a la fuente, de la que recibió comentarios.
5. El Grupo de Trabajo examinó este caso en su 40º período de sesiones
y, de conformidad con el apartado c) del párrafo 17 de sus métodos
de trabajo revisados, decidió pedir más información. Ha recibido respuestas
del gobierno y de la fuente.
6. El Grupo de Trabajo se cree ahora en condiciones de emitir una opinión
sobre los hechos y las circunstancias del caso, teniendo en cuenta
las denuncias formuladas y la respuesta del gobierno sobre ellas,
así como las observaciones formuladas por la fuente.
7. La fuente informó al Grupo de Trabajo sobre las siguientes personas:
a) El Sr. Antonio Guerrero Rodríguez, ciudadano de los Estados
Unidos nacido en Miami, Florida, el 16 de octubre de 1958, residente
en el sur de Florida, poeta y licenciado en ingeniería de
construcción de aeródromos por la Universidad de Kiev (Ucrania);
b) El Sr. Fernando González Llort (Rubén Campos), ciudadano cubano,
nacido en la Habana el 18 de agosto de 1963, residente en
Oxford, Florida, licenciado en relaciones políticas internacionales
por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba;
c) El Sr. Gerardo Hernández Nordelo (Manuel Viramontes), ciudadano
de Cuba, nacido en La Habana, el 4 de junio de 1965, casado
con Adriana Pérez O’Connor, escritor y dibujante que ha ex-
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puesto en distintas galerías y publicado artículos en la prensa cubana,
graduado en relaciones políticas internacionales y residente
de Lompoc, Florida;
d) El Sr. Ramón Labaniño Salazar (Luis Medina), ciudadano cubano,
nacido el 9 de junio de 1963 en La Habana, licenciado en
ciencias económicas por la Universidad de La Habana y vecino
de Beaumont, Florida; y
e) El Sr. René González Sehwerert, ciudadano de los Estados Unidos,
nacido el 13 de agosto de 1956 en Chicago, casado con
Olga Salanueva, piloto e instructor de vuelo, vecino de Bradford,
Florida.
8. Se comunicó que estas cinco personas fueron detenidas en septiembre
de 1998 en Florida acusadas de espiar en favor del gobierno de
Cuba. No opusieron resistencia al ser arrestados. También se comunicó
que se les negó el derecho a fianza y que se les mantuvo 17
meses en detención incomunicada. En los 33 meses que pasaron en
prisión preventiva, no pudieron comunicarse entre ellos ni con su familia.
9. En junio de 2001 esas cinco personas fueron juzgadas en el condado
de Dade, Miami. Los letrados de los acusados pidieron que se celebrara
el juicio en una ciudad del condado de Broward, ya que entendían
que la imparcialidad no estaba garantizada en Miami. Se informó
de que diversas organizaciones de derechas opuestas al gobierno
de Cuba tienen su sede en esa ciudad y que muchos de los habitantes
de esta abrigan sentimientos y prejuicios vehementes contra el gobierno
de Cuba. Según la fuente, esas organizaciones han creado en
la ciudad tal estado de ánimo contra el gobierno de Cuba que a los
artistas o atletas de ese país les es imposible actuar o competir en
Miami.
10. La petición de los letrados fue, no obstante, denegada. El Fiscal de
Distrito se opuso a la petición de cambio de jurisdicción diciendo que
la de Miami era una población heterogénea y no monolítica en la que
la parcialidad y el prejuicio que pudieran existir podían ser mitigados.
11. Según la fuente, el juicio se celebró en un ambiente de gran carga
emocional y de intimidación de los medios de comunicación y del
público y en un entorno de virulenta oposición a los acusados. Hubo
desconocidos que se presentaron en la sala vestidos de uniformes de
43
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tipo paramilitar. Fuera de ella, las organizaciones cubano-estadounidenses
se manifestaron ruidosamente. Los parientes de los cuatro
muertos en el incidente del 24 de febrero de 1996, en el que las fuerzas
aéreas de Cuba derribaron dos avionetas civiles, dieron conferencias
de prensa en la escalinata del tribunal justo cuando llegaban a la
audiencia los miembros del jurado.
12. Antonio Guerrero Rodríguez fue condenado a una pena de cadena
perpetua y a otra de 10 años de prisión. Fernando González Llort a
19 años de privación de libertad. Gerardo Hernández Nordelo a dos
cadenas perpetuas y 15 años. Ramón Labaniño Salazar a cadena perpetua
y 18 años de prisión y René González Sehwerert a 15 años de
prisión.
13. El Gobierno contestó a las refutaciones de la fuente informando al
Grupo de Trabajo que el FBI detuvo a diez personas en septiembre
de 1998 en relación con sus actividades encubiertas en los Estados
Unidos al servicio de la Dirección General de Inteligencia de Cuba.
De esos diez, cinco admitieron su culpabilidad, colaboraron con la
fiscalía, fueron declarados culpables y cumplieron condena. Los otros
cinco fueron declarados culpables por un jurado ante un tribunal federal
de los Estados Unidos en 2001. En audiencia pública se demostró
que cinco de ellos eran “agentes ilegales” de la Dirección General
de Inteligencia.
14. El Gobierno declaró que la defensa no negó en el juicio que los acusados
estuvieran al servicio encubierto de la Dirección General de
Inteligencia, sino que trataron de exponer las actividades de los acusados
como lucha contra el terrorismo y protección de Cuba frente a
los “contrarrevolucionarios”. Los casi tres meses del juicio se dedicaron
a la presentación de pruebas por la defensa, entre ellas las declaraciones
por vídeo recibidas por los abogados de la defensa desde
Cuba.
15. Se dice que los acusados recibieron plena protección de la administración
de justicia de los Estados Unidos, que incluyó letrados, investigadores
y expertos, cuyos gastos sufragó la administración estadounidense.
El jurado, elegido tras una selección que duró una semana,
reflejaba la diversidad de la población de Miami. Los abogados de la
defensa tuvieron la oportunidad de excluir a jurados que podrían ser
parciales, oportunidad que aprovecharon para velar por que ningún
cubano estadounidense formara parte del jurado.
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16. En la actualidad, los cinco acusados cumplen condena en penitenciarías
federales junto con los presos comunes. Se les permite recibir la
visita de su familia, de representantes del Gobierno cubano y de los
abogados y tienen los mismos derechos que la población reclusa en
general. De hecho, han recibido numerosas y largas visitas de sus
familiares a los que se han emitido 60 visados. Los únicos miembros
de la familia a los que la administración estadounidense no ha concedido
visa son las esposas de dos de los acusados.
17. El Gobierno dice que las pruebas presentadas en el juicio revelaron
que una de ellas pertenecía a Wasp Network; más tarde fue deportada
de los Estados Unidos por dedicarse a actividades relacionadas con el
espionaje, sin derecho a volver. La otra esposa había presentado su
candidatura para recibir formación como agente del servicio de inteligencia
cubano cuando las autoridades de los Estados Unidos desmantelaron
la red. Todas sus apelaciones relativas a la concesión de
visados están pendientes de examen ante el Tribunal de Apelación
del XI Circuito Federal.
18. En una larga exposición de respuesta, la fuente denuncia los actos
arbitrarios cometidos durante el juicio. Reitera que los acusados no
tuvieron un juicio justo señalando en primer lugar que se les denegó
el acceso a letrado en los dos días siguientes a la detención y que
fueron presionados para confesarse culpables. Posteriormente, se los
mantuvo aislados durante los 17 meses que precedieron el juicio.
19. La fuente dice que, debido a que se declaró proclamando que la causa
quedaba incursa en la Ley de procedimientos sobre información
clasificada, todos los documentos que constituían prueba contra los
acusados se clasificaron como secretos, con lo que sufrió perjuicio el
ejercicio efectivo del derecho a la defensa.
20. La fuente añade que todos los documentos del sumario confiscados a
los acusados fueron declarados información clasificada, incluidas las
recetas de cocina, los documentos familiares y otros. Esa inclusión en
el ámbito de la Ley de procedimientos sobre información clasificada
repercutió negativamente en el derecho de defensa, ya que por esa
causa los acusados no pudieron elegir letrados, que no contaran con
la aprobación gubernamental, además de limitarse el acceso a las pruebas
por parte de abogados y acusados.
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21. Se dice que antes del juicio y en su transcurso, todas las pruebas del
sumario se guardaron en una sala vigilada por el tribunal a la que los
abogados de la defensa sólo podían acceder tras satisfacer un trámite
burocrático. También se prohibió a los abogados hacer copias de las
pruebas documentales y tomar notas para estudiarlas. Asimismo, se
les impidió participar en la determinación de los criterios de selección
de las pruebas, ya que se les excluyó de una conferencia entre las
partes a la que asistieron el tribunal y la fiscalía y en la que se fijaron
dichos criterios.
22. Según la fuente, en la fase preparatoria de la defensa se identificaron
las pruebas del Estado con códigos específicos, que se modificaron
arbitrariamente unos días antes del juicio, perjudicando la labor de los
letrados de la defensa.
23. La fuente insiste en que la celebración del juicio en un lugar nada
apropiado resultó en la parcialidad del jurado, ya que sus miembros
se vieron sometidos a la enorme presión de la comunidad cubanoestadounidense
de Miami. La fuente añadió que apenas transcurrido
un año de la condena de los reos, el propio Gobierno de los Estados
Unidos, en otra causa en que la administración era la acusada, pidió
un cambio de jurisdicción acogiéndose al argumento de que Miami
no era un lugar apropiado, ya que era imposible formar un jurado
imparcial en un juicio que afectase a Cuba, dadas las opiniones y
sentimientos relevantes que existían sobre esta cuestión.
24. Conforme a sus métodos de trabajo, el Grupo decidió en su 40º período
de sesiones dirigirse al Gobierno de los Estados Unidos y a los
peticionarios con tres preguntas que le facilitaran la labor:
a) ¿Cómo se aplicó en esta causa la Ley de procedimiento sobre
información clasificada?
b) ¿Afectó la posible aplicación de dicha ley al acceso a las pruebas?
c) Cuando se clasifica una causa como de seguridad nacional ¿qué
criterios se siguen para seleccionar las pruebas?
El Grupo de Trabajo ha recibido información del Gobierno y de
la fuente sobre estas cuestiones.
25. El Gobierno indicó que en la ley se prevé un examen en la fase de
apelación de las decisiones del Tribunal de Primera Instancia (como
en el presente caso) y que la ley en cuanto encierra disposiciones de
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procedimientos que ni añaden ni quitan derechos sustantivos al acusado
ni a la obligación del Estado de aportar pruebas. Más bien, contrapone
los derechos del acusado al derecho del gobierno a conocer
por adelantado las posibles amenazas a la seguridad nacional que
puedan resultar de un enjuiciamiento penal.
26. La fuente contestó que nunca había puesto en cuestión la validez de
la ley, sino su defectuosa aplicación. Dice que tras reunir 20.000 páginas
de documentos (ninguno de ellos clasificado) siguiendo esa pauta,
todos ellos documentos de los acusados, el Gobierno clasificó todas
y cada una de sus páginas de “alto secreto” como si se tratara de
documentos del Estado. Después el Gobierno invocó las disposiciones
de la Ley de procedimientos sobre información clasificada, que
permitió al Gobierno restringir el acceso de la defensa a los documentos
de la propia defensa y tener así bajo su control todas las pruebas
del juicio.
27. El Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta todo lo anterior, debe decidir
si se han observado en este juicio las normas internacionales relativas
a un juicio justo. Así pues, no le compete pronunciarse en cuanto
a la culpabilidad de las personas privadas de libertad ni en cuanto a
la validez de las pruebas, y menos aún asumir las competencias del
Tribunal de Apelación que lleva la causa. A fin de contar con todos
los elementos de la causa, el Grupo de Trabajo hubiera preferido disponer
de la sentencia del Tribunal de Apelación; sin embargo, puesto
que la apelación se ha demorado, el Grupo no puede aplazar más la
opinión que se le ha pedido en lo que es del ámbito de su mandato.
28. De la información recibida, el Grupo de Trabajo entiende lo siguiente:
a) Tras su detención, y a pesar de haberse informado a los interesados
de sus derechos a guardar silencio y a contar con defensa de
letrado facilitada por la administración, se les mantuvo durante
17 meses en aislamiento, lo que afectó a la comunicación con sus
abogados y al acceso a las pruebas y, por ende, a su derecho a
una defensa adecuada.
b) Al clasificarse la causa como de seguridad nacional, se resintió
asimismo el acceso de los detenidos a las pruebas documentales.
El Gobierno no ha negado el hecho de que los abogados de la
defensa tuvieron un acceso muy restringido a las pruebas debido
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a esa clasificación, que afectó negativamente a su capacidad de
presentar contrapruebas. Esta particular aplicación de las disposiciones
de la Ley de procedimiento sobre información clasificada
según han revelado los datos de que dispone el Grupo de Trabajo,
o también al equilibrio entre la acusación y la defensa.
c) El jurado del juicio se seleccionó siguiendo un proceso de examen
en el que los abogados de la defensa tuvieron oportunidad y
de servirse de los procedimientos que permiten rechazar a posibles
miembros del jurado asegurándose de que ningún cubanoestadounidense
figurase en él. No obstante, el gobierno no niega
que, incluso así, persistiera en Miami el ambiente de parcialidad
y prejuicio contra los acusados, y contribuyera a fijar la culpabilidad
de los reos ya desde el principio.
No se niega tampoco que el gobierno, un año más tarde, admitiese
que Miami no era lugar adecuado para la celebración de un
juicio, ya que resultó prácticamente imposible seleccionar un jurado
imparcial en una causa relacionada con Cuba.
29. El Grupo de Trabajo observa que de los hechos y circunstancias en
que se celebró el juicio, la índole de los cargos y la dureza de la sentencia
impuesta a los acusados se desprende que el juicio no se celebró
en el clima de objetividad e imparcialidad necesarios para la observancia
de las normas de un juicio justo, según este se define en el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en el que es Parte los Estados Unidos de América.
30. Esta falta de equilibrio, teniendo en cuenta la gravedad de las condenas
de los interesados en este caso, es incompatible con las normas
del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
que garantizan a todos los acusados de un delito el derecho, en
plena igualdad, a todos los recursos previstos para preparar adecuadamente
su defensa.
31. El Grupo de Trabajo concluye que estos tres elementos juntos son de
tal gravedad que denotan el carácter arbitrario de la privación de libertad
de esas cinco personas.
32. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo dicta la siguiente opinión:
La privación de libertad de los Sres. Antonio Guerrero Rodríguez,
Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón
Labaniño Salazar y René González Sehwerert es arbitraria, ya que
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quebranta el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables
al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.
33. Una vez dictada esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al gobierno
que adopte las medidas necesarias para rectificar esta situación de
conformidad con los principios enunciados en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Aprobada el 27 de mayo de 2005
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APÉNDICE B
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES
MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE
LA REPÚBLICA POR EL QUE SE SOLICITA A LA CORTE
SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
QUE, A TRAVÉS DE UN “AMICUS CURIAE”, SE ACEPTE Y
SE APRUEBE EL RECURSO DE APELACIÓN
PRESENTADO POR LA DEFENSA DE LOS CINCO
CUBANOS PRESOS EN ESE PAÍS.
HONORABLE ASAMBLEA:
Los senadores integrantes de la Mesa Directiva del Senado de la República,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo, mismo que solicitamos se considere de urgente y obvia
resolución, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 12 de septiembre de 2008 cumplieron 10 años de injusta prisión
en E.U.A., Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero,
Fernando González y René González, cinco cubanos que monitoreaban
planes terroristas organizados contra Cuba desde la Florida por grupos de
exiliados cubanos.
Sobre “Los Cinco” cubanos pesan extensas condenas, resultado de un
juicio politizado, celebrado en la ciudad de Miami, por lo que han permanecido
aislados en prisiones de máxima seguridad, por lo que actualmente
sufren el injusto encierro en diferentes estados de la Unión Americana.
Las familias de “Los Cinco” radican en Cuba y para poder viajar y visitar
a sus familiares presos deben obtener visas que les son otorgadas después
de tortuosos trámites. Para 3 de ellos, Ramón, Fernando y Antonio las
visitas no han sido ni siquiera una al año; a Gerardo y René se les ha
negado sin ninguna razón, el derecho a recibir la visita de sus esposas por
lo que no han podido visitarlos durante estos 10 largos años.
Ante las desproporcionadas sentencias, se presentó la apelación a la
que el jurado de apelaciones en Atlanta determinó por unanimidad, el 9
de agosto de 2005, revocar sus condenas y ordenó un nuevo juicio.
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Paralelamente, durante el proceso de la apelación, el Grupo de Trabajo
sobre Detención Arbitraria de la de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU emitió la opinión de que la privación de libertad de los Cinco
viola el articuló 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y por tanto es arbitraria y el 27 de mayo de 2005 solicitó al
Gobierno de Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para
remediar esta situación.
Las dos instancias anteriores, reconocen el derecho de “Los Cinco” Cubanos
a ser juzgados imparcialmente en una atmósfera no hostil y a tener
un juicio justo como lo ordena la Constitución de los Estados Unidos de
Norteamérica.
El gobierno de los Estados Unidos, ignoró la petición del Grupo de Trabajo
sobre Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU y apeló la decisión de la corte de Atlanta, que fue revocada
por el pleno de la Corte, en votación dividida.
El 4 de junio de 2008, otro panel de tres jueces, dictaminó que los argumentos
de la defensa “carecían de mérito” y ratificó los veredictos de
culpabilidad de ios Cinco antiterroristas cubanos y dos sentencias: las de
René González Sehwerert (15 años) y Gerardo Hernández Nordelo (dos
cadenas perpetuas, más 15 años).
Asimismo, anuló tres de ellas: la de Ramón Labañino Salazar (cadena
perpetua más 18 años), Antonio Guerrero Rodríguez (cadena perpetua
más 10 años) y Fernando González Llort (19 años), enviándolas a la Corte
de Miami para que se dicten nuevas condenas, por la jueza, Joan Lenard,
misma que cometió irregularidades en el juicio e impuso las
desproporcionadas penas.
El 30 de enero de 2009, los abogados de la defensa presentaron la apelación
del caso ante a la Corte Suprema de Justicia de los E.U.A., tribunal
supremo y último recurso legal.
En este H. Senado de la República, nos hemos mantenido activos y solidarios
para lograr la libertad de “Los Cinco” prisioneros cubanos, razón
por la cual aprobamos diferentes puntos de acuerdo en 2006 y en 2008.
En 2007 firmamos junto con premios Nobel, políticos, intelectuales, artistas,
mujeres y hombres de todo el mundo un llamado por la ¡Libertad para
los cinco cubanos presos en Estados Unidos!
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La figura del “amicus curiae” (amigo de la corte) es un recurso que realizan
terceros ajenos a un litigio, que presentan voluntariamente su opinión
frente a algún punto para colaborar con el tribunal en la resolución de la
materia objeto del proceso. Consiste en una opinión legal, un testimonio
no solicitado por las partes o un informe en derecho sobre el caso.
La decisión sobre admitir el amicus curiae queda, en este caso al libre
arbitrio de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Habitualmente se presentan amicus curiae en juicios en los que están en
juego las garantías individuales, o casos de especial interés en que el asunto
que se trata afecta los derechos humanos.
A pesar de que Estados Unidos es uno de los países con mayor utilización
del amicus, solo acepta alrededor del 1 % de los casos que se presentan
para su revisión. En el derecho internacional el amicus curiae tiene un
lugar destacado, es aceptado, entre otros organismos, por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Es por ello que consideramos de estricta justicia y en congruencia a lo
expresado reiteradamente, nos manifestamos ante la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica para solicitar por medio
de un “AMICUS” que se acepte y se apruebe el recurso de apelación
presentado por la defensa de “Los Cinco”.
Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del
Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Asamblea
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, misma que solicitamos.
se considere como de urgente y obvia resolución:
52
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Las senadoras y los senadores, del H. Congreso de la Unión,
solicitamos respetuosamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos
de Norteamérica por medio de un “amicus”, se acepte y se apruebe el
recurso de apelación presentado por la defensa de “Los Cinco Cubanos
presos en Estados Unidos”, se les someta a un nuevo juicio fuera de Miami,
con todas las garantías procesales.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de febrero de dos mil nueve.
53
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PUNTO DE ACUERDO PARA QUE POR MEDIO DE UN
“AMICUS” SE ACEPTE EL RECURSO DE APELACIÓN
A FAVOR DE LOS CINCO CUBANOS PRESOS
EN LOS ESTADOS UNIDOS
MESA DIRECTIVA
Sen. Gustavo Madero Muñoz
Presidente
Sen. José González Morfín
Vicepresidente
Sen. Francisco Arroyo Vieyra
Vicepresidente
Sen. Yeidckol Pelevnsky Gurwits
Vicepresidenta
Sen. Adrián Rivera Pérez
Secretario
Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo
Secretario
Sen. Claudia Soña Corichi García
Secretaria
Sen. Ludivina Menchaca Castellanos
Secretaria
Sen. Gabino Cué Monteagudo
Secretario
54
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ANEXO
APÉNDICE A LA PETICIÓN DE REVISIÓN
PRESENTADA A LA CORTE SUPREMA
DE ESTADOS UNIDOS, 30 DE ENERO DE 2009
PROTESTA CONTRA JUICIO INJUSTO
LISTA PARCIAL DE PARLAMENTOS, ORGANISMOS
PARLAMENTARIOS, ORGANIZACIONES LEGALES
Y DE DERECHOS HUMANOS Y PERSONALIDADES
Premios Nobel
Adolfo Pérez Esquivel (Premio de la Paz-1980: Argentina); arzobispo
Desmond Tutu (Premio de la Paz-1984: Sudáfrica); Rigoberta
Menchú Turn (Premio de la Paz-1992: Guatemala); José Ramos-
Horta (Premio de la Paz-1996: Timor L’Este); Wole Soyinka (Premio
de Literatura-1986: Nigeria); Nadine Gordimer (Premio de Literatura-1991:
Sudáfrica); José Saramago (Premio de Literatura-
1998: Portugal); Günter Grass (Premio de Literatura-1999: Alemania);
Harold Pinter (Premio de Literatura-2005: Gran Bretaña);
Zhores Alferov (Premio de Física-2000: Rusia).
Carta Abierta al Fiscal de Estados Unidos; carta al Editor del
New York Times, del 11 de abril de 2003.
PARLAMENTOS REGIONALES
Parlamento Latinoamericano (www.parlatino.org)
Establecido por tratado. Compuesto por representantes electos de 22
países de América Latina y el Caribe: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Antillas Holandesas, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Resolución, diciembre de 2006.
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Parlamento de MERCOSUR (www.parlamentodelmercosur.org)
Organización regional establecida por las repúblicas de Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Entre sus responsabilidades se
incluye la preservación de los sistemas democráticos y del respeto por los
derechos humanos por parte de sus miembros.
Declaración, del 29 de abril de 2008.
Parlamentarios de América Latina y el Caribe
Reunión de parlamentarios de 15 países de América Latina y el Caribe,
así como representantes de cinco parlamentos regionales: Parlamento
Latinoamericano, Parlamento Andino, Parlamento Centroamericano,
Parlamento de MERCOSUR y Parlamento Indígena.
Declaración, del 7 de julio de 2008.
Parlamento Europeo (www.europarl.europa.eu)
El Vicepresidente del Parlamento Europeo y otros 19 miembros de
Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Portugal, Grecia
y Chipre, incluyendo el Vicepresidente de la Delegación para las relaciones
con Estados Unidos, la Vicepresidenta del Subcomité para los Derechos
Humanos; actuales y ex miembros de los Comités de Asuntos Exteriores,
Derechos Humanos, Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Nacionales; y
miembros de la delegación para las relaciones con los países de Centroamérica
y México y a la Asamblea Parlamentaria Europa-América Latina.
Carta al embajador de Estados Unidos ante el Parlamento Europeo,
8 de enero de 2007; carta al Presidente de la Delegación para las
Relaciones con Centroamérica y México (Parlamento Europeo), del
8 de octubre de 2003; carta al Consejo Europeo, La Comisión Europea,
al Presidente del Parlamento Europeo; al Consejo de Asuntos
Generales y Relaciones Exteriores y a los presidentes de siete
diferentes grupos políticos, del 19 de noviembre de 2007.
Grupo GUE/NGL – 41 Miembros del Parlamento Europeo de 13 países.
Declaración, del 25 de octubre de 2006.
56
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Sesión del Parlamento Europeo. Preguntas parlamentarias presentadas
por numerosos miembros del Parlamento Europeo, del 5 de octubre
de 2006 y del 22 de octubre de 2003.
Declaración, del 31 de octubre de 2006 (Grupo de Amistad y Solidaridad
con Cuba).
Asamblea Parlamentaria Unión Europea-África, Caribe, Pacífico-
Vicepresidente
Creada por 101 países mediante el Acuerdo de Cotonou. Está formada
por 79 representantes electos del Parlamento Europeo y representantes
electos de 79 estados de África, el Caribe y el Pacífico. Sus responsabilidades
incluyen la protección y promoción de los derechos humanos,
los principios democráticos y la ley del derecho.
Carta al Presidente de la Delegación para las relaciones con
Centroamérica y México (Parlamento Europeo), del 8 de octubre
de 2003.
ORGANISMOS INTERNACIONALES
Federación Iberoamericana de Ombudsman (www.portalfio.org)
Federación de funcionarios en España y 16 países de América y el
Caribe que son funcionarios de los gobiernos nacionales, provinciales y
locales y que actúan como Ombudsman, defensores públicos, comisionados
y presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos. Además
de España, los funcionarios provienen de: Andorra, Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela. Su
deber oficial, impuesto por la ley, es la protección de los derechos humanos
de los ciudadanos en contra del abuso gubernamental.
Pronunciamiento, del 27 de marzo de 2008.
57
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Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y
el Caribe (www.copppal.org.mx)
Creada en 1979, la Conferencia Permanente está formada por 60
partidos políticos de 26 países en América del Sur y Central así como en
el Caribe, incluidos Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Sus
responsabilidades incluyen la protección y promoción de los derechos
humanos, la democracia y las instituciones legales y políticas.
Declaración, del 19 de abril de 2008.
Unión Interparlamentaria-Más de 50 miembros de la 113
Asamblea General (www.ipu.org)
Organismo internacional formado por representantes seleccionados
por los miembros de 154 parlamentos nacionales. Establecida en 1889.
Declaración, de octubre de 2005.
Consejo Latinoamericano de Iglesias (www.clailatino.org)
Formado por 138 iglesias y organizaciones religiosas en 19 países.
Su misión se ha enfocado en la construcción de una sociedad justa y
participativa.
Declaración, del 20 de octubre de 2008.
Partido de la Izquierda Europea (www.european-left.org)
Compuesto por partidos políticos nacionales en 17 países diferentes.
Resolución, del 25 de noviembre de 2007.
Asociación Americana de Juristas
Organización no-gubernamental con estatus consultivo en el Consejo
Económico-Social de Naciones Unidas y con membresía en todos los
países del continente americano. Sus principales objetivos y principios
incluyen la defensa y promoción de los derechos humanos y la realización
de una mejor y más efectiva garantía para su protección.
Declaración, del 8 de octubre de 2007; Resoluciones, del 28 de
enero de 2005 y del 14 de noviembre de 2003.
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Asociación Internacional de Abogados Demócratas
(www.iadllaw.org)
Organización no-gubernamental fundada en 1946 con más de 16
organizaciones miembros en 4 continentes y con estatus consultivo en el
Consejo Económico-Social de Naciones Unidas y en la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Declaración Pública, del 6 de junio de 2008.
AMÉRICA LATINA
MÉXICO
Senado de la República (www.senado.gob.mx)
Puntos de acuerdos adoptados (aprobados por unanimidad) del 7
de ctubre de 2006 y del 28 de septiembre de 2006.
Senado de la República: Comisión de Relaciones Exteriores,
América del Norte
Punto de acuerdo adoptado, del 7 de octubre de 2006.
Cámara de Diputados de la República (www.diputados.gob.mx)
Declaración pública, del 9 de julio de 2003 (300 Diputados).
Estado de Aguascalientes: Congreso del Estado
(www.congresoags.gob.mx)
BRASIL
Decreto, del 10 de octubre de 2007.
Cámara de Diputados: Comisión de Derechos Humanos y Minorías
Moción de Repudio adoptada, del 26 de junio de 2006; Moción en
Defensa de los Derechos Humanos adoptada, del 10 de abril de
2007.
59
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Congreso Nacional de Brasil: Presidentes de 24 comisiones
parlamentarias, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos y
Legislación Participativa y la Comisión de Relaciones Exteriores y
Defensa Nacional del Senado y 118 diputados y 14 senadores de
14 diferentes partidos políticos (www.senado.gov.br)
(www.camara.gov.br)
Orden de Abogados de Brasil (www.oab.org.br)
Asociación de abogados brasileños fundada en 1930. Responsable
por la ley de la regulación de la profesión legal
Carta al Director de Derechos Humanos y Asuntos Sociales, Departamento
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, del 12
de septiembre de 2006.
Cámara Municipal de Ribeirao Preto
(www.camararibeiraopreto.sp.gov.br)
Declaración, del 5 de abril de 2005.
Cámara Municipal de Porto Alegre (www.camarapoa.rs.gov.br)
Moción adoptada, del 22 de febrero de 2006.
ARGENTINA
Cámara de Diputados (www.diputados.gov.ar)
Carta al Fiscal General de Estados Unidos, del 24 de agosto de
2005 (20 diputados).
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.legislatura.gov.ar)
Declaración, del 23 de octubre de 2008.
Concejo Municipal Rosario (www.concejorosario.gov.ar)
60
Declaración, del 13 de noviembre de 2008.
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Asociación Trabajadores del Estado (www.ateargentina.org.ar)
Declaraciones, del 29 de abril de 2008 y del 12 de septiembre de
2005.
Colegio de Abogados de Santiago del Estero
(www.abogadossantiago.com.ar)
Resolución, del 4 de noviembre de 2004.
44 líderes de organizaciones de derechos humanos, líderes políticos,
abogados, periodistas y sindicalistas
CHILE
Senado de la República: Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía (www.senado.cl)
Resolución, de mayo de 2008.
Juez Juan Guzmán Tapia
Miembro del Tribunal de Apelaciones de Chile durante 22 años, el
juez Juan Guzmán Tapia procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet
por cargos de violación de derechos humanos y ha investigado en total 99
casos de violaciones de derechos humanos. Actualmente es decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile y director del
Centro de Estudios de Derechos Humanos.
Comunicado de Prensa, del 27 de septiembre de 2007.
BOLIVIA
Senado Nacional (www.senado.bo)
Declaración, del 17 de septiembre de 2008.
61
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Cámara de Diputados (www.congreso.gov.bo)
62
Declaraciones, del 5 de noviembre de 2008 y del 11 de octubre de
2007.
Cámara de Diputados de Chaco
PERÚ
Resolución, del 10 de septiembre de 2008.
Congreso de la República de Perú (www.congreso.gob.pe)
Moción aprobada, del 29 de septiembre de 2008.
VENEZUELA
Asamblea Nacional (www.asambleanacional.gob.ve)
PANAMÁ
Resolución, del 23 de septiembre de 2008.
Asamblea Nacional: Presidente y Vicepresidente de la Asamblea
Nacional y el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Declaración especial, del 10 de octubre de 2007.
Asamblea Nacional: Comisión de Relaciones Exteriores
(www.asamblea.gob.pa)
Resoluciones, del 22 de octubre de 2008 y del 3 de octubre de
2006.
Colegio Nacional de Abogados de Panamá (www.cnapanama.com)
Asociación oficial de abogados de Panamá; membresía obligatoria
para los abogados. Su propósito incluye la protección de la ley y el mejoramiento
de la administración de la justicia.
Resolución, del 27 de octubre de 2008; pronunciamiento, del 8 de
octubre de 2007.
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Comité Ecuménico de Panamá
Incluye la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia
Ortodoxa Rusa, la Iglesia Anglicana, Iglesia Metodista Evangélica de
Panamá, Iglesia Metodista del Caribe y las Américas, Iglesia del Calvario
Bautista, Iglesia Unión, Iglesia Luterana y el Ejército de Salvación de
Panamá.
Declaraciones, del 20 de octubre de 2008 y del 8 de octubre de
2007; pronunciamiento, del 28 de septiembre de 2006.
Partido Revolucionario Democrático
Mayor partido político de Panamá, con más de 650 000 miembros.
Es actualmente el partido de gobierno.
Declaración pública.
Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de
Empleados
Resolución, del 8 de septiembre de 2007.
Asociación de Abogados Litigantes de Panamá
Declaración pública, del 5 de octubre de 2007.
Academia Istmeña de Derecho Internacional
Declaración pública, del 6 de septiembre de 2006.
Frente de Abogados Independientes de Panamá
Declaración, del 4 de octubre de 2007.
PARAGUAY
Cámara de Diputados del Paraguay: 27 diputados
(www.diputados.gov.py)
Declaración, de noviembre de 2007.
63
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ECUADOR
Cámara de Obispos Anglicanos del Ecuador
Carta al Fiscal General de Estados Unidos, del 9 de agosto de 2006.
Asamblea Permanente de Derechos Humanos: APDH del Ecuador
(www.apdh.ec)
Organización no-gubernamental fundada en 1984 para apoyar los
derechos humanos.
Declaración.
COLOMBIA
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(www.colectivodeabogados.org)
Organización dedicada a defender los derechos humanos, con estatus
consultor en la Organización de Estados Americanos. Miembro de la Federación
Internacional de Derechos Humanos.
Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal
(www.institutocolombopana.com)
Resolución, del 20 de julio de 2004.
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EUROPA
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE
Cámara de los Comunes: 112 miembros de la Cámara de los
Comunes (www.parliament.uk/commons/index.cfm)
Carta pública al Fiscal General de Estados Unidos, del 8 de febrero
de 2006.
Tema presentado en la Cámara de los Comunes, del 21 de noviembre
de 2002.
Sindicatos
El Trade Union Congress y 24 sindicatos adicionales, que representan
a casi todos los trabajadores organizados, con más de 6 millones de
miembros.
Moción aprobada por unanimidad, del 10 de septiembre de 2008;
Declaración publicada en los periódicos Guardian e Independent,
de octubre de 2008; carta pública al Fiscal General de Estados Unidos,
del 8 de febrero de 2006.
Decenas de miles de individuos, incluyendo ex ministros de Estado,
numerosos líderes políticos, académicos, escritores y artistas de cine
y teatro
Declaración publicada en los periódicos Guardian e Independent,
de octubre de 2008 (entre los firmantes se encontraban los ex Ministros
de Estado Anthony Benn y Brian Wilson).
Destacados abogados y profesores de derecho
Baronesa Helena Kennedy, QC; Sir Geoffrey Bindman; John Hendy,
QC (Old Square Chambers); Michael Mansfield, QC (Took Chambers);
Profesor Bill Bowring; Profesor D. Keith Ewing; Imran Khan; Fiona
Woolf; Louise Christian; Ben Birnberg; Sarah Chandler; Michael
Chambers; Matthew Cartledge; Michael Seifert; Geoff Shears Thompsons;
Steve Cottingham.
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ALEMANIA
Parlamento Alemán (Bundestag): Presidente de la Comisión
Parlamentaria sobre Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria y
64 otros miembros (www.bundestag.de)
Cartas al Congreso de Estados Unidos, del 7 de septiembre de 2006,
de julio de 2006 y del 16 de junio de 2006.
IRLANDA
Parlamento Irlandés (Oireachtais): 53 miembros de todos los
partidos (www.oireachtas.ie)
ITALIA
Carta al Fiscal General de Estados Unidos, del 30 de septiembre de
2005; declaraciones públicas, del 20 de noviembre de 2003 (Representante
[Whip] del Partido Laborista a nombre de todos los diputados
y senadores del Partido Laborista) y del 8 de diciembre de 2004;
carta al Editor del periódico Irish Independent, del 24 de septiembre
de 2008.
Senado de la República: 39 senadores, incluyendo el ex
Vicepresidente del Senado y el ex presidente del Comité Judicial
(www.senato.it)
ESPAÑA
Carta al Senado de Estados Unidos, del 25 de octubre de 2006.
19 Consejos Municipales
Moción adoptada, de febrero-junio de 2006, de septiembre de 2005,
de febrero de 2004 y de noviembre de 2003.
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Más de 1 100 individuos, incluyendo líderes políticos, sindicalistas,
artistas y hombres de negocio
SUIZA
Carta al Fiscal General de Estados Unidos, de enero de 2006.
Asamblea Federal: 48 miembros de todos los partidos y miembros
de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Estado y de la
Comisión Judicial de la Asamblea Conjunta (www.parlament.ch)
Carta al Embajador de Estados Unidos en Suiza, del 3 de octubre
de 2007.
BÉLGICA
Parlamento Flamenco (Vlaams Parlement): 35 miembros
(www.vlaamsparlement.be)
Declaración, de febrero de 2006; carta al embajador de Estados
Unidos en Bélgica , del 8 de noviembre de 2007; carta pública, del
27 de octubre de 2006.
NORUEGA
Federación Nacional de Maestros: Vesterålen Region
CANADÁ
Solicitud al Primer Ministro de Noruega, de mayo de 2008.
Parlamento: 56 miembros, incluyendo el ex Ministro de Justicia
para Quebec, varios miembros del Comité para Asuntos Exteriores
y Desarrollo Internacional, y el Vicepresidente del Comité de
Inmigración y el líder en activo del Bloc Québecois
(www.parl.gc.ca)
Cartas al Ministro canadiense de Relaciones Exteriores y al Fiscal
General de Estados Unidos, del 19 de junio de 2008 y del 12 de
diciembre de 2007.
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Federación Canadiense de Estudiantes (www.cfs-fcee.ca)
Compuesta por más de 500 000 jóvenes de más de 80 organizaciones
de estudiantes universitarios y de enseñanza media.
Resolución y Carta al Presidente de Estados Unidos, del 9 de junio
de 2008.
91 Académicos, Sindicalistas, Escritores y Artistas del Cine y el
Teatro
RUSIA
Carta al Fiscal General de Estados Unidos, al Embajador de Estados
Unidos en Canadá y al Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá,
del 21 de febrero de 2008.
Parlamento (Duma Estatal) (www.duma.gov.ru)
JAPÓN
Llamamiento al Congreso de Estados Unidos (aprobado por unanimidad),
del 21 de febrero de 2007.
Ex Presidente de la Cámara de Representantes de Japón y otros
53 miembros y ex miembros de la Dieta Nacional, abogados y
profesores de Derecho, cinco organizaciones legales y de derechos
humanos
El ex Presidente de la Cámara de Representantes; el ex Vicepresidente
de la Asociación de Asociaciones de Abogados de Japón; varios
miembros actuales y ex miembros de la Cámara de Concejales y de la
Cámara de Representantes; numerosos abogados y profesores de Derecho;
la Unión de Libertades Civiles de Japón; la Fundación para los Derechos
Humanos de Asia; la Asociación de Abogados Demócratas de Japón;
la Asociación de Solidaridad Internacional de Abogados de Japón y
el Centro de Abogados para la Democracia Social.
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INDIA
30 líderes políticos incluyendo el Ministro de Educación (Estado de
Kerala), sindicalistas, escritores y artistas
Carta al Secretario General de Naciones Unidas, del 27 de octubre
de 2008.
TURQUÍA
Gran Asamblea Nacional de Turquía (Türkiye Büyük Millet
Meclisi-TBMM)-Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba
(www.tbmm.gov.tr/english/english.htm)
NAMIBIA
Declaración, en septiembre de 2008.
Asamblea Nacional (www.parliament.gov.na)
MALI
Resolución (aprobada por unanimidad), del 9 de julio de 2008.
Asamblea Nacional (Assemblee Nationale, Republique du Mali)
(www.assemblee-nationale.insti.ml)
Declaración, del 2 de junio de 2006.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Asociación Nacional de Abogados Criminalistas
(www.criminaljustice.org)
Amicus Curiae en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito.
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Asociación Nacional de Defensores Federales
(www.federaldefenders.org)
Amicus Curiae en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito.
Asociación Nacional de Abogados Criminalistas de la Florida
(www.facdl.org)
Amicus Curiae en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito.
Conferencia Nacional de Abogados Negros (www.ncbl.org)
Carta al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones
Unidas, de septiembre de 2007.
Gremio Nacional de Abogados (www.nlg.org)
Amicus Curiae en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, de
diciembre de 2005; Carta al Alto Comisionado para Derechos Humanos
de Naciones Unidas, de septiembre de 2007; resolución, de
noviembre de 2007; declaración pública, del 5 de junio de 2008.
Organización Nacional de Trabajadores de los Servicios Legales
NOLSW/UAW Local 2320
Carta al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones
Unidas, de septiembre de 2007.
Congreso Nacional Latino (www.latinocongreso.org)
Conferencia anual de cerca de 500 organizaciones de 20 estados
para discutir asuntos de interés para los latinos en todo el país.
Resolución, del 6 de octubre de 2007.
Consejo para Asuntos Hemisféricos (www.coha.org)
Informe, del 24 de mayo de 2006.
70
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Centro para la Política Internacional (www.ciponline.org)
Carta al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones
Unidas, de septiembre de 2007.
Global Exchange (www.globalexchange.org)
Carta al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones
Unidas, de septiembre de 2007.
Ayuntamiento de la ciudad de Detroit (www.ci.detroit.mi.us/
legislative/)
Resolución, del 29 de marzo de 2006.
Ramsey Clark
Ex Fiscal General de Estados Unidos (1967-1969).
Discurso, del 1ro. de octubre de 2002.
OTROS
Más de 8 000 individuos y organizaciones de todo el mundo,
incluyendo líderes políticos, sindicalistas, académicos, escritores y
artistas de cine, música y teatro
Carta Abierta al Fiscal General de Estados Unidos
(www.liberenlos5.cult.cu)
71
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No. 08-987
En el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
––––––––––––♦––––––––––––
RUBÉN CAMPA, RENÉ GONZÁLEZ,
ANTONIO GUERRERO, GERARDO HERNÁNDEZ,
y LUIS MEDINA,
v.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
––––––––––––♦––––––––––––
Demandantes,
Demandado.
Petición de Revisión al Tribunal de Apelaciones del
Onceno Circuito de los Estados Unidos
––––––––––––♦––––––––––––
DOCUMENTO DE AMIGOS DE LA CORTE DEL DR.
NELSON P. VALDÉS, EL DR. GUILLERMO GRENIER,
EL DR. FÉLIX MASUD-PILOTO, EL DR. JOSÉ A. COBAS,
LA DRA. LOURDES ARGÜELLES, EL DR. RUBÉN G.
RUMBAUT, Y EL DR. LOUIS PÉREZ
EN APOYO A LOS DEMANDANTES
––––––––––––♦––––––––––––
NANCY HOLLANDER
Abogada Representante
MOLLY SCHMIDT-NOWARA
FREEDMAN BOYD HOLLANDER
GOLDBERG & IVES P.A .
20 First Plaza NW, Suite 700
Albuquerque, NM 87102
Phone: (505) 842-9960
COCKLE LAW BRIEF PRINTING CO. (800) 225-6964
OR CALL COLLECT (402) 342-2831

i
INDICE
Página
INDICE....................................................................... i
INDICE DE FUENTES ........................................... iii
INTERÉS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE .........1
RESUMEN DE LA ARGUMENTACIÓN ................3
ARGUMENTACIÓN .................................................4
I. EL ENCLAVE ÉTNICO ABARCADOR
DE LA COMUNIDAD CUBANO-
AMERICANA DEL CONDADO DE
MIAMI-DADE TIENE UN EFECTO
CONSIDERABLE SOBRE TODA LA
COMUNIDAD, INCLUIDOS LOS NO
CUBANOS, CREANDO LO QUE
LLEGA A SER UNA “CIUDAD-
ESTADO” QUE SE GUÍA POR SU
IDEOLOGÍA ANTI-CASTRISTA ................4
A. La comunidad cubano-americana
numerosa y unificada influye en casi
todos los aspectos de la vida en el
Condado de Miami-Dade ........................6
B. La ideología del exilio del enclave
cubano-americano abarca a todos los
miembros de la comunidad, incluidos
los no cubanos ......................................10
C. La ideología del exilio da lugar a un
prejuicio anti-castrista irracional que
influye en toda la comunidad de
Miami-Dade, incluidos los posibles
miembros de jurados .............................12
D. La ciudad-estado cubano-americana
anti-castrista ha tenido un éxito
extraordinario.........................................18

ii
Página
II. DADA LA INFLUENCIA
ABARCADORA DE LA IDEOLOGÍA
DEL EXILIO CUBANO –AMERICANO
EN EL CONDADO DE MIAMI-DADE,
EL JURADO NO PUDO HABER
SUPERADO LAS PRESIONES PARA
QUE ESTOS ACUSADOS, QUE ERAN
AGENTES DEL GOBIERNO DE
CASTRO, HUBIERAN TENIDO UN
JUICIO JUSTO ............................................23
CONCLUSIÓN ........................................................29
APÉNDICE
Biografía seleccionada de Nelson P. Valdés .......1a
Biografía seleccionada de Guillermo José Grenier ..6a
Biografía seleccionada de José A. Cobas ......... 11a
Biografía seleccionada de Félix Masud-Piloto . 13a
Biografía seleccionada de Lourdes Argüelles ....16a
Biografía seleccionada de Rubén G. Rumbaut ..19a
Biografía seleccionada de Louis A. Pérez, Jr. ....22a
Declaración de Lisandro Pérez ..........................25a

1
INDICE DE FUENTES
CASOS
United States v. Campa, 419 F.3d 1219 (11th
Cir. 2005), rehearing en banc granted,
opinion vacated by 429 F.3d 1011 (2005) and
aff ’d on rehearing en banc, 459 F.3d 1121
(2006), petition for cert. filed (U.S. Jan. 30,
2009) (08-897)..........................................................27
United States v. Campa, 459 F.3d 1121 (11th
Cir. 2006) (en banc), petition for cert. filed
(U.S. Jan. 30, 2009) (No. 08-897) ...........................26
OTRAS FUENTES
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MIAMI TIMES, March 25, 1993 .................................14
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(Unpublished Masters Thesis, Central
Missouri University) (on file with Central
Missouri University) ...............................................20
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Development, and Everyday Life on an Émigré
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1982 .........................................................................12

2
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Divides: A White Migration North From
Miami, WASHINGTON POST, Nov. 11, 1998...............12
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Council, 1994...........................................................11
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Fall 2000, Vol. 5, No. 4 ............................................17
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PSYCHOLOGY, Vol. 40, No. 3, March 1981................22
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Fall 2000, Vol. 5, No. 4 ........................................8, 17
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Expression in Miami’s Cuban Exile
Community, Americas Watch: The Fund for
Free Expression, Vol. 4, No. 7, August 1992..........15
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3
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5
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Future?, INSIGHT ON THE NEWS, Sept. 28, 1998 ......18
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(Sandor Halebsky & John M. Kirk, eds.,
Westview Press 1992) .............................................25
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California-Santa Barbara) (on file with the
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for Cuban Vote, NEW YORK TIMES, Jan. 25,
2008 .........................................................................19

6
INTERÉS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE
Los Amigos de la Corte son un grupo de
científicos sociales de los Estados Unidos con un gran
volumen acumulado de conocimientos y
publicaciones relativos a la historia, la cultura, la
sociedad y la política de Cuba y la comunidad
cubano-americana en los Estados Unidos. 1
• El Dr. Nelson P. Valdés es Profesor Emérito
de Sociología de la Universidad de
Nuevo México. Ha escrito mucho sobre la
política de la Revolución Cubana.
• El Dr. Guillermo Grenier es Profesor de
Sociología de la Universidad Internacional
de la Florida. Ha escrito mucho sobre la
comunidad cubana en el exilio en Miami.
• El Dr. José A. Cobas es Profesor de
Sociología de la Universidad Estatal de
Arizona. Ha escrito mucho sobre la
sociología política de las relaciones raciales
en los Estados Unidos, haciendo énfasis en
las comunidades de inmigrantes latinos.
1 De conformidad con el Reglamento 37.6, los Amigos de la
Corte certifican que ningún representante legal de una parte ha
sido autor de esta información total ni parcialmente. Esta
información fue redactada por los abogados de los Amigos de la
Corte. Ninguna persona o entidad que no sean los Amigos de la
Corte y sus representantes legales hizo ningún aporte monetario a
la redacción o presentación de esta información. De conformidad
con el Reglamento 37.2(a), las partes han expresado su
consentimiento para la presentación de la información de Amigos
de la Corte y sus cartas de consentimiento se adjuntan a este
documento. Las partes recibieron una notificación con 10 días de
antelación a la fecha programada para esta información sobre la
intención de presentarla.

7
• El Dr. Félix Masud-Piloto es Profesor de
Historia de la Universidad DePaul. Es un
ciudadano estadounidense nacido en Cuba
que ha escrito mucho sobre la comunidad de
emigrados cubanos en la Florida.
• La Dra. Lourdes Argüelles es Profesora de la
Facultad de Estudios Pedagógicos y del
Departamento de Estudios Culturales de la
Universidad de Graduados de Claremont. Ha
trabajado mucho con las comunidades de
enclaves de inmigrantes latinos.
• El Dr. Rubén G. Rumbaut es Profesor de
Sociología de la Universidad de California,
Irvine. Sus extensas investigaciones se han
centrado en el estudio comparativo de las
comunidades de inmigrantes y refugiados en
los Estados Unidos.
• El Dr. Louis Pérez es Profesor de Historia de
la Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill. Ha escrito mucho sobre el tema
de la historia de Cuba. 2
Los Amigos de la Corte no asumen ninguna
posición sobre la inocencia o culpabilidad de los
demandantes. Si bien los Amigos de la Corte
representan una amplia gama de criterios y opiniones,
están de acuerdo en que un análisis pormenorizado de
los aspectos sociológicos del origen étnico que
influyen sobre si se debió cambiar la sede en este caso
tendrá un impacto positivo para el interés público. Los
2 En el Apéndice aparecen biografías más completas de los
Amigos de la Corte

8
Amigos de la Corte consideran que la influencia social
abarcadora del enclave étnico cubano-americano de
Miami-Dade dio lugar a un prejuicio insuperable en el
jurado en este asunto.
––––––––––––♦––––––––––––
RESUMEN DE LA ARGUMENTACIÓN
La comunidad de emigrados cubano-americanos
ha creado un enclave étnico poderoso en el Condado
de Miami-Dade que es esencialmente una
“ciudad-estado” autónoma. La base fundamental de
las actividades de la ciudad-estado es su ideología
anti-castrista. Los miembros no cubanos de la
“ciudad-estado” están influenciados por la gran
presión social, económica y política cubanoamericana
y por la ideología del exilio de los
emigrados cubanos. En consecuencia, los criterios
anti-castristas y anti-cubanos permean al Condado de
Miami-Dade, influyendo profundamente sobre los
medios de difusión y el sistema judicial. Los que
disienten enfrentan las consecuencias políticas y
económicas y una posible violencia. Dado su
condición de agentes del gobierno cubano de Castro,
los demandantes no hubieran podido tener un juicio
justo en el Condado de Miami-Dade por parte de
jurados que temían al estigma de un veredicto de no
culpabilidad. Por tanto, sus juicios debieron
trasladarse a una sede diferente.
––––––––––––♦––––––––––––

9
ARGUMENTACIÓN
I. EL ENCLAVE ÉTNICO ABARCADOR DE
LA COMUNIDAD CUBANO-AMERICANA
DEL CONDADO DE MIAMI-DADE TIENE
UN EFECTO CONSIDERABLE SOBRE
TODA LA COMUNIDAD, INCLUIDOS
LOS NO CUBANOS, CREANDO LO QUE
LLEGA A SER UNA “CIUDAD-ESTADO”
IMPULSADA POR SU IDEOLOGÍA ANTI-
CASTRISTA.
Los cubanos constituyen el grupo de población
más numeroso del Condado de Miami-Dade. Esta
población ha transformado el Condado de Miami-
Dade en una especie de ciudad-estado autónoma con
su propia estructura de poder económico y político y
su propia lógica e ideología políticas dominadas por la
comunidad de exilados cubano-americanos anticastristas.
A diferencia de un enclave étnico, una
ciudad-estado se mantiene separada de la sociedad
dominante y, de ser necesario, en contraposición a
ella. Los que gobiernan en la ciudad-estado no se ven
como personas integradas, absorbidas o asimiladas en
el estado-nación más grande. La ciudad-estado se
asocia a la sociedad dominante sólo cuando le resulta
útil asociarse. La ciudad-estado violará o hará caso
omiso de las leyes y procedimientos de la sociedad
más amplia a no ser que su observancia promueva sus
objetivos.
Jorge Mas Canosa, conocido como el líder
político más influyente del enclave étnico cubanoamericano
en Miami-Dade, expresó esa alienación
con respecto a los Estados Unidos cuando declaró al
Miami Herald: “Soy un hombre incomprendido.

10
Nunca me he asimilado. Nunca tuve esa intención.
Ante todo soy cubano. Sólo vivo aquí como una
extensión de Cuba.” 3 (El énfasis es nuestro). Su
organización política y grupo de cabildeo, la
Fundación Nacional Cubana Americana, reveló su
verdadero papel al adoptar ese nombre. 4 Según la
ideología del exilio, los cubano-americanos dentro del
enclave étnico constituyen una nación en el exterior,
una nación que ocupa una base territorial dentro de los
Estados Unidos –Miami-Dade– que sirve al objetivo
final de reconquistar Cuba. Un autor definió este
fenómeno como un “gobierno a la espera en el
exilio”. 5 Cuando la Fundación Nacional Cubano-
Americana abrió sus oficinas en Washington, D.C. en
2001, Jorge Más Canosa describió el edificio como
“la embajada de la Cuba Libre”. 6
Ya en 1980 la élite anti-castrista que había salido
de Cuba y se había convertido en un grupo de exilados
en los Estados Unidos había desarrollado la estrategia
política de utilizar el “enclave” para proyectar la
política de los Estados Unidos en América Latina.
Esta estrategia ha posibilitado la existencia de esta
ciudad-estado semi-autónoma dentro de los Estados
Unidos. “Un enclave étnico es una comunidad étnica
3 Christopher Marquis, Mas Canosa Dead at 58 (Mas
Canosa muere a los 58 años), MIAMI HERALD, 24 de noviembre
de 1997.
4 Traducido literalmente, el nombre es “Fundación Nacional
Cubano-Americana”.
5 ANN LOUISE BARDACH, CUBA CONFIDENTIAL: LOVE
AND VENGEANCE IN MIAMI AND HAVAN A 126 (Cuba
confidencial: amor y venganza en Miami y La Habana 126)
(Random House 2002).
6
Rui Ferreira, La Fundación abre su ‘embajada’ en
Washington, NUEVO HERALD, 7 de febrero de 2001.

11
fuerte que se organiza alrededor de un conjunto muy
bien diferenciado de empresas e instituciones que
sirven a la comunidad y se benefician de ella”. 7 En lo
relativo a los asuntos de política exterior sobre Cuba,
la ciudad-estado de Miami-Dade ha disfrutado del
estatus de compartir el poder con los poderes
ejecutivo y legislativo del Gobierno de los Estados
Unidos. En consecuencia, el poderío general del
enclave cubano-americano refleja los recursos
políticos, económicos, sociales y culturales de lo que
es de hecho un estado-nación aparte que conforma,
influye y en definitiva controla la opinión pública
dentro de él. El Gobierno de los Estados Unidos
“puede fomentar el nacimiento y desarrollo de un
grupo de interés étnico e incorporarlo al aparato de
política exterior oficial”. 8 Y como explicamos más
adelante, la disensión en cuanto a los asuntos de Cuba
no es tolerada y acarrea frecuentemente la violencia.
A. La numerosa y unificada comunidad
cubano-americana influye en casi todos
los aspectos de la vida en el Condado de
Miami-Dade.
Según el Censo de 1990, los cubanos que
residían en la zona de Miami-Dade constituían el 53%
de toda la población cubana en los Estados Unidos
7 Declaración del Profesor Lisandro Pérez, en 5. Amigos de
la Corte App. en 28a-29a.
8 PATRICK JUDE HANEY & WALT VANDERBUSH, THE
CUBAN EMBARGO: THE DOMESTIC POLITICS OF AN AMERICAN
FOREIGN POLICY (El embargo contra Cuba: la política interna de
la política exterior de los Estados Unidos) 48, (Prensa de la
Universidad de Pittsburgh 2005).

12
(que representaban hasta el 50% en 1980). Diez años
después, los cubanos de Miami representaban el 65%
de todos los cubano-americanos. Los cubanos han
aumentado su número constantemente en la zona de
Miami-Dade y “se han concentrado cada vez más en
el sur de la Florida”. 9 El 78% de todos los cubanos de
la Florida viven en el Condado de Dade.
Es importante recordar que las
personas nacidas en Cuba o sus
descendientes representan el grupo de
origen racial, étnico y nacional más
numeroso en el Condado de Miami-Dade.
Según el Censo de Población y Vivienda
de los Estados Unidos de 2000, en el
condado hay más personas nacidas en
Cuba o sus descendientes (650,600) que
blancos no hispanos (465,770), más que
afro-norteamericanos (427,140), y más
que todos los demás grupos de
nacionalidad hispana juntos (641,130).
Dos de cada siete personas en el área
metropolitana de Miami son cubanos. No
es simplemente otro grupo de inmigrantes
en el mosaico racial y étnico de la ciudad.
Es simplemente el grupo más numeroso
tanto de inmigrantes como de no
inmigrantes. 10
9 Kevin E. McHugh, Ines M. Miyares, & Emily H. Skop,
The Magnetism of Miami: Segmented Paths in Cuban Migration,
(El magnetismo de Miami: sendas separadas en la migración
cubana) THE GEOGRAPHICAL REVIEW, Vol. 87, No. 4, Octubre de
1997, en 508.
10
Declaración del Profesor Lisandro Pérez), en 3. Amigos
de la Corte App. en 27a-28a.

13
La cifra como tal de una comunidad grande y
unificada puede tener un efecto enorme sobre los
miembros de un jurado y sobre los medios de
difusión. El director del Miami Herald, David
Lawrence, reconoció este efecto cuando escribió que
durante el caso de Elián González los periodistas del
Miami Herald “fueron intimidados de forma sutil o
abierta por el consenso abrumador entre los cubanoamericanos
de Miami, cuyo número se calcula en
ochocientos mil. . . .” 11
La presencia cubano-americana en Miami-Dade
no es simplemente la suma total de más de medio
millón de personas. La sociedad es más complicada
que eso. Miami-Dade está unido por redes sociales
cubano-americanas altamente politizadas. Como se
explica mas adelante, los no cubanos son parte de ese
conjunto de redes, desde el matrimonio hasta las
transacciones financieras, desde los espacios urbanos
compartidos hasta los restaurantes favoritos y las
actitudes comunes hacia el gobierno cubano. Esto crea
la densidad social que constituye el entramado de las
relaciones sociales que conforman y guían el
pensamiento y la conducta; es una comunidad
vinculada mediante relaciones personales, historias,
intereses e instituciones sociales comunes y con
sentimientos muy fuertes sobre determinados temas
11
Joseph Contreras, Covering Elian in Print: How Did the
Miami Media Do?, (La cobertura de la prensa escrita sobre Elián.
¿Qué hicieron los medios de difusión de Miami?) HARVARD
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS/POLITICS, otoño de 2000,
Vol. 5, No. 4, en 123-127.

14
políticos. En la literatura académica se reconoce el
carácter excepcional de Miami-Dade. 12
Miami posee la mayor proporción de
población nacida en el extranjero entre las
grandes zonas metropolitanas de los
Estados Unidos. El efecto de esa población
ha sido tan dramático que es dudoso que
exista otra zona urbana en los Estados
Unidos donde el tema de la inmigración
tenga una presencia tan fuerte tanto en el
debate privado como en el discurso
público. 13
Ya para 1980, los cubano-americanos de Miami
se habían convertido en un “poder local esencial” en
la economía, la política y el gobierno. 14 La
hegemonía económica de los anglosajones disminuía
progresivamente. 15 Además, la influencia de los
12
ALEJANDRO PORTES & ALEX STEPICK, CITY ON THE
EDGE: THE TRANSFORMATION OF MIAMI (Ciudad al borde: la
transformación de Miami) (Prensa de la Universidad de
California, 1993).
13
GUILLERMO GRENIER & ALEX STEPICK, MIAMI NOW!:
IMMIGRATION, ETHNICITY, AND SOCIAL CHANGE 3 (¡Miami
ahora! Inmigración, origen étnico y cambio social 3) (Prensa de
la Universidad de la Florida, 1992).
14
Id. en 10.
15
En Miami-Dade, en 2002 la propiedad en manos de
hispanos sobre “firmas de patronos” representaba el 39% del
total (en todos los Estados Unidos era el 4%). An Overview of the
Socio-Economic Condition of Miami-Dade County; Social and
Economic Development (Panorámica de la situación socioeconómica
del Condado de Miami-Dade; desarrollo socioeconómico),
Departamento de Planificación y Sección de
Investigaciones de Urbanismo de la Alcaldía del Condado de
Miami-Dade, mayo de 2007, en 61.

15
cubanos en Miami-Dade se extiende a los cubanoamericanos
de todo el país.
“El sistema de asentamiento de los cubanos [en
los Estados Unidos] debe verse como un archipiélago
étnico, una red de conglomerados urbanos anclados
por Miami. La metáfora del archipiélago recalca las
concentraciones étnicas ligadas por los flujos de
información y personas más que por el
funcionamiento de islas separadas”. 16 (El énfasis es
nuestro.).
El Profesor Lisandro Pérez ha descrito la
importancia de la influencia cubana en Miami-Dade:
En términos sociales, políticos y económicos,
los cubanos ejercen una influencia en el Condado de
Miami-Dade que va mucho más allá de la comunidad
cubana como tal. Los que llegaron de Cuba en el
decenio de 1960 establecieron las bases de esa
comunidad. Procedían de manera desproporcionada de
las capas más altas de la sociedad cubana. Muchos
eran profesionales o empresarios y poseían títulos
universitarios. Un número considerable tenían
experiencia en los negocios y no pocos tenían
contactos con compañías estadounidenses que habían
realizado operaciones en Cuba antes de la revolución.
Además, su migración fue facilitada por el Gobierno
16
Kevin E. McHugh, Ines M. Miyares, & Emily H. Skop,
The Magnetism of Miami: Segmented Paths in Cuban Migration
(El magnetismo de Miami: sendas separadas en la migración
cubana), THE GEOGRAPHICAL REVIEW, Vol. 87, No. 4, octubre de
1997, en 504-519.

16
de los Estados Unidos, que les concedió la entrada
como refugiados y les brindó ayuda económica. 17
B. La ideología del exilio del enclave
cubano-americano abarca a todos los
miembros de la comunidad, incluidos los
no cubanos.
Los primeros exilados y emigrados cubanos
salieron de Cuba porque perdieron sus recursos
económicos, poder político y posición social bajo el
nuevo gobierno de Cuba. Habían sido personas de
buena posición, así que venir a los Estados Unidos
significó una gran derrota. Sin embargo, esos
emigrados “entraron en los Estados Unidos a través de
canales políticos” que tuvieron consecuencias a largo
plazo y dieron forma a su identidad a largo plazo. 18
Estos primeros emigrados cubanos disfrutaron de un
tratamiento de entrada excepcional y preferencial que
ha contribuido a una idea generalizada dentro del
enclave de que esta población está por encima de la
ley estadounidense en cuanto a todos los asuntos
relacionados con Cuba. Este trato político y
económico preferencial permitió a los primeros
exilados reconstruir el poder económico y político que
17
Declaración del Profesor Lisandro Pérez, en 4. Amigos
de la Corte App. en 28a.
18
Carlos A. Forment, Political Practice and the Rise of an
Ethnic Enclave: Cuban American Case, 1959-1979 (La práctica
política y el surgimiento de un enclave étnico: el caso cubanoamericano,
1959-1979), THEORY AND PRACTICE (Teoría y
Práctica), No. 18, 1989, en 50.

17
tenían en Cuba. 19 Las primeras oleadas de exilados se
convirtieron por tanto en el sector dominante de la
“economía de enclave étnico” de Miami-Dade.
En una economía de enclave dominante, el
origen étnico común y la filosofía política compartida
tienen un gran peso. Si uno no posee el origen étnico
adecuado en la economía de un enclave étnico está en
una posición económica muy desventajosa. Este
fenómeno ha recibido el nombre de aculturación a la
inversa. 20 Por ejemplo, Eduardo Padrón, un cubanoamericano
que fuera presidente del Community
College de Miami-Dade, ha reconocido que los que no
hablan español se sienten intimidados cuando buscan
empleo en la comunidad de Miami-Dade. 21 En ese
caso es mucho más fácil adoptar los valores políticos
dominantes del enclave cubano-americano que
19
Los cubano-americanos recibieron más de mil millones
de dólares para asentarse una vez que llegaron a los
Estados Unidos, así como la residencia automática. Tomas D.
Boswell, A Demographic Profile of Cuban Americans, (Perfil
demográfico de los cubanos americanos), Consejo Nacional
Cubano-Americano, 1994, en 31.
20
Richard Alba & Victor Nee, Rethinking Assimilation
Theory for a New Era of Immigration (Repensando la teoría de la
asimilación para una nueva era de inmigración) INTERNATIONAL
MIGRATION REVIEW, Vol. 31, No. 4. Invierno de 1997, en 826-
874.
21 William Booth, America’s Racial and Ethnic Divides: A
White Migration North From Miami (Las brechas raciales y
étnicas en los Estados Unidos: una migración de blancos hacia el
norte desde Miami), WASHINGTON POST, 11 de noviembre de
1998, en A1.

18
cuestionarlos. La única otra opción viable es irse de la
ciudad y del condado. 22
C. La ideología del exilio da lugar a un
prejuicio anti-castrista irracional que
influye en toda la comunidad de
Miami-Dade, incluidos los posibles
miembros de jurados.
El poder cubano-americano en Miami-Dade se
inició en 1959, cuando la ciudad de Miami comenzó a
coordinar y llevar a cabo actividades contra el
gobierno cubano promovidas por el Gobierno de los
Estados Unidos, sobre todo por sus servicios de
inteligencia. 23 Un autor ha definido a Miami como “la
capital de la intriga del hemisferio”. 24 No se deben
pasar por alto los orígenes muy políticos y violentos
22
En el período comprendido entre 1960 y 1990 la
población “blanca no hispana” disminuyó de 80% a 30%.
William Booth, America’s Racial and Ethnic Divides: A White
Migration North From Miami (Las brechas raciales y étnicas en
los Estados Unidos: una migración de blancos hacia el norte
desde Miami), WASHINGTON POST, 11 de noviembre de 1998, en
A1.
23
Carlos A. Forment, Political Practice and the Rise of an
Ethnic Enclave: Cuban American Case, 1959-1979 (La práctica
política y el surgimiento de un enclave étnico: el caso cubanoamericano,
1959-1979), THEORY AND PRACTICE (Teoría y
Práctica) No. 18, 1989, en 47-81; Lourdes Argüelles, Cuban
Miami: the Roots, Development, and Everyday Life on an Émigré
Enclave in the U.S. National Security State (Eel Miami cubano:
raíces, desarrollo y vida cotidiana en un enclave de emigrados en
el Estado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos,
CONTEMPORARY MARXISM, verano de 1982, en 27-43.
24
JOEL GARREAU, THE NINE NATIONS OF AMERICA 174
(Llas nueve naciones de los Estados Unidos 174) (Avon Books
1981).

19
de la élite cubano-americana de Miami. 25 La cultura
y la práctica políticas anti-castristas clandestinas,
coercitivas y violentas se remontan a esos años. Desde
el punto de vista político, ninguna otra ciudad de los
Estados Unidos podría estar más prejuiciada
políticamente contra acusados que fuesen partidarios
reconocidos de Castro ni más dispuesta a recurrir a la
violencia contra los disidentes.
Aunque el aspecto político de la ideología del
exilio es fundamental a la hora de predisponer a la
población de Miami-Dade, lo que deseamos recalcar
son los componentes del comportamiento emotivo,
irracional e intolerante que tienen consecuencias
importantes respecto del tema del prejuicio y la
parcialidad en la comunidad. El Profesor Lisandro
Pérez expresa que:
El fin del exilio cubano es derrocar a Fidel
Castro, y esto debe lograrse a través de la
hostilidad y el aislamiento. Intensificar esa
lucha es la naturaleza altamente emocional
de la ideología del exilio. La cara menos
favorable de la emotividad y la
irracionalidad es la intolerancia hacia los
puntos de vista que no coinciden con la
ideología del “exilio” predominante: una
hostilidad sin concesiones hacia el
gobierno cubano. Los que dentro o fuera
de la comunidad expresan criterios que
sean favorables o incluso “flojos” o
conciliatorios con respecto a Castro
25
El mismo autor escribió que “el secreto salpicado de historias
poco dignas de fe envuelve una cosa tras otra de Miami. Un periodista
que trata de lograr una descripción de los mecanismos internos del
lugar se siente tentado a dejarlo ahí.” Id. en 174.

20
generalmente son objeto de crítica y
desprecio, se minimiza su posición y se
cuestionan sus motivos. Cualquier
disensión en Miami es particularmente
difícil. La influencia generalizada de los
cubanos en Miami significa que es posible
presionar mucho a una persona o grupo
que disientan. 26
Esta ideología del exilio lo abarca todo y está
muy enraizada. Por ejemplo, en una encuesta reciente
se preguntó a los participantes cubano-americanos si
se escuchaban todos los puntos de vista en Miami.
Aproximadamente el 60% de los que respondieron
expresaron el deseo de escuchar un sentimiento
anti-castrista aun más fuerte. 27
Pocos escapan a la presión de la comunidad del
exilio. Por ejemplo, en 1993 un comisionado de la
Ciudad de Miami propuso que a cualquiera que
“apoyara a Fidel Castro” se le debía prohibir
legalmente que expresara esos criterios. 28 En el
Christian Science Monitor del 21 de abril de 2000
apareció un artículo titulado “En Miami, la libertad de
expresión es selectiva”. El autor, Warren Richey,
informó que “los detractores dicen que los que no
26
Declaración del Professor Lisandro Pérez, en 8. Amigos
de la Corte App. en 32a.
27
Guillermo Grenier, The Creation and Maintenance of
the Cuban American ‘Exile Ideology’: Evidence from the FIU
Cuba (La creación y mantenimiento de la “ideología del exilio”
cubano-americana: evidencias de la FIU sobre Cuba) JOURNAL
OF AMERICAN ETHNIC HISTORY, invierno/primavera de 2006, en
219.
28
A Distasteful Proposal: Freedom of Expression (Una
propuesta desagradable: la libertad de expresión), MIAMI TIMES,
25 de marzo de 1993, en 4A.

21
están de acuerdo con las opiniones de línea dura de los
líderes del exilio cubano son objeto constantemente de
intimidación, amenazas de violencia o censura
abierta”. 29
La prensa plana de Miami-Dade tiene un historial
consecuente de prejuicio en cuanto a los temas
relacionados con Cuba o cualquiera que se identifique
con, apoye o defienda cualquier cosa que parezca ser
favorable al gobierno cubano. Esto es incluso más
marcado en el caso de las estaciones radiales de
Miami-Dade donde se analizó este caso antes del
juicio. 30
En la ideología del exilio, cualquier cosa que
provenga de Cuba se considera ilegítima. Los cambios
en la política editorial del Miami Herald son prueba
de esto. En 1992, el Miami Herald era una
publicación con criterio independiente. Las
organizaciones políticas poderosas del exilio no
estaban de acuerdo con su línea editorial, donde se
contemplaba una actitud más inclusiva hacia Cuba. El
vandalismo contra el periódico se convirtió en un
hecho corriente. El New York Times se refirió a la
campaña de actos vandálicos y amenazas contra el
Miami Herald después que la organización de
exilados de Mas Canosa cuestionara “la devoción del
29
Warren Richey, In Miami, Free Speech Is Selective (En
Miami, la libertad de expresión es selectiva), CHRISTIAN SCIENCE
MONITOR, 21 de abril de 2000.
30
Dangerous Dialogue: Attacks on Freedom of
Expression in Miami’s Cuban Exile Community (Diálogo
peligroso: los ataques a la libertad de expresión en la comunidad
de exilados cubanos de Miami), Americas Watch: The Fund for
Free Expresión (Americas Watch: el fondo para la libre
expresión), Vol. 4, No. 7, agosto de 1992, en 16-20.

22
periódico a la causa y catalogara cualquier
escepticismo hacia sus propias políticas y actividades
como una calumnia contra todos los cubanoamericanos”.
31 Como dijo otro autor:
En cualquier otra parte, las afirmaciones
de Mas Canosa podrían haber sido pasadas
por alto. Pero en los rincones más oscuros
de la comunidad en el exilio de Miami sus
palabras fueron evidentemente un
llamamiento a las armas. En cuestión de
días, el publicista del Herald
David Lawrence, hijo, y otros dos altos
directivos recibieron amenazas de muerte.
Personas anónimas profirieron amenazas
por teléfono de que iban a colocar bombas
y los puestos de venta del Herald fueron
atascados con goma y salpicados de
excrementos. La Fundación Nacional
Cubano Americana de Mas Canosa negó
enseguida tener una responsabilidad y
condenó lo actos vandálicos, pero los
pronunciamientos de Mas fueron muy
inflamatorios en una ciudad donde las
acusaciones públicas han sido el preludio
de atentados dinamiteros y, en años
recientes, de asesinato. 32
En un editorial del Miami Herald se dijo lo
siguiente sobre el líder de la Fundación Nacional
Cubano Americana: “Usted es una persona poderosa
31
Larry Rother, When a City Newspaper Is the Enema
(Cuando un periódico de la ciudad es el enemigo), NEW
YORK TIMES, 19 de marzo de 1992, en A16.
32
Anne Marie O’Connor, Tr y i n g To S e t t h e A g e n d a
in Miami (Tratando de definir el programa en Miami), COLUMBIA
JOURNALISM REVIEW, mayo/junio de 1992.

23
aquí y en Washington y quisiera dañarnos y
destruirnos si pudiera”. 33 El periódico cedió a la
intimidación y unos pocos años después los puntos de
vista del rotativo, antes independiente, habían dado un
gran vuelco hacia la ideología del exilio del enclave
cubano-americano.
El profesor Lisandro Pérez lo expresa bien al
decir que la cobertura de los medios de difusión antes
del juicio estuvo prejuiciada y fue desfavorable a los
acusados en el caso. 34 Además, poco antes de la
selección del jurado, la batalla política por retener a
Elián González se libró en parte a través del empleo
de los medios de difusión en el sur de la Florida. 35 La
reacción de los medios a ese acontecimiento revela la
forma en que ellos responden ante cualquier cosa o
persona que sean favorables al gobierno cubano. El
Miami Herald se puso de parte de los exilados. 36 Los
directores del Miami Herald han reconocido que se
sintieron intimidados por los sentimientos en la
comunidad. Un directivo dijo que “tratar de convencer
33
Larry Rother, When A City Newspaper Is the Enemy
(Cuando un periódico de la ciudad es el enemigo),
NEW YORK TIMES, 19 de marzo de 1992, en A16.
34
Declaración del Profesor Lisandro Pérez, en 3. Amigos
de la Corte App. en 27a.
35
Susan Candiotti, Elian Photo Op: Where TV News Met
Street-Corner Politics (Sesión de fotos de Elián: Donde los
noticieros de televisión se encontraron con la política callejera),
HARVARD INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS/POLITICS, otoño
de 2000, Vol. 5, No. 4, en 118-122.
36
Joseph Contreras, Covering Elian in Print: How Did the
Miami Media Do? (Cobertura de Elián por la prensa plana:
¿Cómo lo hicieron los medios de difusión de Miami?) HARVARD
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS/POLITICS, otoño de 2000,
Vol. 5, No. 4, en 123-127.

24
al sur de la Florida para que sea históricamente exacto
o que actúe a partir de principios equivale a escupir
contra el viento”. 37
De manera similar, las estaciones radiales de
frecuencia AM en español han sido históricamente
incendiarias. Antes y durante el juicio en este caso, ni
los medios de difusión ni el público en general habían
podido disfrutar de la libre expresión sobre los temas
relacionados con Cuba en Miami-Dade. Un grupo que
se pronuncia por los derechos según la Primera
Enmienda dijo oficialmente que en Miami “se puede
decir lo que se quiera siempre y cuando sea lo que
[los líderes del exilio] quieren oír”. 38
D. La ciudad-estado cubano-americana
anti-castrista ha tenido un éxito
extraordinario.
En el lapso de una generación, cuatro cubanoamericanos
fueron electos al Congreso y hubo otros
que desempeñaron cargos de alto nivel en la política
del estado de la Florida y han participado en la
formulación de la política exterior de los Estados
Unidos hacia Cuba. 39 Además, los cubanoamericanos
han predominado en el departamento de
policía, las oficinas de comisionados en los condados,
las direcciones de escuelas y la Oficina del Alcalde de
37
Editorial del MIAMI HERALD, 7 de octubre de 1997.
38
Id.
39
Darío Moreno, Exile Political Power: Cubans in the
United States Political System (El poder político del exilio: los
cubanos en el sistema político de los Estados Unidos),
http://metropolitan.fiu.edu/downloads/exile%20political%20pow
er.doc.

25
Miami. 40 Los miembros de la comunidad cubanoamericana
han sido nombrados como Fiscales de los
Estados Unidos y en la estructura judicial local,
incluyendo el Tribunal Supremo del Estado. 41
Existen muchas razones para ese éxito. En
primer lugar, el enclave étnico económico
proporciona fondos para las elecciones. Los
empresarios, profesionales y trabajadores cubanoamericanos
se movilizan y forman un bloque
cohesionado y unido por la política anti-castrista. En
segundo lugar, históricamente los cubano-americanos
han tenido acceso al financiamiento federal. En cierto
sentido, el dinero fluye en ambas direcciones, desde el
enclave a los políticos y también a la inversa. 42
40
Ellen Sugarman, A Miami Vision of Our Future? (¿Una
visión de Miami sobre nuestro Futuro?) INSIGHT ON THE NEWS,
28 de septiembre de 1998.
41
Cuban American Named Florida Supreme Court Justice
(Cubano-americano designado como magistrado del Tribunal
Supremo de la Florida), MIAMI HERALD, 3 de enero de 2009.
42
Patrick J. Haney & Walt Vanderbush, The Role of
Ethnic Interest Groups in U.S. Foreign Policy: The Case of The
Cuban American National Foundation (El papel de los grupos de
interés étnicos en la política exterior de los Estados Unidos: el
caso de la Fundación Nacional Cubano-Americana),
INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY 2do sem. 43, 1999, en
341-361; Kevin Sack, Politics: Florida, with a Major Primary
Nearing, Little Havana Is Beginning to Look a Lot Like a Giant
(Política: Florida, ahora que se acercan las primarias de las
elecciones de alcaldes, la Pequeña Habana comienza a parecerse
mucho a un gigante), NEW YORK TIMES, 9 de marzo de 1996;
Evan Thomas & Mark Hosenball, Cubans At the Whee (Los
cubanos al timón) NEWS-WEEK, 11 de diciembre de 2000; Laura
Wides-Muñoz, Candidates Work Harder for Cuban Vote (Los
candidatos se esfuerzan más por lograr el voto cubano), NEW
YORK TIMES, 25 de enero de 2008.

26
El sentimiento anti-castrista que comparten el
Gobierno de los Estados Unidos y la comunidad
cubano-americana ha cimentado la influencia del
enclave:
Dado el aliento por parte de Washington,
no es sorprendente que con frecuencia los
políticos hispanos locales aprovechen las
oportunidades de prometer apoyo a las
políticas exteriores anticomunistas y de
demostrar su propio fervor. Durante el
período de dieciséis meses anterior a mayo
de 1983, la Comisión de la Ciudad de
Miami aprobó al menos veintiocho
resoluciones, ordenanzas y mociones
oficiales relativas a la política exterior de
los Estados Unidos que fueron en su
mayoría expresiones meramente
simbólicas del anticomunismo latino. La
Comisión de la Ciudad de Hialeah dio por
terminado su hermanamiento con
Managua, Nicaragua, y la Ciudad de
Sweetwater declaró solemnemente a Fidel
Castro como persona non grata. 43
Otro estudioso del enclave
cubano-americano dice:
Muchos cubano-americanos ven el tema
de Cuba como un patrón para evaluar a los
candidatos a cargos locales. “Si quiere
43
Patrick J. Haney & Walt Vanderbush, The Role of
Ethnic Interest Groups in U.S. Foreign Policy: The Case of the
Cuban American National Foundation (El papel de los grupos de
interés étnicos en la política exterior de los Estados Unidos: el
caso de la Fundación Nacional Cubano-Americana),
INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY 2do sem. 43, 1999, en
361.

27
aspirar a una plaza de recogedor de
perros”, dijo una agente de policía cubanoamericano
frente a un puesto de vender
café en la acera, “mejor será que asuma
una posición de línea dura hacia Cuba o
nunca lo elegirán”. Aunque tal vez no
llegue a ese extremo, es cierto que la
política de Miami baila al compás
cubano. 44
Lo que demuestran estos ejemplos es el nivel y el
grado en que el enclave político cubano-americano
puede dictar los programas y decisiones políticas. Este
es el caso de Miami, Hialeah, Miami Oeste,
Sweetwater y Coral Gables. 45 Dada la intensidad de
la experiencia del exilio, la comunidad cubanoamericana
ha dado lugar a una sociedad en un estado
casi constante de movilización masiva propulsado por
una mentalidad de guerra generalizada. 46 “La
Pequeña Habana no es simplemente un vecindario de
inmigrantes, ni siquiera un centro económico activo,
44
Chris Girard & Guillermo Grenier, Insulating an
Ideology: The Enclave Effect on South Florida’s Cuban
Americans (Aislando una ideología: el efecto del enclave sobre
los cubano-americanos del sur de la Florida), HISPANIC JOURNAL
OF BEHAVIORAL SCIENCES, Vol. 30, No. 4, Noviembre de 2008,
en 317.
45
Mark F. Peterson & Jaime Roquebert, Success Patterns
of Cuban-American Enterprises: Implications for
Entrepreneurial Communities (Patrones del éxito de las empresas
cubano-americanas: implicaciones para las comunidades
empresariales), HUMAN RELATIONS, Vol. 46, No. 8, 1993, en
921-937.
46
Sandra Dalis Alvarez, The Effects on an Ethnic Enclave
as a Social Movement (Los efectos sobre un enclave étnico como
movimiento social) (1994) (Tesis de Master no publicada,
Universidad Central de Missouri) (en el archivo de la
Universidad Central de Missouri).

28
sino una comunidad moral con su propia perspectiva
definida sobre el mundo”. 47 En el sentido
sociológico, una comunidad moral obliga y ejerce
coerción en formas sutiles y no tan sutiles.
Si desde afuera el discurso político del
exilio pareció ser una intolerancia
desmedida, desde dentro ayudó a definir
quién era y quién no era un verdadero
miembro de la comunidad. Para ser un
cubano de Miami, no basta con haber
huido de la isla; también hay que exponer
los puntos de vista repetidos
incesantemente por los editorialistas en la
radio y la prensa de habla hispana de
Miami (las mismas voces que se ocupan
de denunciar a cualquier miembro de la
comunidad que se aparte demasiado del
rebaño). 48
La ideología del exilio ha hallado muchas vías de
expresión aparte de los discursos y artículos políticos
explícitos. Puede verse en cuentos, novelas, libros,
películas, obras de teatro, telenovelas, documentales e
47
Alejandro Portes & Alex Stepick, City on the Edge
(ciudad al borde), en THE CUBA READER: HISTORY, CULTURE,
POLITICS 583 (Aviva Chomsky, Barry Carr & Pamela Maria
Smorkaloff, eds., Prensa de la Universidad Duke, 2003). El
concepto de una comunidad moral parte de Emile Durkheim y no
significa creencias religiosas ni éticas; más bien, Durkheim hace
énfasis en la importancia funcional de los valores compartidos
con respecto a un tema concreto, la definición de una conducta y
la creación de un alto nivel de integración social. EMILE
DURKHEIM, THE SOCIO-LOGICAL METHOD (Prensa Libre de
Nueva York , 1938) (1995).
48
Alejandro Portes & Alex Stepick, City on the Edge
(Ciudad al borde), en THE CUBA READER: HISTORY, CULTURE,
POLITICS 583 (Aviva Chomsky, Barry Carr & Pamela Maria
Smorkaloff, eds., Prensa de la Universidad Duke, 2003).

29
historietas. La ideología del exilio es una industria
política y económica que conforma los valores y
actitudes de manera consciente. 49 En una
investigación de 1981 de estudiantes universitarios de
la Florida se utilizó al gobierno cubano como
referente negativo. En el estudio se determinó que
“todos los estudiantes cubano-americanos pueden
valerse de su oposición a la Cuba de Castro, no tanto
para definirse a sí mismos, como para indicar a otros
su solidaridad con la corriente oficial de la comunidad
en el exilio”. 50 Para los estudiantes estaba claro que
expresar la ideología dominante significaba
aceptación social, así como recompensas. 51.
49
John D. Ribo, A Nation Built On Nothing: Cuban
American Subjectivities in Revolt, (Una nación construida a
partir de nada: la agitación de las subjetividades cubanoamericanas),
M.A. (2007) (Tesis de maestría no publicada,
Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill) (en el archivo de
la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill); Stacey Van
Dahm, Nationalism and Narratives of Subjectivity in the Cold
War Imagery (Nacionalismo y narrativas de la subjetividad en las
imágenes de la Guerra Fría) (2007) (Disertación de Ph.D. no
publicada, Universidad de California-Santa Bárbara) (en el
archivo de la Universidad de California-Santa Bárbara).
50
Charles Carver, Havana Daydreaming: A Study of Self-
Consciousness and the Negative Reference of Groups Among
Cuban-Americans (Sueños de La Habana: estudios de la propia
conciencia y la referencia negativa de los grupos entre los
cubanos-americanos), JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL
PSYCHOLOGY, Vol. 40, No. 3, Marzo de 1981, en 545-552.
51
Chris Girard & Guillermo Grenier, Insulating an
Ideology: The Enclave Effect on South Florida’s Cuban
Americans (Aislando una ideología: el efecto del enclave sobre
los cubanos-americanos de la Florida), (HISPANIC JOURNAL OF
BEHAVIORAL SCIENCES, Vol. 30, No. 4, noviembre de 2008, en
530-543.

30
II. DADA LA INFLUENCIA ABARCADORA
DE LA IDEOLOGÍA DEL EXILIO
CUBANO–AMERICANO EN EL
CONDADO DE MIAMI-DADE, EL
JURADO NO PUDO HABER SUPERADO
LAS PRESIONES PARA QUE ESTOS
ACUSADOS, QUE ERAN AGENTES DEL
GOBIERNO DE CASTRO, HUBIERAN
TENIDO UN JUICIO JUSTO.
En la literatura académica se ha demostrado que
la violencia colectiva puede ser una forma de control
social con el fin concreto de obligar a otros a aceptar
patrones establecidos. El control social explícito
puede asumir muchas formas: burlas, insultos, crítica,
protestas, vandalismo e incendio premeditado, daño a
la propiedad, ataques físicos e incluso el asesinato. 52
La “política volátil” de Miami ha dado muestras de
una predisposición a utilizar esas formas de control
social cuando se consideren políticamente necesarias.
Esto ha diferenciado al enclave de Miami-Dade en
cuanto a sus “formas de participación de las que se
describen corrientemente para las comunidades
urbanas en otras partes”. 53 El Profesor Lisandro Pérez
escribe lo siguiente:
Cualquier disensión en Miami es
particularmente difícil. La influencia
52
Roberta Senechal de la Roche, Collective Violence as
Social Control (La violencia colectiva como control social),
SOCIOLOGICAL FORUM, Vol. 11, No. 1, marzo de 1996, en
97-128.
53
Christopher L. Warren, John F. Stack, Jr., & John G.
Corbett, Minority Mobilization in an International City: Rivalry
and Conflict in Miami (La movilización de las minorías en una
ciudad internacional: rivalidad y conflicto en Miami), PS, verano
de 1986, en 626.

31
abarcadora de los cubanos en Miami
significa que se pueden ejercer fuertes
presiones sobre una persona o grupo que
disientan. Esas presiones pueden ser
económicas, políticas o sociales, pero
también han incluido la amenaza de
violencia. Existe una larga historia de
amenazas, alarmas de bombas, atentados
dinamiteros reales e incluso asesinatos
dirigidos contra personas que han
disentido de las posiciones anti-castristas
predominantes o han mostrado una
posición que se percibe como “floja”
hacia el régimen. 54 (El énfasis es
nuestro.).
El coordinador en 1994 del grupo de derechos
humanos Americas Watch se sorprendió al descubrir
que ni una sola institución estaba dispuesta a enjuiciar
amenazas e intimidaciones realizadas por exilados
cubanos en Miami. Dijo: “Nadie a nivel local,
estadual o federal se ha pronunciado contra la
violencia o las amenazas contra los moderados”. 55
Sería razonable esperar que dado que los
conflictos políticos en el pasado han conducido a la
violencia y la intimidación, un caso donde se acusara
a personas de espionaje y del derribo de aeronaves
con base en Miami diera lugar a grandes
enfrentamientos violentos si se hubiera declarado no
54
Declaración del Profesor Lisandro Pérez , en 8-9.
Amigos de la Corte App. en 32a.
55
ANN LOUISE BARDACH, CUBA CONFIDENTIAL: LOVE
AND VENGEANCE IN MIAMI AND HAVANA 116 (CUBA
CONFIDENCIAL: AMOR Y VENGANZA EN MIAMI Y LA HABANA 116)
(Random House, 2002).

32
culpable a los procesados. Se habría calificado a los
miembros del jurado de “traidores” (el apelativo que
se le da a cualquiera que se desvíe de lo que exige el
enclave político de Miami). Se ha justificado la
intimidación diciendo que alguien no ha apoyado los
intereses políticos cubano-americanos.
La cultura política de los exilados se basa en
interpretaciones de la realidad social y política
“dominadas por la convicción de que el oponente de
uno es traicionero.” Así, las diferencias políticas se
convierten en acusaciones de traición. Si no se alcanza
un objetivo nacional o político, sólo hay (una) razón
posible: la traición”. 56
De hecho, desde el inicio mismo, el exilio
histórico consideró que el Gobierno de los Estados
Unidos había traicionado la causa cubano-americana
en muchas ocasiones. Justo el pasado 19 de diciembre
de 2008 un importante líder del exilio cubano, José
Ignacio Rasco, declaró esto en una entrevista: “La
traición de Estados Unidos nos hizo mucho daño. Aún
sufrimos las consecuencias”. 57 Según la interpretación
ideológica del exilio, no se puede confiar en el
Gobierno de los Estados Unidos. Ese es el hecho que
debe tenerse en cuenta al evaluar la influencia
profunda y generalizada del enclave cubano-
56
Nelson P. Valdés, Cuban Political Culture: Between
Betrayal and Death (La cultura política cubana: entre la traición
y la muerte) en CUBA IN TRANSITION: CRISIS AND
TRANSFORMATION 217 (Sandor Halebsky & John M. Kirk, eds.,
Prensa West-view, 1992).
57
Entrevista con José Ignacio Rasco,
http://www.libertaddigital.com/opinion/victor-llano/fundador-dela-democracia-cristiana-cubana-11919/

33
americano en Miami-Dade. En consecuencia, el caso
de los demandantes cae dentro de la misma
interpretación política del exilio cubano: los agentes
del gobierno de Castro son espías, traidores
infiltrados.
En ese contexto, cualquiera que los defienda también
es un traidor. Así que el jurado tuvo que fallar en
contra de los “traidores” o ser considerados ellos
mismos como “traidores”. La clasificación de traición
tiene consecuencias graves en cualquier parte, pero las
tiene aun peores en Miami-Dade. De manera no
sorprendente, Janet Reno, la fiscal general de los
Estados Unidos entonces, fue acusada de traidora.
La organización cubano-americana Hermanos al
Rescate se opuso a escuchar cualquier prueba
presentada por el Gobierno cubano sobre los asuntos
relacionados con el terrorismo del exilio. Dijeron que
esto era un intento del fiscal general de los Estados
Unidos de hacer algo similar al regreso de Elián
González a Cuba. 58 El profesor de psicología Gary
Patrick Moran de la Universidad Internacional de la
Florida ha descrito un profundo prejuicio que existe
en Miami contra las personas relacionadas con el
Gobierno cubano. Además, la psicóloga legal Kendra
H. Brennan (una autoridad en cuestionarios y
procedimientos judiciales), dijo que la encuesta de
58
El 26 de junio de 2001, el nuevo Fiscal General de los
Estados Unidos se reunió con figuras importantes del enclave
cubano-americano, incluido José Basulto. Durante el mes
siguiente, el 12 de julio, la Fundación Nacional Cubano-
Americana celebró una fiesta para honrar a los miembros del FBI
que trabajaron en el caso, incluido el jefe del FBI en el enclave
cubano-americano Héctor Pesquera.

34
Moran “revela con precisión un profundo prejuicio
existente en el Condado de Miami-Dade contra
aquellos que se relacionen con el Gobierno cubano”. 59
En el momento del juicio sobre este caso, el
sentimiento en Miami-Dade se tornaba cada vez más
favorable a la acción militar directa de los Estados
Unidos para derrocar al Gobierno cubano. Como
expresó la Dra. Brennan, “existe una actitud de estado
de guerra en el seno de la comunidad cubana local
contra Cuba” que se “propagó hacia el resto de la
comunidad” y tuvo un “efecto considerable sobre el
resto de la comunidad de Miami-Dade”. 60 De hecho,
el período que medió entre el arresto de los acusados
y las deliberaciones del jurado coincidió con los
acontecimientos alrededor de Elián González, que
incluyeron una conducta de turbas por los que
afirmaban pronunciarse a nombre de todos los
cubano-americanos en Miami.
Las pruebas empíricas y anecdóticas sobre las
condiciones que dan lugar a la parcialidad y al
prejuicio de la comunidad contra los acusados en este
asunto son claras. Como integrantes de la comunidad,
los miembros del jurado no pudieron escapar a esa
influencia. Un testigo hostil para la defensa,
José Basulto, declaró explícitamente que el abogado
59
United States v. Campa, 459 F.3d 1121, 1141-42
(Onceno Circuito, 2006) (en banc), solicitud de revisión. (E.U.
30 de enero de 2009)(No.08-897).
60
United States v. Campa, 419 F.3d 1219, 1256 (Onceno
Circuito, 2005), Nuevo juicio en banc concedido, opinión
emitida por 429 F.3d 1011 (2005) y declaración jurada sobre
nuevo juicio en banc, 459 F.3d 1121 (2006), solicitud de rev.
(U.S. 30 de enero de 2009) (08-897).

35
de la defensa estaba haciendo el trabajo de la
inteligencia cubana. 61 En otras palabras, se interpretó
que el esfuerzo de los abogados de los acusados era
ayudar y ponerse de parte del Gobierno cubano y
apoyar al comunismo. Esas acusaciones podían
afectar negativamente al jurado, así como al abogado
de la defensa. Por ejemplo, el 18 de diciembre de
2001, las estaciones de radio del exilio en Miami
instaron a los oyentes a protestar frente a la casa de
Joaquín Méndez, uno de los abogados defensores de
oficio en el caso.
Por último, los Amigos de la Corte refrendan
como propia la conclusión expresada por el Profesor
Lisandro Pérez durante su testimonio el 19 de octubre
de 2002:
Tras exponer el contexto y el ambiente en
el proceso de la selección de los miembros
del jurado en este caso, reiteraré mis dos
ideas fundamentales, ahora evidentes:
1) en este caso, la cobertura previa al
juicio por los medios de difusión es un
indicador insuficiente de la profundidad
del prejuicio en la comunidad contra los
acusados antes del juicio; 2) la elección de
un jurado cuyos miembros no sean
cubanos no contrarresta ese prejuicio.
Dadas las fuerzas sociológicas que son
únicas para Miami-Dade, como ya se
explicó anteriormente, reitero mi
conclusión aquí: la posibilidad de
seleccionar a doce ciudadanos del
Condado de Miami-Dade que puedan ser
61
Id. en 1240.

36
imparciales en un caso relacionado con
agentes reconocidos del Gobierno cubano
es virtualmente inexistente. 62
––––––––––––♦––––––––––––
CONCLUSIÓN
Debido a los motivos antes expuestos, se debe
responder afirmativamente a la Petición de Revisión.
Presentado respetuosamente por
NANCY HOLLANDER
Abogada Representante
MOLLY SCHMIDT-NOWARA
FREEDMAN BOYD HOLLANDER
GOLDBERG & IVES P.A.
20 First Plaza NW, Suite 700
Albuquerque, NM 87102
Phone: (505) 842-9960
62
Declaración del Profesor Lisandro Pérez, en 11-13.
Amigos de la Corte App. en 35a-37a.

1a
Biografía Seleccionada de Nelson P. Valdés
Dirección personal
xxx xxx, xxx
xxx, xxx xxx
(xxx) xxx-xxxx
Oficina
Sociology Department, Room 1055 Social
Science Building University of New
Mexico Albuquerque, New Mexico 87131
(505) 277-3840 or 277-2501
Educación
B.A., 1970, Universidad de Nuevo México; Estudios sobre
América Latina/Portugués
Ph.D., 1978, Universidad de Nuevo México; Historia/
Sociología
Título de la tesis: La Rebelión Cubana: Ideología,
Organización y Estrategia, 1952-1959
Empleos
1972 Instructor de Sociología, Estudios sobre América Latina,
Universidad de Glasgow, Escocia.
1973-1976 Instructor de Historia, Universidad de
Nueva Orleans.
1976-1980 Profesor Asistente de Sociología, Universidad de
Nuevo México.
1980-1991 Profesor Adjunto de Sociología, Universidad de
Nuevo México.
1991-2008 Profesor Titular de Sociología, Universidad de
Nuevo México. 2009- Profesor Emérito, Universidad de
Nuevo México.

Cargos temporales (desde 1998 - )
2003-2004 Director Ejecutivo, Fundación Amistad, Universidad Duke.
2003-2004 Profesor Invitado, Departamento de Sociología,
Universidad Duke.
2003-2004 Asistente del Vice Preboste para Relaciones
Internacionales, Universidad Duke.
2a
Experiencia administrativa (desde 1998 - )
1999- Director, Programa de Investigaciones Académicas sobre Cuba,
Instituto Latinoamericano e Ibérico, Universidad de Nuevo México.
2003-2004 Director Ejecutivo, Fundación Amistad, Universidad
Duke.
Otras actividades profesionales (1998 - )
Ponente, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina,
Seminario sobre la Situación Económica y las Políticas Sociales
recientes en Cuba, Ciudad México, 2 de diciembre de 2003. Invitado
por Rebeca Grynspan, directora de la CEPAL.
Consultor sobre Cuba, MSN-NBC, 2003-2004.
2005-2008: Miembro de la Junta Directiva del Centro Nacional de la
Cultura Hispánica (NHCC). Designado por el Gobernador del estado
de Nuevo México. Se desempeñará en esa responsabilidad durante
los próximos 4 años.
2003-2007: Miembro de la Redacción Editorial de la publicación de
temas científicos sociales sobre Cuba TEMAS. El departamento posee
ejemplares de los números más recientes.

3a
RESIDENCIA:
BIOGRAFÍA SELECCIONADA DE GUILLERMO
JOSÉ GRENIER
FLORIDA INTERNATIONAL
UNIVERSITY Center for
Labor Research
& Studies
xxx xxx xxx xxx
University Park
xxx, xxx xxx Miami, FL 33199 305/348-2371
xxx/xxx-xxxx
EDUCACIÓN
Ph.D. Universidad de Sociología 1985
Nuevo México
M.A. Universidad de Estudios sobre 1979
Nuevo México América Latina
B.A. Universidad Estatal Inglés/ 1974
de Georgia
Antropología
A.A. Instituto Superior Oxford/ 1972
Universidad Emory

4a
OFICINA:
Biografía seleccionada de José A. Cobas
Departamento de Sociología teléfono : (480) 965-3785
Universidad Estatal de Arizona FAX: (480) 965-0064
Tempe, Arizona 85287-2101
cobas@asu.edu
http://www.joseacobas.com/
EDUCACIÓN:
B.A., Sociología, Instituto Superior Maryville, 1967
M.A., Sociología, Universidad de Tennessee (Knoxville), 1969
Ph.D. en Sociología, Universidad de Texas (Austin), 1975
EDUCACIÓN:
Biografía Seleccionada de Félix Masud-Piloto
Departamento de Historia
Universidad DePaul
2320 N. Kenmore Avenue
Chicago, Illinois 60614
fmasud@depaul.edu
773-325-7472
Ph.D. en Historia, Universidad Estatal de la Florida, 1985
Disertación: “La Dinámica Política de la Migración Cubana
a los Estados Unidos, 1959-1980”
M.A. en Relaciones Internacionales, Universidad del Estado de la Florida, 1976
B.A. en Ciencias Políticas, Universidad Estatal de la Florida, 1975
Idiomas: Fluidez en Español (hablante nativo) e Inglés

5a
Biografía Seleccionada de Lourdes Argüelles, Ph.D.
Nacida en Cuba y educada en la Isla y en los Estados Unidos,
la doctora Lourdes Argüelles es actualmente profesora titular en la
Facultad de Estudios Pedagógicos y en el Departamento de
Estudios Culturales de la Universidad de Graduados de Claremont,
y miembro del Consorcio de Institutos Superiores de Claremont en
el sur de California. Imparte cursos y realiza investigaciones
interdisciplinarias en las esferas de estudios sobre comunidades de
inmigrantes, solución de conflictos y perspectivas neurocientíficas
y contemplativas en la enseñanza, el asesoramiento y el
aprendizaje. También posee una licenciatura de psicoterapeuta en
el Estado de California y trabaja fundamentalmente y de manera
voluntaria con sobrevivientes de violencia política y familiar y el
maltrato religioso, así como con familias de inmigrantes latinos.
La doctora Argüelles obtuvo su Ph.D. en Educación del
Centro de Relaciones Humanas y Estudios Comunitarios de la
Universidad de Nueva York. Sus principales esferas de estudios
para la obtención del grado de doctor fueron la psicología y la
sociología y su disertación se tituló “Los refugiados políticos
cubanos en los Estados Unidos: un estudio sobre la movilidad
social y el autoritarismo”. También posee un título de Master en
Ciencias en Asesoramiento de la Universidad Barry del Norte de
Miami, Florida y un B.A. en Economía de la Universidad de
Miami, donde también trabajó como graduada en psicología y
educación. La doctora Argüelles obtuvo asimismo un Certificado
de Derecho y Psiquiatría de la Universidad de York en Ontario,
Canadá, y fue una estudiosa ya titulada en Estudios Comparados
de Etnología en el Centro de Estudios Chicanos de la Universidad
de California en Los Ángeles. Asimismo, estuvo un año en la
India, sobre todo en la Biblioteca de Obras y Archivos Tibetanos
en Dharamsala y la Fundación Gandhi para la Paz en Nueva Delhi,

6a
investigando el posible uso de las tradiciones y enfoques
contemplativos orientales en la solución de conflictos para el
trabajo en las escuelas y las comunidades en los Estados Unidos.
Antes de su desempeño en la Universidad de Graduados de
Claremont, la doctora Argüelles ocupó la Cátedra MacArthur de
Estudios sobre la Mujer en el Instituto Superior Pitzer en
Claremont, California, y fue profesora de estudios latinos y
chicanos. Ha sido miembro pleno del claustro en los
Departamentos de Psicología, Sociología, Trabajo Social y
Medicina en diversas instituciones como el Instituto Superior de
Loyola (Montreal), la Universidad de Waterloo (Ontario), la
Universidad de Columbia Británica, la Universidad de Nuevo
México, la Universidad Estatal de Arizona, y la Universidad de
California, Los Ángeles. En el transcurso de estos años, su labor de
enseñanza e investigación se concentró en la experiencia de los
emigrados cubanos y en la dinámica del conflicto en las
comunidades de inmigrantes y de clase obrera.
La doctora Argüelles también ha sido Directora de
Investigaciones del Departamento (hoy Ministerio) de
Recursos Humanos del Gobierno Provincial de Columbia Británica
en Canadá y consultora de investigaciones y evaluaciones para el
Proyecto del SIDA en Los Ángeles, el Instituto Nacional de
Consumo de Drogas, LEARN, y los Institutos Nacionales de Salud
Mental, entre muchas instituciones gubernamentales y privadas
internacionales, nacionales y regionales. Recientemente fue
Co-Investigadora Principal de un programa de enseñanza de
neurociencias y métodos contemplativos financiado con una
importante donación del Congreso de los Estados Unidos.
El objetivo del programa fue reducir el estrés y elevar el
desempeño cognitivo de los estudiantes de nivel medio superior en
las escuelas de los centros de las ciudades en la Florida, California,
Texas, Nueva York y Washington, D.C.

7a
Durante los últimos diez años, la doctora Argüelles ha
dirigido varios programas de aprendizaje y de capacitación que han
sido galardonados de maestros en comunidades y han tenido lugar
en enclaves de inmigrantes latinos y en la frontera entre los
Estados Unidos y México. Estos programas, en su mayoría se
mantienen en curso, han sido financiados con más de dos millones
de dólares de donaciones provenientes del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Atlantic
Philantropies y las Fundaciones Jacobs y Weingart. A la vez que
dirigía estos programas en las comunidades, la doctora Argüelles
continuó y amplió sus investigaciones sobre la vida cotidiana y la
dinámica de los conflictos de los inmigrantes, trabajos que han
aparecido en publicaciones periódicas académicas y populares de
todo el mundo.
La doctora Argüelles es madre de tres hijos cubanoamericanos
ya adultos y vive en el sur de California. Se puede
hacer contacto con ella a través de su oficina en la Facultad de
Estudios Pedagógicos de la Universidad de Graduados de
Claremont, California 91711.
BIOGRAFÍA SELECCIONADA DE
RUBÉN G. RUMBAUT
Rubén G. Rumbaut es Profesor de Sociología en la Universidad
de California, Irvine. Oriundo de La Habana, Cuba, obtuvo su
Ph.D. en Sociología de la Universidad Brandeis en 1978. El doctor
Rumbaut fue miembro del Centro de Estudios Avanzados sobre
Ciencias Conductuales en Stanford durante 2000 y 2001, así como
Experto Invitado en la Fundación Russell Sage de la Ciudad de
Nueva York en 1997 y 1998. Es el Decano Fundador de la Sección
sobre Migración Internacional de la Asociación Americana de
Sociología y miembro electo del Consejo de dicha Asociación y de
la Asociación de Investigaciones de Sociología. Es miembro del

8a
Comité sobre Población de la Academia de Ciencias Nacional, el
Comité sobre Migración Internacional del Consejo de
Investigaciones de Ciencias Sociales y la Red MacArthur de
Investigaciones sobre las Transiciones a la Edad Adulta y la
Política Pública.
En su condición de experto sobre inmigración y movimientos de
refugiados de renombre internacional, así como experto destacado
en cuestiones de inmigración en los Estados Unidos que ha
testificado ante el Congreso de los Estados Unidos durante
audiencias sobre la reforma amplia en la inmigración, el doctor
Rumbaut es co-director del novedoso Estudio Longitudinal sobre
los Hijos de Inmigrantes (CILS), iniciado en 1991; y de un estudio
a gran escala sobre la Inmigración y la Movilidad
Intergeneracional en el Área Metropolitana de Los Ángeles
(IIMMLA). Dirigió la primera Encuesta Nacional de Expertos de
Inmigración en los Estados Unidos, que generó nuevos
conocimientos sobre los orígenes sociales y la formación
intelectual en el campo multidisciplinario de los estudios sobre la
migración internacional. Durante todo el decenio de 1980 dirigió
los estudios principales sobre la migración e incorporación de
refugiados procedentes de Viet Nam, Laos y Camboya – el
Proyecto de Investigación sobre la Salud y Adaptación de los
Indochinos y el Estudio sobre los Jóvenes Refugiados del Sudeste
Asiático. Ha visitado Viet Nam y Camboya y, anteriormente,
Sierra Leona, donde organizó un proyecto de campo sobre salud y
desarrollo económico internacionales. En el decenio de 1990 se
desempeñó como asesor académico de una serie de televisión de
diez capítulos para el horario estelar de la PBS titulada Americas
donde se centraba la atención en las sociedades latinoamericanas y
caribeñas, así como en los mexicanos, cubanos y puertorriqueños
en los Estados Unidos.

El Profesor Rumbaut es autor de más de cien artículos y capítulos
científicos publicados en volúmenes académicos sobre la
adaptación de los inmigrantes y refugiados en los Estados Unidos.
Sus investigaciones se han concentrado en los tipos de inmigrantes
y refugiados y en los contextos de donde provienen y aquellos
donde son recibidos, las diferencias intergeneracionales en la
adaptación, el delito y el encarcelamiento, el bilingüismo y la
pérdida del idioma, la identidad étnica, la ciudadanía y la
condición de habitante de un país, la salud y mortalidad infantiles,
la fertilidad, la depresión, la autoestima, el avance y aspiraciones
educacionales, la movilidad y desigualdad sociales, los modos de
aculturación y las paradojas de la asimilación.
9a

10a
Biografía Seleccionada de Louis A. Pérez, hijo.
Profesor de J. Carlyle Sitterson
Departamento de Historia
Universidad de Carolina del Norte
Chapel Hill, NC 27599
919-962-3943
perez@email.unc.edu
Educación
Universidad de Nueva York, 1961-1962
Instituto Superior Pace, 1962-1965 B.A.
Universidad de Arizona, 1965-1966 M.A.
Universidad de Nuevo México, 1966-1971 Ph.D
Asociaciones profesionales a las que pertenece
Asociación Americana de Historia, Asociación de Estudios
Latinoamericanos, Conferencia sobre Historia de América Latina,
Asociación de Historiadores del Caribe, Asociación de Estudios del
Tercer Mundo

11a
DECLARACIÓN DE LISANDRO PÉREZ
1. Soy Profesor de Sociología y Antropología y
Director del Instituto de Investigaciones sobre Cuba en la
Universidad Internacional de la Florida, la principal
institución de educación superior pública de Miami.
2. He vivido en Miami durante 27 años, primero entre
1960 y 1970, inmediatamente después de llegar procedente
de Cuba, y después desde 1985 hasta la actualidad. La mayor
parte de mi trabajo en los últimos 15 años ha versado sobre la
aplicación de mis conocimientos sobre Cuba y los cubanoamericanos
a la comprensión de la dinámica de esta
comunidad. Toda mi carrera como académico ha estado
dedicada casi exclusivamente al estudio de la sociedad
cubana, la migración cubana y el desarrollo de las
comunidades cubanas en los Estados Unidos, sobre todo en
Miami. Mi primer proyecto de investigación fue mi tesis para
obtener el grado de M.A., que versó sobre los aspectos
demográficos de Cuba y concluyó en la Universidad de la
Florida en 1972. Obtuve mi PhD en Sociología de esa
institución en 1974.
3. Desde entonces, he publicado numerosos artículos,
capítulos, libros editados y otros escritos sobre Cuba y los
cubano-americanos. Soy co-autor del libro que será
publicado en breve (noviembre de 2002) por Allyn & Bacon
titulado The Legacy of Exile: Cubans in the United States (El
legado del exilio: los cubanos en los Estados Unidos). Soy
jefe de redacción de una amplia enciclopedia sobre Cuba que
publicará Macmillan Reference, y desde 1999 me he
desempeñado como Director de Cuban Studies, la
publicación periódica más antigua y prestigiosa en ese
campo. Si se desea más información sobre mi historial,
puede verse mi currículo vitae que se adjunta.

12a
4. El abogado de los demandantes, Leonard I.
Weinglass, me ha solicitado que aporte mi conocimiento
especializado para dilucidar el tema de la probabilidad de
seleccionar en el Condado de Miami-Dade un jurado
imparcial para que emita un veredicto en un caso relacionado
con agentes reconocidos del Gobierno cubano. En esta
declaración se resume mi criterio como experto sobre ese
asunto y sólo sobre ese asunto. No asumo una posición sobre
la culpabilidad o inocencia de los demandantes.
5. Antes de que el señor Weinglass se pusiera en
contacto conmigo en octubre de 2002, no tuve relación
alguna con este caso. Mi conocimiento al respecto se limitaba
a las informaciones aparecidas en los periódicos y otros
medios de difusión. Desde que el señor Weinglass se puso en
contacto conmigo, hemos celebrado una conversación sobre
el caso antes de que yo redactara esta declaración y también
he leído las referencias de las transcripciones que me han
entregado sobre el proceso de selección del jurado que
originalmente emitió un fallo condenatorio contra los
demandantes y sobre el cuestionamiento de los posibles
miembros del jurado. Hice uso de esas referencias, así como
de las fuentes principales sobre la dinámica de Miami y la
comunidad cubano-americana, que aparecen en su mayoría al
final de la declaración.
6. Permítaseme expresar de inicio mi conclusión, que
expondré y explicaré durante el resto de esta declaración: la
posibilidad de seleccionar a doce ciudadanos del Condado de
Miami-Dade que puedan ser imparciales en un caso
relacionado con agentes reconocidos del Gobierno cubano es
virtualmente inexistente. Llegaría a esa conclusión incluso si
el jurado estuviera integrado en su totalidad por no cubanos,
como sucedió en este caso.

13a
7. Para comprender esta conclusión, resulta
importante tener en cuenta que los enfoques usuales para
determinar y contrarrestar la influencia del prejuicio de la
comunidad con respecto al proceso de la selección del jurado
tienen una aplicabilidad limitada en este caso. Al determinar
la existencia de un prejuicio, la cobertura amplia y no
favorable para los acusados por parte de los medios de
difusión antes del juicio es generalmente el indicador más
corriente y constituye el argumento esencial para el cambio
de sede.
8. En este caso, la cobertura de los medios de difusión
antes del juicio es un indicador insuficiente de la profundidad
del prejuicio de la comunidad contra los acusados antes del
juicio. Y la selección de un jurado compuesto por no cubanos
no contrarresta ese prejuicio. La mayor parte del resto de esta
declaración se dedica a explicar y argumentar esos dos temas
interrelacionados.
9. En primer lugar, es importante recordar que las
personas nacidas en Cuba o sus descendientes representan el
grupo de origen racial, étnico y nacional más numeroso en el
Condado de Miami-Dade. Según el Censo de Población y
Vivienda de los Estados Unidos de 2000, en el condado hay
más personas nacidas en Cuba o sus descendientes (650,600)
que blancos no hispanos (465,770), más que afronorteamericanos
(427,140), y más que todos los demás
grupos de nacionalidad hispana juntos (641,130). Dos de
cada siete personas en el área metropolitana de Miami son
cubanos. No es simplemente otro grupo de inmigrantes en el
mosaico racial y étnico de la ciudad. Es sencillamente el
grupo más numeroso tanto de inmigrantes como de no
inmigrantes.

14a
10. Así que cabía esperar que más del veinte por ciento
de los posibles miembros del jurado fueran personas nacidas
en Cuba o sus descendientes. Tampoco es sorprendente que
varios de los no cubanos en ese grupo tuvieran algunos
vínculos personales con los cubanos que de alguna manera
estuvieran relacionados con el caso. Por consiguiente, en
términos puramente demográficos la presencia cubana en
Miami-Dade es considerable y abarcadora.
11. Sin embargo, la importancia de esa presencia se
basa en mucho más que el mero hecho demográfico. En
términos sociales, políticos y económicos, los cubanos
ejercen una influencia en el Condado de Miami-Dade que va
mucho más allá de la comunidad cubana como tal. Los que
llegaron de Cuba en el decenio de 1960 establecieron las
bases de esa comunidad. Procedían en un número
desproporcionado de las capas altas de la sociedad cubana.
Muchos eran profesionales o empresarios y ostentaban títulos
universitarios. Una parte considerable tenía una experiencia
de negocios previa y muchos tenían contactos con compañías
estadounidenses que habían operado en Cuba antes de la
revolución. Asimismo, su migración fue facilitada por el
Gobierno de los Estados Unidos, que les concedió la entrada
como refugiados y les brindó ayuda económica.
12. Esos exilados iniciales y privilegiados al final
establecieron en Miami lo que se considera como el primer
ejemplo en los Estados Unidos de un verdadero enclave
étnico. Un enclave étnico es una comunidad étnica fuerte
organizada alrededor de un rango altamente diferenciado de
empresas e instituciones que sirven a la comunidad y se
benefician de ella. En el centro del enclave está el espíritu de
empresa. Ya en el decenio de 1990 el 42% de todas las
empresas en el Condado de Miami-Dade eran propiedad de

15a
hispanos y las tres cuartas partes de ellas estaban en manos
de cubanos, generando muchos más ingresos que los
negocios propiedad de hispanos en otras partes de los Estados
Unidos. El diapasón de ese espíritu de empresa es
impresionante. La variedad de las ventas y servicios
controlados por cubanos, así como su presencia en las
profesiones, es tan amplia que se afirma que a los cubanos de
Miami les resulta posible vivir completamente dentro de su
propia comunidad. Uno de los beneficios económicos del
enclave es la multiplicación de las redes sociales. Las redes
sociales densas del Miami cubano brindan una tremenda
ventaja según la cual los miembros de la comunidad pueden
cumplir sus planes de ascender ellos mismos y, sobre todo,
sus hijos. El enclave ha proporcionado un trampolín, gracias
a la experiencia y la educación, para el ingreso de muchos
cubanos a cargos de dirección elevados en las instituciones y
organizaciones más importantes, tanto públicas como
privadas, en el Condado de Miami-Dade.
13. La influencia política de los cubanos en Miami se
ha puesto a la par de su presencia económica. Pocos grupos
de inmigrantes en los Estados Unidos han logrado una
representación electoral y empoderamiento político tan
rápido como los cubanos en Miami. Durante el decenio de
1980 los cubanos en Miami crearon un poder local esencial
ejercido a través de un número creciente de funcionarios
electos y organizaciones tales como la Fundación Nacional
Cubano-Americana, la Asociación de Constructores Latinos,
la Asociación de Constructores Hispanos y la Cámara de
Comercio Latina. El tamaño de la comunidad cubana en el
área metropolitana de Miami y sus niveles bastante elevados
de concurrencia durante las elecciones dieron lugar a un auge
en el número de cubanos en cargos electivos a todos los
niveles del gobierno. A finales del decenio de 1980 la ciudad

16a
de Miami tenía un alcalde nacido en Cuba y el administrador
de la ciudad y el administrador del condado eran ambos
cubanos. Los cubanos controlaban la oficina del
Comisionado de la Ciudad y constituían más de la tercera
parte de la delegación del Condado de Miami-Dade en la
magistratura del Estado. Una cubana, Ileana Ros-Lehtinen,
ganó la elección a la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos en 1989. Ya en el decenio de 1990 los
cubano-americanos eran los alcaldes de las áreas
pertenecientes a Miami, Hialeah, Sweetwater, Miami Oeste y
Hialeah Gardens, todas en Miami-Dade. Los cubanos
integran la mayoría en las comisiones o alcaldías de esas
ciudades. Al inicio del decenio de 1990, ya había diez
cubanos en la legislatura de la Florida, siete en la Cámara y
tres en el Senado. A Ros-Lehtinen se sumó otro cubano,
Lincoln Diaz-Balart, en el Congreso de los Estados Unidos
durante el período electoral de 1992. Ya a principios del siglo
XXI, seis de los trece comisionados del Condado de Miami-
Dade eran cubanos, como lo es el alcalde Alex Penelas. Los
cubanos dirigen las dos instituciones de educación superior
más importantes del condado. En ninguna otra parte de los
Estados Unidos, ni siquiera en toda la historia del país, los
inmigrantes de una primera generación se han apropiado del
poder político tan rápido o de manera tan total.
14. La presencia generalizada de la influencia política y
económica de los cubanos significa que sus prioridades y
programa también ocupan un lugar preponderante en Miami.
Los cubanos y su cultura marcan el paso. David Rieff, un
neuyorkino que ha escrito sobre Miami, ha dicho que los
cubanos han tenido bastante éxito en asumir el “control sobre
el ambiente” de la ciudad (Going to Miami --yendo a Miami-
- 1987, p. 143).

17a
15. Era inevitable que los cubanos inyectaran en la
atmósfera de Miami su mayor preocupación: la lucha en
curso por recuperar su patria. Una identidad como exilados es
un tema central de la definición cultural de los cubanoamericanos
que contribuye a una forma particularmente
“cubana” de ver el entorno social y político. Esta visión es la
“ideología del exilio” y posee tres características principales:
1) la preponderancia de la patria, 2) la hostilidad decidida
contra el Gobierno cubano y 3) un apego apasionado a su
ideología e intolerancia hacia los criterios contrarios a ella.
16. En la ideología del exilio, el deseo de recuperar la
patria es el centro del discurso político y la fuente de
movilización en la comunidad cubano-americana. Durante
los últimos cuarenta años ha habido una continuación
incesante del conflicto intenso que surgió a principios del
decenio de 1960, cuando el Gobierno cubano se atrincheraba
contra los intentos serios del Gobierno de los Estados Unidos
y algunos sectores de la sociedad cubana de derrocarlo. Para
muchos cubanos que “perdieron” ese conflicto y fueron al
exilio, la lucha no ha terminado y han tratado, con un éxito
sorprendente, de mantener vivo el conflicto.
17. El objetivo del exilio cubano es derrocar a
Fidel Castro, y esto debe lograrse mediante la hostilidad y el
aislamiento La intensificación de esa lucha es el carácter
altamente emotivo de la ideología del exilio.
18. El aspecto menos favorable de la emotividad e
irracionalidad es la intolerancia hacia los criterios que no
coincidan con la ideología “del exilio” predominante de una
hostilidad sin compromisos hacia el Gobierno cubano.
Aquellos que dentro o fuera de la comunidad expresan
criterios que sean favorables o incluso “flojos” o
conciliatorios con respecto a Castro son objeto generalmente

18a
de críticas y desprecio, se minimiza su posición y se
cuestionan sus motivos. Cualquier disensión en Miami es
particularmente difícil. La influencia abarcadora de los
cubanos en Miami significa que se puede presionar mucho a
una persona o grupo que disientan. Esas presiones pueden ser
económicas, políticas o sociales, pero también han incluido la
amenaza de la violencia. Hay una larga historia de amenazas,
amenazas de bombas, atentados dinamiteros reales e, incluso
asesinatos contra personas que han disentido de las
posiciones anti-castristas predominantes o han demostrado
una “flojera” percibida hacia el régimen. Además del
historial incuestionable en este sentido, puedo afirmar su
veracidad a partir de mi experiencia personal. A partir de la
información de que disponía, el FBI consideró necesario
poner mi casa bajo vigilancia de protección durante varios
días en octubre de 1989. Por aquellos días se celebraba en
Miami una conferencia académica internacional que yo
ayudé a organizar. La comunidad cubana criticó la
conferencia (y a todos los participantes en ella) sólo porque
asistían académicos procedentes de Cuba.
19. Muchos cubanos y no cubanos que han disentido de
la posición de línea dura de hostilidad hacia el Gobierno
cubano han sentido esas presiones. Incluso instituciones fuera
de la comunidad cubana tienen el cuidado de no hacer
declaraciones o celebrar actividades (como invitar a artistas
de Cuba) que pudieran no ser del agrado de los líderes
cubano-americanos. Incluso The Miami Herald, el único
diario de lengua inglesa, comenzó a asumir, tanto en los
editoriales como en su cobertura, una actitud de buscar el
apoyo de la comunidad cubana. A pesar de su tradición
liberal, The Herald es hoy uno de los muy pocos periódicos
importantes en los Estados Unidos que apoyan una política
de línea dura hacia Cuba, incluido el embargo contra la Isla.

19a
Esto es muy significativo, pues significa que el programa y el
discurso del exilio han tenido una resonancia y apoyo en los
medios de difusión impresos principales de los no cubanos en
Miami al ayudar a difundir el mensaje del exilio fuera de la
comunidad.
20. Ya en el decenio de 1990, parecía que tal vez la
estridencia, la militancia y la intolerancia entre los cubanoamericanos
estuviera decreciendo con el paso del tiempo.
Pero dos acontecimientos ayudaron a revitalizar la ideología
tradicional del exilio y a crear en Miami un ambiente que es
particularmente pertinente para el tema de la sede en este
caso.
21. Uno de esos acontecimientos, ocurrido el
24 de febrero de 1996, fue el derribo por cazas militares
cubanos de dos aeronaves civiles tripuladas por cubanoamericanos.
Fue un hecho que provocó rabia tanto en la
comunidad como en la prensa local y reavivó el sentimiento
y el discurso anti-castristas estridentes en Miami. La reacción
ante el incidente fue uniforme en todo Miami, ya que tanto
los cubanos como los no cubanos se mantuvieron unidos en
su ira y condena contra el Gobierno cubano. La fiscalía
vinculó este importante acontecimiento con este caso a su
argumentación.
22. El otro acontecimiento comenzó el Día de Acción
de Gracias de 1999, cuando un niño de seis años,
Elián González, fue hallado flotando en una cámara frente a
la costa de la Florida, y terminó cuando el niño regresó con
su padre menos de un año antes de se iniciara este juicio.
23. El caso de Elián motivó a la mayor parte de la
comunidad cubano-americana, incluso a las generaciones
más jóvenes que antes no habían sido activas en el programa

20a
del exilio. Desde el inicio de la saga de Elián, las voces
predominantes entre los cubano-americanos definieron la
situación como una batalla con Fidel Castro por un trofeo, un
trofeo que estaban decididos a no perder. Los exilados
afirmaron que tal vez durante cuarenta años Fidel Castro
había triunfado sobre ellos al conservar el poder en Cuba,
pero no iba a ganar esta batalla. Tenían al niño con ellos, en
“su” ciudad, una ciudad donde habían triunfado, una ciudad
que ellos “controlaban”. Incluso a nivel federal, había
motivos para sentirse confiado: el Gobierno de los Estados
Unidos siempre había demostrado que estaba dispuesto a
actuar según el programa de los exilados de combatir a Fidel
Castro.
24. El derribo de 1996 y la saga de Elián sirvieron para
reafirmarles a muchos cubanos, y recordarles a muchos no
cubanos, que toda la ideología del exilio, con su emotividad,
irracionalidad e intolerancia, aún vivía en Miami.
25. Tras haber explicado el contexto y el ambiente para
el proceso de la selección del jurado en este caso, reiteraré
mis dos ideas esenciales: 1) en este caso, la cobertura de los
medios de difusión antes del juicio es un indicador
insuficiente de la profundidad del prejuicio de la comunidad
contra los acusados antes del juicio; 2) la selección de un
jurado no cubano no contrarresta ese prejuicio.
26. A partir del análisis anterior, es evidente que un
prejuicio abrumador en la comunidad contra los acusados que
reconocieron ser agentes del Gobierno cubano es algo mucho
más profundo en Miami que una publicidad desfavorable
antes del juicio. Cualquier prueba que se presente sobre esa
publicidad sólo sería la parte visible del iceberg. Miami ha
vivido con el anti-castrismo durante 40 años; es parte del
“ambiente” que han creado los cubano-americanos en la

21a
ciudad. ¿En qué otra ciudad de los Estados Unidos se daría el
caso de que ni uno solo de los 164 miembros de jurados
cuestionados públicamente reconociera tener una impresión
favorable sobre Cuba, y que sólo tres reconocieran tener un
criterio “equilibrado”?
27. Evidentemente, la expresión de esos criterios no se
limitó de manera alguna a los cubano-americanos, lo que
coincide con el análisis que presenté en esta declaración. El
programa anti-castrista de los exilados está en la primera
línea del discurso político en Miami. Incluso el diario de
habla inglesa más influyente se hace eco de él. El estilo de
ese programa es apasionado e intolerante. Si los no cubanos
no lo sabían antes del caso de Elián, lo vieron entonces.
Puede que los no cubanos expresen públicamente esos
criterios anti-castristas tan fuertes porque los tienen
sinceramente como resultado del ambiente político en que
viven o porque se sientan intimidados o presionados para que
expresen tales opiniones. Puede que también se sientan
obligados a guardar silencio.
28. Es indudablemente cierto que todos aquellos en
Miami que no están de acuerdo con los criterios
predominantes del exilio, sean cubanos o no, no se sienten
obligados a mantener silencio o a aceptar las cosas en
público. En realidad, algunos sí expresaron criterios
diferentes sobre la suerte de Elián y muchos otros han
expresado su desacuerdo sobre la política actual de los
Estados Unidos. Pero este caso no versa sobre la política
adecuada de los Estados Unidos hacia Cuba. Ni siquiera tiene
que ver con la custodia de un niño. Este caso se refiere a
personas acusadas por el Gobierno de los Estados Unidos de
espiar para Fidel Castro y ayudar a cometer un acto violento
que provocó muertes y fue muy condenado en la comunidad.

22a
El derribo de 1996 fue unánimemente repudiado en Miami.
Si para los cubanos y no cubanos de Miami ha resultado
incómodo disentir incluso en el caso de Elián, podemos estar
seguros que la disensión en este caso equivale casi a un tabú,
a una posición que nadie desearía asumir o incluso parecer
que la asume.
29. Dadas las fuerzas excepcionales privativas de
Miami-Dade ya explicadas, reitero mi conclusión aquí: la
posibilidad de seleccionar a doce ciudadanos del Condado de
Miami-Dade que puedan ser imparciales en un caso
relacionado con agentes reconocidos del Gobierno cubano es
virtualmente inexistente.
DECLARO MEDIANTE LA PRESENTE BAJO PENA DE
PERJURIO QUE LO ANTES EXPUESTO ES CIERTO Y
COMPLETO HASTA DONDE ALCANZAN MI
CONOCIMIENTO Y CRITERIO
FIRMADO ESTE 19 0 DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 2002 EN MIAMI,
FLORIDA
/s/
Lisandro Pérez ID FL DL P620534490630
Profesor
/s/ Harriet M. Ranallo 10/19/02
Bajo juramento tomado por un
Notario Público
[SELLO] OFFICIAL [Ilegible]
HARRIET M RANALLO
NÚMERO DE LA COMISIÓN
DD 054325
MI COMISIÓN EXPIRA EN
SEPT. 22, 2005

23a
vitae, Lisandro Pérez
ANEXO A Currículo
LISANDRO PÉREZ
Septiembre de 2002
Nacido el 23 de febrero de 1949, La Habana, Cuba;
ciudadano de los Estados Unidos
Profesor de
Sociología y
Antropología
Director del
Instituto de Investigaciones
sobre Cuba
Universidad Internacional de la Florida
Miami, Florida
Cargos profesionales:
DM 364, University Park
Florida International University
Miami, FL 33199
(305) 348-1991
fax: (305) 348-3593
perezl@fiu.edu
En la Universidad Internacional de la Florida:
Profesor Adjunto, Sociología y Antropología
(1985-presente) Director, Instituto de Investigaciones
sobre Cuba
(1991-presente) Presidente, Departamento de
Sociología y
Antropología (1985-1991) Director, M.A. Programa de
Estudios Internacionales
(1986-1988)
En la Universidad Estatal de Luisiana:
Profesor Adjunto, Sociología, 1978-1985
Profesor Asistente, Sociología, 1974-1978

24a
Decano en Funciones, Sociología y Sociología Rural,
1984-1985 Coordinador de Estudios de Graduados,
Sociología,
1979-1984 Miembro Pleno de la Facultad de Graduados,
1982-1985 Miembro Asociado de la Facultad de Graduados,
1975-1982
Títulos:
Ph.D. en la Universidad de la Florida, agosto de 1974. Sociología.
Nivel inferior: Estudios Latinoamericanos. Título de la disertación:
“Análisis de la Población Migrante de Bogotá, Colombia.”
Profesor de Nivel Superior: T. Lynn Smith.
M.A. Universidad de la Florida, Diciembre de 1972. Sociología.
Nivel inferior: Antropología. Título de la tesis: “El crecimiento de la
población en Cuba, 1953-1970.” Profesor de Nivel Superior: John
Saunders.
B.A. Universidad de Miami, junio de 1970.
Campo de estudio principal: Sociología. Otros campos: Inglés y
Español

25a
ASOCIACIONES E INVESTIGACIONES Y
PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERIOR
Co-Investigador Principal, “US/Cuba Policy: The Transition
in Cuba and in the Cuban-American Community” (la política
de los Estados Unidos hacia Cuba: la transición en Cuba y en
la comunidad cubano-americana). Donación por dos años de
$100 000 entregada de la Fundación Christopher Reynolds
como apoyo a la investigación sobre el papel de la
comunidad cubano-americana en una transición en Cuba,
2000-2002.
Investigador Principal, “Cuban Women Writers’ Project”
(proyecto de las escritoras cubanas). Donación de $12 000
entregada por la General Service Foundation para reunir a
escritoras de Cuba y de la diáspora cubana, 2000.
Investigador Principal, “A Program of Research
Collaboration with Cuba” (un programa de colaboración en
investigaciones). Donación de dos años de $100 000
entregada por la Fundación John D. y Catherine T.
MacArthur para ampliar y elevar los programas de
investigaciones cooperadas con colegas e instituciones
académicas en Cuba, 2000-2001.
Investigador Principal, “Academic Exchange and
Collaboration with U.S. Nonprofits and Cuba” (intercambio y
colaboración académicos con entidades estadounidenses no
lucrativas y Cuba), Donación de dos años de $28 000
entregada por la Fundación Christopher Reynolds, Inc. para
apoyar el crecimiento de los programas de intercambio y
colaboraciones de la CRI con académicos cubanos y su papel
como un medio para establecer contactos entre las entidades
estadounidenses no lucrativas y las instituciones cubanas,
1999-2001.

26a
Investigador Principal, AA Program of Academic Travel and
Research Collaboration with Cuba” (un programa de viajes e
intercambios de investigación de académicos con Cuba).
Donación de dos años de $74 127 dada por la Fundación
Ford para ampliar el alcance de donaciones anteriores bajo
los nombres de “Travel to Cuba” (viajes a Cuba) y “A
Program of Academic Travel and Research Collaboration
with Cuba” (un programa de viajes e intercambios de
investigación de académicos con Cuba), 1998-2001.
Investigador Principal, “Cuba and US Nonprofits: A
Resource Guide and Directory” (Cuba y las entidades
estadounidenses no lucrativas: guía y directorio útiles).
Donación de dos años de $100 873 entregada por la
Fundación Ford para desarrollar una guía y directorio que
faciliten los contactos de las entidades estadounidenses no
lucrativas con las instituciones apropiadas en Cuba, 1998-
2001.
Experto Invitado, Fundación Russell Sage, Ciudad de
Nueva York, septiembre de 1997-agosto de 1998.
Investigador Principal, “Island and Diaspora: Cuban National
Sovereignty, Identity, and Reconciliation in the
21 st Century.” (la Isla y la diáspora: la soberanía, la identidad
y la reconciliación nacionales de Cuba en el siglo XXI).
Donación de cuatro años de $250 000 proveniente de la
Fundación Rockefeller para un programa de becas de
residentes en humanidades en el Instituto de Investigaciones
sobre Cuba, 1994-98.
Investigador Principal, “A Program of Academic Travel and
Research Collaboration with Cuba” (programa de viajes de
académicos y colaboración de investigaciones con Cuba).

27a
Donación de dos años de $50 000 dada por la Fundación
Ford para ampliar el alcance de la donación anterior bajo el
título de “Travel to Cuba” (viajes a Cuba), 1995-1997
Investigador Principal, “Travel to Cuba” (viajes a Cuba).
Donación de tres años de $28 000 entregada por la Fundación
Ford para apoyar los viajes del claustro de la FIU a Cuba y
para visitas de colegas residentes en Cuba, 1992-1995.
Investigador Principal, “Cuba in Transition” (Cuba en
transición). Donación de un año de $500 000 entregada en
junio de 1992 por la Oficina de Investigaciones del
Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos para investigaciones
sobre temas económicos y políticos relativos a una transición
en Cuba.
Investigador Principal, “Blacks and Latinos in Greater
Miami” (los negros y los latinos en el área metropolitana de
Miami), Donación de un año de $20 000 dada por el
Programa Inter-Universitario para Investigaciones sobre los
Latinos en abril de 1992. Programas de investigación y
conferencias sobre cuestiones públicas en las relaciones entre
los afro-norteamericanos y los latinos.
Miembro del Consejo de Investigaciones de las
Ciencias Sociales, de agosto de 1980 a agosto de 1981.
Laureado por el Comité Conjunto de Estudios
Latinoamericanos del Consejo de Investigaciones de las
Ciencias Sociales y el Consejo Americano de Sociedades de
Expertos. Título del proyecto: “The Social Demogra-phy of
Twentieth-Century Cuba” (la demografía social de la Cuba
del Siglo XX). La condición de miembro incluyó un año

28a
sabático académico otorgado por la Universidad Estatal de
Luisiana dedicado a la investigación en Washington, D.C.
Miembro de la Fundación Tinker, Centro de Estudios sobre
América Latina, Universidad de la Florida, 1972-74.
ACTIVIDADES PROFESIONALES DIVERSAS
Miembro del Comité Asesor del Programa Sydney S.
Spivack en Investigaciones Sociales Aplicadas y Política
Social de la Asociación Americana de Sociología, 1996-98.
Presidente del Comité Conjunto del Programa
Inter-Universitario de Investigaciones sobre los Latinos y el
Consejo de Investigaciones de la Ciencias Sociales para
Temas de Temas de Políticas Públicas de los Hispanos,
1991-1995.
Miembro de la Junta Directiva del Programa
Inter-Universitario de Investigaciones sobre los Latinos,
1990-.
Consultor sobre las comunidades de latinos en los
Estados Unidos y sus culturas. Taller Infantil en Televisión,
Nueva York, 1992.
Miembro del Comité Asesor sobre los Latinos del Museo
Nacional de Historia Americana, Smithsonian Institution,
1994-.
Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del
Instituto de Estudios sobre Cuba, 1980-1999.
Miembro de la Junta de Asesores de la publicación periódica
Cuban Studies/Estudios Cubanos, 1981-1998.

29a
CURSOS IMPARTIDOS en la Universidad Estatal de
Luisiana:
2001 Introducción a la Sociología
2351 Sociología Rural
2505 Matrimonio y Relaciones Familiares
2721 La Ciudad
4361 Estudios sobre América Latina
4401 La familia
4411 Sociología del Trabajo
4701 Población y 4702 Laboratorio de Población
7391 Seminario: Sociedades Latinoamericanas
7791 Seminario: Análisis demográfico
Asesoró cinco tesis de M.A. y dos disertaciones de Ph.D. por
estudiantes en el Departamento de Sociología y en el Instituto
de Estudios sobre América Latina. Se desempeñó como
miembro de los comités estudiantiles de M.A. y Ph.D. en los
departamentos de sociología, historia, economía, geografía,
educación extendida y estudios sobre América Latina.
CURSOS IMPARTIDOS en la Universidad Internacional
de la Florida:
2000 Introducción a la Sociología
3300 Métodos de Investigación
3120 Matrimonio y Familia
3331 Temas y Perspectivas Mundiales
4010 Teorías de los Clásicos de la Sociología
4343 Cultura y Sociedad Cubanas
4621 Cubanos en los Estados Unidos
5447 Seminario: Sociología del Desarrollo Internacional

30a
RESULTADOS MÁS DESTACADOS COMO DECANO
DE SOCIOLOGÍA/ ANTROPOLOGÍA (1985-1991)
Creó ocho cargos nuevos en la facultad y dirigió la captación
y contratación de las personas para esos cargos.
Desarrolló el plan y los materiales para los programas de
M.A. y Ph.D. del Departamento y obtuvo la aprobación de
los programas por la Universidad y la Junta Estatal de
Regentes.
Dirigió con éxito el Departamento según una revisión externa
de la Junta de Regentes del programa de B.A., que dio lugar a
una evaluación muy positiva.
RESULTADOS MÁS DESTACADOS COMO DIRECTOR
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE
CUBA (1991-)
Obtuvo $1 263 000 en donaciones externas para los
programas del CRI, incluido un Programa de Becas de
Humanidades altamente competitivo de la Fundación
Rockefeller.
Se le otorgó la condición de redactor jefe de la publicación
periódica Cuban Studies, la más antigua y destacada de su
tipo en ese campo, por un período de cinco años como
resultado de un proceso de selección competitivo realizado
por la Prensa de la Universidad de Pittsburgh.
Creó y organizó a partir de 1997 la Conferencia de Estudios
sobre Cuba y América Latina del CRI, que se celebra cada 18
meses en el recinto de la FIU y a la que asisten más de 200
estudiosos de todos los Estados Unidos, América Latina y
Europa. La Cuarta Conferencia se celebrará en marzo de
2002. Se ha convertido en la conferencia más importante
sobre el tema.

31a
Instituyó un Programa de Certificados en Estudios sobre
Cuba y los Cubano-Americanos para tanto estudiantes como
graduados.
Creó el primer Programa de Estudios en Cuba para
estudiantes de la FIU en el verano de 2001. Veintitrés
estudiantes estuvieron 12 días en Cuba con miembros del
claustro de la FIU como parte de los requisitos para los
créditos de los cursos.
Apoyó las investigaciones del claustro y los graduados en
Cuba. Más de doce miembros del claustro de la FIU y ocho
estudiantes graduados han recibido apoyo del CRI para
realizar viajes de investigaciones a Cuba. El CRI también ha
apoyado los viajes a la FIU de aproximadamente 40 colegas
desde Cuba.
Larga tradición de auspicio de ponencias, seminarios, eventos
culturales, presentaciones de libros y simposios a los que han
asistido profesores, estudiantes y la comunidad.

ANEXO A LA PETICIÓN DE REVISIÓN PRESENTADA A LA
CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS
30 DE ENERO DE 2009
PROTESTA CONTRA JUICIO INJUSTO –
LISTA PARCIAL DE PARLAMENTOS Y ORGANISMOS
PARLAMENTARIOS, ORGANIZACIONES LEGALES Y DE DERECHOS
HUMANOS Y PERSONALIDADES
Premios Nobel
Adolfo Perez Esquivel (Premio de la Paz – 1980: Argentina); Arzobispo Desmond Tutu
(Premio de la Paz – 1984: Sudáfrica); Rigoberta Menchú Turn (Premio de la Paz – 1992:
Guatemala); José Ramos-Horta (Premio d ela Paz – 1996: Timor L’Este); Wole Soyinka
(Premio de Literatura – 1986: Nigeria); Nadine Gordimer (Premio de Literatura – 1991:
Sudáfrica); José Saramago (Premio de Literatura – 1998: Portugal); Günter Grass
(Premio de Literatura – 1999: Alemania); Harold Pinter (Premio de Literatura – 2005:
Gran Bretaña); Zhores Alferov (Premio de Física – 2000: Rusia)
Carta Abierta al Fiscal de Estados Unidos; carta al Editor del New York Times,
Abril 11, 2003
PARLAMENTOS REGIONALES
Parlamento Latinoamericano (www.parlatino.org)
Establecido por tratado. Compuesto por representantes electos de 22 países de América
Latina y el Caribe: Argentina, Aruba, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Antillas
Holandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Resolución, Diciembre 2006
Parlamento de MERCOSUR (www.parlamentodelmercosur.org)
Organización regional establecida por las repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela. Entre sus responsabilidades se incluye la preservación de los sistemas
democráticos y del respeto por los derechos humanos por parte de sus miembros.
Declaración, Abril 29, 2008
Parlamentarios de América Latina y el Caribe

Reunión de parlamentarios de 15 países de América Latina y el Caribe, así como
representantes de cinco parlamentos regionales: Parlamento Latinoamericano, Parlamento
Andino, Parlamento Centroamericano, Parlamento del MERCOSUR y Parlamento Indígena.
Declaración, Julio 7, 2008
Parlamento Europeo (www.europarl.europa.eu)
El Vice-Presidente del Parlamento Europeo y otros 19 miembros de Gran Bretaña,
Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Portugal, Gracia y Chipre, incluyendo el Vicepresidente
de la Delegación par alas relaciones con Estados Unidos, la Vice-Presidenta del
Subcomité para los Derechos Humanos; actuales y ex miembros de los Comités de Asuntos
Exteriores, Derechos Humanos, Libertades Civiles, Justicia y Asuntos nacionales; y miembros de
la delegación para las relaciones con los países de Centroamérica y México y a la Asamblea
parlamentaria Europa-América Latina.
Carta al Embajador de Estados Unidos ante lel Parlamento Europeo, Enero 8,
2007; carta al Presidente de la Delegación para las Relaciones con Centroamérica
y México (Parlamento Europeo), Octubre 8, 2003; carta al Conseo Europeo, La
Comisión Europea, al Presidente del Parlamento Europeo; al Consejo de Asuntos
generales y Relaciones exteriores y a los presidentes de siete diferentes grupos
políticos, Noviembre 19, 2007.
Grupo GUE/NGL – 41 Miembros del Parlamento Europeo de 13 países.
Declaración, Octubre 25, 2006
Sesión del Parlamento Europeo. Preguntas parlamentarias presentadas por numerosos
miembros del Parlamento Europeo, Octubre 5, 2006 y Octubre 22, 2003.
Declaración, Octubre 31, 2006 (Grupo de Amistad y Solidaridad con Cuba)
Asamblea Parlamentaria Unión Europea – África, Caribe, Pacífico – Vice-Presidente
Creada por 101 países mediante el Acuerdo de Cotonou. Está formada por 79
representantes electos del Parlamento Europeo y representantes electos de 79 estados de Africa,
el Caribe y el Pacífico. Sus responsabilidades incluyen la protección y promoción de los
derechos humanos, los principios democráticos y la ley del derecho.
Carta al Presidente de la Delegación para las relaciones con Centroamérica y México
(Parlamento Europeo), Octubre 8, 2003
ORGANISMOS INTERNACIONALES
Federación Iberoamericana de Ombudsman (www.portalfio.org)
2

Federación de funcionarios en España y 16 países de las Américas y el Caribe que son
funcionarios de los gobiernos nacionales, provinciales y locales y que actúan como Ombudsmen,
Defensores Públicos, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos
Humanos. Además de España, los funcionarios provienen de: Andorra, Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Portugal y Venezuela. Su deber oficial, impuesto por la ley, es la
protección de los derechos humanos de los ciudadanos en contra del abuso gubernamental.
Pronunciamiento, Marzo 27, 2008
Conferencia Permanente de Partidas Políticos de América Latina y el Caribe
(www.copppal.org.mx)
Creada en 1979, la Conferencia Permanente está formada por 60 partidos políticos de 26
países en América del Sur y Central así como en el Caribe, incluyendo Brasil, México,
Colombia, Argentina y Chile. Sus responsabilidades incluyen la protección y promoción de los
derechos humanos, la democracia y las instituciones legales y políticas.
Declaración, Abril 19, 2008
Unión Interparlamentaria –Más de 50 miembros de la 113 Asamblea General
(www.ipu.org)
Organismo internacional formado por representantes seleccionados por los miembros de
154 parlamentos nacionales. Establecida en 1889.
Declaración, October 2005
Consejo Latinoamericano de Iglesias (www.clailatino.org)
Formada por 138 iglesias y organizaciones religiosas en 19 países. Su misión se ha
enfocado en la construcción de una sociedad justa y participativa.
Declaración, Octubre 20, 2008
Partido de la Izquierda Europea (www.european-left.org)
Compuesta por partidos políticos nacionales en 17 países diferentes.
Resolución, November 25, 2007
Asociación Americana de Juristas
Organización no-gubernamental con estatus consultivo en el Consejo Económico-Social
de Naciones Unidas y con membresía en todos los países del continente americano. Sus
3

principales objetivos y principios incluyen la defensa y promoción de los derechos humanos y la
realización de una mejor y más efectiva garantía para su protección.
Declaración, Octubre 8, 2007; Resoluciones, Enero 28, 2005 y Noviembre 14, 2003
Asociación Internacional de Abogados Demócratas (www.iadllaw.org)
Organización no-gubernamental fundada en 1946 con más de 16 organizaciones
miembros en 4 continentes y con estatus consultivo en el Consejo Económico-Social de
Naciones Unidas y en la Organización de Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Declaración Pública, Junio 6, 2008
AMERICA LATINA
MEXICO
Senado de la República (www.senado.gob.mx)
Puntos de Acuerdos adoptados (aprobados por unanimidad), Octubre 7, 2006, y
Septiembre 28, 2006.
Senado de la República – Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte
Punto de Acuerdo adoptado, Octubre 7, 2006
Cámara de Diputados de la República (www.diputados.gob.mx)
Declaración pública, Julio 9, 2003 (300 Diputados)
Estado de Aguascalientes –Congreso del Estado (www.congresoags.gob.mx)
BRASIL
Decreto, Octubre 10, 2007
Cámara de Diputados – Comisión de Derechos Humanos y Minorías
Moción de Repudio adoptada, Junio 26, 2006; Moción en Defensa de los Derechos
Humanos adoptada, Abril 10, 2007
Congreso Nacional de Brasil – Presidentes de 24 Comisiones parlamentarias, incluyendo la
Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa y la Comisión de relaciones
Exteriores y Defensa nacional del Senado y 118 diputados y 14 senadores de 14 diferentes
partidos políticos. (www.senado.gov.br) (www.camara.gov.br)
4

Orden de Abogados de Brasil (www.oab.org.br)
Asociación de abogados brasileños fundada en 1930. Responsable por la ley de la
regulación de la profesión legal.
Carta al Director de Derechos Humanos y Asuntos Sociales, Departamento del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Brasil, Septiembre 12, 2006
Cámara Municipal de Ribeirao Preto (www.camararibeiraopreto.sp.gov.br)
Declaración, Abril 5, 2005
Cámara Municipal de Porto Alegre (www.camarapoa.rs.gov.br)
Moción adoptada, Febrero 22, 2006
ARGENTINA
Cámara de Diputados (www.diputados.gov.ar)
Carta al Fiscal General de Estados Unidos, Agosto 24, 2005 (20 Diputados)
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.legislatura.gov.ar)
Declaración, Octubre 23, 2008
Concejo Municipal Rosario (www.concejorosario.gov.ar)
Declaración, Noviembre 13, 2008
Asociación Trabajadores del Estado (www.ateargentina.org.ar)
Declaraciones, Abril 29, 2008 y Septiembre 12, 2005
Colegio de Abogados de Santiago del Estero (www.abogadossantiago.com.ar)
Resolución, Noviembre 4, 2004
44 líderes de organizaciones de derechos humanos, líderes politicos, abogados, periodistas y
sindicalistas.
CHILE
Senado de la República – Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
(www.senado.cl)
5

Resolución, Mayo 2008
Juez Juan Guzmán Tapia
Miembro del Tribunal de Apelaciones de Chile durante 22 años, el Juez Juan Guzmán
Tapia procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet por cargos de violación de derechos
humanos y ha investigado en total 99 casos de violaciones de derechos humanos. Actualmente es
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile y director del Centro de
Estudios de Derechos Humanos.
BOLIVIA
Comunicado de Prensa, Septiembre 27, 2007
Senado Nacional (www.senado.bo)
Declaración, Septiembre 17, 2008
Cámara de Diputados (www.congreso.gov.bo)
Declaraciones, Noviembre 5, 2008 y Octubre 11, 2007
Cámara de Diputados de Chaco
PERU
Resolución, Septiembre 10, 2008
Congreso de la República de Perú (www.congreso.gob.pe)
Moción aprobada, Septiembre 29, 2008
VENEZUELA
Asamblea Nacional (www.asambleanacional.gob.ve)
PANAMA
Resolución, Septiembre 23, 2008
Asamblea Nacional – Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional y el Presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Declaración especial, Octubre 10, 2007
6

Asamblea Nacional – Comisión de Relaciones Exteriores (www.asamblea.gob.pa)
Resoluciones, Octubre 22, 2008 y Octubre 3, 2006
Colegio Nacional de Abogados de Panamá (www.cnapanama.com)
Asociación oficial de abogados de Panamá; membresía obligatoria para los abogados. Su
propósito incluye la protección de la ley y el mejoramiento de la administración de la justicia.
Resolución, Octubre 27, 2008; pronunciamiento, Octubre 8, 2007
Comité Ecuménico de Panamá
Incluye la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Ortodoxa Rusa, la
Iglesia Anglicana, Iglesia Metodista Evangélica de Panamá, Iglesia Metodista del caribe y las
Américas, Iglesia del Calvario Bautista, Iglesia Unión, Iglesia Luterana y el Ejército de
Salvación de Panamá.
Declaraciones, Octubre 20, 2008 y Octubre 8, 2007; pronunciamiento, Septiembre 28,
2006
Partido Revolucionario Democrático
Mayor partido político de Panama, con más de 650,000 miembros. Es actualmente el
partido de gobierno.
Declaración pública.
Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados
Resolución, Septiembre 8, 2007
Asociación de Abogados Litigantes de Panamá
Declaración Pública, Octubre 5, 2007
Academia Istmeña de Derecho Internacional
Declaración Pública, Septiembre 6, 2006
Frente de Abogados Independientes de Panamá
PARAGUAY
Declaración, Octubre 4, 2007
7

Cámara de Diputados del Paraguay – 27 Diputados (www.diputados.gov.py)
ECUADOR
Declaración, Noviembre 2007
Cámara de Obispos Anglicanos del Ecuador
Carta al Fiscal General de Estados Unidos, Agosto 9, 2006
Asamblea Permanente de Derechos Humanos - APDH del Ecuador (www.apdh.ec)
Organización no-gubernamental fundada en 1984 para apoyar los derechos humanos.
Declaración
COLOMBIA
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (www.colectivodeabogados.org)
Organización dedicada a defender los derechos humanos, con estatus consultor en la
Organización de estados Americanos. Miembro de la Federación Internacional de Derechos
Humanos.
Instituto Colombo – Panameño de Derecho Procesal (www.institutocolombopana.com)
Resolución, Julio 20, 2004
8

EUROPA
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
Cámara de los Comunes – 112 miembros de la Cámara de los Comunes
(www.parliament.uk/commons/index.cfm)
Sindicatos
Carta pública al Fiscal general de Estados Unidos, Febrero 8, 2006
Tema presentado en la Cámara de los Comunes, Nov. 21, 2002
El Trade Union Congress y 24 sindicatos adicionales, que representan a casi todos los
trabajadores organizados, con más de 6 millones de miembros.
Moción aprobada por unanimidad, Septiembre 10, 2008; Declaración publicada en los
periódicos Guardian e Independent, Octubre 2008; carta pública al Fiscal general de
Estados Unidos, Febrero 8, 2006.
Decenas de miles de individuos, incluyendo ex Ministros de Estado, numerosos líderes
políticos, académicos, escritores y artistas de cine y teatro.
Declaración publicada en los periódicos Guardian e Independent, Octubre 2008 (Entre
los firmantes se encontraban los ex Ministros de Estado Anthony Benn y Brian Wilson)
Destacados abogados y profesores de derecho
Baronesa Helena Kennedy, QC; Sir Geoffrey Bindman; John Hendy, QC (Old Square
Chambers); Michael Mansfield, QC (Took Chambers); Profesor Bill Bowring; Profesor D. Keith
Ewing; Imran Khan; Fiona Woolf; Louise Christian; Ben Birnberg; Sarah Chandler; Michael
Chambers; Matthew Cartledge; Michael Seifert; Geoff Shears Thompsons; Steve Cottingham
ALEMANIA
Parlamento Alemán (Bundestag) – Presidente de la Comisión Parlamentaria sobre
Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria y 64 otros miembros. (www.bundestag.de)
IRLANDA
Cartas al Congreso de Estados Unidos, Septiembre 7, 2006, Julio 2006 y Junio 16, 2006
Parlamento Irlandés (Oireachtais) – 53 miembros de todos los partidos (www.oireachtas.ie)
Carta al Fiscal General de Estados Unidos , Septiembre 30, 2005; declaraciones públicas,
Noviembre 20, 2003 (Representante (whip) del Partido Laborista a nombre de todos los
9

ITALIA
Diputados y Senadores del Partido Laborista) y Diciembre 8, 2004; carta al Editor del
periódico Irish Independent, Septiembre 24, 2008
Senado de la República – 39 Senadores, incluyendo el ex Vicepresidente del Senado y el ex
Presidente del Comité Judicial. (www.senato.it)
ESPAÑA
Carta al Senado de Estados Unidos, Octubre 25, 2006
19 Consejos Municipales
Moción adoptada, Febrero - Junio 2006, Septiembre 2005, Febrero 2004 y Noviembre
2003
Más de 1,100 individuos, incluyendo líderes políticos, sindicalistas, artistas y hombres de
negocio.
SUIZA
Carta al Fiscal general de Estados Unidos, Enero 2006
Asamblea Federal – 48 Miembros de todos los partidos y miembros de la Comisión de
Asuntos Jurídicos del Consejo de estado y de la Comisión Judicial de la Asamblea
Conjunta. (www.parlament.ch)
BELGICA
Carta al Embajador de Estados Unidos en Suiza, Octubre 3, 2007
Parlamento Flamenco (Vlaams Parlement) – 35 Miembros (www.vlaamsparlement.be)
NORUEGA
Declaración, Febrero 2006; carta al Embajador de Estados Unidos en Bélgica ,
Noviembre 8, 2007; carta pública, Octubre 27, 2006
Federación Nacional de Maestros – Vesterålen Region
Solicitud al Primer Ministro de Noruega, Mayo 2008
10

CANADA
Parlamento – 56 Miembros, incluyendo el ex Ministro de Justicia para Quebec, varios
miembros del Comité para Asuntos exteriores y Desarrollo Internacional y el
Vicepresidente del Comité de Inmigración, y el líder en activo del Bloc Québécois
(www.parl.gc.ca)
Cartas al Ministro canadiense de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de Estados
Unidos, Junio 19, 2008 y Diciembre 12, 2007
Federación Canadiense de Estudiantes (www.cfs-fcee.ca)
Compuesta por más de 500,000 estudiantes de más de 80 organizaciones de estudiantes
universitarios y de enseñanza media.
Resolución y Carta al Presidente de Estados Unidos, Junio 9, 2008
91 Académicos, Sindicalistas, Escritores y Artistas del Cine y el Teatro.
RUSIA
Carta al Fiscal General de Estados Unidos, al Embajador de estados Unidos en Canadá y
al Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá , Febrero 21, 2008
Parlamento (Duma Estatal) (www.duma.gov.ru)
JAPÓN
Llamamiento al Congreso de Estados Unidos (aprobado por unanimidad), Febrero 21,
2007
Ex Presidente de la Cámara de Representantes de Japón y otros 53 miembros y ex
miembros de la Dieta Nacional, abogados y profesores de derecho, 5 organizaciones legales
y de derechos humanos.
El ex Presidente de la Cámara de Representantes; el ex Vicepresidente de la Asociación
de Asociaciones de Abogados de Japón; varios miembros actuales y ex miembros de la Cámara
de Consejales y de la Cámara de Representantes; numerosos abogados y profesores de derecho;
la Unión de Libertades Civiles de Japón; la Fundación para los Derechos Humanos de Asia; la
Asociación de Abogados Demócratas de Japón; la Asociación de Solidaridad Internacional de
Abogados de Japón y el Centro de Abogados para la Democracia Social.
INDIA
30 líderes politicos incluyendo el Ministro de Educación (Estado de Kerala), sindicalistas,
escritores y artistas.
11

TURQUIA
Carta al Secretario General de Naciones Unidas, Octubre 27, 2008
Gran Asamblea nacional de Turquía (Türkiye Büyük Millet Meclisi - TBMM ) – Grupo
Parlamentario de Amistad con Cuba (www.tbmm.gov.tr/english/english.htm)
NAMIBIA
Declaración, Septiembre 2008
Asamblea Nacional (www.parliament.gov.na)
MALI
Resolución (aprobada por unanimidad), Julio 9, 2008
Asamblea Nacional (Assemblee Nationale, Republique du Mali) (www.assembleenationale.insti.ml)
Declaración, Junio 2, 2006
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Asociación Nacional de Abogados Criminalistas (www.criminaljustice.org)
Amicus Curiae en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito
Asociación Nacional de Defensores Federales (www.federaldefenders.org)
Amicus Curiae en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito
Asociación Nacional de Abogados Criminalistas de la Florida (www.facdl.org)
Amicus Curiae en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito
Conferencia Nacional de Abogados Negros (www.ncbl.org)
Carta al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Septiembre
2007
Gremio Nacional de Abogados (www.nlg.org)
12

Amicus Curiae en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, Diciembre 2005; Carta
al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Septiembre 2007;
resolución, Noviembre 2007; declaración pública, Junio 5, 2008;
Organización Nacional de Trabajadores de los Servicios Legales NOLSW/UAW Local 2320
Carta al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Septiembre
2007
Congreso Nacional Latino (www.latinocongreso.org)
Conferencia anual de cerca de 500 organizaciones de 20 estados para discutir asuntos de
interés para los latinos en todo el país.
Resolución, Octubre 6, 2007
Consejo para Asuntos Hemisféricos (www.coha.org)
Informe, Mayo 24, 2006
Centro para la Política Internacional (www.ciponline.org)
Carta al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Septiembre
2007
Global Exchange (www.globalexchange.org)
Carta al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Septiembre
2007
Ayuntamiento de la ciudad de Detroit (www.ci.detroit.mi.us/legislative/)
Resolución, Marzo 29, 2006
Ramsey Clark
OTROS
Ex Fiscal General de Estados Unidos (1967-69)
Discurso, Octubre 1, 2002
Más de 8,000 individuos y organizaciones de todo el mundo, incluyendo líderes politicos,
sindicalistas, académicos, escritores y artistas de cine, música y teatro
Carta Abierta al Fiscal General de Estados Unidos (www.liberenlos5.cult.cu)
13

No. 08-987
EN EL
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
RUBÉN CAMPA, RENÉ GONZÁLEZ, ANTONIO
GUERRERO, GERARDO HERNÁNDEZ, Y LUIS MEDINA,
v.
Demandantes,
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
Demandado,
________________________
Sobre Petición de Revisión al Tribunal de
Apelaciones del Onceno Circuito de los Estados
Unidos
________________________
DOCUMENTO DE AMIGOS DE LA CORTE
DEL CENTRO DE POLÍTICA
INTERNACIONAL Y DEL CONSEJO DE
ASUNTOS HEMISFÉRICOS
EN APOYO A LA PETICIÓN DE REVISIÓN
________________________
Robert L. Muse (Abogado representante)
1320 19 th Street, N.W.
Suite M-2
Washington, D.C. 20036
(202) 887-4990

i
ÍNDICE
Página
INDICE DE FUENTES .............................................ii
INTERESES DE LOS AMIGOS DE LA CORTE .... 1
RESUMEN DEL ARGUMENTO.............................. 5
ARGUMENTO .......................................................... 7
I. Estados Unidos actúa en violación de su
obligación contraída en virtud de Tratados de
garantizar que los Demandantes recibieran un
juicio justo ..................................7
II.
El hecho de que Estados Unidos no haya
garantizado a los demandantes un juicio justo
tiene importantes repercusiones en materia de
política exterior que justifican la
revisión .....................................10
CONCLUSIÓN ........................................................ 11

ii
INDICE DE FUENTES
Página
CASOS:
Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino,
376 U.S. 398, 407(1964) ................................................12
JPMorgan Chase Bank v. Traffic Stream (BVI) Infrastructure
Ltd.,
536 U.S. 88, 91 (2002) ...................................................12
The Paquette Habana,
175 U.S. 677, Pág. 700 (1900) .........................................8
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES:
Constitución de Estados Unidos, Sec.1 del Art.VI ...............8
TRATADOS:
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Aprobada y proclamada por la Resolución 217ª (III)
de la Asamblea General (10 de diciembre de 1948) ........7
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
999 U.N.T.S. 171 (23 de marzo de 1976) ........................ 7
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

iii
CUADRO DE AUTORIDADES - Continuación
Página
Doc. ONU A/CONF. 39/27 (1969).........................9
OTRAS FUENTES:
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las
Naciones Unidas, Doc. ONU
E/CN.4/2006/7/Add.l (19 de octubre de 2005)........ 3
Restatement, Third of the Foreign Relations Law of
the United States, § 102 (Reformulación (Tercera) de
la Ley de Relaciones Exteriores de Estados Unidos,
Sec. 102).....................................................................8
Louis Henkin, Foreign Affairs and the US Constitution
(Las Relaciones Exteriores y La Constitución de Estados
Unidos)(2 da ed. 1996) pág. 233 ..................................... 8
Werni Levi, Contemporary International Law (Derecho
Internacional Contemporáneo) (1991) pág. 195 ........... 9
JOHN F. O’CONNOR, Good Faith in International Law
(La Buena Fe en el Derecho Internacional) (1991)
pág. 124 ...........................................................................9
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (Oficina
de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo),
2008 Informe sobre los Derechos Humanos: Cuba
(2008).
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/wha/1191
55.htm............................................................................11

1
INTERESES DE LOS AMIGOS DE LA
CORTE
El Centro de Política Internacional (Center for
Internacional Policy “CIP”) se fundó en 1975 con el
fin de promover una política exterior estadounidense
basada en la cooperación internacional y el respeto a
los derechos humanos básicos. A ese efecto, el
Centro ofrece análisis de política puntuales e informes
exhaustivos sobre cuestiones clave del Hemisferio
Occidental.
El Consejo de Asuntos Hemisféricos (Council
on Hemispheric Affairs“COHA”) es un grupo de
investigación exento de impuestos que data de hace
35 años y se encarga de monitorear el alcance total de
las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Ha sido descrito por el Senado como uno de los
órganos de académicos y formuladores de política
más respetados de la nación. 1
El Programa Cuba del CIP es probablemente el
más activo de los programas de cualquier instituto de
política internacional en los Estados Unidos.
El programa fue fundado en 1992 por el doctor
Wayne S. Smith, quien ha sido su Director
ininterrumpidamente desde su creación.
El doctor Smith ha trabajado las relaciones
Cuba-Estados Unidos durante 15 años, a partir de su
1 De conformidad con el inciso a) de la Norma 37.2 de la
Corte Suprema, los Amigos de la Corte CIP y COHA obtuvieron
consentimiento por escrito para presentar este documento del
abogado representante de ambas partes. Dichas cartas de
consentimiento fueron archivadas por el Secretario de la Corte.
En virtud de la Norma 37. 6, los Amigos de la Corte certifican
que el presente informe no es de autoría total ni parcial de los
abogados de ninguna de las partes y que ninguna persona ni
entidad distinta de los Amigos de la Corte o sus abogados han
realizado contribución monetaria alguna para la elaboración o
presentación del mismo.

2
nombramiento en La Habana en 1958 como
funcionario del Servicio Exterior donde fue testigo,
poco después de su arribo, de la entrada a La Habana
de Fidel Castro en una caravana. Smith ocupaba el
puesto de Tercer Secretario de nuestra Embajada en
La Habana cuando Estados Unidos rompió sus
relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de
1961.
En 1977, el doctor Smith formó parte de la
delegación diplomática estadounidense que inició las
conversaciones bilaterales con Cuba que condujeron a
la apertura de secciones de intereses en Washington
D.C. y La Habana en septiembre de ese mismo año.
Poco después, el señor Smith fue nombrado Director
de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado.
En 1979, Smith fue trasladado a La Habana en calidad
de Jefe de la Misión de la Sección de Intereses
Estadounidense. Permaneció en dicha posición hasta
1982.
Tras retirarse del Servicio Exterior por una
cuestión de principios relacionada con la política
estadounidense hacia Cuba, Smith se incorporó a la
Fundación Carnegie para la Paz Internacional donde
trabajó el tema de las relaciones Estados Unidos-
Cuba. En 1983, inició sus actividades docentes sobre
las relaciones Estados Unidos-Cuba en la Escuela de
Estudios Internacionales Avanzados (School of
Advanced International Studies “SAIS”) de la
Universidad Johns Hopkins. En ese período, publicó
su obra más conocida, The Closest of Enemies: A
Personal and Diplomatic History of the Castro Years
(El más Cercano de los Enemigos: Una Historia
Personal y Diplomática de los Años de Castro).
El doctor Smith, tanto en su calidad de
diplomático como de Director del Programa Cuba del

3
CIP, ha insistido en la importancia de que Cuba se
adhiera a las normas del derecho internacional en
materia de derechos humanos. Smith y el CIP no
esperan menos de los Estados Unidos y están
sumamente preocupados por la decisión del 8 de abril
de 2004 adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la
Detencinones Arbitrarias de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas relativa a que el
“clima de parcialidad y prejuicio contra los acusados”
ha sido tan extremo que los procedimientos no se
ajustaron a la “objetividad e imparcialidad necesarias
para cumplir con las normas de un juicio justo” y
confieren [confirieron] un carácter arbitrario a la
privación de libertad en este caso. 2 El Amigo d ela
Corte CIP se siente además perturbado por el
alarmante hecho de que esta sea la primera y única
ocasión en que la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas haya hallado injusto un juicio
celebrado en un tribunal federal estadounidense.
El Amigo de la Corte COHA comparte las
preocupaciones del CIP relativas a la parcialidad del
proceso penal recibido por los Demandantes. Dichas
preocupaciones se basan en el hecho de que la sede de
Miami, Florida del juicio contra los Demandantes,
hizo imposible constituir un panel de jurados
imparciales. Esa conclusión es ineludible a la luz de
la atmósfera de arraigada hostilidad anti-castrista que
históricamente ha existido en esa ciudad.
Además, los Amigos de la Corte CIP y COHA,
preocupados por la posición de este país en el
hemisferio, han observado que numerosos
parlamentos y comités parlamentarios de América
2 Informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre Detenciones Arbitrarias, Doc. ONU E/CN.4/2006/7/Add.
1, pág. 65.

4
Latina protestaron contra el juicio celebrado a los
Demandantes y lo calificaron como un proceso
básicamente injusto. Dichos parlamentos y comités
parlamentarios están identificados en el Apéndice de
la Petición de Revisión que figura en las páginas
469A- 488A e incluye al Parlamento
Latinoamericano, el Parlamento de MERCOSUR, la
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía del Senado de Chile, el Senado y la
Cámara de Diputados Nacionales de Bolivia, la
Comisión de Derechos Humanos y de Minorías de la
Cámara de Diputados de Brasil, los presidentes de
veinticuatro Comisiones Parlamentarias del Congreso
Nacional de Brasil, el Senado de México, el Comité
de Relaciones Exteriores con Estados Unidos del
Senado de México, la Cámara de Representantes de
México, el Presidente y el Vicepresidente de la
Asamblea Nacional de Panamá y el Presidente de su
Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de
Panamá, la Cámara de Diputados de Paraguay, el
Congreso de Perú y la Asamblea Nacional de
Venezuela.
El interés de los Amigos de la Corte en este caso
parte tanto de su compromiso con los derechos
humanos en las Américas como de su convicción de
que si Estados Unidos ha de hablar con autoridad
moral sobre ese tema a los países de este hemisferio,
incluida Cuba, deberá honrar, en ley, práctica y
espíritu, el derecho humano básico a un juicio justo
garantizado en virtud del derecho internacional a
todas las personas, incluidos los cubanos, que sean
procesados como acusados en causas penales ante los
tribunales de esta nación.

5
RESUMEN DEL ARGUMENTO
La reputación de Estados Unidos como garante
indispensable y definitivo de los derechos humanos de
los no ciudadanos procesados en sus tribunales está en
riesgo con este caso.
Existen antecedentes jurídicos y públicos
abrumadores que avalan la afirmación de los
Demandantes de que les fue negado su derecho
fundamental a un juicio justo. Les fue negado un
juicio justo porque se les denegó el acceso a un
tribunal imparcial que determinara su culpabilidad o
inocencia.
Sus condenas fueron el resultado inevitable de la
denegación de la solicitud que colectivamente
formularon por un cambio de jurisdicción. Ello
significaba que se les procesaría en una comunidad
permeada de un inveterado odio hacia el gobierno de
Cuba. Totalmente previsible, ese odio generó un
prejuicio sistémico contra los Demandantes porque se
les acusaba de ser agentes de ese gobierno.
En realidad, era tan arraigado el odio hacia el
gobierno de Cuba en Miami como para crear una
presunción de prejuicio en cada uno de los ciudadanos
que fueron convocados a servir como jurado en este
caso. Esa presunción sencillamente no puede
refutarse con el grado de certeza requerida en un
proceso donde se procuraron y se obtuvieron
condenas de cadena perpetua. Además, aún cuando
había ciudadanos de Miami que no llegaban al punto
de odiar realmente lo que rutinariamente se conocía
como el “régimen de Castro”, cabía razonablemente
asumir que serían intimidados por la ubicuidad de ese
sentimiento en una comunidad a la que habían de
retornar a trabajar y vivir una vez terminados sus

servicios como jurados.
6
El cambio de sede era la única vía por la que los
Demandantes podrían realmente haber ejercido su
derecho universal a un juicio justo.
La posición del Onceno Circuito de que los
Demandantes no tenían derecho, en las circunstancias
objetivas del clima emotivo prevaleciente en Miami
en ese momento, a que sus juicios fueran trasladados
por pleno derecho a Fort Lauderdale constituye una
violación de la obligación de este país de honrar las
obligaciones contraídas en virtud de tratados como
resultado de la ratificación del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

7
ARGUMENTO
I. Estados Unidos actúa en violación de su
obligación contraída en virtud de tratados de
garantizar que los demandantes recibieran un
juicio justo.
El documento básico de la era moderna en
materia de derechos humanos, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, declara en su
Artículo 10 que “Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a un juicio justo y
público por un tribunal independiente e imparcial”. 3
La reafirmación en la Declaración de un derecho
humano elemental y universal a un juicio justo –que
en este caso se define como el derecho a un juzgador
de hechos imparcial (es decir, un jurado no
prejuiciado)– encuentra una segunda expresión en el
Párr. 1 del Artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 4 por el que se
impone a todas las partes –incluido, por supuesto,
Estados Unidos– el deber de brindar a toda persona
procesada por delito penal el derecho “a ser oída …
con justicia por un … tribunal imparcial …”
El Pacto es un tratado y, por ende, de
conformidad con la Cláusula de Supremacía de la
Constitución, sus obligaciones forman parte
constitutiva de las legislaciones de este país. 5 Por
3 Aprobada y proclamada por la Resolución de la Asamblea
General 217A (III) de 10 de diciembre de 1948.
4 Concertado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966.
Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. 999 U.N.T.S. 171.
Firmado por Estados Unidos el 5 de octubre de 1977.
Ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992. Entrada
en vigor en Estados Unidos el 8 de septiembre de 1992.
5 “La presente Constitución y las Leyes de Estados Unidos
se promulgarán de conformidad con esta cláusula; y todos los
Tratados concertados o por concertar, bajo la autoridad de
Estados Unidos, constituirán Ley Suprema del País; y serán de

8
consiguiente, la denegación a los Demandantes de un
tribunal imparcial constituyó una violación
diferenciada de las leyes que rigen a este país relativas
a los procesos penales.
Además, los Tratados constituyen la más
importante obligación del derecho internacional. 6
Como expresó el Profesor Louis Henkin, “el Derecho
Internacional constituye ley para Estados Unidos y
como tal, es obligatorio respecto de cualesquier
acción atribuible a Estados Unidos en virtud del
derecho internacional: es vinculante para el Congreso
y para el Presidente y el Poder Ejecutivo [y] los
tribunales federales, desde la Corte Suprema hasta los
magistrados federales...” 7
Como Parte en el PIDCP, Estados Unidos está
sujeto al principio del derecho internacional público
expresado como pact sunt servanda. En el Artículo
26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados figura su traducción explícita del latín:
“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplido por ellas de buena fe”. 8
obligatorio cumplimiento por los jueces de todos los
estados…”. Art. VI, Sec. 1 de la Constitución de Estados
Unidos. (sin cursivas en el original).
6 Véase Restatement, Third of the Foreign Relations Law of
the United States, § 102 (3) (Reformulación (Tercera) de la Ley
de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Sec. 102 3)
“Los acuerdos internacionales crean derecho para los Estados
partes en ellos…”
7 LOUIS HENKIN, FOREIGN AFFAIRS AND THE US
CONSTITUTION (sin letras mayúsculas en el original) (Las
Relaciones Exteriores y la Constitución de Estados Unidos)
(Segunda edición, 1996) Pág. 233). Véase además, The
Paquette Habana, 175 U.S. 677, Pág. 700 (1900): “…el derecho
internacional forma parte de nuestras leyes [estadounidenses], y
deberá ser establecido y administrado por los tribunales de
justicia de las jurisdicciones pertinentes siempre que les sean
debidamente presentadas cuestiones de derecho que de este
dependan para su determinación”.
8 Doc. ONU A/CONF.39/27 (1969), elaborado en Viena el

9
El distinguido Werni Levi ofrece el comentario
siguiente sobre el sentido de la buena fe en el derecho
internacional público: “En general, [la buena fe]
requiere que las partes cumplan honestamente con sus
obligaciones sin reserva mental alguna ni falsedades y
deberán acatar la letra y el espíritu de un
compromiso”. 9
A riesgo de sonar repetitivo con algo tan obvio,
Estados Unidos, como una de las partes en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene la
ineludible obligación de honrar –en legítima buena
fe– la letra y el espíritu del Párr. 1 del Artículo 14 de
dicho Tratado. La posición del Onceno Circuito de
que los Demandantes no tenían derecho a cambio de
sede –única protección que tenían del prejuicio
engendrado por una atmósfera de hostilidad palpable
en Miami– contraviene la obligación de buena fe
requerida de este país como resultado de su
ratificación del PIDCP. La letra y el espíritu del
párrafo 1 del Artículo 14 exigen, dada la
vulnerabilidad obvia de los Demandantes, un cambio
de sede. 10
23 de mayo de 1969; entró en vigor el 27 de enero de 1980.
Estados Unidos es parte en la Convención de Viena.
9 WERNI LEVI, CONTEMPORARY INTERNATIONAL
LAW (1991) Pág. 195 (sin letras mayúsculas en el original) (El
Derecho Internacional Contemporáneo). Véase también JOHN
F. O’CONNOR, GOOD FAITH IN INTERNATIONAL LAW
(La Buena Fe en el Derecho Internacional) (1991), Pág. 124,
donde el Profesor O’connor llega a la conclusión de que:
“El principio de la buena fe en el derecho internacional es un
principio fundamental… directamente relacionado con la
honestidad, la justicia y lo razonable.”
10 El hecho de que en este caso el jurado haya hallado al
Demandante Hernández culpable del cargo de conspiración para
asesinar pone en extremo cuestionamiento el resto de los
veredictos del caso. El hecho de que la condena dictada contra
Hernández por ese cargo es totalmente absurda demuestra que el
jurado pronunciaría cualquier condena contra todo el que fuere
acusado de ser agente del gobierno de Cuba. Para hallarlo

10
II. El hecho de que Estados Unidos no haya
garantizado a los demandantes un juicio justo tiene
importantes repercusiones en materia de política
exterior que justifican la revisión.
Durante su campaña, el Presidente Obama
prometió prestar una atención más positiva a América
Latina mediante compromisos con la región en
condiciones de respeto mutuo. Muchos países del
hemisferio han criticado la actitud de Estados Unidos
hacia Cuba y han indicado, como parte de cualquier
examen general por Estados Unidos de su política
hacia América Latina, su deseo específico de ver un
cambio de política hacia Cuba de un enfrentamiento
constante a un compromiso constructivo. Por
ejemplo, en un mensaje abierto a los Estados Unidos,
a menos de dos semanas de la elección del Presidente
Obama, el Grupo de Río, compuesto por naciones
latinoamericanas, aprobó a Cuba como el miembro
número veintitrés de la organización. 11
El deseo de América Latina de que se produzca
un cambio en la política estadounidense hacia Cuba se
corrobora aún más por el hecho de que siete
culpable de conspiración para asesinar, el jurado tenía que
determinar más allá de toda duda razonable que él había
participado en una conspiración cuya intención era derribar la
aeronave fuera del espacio aéreo cubano. No solo no se
encontraron evidencias de tal intención, sino que no hay lógica
que sustente un plan tan ridículo. Es de conocimiento público
que Cuba estaba indignada en esos momentos por las
penetraciones de su espacio aéreo y sin duda alguna su intención
era responder al próximo con MIGS. ¿Qué teoría concebible
explicaría que Cuba preferiría derribar aviones en el espacio
aéreo internacional y no en su propio espacio?
11 Véase Rio Group accepts Cuba (El Grupo de Río Acepta a
Cuba), Latin American Herald Tribune, 15 de noviembre de
2008. Otros miembros son Argentina, Belice, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

11
presidentes latinoamericanos han visitado Cuba desde
principios de año. Esas visitas deberán verse como
una demostración de apoyo a ese país frente a lo que
de manera generalizada se considera como una
política punitiva (principalmente el actual embargo)
de los Estados Unidos. 12 Entretanto, el Departamento
de Estado emitió su Informe 2008 sobre los Derechos
Humanos en Cuba. 13 Entre los “problemas de
derechos humanos” que identifica está “la denegación
de juicio[s] justo[s]”. Cuando se culpa a los Estados
Unidos de conductas de “haz lo que yo digo y no lo
que yo hago”, la reputación e influencia de este país
sufren, que es precisamente lo que ha ocurrido en todo
el hemisferio en lo que popularmente se conoce como
el caso de “los Cinco Cubanos”. En resumen, este
caso tiene importantes consecuencias en materia de
política exterior para los Estados Unidos en un
momento crítico de sus relaciones con América
Latina.
12 Cada Jefe de Estado denunció el embargo estadounidense
durante su visita a Cuba.
13 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/wha/119155.htm

12
Las consecuencias para la política exterior de
este caso quedan confirmadas por el número de
parlamentos y parlamentarios latinoamericanos
(identificados en las páginas 3 y 4, supra) que
protestaron contra el injusto juicio que recibieron los
Demandantes. No incumbe a la Corte Suprema
decidir cuestiones de política exterior con respecto a
Cuba ni a ningún otro país. Sin embargo, como
afirman los Demandantes en su Petición, deberá
otorgarse la revisión cuando la disposición real de un
caso “compromete cuestiones serias en materia de
relaciones exteriores”. (JPMorgan Chase Bank v.
Traffic Stream (BVI) Infrastructure Ltd., 536 U.S. 88,
91 (2002); véase también Banco Nacional de Cuba v.
Sabbatino, 376 U.S. 398, 407 (1964)).
CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas y las argumentadas en
la Petición, deberá otorgarse la revisión solicitada.
Respetuosamente,
Robert L. Muse
(Abogado Representante)
1320 19 th Street, N.W.
Suite M-2
Washington, D.C. 20036
(202) 887-4990
Abogado de los Amici Curiae

No. 08-987
En el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
––––––––––––♦––––––––––––
RUBEN CAMPA, RENÉ GONZÁLEZ, ANTONIO GUERRERO,
GERARDO HERNÁNDEZ Y LUIS MEDINA,
v.
Demandantes,
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
––––––––––––♦––––––––––––
Demandado,
Sobre la Petición de Revisión presentado al Tribunal de
Apelaciones del Onceno Circuito
de los Estados Unidos
––––––––––––♦––––––––––––
DOCUMENTO DE LOS AMIGOS DE LA CORTE DE LA
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEFENSORES CRIMINALISTAS DE
LA FLORIDA – CAPÍTULO DE MIAMI– EN APOYO A LOS
DEMANDANTES
FREDRICK P. FREEDMAN, ESQ H. SCOTT FINGERHUT, ESQ.
RICK FREEDMAN &
H. SCOTT FINGERHUT, P.A.
ASOCIADOS, P.A.
BENJAMIN S. WAXMAN, ESQ.
Presidente de la Asociación Abogado Patrocinante
de Abogados Defensores ROBBINS, TUNKEY, ROSS
Criminalistas – Capítulo de Miami AMSEL, RABEN &
1200 Brickell Avenue, WAXMAN, P.A.
Suite 1230
2250 S.W. Third Avenue,
Miami, Florida, 33131
4th Floor
(305) 375-9510 Miami, Florida, 33129
(305) 858-9550

i
ÍNDICE
Página
ÍNDICE...............................................................................
ÍNDICE DE FUENTES......................................................
i
ii
INTERÉS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE.................. 1
ARGUMENTO EN APOYO AL OTORGAMIENTO DE
LA PETICION................................................................... 3
ESTE TRIBUNAL DEBE OTORGAR LA REVISIÓN
PORQUE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL INFERIOR
QUE RECHAZÓ REMITIR EL CASO PARA UNA
NUEVA SENTENCIA ALEGANDO UN ERROR NO
PERJUDICIAL, ENTRA EN CONTRADICCIÓN
DIRECTA CON UN PRECEDENTE DEL TRIBUNAL
DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO,
COLOCA INJUSTIFICADAMENTE AL ACUSADO,
ERRÓNEAMENTE SANCIONADO, EN RIESGO DE
FUTURAS CONSECUENCIAS ADVERSAS A
PARTIR DE ESTA SENTENCIA JUDICIAL
ERRÓNEA, E IGNORA EL RECIENTE PRECEDENTE
DE ESTE TRIBUNAL QUE ESTABLECE COMO
IMPERATIVO LA NECESIDAD DE CALCULAR
CORRECTAMENTE LAS GUÍAS DE SENTENCIA
PARA UN ACUSADO................................................. 3
CONCLUSIONES.............................................................. 10

ii
ÍNDICE DE FUENTES
Página
CASOS
Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969 .....................................7
Gall v. United States, 128 S. Ct. 586 (2007..................................8
In re Sealed Case, 527 F.3d 188 (D.C. Cir. 2008)........................8
Kimbrough v. United States, 128 S. Ct. 558
(2007)............................................................................................8
Rita v. United States, 127 S. Ct. 2456 (2006)...............................8
Sibron v. New York, 392 U.S. 40 (1968)......................................7
United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005)..........................5, 9
United States v. Cavera, 550 F.3d 180 (Segundo Circuito
2008 ..........................................................................................8
United States v. Kincaid, 898 F2d 110 (Noveno Circuito
1990........................................................................................4, 5, 9
United States v. Olunloyo, 10 F3d 578 (Octavo Circuito
1993................................................................................................ 9
United States v. Pardo, 25 F3d 1187 (Tercer Circuito
1994................................................................................................ 9
United States v. Pierre, 484 F3d 75 (Primer Circuito
2007).........................................................................................9
United States v. Rivera, 282 F3d 74 (Segundo Circuito
2000).........................................................................................9
United States v. Segien, 114 F3d 1014 (Décimo Circuito
1997) .......................................................................................9

iii
United States v. Williams, 399 F.3d 450 (Segundo Circuito
2005).........................................................................................6
Williams v. United States, 503 U.S. 193 (1992) ...........................6
OTRAS FUENTES
18 U.S.C. § 3742(a) ......................................................................5
U.S.S.G. § 2M3.1(a)(l) .................................................................3

1
INTERÉS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE 1
La Asociación de Abogados Defensores Criminalistas
de la Florida, Capítulo de Miami– (Florida
Association of Criminal Defense Lawyers –Miami
Chapter - FACDL) –es una asociación voluntaria de
abogados compuesta por más de 450 abogados
defensores criminalistas que ejercen en el Condado de
Miami Dade en la Florida. Su misión es ofrecer
protección contra un sistema legal adverso y
garantizar, en lo fundamental, la justeza, el debido
proceso y la protección por igual a todas las personas
acusadas de haber violado la ley. Entre sus objetivos
está promover la administración justa y eficiente de la
justicia penal y preservar los derechos individuales de
las personas acusadas de haber cometido delitos
penales mediante el mejoramiento del derecho penal,
sus prácticas y procedimientos. La FACDL de Miami
es una filial de la Asociación de Abogados Defensores
Criminalistas de la Florida, Inc., una compañía sin
fines de lucro cuyo número de miembros asciende
aproximadamente a 2000 abogados defensores
criminalistas en toda la Florida. La FACDL está
afiliada a la Asociación Nacional de Abogados
Defensores Criminalistas, una organización similar a
la que pertenecen unos 12 000 miembros.
Los Amigos de la Corte tienen especial interés
en el fallo que se encuentra en proceso de análisis
porque afecta directamente la administración, con
justeza, de la justicia penal y la imposición de
sentencia en nuestra jurisdicción federal.
1
A las partes se les notificó la intención de presentar este
informe con diez días de antelación a la fecha tope para su
presentación. Las partes estuvieron de acuerdo con presentar este
informe.
Ninguno de los abogados de ninguna de las partes ha redactado
este informe ni total ni parcialmente, ni ningún abogado o parte
realizó contribución monetaria alguna con la intención de
financiar la elaboración o presentación de dicho informe.

2
Los Amigos de la Corte centran su atención en
un aspecto específico, pero vital, de la decisión objeto
de análisis –la decisión del tribunal, a pesar del gran
error cometido en una de las sentencias concurrentes
del demandante Hernández, de no transferir este caso
a otro tribunal, que no esté prejuiciado por este error,
para que pronuncie una nueva sentencia. La decisión
del tribunal entra en contradicción con la
jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones del
Noveno Circuito. Este fallo socava las recientes
opiniones dadas por el Tribunal en torno a la
imposición de sentencia, que reconocen la necesidad
de que los tribunales de distrito calculen
correctamente las Guías de Sentencia aplicables. En
última instancia, este fallo deja sin corregir, para todos
los tiempos, una sentencia a cadena perpetua conocida
y errónea.
El Onceno Circuito recurrió a la norma de no
transferencia del caso sin que aparentemente haya
habido una valoración de las consecuencias adversas
de una sentencia errónea en sentido general, o las
consecuencias adversas que Hernández pudiera sufrir
en sentido particular. El fallo del Onceno Circuito
transfiere de manera ilógica el riesgo de una sentencia
errónea del gobierno al acusado que ha sido
sentenciado indebidamente.
––––––––––––♦––––––––––––

3
ARGUMENTO EN APOYO AL OTORGAMIENTO
DEL AUTO DE AVOCACIÓN
Este tribunal debe otorgar la revisión porque la
decisión del tribunal inferior que rechazó remitir
el caso para una nueva sentencia alegando un error
no perjudicial, entra en contradicción directa con
un precedente del Tribunal de Apelaciones del
Noveno Circuito, coloca injustificadamente al
acusado, erróneamente sancionado, en riesgo de
futuras consecuencias adversas a partir de esta
sentencia judicial errónea, e ignora el reciente
precedente de este tribunal que establece como
imperativo la necesidad de calcular correctamente
las guías de sentencia para un acusado.
Al sentenciar al demandante Hernández y a dos
de sus coacusados por conspirar para obtener y
transmitir información relacionada con la defensa
nacional, el Tribunal de Distrito se basa en una
cláusula de las Guías en virtud de la cual se
incrementa el rango aplicable de las mismas “si se
obtuvo o se transmitió información secreta” U.S.S.G.
§ 2M3.1(a)(1). Anexos 62a-63a, 70a de la Petición.
El tribunal de distrito aplicó esta cláusula aun cuando
no pudo probar que en verdad se había obtenido o
transmitido información secreta; más bien aplicó la
cláusula porque llegó a la conclusión de que la
conspiración de la cual se les acusaba al menos
perseguía el objetivo de obtener dicha información.
Por tanto, el tribunal de distrito les impuso la sanción
de cadena perpetua a estos demandantes.
El Onceno Circuito concluyó que la aplicación
de esta cláusula en estas circunstancias era un error,
porque la cláusula “prevé un hecho consumado: la
obtención o transmisión real de información secreta”
Anexos 62a-63a de la Petición, y transfiere los casos
de dos de los coacusados de Hernández a otro tribunal
para que se pronuncie una nueva sentencia, porque él

4
fue sentenciado a una sentencia concurrente de cadena
perpetua por el cargo de conspiración para cometer
asesinato. El tribunal llegó a la conclusión de que el
error en el cálculo de la sentencia de Hernández por
conspirar para obtener y transmitir información
relacionada con la defensa nacional era “irrelevante,
teniendo en cuenta el tiempo que él permanecerá en
prisión” y, por tanto, “no perjudicial con respecto a su
persona”. Anexo 70a de la Petición. Llegó a esta
conclusión sin analizar ni considerar cualquier posible
consecuencia adversa derivada de la sentencia errónea
impuesta a Hernández (además del tiempo que ha
permanecido en prisión).
Tal y como éste lo reconoció, la negativa del
Onceno Circuito a transferir el caso del demandante
Hernández para una simple audiencia de re-sentencia
ante el juez del Distrito, entra en contradicción con la
jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones del
Noveno Circuito. Anexo 71a de la Petición. Entra en
conflicto con los casos recientes dirimidos por este
Tribunal en los cuales se ha establecido la imperiosa
necesidad de calcular adecuadamente las sentencias.
Según el fallo del Noveno Circuito en el caso
United States v. Kincaid, 898 F.2d 110 (Noveno
Circuito 1990), un caso como este sería transferido.
Ese circuito transferirá una sentencia errónea sin
importar si es concurrente con otra impuesta de forma
apropiada, de al menos la misma duración. Kincaid
tiene razón, a la luz del derecho incuestionable que le
asiste a una persona acusada de cometer un delito
penal a apelar una sentencia si ésta “fuese impuesta
como resultado de una aplicación incorrecta de las
guías de sentencia”. 18 U.S.C. § 3742(a). Este
derecho de apelación legal implica la obligación por
parte del tribunal de apelaciones de enmendar un error
que ha reconocido. Y si bien Kincaid antecede a
United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005), y a los
casos subsiguientes dirimidos por este Tribunal en los

5
cuales se hace énfasis en la necesidad de hacer
cálculos exactos para imponer las sentencias, estos
casos corroboran la insistencia por parte de Kincaid en
la transferencia del caso a fin de enmendar el error de
cálculo en la imposición de la sentencia.
Al transferir la sentencia errónea en el caso de
Kincaid, el Noveno Circuito explicó que aunque un
tribunal quizás no pueda “identificar la existencia de
una predisposición específica que pudiera emanar de
una sentencia errónea”, no obstante, no debe
“adjudicarle al acusado el riesgo de que tal
predisposición pueda manifestarse en el futuro”. Id.,
898 F.2d at 112. Este caso es un ejemplo perfecto del
tipo de prejuicio que pudiera presentarse. Si este
Tribunal accede a la revisión y rectifica la condena
impuesta al demandante Hernández por el cargo de
conspiración para cometer asesinato, su errada
sentencia por el cargo de obtención de información se
mantendrá invariable y pudiera quedar fuera del
mandato de la transferencia del caso. Entonces
Hernández tendría que tratar de obtener una
reconsideración discrecional de una sentencia que ya
ha sido considerada como errónea. Un resultado
similar se obtendría si Hernández recibe clemencia
por el cargo de conspiración para cometer asesinato,
un resultado que es, en este caso, mucho más
probable, dado el extraordinario apoyo internacional
que ha recibido la causa de los demandantes, el cual
ha sido expresado pública y directamente al gobierno
federal, Anexos 469a-490a de la Petición, y que
presumiblemente será reiterado ante cualquier
petición de clemencia.
El potencial para un prejuicio de este tipo,
conjuntamente con otros riesgos que no son menos
reales, no porque no sean previsibles de inmediato,
fácilmente supera con creces los minúsculos costos
administrativos que implica la transferencia de un
caso a otro tribunal a fin de que se pronuncie una

6
nueva sentencia. Véase United States v. Williams,
399 F.3d 450, 456 (Segundo Circuito 2005) (“El
costo que tiene la rectificación de un error de
sentencia es mucho menor que el costo de un nuevo
juicio. El pronunciamiento de una nueva sentencia es
un acontecimiento breve, que normalmente demora
menos de un día, y que requiere sólo la presencia del
acusado, el abogado defensor y el personal del
tribunal”). Por tanto, no hay razón para rechazar la
transferencia del caso, y sí mucha para exigirla.
El Onceno Circuito intentó recabar apoyo para
su fallo de no transferencia a partir de la opinión
emitida por este Tribunal en el caso Williams v.
United States, 503 U.S. 193 (1992). Anexos 70a-71a
de la Petición. La referencia que hizo el tribunal al
caso de Williams era equivocada. En dicho caso se
discutía si un tribunal de apelaciones debía transferir
el caso a otro tribunal para el pronunciamiento de una
nueva sentencia tras llegar a la conclusión de que el
tribunal de distrito aplicó erróneamente las Guías al
tener en cuenta un factor inapropiado para apoyar una
sentencia improcedente. El tribunal concluyó que la
transferencia del caso es necesaria a menos que el
tribunal de apelaciones pueda determinar que el error
era no perjudicial, es decir, que “el tribunal de distrito
habría impuesto la misma sentencia si no se hubiese
basado en el factor o los factores carentes de validez
legal”. Id. en 203. En este caso, el hecho de que el
tribunal de distrito haya impuesto también una
segunda sentencia de cadena perpetua por un cargo
diferente es irrelevante con respecto a si habría
impuesto o no la misma sentencia por el cargo que se
impugna. En cuanto a esa sentencia, el tribunal de
distrito realmente había cometido un error al calcular
las Directivas, un error que trajo como consecuencia
una sanción de cadena perpetua equivocada.
Por otra parte, varios de los casos más antiguos
dirimidos por este Tribunal indican la limitada

7
vigencia y aplicación de la “doctrina de la sentencia
concurrente”. En el caso Benton v. Maryland, 395
U.S. 784 (1969), este Tribunal estudió los casos que
aplicaban esta doctrina de negarse a reconsiderar las
impugnaciones a las condenas cuando había una
condena por un cargo por separado cuya sentencia
concurrente era de igual o mayor duración que la
sentencia impuesta al cargo que se impugnaba. A
pesar de los alegatos aplastantes que se pronunciaron
en algunos de estos casos, que sugerían que esta
doctrina constituía un obstáculo jurisdiccional, el
Tribunal concluyó que no era tal. Id. en 789. El
Tribunal se remitió al caso Sibron v. New York , 392
U.S. 40 (1968), en el cual se concluyó que la
impugnación de una condena para la cual la sentencia
había expirado no era discutible. Este Tribunal
subrayó en aquel caso que incluso “la mera
posibilidad” de que existan consecuencias colaterales
adversas derivadas de una condena impugnada era
suficiente para solicitar una revisión. Id. en 54-5. En
Benton este Tribunal destacó que, incluso, la
“posibilidad….remota” de que existiera una
consecuencia colateral, como el hecho de utilizar una
condena en proceso judicial futuro para incrementar
una sentencia, “era suficiente para darle a este caso
una conjetura contradictoria” y evitar la aplicación de
la doctrina. Id. at 790-1. El Tribunal dejó abierta la
pregunta de si la “doctrina de la sentencia
concurrente” tenía alguna “continuidad de vigencia
como norma de conveniencia judicial”. Id.
Los fallos de sentencia más recientes
pronunciados por este Tribunal apoyan la norma que
demanda la transferencia del caso a otro tribunal a fin
de que se pronuncie una nueva sentencia siempre que
se haya impuesto una sentencia errónea. Si bien
dichas normas establecen que la decisión de cuáles
sentencias han sido impuestas adecuadamente en un
caso dado se deja a discreción del juez de distrito,
véase Gall v. United States, 128 S. Ct. 586 (2007);

8
Kimbrough v. United States, 128 S. Ct. 558 (2007);
Rita v. United States, 127 S. Ct. 2456 (2006), las
mismas, de manera concomitante, exigen que el
tribunal que impone la sentencia calcule
correctamente la misma según lo recomiendan las
Guías. Véase, por ejemplo, Gall en 596 (“un tribunal
de distrito debe comenzar todos los procesos de
aplicación de sentencia haciendo el cálculo correcto
del rango de Guía aplicable”). Además, dado que los
casos de este Tribunal han impuesto límites a las
funciones de los tribunales de apelación de determinar
si una sentencia en particular es o no sustantivamente
razonable, los tribunales de apelación deben
monitorear muy de cerca los procedimientos que los
tribunales de distrito utilizan para imponer las
sentencias. Véase, por ejemplo, In re Sealed Case,
527 F.3d 188, 191 (D.C. Cir. 2008) (“Dada la amplia
discreción substantiva que se les otorgó a los
tribunales de distrito en la imposición de sentencias,
existen requisitos procesales concomitantes que ellos
deben cumplir”); United States v. Cavera, 550 F.3d
180, 189-90 (Segundo Circuito 2008) (en banc) (“Sin
embargo, este nivel de deferencia sólo se otorga una
vez que nosotros nos sintamos satisfechos de que el
tribunal de distrito haya cumplido los requisitos
procesales exigidos en virtud de la Ley de Reforma de
la Imposición de Sentencia, y esto exige que tengamos
confianza en que la sentencia haya sido el resultado de
un análisis del fallo por parte del tribunal de distrito
en el sentido de qué era lo que se necesitaba para
abordar los diferentes, en ocasiones contradictorios,
propósitos de la imposición de sentencia”). En estos
casos, a los tribunales de distrito se les debe dar una
segunda oportunidad para que analicen cuál es la
sentencia apropiada sobre la base de una aplicación
legalmente correcta de las Guías de Sentencia.

9
Aquí el enfoque del Onceno Circuito, adoptado
también por otros cinco circuitos, 2 se contrapone con
el enfoque adoptado en Kincaid, como lo reconoció el
propio tribunal de apelaciones. Véase Anexo 71a de
la Petición (citando a Kincaid). El fallo del Onceno
Circuito es injusto e incorrecto. Privó erradamente a
Hernández de una apelación efectiva de su sentencia
por el cargo de conspiración. Ubicó injustamente
sobre Hernández el riesgo de cualquier consecuencia
adversa futura derivada de la sentencia errónea.
Ignoró las advertencias hechas por este Tribunal
respecto de la importancia de un cálculo y un
procedimiento apropiados en la imposición de
sentencia. Asimismo, privó al tribunal de distrito de
la oportunidad de imponer sentencia de acuerdo con
una correcta interpretación de la ley –una oportunidad
de suma importancia, porque el tribunal de distrito
había impuesto una sentencia de cadena perpetua
contra Hernández en virtud de un régimen obligatorio
para la imposición de sentencias que Booker
consideró como inconstitucional.
––––––––––––♦––––––––––––
2 Véase, por ejemplo, United States v. Pierre, 484 F.3d 75,
90-1 (Primer Circuito 2007); United States v. Rivera, 282
F.3d 74, 77-8 (Segundo Circuito 2000); United States v.
Pardo, 25 F.3d 1187, 1194 (Tercer Circuito 1994); United
States v. Olunloyo, 10 F.3d 578, 582-3 (Octavo Circuito
1993); United States v. Segien, 114 F.3d 1014, 1021
(Décimo Circuito 1997).

10
CONCLUSIÓN
Por todas estas razones, este Tribunal debe acceder a la
petición a fin de resolver las diferencias entre los circuitos y
rectificar el error del Onceno Circuito.
Presentado respetuosamente por,
FREDRICK P. FREEDMAN, ESQ. H. SCOTT FINGERHUT, ESQ.
RICK FREEDMAN &
H. SCOTT FINGERHUT, P.A
ASSOCIATES, P.A.
BENJAMIN S. WAXMAN, ESQ
Presidente, Florida Association Abogado Representante,
of Criminal Defense
ROBBINS, TUNKEY, ROSS,
Lawyers – Miami Chapter AMSEL, RABEN &
1200 Brickell Avenue, WAXMAN, P.A.
Suite 1230
2250 S.W. Third Avenue,
Miami, Florida 33131
4th Floor
(305) 285-0500 Miami, Florida 33129
(305) 858-9550
.

NO. 08-987
En la Corte Suprema de los Estados Unidos
RUBÉN CAMPA, RENÉ GONZÁLEZ, ANTONIO GUERRERO,
GERARDO HERNÁNDEZ, y LUÍS MEDINA,
Demandantes,
v.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
Demandado.
SOBRE LA PETICIÓN DE REVISIÓN
A LA CORTE DE APELACIONES DEL ONCENO CIRCUITO DE
ESTADOS UNIDOS
DOCUMENTO DE LOS AMIGOS DE LA CORTE
GREMIO NACIONAL DE ABOGADOS (NATIONAL
LAWYERS GUILD) Y CONFERENCIA NACIONAL DE
ABOGADOS NEGROS (NATIONAL CONFERENCE OF
BLACK LAWYERS) EN APOYO A LOS
DEMANDANTES
ZACHARY WOLFE
1725 I STREET NW, SUITE 300
WASHINGTON, DC 20006
(202) 265-5965
Abogado Representante
HEIDI BOGHOSIAN
GREMIO NACIONAL DE
ABOGADOS
132 NASSAU STREET, ROOM
922 NEW YORK, NY 10038
(212) 679-5100

ÍNDICE
ÍNDICE DE FUENTES…………………………..
i
INTERÈS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE ................... 1
RESUMEN DEL ARGUMENTO........................................ 3
ARGUMENTO..................................................................... 5
I. INTRODUCCIÓN ........................................................ 5
II. ESTA CORTE DEBE ASUMIR UN PAPEL ACTIVO
EN LA ELIMINACIÓN DEL RACISMO........................... 5
III. EXPONER UN CASO PRIMA FACIE SEGÚN
BATSON CONTRA KENTUCKY NO ES ONEROSO ......... 8
A. La carga prima facie “No es Onerosa” en las
Cortes de Circuito...........................................................10
IV. SATISFACIENDO LA “APARIENCIA DE
JUSTICIA” .........................................................................12
A. Este caso está infectado de una apariencia
de injusticia 14
CONCLUSIÓN ..................................................................19
Casos
ÍNDICE DE FUENTES
Baines contra.City of Danville, 321 F.2do 643 (4to Cir.
1963), aff’d 384 U.S. 890 (1966)..................................... 2
Batson contra.Kentucky, 476 U.S. 79 (1986) . 3
i

Campa contra Estados Unidos, 459 F.3ro 1121 (11no Cir.
2006)............................................................................... 15
City of Greenwood contra Peacock, 384 U.S. 808 (1966)...2
Clark contra Estados Unidos, 289 U.S. 1 (1933) .............. 14
Coulter contra. Gilmore, 155 F.3ro 912 (7mo Cir. 1998)... 11
Dombrowski contra Pister, 380 U.S. 479 (1965)................. 2
Georgia contra McCollum, 505 U.S. 42 (1992) ................ 12
Hansberry contra Lee, 311 U.S. 32 (1940).......................... 1
Johnson contra California, 545 U.S. 162 (2005).............7, 9
Jones contra Ryan, 987 F.2do. 960 (3er Cir. 1993) ........... 11
Miller-El contra Dretke, 545 U.S. 231 (2005) ..................... 7
Offutt contra Estados Unidos, 348 U.S. 11 (1954)............ 15
Rose contra Clark, 478 U.S. 579 (1986)............................ 12
Strauder contra West Virginia, 100 U.S. 303 (1880) . 6,
Swain contra Alabama, 380 U.S. 202 (1965) .........12, 19
ii

Turner contra Marshall, 63 F.3er 807 (9no Cir.
1995) 11, 12
Estados Unidos contra Alvarado, 923 F. 2do 253 (2do Cir.
1991 ......................................................................... 11, 12
Otras Fuentes
Anne Teresa Demo, “The Afterimage: Immigration
Policy After Elián,” 10 Rhetoric & Public Affairs
27 (2007) ........................................................................ 17
Cassia C. Spohn, Courts, Sentences, and Prisons 124
Daedalus 119 (1995) .........................................................7
Dana Canedy, “Lawyer for Cuban Boy’s Relatives Is
Elected Miami Mayor,” N.Y. Times Nov. 14, 2001,
at A14 ............................................................................ 21
John J. Francis, Peremptory Challenges, Grutter,
and Critical Mass: A Means of Reclaiming the
Promise of Batson, 29 Vt. L. Rev. 297 (2005) .................6
Mark Mauer, Young Black Men and the Criminal
Justice System: A Growing National Problem
(1990) ................................................................................6
Note, Judging the Prosecution, 119 Harv. L. Rev.
2121 (2006) .................................................................. 7, 8
Russell D. Covey, The Unbearable Lightness of
Batson: Mixed Motives and Discrimination in
Jury Selection, 66 Md. L. Rev. 279, 316-17
(2007) ............................................................................. 14
iii

INTERÉS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE 1
El Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild,
Inc.) es una sociedad no lucrativa constituida en 1937 como
el primer colegio de abogados voluntario racialmente
integrado de la nación, con el mandato de abogar por la
protección de los derechos que otorga la Constitución de
Estados Unidos y los principios fundamentales de los
derechos humanos y civiles. Desde entonces el gremio ha
estado a la cabeza de los esfuerzos por desarrollar y asegurar
el respeto al imperio de la ley y los principios legales básicos.
Como una de las organizaciones no-gubernamentales
seleccionadas para representar al pueblo estadounidense
oficialmente en la fundación de las Naciones Unidas en 1945,
sus miembros ayudaron a redactar el borrador de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en
1948 fundaron una de las primeras organizaciones nogubernamentales
que obtuviera el estatus de observador en
las Naciones Unidas: la Asociación Internacional de
Abogados Demócratas (International Association of
Democratic Lawyers). El Gremio ha participado en los
principales movimientos del siglo veinte a favor de la justicia
social, incluida la lucha contra la discriminación racial en
casos como el de Hansberry contra Lee, 311 U.S. 32 (1940),
que eliminó las leyes segregacionistas Jim Crow en Chicago.
Como en este caso, el Gremio ha luchado durante mucho
tiempo para asegurar un foro de debate justo a los acusados,
1 De conformidad con la Regla 37, los abogados de todas las partes
recibieron en el momento oportuno la notificación del propósito de
presentar este informe. El consentimiento que otorga el abogado a los
Demandantes para la presentación de todos los documentos de Amigos de
la Corte se encuentra archivado en la Corte. Una carta enviada por el
Abogado al Demandado donde consiente la presentación de este informe
se encuentra archivada en la Corte. Los Amigos de la Corte afirman que
ningún abogado de ninguna de las partes creó este documento completo o
parcialmente y que ninguna persona o entidad aparte del Amigo de la
Corte realizó alguna contribución monetaria para la confección o la
presentación de estedocuemnto.
1

siendo nuestros miembros los primeros en presentar las
primeras demandas post-Reconstrucción utilizando el
proceso de retiro de activistas pertenecientes a minorías
étnicas. Ver Baines contra City of Danville, 321 F.2do 643
(4to Cir. 1963), aff’d 384 U.S. 890 (1966) (sobre los
desacuerdos del Juez principal Warren y los jueces Douglas,
Brennan y Fortas, según se expresa en City of Greenwood
contra Peacock, 384 U.S. 808, 835 (1966)). Los esfuerzos de
los miembros del Gremio Nacional de Abogados
desempeñaron un papel decisivo en detener exitosamente los
procesos penales discriminatorios y vengativos de las cortes
estaduales contra los activistas por los derechos civiles en el
Sur. Dombrowski contra Pister, 380 U.S. 479 (1965).
La Conferencia Nacional de Abogados Negros (National
Conference of Black Lawyers (NCBL)) fue establecida en
1968. Es una asociación de abogados, profesores de derecho,
estudiantes de derecho, activistas legales y otros cuya misión
es servir de brazo legal al movimiento para la liberación
negra, proteger los derechos humanos, conseguir la
autodeterminación de África y de las comunidades en la
diáspora africana y trabajar en coalición para ayudar a poner
fin a la opresión de todos los pueblos. El interés como Amigo
de la Corte de la NCBL en el caso en cuestión se basa en su
viejo compromiso tanto con la justicia racial como con la
normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados
Unidos de América. La organización ha comparecido ante
este honorable tribunal como Amigo de la Corte en el pasado
en casos que han tenido que ver con problemas de racismo y
de la ley –particularmente en el caso de Grutter contra
Bollinger, 539 U.S. 306 (2003). A través de los años, como
amigo de la corte, la NCBL ha prestado considerable atención
al tema de la discriminación racial en los procesos legales, y
está apta para ofrecer un conocimiento y análisis profundos
en lo concerniente a los temas del caso en cuestión.
2

Los Amigos de la Corte sostienen que sus puntos de vista
sobre las grandes implicaciones de discriminación racial en la
selección del jurado serán de valor para la Corte al evaluar
los temas presentados
RESUMEN DEL ARGUMENTO
Los Amigos de la Corte, el Gremio Nacional de Abogados y
la Conferencia Nacional de Abogados Negros, escriben para
ampliar una cuestión de importancia crítica en este caso. La
explotación de los prejuicios contra una comunidad particular
en la selección del jurado atenta fuertemente contra los
derechos de los acusados de delitos penales y de los
potenciales miembros del jurado. Además, la tolerancia de la
discriminación racial por parte de cualquier corte en la forma
de recusaciones perentorias para eliminar jurados negros –y
la resultante preocupación de que el sistema judicial es
incapaz de erradicar esta práctica siempre que permanezca en
un “nivel moderado”– socava la integridad del sistema legal y
la apariencia de justicia.
En este caso, el tribunal de apelaciones sostuvo que la
acusación evadió lo que en la mayoría de los circuitos
constituiría las averiguaciones prima facie sobre los derechos
que asisten a los acusados de acuerdo con el caso Batson
contra Kentucky solo con no utilizar todas sus posibilidades
para eliminar cada uno de los miembros del jurado
perteneciente a una minoría étnica. Batson contra.Kentucky,
476 U.S. 79 (1986). Esto constituye una violación de la
cláusula de Igual Protección de la Enmienda Decimocuarta y
una sombría amenaza a la meta de esta Corte de erradicar el
racismo y la discriminación de nuestro sistema judicial. La
esencia del caso Batson lo constituye el principio de que la
carga de establecer un caso prima facie no puede ser onerosa.
Esta Corte ha reafirmado ese principio en años recientes, y
los otros circuitos reconocen y se adhieren a una norma
3

menos onerosa que la que aplicó el Onceno Circuito aquí.
Este caso le brinda a la Corte una oportunidad de responder
directamente a las preocupaciones del juez Marshall, quien
incluso en Batson advirtió que, sin una revisión estricta, los
fiscales permanecerían “libres para discriminar contra los
negros en la selección de un jurado siempre que dicha
discriminación la mantuvieran a un ‘nivel aceptable’.” Id. en
105.
Este caso representa una prueba importante para nuestro
sistema jurídico: pueden o no los ciudadanos extranjeros con
puntos de vista impopulares obtener un juicio justo en nuestro
sistema. Mientras que los temas referentes a la sede y a si los
acusados pro-Cuba debieron ser juzgados en Miami o no se
abordan en la Petición, para los fines de este documento es
importante destacar que suposiciones racistas en cuanto a
cómo piensan los afro-norteamericanos y cuáles son sus
influencias sociales pudieron estar presentes (en el proceso),
y al parecer lo estuvieron. Como se discute en la Parte IV(A),
infra, existe el prevaleciente criterio prejuiciado de que los
afro-norteamericanos están apartados de la comunidad
cubano-norteamericana y que muestran una aceptación
relativa de Fidel Castro, y la dispar exclusión de los negros de
participar en el jurado con este telón de fondo agrega una
apariencia de injusticia a lo que es ya un caso prima facie de
discriminación racial.
Esta Corte tiene la oportunidad de reestablecer la confianza
pública en nuestro sistema de justicia, confianza que se ha
visto menoscabada en parte por el uso que ha hecho la
acusación de dos tercios, o siete de sus once recusaciones
perentorias, para recusar a los miembros negros del jurado en
la región de Miami-Dade, donde los negros constituyen el
21% de la población. Al hacerlo, la Corte reestablecerá a este
caso la tan importante apariencia de justicia. Los Amigos de
la Corte instan al Tribunal a otorgar la petición de revisión y
finalmente otorgar el desagravio a los demandantes.
4

ARGUMENTO
I. INTRODUCCIÓN
Este caso representa una regresión en el compromiso que
tiene la Corte de librar al sistema judicial de los vestigios de
racismo que aún subsisten. Mientras que, como es bien
conocido, la oposición al gobierno cubano está muy
extendida y predominante en el sur de la Florida, la
comunidad afro-norteamericana se percibe aislada de la
cubano-americana y sus puntos de vista. Ver IV Parte (A),
infra. Consecuente con este prejuicio sobre las influencias y
opiniones de los afro-norteamericanos, en este caso se vio un
uso excesivo de recusaciones perentorias contra los
potenciales jurados afro-norteamericanos. Además de
negarles a los posibles jurados el privilegio de participar en la
administración de la justicia, el resultado final es la negación
de un juicio justo para los acusados. 2 Otra importante
consecuencia es la percepción por el público en general de
que el sistema judicial penal es injusto.
II.
ESTA CORTE DEBE ASUMIR UN PAPEL
ACTIVO EN LA ELIMINACIÓN DEL
RACISMO
En fecha tan temprana como 1880, el juez William Strong
reafirmó que la Decimocuarta Enmienda se creó para
asegurar que a los negros se les garantizaran los mismos
derechos civiles que a los blancos, y que a los negros no se
2 Dado lo que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas consideró “el
clima de parcialidad y prejuicio contra los acusados en Miami (que)
persistió y ayudó a presentar a los acusados como culpables desde el
principio,” la injusticia adicional de impedir la constitución de un jurado
de representación transversal que pudiera garantizar un juicio justo es
particularmente grave. Informe de las Naciones Unidas sobre las
Detenciones Arbitrarias, U.N. Doc.E/CN.4/2006/7/Add.1
v

les puede excluir de servir como jurados por razones de raza.
Strauder contra West Virginia, 100 U.S. 303 (1880). No
obstante, la Corte hizo que la carga de la prueba fuera tan
rigurosa que el patrón de excluir de los jurados a los negros
persistió. Swain contra. Alabama, 380 U.S. 202 (1965). El
Premio Nobel Karl Gunnar Myrdal documentó el tratamiento
distinto que se les da a los afro-norteamericanos en las cortes
del Sur, al escribir en su estudio de 1944 que todo el sistema
judicial se encontraba “más que maduro para implementar
reformas fundamentales.” Karl Gunnar Myrdal, An American
Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy (Un
dilema estadounidense: el problema de los negros y la
democracia moderna), 555. En 1986 la Corte sustituyó la
insalvable prueba articulada en Swain con un procedimiento
menos oneroso dividido en tres partes para determinar la
existencia de discriminación en el ejercicio de las
recusaciones perentorias. Batson contra Kentucky, 476 U.S.
79 (1986).
A pesar de estos esfuerzos, los afro-norteamericanos
continúan siendo los más afectados por las desigualdades en
todos los aspectos del sistema judicial, incluida la selección
de jurados. Mark Mauer, Young Black Men and the Criminal
Justice System: A Growing National Problem (Los jóvenes
negros y el sistema judicial penal) (1990). Aún hoy, la
promesa que se desprende del caso Batson contra Kentucky
en cuanto a lograr jurados representativos sigue siendo difícil
de alcanzar en la práctica. John J. Francis, Peremptory
Challenges, Grutter, and Critical Mass: A Means of
Reclaiming the Promise of Batson (Las recusaciones
perentorias, Grutter y la masa crítica: un medio para
reclamar la promesa de Batson), 29 Vt. L. Rev. 297 (2005)
(que analiza las dificultades que aún existen para eliminar el
racismo en la selección de los jurados); Cassia C. Spohn,
Courts, Sentences, and Prisons (Las cortes, las sentencias y
las prisiones) 124 Daedalus 119 (1995) (que revisa los casos
decididos en la primera década basados en el caso Batson).
vi

Dadas las afianzadas dificultades para llevar a cabo reformas
mediante Batson, el sistema judicial debe permanecer
siempre vigilante para garantizar una representación
imparcial en los jurados.
Este tribunal ha expresado repetidamente su intolerancia de la
discriminación racial en el uso de las recusaciones perentorias
para mantener a los negros fuera de los jurados. En su
determinación de erradicar las vilipendiadas parcialidades
que aún subsisten, sus decisiones en los últimos años indican
que el derecho a un jurado libre de prejuicios tiene que ser
monitoreado constantemente, mediante tribunales que miren
más allá de los ofrecimientos de jurados de neutralidad racial
que ofrecen los fiscales. Miller-El contra Dretke, 545 U.S.
231 (2005); Johnson contra California 545 U.S. 162 (2005).
No basta con aceptar las razones de neutralidad racial
ofrecidas por la acusación para ejercer las recusaciones
perentorias. “El derecho a un jurado libre de la contaminación
discriminatoria se encuentra protegido por la constitución...el
derecho a utilizar la recusación perentoria no lo está,”
escribió el juez Breyer en Miller-El contra Dretke. Miller-El,
545 U.S. en la pág. 273. El poder que tiene el acusador
público es incuestionablemente un factor determinante en el
resultado de los casos. Nota, Judging the Prosecution
(Juzgando al ministerio fiscal), 119 Harvard Law Review
2121, 2122 (2006).
Las recusaciones perentorias de la acusación generalmente
causan daño al sistema al hacer más probable que jurados de
mayoría blanca condenen acusados pertenecientes a minorías.
“La mayor certidumbre de lograr una condena que trae
consigo el poder confiar en tales jurados da a los fiscales
tremendo poder sobre los acusados, lo que conduce… a
condenas injustas... . El verdadero poder del pequeño jurado
de representación transversal consiste en su poder para limitar
el poder de la acusación de una forma que no lo pueden hacer
vii

ni las cortes ni otros” Judging the Prosecution (Juzgando a la
acusación), 119 Harv. L. Rev. En 2137.
En el presente caso, el tribunal de primera instancia reconoció
una gran cantidad de factores relacionados con presiones
externas para influir en la selección del jurado. En el primer
día del proceso de selección del jurado, los familiares de
víctimas anti-Castro celebraron una conferencia de prensa,
cuya presencia masiva durante el examen voir dire reveló
claramente la intención de influir en la selección del jurado; y
aunque esto lo señaló el tribunal de primera instancia (Vol.
1:111), ello no resultó en ningún intento verdadero de
remediar o reducir el impacto sobre el jurado.
III.
EXPONER UN CASO PRIMA FACIE SEGÚN
BATSON CONTRA KENTUCKY NO ES
ONEROSO
A pesar de lo difícil que resulta poner un verdadero fin al
racismo en la selección de los jurados aun después del caso
Batson, se debe sostener un genuino y sincero esfuerzo por
mantener el compromiso con su meta subyacente. Los
requisitos para exponer un caso prima facie según Batson no
son ni deben ser onerosos. 3 El primer paso no debe ser tan
oneroso que un acusado tenga que persuadir al juez, basado
en todos los hechos, algunos de los cuales el acusado-objetor
nunca puede saber con certeza, de que la recusación fue muy
3 El acusado debe demostrar que es miembro de un grupo racial
reconocible, que la acusación ha ejercido recusaciones perentorias para
impedir que miembros de la raza del acusado formen parte del jurado, y
que estos hechos y otras circunstancias pertinentes hacen inferir que el
fiscal utilizó las recusaciones para excluir posibles jurados debido a su
raza. Batson contra Kentucky, 476 U.S. en 96 (1986). (Si el acusado era o
no de la misma raza que la persona excluida del jurado se consideró
irrelevante unos años después. Powers contra Ohio, 499 U.S. 400 (1990).)
viii

probablemente el resultado de una discriminación
intencional. Más bien, como sostuvo esta Corte en 2005, “un
acusado cumple los requisitos del caso Batson al producir
pruebas suficientes que permitan al juez de primera instancia
inferir que ha ocurrido discriminación” Johnson contra
California, 545 U.S. 162 (2005). Los Circuitos y esta Corte,
emplean esta modesta norma “de inferencia” para establecer
los requisitos mínimos.
El juez Stevens, escribiendo en representación de la mayoría
en Johnson contra California, dijo que la Corte Suprema de
California le había hecho muy difícil a los acusados presentar
una demanda prima facie de discriminación en la selección
del jurado. Id. La Corte Suprema de California requería una
norma de "más probable que no" para iniciar una
investigación basada en el caso Batson. El juez Stevens dijo
que el "interés primordial en erradicar la discriminación"
requiere que las cortes estaduales hagan más fácil que se
investiguen las reclamaciones basadas en el caso Batson, en
lugar de excluirlas desde el principio. Id a en 172.
El planteamiento del Onceno Circuito de que no se requiere
ninguna investigación Batson cuando una parte que no utiliza
todas sus recusaciones perentorias acepta a un solo miembro
del jurado de una clase protegida es diametralmente opuesto
al principio básico de que la exclusión de participar en un
jurado de una sola persona por razones de raza viola la
Decimocuarta Enmienda. Además de estar en conflicto con
este principio, la decisión del Onceno Circuito es
incompatible con los otros Circuitos y con al menos una
decisión anterior de esta Corte.
ix

A. La carga de prima facie “no es onerosa” en
las cortes de circuito
Como lo han reconocido sistemáticamente las cortes de
distrito, 4 una prueba prima facie demasiado onerosa resultaría
4 El Primer Circuito ha sostenido que la carga prima facie "no es onerosa"
y requiere solamente "las circunstancias suficientes. . . para que se infiera
la existencia de discriminación. Estados Unidos contra Escobar - de
Jesús, 187 F.3ero 148, 164-65 (ler Cir. 1999). En el Segundo Circuito, la
carga es "mínima" para demostrar que "las circunstancias alrededor de las
recusaciones perentorias hacen inferir que existe discriminación."Overton
contra Newton, 295 de F.3ero 270, 277, 279n 10 (2do Cir. 2002). El
Tercer Circuito requiere "pruebas circunstanciales que tiendan a apoyar"
una inferencia de discriminación. Johnson contra Love, 40 F.3ro 658,
665-66 (3er Cir. 1994).
En el Cuarto Circuito la carga inicial suscita “al menos una inferencia” de
que la acusación ha utilizado sus recusaciones para eliminar miembros del
jurado por motivos raciales. Estados Unidos contra Grimmond, 137 F. 3ro
823, 834 (4to Cir. 1998). El quinto Circuito también aplica el “suscitar
una inferencia.” La integridad del jurado es un elemento esencial para el
logro de un juicio justo. El sistema jurídico está obligado a “satisfacer la
apariencia de justicia” conduciendo el proceso de voir dire de tal manera
que minimice el impacto sobre el jurado de la discriminación racial,
étnica y de otros tipos indebidos. Batson contra Kentucky, 476 U.S. 79, 90
(1986); Turner contra Murray, 476 U.S. 28, 35-38 (1986); Rose contra
Clark, 478 U.S. 579, 587 (1986).
Un caso prima facie en el Séptimo Circuito requiere “hechos y
circunstancias que hagan inferir que los posibles jurados fueron excluidos
por motivos de raza.” Estados Unidos contra Cooper, 19 F. 3ro 1154,
1159 (7mo Cir. 1994). El Octavo Circuito tiene como norma
“circunstancias que suscitan una inferencia razonable de discriminación.”
Estados Unidos contra Wolk, 337 F.3ro 997, 1007 (8vo Cir. 2003)
(citando a Simmons contra Luebbers, 299 F.3ro 929, 941 (9no Cir. 2002).
El Sexto y el Décimo Circuito han encontrado un caso de prima facie
donde el único miembro de un grupo protegido fue recusado en el proceso
de formar el jurado. Estados Unidos contra Mahan, 190 F.3ro 416, 424-
25 (6to Cir. 1999); Heno contra Sprint/United Mgmt. Co., 208 F.3ro 847,
x

una regresión a la norma Swan que solamente aparentaba
criticar la discriminación racial en la composición de los
jurados a la vez que hacía casi imposible poder remediarla.
En este caso, el contraste entre las recusaciones y el por
ciento de negros en la población circundante es aún mayor
que las disparidades halladas para apoyar o constituir un caso
prima facie de una violación de Batson en casos de otros
circuitos. Ver e.g. Turner contra Marshall, 63 F.3ro 807, 813
(9no Cir. 1995) (disparidad de un 56% de recusaciones
perentorias a un 30% de posibles jurados afronorteamericanos
apoyan la inferencia de discriminación);
Estados Unidos contra Alvarado, 923 F. 2do 253, 256 (2do
Cir. 1991 (que encuentra un caso prima facie donde la
acusación recusó el 50% de posibles jurados pertenecientes a
minorías quienes representaban el 30% del grupo). Ver
además Coulter contra Gilmore, 155 F.3ro 912, 919 (7mo
Cir. 1998) (relación de un 90% de recusaciones perentorias
contra un 29% de posibles jurados pertenecientes a minorías
hace inferir que existe discriminación); Jones contra Ryan,
987 F.2do 960, 971 (3er Cir. 1993) (caso prima facie de uso
discriminatorio intencional de recusaciones perentorias a
razón de un 75% de recusaciones contra un 20% de posibles
jurados pertenecientes a minorías).
Aquí la razón de recusación de un 63% constituye una
flagrante desproporción respecto a lo que uno esperaría
basado en la composición racial de la región Miami Dade
cuya población en el momento del juicio era afronorteamericana
en un 21%.
Otras cortes, basadas en los hechos en cuestión, hubieran
concluido que los demandantes clasificaban para una
demanda prima facie de acuerdo con Batson. Fuera del
854 (10 mo Cir. 2000); Estados Unidos contra Joe, 8 F.3ro, 1488, 1499
(10 mo Cir. 1993).
xi

Onceno Circuito está bien establecido que una razón de
recusaciones a minorías “significativamente más alta que su
porcentaje entre los posibles jurados respaldaría una
inferencia estadística de discriminación” y un caso prima
facie de acuerdo con Batson. Estados Unidos contra
Alvarado, 923 F.2do 253, 255 (2do Cir. 1991).
Sin embargo, aquí, el Circuito se negó a entrar en el segundo
y tercer paso de Batson e impidió la oportunidad de enjuiciar
si las recusaciones perentorias eran genuinas. Así las cosas,
existe una fuerte percepción de que la raza fue un factor
determinante en mantener a los negros fuera del jurado.
IV. SATISFACIENDO LA “APARIENCIA DE
JUSTICIA”
La integridad del jurado y el proceso de selección son
elementos sumamente importantes en el logro de un juicio
justo. El sistema jurídico tiene la obligación de “satisfacer la
apariencia de justicia” conduciendo el voir dire de manera
que se minimice el impacto de la indebida discriminación
racial, étnica o de otro tipo en la selección del jurado. Batson
contra Kentucky, 476 U.S. 79, 90 (1986); Turner contra
Murray, 476 U.S. 28, 35-38 (1986); Rose contra Clark, 478
U.S. 579, 587 (1986). “los elementos del voir dire continúan
implicando derechos sociales mayores.” Batson contra
Kentucky, 476 U.S. 79, 87 (1986). “El Voir dire se comunica
con el pueblo al satisfacer el axioma de que para realizar su
más alta función de la mejor manera debe satisfacer la
apariencia de justicia.” Swain contra Alabama, 380 U.S. 202
(1965).
Esta Corte ha reconocido que excluir a los negros de los
jurados socava la integridad del sistema judicial. Georgia
contra McCollum, 505 U.S. 42, 49-50 (1992). Las
xii

violaciones en la selección del jurado repercuten en la
integridad del sistema judicial y en la apariencia de justicia.
Una norma per se de que las recusaciones perentorias no
serán revisadas siempre que al menos un afro-norteamericano
no haya sufrido exclusión discriminatoria hace tremendo
daño a los principios en que se basa el fallo en el caso Batson
al igual que a los mecanismos para erradicar la
discriminación y proporcionar un sistema que sea y parezca
justo. Como explicara recientemente el profesor Covey:
La Cláusula de Igual Protección tenía por
intención “poner fin a la discriminación
gubernamental por razones de raza,” y el caso
Batson coadyuva a ese fin de tres maneras:
simboliza la intolerancia oficial contra la
discriminación en la selección de los jurados;
busca disuadir dicha discriminación; y
proporciona incentivos marginales para no
recusar a jurados pertenecientes a minorías y
así aumentar la diversidad del jurado. De todas
estas funciones, probablemente sea la primera
la que Batson ha cumplido con mayor éxito.
Como recurso retórico, Batson y su progenie
han enviado un firme mensaje al sistema
judicial penal de que la discriminación en la
selección de jurados no podrá tolerarse ni se
tolerará. Ciertamente, la Corte ha declarado
que en ningún lugar la orden de la
Decimocuarta Enmienda de eliminar la
discriminación racial oficial es mas obigatoria
que en el sistema judicial; Batson se redactó
específicamente con este objetivo en mente.
La orden constitucional de erradicar la
discriminación se ha tratado con tanta
importancia que la Corte Suprema ha
xiii

declarado repetidas veces que la exclusión
hasta de un solo jurado por motivo de su raza,
hace que entre en efecto. Batson se creó no
solo para evitar la discriminación real, sino
también para abolir la discriminación
percibida y combatir el “cinismo” y la pérdida
de “confianza pública” en el sistema judicial
penal.
Russell D. Covey, The Unbearable Lightness of Batson:
Mixed Motives and Discrimination in Jury Selection (La
insoportable luminosidad de Batson: motivaciones diversas y
discriminación en la selección de jurados), 66 Md. L. Rev.
279, 316-17 (2007) (citas omitidas).
Si a esta norma se le permitiera prevalecer, se consideraría
con toda razón que el sistema jurídico ha dado la espalda al
principio de que incluso un solo caso de discriminación debe
ponerse al descubierto y rechazarse
A. Este caso está infectado de una apariencia
de injusticia
Las declaraciones falsas hechas a la Corte en esta etapa por el
Fiscal de los Estados Unidos deben verse de la misma manera
que las hechas al jurado durante el juicio. Cuando la
imparcialidad y la integridad del jurado se pone en tela de
juicio, ya sea por declaraciones falsas intencionales por parte
de los miembros del jurado o por no haber la Corte tomado
las medidas suficientes para garantizar su imparcialidad,
Clark contra Estados Unidos, 289 U.S. 1, 11 (1933), como
ocurrió en este caso, la confianza pública de la que depende
el proceso judicial se compromete de tal forma que se
requiere un nuevo juicio. “Hay algo más en juego que los
derechos del demandante; ‘la justicia debe satisfacer la
xiv

apariencia de justicia,’” Offutt contra Estados Unidos, 348
U.S. 11, 14 (1954).
El Onceno Circuito reconoció un cúmulo de factores
diseñados para influir en la selección del jurado en este caso,
incluidos los medios de comunicación y un abanico de
influencias provenientes del movimiento anti-Castro de
Miami. Campa contra Estados Unidos, 459 F.3ro 1121,
1136, 1152, 1161 (11th Cir. 2006) (que señala los incidentes
de jurados abordados por la prensa, un artículo acerca del
caso, esfuerzos para controlar el acceso de los medios de
comunicación, y una conferencia de prensa en terrenos del
juzgado). El uso de las recusaciones perentorias por parte del
fiscal para impedir la participación de los negros en el jurado
debe considerarse en el contexto mayor de las circunstancias
atenuantes de gran carga emotiva.
En este caso, el excluir perentoriamente a los afronorteamericanos
de participar en el jurado, en una proporción
tres veces mayor que la de su población, responde a la
discriminación racial de grupos demográficos aislados y
homogéneos. Como la Corte seguramente verá expuesto
exhaustivamente en otro lugar, el fiscal tendría interés en
asegurar un jurado predominantemente cubano-americano
para estos acusados que apoyaban al gobierno cubano. La
idea de que la comunidad cubano-americana en el sur de la
Florida es hostil a las causas a favor de Cuba está tan
difundida como para merecer la atención judicial, y el
gobierno la discutió en un caso donde dichos prejuicios iban
en contra de sus intereses. Def’s Venue Mot., Ramirez contra
Ashcroft, No. 01-CV-4835 (S.D. Fla. 25 de junio de 2002).
Para los efectos de este documento, es importante señalar
solamente que la comunidad afro-norteamericana en el sur de
la Florida se percibe como singularmente inmune al
sentimiento anti-cubano de esa región. Como se explica
inmediatamente a continuación, dicho prejuicio a favor de la
xv

acusación no se suponía que existiera dentro de la comunidad
afro-norteamericana, de manera que habría interés en
excluirlos como jurados por motivo de su raza.
La idea de que existe tensión entre la población negra y la
comunidad cubano-americana, especialmente en lo
concerniente al enfoque del gobierno sobre Cuba, está bien
difundida y frecuentemente enfatizada en la prensa de mayor
circulación. Como señalara un sociólogo:
Durante todo el espectáculo del caso Elián
[González], la cobertura de la prensa propició
la aparición de artículos con temas de variada
intensidad. Entre los más prominentes estaban
las historias sobre temas de patria potestad y
las de política migratoria... . Los temas más
frecuentemente abordados en estas historias
eran el tratamiento dado a jóvenes
indocumentados por parte del Servicio de
Inmigración y Naturalización (INS) y la
política migratoria de Estados Unidos con
respecto a haitianos ─facetas de la política
migratoria raramente tratadas por los
periodistas de los principales diarios.
Mientras que el interés periodístico de las
historias sobre el trato dado por el INS a
jóvenes indocumentados eran consecuencia
del gancho periodístico del caso Elián, las
historias sobre la política migratoria daban fe
de otro gancho periodístico: las protestas de
los haitianos residentes en Miami que se
oponían a lo que consideraban un doble rasero
en el trato de Estados Unidos hacia los
refugiados haitianos en comparación con el
trato dado a los refugiados cubanos.
xvi

Anne Teresa Demo, “The Afterimage: Immigration Policy
After Elián” La imagen persistente: la política migratoria
después de Elián), 10 Rhetoric & Public Affairs 27 (2007).
Existe una percepción generalizada de que las poblaciones
afro-norteamericana y cubano-americana en el sur de la
Florida están bien diferenciadas y tienen puntos de vista
diferentes sobre el gobierno cubano. De manera que en las
elecciones celebradas después que Elián González fuera
devuelto a Cuba por las autoridades federales, a un mismo
candidato se le calumnió paradójicamente tanto de estar
contra la población cubano-americana como de estar muy
integrada a ella, dependiendo de la composición étnica del
público. En los barrios cubano-americanos se le acusaba de
haber apoyado a Janet Reno (bajo cuya autoridad se devolvió
Elián González a Cuba), mientras que en los barrios afronorteamericanos
lo atacaban acusándolo de utilizar el caso
para ganarse al electorado anti-cubano. Ver Dana Canedy,
Lawyer for Cuban Boy’s Relatives Is Elected Miami Mayor
(Abogado de los parientes del niño cubano es elegido
alcalde de Miami) , N.Y. Times, 14 de noviembre de 2001, en
A14 (que describe estos hechos y los caracteriza como
“política típica de Miami” de jugar con “las profundas
divisiones entre los grupos étnicos y raciales” de esa ciudad).
Las tensiones entre las dos comunidades recibieron atención
internacional cuando dirigentes negros locales y nacionales
llamaron a realizar un boicot de Miami después de que su
alcalde y la comisión Metro-Dade se negaron a honrar a
Nelson Mandela, bajo presión de la comunidad cubanoamericana
de allí, que se oponía a la disposición del señor
Mandela de reunirse con Fidel Castro. Ver e.g. Arthur S.
Hayes, “Black Groups Plan a Miami Boycott to Protest
City’s Treatment of Mandela” (Grupos de activistas negros
proyectan un boicot de Miami como protesta al trato dado a
Mandela por esa ciudad, Wall Street Journal, 6 de agosto de
1990, B6.
xvii

Yendo más allá, algunos comentaristas anti-cubanos afirman
que la población afro-norteamericana se inclina
desproporcionadamente a ser de mente abierta en lo
concerniente a Fidel Castro y quizás hasta a apoyarlo
abiertamente. Ver e.g. Jay Nordlinger, “In Castro’s Corner:
A Story of Black and Red”, (En la esquina de Castro: una
historia en negro y rojo) National Review 6 de marzo de
2000, 40 (donde se señala que las declaraciones a favor de
Castro han sido comunes por parte de artistas afronorteamericanos
muy populares, incluidos Danny Glover y la
esposa de Bill Cosby, y personalidades políticas, incluido el
senador Charles Rangel quien preguntó, “¿Por qué habría
Elián González de quedarse aquí. . . solo porque ‘tenemos
algunos congresistas cubano-americanos de Miami que van a
la reelección?’”).
Contra ese telón de fondo, la desproporcionada exclusión de
afro-norteamericanos de un jurado para un acusado a favor
del gobierno cubano da muchísimo lugar a una apariencia de
injusticia. El rechazo del Onceno Circuito a enfrascarse
incluso en la habitual revisión prima facie solo aumenta la
apariencia de injusticia, y deja al sistema incapaz de
determinar si esas exclusiones perentorias fueron motivadas
por los amplios prejuicios raciales descritos más arriba, en
violación del caso Batson.
xviii

CONCLUSIÓN
Le llevó a esta Corte más de un siglo proporcionar a los
juristas una prueba para determinar lo adecuado de las
recusaciones perentorias. Las influencias sociales
desfavorables a los negros indudablemente intervinieron para
retardar este proceso después de la primera enunciación de la
Corte en 1879 de la premisa que la exclusión de posibles
jurados por motivo de raza violaba la Cláusula de Igual
Protección de la Decimocuarta Enmienda. Strauder, 100 U.S.
en 303. Cuando la prueba inicial en Swain contra Alabama
resultó muy onerosa para los impugnadores en 1986, esta
Corte aportó una prueba en tres partes más viable en Batson
contra Kentucky encaminada a poner fin a las históricas
parcialidades y discriminaciones en las cortes de justicia
estadounidenses. Batson, 476 U.S. en 87; Swain, 380 U.S. en
202.
La decisión del Onceno Circuito en el caso Rubén Campa,
René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, y
Luís Medina, demandantes, contra Estados Unidos no
concuerda con el compromiso de esta Corte de erradicar la
mácula del prejuicio racial que por tanto tiempo ha infectado
los procesos judiciales. El hallar que la acusación evadió una
investigación prima facie basada en el caso Batson socava
los objetivos de Batson donde, al igual que aquí, la razón de
los jurados excluidos respecto al porcentaje de su población
en la comunidad circundante se correspondía con las razones
en casos que merecieron ser revisados en otros circuitos.
Dado que la corte de primera instancia reconoce un cúmulo
de presiones externas para influenciar la selección del jurado,
la Corte de Circuito debió haberse adherido al espíritu del
caso Batson y cuestionado la práctica de la acusación de
excluir a la mayoría de los posibles jurados afronorteamericanos.
xix

Los amigos de la corte piden a este Tribunal que se otorgue la
petición de revisión en este caso para que se pueda realizar un
juicio justo, que restituya los derechos de los acusados y los
jurados a la vez que satisfaga la apariencia de justicia.
Fechado: 2 de marzo de 2009
Presentado respetuosamente por:
Zachary Wolfe 1725 I Street
NW, Suite 300 Washington, DC
20006 (202) 265-5965
Abogado Representante
Heidi Boghosian
Gremio Nacional de Abogados
132 Nassau Street, Room 922
New York, NY 10038
(212) 679-5100
xx

ii
No. 08-987
EN EL
TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
__________
RUBÉN CAMPA, RENÉ GONZÁLEZ, ANTONIO GUERRERO,
GERARDO HERNÁNDEZ, Y LUIS MEDINA,
Demandantes,
v.
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
__________
Demandado.
Sobre la petición de Revisión de Sentencia al Tribunal de
Apelaciones del Onceno Circuito de Estados Unidos
__________
DOCUMENTO PRESENTADO POR EL CENTRO DE
ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE DERECHOS
CIVILES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD HOWARD EN SU CONDICIÓN DE AMIGO D
ELA CORTE EN APOYO A LA PETICIÓN DE REVISIÓN
KURT L. SCHMOKE
Decano y Profesor de Derecho
FACULTAD DE DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD
HOWARD
ADERSON BELLEGARDE FRANÇOIS
Abogado patrocinante
Profesor Adjunto de Derecho y
Fiscal Supervisor
Centro de Asistencia
Jurídica en materia de
Derechos Civiles
FACULTAD DE DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD HOWARD
2900 Van Ness Street NW
Washington, DC 20008
(202) 806-8065

iii
TABLA DE CONTENIDOS
Página
INDICE DE FUENTES................... ¡Error! Marcador no definido.
DECLARACIÓN DE INTERÉS....................................................... 1
RESUMEN DE RAZONES PARA
CONCEDER LA REVISIÓN............................................................ 3
RAZONES PARA CONCEDER LA REVISIÓN........................... 4
I. LAS PASIONES DEL MOVIMIENTO EN
CONTRA DE CASTRO ENVENENARON LA
ATMÓSFERA EN EL JUICIO DE LOS
DEMANDANTES Y CONSTITUYÓ UN
IMPEDIMENTO INSUPERABLE PARA LA
REALIZACIÓN DE UN DEBIDO PROCESO.......................... 7
II. LA DINÁMICA POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ERA
JIM CROW ENVENENABA LA ATMÓSFERA DE
LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES MARCADOS
POR EL RACISMO Y ERA UN IMPEDIMENTO
INSUPERABLE PARA LA REALIZACIÓN DE UN
DEBIDO PROCESO ................................................................... 14
A. La sociedad Jim Crow estuvo
caracterizada por una atmósfera de una
profunda hostilidad racial, violencia de los
grupos radicales contra los negros, la tolerancia
de esa violencia por parte de la sociedad
dominante y el silenciamiento de las voces
disidentes.................................................................................. 15
B. La violencia social y política de la sociedad
Jim Crow trajo como resultado la realización de
juicios en la comunidad, influenciados por las
turbas, en los cuales el tema racial era un
impedimento insuperable para la realización de
un debido proceso.................................................................. 19
CONCLUSIÓN.................................................................................. 27

ii
INDICE DE FUENTES
CASOS
Página
Am. Civil Liberties Unión (Asociación
Americana de defensa de las libertades de
los ciudadanos) contra Miami-Dade, 439
F.Supp.2d 1242 (S.D. Fia. 2006) 10, 11
Browder contra Commonwealth, 123 S.W.
328 (Corte de Apelaciones de Kentucky
1909) 5, 16, 17
Brown contra la Junta de Educación, 347 U.S.
483 (1954) 13
Brown contra Mississippi, 297 U.S. 278 (1936) 5, 21
City Museum of Art's and Culture, Inc, (Museo
de Arte y Cultura de la Ciudad) contra
Miami, 766 F.Supp.1121 (S.D. Fla.1991) 11
Downer contra Dunaway, 1 F. Supp. 1001 (D.
Ga. 1932) 5
Duncan contra. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968) 4
Caso con la concurrencia de una sola parte
(Hollins), 14 P.2d 243 (Corte de Apelaciones
de Oklahoma 1932) 5, 18
Gayle contra Browner, 352 U.S. 903 (1956) 14
Glasser contra los Estados Unidos, 315 U.S.
60 (1942) 4
Groppi contra Wisconsin, 400 U.S. 505 (1971)... 3, 5
Holland contra Illinois, 493 U.S. 474 (1980) 4
Holmes contra la Ciudad de Atlanta, 350 U.S.
879 (1955) 14
Alcalde de Baltimore contra Dawson, 350 U.S.
877 (1955) 14
Moore contra Dempsey, 261 U.S. 86 (1923) 5, 17, 18
Missouri contra Jenkins, 515 U.S. 70 (1995) 12
New Orleans City Park Improvement Assn.
contra Detiege, 358 U.S. 54 (1958) 14
Plessy contra Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) 2, 13
Powell contra Alabama, 287 U.S. 45 (1936) 5,20, 21
Regentes de la Universidad de California contra
Bakke,438 U.S. 265 (1978) 12
Rideau contra Louisiana, 373 U.S. 723 (1963) 5, 22
Shepard contra Florida, 341 U.S. 50 (1951) 5, 21, 22

iii
Smith contra Texas, 311 U.S. 128, 130 (1940) 4
State contra Wilson, 158 So. 621 (La. 1935) 5, 19, 20
Taylor contra Louisiana, 419 U.S. 522, 530
(1975) 2, 3, 4
Turner contra Ciudad de Memphis, 369 U.S.
350 (1962) 14
FUENTES DE PUBLICACIONES LEGALES
James W. Fox, Imitations of Citizenship:
Repressions and Expression of Equal
Citizenship in the Era of Jim Crow (Imitaciones
de ciudadanía: opresión y expresión de
ciudadanos iguales en la era de Jim Crow), 50
How. L.J. 113 (2006) 12
Herbert Hovenkamp, Social Science and
Segregation Before Brown (Las Ciencias
Sociales y la Segregación antes de Brown),
1985 Duke L.J. 624 (1985) 12, 13
LIBROS
Dante Alighieri, La Divina Comedia de Dante
Alighieri: Paraíso (traducción de Alien
Mandelbaum Universidad de California
Press 1982) 6
Ann Louise Bardach, Cuba Confidential: Love
and Vengeance in Miami and Havana
(Confidencial sobre Cuba: Amor y Venganza
en Miami y La Habana) (2002) 9
Hernando Calvo y Katlijn Declercq, The Cuban
Exile Movement: Dissidents or Mercenaries
(El Movimiento de Exiliados Cubanos:
Disidentes o Mercenarios) (2000) 7, 10
David Chalmers, Backfire, How the Ku Klux
Klan Helped the Civil Rights Movement (El tiro
por la culata, cómo el Ku Klux Klan ayudó al
Movimiento de Derechos Civiles) (2003) 14, 15, 16

iv
INDICE DE FUENTES — Continuación
David M. Chalmers, Hooded Americansim: The
History of the Klu Klux Klan 3 ra Ed. (El
americanismo encapuchado: La Historia del
Ku Klux Klan) 3ra Edición (1987) 13, 14, 15
Joe Marie Claasen, Displaced Persons: The
Literature of Exile from Cicero to Boethius (Las
personas desplazadas: Literatura del Exilio
desde Cicerón hasta Boecio) (1999) 6
Richard C. Cortner, A Mob Intent on Death: The
NAACP and the Arkansas Riot Cases
(Atentado de las bandas contra la muerte: la
NAACP –Asociación Nacional para el Progreso
de las Personas de Color- y los casos de
disturbios en Arkansas) (1988) 17
Richard R. Fagen, et. al. Cubans in Exile (Cubanos
en el exilio) (1968) 7
Glenn Feldman, Politics, Society and the Klan
in Alabama 1915-1949 (La Política, la
Sociedad y el Klan en Alabama, 1915-1949)
(1999) 15
Jane Franklin, Cuba and the United States: A
Chronological History (Cuba y los Estados
Unidos: Una historia cronológica) (1997).... 8
Miami Now (Miami ahora) (Guillermo J. Grenier
& Alex Stepick III eds. 1992) 7, 8
William L. Katz, The Invisible Empire: The Klu
Klux Klan Impact on History (El imperio
invisible: Impacto del Ku Klux Klan en la
historia) (1986) 14
J. Klarman, From Jim Crow to Civil Rights: The
Supreme Court and the Struggle for Racial
Equality (De Jim Crow a los Derechos Civiles:
La Corte Suprema y las luchas por la igualdad
racial) (2004) 13, 14
Robert M. Levine, Secret Missions to Cuba
(Misiones Secretas a Cuba) (2001) 7, 8

MISCELÁNEAS
v
Clara Germans, Cool Cuban Heats Miami
Tempers, (Cubano sereno caldea los ánimos en
Miami) The Christian Science Monitor, 7 de
abril de 1992 11, 12
Lissette Corsa, Art to Burn (El arte de quemar),
Miami New Times, April 8, 1998, at 1 11
Rob Jordan, Commie Book Ban; Vamos a Cuba
has Become an Unlikely Lightening Rod
(Prohibición de los libros comunistas; Vamos a
Cuba se ha convertido en un obstáculo poco
probable), Miami New Times, 19 de agosto de
2006, en 1 10, 11

EN EL
TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
__________
No. 08-987
__________
RUBÉN CAMPA, RENE GONZÁLEZ, ANTONIO GUERRERO,
GERARDO HERNÁNDEZ, Y LUIS MEDINA,
Demandantes,
v.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
Demandados
__________
Sobre la petición de Revisión de Sentencia al
Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito
de Estados Unidos
__________
DOCUEMNTO PRESENTADO POR EL
CENTRO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN
MATERIA DE DERECHOS CIVILES DE LA
FACULTAD DE DERECHOS DE LA
UNIVERSIDAD HOWARD EN SU CONDICIÓN
DE AMIGO DE LA CORTE EN APOYO A LA
PETICION DE REVISIÓN
__________
DECLARACIÓN DE INTERÉS
Los Amigos de la Corte son el Decano y el
Centro de Asistencia Jurídica en materia de
Derechos Civiles de la Facultad de Derecho de
la Universidad Howard. Presentamos el presente
expediente en apoyo a la petición de revisión
hecha por los demandantes, a fin de instar
respetuosamente a este Honorable Tribunal

2
para que revoque la decisión del Onceno
Circuito que establece que los demandantes no
ejercieron su derecho al cambio de sede.
Durante 140 años la Facultad de Derecho de la
Universidad Howard ha formado abogados para que se
desempeñen como funcionarios públicos e ingenieros
sociales. Para cumplir esta misión, la Facultad coloca el
tema de la defensa de los derechos humanos en el centro
de sus prácticas educativas. Cuando hace más de 70
años, Charles Hamilton Houston, ex profesor de Derecho y
decano de Howard, y el difunto juez, Thurgood Marshall,
otrora estudiante de Howard, desarrollaron la estrategia
legal que puso en entredicho la perniciosa doctrina
segregacionista y racista de “separados pero iguales” en el
caso Plessy contra. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), su
lucha no era sólo contra la subordinación racial, sino
también contra todas las formas de injusticia que negaban
a los seres humanos un total y debido proceso, y que no
cumplían con la promesa de igual protección, consagrada
en la Constitución de los Estados Unidos.
Al rechazar la solicitud hecha por los
demandantes para cambiar la sede a sólo
treinta millas de Miami, Florida, el Onceno
Circuito obligó a cinco agentes del gobierno de
Fidel Castro a enfrentar un juicio en el
epicentro del movimiento contra Castro, en los
Estados Unidos. Al hacer esto, el tribunal
garantizó que los jurados fueran seleccionados
de entre un segmento de una comunidad
exacerbada por la pasión, deformada por los
prejuicios, sobrecogida por la violencia y
amenazada por la virulencia de la opinión
pública. En aquella atmósfera enrarecida, los
acusados no tenían ninguna oportunidad justa
de un juicio imparcial que no fuera la misma
que habrían tenido unos acusados negros ante
un jurado compuesto sólo por jueces blancos en
la era de Jim Crow.

3
RESUMEN DE RAZONES PARA
CONCEDER LA REVISIÓN
De conformidad con lo que establece la Sexta
Enmienda de la Constitución, los acusados
tienen el derecho a ser juzgados por un jurado
imparcial, seleccionado de un segmento justo
de la comunidad. Taylor contra Louisiana, 419
U.S. 522, 530 (1975). En el centro de la
doctrina del segmento justo se encuentra el
principio de que los conciudadanos del acusado
lo juzgarán con justicia y neutralidad, cuando
éstos representan a toda la comunidad y no
sólo a un segmento de ésta. Taylor, página 530.
Pero, un jurado formado por un segmento de la
comunidad nunca podrá ser justo cuando esa
comunidad está tan exacerbada por la pasión y
deformada por los prejuicios y, por tanto, el
jurado se convierte en el propio ente correctivo
para lo cual fue creado: la aplicación arbitraria
del poder del gobierno, la expresión de un
prejuicio irracional y una amenaza a la libertad
individual. Véase Groppi contra Wisconsin, 400
U.S. 505, 511 (1971).
El juicio de 2001 contra los demandantes en
Miami, Florida, tuvo lugar en un entorno
histórico, social y político en el que la
comunidad percibió a los demandantes como la
encarnación de un régimen malvado. En
Miami, Florida, alrededor del año 2001, ser un
agente del gobierno de Castro significaba en
efecto ser un miembro de un grupo minoritario,
despreciado por amplios segmentos de la
población, sometido a la violencia por grupos
marginales radicales, y que no era tomado en
cuenta por la sociedad dominante ni protegido
por la ley. En otras palabras, los agentes del
gobierno de Castro compareciendo en un juicio
en Miami, Florida, en el año 2001, no tenían
ninguna oportunidad justa de un juicio
imparcial que no fuera la misma que habrían

4
tenido unos acusados negros ante un jurado
compuesto sólo por jueces blancos en la era
Jim Crow.
Al argumentar que los demandantes no tenían
más probabilidades de tener un juicio justo en
Miami, Florida, que las que tenían los acusados
negros en el Sur de Jim Crow, los Amigos d ela
Corte no aducen que la sociedad actual en
Miami, Florida, es una repetición
contemporánea o un equivalente moral de la
sociedad Jim Crow. Solo intentamos demostrar
que las mismas condiciones que no hicieron
posible que los miembros del jurado de los años
de Jim Crow no vieran más allá de la raza de los
acusados, fueron las mismas condiciones que
imposibilitaron también que los jurados de
Miami vieran más allá de la conexión que tenía
el gobierno de Castro con los demandantes.
RAZONES PARA CONCEDER LA REVISIÓN
En fecha tan lejana como la década de 1940,
este Tribunal identificó que la doctrina del
segmento justo se refería al establecimiento de
un jurado que fuera “una verdadera
representación de la comunidad.” Smith contra
Texas, 311 U.S. 128, 130 (1940); véase también
Glasser contra los Estados Unidos, 315 U.S. 60,
86 (1942). Treinta años después, el Tribunal
convirtió esa doctrina en un requisito
constitucional cuando indicó, en el caso Taylor
contra Louisiana, que un jurado tiene más
probabilidades de ser imparcial si está
compuesto por representantes de todos los
segmentos y grupos de la comunidad, que crean
–de conjunto– un órgano capaz de emitir
“criterios atinados de la comunidad.” 419 U.S.
522, 530 (1975). El Tribunal en el caso Taylor
explicó que en el contexto de una causa penal a
nivel federal y de los requisitos de un juicio por
jurado que establece la Sexta Enmienda,

5
“nuestra concepción de lo que es un juicio
correcto se ha desarrollado de conformidad con
nuestros conceptos básicos de un sistema
democrático y un gobierno representativo.” Id.
(tomado de Glasser contra los Estados Unidos,
315 U.S. 360 (1942)). Como parte del sistema
democrático y como una expresión del gobierno
representativo, “el objetivo de un jurado es velar
por que no se ejerza el poder de manera
arbitraria y lograr que prevalezca el criterio
atinado de la comunidad, como garantía de
protección ante los criterios de fiscales
demasiado exigentes o errados, y en lugar de
una repuesta profesional o quizá demasiado
condicionada o sesgada de un juez.” Taylor,
419 U.S. en la página 530, (tomado de Duncan
contra Louisiana, 391 U.S. 145, 155-56 (1968)).
Sin embargo, la doctrina del segmento justo
es un medio y no un fin. Según el Tribunal,
“los requisitos que establece la Sexta Enmienda
sobre un segmento justo en una sede
constituyen un medio de garantizar, no un
jurado representativo (lo cual no está exigido
por la Constitución), si no un jurado imparcial
(que la Constitución sí establece).” Holland
contra Illinois, 493 U.S. 474, 480 (1980). Por
tanto, el hecho de que un jurado sea
seleccionado de entre un segmento de la
comunidad no garantiza necesariamente un
juicio justo cuando la propia comunidad es
fundamentalmente tan hostil contra los
acusados, que el propio entorno donde se
desarrolla el juicio se torna irremediablemente
enrarecido:
No puede haber justicia en un juicio donde
los miembros del jurado están exacerbados
por la pasión, deformados por los prejuicios,
sobrecogidos por la violencia y amenazados
por la virulencia de la opinión pública, o
manifiestamente prejuiciados por cualquier

6
influencia que actúe, ya sea de manera
abierta o insidiosa, a tal extremo que afecte
cualquier juicio crítico e impida la libertad
de actuar de forma justa.
Groppi contra Wisconsin, 400 U.S. 505, 511
(1971).
No faltan los ejemplos en nuestro pasado más
reciente de juicios en los que ha participado un
jurado exacerbado por la pasión, deformado por
los prejuicios, sobrecogido por la violencia y
demasiado amenazado por la virulencia de la
opinión pública, que no haya podido dictar un
veredicto justo. Véase Moore contra Dempsey,
261 U.S. 86 (1923); Powell contra Alabama, 287
U.S. 45 (1936); Brown contra Mississippi, 297
U.S. 278 (1936); Shepard contra Florida, 341
U.S. 50 (1951); Rideau contra Louisiana, 373
U.S. 723 (1963); Downer contra Dunaway, 1 F.
Supp. 1001 (D. Ga. 1932); el Estado contra
Wilson, 158 So. 621 (La. 1935); Browder contra
Commonwealth, 123 S.W. 328 (Corte de
Apelaciones de Kentucky 1909); Ex Parte
Hollins, 14 P.2d 243 (Corte de Apelaciones de
Oklahoma 1932). El denominador común en
casi todos estos casos es un conjunto de
condiciones históricas, sociales y políticas que
hicieron prácticamente imposible que el jurado
cumpliera sus propias funciones de
salvaguardar la libertad, proteger a los
ciudadanos contra el poder arbitrario del
gobierno y determinar la culpabilidad o
inocencia. Estas condiciones, que existieron
durante la era Jim Crow, y lamentablemente
prevalecen en la actualidad en Miami, Florida,
son las siguientes: 1) la existencia de un grupo
minoritario universalmente despreciado; 2) el
uso de la violencia por grupos marginales
radicales; 3) la tolerancia de esa violencia por
parte de la sociedad dominante; y 4) la
eliminación de cualquier voz disidente.

7
I. LAS PASIONES DEL MOVIMIENTO EN
CONTRA DE CASTRO ENVENENARON LA
ATMÓSFERA EN EL JUICIO DE LOS
DEMANDANTES Y CONSTITUYÓ UN
IMPEDIMENTO INSUPERABLE PARA LA
REALIZACIÓN DE UN DEBIDO PROCESO
Dante escribió en su Divina Comedia: estar
exiliado de tu propia patria significa “abandonar
todo lo que más amas”. 1 Durante casi medio
siglo, la vida de los cubanos en los Estados
Unidos ha parecido a menudo como el eco de
los lamentos del poeta Ovidio después de haber
sido expulsado de Roma: “el exilio es la
muerte”. 2 Para muchos cubano-americanos,
que viven en el epicentro del movimiento contra
Castro en Miami, Florida, al parecer, el paso del
tiempo ha hecho poco por apagar su odio
ferviente contra un régimen que ellos creen que
los expulsó hacia el exilio. Los Amigos de la
Corte con todo respeto consideran que no
constituye una señal de indiferencia en cuanto
a la sinceridad de ese sentimiento ni es un
punto de desacuerdo con la política de la causa
que defienden, llegar a la conclusión de que –
como debió concluir el Onceno Circuito– los
miembros de un jurado seleccionado de entre
un segmento de la comunidad nunca podrán
emitir un juicio crítico justo e imparcial sobre la
culpabilidad o la inocencia de las mismas
personas que ellos creen están impidiendo el
retorno de ellos a su país.
Poco después del triunfo la Revolución
cubana, las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos comenzaron a agriarse. Véase
1 Dante Alighieri, La Divina Comedia de Dante Alighieri:
Paraíso, 148 (traducción Alien Mandelbaum Universidad
de California Press 1982)
2 Véase Joe Marie Claasen, Displaced Persons: The
Literature of Exile from Cicero to Boethius 160 (1999).

8
Hernando Calvo & Katlijn Declercq, The Cuban
Exile Movement: Dissidents or Mercenaries 1
(2000). Muchos cubanos que apoyaban la
Revolución se sintieron traicionados cuando la
campaña nacionalista de Castro se convirtió en
un régimen comunista. Richard R. Fagen, et.
al. Cubans in Exile 34 (1968). Una vez que llegó
al poder, Castro confiscó y nacionalizó las
industrias privadas, impuso límites para el
tamaño y cantidad de las fincas que podían
tenerse e instauró tribunales revolucionarios
que sentenciaron a miles de cubanos a prisión o
al pelotón de fusilamiento. Robert M. Levine,
Secret Missions to Cuba 29, 31-33 (2001).
Inmediatamente después, la Isla comenzó a
experimentar un éxodo masivo de cubanos
hacia los Estados Unidos. Levine, supra en la
página 33. Estos exiliados, que
fundamentalmente eran blancos de las clases
alta y media, instruidos y acaudalados y
contrarios a la Revolución de Castro, se habían
visto prácticamente destituidos con la toma de
poder comunista. Id. en 42-3. Miami se
convirtió por tanto en el centro de una
comunidad de exiliados, cuyos miembros
compartían un deseo pertinaz de derrocar el
gobierno de Castro y recuperar la vida que
habían perdido al convertirse Cuba en un país
comunista. Véase Miami Now 83 (Guillermo J.
Grenier & Alex Stepick III eds. 1992).
Uno de los primeros movimientos contra
Castro que se fomentó en Miami fue la
operación Peter Pan para transportar a los
niños cubanos hacia Miami. Levine, supra,
páginas 43-44. Con financiación brindada por
la CIA y por otras agencias del gobierno, los
niños cubanos eran transportados por vía aérea
hacia los Estados Unidos y separados de sus
padres, sobre la base de rumores de que el
régimen de Castro pensaba enviarlos hacia

9
campos de educación soviéticos para
adoctrinarlos. Id. Algunos de estos jóvenes que
habían viajado como parte de la operación Peter
Pan se convirtieron posteriormente en
destacados empresarios y políticos en Miami.
Id. Un ejemplo de ellos fue Joe Carrollo, quien
llegó a convertirse en alcalde de Miami. Id. en
la página 45.
Durante los años subsiguientes, la Revolución
fue testigo de diferentes acontecimientos que
polarizaron aún más a las comunidades
cubanas en la Isla y en los Estados Unidos: a
saber la invasión de Bahía de Cochinos, la
Crisis Cubana de los Misiles, la Operación
Mangosta, etcétera. Véase Hernando Calvo &
Katlijn Declercq, The Cuban Exile Movement
(2000).
La invasión de Bahía de Cochinos fue un
intento fallido de los exiliados de invadir Cuba.
Levine, supra, página 52-53. La invasión fallida
trajo como resultado la muerte de más de 100
exiliados cubanos y la captura de 1 189
exiliados. Id. Algunos de los exiliados
capturados fueron liberados a cambio de un
rescate de 53 millones de dólares
estadounidenses, pagados por el gobierno de
Estados Unidos, como resultado de las
presiones ejercidas sobre Washington por la
comunidad de exiliados en Miami. Levine,
supra, página 54.
Poco después de la invasión de Bahía de
Cochinos, el presidente Kennedy aprobó la
Operación Mangosta, que tenía como objetivo el
derrocamiento del gobierno de Cuba. Véase
Calvo & Declercq, supra, páginas 7-8. Castro
recurrió al apoyo soviético, que condujo a la
construcción de 388 misiles tierra-aire en Cuba
y se convirtió en una amenaza real de posibles
ataques aéreos contra los Estados Unidos. Id.
Si bien la crisis de los misiles concluyó

10
finalmente en 1962, el sentimiento contra
Castro en los Estados Unidos continuó
incólume. Jane Franklin, Cuba and the United
States: A Chronological History, 66 (1997). En
julio de 1963, la Organización de Estados
Americanos tuvo una votación de 14 a 1, para
prohibir los viajes de los residentes de países
del hemisferio a Cuba, y la administración
Kennedy recrudeció el embargo que había
impuesto sobre el país hacía un año. Id.
Elementos de la comunidad cubana en el
exilio, incluidas figuras prominentes como Jorge
Mas Canosa y Luis Posada Carriles, lanzaron
sus propias cruzadas particulares para derrocar
a Castro de manera violenta. Véase Ann Louise
Bardach, Cuba Confidential: Love and
Vengeance in Miami and Havana, 171 (2002). Si
bien Canosa servía como el rostro público con
negocios exitosos y organizaciones de cabildeo,
Posada Carriles dirigía el ala violenta y radical
de las operaciones, en las que él “se mantenía
en la oscuridad, trabajando con operativos de
inteligencia, militantes opuestos a Castro,
asesinos mercenarios y, según documentos
desclasificados, afamados miembros de la
mafia.” Id. página 175.
A mediados de la década de 1960, Carriles
participó en una gran cantidad de actividades
terroristas desarrolladas fuera de Miami, y
apoyadas y financiadas por la CIA. Bardach,
Cuba Confidential, supra página 183. Antes de
caer en desgracia con la CIA y mudarse hacia
Venezuela, Carriles se había aliado con Orlando
Bosch, quien había permanecido durante cuatro
años en una prisión federal por disparar un
cañón de 57 milímetros contra un barco polaco
fondeado en el puerto de Miami. Id. páginas
183-84. Los esfuerzos de Carriles y Bosch
culminaron con la voladura de un avión
comercial cubano que transportaba al equipo

11
nacional de esgrima de Cuba. Id. páginas 189-
90.
Al regresar a los Estados Unidos, después de
una cuestionable absolución en un tribunal de
Venezuela en 1986, Bosch fue arrestado, y muy
rápidamente se convirtió en “una celebridad
entre los líderes del exilio.” Id. página 201.
Muchos miembros prominentes de la
comunidad cubana en el exilio dieron un paso
al frente para defenderlo. La Representante
Ileana Ros-Lehtinen, cuya campaña estaba
siendo dirigida por el gobernador Jeb Bush,
realizó su campaña utilizando el tema de la
liberación de Bosch. Id. páginas 201-02. Otros
llegaron incluso más lejos e hicieron llamadas
amenazando con usar bombas contra la
instalación de los Servicios de Inmigración y
Naturalización en la que estaba retenido Bosch.
Id. página 202. A pesar de las recomendaciones
de su propio Departamento de Justicia, que
determinó que Bosch “había defendido de
manera decidida e inquebrantable el uso de la
violencia [durante 30 años],” el presidente
George Bush aceleró la liberación de Bosch, y
posteriormente le otorgó la residencia de los
Estados Unidos. Id.
Otros ejemplos de este sentimiento extremista contra
Castro presente en Miami incluyen la creación y las
operaciones continuas de grupos paramilitares opuestos a
Castro entre la comunidad del exilio. Véase Calvo &
Declercq, supra, página 19. Uno de esos grupos es Alpha
66, que opera en un campo de entrenamiento militar
ubicado a 45 minutos de la ciudad de Miami. Id. página
25-26. Una investigación realizada por un comité especial
del Senado de los Estados Unidos reveló que “Alpha 66 de
conjunto con la CIA han participado en al menos dos
intentos de asesinato contra Fidel Castro.” Id. página 25.
Aunque la investigación reveló también que Alpha 66
contaba con “los motivos, la capacidad y los recursos para
asesinar al presidente Kennedy,” la Oficina del

12
Comisionado de Miami ayudó a financiar al grupo, con
una contribución de 100.000 dólares estadounidenses en
1982. Id.
El silenciamiento de cualquier discurso
conciliatorio hacia Cuba se ha manifestado en
todos los aspectos de la vida en Miami, y recibe
un apoyo activo por parte de las autoridades
municipales de esa ciudad. A principios de
2006, la comunidad opuesta a Castro realizó un
cabildeo para que la junta de educación de
Miami prohibiera un libro para niños, que al
parecer presentaba a Cuba de manera positiva.
Am. Civil Liberties Unión contra Miami-Dade, 439
F.Supp.2d 1242, 1247 (S.D. Fla. 2006). La
comunidad comparó este libro con un culto al
demonio y lo consideró como una propaganda a
favor del régimen de Castro. Rob Jordán,
Commie Book Ban; Vamos a Cuba has Become
an Unlikely Lightening Rod, Miami New Times,
10 de agosto de 2006, página 1. El Distrito
Escolar prohibió el libro, anulando así una
decisión tomada por la junta, que normalmente
se ocupa de tomar ese tipo de decisiones. Am.
Civil Liberties Unión, 439 F.Supp.2d página
1157. En Julio de 2006, el Tribunal de Distrito
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la
Florida dictaminó que la prohibición del libro
por parte del Distrito Escolar violaba las
protecciones constitucionales a favor de la
libertad de expresión. Id. página 1272.
En 1988, el Museo Cubano de Arte y Cultura
se convirtió en un sitio de controversia. City
Museum of Art's and Culture, Inc., contra Miami,
766 F.Supp. 1121, 1122 (S.D. Fla. 1991). En
aquel momento, el museo estaba subastando
obras de artistas cubanos que vivían en Cuba o
que no habían renunciado abiertamente al
gobierno de Castro. Id. La noche en que tuvo
lugar la subasta, una obra de una artista
cubano fue subastada y posteriormente

13
quemada cerca de la famosa avenida Ronald
Reagan. Lissette Corsa, Art to Burn, Miami New
Times, Abril 8, 1998, página 1. Después de este
incidente, el museo enfrentó una descarga de
amenazas realizadas por exiliados opuestos a
Castro. City Museum of Arts and Culture, Inc.,
766 F.Supp. 1121, 1122. Un miembro de la
junta directiva resultó herido por la explosión de
una bomba en el automóvil, y todos los
miembros de la junta fueron presionados para
que renunciaran. Id. página 1123. La Oficina
del Comisionado de la ciudad de Miami intentó
cerrar el museo mediante, entre otras cosas, la
revocación de su condición de centro no
lucrativo. Id. Cuando el contrato de
arrendamiento del museo caducó en 1991, la
Oficina del Comisionado de la Ciudad se negó a
renovarlo. Id. página 1124. Con el tiempo, el
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para
el Distrito Sur de la Florida dictaminó que las
acciones de la oficina del Comisionado habían
violado la Primera Enmienda de los Estados
Unidos. Id. página 1131.
A principios del decenio de 1990, los exiliados
opuestos a Castro organizaban a menudo
marchas de protesta frente a la emisora de
radio de Francisco Aruca, un defensor del
comercio libre con Cuba y anfitrión de un
programa de radio que presentaba entrevistas.
Clara Germans, Cool Cuban Heats Miami
Tempers, The Christian Science Monitor, 7 de
abril de 1992. Estos manifestantes rompieron
las ventanas de la emisora y amenazaron a los
patrocinadores comerciales del programa de
radio de Aruca. Id.

14
II. LA DINÁMICA POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ERA
JIM CROW ENVENENABA LA ATMÓSFERA DE
LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES MARCADOS
POR EL RACISMO Y ERA UN IMPEDIMENTO
INSUPERABLE PARA LA REALIZACIÓN DE UN
DEBIDO PROCESO
La intransigencia y la violencia del
movimiento opuesto a Castro envenenaron la
atmósfera en el juicio de los demandantes de la
misma forma en que la intransigencia y la
violencia de la sociedad Jim Crow envenenaban
los procesos legales cuando el tema racial era
una cuestión que se analizaba en el proceso.
Esto no es decir que Miami, Florida, sea la
reiteración contemporánea o el equivalente
moral de la sociedad Jim Crow. Decir esto sería
una afrenta insoportable e inmerecida contra la
mayoría de los miembros de la comunidad
cubano-americana. Pero, el problema es que
los agentes del gobierno de Castro evocaban en
las mentes de los miembros del jurado en
Miami, el mismo símbolo de temor y aversión
que los acusados negros evocaban en la
imaginación de los jurados blancos en la era
Jim Crow. Una breve historia de la sociedad
Jim Crow y los procesos legales marcados por el
racismo que esta sociedad engendraba, pueden
ayudarnos a aclarar este punto. 3
3 La historia de la sociedad Jim Crow ha sido
ampliamente documentada por los sociólogos, académicos
del Derecho, y por este propio Tribunal. Véase Herbert
Hovenkamp, Social Science and Segregation Before Brown,
1985 Duke L.J. 624 (1985); James W. Fox, Imitations of
Citizenship: Repressions and Expression of Equal
Citizenship in the Era of Jim Crow, 50 How. L.J. 113
(2006); Missouri contra Jenkins, 515 U.S. 70 (1995);
Regentes de la Universidad de California contra Bakke,
438 U.S. 265 (1978).

15
A. La sociedad Jim Crow estuvo caracterizada
por una atmósfera de una profunda
hostilidad racial, violencia de los grupos
radicales contra los negros, la tolerancia de
esa violencia por parte de la sociedad
dominante y el silenciamiento de las voces
disidentes
Al terminar la Guerra Civil, los esclavos recién
liberados representaban una minoría
universalmente despreciada. Véase David M.
Chalmers, Hooded Americansim: The History of
the Ku Klux Klan Tercera Edición. 11-14 (1987).
En el Sur, los blancos ex dominantes “vivían
con el temor de que sus tierras pudieran ser
fácilmente” objeto de “las insurrecciones de los
negros.” Id. Las tensiones raciales
aumentaban, lo cual hacía que se produjeran
disturbios por parte de los negros, y hacía que
los negros huyeran para ocultarse en zonas
boscosas. Id. página 14. En el Norte, la cada
vez mayor migración de los negros hacia las
ciudades urbanas engendraba la discriminación
en los sitios de alojamiento público y
deterioraba las actitudes raciales. Véase
Michael J. Klarman, From Jim Crow to Civil
Rights: The Supreme Court and the Struggle for
Racial Equality 12 (2004).
Más allá de toda aquella hostilidad racial
surgía la era Jim Crow caracterizada por un
apartheid racial aprobado por el estado,
durante la cual el Sur adoptaba explícitamente
un sistema de casta racial y el Norte lo toleraba
tácitamente; este sistema estaba diseñado para
mantener la supremacía blanca y la inferioridad
negra. Con el establecimiento de ese sistema,
las razas eran segregadas formalmente en casi
todas las esferas de la vida pública y social,
incluidas las escuelas, el transporte, la
vivienda, el trabajo, la Iglesia y el matrimonio.
Véase Herbert Hovenkamp, Social Science and

16
Segregation Before Brown, 1985 Duke L.J. 624
(1985). 4 La mayoría de los estados del Sur
aprobaron los impuestos sobre el derecho al
sufragio y los exámenes para determinar el
nivel de instrucción, a fin de impedir el voto de
los negros. La desigualdad racial en los gastos
de educación se hizo enorme y las legislaturas
aprobaron nuevas medidas para coaccionar a
los negros para que realizaran las labores
agrícolas. Véase Klarman, supra, páginas
10-11.
La segregación social se aplicaba mediante la
violencia física. Véase David Chalmers,
Backfire, How the Ku Klux Klan Helped the Civil
Rights Movement 15-17 (2003). La cantidad de
negros que eran linchados cada año aumentaba
considerablemente. Id. El Ku Klux Klan y otros
grupos violentos aumentaban, con el fin de
destruir la “eficacia política” de los negros,
aterrorizando a los negros y a los Republicanos
del norte a fin de mantener la supremacía
blanca. Véase Chalmers, Hooded Americansim,
supra, páginas 14-18. Los miembros del Klan
publicaban amenazas en los periódicos locales,
pegaban advertencias en los árboles y
ordenaban a hombres armados y enmascarados
a cabalgar alrededor de los pueblos donde
4 Este Tribunal, en el caso de Plessy contra Ferguson,
apoyó inicialmente el sistema de castas raciales y se
necesitó no solo el caso de Brown contra La junta de
Educación, 347 U.S. 483 (1954) sino también otras
sentencias para que finalmente se llegara a erradicar de
raíz la segregación en la vida de los Estados Unidos.
Véase por ejemplo: Turner contra la Ciudad de Memphis,
369 U.S. 350 (1962) (en el restaurante del aeropuerto
municipal); New Orleans City Park Improvement Assn.
contra Detiege, 358 U.S. 54 (1958) (los parques); Gayle
contra Browner, 352 U.S. 903 (1956 (los ómnibus);
Holmes contra la Ciudad de Atlanta, 350 U.S. 879 (los
campos de golf) (1955); Alcalde de Baltimore contra
Dawson, 350 U.S. 877 (las playas) (1955).

17
hacían sus reuniones los Republicanos y cerca
de las viviendas de los blancos y los negros que
apoyaban la reconstrucción. William L. Katz,
The Invisible Empire: The Klu Klux Klan Impact
on History, 31 (1986). Si las amenazas no eran
eficaces, los miembros del Klan “incendiaban
los graneros, las viviendas y las salas de
reuniones” Id. Los maestros eran golpeados,
marcados, asesinados y expulsados del estado
por enseñar a los niños negros. Id. página 42;
véase también Chalmers, Hooded Americansim
supra, página l5.
Si bien el Klan y otros grupos violentos no
podían contar con la mayoría de la población
como miembros oficiales, éste y otros grupos
prosperaban porque disfrutaban del apoyo
tácito de la comunidad como un todo, así como
de los círculos de poder político, empresarial y
represivo. Véase Glenn Feldman, Politics,
Society and the Klan in Alabama 1915-1949 77-
91 (1999). El Klan “recurría con éxito a una
mayor violencia...a menudo los legisladores no
interferían y apoyaban esa violencia, y los
jueces y jurados no la condenaban [ni] la
castigaban.” Véase Chalmers, Backfire supra
página 40. En varios estados donde el Klan
estaba bien organizado, los sheriffs no
arrestaban a los miembros del Klan por cometer
delitos contra los negros, quienes a su vez
dejaron de denunciar los delitos. Id. página 44.
Algunos de los pobres que se unían al Klan
declaraban que lo habían hecho “para evitar ser
víctimas de esta organización.” Chalmers,
Hooded Americanism, supra página 18.
Finalmente, el sistema de apartheid racial se
mantuvo, no solo para la represión violenta
contra los negros y el énfasis tácito de la
sociedad blanca dominante, sino también para
la represión contra cualquier voz disidente. En
Alabama, después que los miembros del Klan
ganaron las elecciones estaduales en 1926,

18
estos utilizaron la violencia para silenciar a los
blancos que se oponían al programa del Klan.
Feldman, supra, páginas 84-92. Cuando
Clarence Darrow pronunció su discurso en
Mobile, Alabama, denunciando la supremacía
blanca e instando a los negros a poner
resistencia ante la represión racial, el Klan
circuló folletos que catalogaban de agitador a
Darrow y envilecían su imagen. Id. página 96.
Cuando se circularon los rumores acerca de los
planes del Klan de linchar a Darrow, para
garantizar su seguridad los detectives montaron
a Darrow en un tren y lo sacaron del pueblo. Id.
páginas 96-97.
En 1961, cuando los freedom riders (NT:
activistas de derechos civiles que exigían el
derecho de los negros a utilizar el transporte
público en Alabama) intentaron eliminar en el
Congreso para la Igualdad Racial la segregación
racial en las instalaciones públicas mediante la
organización de viajes en ómnibus por todo el
Sur, estos fueron víctimas de una violencia
inmediata. Chalmers, Backfire, supra, páginas
27-30. Por ejemplo, cuando los freedom riders
llegaron a Anniston, Alabama, una multitud que
incluía a miembros del Ku Klux Klan, “golpeó
los ómnibus con bastones y tubos, rompió las
ventanillas [y] acuchilló sus gomas.” Id. página
30. Utilizaron una bomba para obligar a los
pasajeros a bajar del ómnibus y los golpearon
brutalmente. Id. Un segundo grupo de freedom
riders sufrió los mismos ataques brutales en
Birmingham, Alabama. Id. páginas 30-31. Un
tercer grupo de freedom riders, incluidos
trabajadores de los medios y un representante
personal del Presidente Kennedy, fueron
golpeados por la multitud enfadada. Id. página
32. En 1964, en Mississippi, el Klan golpeó,
disparó y encarceló a trabajadores que
defendían los derechos civiles. Id. página 52.
Durante ese verano, los miembros del Klan

19
fueron responsables de “ochenta golpizas, y de
incendiar y poner bombas en al menos sesenta
y cinco viviendas, iglesias y otros edificios”,
incluido el asesinato de al menos ocho
personas. Id.
B. La violencia social y política de la sociedad de
Jim Crow trajo como resultado la realización
de juicios en la comunidad, influenciados
por las turbas, en los cuales el tema racial
era un impedimento insuperable para la
realización de un debido proceso
La cantidad de juicios caracterizados por el
racismo que tuvieron lugar durante la era Jim
Crow dista mucho de poder ser relacionada en
este documento, pero algunos de los ejemplos
que brindamos a continuación son de hecho un
símbolo de un fenómeno en el que los miembros
de jurados reflejaban los prejuicios de la
comunidad en lugar de actuar con justeza.
El caso Browder contra Commonwealth, 123
S.W. 328 (Corte de Apelaciones de Kentucky.
1909), incluyó el enjuiciamiento y condena de
un negro acusado de disparar y asesinar a su
jefe blanco. El acusado, Browder, declaró que
había actuado en defensa propia, y demostró
que le había disparado a su jefe sólo después de
que éste le había disparado a él, dejando una
bala alojada en la espalda de Browder.
Después del arresto de Browder, dos bandas
tomaron por asalto la prisión y al no poder
localizar a Browder, lincharon a cuatro negros
inocentes. Id. página 330. El linchamiento
trajo como resultado una “alarma de
medianoche”, en la que los blancos de la
comunidad, por temor a una reacción violenta
de los negros, recurrieron al uso de las armas.
Id. “Hasta el momento del juicio, el sentimiento
público que existía en el país era que resultaba
imposible estimular a un abogado local a

20
participar en la defensa,” sin embargo, los
miembros del tribunal que participaron en el
juicio rechazaron la moción de cambio de sede
presentada por Browder. Id. página 331. La
Corte de Apelaciones anuló la decisión sobre la
sede tomada por el tribunal y declaró: “el
sentimiento racial provocaba tanta excitación
que el acusado, quien era la causa inmediata de
tal excitación, no iba a poder tener un juicio
justo” en Russelville. Id. El tribunal decidió que
“cuando la mente de las personas está tan
excitada por la hostilidad racial, ello puede
consumir a las personas, pero –aunque no sea
aparente– este sentimiento no desaparece
rápido –por el contrario– a menudo se disemina
y fortalece.” Id.
En el caso, Moore contra Dempsey, 261 U.S.
86 (1923), seis acusados negros apelaron contra
las sentencias de pena de muerte que le habían
sido impuestas por un asesinato
supuestamente cometido en relación con los
infames disturbios raciales en el Condado de
Phillips, Arkansas, en el otoño de 1919.
Dempsey, 261 página 87. Un altercado inicial
en el que los blancos habían disparado contra
una reunión sindical que realizaban unos
negros en una iglesia y los negros devolvieron el
fuego, matando a un blanco, se convirtió
rápidamente en un delito de mutilación. Id.
Los blancos maleantes que merodeaban por el
lugar, algunos de los cuales acudieron en masa
al Condado de Phillips, procedentes de estados
cercanos y disfrutaron la participación de las
tropas federales que fueron utilizadas con el
pretexto de sofocar el disturbio, arremetieron
contra los negros, persiguiéndolos hasta las
zonas rurales del condado y asesinando (según
estimados) a cerca de 250 negros. Id. 5 . Como
5 Véase también Richard C. Cortner, A Mob Intent on
Death: The NAACP and the Arkansas Riot Cases (1988).

21
resultado del disturbio, setenta y nueve negros
(y ningún blanco) fueron sometidos a juicio;
doce de ellos fueron sentenciados a pena de
muerte por el asesinato; seis de ellos
participaron en la apelación presentada ante la
Corte Suprema de los Estados Unidos, como
parte del caso Moore contra Dempsey. Id.
página 101 n.2. La Corte revocó sus condenas
sobre la base de que los procedimientos legales
dominados por turbas violaban la Cláusula de
Debido Proceso. Id. página 87.
En el caso, Downer contra Dunaway, 1 F.
Supp. 1001 (D. Ga. 1932), el tribunal federal de
primera instancia de Georgia anuló la condena
y la pena de muerte impuesta contra un negro,
John Downer, por haber violado a una mujer
blanca. Antes del arresto de Downer, la policía
había arrestado a otros cuatro negros por el
delito y una multitud inmensa y hostil de 1 500
personas había rodeado la prisión donde se
encontraban encarcelados los cuatro
sospechosos. Id. Para evitar los linchamientos
de la multitud, los oficiales de la policía se
llevaron a los sospechosos hacia otro condado.
Id. Un día después, la policía arrestó al
acusado y a otro sospechoso, y la multitud
volvió a movilizarse una vez más en el exterior
de la prisión. Id. página 1002. El gobernador
solicitó la intervención de tropas de la Guardia
Nacional y los funcionarios de la policía
disfrazaron al acusado con uniformes de la
Guardia Nacional para poder transportarlo a la
prisión de otro condado. Id. El acusado fue
llevado a juicio y condenado por un gran jurado
el mismo día. Durante el juicio, la Guardia
Nacional tuvo que rodear la sede del tribunal
para impedir que la multitud acumulada en el
lugar linchara al acusado. Id. El juicio
comenzó a las 10 de la mañana y el jurado

22
emitió su veredicto y sentenció al acusado a la
pena de muerte a las 10 de la noche del mismo
día, después de sólo cinco minutos de
deliberación. Id.
En el caso con la concurrencia de una sola
parte (Hollins), 14 P.2d 243 (Corte de
Apelaciones de Oklahoma. 1932), la corte de
apelaciones revocó la condena y la sentencia de
pena de muerte que se había impuesto contra
un negro acusado de violación. Un día después
de la supuesta violación, dos bandas se
agruparon e intentaron linchar al acusado
antes del juicio. Id. página 245. El mismo día
que el acusado renunció a su derecho a tener
una audiencia preliminar, compareció ante el
tribunal del distrito e hizo una confesión
judicial de culpabilidad, y el juez lo sentenció a
la pena de muerte en la silla eléctrica; todo ello
se realizó sin la presencia de un abogado
defensor. Id. El juez que participó en el juicio
“temía que si la comparecencia ante el juez y la
sentencia se demoraban podría ocurrir un
estallido de violencia en el condado de Creek.”
Id. página 246. Para determinar si el acusado
no había tenido un debido proceso legal, la
Corte de Apelaciones consideró que, si bien un
acusado puede renunciar voluntariamente a su
derecho de cambiar la sede, “el indefenso negro,
con el terror de la multitud en su mente, no
hizo ni pudo hacer nada voluntariamente, y por
tanto no renunció a ninguno de sus derechos
constitucionales.” Id.
En el caso el Estado contra Wilson, 158 So.
621 (La. 1935), Wilson, un hombre negro, apeló
contra la condena por asesinato y la pena de
muerte por ahorcamiento que le había sido
impuesta por el asesinato de un ayudante de
alguacil de la policía, quien había intentado
detener a Wilson sin una orden de arresto. Id.
página 622. Fue una escaramuza en la cual se
disparó contra los familiares de Wilson, y contra

23
el propio Wilson, quien recibió heridas de bala
en el muslo. Id. Los oficiales de la policía
arrestaron a toda la familia de Wilson, incluidos
los niños que vivían en la casa. Id. Acusaron a
uno de los hermanos de Wilson y a su madre de
los principales cargos imputados y mantuvieron
al resto de la familia arrestada para que
sirvieran como testigos esenciales. La noche en
que tuvo lugar el arresto de Wilson, uno de los
hermanos de Wilson murió en la prisión de un
balazo en el estómago, mientras la comunidad
intentaba linchar al resto de la familia. Id. El
juez actuante programó el caso para que el
juicio se realizara sólo seis días después de la
comparecencia ante el juez, y rechazó una
solicitud de aplazar el proceso realizada por los
abogados de Wilson, a pesar de que éstos sólo
habían tenido cuatro días, incluido el fin de
semana, para prepararse para el juicio; a pesar
de que los fuertes dolores de Wilson provocados
por la heridas de bala lo incapacitaron para
ayudar a sus abogados a preparar la defensa; a
pesar de que el médico de la prisión indicó que
Wilson no podía caminar ni ponerse de pie y
tendría que ser transportado hacia la sede del
tribunal; y a pesar de que el día del juicio, tanto
Wilson como los testigos esenciales tuvieron
que permanecer en prisión para protegerse de
una multitud hostil de manifestantes. Id. El
día después que se presentó el caso, el jurado
declaró culpable a Wilson. Id.
El caso de Powell contra Alabama, 287 U.S. 45
(1936), fue una de las numerosas decisiones
estaduales y federales en torno al incidente de
los Chicos de Scottsboro. En ese caso, un
grupo de jóvenes negros fue acusado, enjuiciado
y condenado en Alabama por haber violado a
dos mujeres blancas. Las subsiguientes
apelaciones dieron lugar a un gran número de
deficiencias constitucionales en la fase inicial,
como por ejemplo: el hecho de que las

24
confesiones de los acusados habían sido
tomadas bajo coerción y prácticamente a todos
ellos se les había negado el derecho a una
asesoría legal adecuada. Sin embargo, lo más
lo más relevante para el caso que se presenta
ante el tribunal es la descripción del
sentimiento de la comunidad en el momento del
arresto de los acusados y durante su juicio.
Como fue descrito por este tribunal “una
cuadrilla armada por el alguacil aprehendió a
los acusados” Powell, 287 U.S. página 51.
“Rumores sobre su llegada y su supuesto asalto
los había precedido, y fueron recibidos en
Scottsboro por una gran muchedumbre.” Id. La
“actitud de la comunidad estuvo caracterizada
por una gran hostilidad,” y “cada paso que se
dio desde el arresto y la comparecencia ante el
juez hasta la sentencia contó con la compañía
de los militares.” Id. En breves palabras, este
Tribunal revocó la sentencia, con la observación
de que “era perfectamente aparente que el
proceso legal, de principio a fin, había tenido
lugar en una atmósfera plagada de tensión,
hostilidad y un sentimiento de excitación por
parte del público.” Id. página 51.
En el caso Brown contra Mississippi, 297 U.S.
278 (1936), tres hombres negros fueron
enjuiciados y condenados por el asesinato de un
hombre blanco. La prueba fundamental
presentada en el juicio fue las confesiones de
los acusados. Sin embargo, según recuento del
Tribunal, el primer acusado confesó después
que el ayudante del alguacil, acompañado por
una multitud de la comunidad, lo colgó de un
árbol dos veces y posteriormente lo golpeó hasta
obtener su confesión. Id. página 281. El resto
de los acusados confesó después de haber sido
desnudados, acostados sobre unas sillas y
golpeados con una correa de cuero llena de
hebillas hasta que “sus espaldas quedaron
destrozadas.” Id. página 281. El juicio contra

25
los acusados negros que duró sólo un día
terminó con una sentencia por asesinato, a
pesar de que “el expediente de los testimonios
muestra que las marcas en el cuello [de uno de
los acusados] eran claramente visibles…” Id.
página 281.
En el caso de Shepard contra Florida, 341 U.S.
50 (1951), dos hombres negros fueron acusados
de haber violado a una mujer blanca. El
tribunal del circuito los declaró culpables del
delito. Id. página 50. Este Tribunal revocó la
sentencia, aduciendo que el tribunal actuante
en el juicio había cometido un error al rechazar
la moción presentada por el acusado para un
cambio de sede. Entre otros hechos, el Tribunal
indicó que: los periódicos de la comunidad
habían informado falsamente que los acusados
habían confesado haber cometido el crimen;
una multitud se reunió y exigió a los oficiales de
la policía que le entregaran a los acusados; los
acusados tuvieron que ser transferidos a una
prisión del estado para impedir que la multitud
los linchara; la multitud enfurecida incendió la
vivienda de uno de los padres de los acusados y
las de otros negros de la comunidad; los negros
tuvieron que abandonar sus viviendas y escapar
de la comunidad para impedir que la multitud
los linchara; y hubo que llamar a la Guardia
Nacional para que intentara restaurar la paz.
Shepard, 341 U.S. páginas 51-53 (Jackson, J.,
juez concurrente). La moción presentada por
los acusados para aplazar el proceso hasta que
hubiera amainado la pasión de la comunidad y
cambiar la sede fue rechazada. Id. página 53.
En su opinión concurrente, el Juez Jackson
escribió:
Este juicio tuvo lugar en condiciones
difíciles y estuvo acompañado de sucesos,
que negarían a los acusados la posibilidad
de tener un juicio justo ante cualquier tipo

26
de jurado. No concibo que de manera
práctica ningún negro dentro del jurado se
hubiera atrevido a entrar en desacuerdo o
buscar una absolución. La única
posibilidad que estos negros tenían de
obtener una absolución hubiera sido por el
coraje y la decencia de algún blanco
inquebrantable y franco con suficiente valor
para enfrentar y olvidar el odio que hubiera
ocasionado una votación de ese tipo –de
haber sido necesaria– entre sus vecinos
blancos.
Id. página 55.
En el caso de Rideau contra Louisiana, 373
U.S. 723 (1963), el acusado, un hombre negro,
fue condenado por el asesinato de un blanco.
El juicio tuvo lugar en la Parroquia de
Calcasieu, Louisiana, después que agentes
represivos permitieron que una estación de
televisión local filmara en secreto una entrevista
realizada al acusado, en la que hizo
declaraciones que lo inculpaban después de
toda una noche de interrogatorio. La entrevista
se transmitió entonces repetidamente en la
parroquia y en comunidades cercanas, y ello
exacerbó los sentimientos de la comunidad a tal
punto que este Tribunal, al reservarse la
condena del señor Rideau, describió el proceso
legal en el juicio como un “proceso irregular y
arbitrario.” Rideau, 373 U.S. página 726.
Si bien no todos estos casos estuvieron
relacionados necesariamente con las normas
constitucionales para el cambio de sede en un
proceso legal, todos ellos, de conjunto con otros
procesos que por ser demasiados no se podrían
analizar en este documento, sirven como prueba
histórica de cómo, al igual que en el caso del
juicio contra los demandantes en Miami,
Florida, los prejuicios de la comunidad y las
pasiones del momento pueden convertir a los

27
juicios y los jurados en una amenaza para la
libertad de las personas.
CONCLUSIÓN
Debido a las razones expuestas anteriormente y a
aquellas presentadas en la Petición, rogamos a la Corte
que conceda la solicitud de revisión.
Atentamente,
KURT L. SCHMOKE
Decano y Profesor de
Derecho
FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD
HOWARD
ADERSON BELLEGARDE
FRANÇOIS
Abogado representante
Profesor Adjunto de
Derecho y Fiscal
Supervisor
Centro de Asistencia
Jurídica en materia de
Derechos Civiles
FACULTAD DE DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD HOWARD
2900 Van Ness Street NW
Washington, DC 20008
(202) 806-8065

No. 08-987
EN EL
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
––––––––––––––––––––––––
RUBEN CAMPA, RENE GONZALEZ, ANTONIO GUERRERO,
GERARDO HERNANDEZ Y LUIS
MEDINA,
v.
Demandantes,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
Demandado
––––––––––––––––––––––––
SOBRE PETICIÓN DE REVISIÓN AL TRIBUNAL DE
APELACIONES DEL ONCENO CIRCUITO DE LOS ESTADOS
UNIDOS
––––––––––––––––––––––––
DOCUMENTO AMIGOS DE LA CORTE CURIAE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS
DEMOCRÁTICOS, ASOCIACIÓN AMERICANA DE
JURISTAS, ASOCIACIÓN INDIA DE ABOGADOS, DROIT
SOLIDARITE, LA SOCIEDAD HALDANE, ASOCIACIÓN
ITALIANA DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS,
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS JAPONESES A FAVOR DE
LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, LA UNIÓN
NACIONAL DEE ABOGADOS POPULARES DE FILIPINAS,
ASOCIACIÓN PORTUGUESA DE ABOGADOS
DEMOCRÁTICOS Y RED BELGA DE ABOGADOS POR EL
PROGRESO EN APOYO DE LOS DEMANDANTES
JEANNE MIRER
Abogado Representante
Eisner & Mirer P.C.
113 University Place,
8th Floor
New York, NY 10003
(212) Í73-8700

i
ÍNDICE
Página
INDICE DE FUENTES .............................................. ¡Error! Marcador no definido.
DECLARACIONES DE INTERESES............................................................................. 1
DOCUMENTO DE AMIGOS DE LA CORTE.................................................................. 9
I. Introducción.................................................................................................... 9
II.
El derecho a ser juzgado de forma imparcial es un derecho reconocido universalmente.10
III. Los requerimientos de sede en la Constituión nunca tuvieron la intención
de menoscabar el derecho del acusado a un juicio imparcial. ....... ¡Error! Marcador no
definido.
IV. El hecho de que los tribunales inferiores no hayan permitido el cambio de sede socavó el
principio universal de imparcialidad. .......................... ¡Error! Marcador no definido.
V. El tribunal inferior debió haber cambiado la sede. ................................................ 15
CONCLUSIÓN ......................................................................................................... 22
APÉNDICE I ............................................................................................................ 23
Otras Descripciones de los Amigos de la Corte en Apoyo a sus Declaraciones
de Intereses ............................................................................................................24

ii
INDICE DE FUENTES
CASOS
PÁGINA
Irvin v Dowd, 366 U.S. 717 (1961)........................................................................11
Virgil v Dretke, 446 F.3d 598, (5to Cir. 2006) 12

DECLARACIONES DE INTERESES
Los Amigos de la Corte son organizaciones de
abogados y juristas de todo el mundo que han estado
observando este caso con gran preocupación durante muchos
años. Los Amigos de la Corte saben que en Miami vive una
población grande de exiliados cubanos. Esta población apoya
a muchos grupos políticos y paramilitares dedicados al
derrocamiento del gobierno de Castro. Este Tribunal y la
comunidad internacional han reconocido desde hace tiempo
que los acusados de causas penales tienen derecho a un juicio
justo por parte de un órgano imparcial. Los Amigos de la
Corte presentan este Documento de Amigos de la Corte a fin
de comunicar a este tribunal la aceptación internacional del
reclamo de los Demandantes en su Petición de que ellos no
obtuvieron un juicio justo en Miami y recalcar que los
Demandantes argumentaron razones importantes para que este
tribunal otorgue la revisión.
Todas las Partes expresaron por escrito su
consentimiento respecto de la presentación del presente
documento. 1
Asociación Internacional de Abogados
Democráticos: La Asociación Internacional de Abogados
Democráticos (AIAD) es una organización internacional de
abogados y juristas con asociaciones miembros e individuos
miembros en más de 90 países. La AIAD fue reconocida
como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). La AIAD fue fundada en 1946 por un
grupo grande de abogados, muchos de los cuales actuaron
1
De conformidad con la Norma 37.6 de la Corte, el presente
documento no es de autoría total ni parcial de los abogados de
las partes y ninguna persona ni entidad distinta de los Amigos
de la Cortes han realizado contribución monetaria alguna para
la elaboración o presentación del mismo.
1

como fiscales en los juicios de Nuremberg. El primer
Presidente de la AIAD fue Rene Cassin, jurista francés quien
es el autor principal de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (UDHR) cuyo 60º Aniversario se celebró
el pasado año. 2 La solicitud de la AIAD de participar en
calidad de Amigo de la Corte es consecuente con sus
propósitos. Los miembros de la AIAD en todo el mundo
sienten gran consternación ante el hecho de que el Tribunal no
aceptó la moción por un cambio de sede del caso que se
procesaría en Miami. Los transcriptos del caso muestran que
esos grupos eran bien conocidos y sus actividades muy
difundidas en los medios de prensa de Miami. Muchas de sus
actividades están recogidas en las referencias de la decisión
inicial del panel del Onceno Circuito y en la opinión
discrepante expresada ante la decisión en pleno y no han sido
impugnadas por el gobierno ni por la mayoría en la decisión
en pleno. Las evidencias presentadas al Tribunal demuestran
que su influencia en Miami es inmensa. A la AIAD le
inquieta que los tribunales de primera instancia se negaron a
ponderar apropiadamente la evidencia de prejuicio al
determinar si se aceptaba o no el cambio de sede. La AIAD
presentó un documento de Amigo de la Corte ante el Tribunal
de Apelaciones argumentando, como ahora, que a los
acusados se les ha denegado el acceso a un juicio justo en
Miami. El interés de la AIAD de procurar reafirmar el
derecho a la celebración de un juicio por jurados imparciales
motiva la participación de la organización en calidad de
Amigo de la Corte en apoyo de la solicitud de los
Demandantes de que se les otorgue la revisión.
Asociación Americana de Juristas: La Asociación
Americana de Juristas, “AAJ”, es una organización no
gubernamental internacional de abogados y juristas, fundada
en Panamá en 1975. Desde 1989, la AAJ fue reconocida
como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas. Asimismo, la AAJ tiene
representantes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York y en Ginebra. 3 La AAJ tiene capítulos nacionales y
2
2 Consúltese más información sobre la AIAD en el Apéndice I.
3 Consúltese más información sobre la AJJ en el Apéndice I.

afiliados debidamente constituidos en Argentina, Brasil,
Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Perú, República Dominicana, Paraguay, Puerto
Rico y Venezuela, así como asociados individuales o comités
coordinadores en Estados Unidos, Panamá, Colombia,
Martinica, México y Haití. La AJJ es un afiliado regional de
la AIAD. Desde su fundación, la AJJ ha organizado múltiples
actividades en el Continente Americano y formulado
declaraciones, en su propio nombre y en nombre de sus
capítulos afiliados consecuentes con sus objetivos, entre otros,
defender y abogar por el derecho al debido proceso y a un
juicio justo e imparcial. La AJJ ha venido siguiendo este caso
con gran preocupación desde que comenzó en el Tribunal de
Distrito estadounidense del Distrito Sur de la Florida.
Además, la AJJ envió una misión observadora a la audiencia
celebrada ante el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito
el 20 de agosto de 2007 compuesta por el ex Juez Juan Tapia
Guzmán de Chile, William Sloan de Canadá y Vanessa
Ramos, Presidenta de la AJJ. La Asociación ha formulado
declaraciones que expresan preocupación por que a los
acusados les fue negado un juicio justo y un jurado imparcial,
así como el cambio de sede. Son estas las razones por las que
la AJJ quiere expresar sus opiniones a este tribunal al
participar en calidad de Amigo de la Corte en apoyo de la
Petición de Revisión.
La Asociación India de Abogados: La Asociación
India de Abogados (AIA) fue fundada en 1968 y es una de las
organizaciones líderes de abogados de la India compuesta por
100 mil miembros de todo el país. Pueden ser miembros de
esta organización abogados, jueces, profesores de derecho,
investigadores y estudiantes de derecho. Desde su fundación,
la AIA se ha mantenido activa en la India en diferentes
ámbitos. La AIA está afiliada a la Asociación Internacional de
Abogados Democráticos (AIAD) y muestra gran interés por
sus actividades. En cooperación con la AIAD, la AIA ha
organizado ocho conferencias internacionales de abogados en
la India sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, la
lucha contra el terrorismo, por la paz y el desarrollo. La AIA
ha seguido con mucho interés el caso de los Cinco cubanos
procesados en Miami. La AIA apoyó el reclamo de cambio de
3

sede alegando que los acusados no recibieron un juicio justo
en Miami en medio de semejante atmósfera. Nos sumamos y
apoyamos el Documento de Amigo de la Corte presentado por
la Asociación Internacional de Abogados Democráticos
relativo a la improcedencia de la sede.
Droit Solidarité: Droit Solidarité (DS) es una
organización no gubernamental francesa de abogados, juristas,
profesores y estudiantes de derecho. DS fue fundada en
1990 y tiene más de 300 miembros. DS es miembro de la
Asociación Internacional de Abogados Democráticos
(AIAD). 4 DS practica la política de enviar abogados
franceses a asistir (en calidad de observadores) a juicios en los
que los derechos humanos, incluido el derecho a un
tratamiento jurídico justo y equitativo, están en peligro. Antes
de esta solicitud, DS organizó eventos, seminarios y mesas
redondas públicas dedicadas al análisis del presente caso. Un
importante evento fue una conferencia celebrada en la sede del
Senado de la República francesa, Palais de Luxembourg, París
el 19 de abril de 2008. En dicha conferencia participaron el
abogado del acusado Guerrero y familiares de los Cinco
acusados, periodistas, así como representantes de diversas
asociaciones de derechos humanos y de abogados de América,
África y la Unión Europea. Al evento asistieron senadores,
abogados, académicos, especialistas en ciencias políticas,
estudiantes de derecho y representantes de la sociedad civil.
Durante el evento, DS señaló que el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias en su Opinión
No. 19/2005 indicó: El Gobierno (de Estados Unidos) no
negó el hecho de que (…) ha persistido en Miami un clima
prejuiciado y sentimientos preconcebidos contra los acusados
que han contribuido a que a estos se les haya considerado
culpables desde el principio (…) y que Miami no era la sede
apropiada para organizar un juicio ya que se sabía que iba a
ser prácticamente imposible seleccionar jurados imparciales
en un caso relacionado con Cuba (…)”
La Sociedad Haldane: La Sociedad Haldane fue
fundada en 1930 y lleva el nombre del Vizconde Haldane, el
4
4 Consúltese más información sobre Droit Solidarité en el Apéndice I.

Primer Presidente del Tribunal Supremo designado por el
Gobierno Laborista británico. Sus miembros incluyen
abogados y procuradores practicantes, profesores de derecho,
estudiantes y trabajadores jurídicos y entre los ex miembros
hay numerosos altos magistrados y ministros
gubernamentales. 5 La Sociedad Haldane se afilió a la
Asociación Internacional de Abogados Democráticos (AIAD)
en 1947 y durante los últimos seis decenios los miembros de
Haldane han contribuido y participado en múltiples
conferencias, seminarios, misiones y publicaciones de la
AIAD. En años recientes, varios miembros de Haldane
trabajaron en Estados Unidos en asuntos relativos a la pena de
muerte y los derechos de los prisioneros, así como en
cuestiones relacionadas con la tortura y tratos inhumanos y
degradantes del Centro de Detención de la Bahía de
Guantánamo. Algunos miembros de Haldane estaban en
Estados Unidos durante la controversia relacionada con el
caso de Elián González e informaron sobre la violenta
atmósfera hostil y emotiva prevaleciente en Miami
precisamente en el momento en que los acusados del caso que
nos ocupa fueron presentados a juicio por primera vez. En
cuanto a los hechos alegados por la defensa de los acusados,
Haldane respetuosamente opina que es difícil imaginar un
caso en que el cambio de sede sea más imperioso y necesario
que el caso que nos ocupa. Por estas razones, Haldane quiere
participar en calidad de Amigo de la Corte en apoyo a la
petición de revisión.
Asociación Italiana de Abogados Democráticos:
La Asociación Italiana de Abogados Democráticos fue
fundada en 2000 y tiene 500 miembros que actúan como
abogados, jueces y profesores de derecho en 20 provincias de
Italia. 6 Desde su fundación, la Asociación ha organizado
múltiples conferencias, reuniones y actividades en apoyo a los
derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley en
Italia, Europa y el resto del mundo. Como abogados, debe ser
una preocupación que la influencia de la comunidad cubana en
5
5 Consúltese más información sobre la Sociedad Haldane en el Apéndice I.
6 Consúltese más información sobre la Asociación Italiana de Abogados en
el Apéndice I.

Miami fuera una cuestión determinante en el juicio.
La Asociación italiana está afiliada a la AIAD. La Asociación
ha venido siguiendo este caso desde 2004. La Asociación
envió un observador a las audiencias del Tribunal de
Apelaciones y apoyó la conferencia celebrada en París en
abril de 2008.
Asociación de Abogados Japoneses a Favor de la
Solidaridad Internacional: La Asociación de Abogados
Japoneses a Favor de la Solidaridad Internacional (JALISA),
fue fundada en 1955 y tiene subdivisiones en todo Japón.
JALISA está afiliada a la Asociación Internacional de
Abogados Democráticos y ha sido un miembro activo de la
organización. Si bien las actividades principales de JALISA
se han centrado en liberar al mundo de las armas nucleares y
promover la paz, la organización es muy activa en el apoyo a
los derechos humanos y todos los objetivos de la Carta de las
Naciones Unidas. 7 JALISA ha venido siguiendo el caso de
estos acusados durante muchos años y ha formulado
declaraciones en las que indica preocupación por la
parcialidad del juicio celebrado en Miami. JALISA publica
una revista conocida como “Inter Jurist” en la que la
organización ha expresado su preocupación por que estos
acusados recibieran un juicio justo.
La Unión Nacional de Abogados Populares (NUPL)
de Filipinas: La NUPL fue fundada el 15 de septiembre de
2007 como una asociación nacional de abogados en pro de los
derechos humanos en las Filipinas. 8 En el cuarto punto del
Programa General de Acción de la NUPL se declara que la
NUPL realizará campañas, promoverá y ejercerá presiones a
favor de las libertades y los derechos del pueblo filipino, así
como de otros pueblos del mundo. Con esta visión, la NUPL
se convirtió en miembro activo de la Asociación Internacional
de Abogados Democráticos (AIAD). La NUPL sostiene que
el Honorable Tribunal puede tomar nota judicial del hecho de
que en Miami, Florida, vive un gran número de exiliados
6
7 Consúltese más información sobre la Asociación de Abogados Japoneses
a Favor de la Solidaridad Internacional en el Apéndice I.
8 Consúltese más información sobre la NUPL en el Apéndice I.

cubanos hostiles a Fidel Castro, al gobierno cubano y sus
seguidores. El hecho de que estos acusados son agentes del
gobierno cubano es lo suficientemente notorio como para que
se conviertan en presa fácil para cualquiera que desee
mostrarse vengativo hacia el gobierno cubano. Por
consiguiente, Miami, Florida es el lugar en que estos acusados
tendrán menos posibilidades de asegurar un juicio
independiente e imparcial, por lo que se hace muy necesario el
cambio de sede y la celebración de un nuevo juicio en este
caso.
Asociación Portuguesa de Abogados Democráticos:
La Asociación Portuguesa de Abogados Democráticos (APJD)
fue fundada el 10 de diciembre de 1948, el día que fue
promulgada la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. La Asociación está afiliada a la AIAD. 9 La APJD
tuvo que funcionar clandestinamente desde su fundación
hasta abril de 1974 momento en que fue restaurada la
democracia en Portugal. A la luz de esta historia, la APJD
conoce cuán importante es el derecho a un juicio justo en una
sociedad democrática. Se conoce mundialmente que Miami es
el centro de actividad de muchos grupos que quieren atacar a
Cuba y deponer a su gobierno y que estos grupos tienen una
influencia significativa en Miami.
Red de Abogados por el Progreso radicada en
Bélgica: La Red de Abogados por el Progreso (PLN) fue
fundada en 2003 como una red de bufetes progresistas en
Bruselas, Amberes y Gante. A partir de esa fecha, la PLN
reunió a muchos abogados, juristas, personal de universidades
y activistas de derechos humanos en Bélgica y en el exterior. 10
La PLN comparte la preocupación de los Demandantes de que
Miami no era el lugar correcto para celebrar el juicio. La PLN
está convencida de que la bien conocida hostilidad de la
poderosa comunidad de exiliados cubanos en Miami hizo
imposible la celebración de un juicio justo a los Demandantes
como agentes de Cuba que trataban de detener los ataques de
los diversos grupos responsables de planificar y llevar a cabo
7
9 Consúltese más información sobre la APJD en el Apéndice I.
10 Consúltese más información sobre la PNL en el Apéndice I.

actos terroristas hostiles contra Cuba. Este es un caso en el
que la comunidad internacional puede ver claramente lo que el
tribunal de Miami no quiso reconocer: que celebrar un juicio a
simpatizantes de Cuba en Miami, les niega a los acusados un
juicio justo.
8

DOCUMENTO DE AMIGOS DE LA CORTE
I. Introducción.
Los Amigos de la Corte presentan este documento con
objeto de instar a este Tribunal a que otorgue la Petición que
permitirá revisar y revocar las condenas de estos acusados.
La Petición de Revisión argumenta que a los acusados les fue
denegado un juicio justo, en parte, porque el Tribunal de
Distrito desestimó en repetidas ocasiones las mociones
presentadas por la defensa para un cambio de sede a la ciudad
contigua de Fort Lauderdale que no poseía los prejuicios
existentes en Miami tanto por el prejuicio de la comunidad
como la publicidad previa al juicio. En la Petición se aduce
que el Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelaciones
impusieron normas para el cambio de sede contrarias al
derecho a ser juzgados por un jurado imparcial y aplicaron
incorrectamente los procedimientos de apelación. Los
Amigos de la Corte sostienen por la presente que los
Demandantes han identificado tales errores significativos en
las decisiones, expuestos a continuación, sobre la cuestión de
la sede que la Corte debería otorgarles la revisión.
Los Amigos de la Corte, la Asociación Internacional
de Abogados Democráticos, la Asociación Americana de
Juristas, la Asociación India de Abogados, Droite Solidarité, la
Sociedad Haldane, la Asociación Italiana de Abogados
Democráticos, la Asociación de Abogados Japoneses a Favor
de la Solidaridad Internacional, la Asociación Portuguesa de
Abogados Democráticos, la Unión Nacional de Abogados
Populares y la Red de Abogados por el Progreso son
organizaciones de abogados y juristas que tienen en común el
objetivo de promover y asegurar los derechos humanos en
todo el mundo. Los Amigos de la Corte apoyan la petición de
una revisión y someten los argumentos que figuran a
continuación a la consideración de la Corte.
9

10
II. El derecho a ser juzgado de forma imparcial es un
derecho reconocido universalmente.
El principio de la imparcialidad es un principio
universal. Está consagrado en la Sexta Enmienda de la
Declaración de Derechos y brinda a los acusados el
derecho a que sus casos sean oídos por un jurado
imparcial. El principio de la imparcialidad está
consagrado en otros instrumentos internacionales, muchos
de los cuales han sido firmados y/o ratificados por Estados
Unidos.
El Artículo 10 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos declara: “Toda persona tiene derecho,
en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal“.
La sección 2 del Artículo XXVI de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre declara
que: Toda persona acusada de delito tiene derecho a recibir
una audiencia imparcial y pública y a ser juzgada por
tribunales establecidos previamente de conformidad con
leyes preexistentes, y a no recibir castigos crueles, infames
o insólitos.
En la subsección 1.1 del Artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se afirma:
“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes
de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la
ley, en la substanciación de cualquier acusación de
carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter
civil”.
Además de los instrumentos internacionales que
Estados Unidos ha firmado y/o ratificado, en la
subsección 1 del Artículo 6 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos se afirma: “En la sustanciación de los

11
cargos que se le imputen o la determinación de sus
derechos u obligaciones civiles, toda persona tendrá
derecho a ser oído públicamente y con las debidas
garantías dentro de un plazo razonable por un tribunal
independiente e imparcial, establecido por la ley”.
Asimismo, en la subsección 1.1 del Artículo 7 de la
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se
afirma:
“Todo individuo tiene derecho a que su causa sea
oída. Ello comprende: a) el derecho a apelar ante
los órganos nacionales competentes contra todo acto
de violación de sus derechos fundamentales
conforme son reconocidos y garantizados en
convenciones, leyes, regulaciones y costumbres
vigentes; b) el derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad por
una corte o tribunal competente; c) el derecho a la
defensa, incluido el derecho a ser defendido por un
abogado de su elección; d) el derecho a ser juzgado
en un plazo razonable por una corte o tribunal
imparcial.”
No hay norma más establecida en la Constitución
de Estados Unidos que el principio de que el debido
proceso estipula que cada acusado reciba un juicio justo.
Este principio está además enunciado en el requisito de la
Constitución de que cada jurado deberá ser imparcial.
Constituye una violación de la Cláusula del Debido
Proceso, aplicable a los estados por conducto de la
Decimocuarta Enmienda, que estipula que un jurado
prejuiciado no deberá ni podrá actuar como jurado en una
causa civil o penal. En Irvin v Dowd, 366 U.S. 717, 721-
23 (1961), este tribunal afirma:
“En esencia, el derecho al juicio por jurado garantiza
a los acusados de causas penales un proceso justo por
un panel de jurados imparciales, ‘indiferentes’. No
brindar al acusado una audiencia justa constituye
violación incluso de las normas mínimas del debido
proceso. ‘Un juicio justo en un tribunal justo

12
constituye un requisito básico del debido proceso
(Citas omitidas)’ ”.
Véase también, Virgil v Dretke, 446 F.3d 598, (5 to Cir.
2006), en el que la Corte declaró:
“Somos asimismo conscientes de que hay
determinados errores en los procesos judiciales que
son tan básicos que resisten el examen de errores
formales. Se ha establecido claramente que la Corte
Suprema considera la denegación del derecho a ser
juzgado por alguien imparcial como un error que
compromete la firmeza constitucional de cualquier
condena”.
III. Los requerimientos de sede en la Constitución
nunca tuvieron la intención de menoscabar el derecho
del acusado a un juicio imparcial.
La Constitución y la Sexta Enmienda contienen las
disposiciones siguientes relativas a la sede: En la sección 2
del Artículo III, la cláusula 3 estipula que
“El juicio en toda causa penal, salvo los casos de
recusación, deberá celebrarse en el Estado donde se haya
cometido el delito”. En la Sexta Enmienda se garantiza a
los acusados de causas penales federales el derecho a ser
juzgados por un jurado imparcial y el derecho a un juicio
en el estado y distrito donde se haya cometido el delito.
La historia de estas estipulaciones demuestra que el
sentido de las mismas es proteger a los acusados de causas
penales. La estipulación relativa a la sede contenida en el
Artículo III no fue controversial en un inicio porque se
trataba de “una respuesta a la práctica inglesa de los
decenios de 1760 y 1770 de transportar a los colonos a otra
colonia o a Inglaterra para procesarlos”. Hubo protestas
de que esta práctica negaba a los colonos un juicio justo al
impedirle a la persona presentar una defensa adecuada o
permitir al gobierno británico designar jurados que
simpatizaran con su posición. 11 Véase Scott Kafker, “The
11 El autor de este comentario abordó, fundamentalmente, la cuestión de si

13
Right of Venue and the Right of Impartial Jury: Resolving
the Conflict in the Federal Constitution,” (El Derecho de
Sede y el Derecho a un Jurado Imparcial: Resolviendo el
Conflicto en la Constitución Federal) 52 U.of Chi. Law
Rev. 729 (1985). Por consiguiente, el lenguaje de la sede
fue diseñado para ampliar el derecho del acusado a un
juicio justo y no para que fuera usado como barrera en el
cambio de sede cuando existen probabilidades razonables
de que no pueda constituirse un jurado imparcial en dicha
sede. El sentido de las estipulaciones relativas a la sede
nunca fue prevalecer sobre el principio de la
imparcialidad. 12 Los Demandantes articularon las normas
correspondientes relativas al cambio de sede y las normas
de examen para esos casos.
el derecho de procurar un cambio de sede residía exclusivamente en el
acusado, permitiéndole al acusado no presentar la moción para un cambio
de sede y procurar la desestimación del caso por no hallarse en el distrito
un jurado imparcial.
12 Esto es especialmente válido para este caso dado que el cambio de sede
era para una ciudad diferente dentro del mismo distrito judicial.

14
IV. El hecho de que los tribunales inferiores no hayan
permitido el cambio de sede socavó el principio
universal de imparcialidad
Al leer el carácter protector de las estipulaciones
relativas a la sede que figuran en la Constitución
conjuntamente con la precedencia del principio de la
imparcialidad, los tribunales en general (y en este caso en
particular) deberán examinar las solicitudes de cambio de
sede a fin de dar al principio de imparcialidad el
máximo efecto. Ello significa que los tribunales deberán
tomar en consideración los factores que inciden en el
principio de la imparcialidad además de las evidencias
directas de prejuicio específico contra acusados
específicos. En este caso el Tribunal de Distrito no
procedió a la determinación de los hechos respecto de las
pruebas presentadas por los acusados en relación con el
prejuicio de la comunidad de Miami contra quienes se les
asocie con el gobierno de Cuba. En la decisión en pleno,
al determinar si los acusados podrían o no recibir un juicio
justo en Miami la mayoría se negó a incluir los aspectos
siguientes: 1) la evidencia presentada sobre la fuerza de los
grupos paramilitares extremistas radicados en Miami y la
arraigada hostilidad que estos y sus seguidores políticos
han generado en Miami hacia quienquiera que apoye al
gobierno de Cuba, y 2) las pasiones exaltadas contra
quienes apoyan a Cuba, como resultado del derribo de los
aviones y del caso Elián González. Como se indica más
abajo, la opinión de la mayoría en la decisión en pleno
sobre la sede condujo a la aplicación incorrecta de la
norma al evaluar la cuestión del prejuicio y, al proceder de
esa manera socavaron el principio de la imparcialidad.

15
V. El tribunal inferior debió haber cambiado la sede.
Los abogados de los acusados presentaron pruebas
significativas en apoyo de su moción inicial para el cambio
de sede así como en las continuadas renovaciones de la
moción y en la moción posterior al juicio por un nuevo
proceso. Las pruebas no solo estaban relacionadas con la
publicidad previa al juicio, sino también con el tenor de la
publicidad. 13 Asimismo, los acusados proporcionaron
13 George Gedda, Federal Officials Say 10 Arrested, Accused of Spying
For Cuba (Según Funcionarios Federales Hay 10 Arrestados Acusados de
Espiar para Cuba) Miami Herald, 14 de sept., 1998, 165a; Manny Garcia,
Cynthia Corzo, Ivonne Perez, Spies Among Us: Suspects Attempt To
Blend In, Miami (Espías Entre Nosotros: Sospechosos Intentan Penetrar,
Miami), Miami Herald, 15 de sept., 1998; David Lyons, Carol Rosenberg,
Spies Among Us: U.S. Cracks Alleged Cuban Ring, Arrests 10 (Espías
Entre Nosotros: E.U. Descubre Presunta Red Cubana, 10 Arrestos),
Miami Herald, Sept. 15, 1998; Fabiola Santiago, Big News Saddens,
Angers Exile Community (Una Gran Noticia que Entristece e Irrita a
Comunidad de Exiliados), Miami Herald, 15 de sept., 1998; Juan O.
Tamayo, Arrest of Spy Suspects May Be Switch In Tactics (Arresto de
Sospechosos Espías Puede Generar Cambio de Táctica), Miami Herald, 15
de sept., 1998; Javier Lyonnet, Olance Nogueras, Cae Red de Espionaje
de Cuba /FBI Viro al Reves Casa de Supuesto Cabecilla y Pablo
Alfons, Rui Ferreira, Cae Red de Espionaje de Cuba/Arrestan a 10 en
Miami, Nuevo Herald, 15 de sept., 1998; La Habana Contra
El Pentagono ("Havana versus the Pentagon")/Estructura de la Red
de Espionaje, Nuevo Herald, 15 de sept., 1998; Arrest of alleged Cuban
spies demands vigorous prosecution (Arresto de Presuntos Espías
Cubanos Exige Enérgica Acción Judicial), Sun-Sentinal, 16 de spt., 1998;
Juan O. Tamayo, Miscues Blamed on Military ' s Takeover of Cuban Spy
Agency (Culpado Miscues de la Toma Militar de Agencia de Espías
Cubanos), Miami Herald, 17 de sept., 1998; David Kidwell, Motion
Could Delay Trials of Alleged 10 Cuban Spies (La Moción Podría
Dilatar el Enjuiciamiento de 10 Presuntos Espías Cubanos), Miami Herald,
6 de oct., 1998; David Lyons, Cuban Couple Pleads Guilty in Spying
Case (Pareja Cubana se Declara Culpable en Caso de Espionaje), Miami
Herald, 8 de oct., 1998; David Kidwell, Three More Accused Spies
Agree To Plead Guilty (Otros Tres Acusados Espías Acuerdan Declararse
Culpables), Miami Herald, 9 de oct., 1998; Carol Rosenburg, Couple
Admits Role in Cuban Spy Ring (Pareja Admite su Actuación en Red de
Espías Cubanos) Miami Herald, 22 de oct., 1998; Juan O. Tamayo, U.S.-
Cuba Spy Agency Contacts Began A Decade Ago (Los Contactos entre
Agencias de Espías Cubanos y Estadounidenses Se Iniciaron Hace un
Decenio), Miami Herald, 31 de oct., 1998; David Kidwell, U.S. Tries To
Tie Espionage Case To Planes' Downing (E.U. Trata de Vincular Caso

16
encuestas realizadas en la comunidad 14 y momentos
durante el juicio en que los acusados continuaron
de Espionaje al Derribo de los Aviones), Miami Herald, 13 de nov., 1998,
166a; Carol Rosenberg, Identities of 3 Alleged Spies Still Unknown (Se
Desconoce Aún la Identidad de Tres Presuntos Espías), 14 de nov.,
1998; Juan O. Tamayo, Spies Among Us/Castro Agents Keep Eye on
Exiles (Entre Nosotros/ Agentes de Castro Mantienen Vigilados a los
Exiliados), Miami Herald, 11 de abril, 1999; Carol Rosenberg, Shadowing
of Cubans A Classic Spy Tale (Siguiendo Secretamente a los Cubanos,
Clásica Historia de Espionaje) Miami Herald, 16 de abril, 1999; Cuban
Spy Indictment/Charges Filed In Downing of Exile Fliers/The
Brothers to the Rescue Shootdown(Procesado Espía Cubano/Incriminado
por Derribo de Aviadores del Exilio/Derribados Hermanos al Rescate);
David Lyons, Castro Agent In Miami Cited By U.S. Grand Jury
(Agente de Castro en Miami Citado por Gran Jurado Estadounidense),
Juan O. Tamayo, Brothers to the Rescue Shootdown/Top Spy Planned
Brothers Ambush (Derribados Hermanos al Rescate/Espía Planificó
Emboscada Contra Hermanos al Rescate), y Elaine de Valle, Relatives:
Charges Fall Short (Familiares: Los Cargos No son Suficientes), Miami
Herald, 8 de mayo, 1999; Confessed Cuban Spy Receives Seven Years
(Espía Cubano Confeso Recibe 7 Años), Miami Herald, 29 de enero,
2000; Contrite Cuban Spy Couple Sentenced (Condenada Pareja de
Contritos Espías Cubanos), Miami Herald, 3 de feb., 2000; Miami Spy-
Hunting (Miami a la Caza de Espías),,, Miami Herald, 19 de feb., 2000;
Carol Rosenberg, Confessed Cuban Spies Sentenced To Seven Years
(Espías Cubanos Confesos Condenados a Siete Años), Miami Herald, 24
de feb., 2000; Terrorism Must Not Win In Brothers to the Rescue
Shootdown (El Terrorismo No Deberá Prevalecer en el Derribo de
Hermanos al Rescate), Miami Herald, 24 de feb., 2000; Brothers Pilots
Remembered (Recordando a Los Pilotos de Hermanos Al
Rescate)(photo), Miami Herald, 25 de feb., 2000; Shot-down Brothers
Remembered (Recordando a los Heermanos Deribados), Miami Herald,
25 de feb., 2000, 167a.
14 Véanse 298a -300a donde se declara en la parte pertinente: “La moción
por un nuevo juicio recibió también el apoyo de una encuesta de la
opinión pública conducida por la Dra. Kendra Brennan y de un estudio
realizado por el Profesor de Sociología de la Universidad Internacional de
la Florida y Director del Instituto de Investigación Cubano, el doctor.
Lisandro Pérez. Mediante declaración jurada, la doctora Brennan
caracterizó los resultados de la encuesta a cubano-americanos de Miami
como el reflejo de “una actitud de estado de guerra contra Cuba”. Ella
examinó la Encuesta Moran (criticada por el Juez de Distrito) y expresó
que esta “refleja acertadamente el prejuicio existente contra quienes se les
asocie con el gobierno cubano en el Condado de Miami - Dade” donde los
“posibles jurados serían invulnerables a los métodos tradicionales de
detección y cura del prejuicio mediante el voi dire y las instrucciones del
tribunal”. Brennan determinó que, si bien el 49,7 por ciento de la

17
realizando demostraciones y conferencias de prensa como
una vía de presionar al jurado. 15
El voir dire de los jurados y posibles jurados
demuestra que muchos de estos no solo fueron hostiles al
régimen en Cuba, sino que algunos expresaron
preocupación por su seguridad personal o sus medios de
subsistencia si votaban por la absolución de los acusados.
La selección del jurado comenzó con 168 posibles jurados.
Ochenta y seis jurados fueron desestimados de inmediato
por razones de idioma, problemas graves, enfermedad o
disponibilidad. De los 82 jurados restantes, 32 expresaron
abiertamente opiniones negativas de Cuba, Castro y el
Comunismo o cuestionaron su habilidad para actuar con
justicia o imparcialidad por las posibles reacciones de la
comunidad cubana en Miami o temor por la seguridad de
ellos o de sus familiares, o tenían contactos personales con
las víctimas y/o familiares de las víctimas, o estaban
población cubana local se pronunciaba enérgicamente a favor de la acción
militar por Estados Unidos para derrocar el régimen de Castro, solo el
26 por ciento de la población no cubana y el 8, 1 por ciento de la
población nacional estaba a favor de tal acción. Asimismo, el 55,8 por
ciento de la población cubana local estaba enérgicamente a favor de de la
acción militar por la comunidad de exiliados para derrocar al gobierno
cubano, sin embargo solo el 27,6 por ciento de la población local no
cubana y el 5,8 por ciento de la población nacional estaban a favor de tal
acción. Ella llegó a la conclusión de que había “una actitud de estado de
guerra entre la comunidad cubana local contra Cuba” que se había
“extendido al resto de la comunidad y tenía un “sustancial impacto en el
resto de la comunidad de Miami Dade “. Brennan determinó que el
prejuicio documentado de la comunidad demostraba que había un
“conjunto de opiniones profundamente arraigadas [tan arraigadas que a
menudo era un fenómeno inconsciente] que impediría a cualquier jurado en
el Condado de Miami Dade tomar una decisión justa e imparcial en este
caso”. El doctor Pérez llegó a la conclusión de que “la posibilidad de
seleccionar 12 ciudadanos en el Condado de Miami Dade que puedan ser
imparciales en un caso en el que están implicados reconocidos agentes del
gobierno de Cuba es prácticamente nula, incluso si el jurado estuviera
compuesto totalmente por no cubanos, como lo fue en este caso.” Sus
conclusiones se basaron en una serie de factores, incluida la demografía y
cohesión de la zona, el impacto político, los intereses y las preocupaciones
afectivas de la comunidad cubana.
15 Véanse 200a-201, y 260ª.

18
prejuiciados sobre el caso por los documentos de los
medios (lo que representaba un 40 por ciento de los
posibles jurados). Por ejemplo, Peggy Beltran no creería
ningún testimonio de ningún testigo reconocido como
espía cubano; David Cuervas manifestó: “Me pondría un
poco nervioso y temería un poco por mi propia seguridad
si no regresara con un veredicto que coincida con la
comunidad cubana en general”, 247a; James E. Howe,
hijo, está convencido de que el gobierno cubano es un
régimen opresor que es necesario derribar; Joss Lawhorn,
hijo, estaba preocupado por su habilidad para ejercer su
función por la opinión pública de la comunidad cubana de
Miami; a Luis Mazza no le gustaba el gobierno cubano y
no creería en el testimonio del acusado, 248a; Jenine
Silverman expresó que “Castro es un dictador“; Jose
Teijeiro manifestó que Cuba era “un gobierno muy malo”;
Belkis Briceno Simmons no creía en el sistema de
gobierno de Cuba; Ilena Briganti expresó: “será difícil”
ser justo; David Buker, quien no solo era un jurado, sino
el Presidente del jurado, creía que Castro era un dictador
comunista,
el
Sr. Buker se oponía al comunismo y desearía ver
establecida la democracia en Cuba, 249a;Hayde Duarte
veía a Castro como un dictador; Maria Gonzalez no
aprobaba el régimen cubano y está en contra del
comunismo; Rosa Hernandez consideraba que el gobierno
cubano era opresor, 250a; Susan Kuk creía que le sería
difícil actuar con justicia y ella también tenía contacto
personal con los familiares de las víctimas; Lilliam Lopez
estaba en contra de la República de Cuba y no le gustaba
el comunismo; John McGlamery no tenía una visión
favorable de Cuba, 251a; Hans Morgenstern sentía una
obvia desconfianza hacia quienes se afiliaran al gobierno
cubano y le preocupaba dar un veredicto de absolución,
252a; Angel De La O no podía dictar una sentencia justa y
le preocupaba el bienestar de su familia en Cuba; Connie
Palmer; consideraba a Castro como una mala persona y
conocía a uno de los pasajeros del avión de Basulto desde
hacía 8 años, 253a; Joseph Paolercio no se sentía contento
con las relaciones Cuba-Estados Unidos y tenía opiniones
negativas de la comunidad cubana en Miami; Barbara

19
Pareira estaba preocupada por el veredicto por la
comunidad cubana de Miami y tenía muchos buenos
amigos cubanos 254a; Sonia Portalatin estaba en contra
del comunismo y tenía marcadas opiniones sobre el
gobierno cubano; Eugene Yagle tenía opiniones negativas
sobre el gobierno cubano; John Gomez recordaba a los
Hermanos al Rescate y había oído que alguien del grupo
era un espía 255a; Luis Hernandez podría no creerle a un
testigo que fuera un comunista cubano; Florentina McCain
sabía que habían derribado aviones y que se habían hecho
ceremonias de recordación; Michelle Peterson estaba
preocupada por el veredicto y su impacto en la comunidad
cubana de Miami 256a; Jessica de Arcos tenía contactos
personales con las víctimas y/o familiares; Daniel
Fernandez tenía contactos personales con las víctimas y/o
familiares; Tim Healty tenía contactos personales con las
víctimas y/o familiares; Caroline Rodriguez tenía
contactos personales con las víctimas y/o familiares;
Plancencia conocía a muchos de los testigos nombrados,
258a.
La convergencia de la controversia en torno a Elián
González en el momento del juicio puso al descubierto una
comunidad militante de exiliados cubanos indignados. Sus
acciones requirieron la intervención armada del Servicio
de Inmigración y Naturalización (INS) para apoyar el
regreso de Elián González a su padre en Cuba. Los
prolongados efectos del caso Elián González condujeron al
gobierno en el caso de Ramirez a procurar un cambio de
sede cuando fue acusado de discriminación por un cubanoamericano
bajo el argumento de que no podría recibir un
juicio justo en Miami. 16
16 En Ramirez v. Ashcroft, No. 01-4835-Civ-Huck (S.D.Fla.),el gobierno
presentó su moción para cambio de sede el 25 de junio de 2002. En la
moción de Ramirez, el gobierno argumentó: “El caso Elián González fue
un incidente que exaltó las pasiones de la comunidad y generó una serie de
manifestaciones. El gobierno solicitó un cambio de sede” “fuera del
Condado de Miami para garantizar que el Acusado…recibiera un juicio
justo e imparcial por las circunstancias peculiares del caso”. Observaron
que “si bien no fue solicitado,”el tribunal tuvo además la discreción de
trasladar el juicio a otro distrito judicial. En su argumentación oral el

20
Los abogados de los Cinco fueron acusados de ser
agentes del gobierno cubano y en sus alegatos finales el
gobierno hizo declaraciones excesivamente provocadoras
sobre el impacto de que Estados Unidos absolviera a los
acusados. 17 El primer panel del Tribunal de Apelaciones
que examinó las pruebas determinó que la convergencia de
los hechos mencionados anteriormente generaba una
“tormenta perfecta” que privaba a los demandantes de un
juicio justo en Miami. La decisión del pleno es alarmante
porque ni siquiera reconoció los transcriptos recopilados
por el panel original en su fallo original que demostraban
la parcialidad. Va contra la lógica de un tribunal, como
afirma la mayoría en la decisión en pleno, que la
publicidad previa al juicio sea la única información que el
tribunal tome en consideración para evaluar las
alegaciones de presunto prejuicio.
Resulta difícil imaginar un caso donde la
aceptación de la moción para un cambio de sede fuera más
procedente, y donde se requiera más de la intervención del
tribunal, si es que Estados Unidos ha de honrar el
compromiso de que los casos sean decididos por
juzgadores de hechos imparciales. Por consiguiente, este
caso pone a prueba la excelencia del sistema judicial
estadounidense. Los trasfondos políticos de este caso son
inconfundibles dada la inexistencia de relaciones entre
Cuba y Estados Unidos marcada en gran medida por la
influencia que ejerce el poder de la comunidad de
exiliados en Miami.
gobierno expresó que ningún otro incidente “desde 1985 polarizó tanto a la
comunidad ni afectó tanto a cada individuo de la comunidad como el caso
de Elián González”. 202a-203a.
17 En los alegatos finales, el gobierno hizo una serie de comentarios que
fueron objetadas por los acusados. Por ejemplo, se dijo que el “gobierno
cubano tenía”enormes” intereses en juego con el desenlace del caso y que
los jurados tendrían que abandonar sus comunidades si no condenaban a
“espías cubanos que habían sido enviados para… destruir a Estados
Unidos” 198a.

21
Los Amigos de la Corte como miembros de la
comunidad internacional de juristas se alarmaron ante la
continuada insistencia del gobierno estadounidense en
celebrar el juicio en Miami aún cuando se presentaron
pruebas significativas que demostraban las dificultades
para constituir un jurado imparcial en Miami. Las
presiones del gobierno para el examen en pleno revela la
cruda realidad de que el gobierno sabía, especialmente con
respecto al cargo de conspiración para cometer asesinato,
que la única vía posible de obtener las condenas de estos
individuos era mantener el juicio en Miami.
Desafortunadamente, al parecer el Departamento de
Justicia tenía que mantener sus proverbiales dedos en la
balanza para inclinarla a su favor y, al hacerlo, tuvo que
entrar en arreglos con el jurado en lugar de adherirse al
principio de la imparcialidad. De esta manera el principio
universal de la imparcialidad no se respetó. La Corte tiene
la oportunidad de corregir este error.

22
CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas, los Amigos de la Corte
solicitan que sea aceptada la Petición de Revisión.
Respetuosamente,
Jeanne Mirer
Abogado de los Amigos de la Corte
Eisner & Mirer P.C.
113 University Place, 8th Floor
New York, New York 10003
(212) 473-8700

23
APÉNDICE I
OTRAS DESCRIPCIONES DE LOS AMIGOS DE LA
CORTE EN APOYO A SUS DECLARACIONES DE
INTERESES
Asociación Internacional de Abogados Democráticos:
Los propósitos de la AIAD incluyen:
Facilitar el contacto y los intercambios de ideas entre
abogados y asociaciones de abogados de todos los países a fin
de promover el entendimiento y la buena voluntad entre ellos.
Trabajar de conjunto en la consecución de los objetivos
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.
Asegurar la acción común de los abogados:
Estudiar y practicar, en el ámbito del derecho, los principios
de la democracia con miras a instar al mantenimiento de la paz
y la cooperación entre las naciones.
Restaurar, defender y potenciar los derechos y las libertades
democráticas en la legislación y en la práctica.
Promover la independencia de todos los pueblos y oponerse a
toda restricción contraria a la independencia tanto en el
derecho como en la práctica.
Defender y promover los derechos humanos y los derechos de
los pueblos.
Promover la preservación de la ecología y de un medio
ambiente sano.
Luchar por la adhesión estricta al estado de derecho y la
independencia de la profesión judicial y legal.
Defender el derecho de los pueblos al desarrollo, el
establecimiento de condiciones de igualdad económica y el
aprovechamiento de los frutos del progreso científico y de los
recursos naturales.

24
Asociación Americana de Juristas
Los principios y los objetivos de la AAJ están definidos en el
Artículo 2, Capítulo 1 de sus Estatutos y expresan lo siguiente:
Los principios y los objetivos de la Asociación Americana de
Juristas son: a) la libre determinación de los pueblos y la plena
independencia económica y soberanía del Estado sobre sus
riquezas y recursos naturales; b) oponerse al imperialismo,
fascismo, colonialismo y neocolonialismo; oponerse al
racismo y la discriminación contra la mujer, las poblaciones
indígenas y las minorías nacionales; c) la defensa de una paz
real basada en los principios de la coexistencia pacífica entre
los Estados de diferentes sistemas socioeconómicos;
d) defender y promover los derechos humanos y la
consecución de mejores y más eficaces garantías para su
protección; e) denunciar y oponerse a la legislación represiva
en Estados de América que contravienen y se desvían de los
principios y objetivos de la Asociación; f) establecer
relaciones fraternales y emprender acciones comunes con
juristas y sus organizaciones en todo el mundo comprometidos
con objetivos similares a los enunciados en nuestro Estatuto;
g) movilizar a juristas de países de América con miras a
realizar acciones conjuntas para asegurar la participación
activa de las ciencias jurídicas en el proceso de cambios
socioeconómicos de sus respectivos países, en
correspondencia con los objetivos enunciados; h) la defensa y
la protección de la abogacía así como de la solidaridad con
juristas sometidos a persecución por sus actividades asociadas
a la observancia de los principios enunciados.
Droit Solidarité
Propósitos de Droit Solidarité (DS)
Al igual que la AIAD, la DS adoptó como principios:
congregar a abogados, jueces, juristas y profesores de derecho
a fin de trabajar de conjunto para alcanzar los objetivos
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, así como
asegurar la acción común de los abogados con miras a
promover y defender los derechos humanos y los derechos de
los pueblos, luchar por la adhesión estricta al estado de

derecho y la independencia del poder judicial y la abogacía y
alentar en el ámbito del derecho el estudio y la práctica de los
principios de la democracia para promover el mantenimiento
de la paz y la cooperación entre las naciones. La DS vigila la
aplicación en Francia y en el exterior de documentos jurídicos
básicos como la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (ICCPR) de 1966.
Sociedad Haldane
Propósitos y objetivos de la Sociedad Haldane: Durante más
de 75 años, la Sociedad Haldane ha estado comprometida con
el avance de los derechos humanos y el estado de derecho,
tanto nacional como internacionalmente. Ha facilitado
documentos consultivos a los gobiernos y organiza numerosas
conferencias y disertaciones sobre temas que incluyen (sin que
la lista sea exhaustiva) el derecho internacional relativo a los
derechos humanos, temas relacionados con el empleo,
cuestiones migratorias y de asilo, el derecho de los acusados
en causas penales, el acceso a la justicia, la igualdad y
derechos de género, ley de la vivienda y preocupaciones
ambientales. La Sociedad Haldane ha enviado misiones de
investigación a países de todo el mundo para la observación de
juicios sobre los que se ha expresado preocupación en torno a
las normas de justicia y el cumplimiento de las normas
internacionales establecidas en instrumentos como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
de las Naciones Unidas contra la Tortura.
25

26
Asociación Italiana de Abogados Democráticos
Como abogados, defendemos los derechos fundamentales sin
distinción de la identidad política o nacional del acusado. Es
importante preguntar si el juicio habría sido diferente en este
caso si se tratara de personas con cargos idénticos, juzgados en
Miami pero que no fueran personas venidas de Cuba.
La Asociación Italiana de Abogados Democráticos está
convencida de que si bien podrían celebrarse juicios justos en
Miami en otras causas, en este caso, dada la influencia de una
comunidad hostil de exiliados cubanos, por el hecho de que
los implicados eran personas que trataban de proteger a Cuba
de ataques, los acusados no podían recibir un juicio en Miami.
Es por esta razón que solicitamos a este Tribunal que examine
su decisión y exija que el caso sea juzgado en una ciudad
distinta de Miami.
Unión Nacional de Abogados Populares
Propósitos y actividades de NUPL:
La NUPL está comprometida con la defensa, protección y
promoción de los derechos humanos especialmente de los
pobres y los oprimidos. En poco más de un año desde su
creación, la NUPL estableció su presencia en casi todas las
regiones de Filipinas convirtiéndose en una de las
organizaciones de derechos humanos más grande de Filipinas.
La NUPL participa directamente en litigios y consultas
jurídicas como marco de promoción en cuestiones que afectan
los derechos del pueblo y con objeto de prestar un servicio
más eficaz y eficiente. Orienta sus actividades hacia la activa
defensa, protección y promoción de los derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo,
incluidos pueblos de otros países, con miras a defender y
reafirmar su derecho inherente a la libre determinación. Como
parte de su misión principal, la NUPL está unida en su
compromiso de prestar servicios jurídicos competentes en uso
de su instrucción, habilidades, formación, conocimientos y
experiencia en materia jurídica a los sectores marginalizados
en la defensa y la promoción de sus derechos y libertades.
Asociación Portuguesa de Abogados Democráticos

27
Historia y Propósitos de la APJD:
En el momento de su fundación, la APJD tuvo que realizar sus
actividades clandestinamente debido a la existencia de una
dictadura en Portugal. La APJD se mantuvo en la
clandestinidad hasta el fin de la dictadura en abril de 1974.
Bajo el régimen dictatorial, los derechos humanos no eran
respetados. La libertad de expresión era penalmente reprimida
en juicios celebrados por tribunales especiales –que se les
denominaba “Tribunales Plenarios“ totalmente controlados
por el gobierno bajo obediencia y sin independencia alguna.
Durante el período de la dictadura, la Asociación Portuguesa
de Abogados Democráticos luchó por la protección y el
respeto de los derechos con la actuación de sus miembros en la
defensa de prisioneros políticos en la lucha por la libertad y la
democracia. Varios abogados fueron juzgados y sentenciados
a privación de libertad por defender la democracia. Una vez
restaurado el régimen democrático en Portugal, se procedió a
la fundación oficial de la Asociación Portuguesa de Abogados
Democráticos estableciéndose oficialmente su existencia. En
todo momento, la APJD procuró la observancia del derecho de
los acusados a recibir juicios justos en tribunales imparciales.
Red de Abogados por el Progreso
Actividades de la PNL:
La PLN se centra en cuatro ámbitos del derecho: derecho
social, derecho penal, derecho migratorio y derecho familiar.
La PLN brinda atención especial a la protección de los
hombres y mujeres sindicalizados y el derecho social.
Defiende las conquistas progresistas en materia de derecho
internacional, la soberanía de las naciones y el derecho a la
libre determinación de las naciones y su derecho a disponer de
sus propias materias primas. La PLN promueve la
independencia de la abogacía y el respeto del derecho de
defensa. La PLN ha organizado simposios con oradores
reconocidos nacional e internacionalmente sobre temas que
incluyen “El impacto de la legislación antiterrorista europea
en los derechos fundamentales”, “El derecho laboral bajo la

presión de la estrategia de Lisboa”, “La migración y el respeto
a los derechos fundamentales”, “Protección de delegados
sindicales”, etc. La PLN objeta todo menoscabo de los
derechos y libertades fundamentales a nivel nacional, europeo
e internacional. La Red ha mostrado interés en este caso
durante varios años y ha enviado observadores a las audiencias
orales celebradas en 2004, 2006 y 2007. La PLN ha dado
publicidad general a sus observaciones sobre este caso en
Bélgica y entre abogados y juristas europeos y el resultado es
que todo el que conoce del caso se ha sentido decepcionado
por la no aceptación por el Tribunal de un cambio de sede
fuera de Miami.
A la PLN le preocupa el respeto al derecho fundamental a un
juicio justo reconocido como un principio general de justicia
en el estado de derecho de Bélgica, así como en el
Artículo 6 de la Convención europea para la protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales y el
Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Estados Unidos, desde su fundación, ha reconocido
el derecho a ser juzgados por un jurado imparcial y ha
respetado ese principio en numerosas ocasiones.
28

No. 08-987
En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
______________
RUBÉN CAMPA, RENÉ GONZÁLEZ, ANTONIO GUERRERO, GERARDO
HERNÁNDEZ y LUIS MEDINA,
Demandantes,
v.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
______________
Demandado.
Sobre la Petición de Revisión ante el Tribunal de
Apelaciones del Onceno Circuito de los Estados Unidos
______________
DOCUMENTO DE AMIGO DE LA CORTE DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEFENSORES
CRIMINALISTAS DE ESTADOS UNIDOS EN APOYO A
LOS DEMANDANTES
______________
AMANDA K. HINE*
JEFFREY W. SARLES
Mayer Brown LLP
Abogado representante
1909KStreet, NW
MICHAEL S. PAIK
Washington, DC 20006
Mayer Brown LLP
(202) 263-3000 71 South Wacker Drive
Chicago, IL 60606
(312) 782-0600
*Admitido en Virginia solamente; no admitido en el Distrito de
Columbia. Estudio jurídico realizado bajo la supervisión de los
principales del bufete.

i
PROBLEMA PRESENTADO
Si el Onceno Circuito tuvo o no en cuenta la importancia
histórica del derecho al cambio de sede para evitar el prejuicio
generalizado de la comunidad.

ii
ÍNDICE
Página
PROBLEMA PRESENTADO......................................................... i
ÍNDICE DE FUENTES ................................................................. iii
INTERÉS DEL AMIGO DE LA CORTE.......................................1
RESUMEN DEL ARGUMENTO ...................................................2
ARGUMENTO................................................................................3
A. El derecho a transferir la sede para evitar el
prejuicio de la comunidad está arraigado en
los comienzos de la práctica inglesa .¡Error! Marcador no definido.
B. El derecho a transferir la sede para evitar el
prejuicio de la comunidad está arraigada
en la práctica colonial americana.¡Error! Marcador no definido.
C. La ratificación de la Sexta Enmienda
reconoció que la disposición de vecindad
refleja un derecho del acusado penal.¡Error! Marcador no definido.
D. El derecho a transferir la sede para evitar el
prejuicio de la comunidad se refleja en los
comienzos de la práctica estatal .¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES .........................................................................17

iii
Casos
ÍNDICE DE FUENTES
Página(s)
Cochecho R.R. contra Farrington,
26 New Hampshire 428 (1853)................................................13
Cochrane contra el Estado,
6Md. 400 (1854) ......................................................................14
Crocker contra Tribunal Superior,
208 Massachusetts 162 (1911). .........................................13, 15
Dula contra el Estado,
16 Tennessee 511 (1835)...................................................13, 14
Groppi contra Wisconsin,
400 U.S. 505(1971). ......................................................3, 14, 15
El Rey contra el Condado de Cumberland,
101 Informe Inglés 507 (1795)..................................................5
El Rey contra Thomas,
105 Informe inglés 897 (1815). .................................................6
Kirk contra el Estado,
41 Tennessee 344 (1860).........................................................13
Osborn contra el Estado,
24 Arkansas 629 (1867).....................................................13, 14
El pueblo contra Powell, 87 California 348 (1891). ..................4, 14
Perteet contra Illinois,
70 III. 171 (1873)........................................................................................ 14
Poole contra Bennet,
93 Informe Inglés 909 (1795)....................................................5
La Reina contra el Condado de Wilts,
87 Informe Inglés 1046 (1705)..................................................5
La Reina contra Palmer,
119 Informe Inglés 762 (1856)..................................................6
Rexv. Cowle,
97 Informe inglés 587 (1759). ...................................................5

iv
ÍNDICE DE FUENTES -- continuación
Página(s)
Rideau contra Louisiana,
373 U.S. 723(1963). ................................................................16
El Estado contra Albee,
61 New Hampshire 423 (1881)........................................5, 6, 14
El Estado contra Cutshall,
110 Carolina del Norte 538 (1892)..........................................14
El Estado contra Denton,
46 Tennessee 539 (1869).........................................................14
Wheeler contra el Estado,
24 Wisconsin 52 (1869)...........................................................14
Zicarelli contra Gray,
543 F.2d 466 (3 er Cir. 1976). .....................................................5
Otras Fuentes.
Postura y rzones del disentimiento de la minoría de la
Convención de Pennsylvania, 12 de diciembre,
1787 .........................................................................................10
ANALES DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS.
1 er Congreso, 1 er Período de Sesiones. (1789) ...................10, 12
4 WILLIAM BLACKSTONE, COMENTARIOS SOBRE EL DERECHO
INGLÉS........................................................................................4
William Wirt Blume, El lugar del juicio de los casos penales:
Vecindario y sede constitucional, 43 Revista Jurídica de
Michigan 59 (1944). ...................................................4, 6, 7, 12
NEIL H. COGAN, LA DECLARACIÓN DE DERECHOS
COMPLETA. 457(1997) .......................................................10, 13
Comment, Multi-sede y las leyes de la obscenidad,
115 U. Revista Jurídica de Pennsylvania 399 (1967). ..............4
Henry G. Connor, El derecho constitucional a un juicio por
jurados de la vecindad, 57 Revista Jurídica de la
Universidad de Pennsylvania . 197 (1909)........................6, 7, 9

v
ÍNDICE DE FUENTES -- continuación
Página(s)
FRANCIS H. HELLER, LA SEXTA ENMIENDA DE LA
CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS (1951) ............ pássim
35 Henry VIII, c. 2 (1543). .............................................................6
Wm. Henry Jernigan, Jr., Nota, La Sexta
Enmienda y el derecho a un juicio por
jurados de la vecindad, 31 Wash. & Lee L.
Rev. 399 (1974). .......................................................................4
PUBLICACIONES DE LA CÁMARA BAJA DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA (JOURNALS OF THE HOUSE OF BURGESSES)
1766-1769 (Ediciones Kennedy, 1906). ...................................8
Carta de Fisher Ames a Thomas Dwight,
11 de junio de 1789. ................................................................10
Carta de James Madison a Edmund Pendleton,
23 de septiembre de 1789. ......................................................11
Hijo de la libertad, 8 de noviembre de 1787. ...............................10

DOCUMENTO DE AMIGO DE LA CORTE DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEFENSORES
CRIMINALISTAS EN APOYO A LOS DEMANDANTES
_____________
INTERÉS DEL AMIGO DE LA CORTE 1
La Asociación Nacional de Abogados Defensores
Criminalistas de Estados Unidos (NACDL, por sus siglas en
inglés) es una corporación no lucrativa con más de 10 000
abogados miembros y 28 000 miembros afiliados en los cincuenta
estados. La NACDL es afiliada de la Asociación de Abogados de
Estados Unidos (ABA, por su sigla en inglés) y tiene plena
representación en la Asamblea de Delegados de la ABA.
La NACDL fue fundada en 1958 para promover la
investigación en el campo del derecho penal, potenciar el
conocimiento de las leyes entre los profesionales del derecho penal
y estimular la integridad, independencia y los conocimientos
especializados de los abogados defensores en los juicios penales.
Los objetivos de la NACDL incluyen garantizar el debido proceso
a las personas acusadas de delito, promover la administración
adecuada e imparcial de la justicia penal y preservar las
protecciones garantizadas a los acusados por la Constitución de los
Estados Unidos.
La NACDL insta al Tribunal a que acceda a la petición y
examine el fallo sobre la transferencia de sede de una corte
inferior, el cual consideramos que socava un derecho fundamental
de los acusados en juicios penales.
1
Conforme a la Regla 37.6, el Amigo de la Corte afirma que ningún abogado
de las partes es autor de este informe en su totalidad ni en parte y que ninguna
persona que no sea Amigo de la Corte y sus abogados hicieron aporte monetario
para su preparación y presentación. El abogado de la causa por todas las partes
recibió el aviso por lo menos con 10 días de antelación a la fecha de
vencimiento de la intención del Amigo de la Corte de presentar este documento.
Las cartas de consentimiento de las partes respecto de la presentación de este
documento han sido archivadas en la oficina del Secretario.

2
RESUMEN DEL ARGUMENTO
El derecho de un acusado en un juicio penal a transferir la
sede para evitar el prejuicio severo de la comunidad refleja los
valores originados en los comienzos de la práctica inglesa y
colonial que los artífices consagraron en nuestra Constitución tras
deliberativo debate. Ese derecho está plasmado en dos
disposiciones constitucionales.
En el Artículo III, Sección 2, Cláusula 3 de la Constitución se
estipula que:
El juicio de todos los delitos, excepto en los casos de
acusación formulada contra un alto cargo por delitos
cometidos en el desempeño de sus funciones, será por
jurados y dicho juicio se celebrará en el Estado donde
se hayan cometido dichos delitos; pero cuando no se
cometan dentro de ningún Estado, el juicio se realizará
en aquel lugar o lugares que el Congreso haya instruido
por Ley.
La Sexta Enmienda de la Constitución estipula en la parte
pertinente que:
En todos los procesos penales, el acusado disfrutará del
derecho a un juicio rápido y público, por un jurado
imparcial del Estado y distrito donde el delito haya sido
cometido, distrito que debe haber sido previamente
determinado por la ley.
La disposición del Artículo III se refiere a la ubicación del
juicio y por ende es una disposición de sede, en tanto que la
disposición de la Sexta Enmienda analiza el lugar donde se
seleccionan los jurados y por ende es una disposición de vecindad.
Estas disposiciones reflejan el principio del derecho
consuetudinario de que un acusado tiene el derecho a ser procesado
donde ocurrió el supuesto delito y a no ser transportado a un lugar
distante y verse obligado a perder las ventajas procesales
declaradas en el tribunal de la residencia de uno. El derecho de
vecindad fue, por consiguiente, un derecho históricamente
mantenido por el acusado para protegerse contra los
procesamientos judiciales malintencionados o injustos. No tenía el
propósito de modificar el principio del derecho consuetudinario
2

3
largamente establecido que permitía que el acusado renunciara a
ese derecho cuando el prejuicio generalizado de la comunidad
impedía su capacidad para recibir un juicio justo por un jurado
imparcial, derecho también incorporado en la Sexta Enmienda. El
enfoque restrictivo de los tribunales inferiores respecto de este
tema es contrario al fundamento histórico de estas disposiciones.
En consecuencia, los demandantes fueron condenados por un
jurado de la vecindad a costa del derecho de ellos a tener un juicio
por un jurado imparcial.
ARGUMENTO
Como este tribunal explicó en Groppi contra Wisconsin,
400 U.S. 505, 511 (1971), su autorización de los cambios de sede
para evitar el prejuicio generalizado de la comunidad “se hace eco
de más de 200 años de experiencia humana en la búsqueda
interminable de la administración imparcial de justicia. No
obstante, las decisiones del Tribunal en este asunto carecen de un
análisis minucioso de los antecedentes históricos de la disposición
de vecindad de la Sexta Enmienda. El presente documento ofrece
un breve resumen de esa historia, la cual el Amigo de la Corte
considera que sustenta la necesidad de que este Tribunal examine
si el tratamiento del Onceno Circuito referido al asunto de la
transferencia de sede se apartó del significado histórico de la Sexta
Enmienda.
A. El derecho a transferir la sede para evitar el
prejuicio de la comunidad está arraigado en los
comienzos de la práctica inglesa
Los jurados no siempre fueron los imparciales administradores
de justicia que conocemos en la actualidad. El jurado penal
anglosajón original estaba integrado por personas seleccionadas
precisamente porque estaban familiarizadas con el supuesto delito
o conocían a la persona acusada. FRANCIS H. HELLER, LA SEXTA
ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 8 (1951).
Si los jurados no estaban familiarizados con la supuesta actividad
delictiva, se esperaba que ellos hicieran su propia investigación
antes del juicio y luego testificaran en el juicio sobre lo que habían
conocido. Ibídem. Por consiguiente, era un imperativo que los
3

4
jurados fueran extraídos de la comunidad donde ocurrió el
supuesto delito. Este requisito era tan estricto que, si un delito se
cometía en parte en un condado y en parte en otro, el acusado no
podía ser procesado. William Wirt Blume, El lugar del juicio de
los casos penales: Vecindario y sede constitucional, 43 Revista
Jurídica de Michigan 59, 61 (1944) (donde se cita a 3 COKE,
INSTITUTES 48 (1797)); El pueblo contra Powell, 87 California
348, 358 (1891) (que cita a Hawk. P.C., b. 2, c. 25; 1 DERECHO
PENAL DE CHITTY 177).
Hacia el siglo XVIII, el jurado había evolucionado
gradualmente hacia “un cuerpo de hombres imparciales que
llegaban al tribunal sin ideas preconcebidas [,] en vez de
solucionar el veredicto a partir de su conocimiento”. Blume,
supra, 43 Revista Jurídica de Michigan en 60 n.8. Como señaló
Lord Mansfield en 1764: “Un jurado debe ser como el papel en
blanco, y no conocer ni al demandante ni al demandado, sino
juzgar la cuestión meramente como una proposición abstracta, a
partir de la evidencia que le pongan delante.” Ibídem en la 60-61
(que cita a Mylock contra Saladine, 1 Wm. Representante
Blackstone 480, 481 (1781)).
De todas maneras, los jurados continuaron siendo convocados
de la localidad donde se cometía el delito debido a las obvias
ventajas de procedimiento vinculadas con tener el juicio cerca de la
escena del delito y la posible residencia del acusado. Henry
Jernigan, Jr., Nota, La Sexta Enmienda y el derecho a un juicio por
jurados de la vecindad, 31 Wash. & Lee L. Rev. 399 (1974).
Según Blackstone, al juez principal de distrito se le exigía “elegir
un panel de jurados, liberos et legales homines, de vicineto, es
decir, titulares de plena propiedad, sin ninguna excepción, y de la
visne o vecindad; lo cual se interpreta que sea del condado donde
se cometa el hecho.” 4 WILLIAM BLACKSTONE, COMENTARIOS
SOBRE LAS LEYES DE INGLATERRA *344. 2
2
Los debates iniciales del derecho de vecindad con frecuencia asumían que la
localidad donde el delito ocurrió sería la misma localidad donde residía el
acusado, supuesto que tenía sentido “en una era de viajes y movilidad
restringida.” Comentario, Sedes múltiples y las leyes de la obscenidad,
115 Revista Jurídica de la Universidad de Pennsylvania 399, 413 (1967).
4

5
Pero los tribunales ingleses comenzaron a apartarse de la regla
de la estricta vecindad cuando se dieron cuenta de que un jurado
local en comunidades infectadas por el prejuicio podía impedir un
juicio justo. Véase Zicarelli contra Gray, 543 F.2d 466, 475
(3 er Cir. 1976) (donde se analiza la historia de los jurados
imparciales). Por consiguiente, para garantizar un juicio justo,
elaboraron el principio del derecho consuetudinario que les permite
cambiar la sede cuando existan manifestaciones de prejuicio
extremo en la comunidad. Véase el Estado contra Albee, 61 New
Hampshire 423, 425 (1881) (“De la misma forma que el derecho a
un juicio por parte de jurados de vicineto, o de la visne o la
vecindad se otorgó para la protección del sujeto, así se le dio
desde épocas tempranas al Tribunal de la Corona, para la
protección también del sujeto, el poder de cambiar la sede por
sugerencia debidamente sustentada de que no se podía tener un
juicio justo e imparcial”).
Esta regla nueva y en desarrollo se aplicó en numerosos casos.
Por ejemplo, al ordenar un cambio de sede, el tribunal, en La Reina
contra el Condado de Wilts, 87 Informe Inglés 1046, 1047 (1705),
explicó que “en este asunto concerniente a todo el condado, se
sugería que la sede pudiera ser cualquier otro condado que
estuviese próximo y adyacente, y la sede sería allí por la necesidad
de un juicio imparcial”. Ibídem. De Nuevo en Rex contra Cowle,
97 Informe Inglés 587, 603 (1759), el tribunal ordenó un cambio
de sede en un caso de agresión, expresando la regla de que “si se
podía tener allí un juicio o fallo justo, imparcial o satisfactorio, es
una razón para sacarlo del anterior”. El tribunal observó que el
caso era “un gran debate en el distrito municipal” y que el “asunto
radicaba en la acusación surgida a partir de una acalorada disputa
en el gremio, sobre un aspecto del negocio, lo cual provocó una
huelga y un tumulto que dejó al gremio en gran confusión”.
Ibídem. De manera similar, en El Rey contra el Condado de
Cumberland, 101 Informe Inglés 507, 507 (1795), Lord Kenyon
expresó que sería un “caso anómalo en el derecho inglés” que el
tribunal no tuviese facultad para ordenar un cambio de sede donde
los “habitantes del condado están interesados” en el veredicto. Y
en Poole contra Bennet, 93 Informe Inglés 909, 909 (1795), el
tribunal ordenó el cambio de sede en relación con la moción donde
5

6
al parecer “no podía realizarse un juicio justo” en el condado
donde se produjo el asunto.
El cambio de sede para garantizar un juicio justo permaneció
como una característica establecida en la práctica del derecho
penal inglés. Véase El Rey contra Thomas, 105 Informe Inglés
897 (1815); La Reina contra Palmer, 119 Informe Inglés
762 (1856). Como se reconoce en los tratados del siglo XIX, “en
el derecho consuetudinario, cuando no se podía obtener un juicio
justo e imparcial, y el encauzamiento ha sido trasladado al tribunal
de la Corona por interposición del recurso de revisión, el tribunal
tiene la facultad de ordenar que se celebre el juicio en el próximo
condado colindante cuando la justicia lo requiera”. Albee, 61 New
Hampshire en 425 (cita el 1 DERECHO PENAL DE CHITTY 201).
Durante el siglo XVIII, el juicio por jurados de la vecindad
devino en considerarse cada vez más como un derecho
perteneciente al acusado. Como explicó el Presidente del Tribunal
Supremo de Carolina del Norte, eso facilitaba la recopilación de la
evidencia del acusado, la concurrencia de testigos y la formación
de un jurado de vecinos favorable. Henry G. Connor, El derecho
constitucional a un juicio por jurados de la vecindad, 57 Revista
Jurídica de la Universidad de Pennsylvania, 197, 205 (1909). Este
entendimiento se pone de manifiesto en los archivos
parlamentarios desde 1768 y 1769 que recogen el debate de la
restitución de 35 Enrique VIII, c. 2 (1543), el cual permitió que el
juicio por la traición cometida en las colonias americanas se
realizara en Inglaterra, en una localidad escogida por el Rey.
Blume, supra, 43 Revista Jurídica de Michigan en 63-65. Los
opositores parlamentarios a la medida argumentaron
enérgicamente que la ley privaría a los colonos de su derecho
básico a un jurado integrado por sus homólogos:
Comentaron de manera convincente sobre la crueldad y
la injusticia de arrastrar a una persona a tres mil millas
de su familia, sus amigos y su negocio, “de la
asistencia, presencia, comodidad y asesoría necesaria
para apoyar a un hombre bajo esas circunstancias
difíciles”, con vistas a que, con el Atlántico entre él y
sus propios testigos, pueda ponerse en peligro su vida
6

7
ante un jurado de doce hombres ingleses, que en el
verdadero sentido de la palabra no son sus homólogos.
De esos miembros del jurado el colono acusado no
poseería el conocimiento personal que únicamente le
permitiría aprovechar su derecho a recusar; en tanto que
ellos, por la otra parte, se considerarían de manera
infalible a sí mismos como reunidos para vindicar la ley
contra un criminal de cuya culpabilidad las autoridades
responsables estaban plenamente seguras.
Connor, supra, 57 Revista Jurídica de la Universidad de
Pennsylvania en 206. De ese modo, hacia mediados del siglo
XVIII en Inglaterra, se consideraba al jurado de la vecindad como
un derecho del acusado al cual este podía renunciar si ello
impidiese su derecho a un jurado justo e imparcial.
B. El derecho a transferir la sede para evitar el
prejuicio de la comunidad está arraigada en la
práctica colonial americana
Los colonos “en todo momento insistieron en que trajeran a
través de los mares, ya fuese como su inalienable derecho de
nacimiento, o, como garantizaba la constitución, el juicio por
jurados como existía en Inglaterra”. Connor, supra, 57 Revista
Jurídica de la Universidad de Pennsylvania en 197. Sin embargo, a
medida que las tensiones aumentaron entre Gran Bretaña y sus
colonias americanas, muchos colonos consideraron que ese
derecho estaba en peligro cada vez más.
Como se señala arriba, a principios de diciembre de 1768, el
Parlamento debatió y aprobó la restitución de una ley que
permitiría que las personas acusadas de cometer traición en las
colonias americanas fuesen transportadas a Inglaterra para la
celebración del juicio. Blume, supra, 43 Revista Jurídica de
Michigan en 63-64. Esta medida fue enfrentada con ferviente
resistencia en las colonias americanas. El 17 de mayo de 1769, los
delegados de Virginia aprobaron una alocución al Rey que
expresaba:
Cuando consideramos que por las Leyes y la
Constitución establecidas en esta Colonia, se toman las
más amplias provisiones para apresar y castigar a todos
7

8
aquellos quienes osen enfrascarse en cualesquiera
prácticas traicioneras contra su Majestad, o perturbar la
tranquilidad del Gobierno, no podemos, sin horror,
pensar en la nueva, inusual, y permítanos con toda
humildad añadir, modo inconstitucional e ilegal,
recomendado a su Majestad, de capturar y transportar a
través del mar, a los habitantes de América,
sospechosos de cualquier delito, y de tratar a esas
personas en cualquier otra manera que no sea por el
antiguo y establecido desde hace tiempo Curso del
Procedimiento: Porque, ¿cuán verdaderamente
deplorable tiene que ser el caso de un desdichado
americano, quien, habiendo contrariado a cualquier
Autoridad, sea arrastrado de su Patria de nacimiento y
sus más preciadas conexiones nacionales, arrojado en
prisión, no para aguardar por su juicio ante un Tribunal,
Jurado o Jueces, a partir del conocimiento de quienes
recibe el aliento de esperar Justicia rápida, sino para
cambiar el encarcelamiento en su propio país por
cadenas entre extraños? Transportado a una tierra
distante, donde ningún amigo ni relación aliviarán sus
aflicciones ni atenderán sus necesidades; y donde no se
puede encontrar ningún testigo que defienda su
inocencia; rechazado por la reputada y honesta
sociedad y consignado a ella, la cual es contraria al
desdichado y abandonado, él solo puede rezar por que
termine rápido su sufrimiento con su propia vida.
Ibídem en 64-65 (que cita las JOURNALS OF THE HOUSE OF
BURGESSES (PUBLICACIONES DE LA CÁMARA BAJA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA) 1766-1769, en 215-216 (Ediciones
Kennedy, 1906) (se añadieron las cursivas). Por consiguiente, no
es de extrañarse que este delito estuviese entre los enumerados en
la Declaración de Independencia, la cual se quejó de “que nos
transportaran a través de los mares para ser procesados por
supuestos delitos” y “nos privaran en muchos casos de los
beneficios del Juicio por Jurados”.
8

9
Cuando posteriormente la Constitución fue presentada a los
Estados para su ratificación, la falta de una disposición de
vecindario exhaustivamente especificada era la principal fuente de
oposición, y muchos argumentaron que obligatoriamente la
disposición sobre la sede del Artículo III era demasiado vaga para
proteger los derechos de los acusados. HELLER, supra, en
25; véase además Connor, supra, 57 Revista Jurídica de la
Universidad de Pennsylvania en la 200. Los legisladores estatales
argumentaron enérgicamente que el derecho consuetudinario a un
jurado de la vecindad tenía que estar más claramente asegurado
para el beneficio de los acusados. La queja presentada por Patrick
Henry fue típica:
Este gran privilegio queda debilitado por este
documento. No estando asegurados los jurados del
vecindario, este derecho está en realidad sacrificado.
Todo se acabó. * * * ¿Por qué anhelamos este juicio por
jurados? Porque este impide que la mano de la opresión
te cercene. * * * ¿No ha preservado magnánimamente
su madre patria este noble privilegio durante más de mil
años? * * * Y ¿abandonarían los americanos algo que
nada pudo inducir al pueblo inglés a renunciar? La idea
me resulta repugnante.
HELLER, supra, en la 25. William Grayson, quien fue uno
de los primeros dos Senadores de Virginia, secundó la oposición
de Henry y expresó:
[D]onde el poder gobernante posee un ilimitado control sobre la
sede, la vida de ningún hombre está segura. * * * La idea que yo
tengo por verdadero vecindario es que el hombre debe ser
procesado por sus vecinos. Pero la idea plasmada aquí es que
puede ser procesado en cualquier parte del estado. * * * El jurado
puede venir de cualquier parte del estado [y] pueden ahorcar a
cualquiera que quieran, teniendo un jurado que se avenga a sus
propósitos.
Id. en 26.
9

10
La protesta está bien documentada en la literatura política de
la época. Por ejemplo, un panfleto objetaba la “pérdida del
inestimable derecho a un juicio por un jurado imparcial, tan
preciado para todo amigo de la libertad”. NEIL H. COGAN, THE
COMPLETE BILL OF RIGHTS (LA DECLARACIÓN DE DERECHOS
COMPLETA) 457 (1997) (reimpresión del Address and Reasons of
Dissent of the Minority of the Pennsylvania Convention (Postura y
motivos del disentimiento de la Minoría de la Convención de
Pennsylvania), 12 de diciembre de 1787). Otro se quejó de la
“pérdida del juicio en la vecindad, donde el hecho y la credibilidad
de nuestros testigos son conocidos, y donde se puede convocar su
asistencia sin gastos o inconvenientes insoportables”. Ibídem, en la
452 (reimpresión de A Son of Liberty (Hijo de la libertad), 8 de
noviembre de 1787).
Estas sustanciosas protestas reflejaban la preocupación
profunda que sentían por los derechos de los acusados en juicios
penales. Aunque la Constitución fue ratificada a pesar de estas
objeciones, inmediatamente le siguió la demanda de una
Declaración de Derechos.
C. La ratificación de la Sexta Enmienda reconoció que
la disposición de vecindad refleja un derecho del
acusado penal
Tras la ratificación de la Constitución, James Madison,
después de una extensa “labor e investigación” sobre el
resentimiento y las quejas que aparecieron en los periódicos –todos
los artículos de las Convenciones—y las conversaciones triviales
sobre sus debates”, redactó la Declaración de Derechos. COGAN,
supra, en la 479 (reimpresión de la Carta de Fisher Ames a
Thomas Dwight, 11 de junio de 1789). Su redacción incluía la
disposición de vecindad que expresaba: “El juicio de todos los
delitos * * * se realizará por un jurado imparcial de propietarios
del vecindario.” I ANALES DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS
UNIDOS, 1 er Congreso, 1 er Período de Sesiones, en la
452 (1789) (en lo sucesivo I ANALES).
Ese proyecto de disposición fue la principal fuente de debate
en el primer Congreso. Persistía la preocupación de que el término
de “vecindario” era demasiado impreciso. Aedamus Burke de
10

11
Carolina del Sur presentó una enmienda después que la disposición
fue presentada ante la Cámara:
El señor Burke procuró cambiar la palabra “vecindario”
por “distrito o condado donde el delito haya sido
cometido”. Dijo que esto era coherente con la práctica
del Estado de Carolina del Sur y que él creía que para la
mayoría de los Estados de la Unión tendría también la
tendencia de aquietar la alarma albergada por los
buenos ciudadanos de muchos de los Estados por su
seguridad personal, ya no sentirían más temor de ser
arrastrados desde un extremo del Estado hasta el otro
para tener el juicio a la distancia de trescientas o
cuatrocientas millas.
I ANALES en la 789. La enmienda propuesta fue denegada después
que otro representante afirmó que el término vecindario era "bien
entendido por todo caballero con conocimientos jurídicos”. Ibídem.
Por último, la Cámara aprobó la disposición de vecindad como fue
presentada por Madison, al parecer con la compresión de consenso
de que la disposición incorporaba el derecho del acusado a no ser
transportado a una sede injusta.
En el Senado, a la disposición de vecindad no le fue tan bien,
debido a la evidente preocupación de que el término “vecindario”
era demasiado vago y brindaría insuficiente protección para los
acusados. Poco se sabe sobre los debates del Senado en relación
con la Sexta Enmienda, pero cuando las enmiendas regresaron a la
Cámara, la disposición de vecindario había sido borrada. HELLER,
supra, en la 32. Una carta de Madison arroja alguna luz sobre el
debate:
[Los Senadores] son igualmente inflexibles en la
contraposición de una definición de la localidad de los
jurados. La vecindad que ellos contienden es lo mismo
un término demasiado vago que demasiado estricto:
Demasiado vago si depende de los límites a fijarse para
el placer de la ley, demasiado estricto si se limita al
Condado. Se propuso insertar después de la palabra
jurados —“con los requisitos acostumbrados— y dejar
que la definición fuera interpretada según el criterio de
11

12
los profesionales. Ni siquiera esto se pudo obtener.* * *
El Senado supone también que la disposición de
vecindad en el proyecto de ley judicial aquietará
suficientemente los temores que exigían una enmienda
en este punto.
COGAN, supra, en la 480-481 (reimpresión de la Carta de James
Madison a Edmund Pendleton, 23 de septiembre de 1789).
Sin embargo, la Cámara se rehusó a concordar con la
tachadura del Senado. Después de una serie de compromisos, la
disposición de vecindad fue incluida en la Sexta Enmienda, con la
redacción que aparecía en el proyecto cambiada para decir el
“Estado y distrito donde el delito haya sido cometido, cuyo distrito
será previamente determinado por la ley”, mediante lo cual se
permite al Congreso determinar las fronteras de los distritos.
HELLER, supra, en 33-34. Aunque no concluyente, este debate de
la ratificación indica que aprobaron la Sexta Enmienda
comprendieron que la disposición de vecindario, al igual que otras
disposiciones en esa enmienda, es una importante protección de
procedimiento para los acusados en los procesos penales.
D. El derecho a transferir la sede para evitar el
prejuicio de la comunidad se refleja en los
comienzos de la práctica estatal
Después de la ratificación de la Constitución y la adopción de
la Declaración de Derechos, los Estados aprobaron sus propias
disposiciones constitucionales. Estas variaban de Estado a Estado,
pero el contenido de estas en general era compatible con la Sexta
Enmienda de la Constitución Federal. Blume, supra, 43 Revista
Jurídica de Michigan en la 67. Los Estados también continuaron
siguiendo el principio del derecho consuetudinario que permite el
cambio de sede en los casos en que el juicio justo esté en peligro
debido a un fuerte prejuicio de la comunidad.
De hecho, un número de Estados consideraron que el derecho
al cambio de sede para obtener un juicio justo es tan fundamental
que consagraron la doctrina del derecho consuetudinario en sus
leyes estatales. Por ejemplo, Arkansas promulgó una ley que
12

13
otorga a los acusados el derecho a cambiar de sede donde “las
mentes de los habitantes del condado, en el cual está pendiente la
causa, estén tan prejuiciadas contra el acusado, que no se pueda
tener un juicio justo e imparcial en ese lugar”. Osborn contra el
Estado, 24 Arkansas 629, 632 (1867). Véase además Kirk contra
El Estado, 41 Tennessee 344, 350 (1860) (donde se hace referencia
a una Ley de 1827 que permitía que los acusados cambiaran de
sede en las causas penales); Dula contra El Estado, 16 Tennessee
511, 513 (1835) (“se infligiría un grave daño si se obligara a un
hombre a poner su vida en las manos de un jurado prejuiciado” y
toma nota de que las leyes que permiten el cambio de sede en los
procesos penales habían “existido incluso desde el año 1808”);
Crocker contra el Tribunal Superior, 208 Massachussets
162, 174 (1911) (“Desde la adopción de la Constitución, se han
aprobado varios estatutos ampliando la sede de las acciones, con
vistas a garantizar la celebración de juicios ante jurados
indiferentes”).
Los tribunales también continuaron haciendo valer su
prerrogativa del derecho consuetudinario para permitir que un
acusado cambiara la sede por causa del prejuicio. Como explicó el
Tribunal Supremo de New Hampshire, la práctica de las cortes
inglesas de cambiar la sede “llegó a insertarse plenamente en el
derecho consuetudinario mucho antes de la independencia de este
país, y desde aquel entonces hasta nuestros días la práctica no sólo
ha prevalecido en los tribunales de Inglaterra, sino que la
prerrogativa actualmente la ejercen los tribunales de muchos, por
no decir de todos, nuestros Estados, ya sea por la fuerza del
estatuto explícito o por la adopción del derecho consuetudinario en
la jurisprudencia de los mismos”. Cochecho R.R. contra
Farrington, 26 New Hampshire 428, 436 (1853); véase además
Crocker, 208 Massachussets en la 175 (“es una facultad inherente
de los tribunales que se rigen por el derecho consuetudinario
ordenar el cambio [de sede] a los fines de garantizar un juicio
imparcial”). Y los tribunales estatales articularon de manera
sistemática el derecho a un jurado de la
13

14
vecindad como un derecho del acusado al cual se podía renunciar
para obtener un jurado imparcial. 3
En 1881, el Tribunal Supremo de New Hampshire, en un caso
citado por este tribunal en Groppi, 400 U.S. en la
511 n.12, expresó la naturaleza y la importancia del derecho a
transferir la sede ante la presencia de prejuicio comunitario. Albee,
61 New Hampshire en la 425. Después de un minucioso examen
de la historia de este principio, el tribunal concluyó que:
Es un privilegio del acusado ser procesado en el
condado donde el delito fue cometido. Esta disposición
en nuestra Declaración de Derechos, diseñada para la
protección del acusado, fue considerada por los artífices
de la Constitución como un privilegio de la mayor
importancia, porque este evitaría la posibilidad de que
se le enviara a un condado remoto para la celebración
del juicio, distanciado de sus amigos, entre extraños y
quizás entre partes animadas por prejuicios de carácter
3
Véase, por ejemplo, El Estado contra Cutshall, 110 Carolina del Note 538,
543-544 (1892) (el acusado tiene derecho a un jurado de sus homólogos a menos
que sea “necesario sacar el caso hacia algún condado vecino con vistas a
garantizar un juicio justo”); El Pueblo contra Powell, 87 California 348,
360-361 (1891) (la sede no puede cambiarse sin el consentimiento del acusado
quien “solamente tiene que demostrar que no se puede tener un juicio justo e
imparcial en el condado”); Perteet contra Illinois, 70 Illinois. 171, 173 (1873)
(el tribunal del juicio erró al denegar el cambio de sede solicitada por el
acusado); Wheeler contra El Estado, 24 Wisconsin 52, 52-53 (1869) (el tribunal
del juicio ordenó erróneamente cambiar la sede a pesar de la objeción del
acusado; derecho que existe para impedir que el acusado “sea sacado del distrito
para que se le realice el juicio”); El Estado contra Denton, 46 Tennessee. 539,
541 (1869) (el “derecho del acusado a ser procesado en el condado en el cual
supuestamente el delito ha sido cometido, es un derecho garantizado a él por la
Constitución, y del cual no puede, en ningún caso, ser privado sin su
consentimiento dado en tribunal abierto”); Osborn contra El Estado,
24 Arkansas 629, 633 (1867) (el cambio de sede no pudo ser ordenado sin el
consentimiento del acusado); Kirk contra El Estado, 41 Tennessee en la 350 (el
acusado “puede renunciar” a un jurado de la vecindad); Cochrane contra El Estado,
6 Maryland 400, 404 (1854) (donde se anota que la sede fue cambiada a solicitud
del acusado); Dula contra El Estado, 16 Tennessee 511, 512-513 (1835) (el
derecho del acusado a un juicio por jurados de la vecindad no “le impide escoger
otro condado [para] obtener el gran final, para lo cual lo antes mencionado
quedó garantizado por la constitución”).
14

15
personal o partidista. Pero ellos no tenían la intención
de destruir su prerrogativa conforme al derecho
consuetudinario de cambiar la sede siempre que no se
pudiera tener un juicio justo e imparcial en el condado
donde el hecho aconteció. El propósito de esta
disposición constitucional era la protección, no la
destrucción, de los derechos individuales. La
disposición constitucional es una afirmación del
derecho del prisionero, conforme al derecho
consuetudinario, a no ser procesado a una distancia del
condado en el cual su delito fue acusado; y él puede
renunciar a este derecho constitucional contemplado en
el derecho consuetudinario a los fines de asegurarse el
juicio justo que la constitución garantiza. Bajo esas
circunstancias, se calcula un cambio de sede para
preservar en su pureza el sistema de juicio por jurados
y, por consiguiente, incrementar la confianza de la
comunidad en su seguridad y utilidad.
Ibídem en la 429 (se omitió la cita y se añadieron las cursivas).
De manera similar, en Crocker, 208 Massachussets en la
178-179, el cual también fue citado por este Tribunal en Groppi,
400 U.S. en la 511 n.12, el Tribunal Supremo de Massachussets
examinó de manera exhaustiva la práctica del cambio de sede a
tenor del derecho consuetudinario para garantizar un juicio justo y
llegó a la conclusión de que:
Es el derecho de cada ciudadano ser procesado por
jueces tan libres, imparciales e independientes como la
mayoría de los seres humanos admita. No puede haber
justicia en un juicio por jurados inflamados por las
pasiones, deformados por el prejuicio, atemorizados por
la violencia, amenazados por la virulencia de la opinión
pública, o parcializados manifiestamente por las
influencias que actúen abierta o insidiosamente hasta un
grado tal que corrompan el juicio e impidan la libertad
de actuar con justicia.
15

16
Este derecho de un acusado penal al cambio de sede para
evitar el prejuicio generalizado y obtener un juicio justo fue
posteriormente conservado en las decisiones de este Tribunal en
Rideau contra Louisiana, 373 U.S. 723 (1963) y en Groppi, 400
U.S. 505. La decisión del Onceno Circuito en este caso representa
un gigantesco retroceso de esta progresista jurisprudencia.
* * *
En resumen, el principio de que el derecho de vecindad
pertenece al acusado —para proteger su derecho a un juicio
justo— está enraizado en los orígenes del jurado en la práctica
inglesa, en el establecimiento de nuestra Constitución y su
Declaración de Derechos, y en las leyes promulgadas con
posterioridad y en el derecho consuetudinario. Los tribunales
inferiores dieron insuficiente peso y consideración a este derecho
fundamental al no reconocer que procedimientos judiciales de otro
modo adecuados (como el examen exhaustivo para la selección del
jurado) pueden constituir simplemente “una formalidad vacía”
frente al prejuicio generalizado de la comunidad. Rideau, 373 U.S.
en la 726. El Amigo de la Corte insta a este Tribunal que acceda a
la petición, revoque el fallo del Onceno Circuito y defienda el
derecho a un juicio justo e imparcial libre de la mancha del
prejuicio de la comunidad.
16

17
CONCLUSIONES
Debe ser concedida la petición de revisión.
Presentaron respetuosamente,
AMANDA K. HINE*
JEFFREY W. SARLES
Mayer Brown LLP
Abogado Representante
1909KStreet, NW
MICHAEL S. PAIK
Washington, DC 20006
Mayer Brown LLP
(202) 263-3000 71 South Wacker Drive
Chicago, IL 60606
(312) 782-0600
*Admitido en Virginia solamente; no admitido en el Distrito de
Columbia. Estudio jurídico realizado bajo la supervisión de los
principales del bufete.
MARZO de 2009.
.
17

No. 08-987
EN EL
TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
__________
RUBÉN CAMPA, RENE GONZÁLEZ, ANTONIO GUERRERO,
GERARDO HERNÁNDEZ, Y LUIS MEDINA,
v.
Demandantes,
Estados Unidos de América,
__________
Demandado.
Sobre la Petición de Revisión al Tribunal de Apelaciones del
Onceno Circuito de los Estados Unidos
__________
DOCUMENTO DE LOS AMIGOS DE LA CORTE
(AMICI CURIAE) JOSÉ RAMOS-HORTA, WOLE
SOYINKA, ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, NADINE
GORDIMER, RIGOBERTA
MENCHÚ, JOSÉ SARAMAGO, ZHORES
ALFEROV, DARÍO FO, GUNTER GRASS, Y
MAIREAD CORRIGAN MAGUIRE EN RESPALDO A
LA PETICIÓN DE REVISIÓN
__________
Michael Ratner
Abogado Representante
Margaret Ratner Kunstler Anjana
Samant
CENTRO POR LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES
666 Broadway, New York,
NY 10012 (212) 614-6464

INDICE
IDENTIFICACIÓN DE LOS AMIGOS DE LA CORTE..... 2
INTERESES DE LOS AMIGOS DE LA CORTE ............... 5
RAZONES PARA LA CONCESIÓN DE LA REVISIÓN... 8
I. Los Demandantes no recibieron un juicio justo e
imparcial porque los miembros del jurado no
pudieron fallar en el juicio sin temor a represalias
por parte de la comunidad opuesta a Castro............ 8
II. Los Demandantes no recibieron un juicio justo e
imparcial porque los miembros del jurado no
pudieron abstraerse de los prejuicios contra
cualquier individuo asociado con el Gobierno
cubano predominantes en la comunidad a la hora de
emitir su fallo.........................................................15
III. La sentencia de conspiración para cometer asesinato
impuesta a Gerardo Hernández demuestra que la
selección de un jurado libre de prejuicios contrarios
a Castro y sin temor a futuras represalias era
necesaria para garantizar un juicio justo e
imparcial……………………………………….... 21
IV. El hecho de que los Tribunales estadounidenses no
hayan rechazado el fallo de un jurado contaminado
por la intimidación y el temor a la violencia estimula
el que no se tenga en cuenta el derecho a un juicio
justo .......................................................................24
CONCLUSIÓN ...................................................................24
ANEXO A............................................................................la

ii
ÍNDICE DE FUENTES
Tratados y Convenios Internacionales
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 27 de
junio de 1981, O.U.A Doc. CAB/LEG/67/3/rev.5……… 5
Convención Europea para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, 4 de noviembre
de 1950, 213 Serie de Tratados de la ONU (U.N.T.S.)
221.... 5
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
14, 19 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171
……………………………………………........................ 5
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea
General, Res. 217A, Naciones Unidas GAOR, Tercera
Sesión, Primer plenario U.N. Doc. A/810 (10 de diciembre
de 1948)..5
Otras fuentes
Abby Goodnough & Marc Lacey, La victoria legal del
militante cubano exiliado provoca al mismo tiempo
regocijo e indignación (Legal Victory by Militant Cuban
Exile Brings Both Glee and Rage), N.Y. TIMES, 10 de
mayo de 2007 ................................................................. 19
Ann Louise Bardach & Larry Rohter, Cuento de terroristas:
Exiliado cubano revela detalles del ‘horrendo caso’ de una
campaña de explosiones (A Bombers Tale: A Cuban Exile
Details the ‘Horrendous Matter’ of a Bombing Campaign),
N.Y. Times, 12 de julio de 1998 .................................... 19
Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo,
Departamento de Estado de los Estados Unidos, Informes
por países sobre las prácticas de derechos humanos: China
(incluye al Tíbet, Hong Kong y Macao) (11 de marzo de
2008)………………………………………….………….. 5

David Binder, Algunos exiliados siguen en guerra con Castro
(Some Exiles Are Still at War With Castro), N.Y. TIMES,
20 de octubre de 1976 ..................................................... 18
Human Rights Watch, Diálogo peligroso: Ataques a la
libertad de expresión en la comunidad de exiliados cubanos
de Miami (1992)…………………. ………………………9
Jeffrey Schmalz, Furor sobre el destino de un enemigo de
Castro pone en apuros a Bush en Miami (Furor over
Castro Foe’s Fate Puts Bush on the Spot in Miami), N.Y.
TIMES, 16 de agosto de 1989 ........................................ 19
JOAN DIDION, MIAMI (1987) ……………………….. 9
Juan Forero, El caso de Elián González: los
cubanoamericanos; en Miami, algunos cubanoamericanos
tienen opiniones menos populares (The Elian González
Case: The Cuban Americans; In Miami, Some Cuban
Americans Takes Less Popular Views), N.Y.TIMES, 27 de
abril de 2000 ......................................................................9
Mark Lacey, Enemigo de Castro vinculado a la CIA coloca a
los Estados Unidos en una posición difícil (Castro Foe
With C.I.A. Ties Puts U.S. in an Awkward Spot), N.Y.
TIMES, 8 de octubre de 2008 ......................................... 19
Nadine Gordimer, Carta al Editor, Caso de los cinco cubanos
(Case of Five Cubans), N.Y. TIMES, 13 de abril de 2003.. 5
Informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Detenciones Arbitrarias, U.N. Doc.
E/CN.4/2006/7/Anexo1, págs. 60-65 (19 de octubre de
2005) ……………..…….. 6
Simón Romero & Damien Cave Weiner, Venezuela
presionará a los Estados Unidos para que entregue hombre
vinculado con la voladura de un avión (Venezuela Will
Push U.S. to Hand Over Man Tied to Plane Bombing),
N.Y. TIMES, 23 de enero de 2009 ................................. 18
iii

Tim Weiner, Exiliado cubano pone a prueba la definición
estadounidense de terrorismo (Cuban Exile Could Test
U.S.Definition of Terrorism) N.Y. TIMES, 9 de mayo de
2005 ................................................................................ 18
Wole Soyinka et al., Carta Abierta al Fiscal General de los
Estados Unidos de América (9 de Febrero de 2005)……. 6
iv

2
IDENTIFICACIÓN DE LOS AMIGOS DE LA CORTE 1
Diez laureados con el Premio Nobel integran los Amigos De
la Corte
José Ramos-Horta recibió el Premio Nobel de la Paz en
1996. Es Presidente de Timor L’Este. Antes de ser electo
Presidente, fue nombrado como el Primer Canciller del país
en 2002 y Primer Ministro en 2006. Ramos-Horta estudió
Derecho Internacional en la Academia de Derecho
Internacional de La Haya y es Profesor Asociado Principal
del St. Antony’s College de la Universidad de Oxford.
Wole Soyinka recibió el Premio Nobel de Literatura en
1986. Soyinka, escritor nigeriano, está considerado como el
dramaturgo más importante de África. Fue el primer africano
en ganar el Premio Nobel de Literatura. Criticó abiertamente
los regímenes autoritarios nigerianos y permaneció casi dos
años encarcelado durante la Guerra Civil de Nigeria por sus
intentos de negociar un acuerdo de paz. Durante la dictadura
del General Sani Abacha (1993-1998), Soyinka vivió exiliado
en los Estados Unidos. Es profesor de la Universidad de
Nevada-Las Vegas y Profesor residente de la Universidad de
Loyola Marymount.
1 Este informe es presentado previo consentimiento por escrito de todas
las partes. Ninguno de los abogados de ninguna de las partes ha redactado
este informe ni total ni parcialmente, ni ningún abogado o parte realizó
contribución monetaria alguna con la intención de financiar la elaboración
o presentación de dicho informe.

3
Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz
en 1980. Nacido en Argentina, es cofundador de la
organización pacífica cristiana, Servicio Paz y Justicia, que
promueve los derechos humanos en toda Latinoamérica. Pérez
Esquivel fue encarcelado y torturado en Ecuador y Argentina a
finales de los setenta por su labor pacifista y de defensa de los
derechos humanos, que incluyó la realización de una campaña
internacional para exhortar a las Naciones Unidas a crear la
Comisión de Derechos Humanos. Recibió el Premio de la Paz
Papa Juan Pablo XXIII.
Nadine Gordimer recibió el Premio Nobel de Literatura
en 1991. Gordimer nació en Sudáfrica donde ha vivido toda
su vida. Su obra literaria expone conflictos morales y raciales,
en particular el apartheid. Algunos de sus libros fueron
prohibidos por el gobierno del apartheid sudafricano. Participó
activamente en el movimiento anti-apartheid sudafricano e
integró el Congreso Nacional Africano. Prosigue su labor
política mayormente en campañas contra la censura y a favor
de la causa del VIH/SIDA.
Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz en
1992. Menchú, india quiche de Guatemala, participó
activamente en los esfuerzos de reforma en Guatemala, en
particular en los relacionados con los derechos de las mujeres
y los campesinos indígenas. Su familia, incluyendo su
hermano, su madre y su padre, fue arrestada, torturada y
asesinada por el gobierno guatemalteco. Menchú tuvo que
exiliarse en México en 1981, donde escribió su libro
reconocido internacionalmente, Yo, Rigoberta Menchú. En la
actualidad es Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO
y continúa su labor a favor de las comunidades campesinas
indígenas de Guatemala.
José Saramago recibió el Premio Nobel de Literatura en
1998. Nacido en Lisboa, Portugal, Saramago fue cofundador
del Frente Nacional para la Defensa de la Cultura en 1992.
Saramago es novelista, dramaturgo y periodista. Su obra es
famosa por su empatía con la condición humana. Continúa
escribiendo sobre temas relacionados con los derechos
humanos.

4
Zhores Alferov recibió el Premio Nobel de Física en
2000. Alferov, físico ruso, inventó el heterotransistor,
descubrimiento tecnológico que contribuyó al avance de la
tecnología electrónica digital, incluidos los teléfonos celulares,
los lectores de código de barra y los reproductores de música.
Ha participado activamente en los asuntos políticos rusos y es
miembro del Parlamento ruso desde 1995.
Darío Fo recibió el Premio Nobel de Literatura en 1997.
Fo es un dramaturgo, director, escenógrafo, diseñador de
vestuario y compositor musical italiano. Su obra ha sido
calificada de controvertida en Italia por lo que recibió varias
amenazas de muerte. Su obra ha sido interpretada en todo el
mundo.
Günter Grass recibió el Premio Nobel de Literatura en
1999. Grass, autor prolífico, ha ganado varios premios
literarios y un museo archivístico fue fundado en su honor en
Bremen, Alemania. Grass ha participado activamente en la
vida política alemana, incluido el movimiento pacifista y las
elecciones. En la actualidad está enfrascado en la creación de
un museo germano-polaco para las obras de arte perdidas
durante la Segunda Guerra de Mundial.
Máiread Corrigan Maguire recibió el Premio Nobel de
la Paz en 1976 en reconocimiento a su labor a favor de la paz
y la resolución de conflictos armados. Es cofundadora de
Community of Peace People (Comunidad de Pacifistas),
organización que instaba a la solución pacífica de los
conflictos de Irlanda del Norte. En la actualidad prosigue su
labor y ha viajado a más de 25 países. En 1992 recibió el
Premio a la Paz y la Libertad “Pacem in Terris”, nombrado en
honor al Papa Juan XXIII.
INTERESES DE LOS AMIGOS DE LA CORTE
Los Amigos de la Corte son diez laureados con el Premio
Nobel de ideologías políticas diversas que han dedicado gran
parte de sus vidas a la defensa de la justicia. Todos provienen
de países donde la existencia de tribunales justos e imparciales
ha sido tema de gran preocupación a lo largo de sus vidas.
Ellos y sus compatriotas han buscado orientación en el sistema

5
legal de los Estados Unidos, su Constitución, y sus
protecciones legales que garantizan la celebración de juicios
justos e imparciales. Están consternados por las condenas
impuestas en este caso y consideran que si se mantienen darán
un mal ejemplo a los países donde el imperio del derecho no
está consolidado y denigrará la reputación del sistema legal
estadounidense.
Como miembros de la comunidad internacional, los
Amigos de la Corte desean subrayar las violaciones a los
principios legales internacionales que dictan el derecho a un
juicio justo e imparcial, principios modelados a partir de las
normas estadounidenses. Los tratados internacionales
ratificados por los Estados Unidos y el derecho internacional
tradicional reflejan el requisito constitucional estadounidense
de un juicio justo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos dispone que “toda persona tendrá derecho a ser
oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 19
de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171. Numerosos tratados
y declaraciones internacionales también lo exigen. 2
Durante varios años los Amigos de la Corte han seguido
atentos la evolución de este caso. Por ejemplo, en 2003,
Nadine Gordimer escribió una carta al New York Times donde
declaraba que en “el juicio celebrado en Miami
los…cargos…solo fueron escuchados por un jurado
prejuiciado, puesto que en el área existe una fuerte presencia
de enemigos declarados de Cuba.” Nadine Gordimer, Carta al
Editor, Caso de los Cinco Cubanos, N.Y. TIMES, 13 de abril
de 2003, en la sección D, PÁG. 12. En 2005 los Amigos de la
2 Por ejemplo: Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, 27 de junio de 1981, O.U.A Doc. CAB/LEG/67/3/rev.5;
Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, 4 de noviembre de 1950, 213 U.N.T.S. 221;
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General, Res.
217A, Naciones Unidas GAOR, Tercera Sesión, Primer plenario U.N. Doc.
A/810 (10 de diciembre de 1948). El Departamento de Estado de los
Estados Unidos en sus Informes por países sobre las prácticas de Derechos
Humanos evalúa a los países según el cumplimiento de los requisitos de
juicios justos. Por ejemplo: OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS
HUMANOS Y TRABAJO, DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS, INFORMES POR PAÍSES SOBRE LAS
PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS: CHINA (INCLUYE AL
TÍBET, HONG KONG Y MACAO), §1 (e) (11 DE MARZO DE 2008).

6
Corte firmaron una carta al Fiscal General Alberto González
donde denunciaron que los Demandantes seguían encarcelados
pese a que el Tribunal del Onceno Circuito había revocado sus
condenas a causa de la imposibilidad de recibir un juicio justo
e imparcial en Miami, Florida. Wole Soyinka et al., Carta
Pública al Fiscal General de los Estados Unidos de América (9
de febrero de 2005) disponible en el sitio web
http://www.embacubasiria.com/loscinco310805e.html (última
visita 25 de febrero de 2009).
En dicha carta, que posteriormente fue firmada por miles
de destacadas personalidades internacionales, los Amigos de la
Corte abordaron la opinión emitida en 2005 por el Grupo de
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas según la cual la
detención de los Demandantes era arbitraria y violaba el
Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Informe del Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, U.N. Doc.
E/CN.4/2006/7/Anexo 1, págs. 60-65 (19 de octubre de
2005). Esa fue la primera ocasión en que un Grupo de Trabajo
dictaminó que un proceso judicial estadounidense violaba la
prohibición de detenciones arbitrarias. El Grupo de Trabajo
determinó que el “clima de prejuicios y parcialidad contra los
acusados” era tan extremo que el proceso no cumplió “los
principios de objetividad e imparcialidad requeridos para
cumplir las normas de un juicio justo” y “confirieron un
carácter arbitrario a su privación de libertad.” (Ídem Pág. 65.)
Decenas de organizaciones e individuos de todo el mundo —
entre las que figuran, por ejemplo, parlamentos nacionales y
comisiones parlamentarias de los derechos humanos— se
sumaron a la denuncia. (Anexos 469a-91a de la Petición.)
Nunca antes en la historia moderna de los Estados Unidos un
juicio penal despertó tanto interés a escala internacional.
Los Amigos de la Corte expresan su preocupación sobre
la intimidación de que fueron objeto los miembros del jurado,
la aplicación selectiva de la ley y la atmósfera prejuiciada de
la comunidad donde se celebró el juicio. Son asimismo
conscientes de los actos de violencia y hostilidad contra el
gobierno cubano y de los esfuerzos para silenciar a individuos,
en especial aquellos que residen en Miami, calificados como
“partidarios” de Cuba o interesados en un diálogo con dicha
nación. Tampoco ignoran que en ocasiones los Estados
Unidos se negaron a impedir y castigar acciones ilegales
contra Cuba o contra individuos que manifiestan su interés en

7
la normalización de las relaciones con dicho país y no
aplicaron las leyes que prohíben y regulan la posesión de
armas y explosivos a quienes apoyan el derrocamiento del
gobierno cubano.
Los Amigos de la Corte consideran que, en esas
circunstancias, los Demandantes no pudieron recibir un juicio
justo e imparcial y, por ende, sus sentencias y condenas son
injustas.
RAZONES PARA CONCEDER LA PETICIÓN
I. Los Demandantes no recibieron un juicio justo e
imparcial porque los miembros del jurado no
pudieron fallar en el juicio sin temor a represalias de
la comunidad opuesta a Castro
En los documentos del caso y la Petición se presentan
pruebas convincentes de los prejuicios contra el gobierno
cubano de la comunidad de Miami. Sin embargo, esos
prejuicios y la posibilidad de que los miembros locales del
jurado pudiesen fallar en el caso sin parcializarse con los
mismos no son los únicos factores a considerar a la hora de
determinar si los Demandantes recibieron un juicio justo.
Incluso si se supone que algunos miembros del jurado no
estaban prejuiciados queda la interrogante acerca del papel
que desempeñaron el temor y la intimidación. Incluso si
alguno de los jurados no albergase ningún prejuicio contra el
gobierno cubano o sus agentes, o contra los propios
Demandantes que fueron así calificados, él o ella pudo haber
sentido que era demasiado arriesgado no respaldar la condena.
Los temores podían ir desde el rechazo, hasta problemas con
sus amigos hispanos y cubanos, represalias en su lugar de
trabajo, lesiones físicas y posiblemente incluso la muerte.
Varios factores objetivos demuestran que los miembros
del jurado no pudieron fallar en este caso sin considerar los
temores y las amenazas y, por consiguiente, demuestran que
los demandantes no recibieron un juicio justo: (1) amenazas
constantes en la comunidad de Miami incluida la violencia
contra aquellos considerados “simpatizantes” del gobierno
cubano; (2) testimonios de los jurados durante el proceso de
selección; (3) atención de los medios a los jurados para
garantizar que sus identidades y rostros fuesen reconocidos
por todos y que no pudiesen escapar al escrutinio de la
comunidad; (4) el caso de Elián González y la conmemoración
del quinto aniversario del derribo de los aviones de Hermanos

8
al Rescate; y (5) el alegato del fiscal que reforzó los temores
de los jurados.
Esos factores también impidieron que los miembros del
jurado expresasen sus miedos puesto que ese mero hecho
hubiese podido tener consecuencias negativas. En la sede de
Miami-Dade, sencillamente no había modo de proteger al
jurado de la nube de amenazas —amenazas que dieron
continuidad a la retórica predominante en Miami durante
decenios y durante el juicio. El hecho de que no hubiese
cubanoamericanos en el jurado no garantizó un juicio justo e
imparcial. Por el contrario, ningún miembro de la comunidad
podía escapar al sentir generalizado de la comunidad: castigar
y aislar a quienes sean considerados simpatizantes del
Gobierno cubano. Los temores de los jurados a represalias de
ese tipo crecieron no solo a causa de la violencia histórica y
las amenazas de la comunidad de Miami contra quienes no
manifiesten suficiente hostilidad contra el régimen de Castro,
sino a acciones de represalia actuales.
1. La demanda de una adhesión estricta a la retórica
contraria a Castro ha prevalecido en la comunidad de Miami
durante decenios. El sueño de retornar a Cuba y derrocar a
Castro se convirtió en la pasión primordial de la comunidad y
la oposición a esa opinión es un delito penable. Véase JOAN
DIDION, MIAMI passim (1987). En abril de 2000, The New
York Times publicó: “En Miami, los cubanoamericanos que
favorecen relaciones más abiertas con La Habana y el fin del
embargo estadounidense o vínculos más estrechos con la Isla
han sido blanco de desprecio, amenazas y en algunos casos,
violencia.” Juan Forero, El caso de Elián González: Los
cubanoamericanos; en Miami, algunos cubanoamericanos
tienen opiniones menos populares, N.Y. TIMES, 27 de abril de
2000, en la Sección A, PÁG. 1. En 1992, Human Rights Watch
publicó un informe que documentaba actos de acoso,
intimidación y violencia (donde se incluían la explosión de
bombas, golpizas y amenazas de muerte) contra residentes de
Miami por sus opiniones políticas moderadas sobre Castro o
las relaciones con Cuba. HUMAN RIGHTS WATCH, DIÁLOGO
PELIGROSO: ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA
COMUNIDAD DE EXILIADOS CUBANOS DE MIAMI (1992). Otro
informe fue publicado en 1994 cuando residentes de Miami
asistentes a una conferencia en Cuba fueron asediados por
amenazas de muerte, bombas, ataques verbales y represalias
económicas. (Anexo 296a de la Petición.)

9
En el Anexo A de dicho informe, titulado “Cronología de
actos reportados de violencia relacionados con Cuba en el área
de Miami” aparece una lista de hechos ocurridos entre 1987 y
2000. Dicha cronología no describe las otras miles de
variantes de represalia, además de la violencia física,
empleadas para intimidar a los disidentes. Actos de acoso y
violencia de los grupos de exiliados anticomunistas se
remontan al menos a 1974 con la explosión de una bomba en
Réplica, una publicación en idioma español. (Anexo 171a de
la Petición.) Dos años después, Emilio Millán, periodista de
radio perdió sus piernas a consecuencia de la explosión de una
bomba en su auto por hablar en contra de la violencia del
exilio. (Ídem.) Como se muestra en el Anexo A, esos
incidentes han continuado durante más de veinticinco años.
Entre ellos se incluyen ataques con bombas e incendiarios
contra negocios que comerciaban o promovían el comercio
con Cuba, los viajes o la ayuda humanitaria a la Isla; la
explosión de bombas en estaciones de radio o en oficinas de la
prensa escrita y amenazas de muerte a periodistas a favor del
diálogo con Cuba; y el acoso y ataque a artistas y músicos
cubanos que actuaron en Miami.
En su opinión discrepante al fallo del pleno del Tribunal
del Onceno Circuito, el juez Birch destacó que las pruebas
presentadas en el juicio detallaban las actividades clandestinas
de “varios grupos de exiliados cubanos y sus campamentos
paramilitares que siguen operando en el área de Miami,” así
que “la sensación de que esos grupos pudiesen dañar a los
miembros del jurado que dictasen un fallo contrario a sus
opiniones era palpable.” (Anexo 312a de la Petición.)
2. Los testimonios emitidos durante la selección revelan
que muchos posibles jurados temían por su seguridad o su
prestigio en la comunidad si votaban a favor de la absolución
de los Demandantes. A la pregunta sobre las posibles
repercusiones del veredicto, David Cuevas, uno de los jurados
potenciales, contestó: “Me sentiría algo intimidado e incluso
temería un poco por mi seguridad si no emitiese un fallo
conforme al sentir de la comunidad cubana, distinto al que
ellos consideran debe ser el veredicto,” y que “según mis
propios contactos con otros cubanos y sus opiniones sobre los
temas relacionados con Cuba —cualquiera relacionado con el
comunismo al que se oponen,” pensaba que “tendrían
opiniones categóricas” sobre el resultado. (Anexo 176a de la
Petición.)

10
A Jess Lawhorn, Jr., banquero y vicepresidente a cargo
del otorgamiento de préstamos para viviendas, le
“preocupa[ba] cómo la opinión pública podría afectar [su]
trabajo” porque negociaba con urbanizadores de la comunidad
hispana y sabía que el caso tenía “un perfil lo suficientemente
alto como para desatar opiniones enérgicas” que pudiesen
“afectar su capacidad de generar préstamos.” (Anexo 176a-
77a de la Petición.) El juez del proceso también se refirió a la
“apasionada comunidad de exiliados cubanos residentes en
esta sede.” (Anexo 126a de la Petición.)
El miedo evidente en esas respuestas durante la selección
del jurado se confirma con los resultados de una encuesta
realizada por el profesor Gary Patrick Moran a nombre de los
Demandantes. Más de una tercera parte de los encuestados
declararon que les preocupaban las críticas de la comunidad si
integraban un jurado que emitiera un fallo de inocencia en el
caso de los espías cubanos. (Anexo 236a de la Petición.)
3. La atención que dieron los medios al juicio y la amplia
divulgación de los nombres e identidades de los miembros del
jurado significó que estos no pudiesen escapar al escrutinio de
la comunidad. Los jurados no tuvieron más alternativa que
sopesar la reacción probable de la comunidad ante un voto
opuesto al discurso predominante en la misma. El primer día
de la selección, los posibles jurados fueron expuestos a una
conferencia de prensa organizada por los familiares de las
víctimas en la escalinata del tribunal. En esa ocasión,
miembros de la prensa abordaron a algunos de los posibles
jurados. (Anexo 175a de la Petición.) En la segunda semana
del proceso de selección del jurado, uno de los potenciales
jurados se quejó de que la prensa lo acosó cuando se marchaba
del juzgado. (Anexo 253a de la Petición.) El 13 de marzo,
casi cuatro meses después de iniciado el juicio, el tribunal hizo
constar en acta que todavía a esas alturas los miembros del
jurado estaban siendo acosados por los medios. (Anexo 290a
de la Petición.)
El primer día de las deliberaciones, los integrantes del
jurado se quejaron de que se sentían intimidados porque
estaban siendo seguidos por cámaras de televisión. El tribunal
reaccionó cambiando su ruta de entrada al juzgado. Pese a
ello, filmaron nuevamente a los jurados a la entrada y la salida
del juzgado “hasta que subieron a sus autos.” (Anexo 291a de
la Petición.) Ya avanzada la segunda semana de la selección
del jurado, uno de los posibles jurados se quejó del acoso de la
prensa a su salida del juzgado. (Anexo 253a de la Petición.)

11
El tribunal del distrito comentó las “numerosas Peticiónes”
recibidas para revelar los cuestionarios del proceso de
selección de los jurados (Anexo 412a de la Petición) y de los
nombres de los jurados participantes en las deliberaciones una
vez que éstas comenzaron (Anexo 124a de la Petición). En
fecha tan tardía como el 13 de marzo, cerca de 4 meses
después de comenzado el juicio, el Tribunal dejó constancia
en acta de que los jurados estaban siendo acosados por los
medios (Anexo 290 a). En reiteradas ocasiones el tribunal del
distrito expresó preocupación ante la interferencia de los
medios y la imposibilidad de aislar al jurado pero no tomó
medidas para remediarlo.
Como señaló el juez Birch en su opinión discrepante:
“Los ojos electrónicos de la comunidad estaban concentrados
en ellos y el jurado no tuvo más remedio que entenderlo.”
(Anexo 201a de la Petición.) Véase además HUMAN RIGHTS
WATCH, DIÁLOGO PELIGROSO: ATAQUES A LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN EN LA COMUNIDAD DE EXILIADOS CUBANOS DE
MIAMI (1992) (que describe el papel desempeñado por los
medios de comunicación hispanoparlantes en la identificación
y advertencia a quienes diferían con la comunidad contraria a
Castro).
4. Dos acontecimientos simultáneos reforzaron los
temores de los miembros del jurado a ser víctimas de la
violencia si apoyaban un veredicto a favor de los
demandantes. El primero, el caso de Elián González que
avivó el fervor de la comunidad de exiliados contra el
Gobierno cubano y sus aparentes simpatizantes. La atención
que los medios prestaron al caso de Elián González fue
constante y dominante desde noviembre de 1999 hasta al
menos junio de 2002. Era imposible aislar al jurado de esos
sentimientos volátiles. Entrevistas a cubanoamericanos
publicadas revelaban las pasiones desatadas por el caso. El
Dr. Max Castro, investigador adjunto de la Universidad de
Miami, estudioso de la comunidad de exiliados, afirmó:
“Nunca la he visto tan polarizada.” Forero, supra, Sección A,
pág.1. Hilda Cossio Cohen confesó que se sintió desanimada
con los comentarios que escuchó después de iniciada la
cobertura del caso de Elián. “Creo que nos retrasó 40 años.
Abrió una brecha en la comunidad cubana,”señaló. Ídem.
El segundo acontecimiento: el quinto aniversario del
derribo de los aviones de Hermanos al Rescate que tuvo lugar
durante el juicio. Durante el fin de semana del 24 de febrero
de 2001 se realizaron vuelos conmemorativos,

12
manifestaciones y ceremonias públicas para conmemorar el
aniversario de la muerte de las personas a bordo de los
aviones. Entrevistas televisivas y artículos de prensa dieron
amplia divulgación a esos eventos. (Anexos. 121a-2a, 194a-
5a, 242a-3a de la Petición)
Los Demandantes solicitaron al tribunal que declarase
nulo el juicio porque la conmemoración “había recibido
mucha publicidad, toda parcializada contra los acusados y
coherente con la posición del gobierno en el caso.” (Anexo
122a de la Petición.) Adujeron que “[n]i miles de procesos de
selección de los posibles jurados ni instrucciones a los
miembros del mismo [podrían] borrar los prejuicios, cuyas
consecuencias son difíciles de estimar.” (Idem.) Solicitaron de
igual modo la anulación del juicio para que un juicio justo
pudiese celebrarse “en otra sede donde los prejuicios contra
los acusados no [estuviesen] tan arraigados ni fuesen avivados
por los medios de prensa locales.” (Idem.)
Es difícil imaginar que en medio del contexto de esas
acciones de la comunidad de exiliados de Miami un jurado
pudiese haber actuado sin miedo a ser lastimados o a las
repercusiones si el juicio tenía un desenlace favorable para los
Demandantes.
5. El alegato del fiscal se alimentó del discurso
dominante de oposición al régimen de Castro, impuesto,
literalmente, por la comunidad de Miami. El fiscal aseveró
que los jurados tenían que decidir si fallaban a favor del
Gobierno cubano o de la comunidad. Señaló que “el Gobierno
cubano” tenía un “grandísimo” interés en el resultado del caso
y que los jurados traicionarían a su comunidad si no
declaraban a los Demandantes culpables y condenaban a los
espías cubanos enviados a...destruir los Estados Unidos.”
(Anexos 10a, 196a, 288a de la Petición.) La declaración ha
lugar de una objeción a esas afirmaciones no bastaría, y de
hecho no bastó, para remediar el daño. El fiscal confirmó lo
que muchos jurados ya temían: un veredicto a favor de los
Demandantes contradecía los intereses y deseos de la
comunidad de Miami. Un respaldo oficial de esa naturaleza
solo podía reforzar su percepción del peligro que enfrentarían
si no fallaban a favor de la condena.
II. Los Demandantes no recibieron un juicio justo e
imparcial porque los miembros del jurado no
pudieron abstraerse de los prejuicios contra cualquier
individuo asociado con el Gobierno cubano

13
predominantes en la comunidad a la hora de emitir su
fallo
La única forma de eludir que los prejuicios de la
comunidad contra el Gobierno cubano habían infectado el
debate público a tal grado que era necesario un cambio de sede
para garantizar un jurado justo e imparcial, era ignorar las
pruebas. Eso fue precisamente lo que hicieron los tribunales
del Onceno Circuito y del juicio. En su evaluación de los
prejuicios contra los demandantes, el tribunal del Onceno
Circuito se negó a considerar las pruebas que no estuviesen
directamente relacionadas con los demandantes o sus
supuestos delitos. El tribunal del distrito se negó a ver las
pruebas “relacionadas con otros hechos que no fuesen las
actividades de espionaje en las que supuestamente estaban
involucrados los Acusados.” (Anexo 330a de la Petición.) En
otras palabras, ambos tribunales se negaron a examinar o
sopesar los hechos que respaldaban la aparentemente evidente
sugerencia de que los prejuicios contrarios a Castro imperan
en la comunidad de Miami-Dade. El tribunal del Onceno
circuito no solo “no halló evidencias de prejuicios imperantes
en la comunidad” (Anexo 211a de la Petición.), sino que se
negó a evaluar las consecuencias de acontecimientos ocurridos
en la misma época como el caso de Elián González.
Dictaminó que esas pruebas como tal nada tenían que ver con
el hecho de que los Demandantes pudiesen recibir un juicio
justo en Miami. (Anexo 136a de la Petición.)
La existencia de un fuerte sentimiento contrario a Castro
en la comunidad de Miami quedó demostrada en las mociones
de cambio de sede de los Demandantes. En su opinión
discrepante a la decisión del tribunal del Onceno Circuito, el
juez Birch subrayó que “las pruebas presentadas en respaldo
de la moción…eran sólidas.” (Anexo 164a de la Petición.)
Por otra parte, el proceso de selección de los jurados demostró
que la comunidad se oponía con hostilidad a Castro. Por
último, los resultados de las encuestas presentadas por los
Demandantes corroboran la “atmósfera de suma hostilidad
contra cualquier persona asociada con el régimen de Castro.”
(Anexo 164a de la Petición.) Los prejuicios contra Castro
eran tan fuertes que todos evitaban apartarse de forma real o
aparente de esa línea.
El hecho de que los delitos de los militantes exiliados se
tratasen con impunidad reforzó la validez del sentir contrario a
Castro de la comunidad. Que los militantes exiliados pudiesen
poseer armas y explosivos ilegales y sin embargo no fuesen

14
acusados de violar la ley equivalía a la aprobación por parte
del gobierno de las prácticas de acoso e intimidación de la
comunidad de exiliados.
Por ejemplo, al jurado se le informó que el 19 de octubre
de 1993, Rodolfo Frómeta, un miembro de Alfa 66, fue
interceptado en un bote que había sido remolcado hasta
Maratón, Florida, y fue interrogado acerca de las armas a
bordo del mismo. (Anexo 187a de la Petición.) Entre las
armas figuraban siete rifles de asalto semiautomáticos chinos
AK y un rifle mini-14 semiautomático Ruger con mirilla.
(Idem.) El 23 de octubre de 1993, fue detenido nuevamente
cuando junto a otros manejaba un camión que remolcaba un
bote hacia los Cayos de la Florida. (Anexo 188a de la
Petición.) Frómeta explicó que llevaban rifles de asalto
semiautomáticos para realizar un entrenamiento militar para
prepararse para los cambios políticos en Cuba o en caso de un
ataque de Cuba a los Estados Unidos. Luego los dejaron
continuar. (Ídem.)
En el juicio se expuso que miembros de Alfa 66 fueron
detenidos y liberados el 7 de febrero de 1994 por llevar armas
a bordo de su bote. Como posteriormente apareció una foto
del grupo “publicada en los periódicos,” “todos en Miami”
sabían que habían sido liberados. (Idem.)
El 2 de junio de 1994 un miembro de Comandos F4 fue
arrestado después de intentar comprar explosivos C4 y un
“cohete antiaéreo Stinger” para asesinar a Castro y sus socios
más allegados en Cuba. (Idem.)
Los jurados confirmaron el amplísimo alcance de los
prejuicios reinantes en la comunidad cuando durante el
transcurso del juicio se presentaron pruebas que demostraban
cómo el gobierno de los Estados Unidos se había negado a
responder a las Peticiónes de Cuba de investigar los actos
terroristas cometidos en Cuba entre 1990 y 1998 por personas
provenientes de los Estados Unidos. El Gobierno cubano
proporcionó documentos de los ataques a agentes del FBI.
(Anexo 192a de la Petición.) Entre los actos se incluía una
explosión ocurrida el 12 de abril de 1997 que destruyó el baño
y la pista de baile de la discoteca Aché del Hotel Meliá
Cohíba; una explosión el 27 de abril de 1997 en las oficinas de
Cubanacán en México; el dispositivo explosivo hallado el 30
de abril de 1997 en el piso 15 del Hotel Cohíba; las
explosiones ocurridas el 12 de julio de 1997 en los hoteles
Nacional y Capri, las que abrieron “cráteres” en sus
vestíbulos; la explosión del 4 de agosto de 1997 en el Hotel

15
Cohíba con iguales consecuencias; las explosiones del 4 de
septiembre de 1997 en los hoteles Tritón, Copacabana y
Chateau Miramar y en el restaurante la Bodeguita del Medio;
y el descubrimiento de dispositivos explosivos en el
Aeropuerto Internacional José Martí en una camioneta de
turismo el 19 de octubre de 1997 y debajo de un quiosco el 30
de octubre del mismo año. (Ídem.) Las explosiones del 4 de
septiembre de 1997 provocaron la muerte de un turista italiano
en el Hotel Copacabana y heridas a personas en los hoteles
Chateau Miramar y Copacabana y el restaurante la Bodeguita
del Medio, así como daños materiales en todos ellos. (Ídem.)
La existencia de prejuicios contra el régimen de Castro y
el abrumador respaldo a los grupos de exiliados como
Hermanos al Rescate, también quedaron claros con el
tratamiento recibido por dos de los más famosos militantes
anti-Castristas --Luis Posada y Orlando Bosch. Posada y
Bosch estuvieron implicados en la voladura de un avión de
Cubana el 6 de octubre de 1976 en la que perdieron la vida los
73 pasajeros a bordo. David Binder, Some Exiles Are Still at
War With Castro (Algunos exiliados siguen en guerra con
Castro), N.Y. TIMES, 20 de octubre de 1976, pág. 3. Bosch y
Posada recibieron amplio entrenamiento de la Agencia Central
de Inteligencia. Idem. Después de la voladura del avión,
Posada fue encarcelado en Venezuela en una prisión de
seguridad mínima donde permaneció hasta que escapó en
1985. Simón Romero & Damien Cave Weiner, Venezuela
Will Push U.S. to Hand Over Man Tied to Plane Bombing
(Venezuela presionará a los Estados Unidos para que
entregue hombre vinculado a la voladura del avión), N.Y.
TIMES, 23 de enero de 2009, Sección A, pág. 5. Apareció
luego en Panamá donde fue arrestado con 33 libras de
explosivos C-4. Tim Weiner, Cuban Exile Could Test U.S.
Definition of Terrorism (Exiliado cubano pone a prueba la
definición estadounidense de terrorismo) N.Y. TIMES, 9 de
mayo de 2005, Sección A, pág.1. En abril de 2004, fue
sentenciado a ocho años de privación de libertad en los
Estados Unidos pero fue indultado en 2008. Ídem.
Bosch y sus asociados estuvieron vinculados con los
asesinatos de exiliados cubanos opuestos a ellos, varias
explosiones y un ataque a botes de pesca cubanos. Binder,
supra. Bosch también estuvo implicado en la explosión de
una bomba en 1976 que cobró la vida de dos funcionarios
cubanos de la Embajada Cubana en Lisboa, la explosión de
otra bomba en la Misión Cubana en los Estados Unidos, la

16
explosión de un carro de equipajes en Jamaica, la voladura de
las oficinas de Cubana de Aviación en Barbados y Panamá, y
el secuestro de dos funcionarios de la embajada cubana en
Argentina. Idem. Cuando Bosch reapareció en Miami en
1989, el Departamento de Justicia trató en un inicio de
deportarlo con el argumento de que “en reiteradas ocasiones
ha expresado y demostrado su disposición a herir y asesinar de
forma indiscriminada.” Jeffrey Schmalz, Furor over Castro
Foe’s Fate Puts Bush on the Spot in Miami (Furor sobre el
destino del enemigo de Castro pone a Bush en apuros en
Miami), N.Y. TIMES, 16 de agosto de 1989, Sección A, pág.
1. Mas la comunidad de exiliados cubanos salió en su defensa
y el Gobierno de Bush invalidó la deportación. Abby
Goodnough & Marc Lacey, Legal Victory by Militant Cuban
Exile Brings Both Glee and Rage (Victoria legal de militante
cubano exiliado provoca regocijo e indignación), N.Y.
TIMES, 10 de mayo de 2007, Sección A, pág. 20; Weiner,
supra.
Posada, quien entró de forma clandestina en los Estados
Unidos en marzo o abril de 2004, admitió haber planificado
los ataques que afectaron instalaciones turísticas en Cuba y
cobraron la vida de un turista italiano en 1997. Ann Louise
Bardach & Larry Rohter, A Bombers Tale: A Cuban Exile
Details the ‘Horrendous Matter’ of a Bombing Campaign
(Historia de un terrorista: exiliado cubano revela detalles del
‘horrendo caso’ de una campaña de explosiones), N.Y.
TIMES, 12 de julio de 1998, Sección A, pág. 10. Los Estados
Unidos se negaron a acusarlo, pese a que el Departamento de
Justicia lo calificó de “asesino impenitente y organizador
confeso de planes y ataques terroristas contra instalaciones
turísticas.” Mark Lacey, Castro Foe With C.I.A. Ties Puts
U.S. in an Awkward Spot (Enemigo de Castro vinculado a la
CIA coloca a los Estados Unidos en una posición difícil),
N.Y. TIMES, 8 de octubre de 2008, Sección A, pág.14.
Venezuela ha procurado su extradición pero hasta ahora los
Estados Unidos se niegan a hacerlo. Romero y Weiner, supra;
Goodnough y Marc Lacey, supra.
El alcance y profundidad de los sentimientos contrarios a
Castro de la comunidad local no fueron ignorados por el fiscal
durante el juicio de los Demandantes. Con todo descaro los
reafirmó diciendo al jurado que Cuba tenía un gobierno
represivo que no creía en los derechos humanos (Anexo 199a
de la Petición); aplicaba la “pena de muerte” a delitos menores
(Anexo 193a de la Petición); carecía del “debido proceso que

17
dispone el derecho a enjuiciamiento por los tribunales y de
defensa” (R122:14072); que “Castro había desaparecido a la
familia” del testigo Frómeta (R24:14482); que las “mentiras”
del Gobierno cubano eran una “ofensa al Señor”
(R124:14530-31); que “gracias a Dios, nosotros no nos
regimos por las leyes cubanas” (Anexo 123a de la Petición);
que las leyes de “nuestro magnífico país” eran superiores a las
del “enemigo”, “Cuba comunista” (Anexo 457a de la
Petición); que los abogados de la defensa utilizaban
“propaganda” cubana y eso tenía que acabar (R122:14119).
Por último, la fiscalía injustamente atribuyó las palabras
“solución final” al alegato del abogado defensor, al sugerir
que Cuba había invocado la infame política nazi de exterminio
para justificar el derribo de dos aeronaves (Anexo123a de la
Petición).
III. La sentencia de conspiración para cometer asesinato
impuesta a Gerardo Hernández demuestra que la
selección de un jurado libre de prejuicios contrarios a
Castro y sin temor a futuras represalias era necesaria
para garantizar un juicio justo e imparcial
Hernández fue acusado de conspiración para cometer
asesinato, conspiración aplicable solo a un “homicidio sin
justificación legal” (unlawful killing). Para constituir un
“homicidio sin justificación legal”, el jurado tenía que
determinar más allá de una duda razonable que Hernández
había acordado derribar la aeronave en el espacio aéreo
internacional y no en el cubano, ya que esto último no sería
ilegal. (Anexos 453-65a y 350a de la Petición.) Afirmar que
las evidencias en este punto eran escasas sería una burda
exageración.
Durante la apelación, el tribunal del Onceno Circuito
confirmó la sentencia de Hernández con un fallo dividido, dos
jueces confirmaron la sentencia y una disintió. La jueza
discrepante estimó que no había pruebas suficientes para
demostrar la existencia de un acuerdo para derribar la
aeronave, mucho menos uno para derribarla en el espacio
aéreo internacional: “Como mucho, las pruebas muestran un
acuerdo para ‘enfrentarse’ a las aeronaves de Hermanos al
Rescate.” (Anexo 85a de la Petición.) No obstante, la
disensión fue aun más lejos. Señaló que incluso si
“enfrentarse” significase de algún modo derribar las
aeronaves, ello no probaba que Hernández hubiese acordado

18
su derribo en el espacio aéreo internacional, no en el cubano.
De hecho, como destacó la disensión, “las pruebas apuntaban
hacia un derribo en el espacio aéreo cubano, por ende,
quedaba anulado el requisito de la existencia de un acuerdo
para cometer una acción ilegal.” (Anexo 87a de la Petición.)
La conclusión de la mayoría de que había pruebas
suficientes para corroborar la existencia del requisito de un
acuerdo descansó en dos suposiciones. En primer lugar, la
mayoría confió en pruebas según las cuales a Hernández se le
dijo que no permitiera a agentes cubanos volar con Hermanos
al Rescate en fechas determinadas. Aun cuando eso hubiese
de alguna forma bastado para que el jurado dedujera, que
Hernández había acordado el derribo de la aeronave (aunque
también hubieran podido llegar a otras deducciones
igualmente probables, por ejemplo que Hernández había
pactado su aterrizaje forzoso), ello no bastaba para demostrar
más allá de una duda razonable la existencia de un acuerdo.
Por otra parte, la mayoría adujo que como Hernández había
declarado que la operación había sido exitosa y el Gobierno
cubano había enviado una felicitación, se demostraba la
existencia de un acuerdo. Sin embargo, esos hechos niegan la
existencia de cualquier acuerdo. El Gobierno cubano siempre
ha insistido en que el derribo tuvo lugar en el espacio aéreo
cubano. Que Hernández haya calificado la operación de
exitosa y que haya recibido una felicitación demuestra, en
todo caso, que existía un acuerdo para un enfrentamiento en el
espacio aéreo cubano. Una vez más, como señala la disensión,
“las pruebas apuntaban hacia un derribo en el espacio aéreo
cubano, por ende quedaba anulado el requisito de la existencia
de un acuerdo para cometer una acción ilegal.” (Anexo 83a-6a
de la Petición.)
El juez Birch, quien votó a favor de confirmar la
sentencia de Hernández por el cargo de conspiración para
cometer asesinato, redactó un documento especial donde
afirmó que “ese asunto hace que este sea un caso muy
cerrado.” (Anexo 71a de la Petición.) No obstante, a causa de
las “normas de revisión de la sentencia de Hernández,” el Juez
Birch la confirmó. (Idem.) Había expresado su disensión en el
fallo unánime pues la Petición de cambio de sede debió haber
sido concedida. Si se lee en este contexto, el documento
donde el juez Birch confirma la sentencia de Hernández
resulta ilógico. Es prácticamente incomprensible, cómo pudo
confirmar el veredicto de un jurado en un “caso muy cerrado,”

19
cuando antes había llegado a la conclusión de que el jurado
había sido injusto y estaba parcializado. (Idem.)
Aunque el juez Birch se sintió obligado a señalar que el
caso era “cerrado,” creía que no había pruebas para confirmar
el fallo de culpabilidad. Los casos que responden a esa
descripción piden a gritos un jurado intachable que no esté
siquiera empañado por la más mínima sombra de intimidación
o parcialidad. Ese no fue el jurado seleccionado en este caso.
Por el contrario, el Demandante Hernández fue juzgado por un
jurado tan contaminado por los prejuicios imperantes en la
comunidad contra cualquiera remotamente vinculado al
Gobierno cubano que pese a la ausencia de pruebas suficientes
lo declararon culpable. La moción de cambio de sede de los
Demandantes debió haber sido concedida en primera
instancia, y la sentencia impuesta a Hernández por el cargo de
conspiración debe ser revocada.

V. El hecho de que los Tribunales estadounidenses no
hayan rechazado el fallo de un jurado contaminado
por la intimidación y el temor a la violencia estimula
el que no se tenga en cuenta el derecho a un juicio
justo
20
Los Amigos de la Corte son reconocidos a escala
internacional por sus esfuerzos en la promoción de los
derechos humanos en muchas partes del mundo. Consideran
que el juicio en este caso viola los principios legales básicos.
Es bien sabido que las fuerzas opuestas a Castro de Miami
imponen sus opiniones con impunidad —sembrando el miedo
con violencia e intimidación. Si se permite que el miedo a
represalias contamine las deliberaciones de un jurado en un
tribunal estadounidense, el mundo se ha convertido en un
lugar inseguro para la protección de los derechos
individuales.
CONCLUSIÓN
Por todas las razones anteriormente expuestas y las
enunciadas en la Petición, debe concederse la Petición de
revisión.
Respetuosamente,
5 de marzo de 2009
Michael Ratner
Abogado Representante
Margaret Ratner Kunstler
Anjana Samant
CENTRO POR LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES 666
Broadway, New York, NY
10012 (212) 614-6464

No. 08-897
EN EL
TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
____________
RUBÉN CAMPA, RENÉ GONZÁLEZ, ANTONIO GUERRERO, GERARDO
HERNÁNDEZ, Y LUIS MEDINA,
Demandantes,
v.
Estados Unidos de América,
____________
Demandado,
Sobre la Petición de Revisión de Sentencia
Al Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito
de los Estados Unidos
DOCUMENTO DE AMIGOS DE LA CORTE EN RESPALDO A
LA PETICION DE REVISIÓN DE SENTENCIA PRESENTADO
POR LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL
OMBUDSMAN; LA ORDEN DE ABOGADOS DE BRASIL; LAS
ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE BÉLGICA; LA
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BERLÍN; LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORDEN DE ABOGADOS
DE PORTUGAL; LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS; FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
(DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO, 1987-1999); EL JUEZ
JUAN GUZMÁN TAPIA DE CHILE; Y ORGANIZACIONES DE
DERECHOS HUMANOS, RELIGIOSAS Y LEGALES,
PROFESORES DE DERECHO Y ABOGADOS DE
ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, ALEMANIA,
JAPÓN, MÉXICO, PANAMÁ, PORTUGAL, ESPAÑA Y EL
REINO UNIDO
Jules Lobel
Abogado Representante
3900 Forbes Avenue
Pittsburgh, Pennsylvania 15260
412-648-1375
Abogado de los Amici Curiae

i
INDICE
FUENTES.....................................................................................ii
INTERÉS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE ...........................1
INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DE LAS
RAZONES...........................................................................13
RAZONES
I. EL JUICIO DE LOS DEMANDANTES NO
SE DESARROLLÓ CON ARREGLO A
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
UN JUICIO JUSTO POR UN TRIBUNAL
IMPARCIAL................................................................16
II. LA SENTENCIA POR CONSPIRACIÓN
PARA COMETER ASESINATO
IMPUESTA A HERNÁNDEZ EVIDENCIA
LA INFLUENCIA DE LOS PREJUICIOS
IMPERANTES EN EL JUICIO DEL
DEMANDANTE..........................................................24
CONCLUSIÓN ..........................................................................25
ANEXO—LISTA DE LOS AMIGOS DE LA
CORTE

ii
FUENTES
CASOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Documento de Amigos de la Corte a favor del
Gobierno de los Estados Unidos, Brown contra
Junta de Educación, 347 EE.UU. 483 (1954) ...........15
Coleman contra Kemp, 778 F.2d 1487 (Onceno
Circuito ......................................................................25
Los Estados Unidos contra Campa, 419 F.3d 1219
(Onceno Circuito 2005) ................................. 19, 20, 21
CASOS INTERNACIONALES
AB Kurt Kellermann contra Suecia, [2004] Tribunal
Europeo de derechos humanos 546 ............................22
S.M. la Reina contra Sean Spence [2005] Tribunal
Supremo de Canadá 72 ..............................................23
Herrera-Ulloa contra Costa Rica, Caso 12, 367,
Tribunal Interamericano de Derechos Humanos,
Serie C No. 107 (2004) ..................................17, 18, 19
Kingsley contra Reino Unido, [2002] Tribunal
Europeo de Derechos Humanos 468 ..........................18
Micallef contra Malta, [2008] Tribunal Europeo de
Derechos Humanos 41................................................18
Morris contra Reino Unido [2002] Tribunal Europeo
de Derechos Humanos 162...................................18, 19
Öcalan contra Turquía, 2005-IV Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. 282 ............................................22
Pabla Ky contra Finlandia, [2004] Tribunal Europeo
de Derechos Humanos 279.........................................18

iii
Sahiner contra Turquía, [2001] Tribunal Europeo de
Derechos Humanos 552..............................................18
Wettstein contra Suiza, 2000-XII Tribunal Europeo de
Derechos Humanos 695..............................................17
Wewaykum Indian Band contra Canadá, [2003] 2
Tribunal Supremo de Canadá S.C.R. 259...................17
Williams contra R, [1998] 6 BHRC 189 (Canadá).............23
TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES
Convención Americana de Derechos Humanos art.
8(1),
1ro de junio de 1977, 1144 Serie de Tratados de
la O.N.U (U.N.T.S.) 123 ...............................................16
Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales,
modificada mediante
Protocolo 11, art. 6(1), 3 de septiembre de 1953,
213
U.N.T.S. 221...............................................................16
Pacto internacional de derechos civiles y políticos art.
14(1), 5 de octubre de 1977, 999 U.N.T.S. 171..........16
Informe del Grupo de Trabajo sobre detenciones
arbitrarias de las Naciones Unidas, U.N. Doc.
E/CN.4/2006/7/Anexo l, pág. 65 (19 de octubre
de 2005) ................................................................13, 25
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Resolución de la Asamblea General 217 A (III)
UN Doc. A/810 (10 de diciembre de 1948)................16

iv
OTRAS
Human Rights Watch, Proyecto sobre el estado de la
libertad de expresión en las Américas, Informe,
Diálogo peligroso: Continúan las amenazas a la
libertad de expresión en la comunidad de
exiliados cubanos de Miami (1994) .......................... 21
Jim Mullin, The Burden of a Violent History (La
esencia de una historia violenta), Miami
New Times, 20 de abril de 2000.................................21
M. Chesterman, J. Chan & S. Hampton, Managing
prejudicial publicity: an empirical study of
criminal jury trials in New South Wales (¿Cómo
manejar la publicidad perjudicial: un estudio
empírico de los juicios penales ante jurado en
Nueva Gales del Sur?, Fundación de Derecho y
Justicia de Nueva Gales del Sur (2000)......................23
Oficina de democracia, derechos humanos y trabajo
del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
2007 Informes por países sobre las prácticas de
derechos humanos, disponible en el sitio web
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/ 14
Oficina de democracia, derechos humanos y trabajo del
Departamento de Estado de los Estados Unidos,
Informes por países sobre las prácticas de
derechos humanos, Introducción, disponible en el
sitio web
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/8147.htm...14

INTERÉS DE LOS AMIGOS DE LA CORTE 1
Los Amigos de la Corte son miembros de
varias asociaciones extranjeras de abogados,
funcionarios gubernamentales extranjeros cuyo deber
legal es la protección de los derechos humanos,
abogados y profesores de derecho extranjeros, el ex
Director-General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), un destacado ex juez chileno y
organizaciones internacionales de derechos humanos,
no gubernamentales, religiosas y legales. Todos están
profundamente consternados ante la violación del
derecho de los Demandantes a un juicio justo, que
constituye garantía universal, a causa del clima de
hostilidad, parcialidad, publicidad perjudicial y
violencia contra los agentes o supuestos simpatizantes
del gobierno cubano imperante en la comunidad de
Miami. Los Amigos de la Corte consideran que el
juicio y la condena de los Demandantes contradicen el
compromiso internacional de los Estados Unidos de
garantizar a los acusados un juicio justo ante un
tribunal imparcial. El interés de los Amigos de la
Corte en este caso responde y refleja el amplio interés,
debate y diálogo públicos que ha despertado en sus
respectivos países el juicio y la condena de los
Demandantes en Miami.
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DEL OMBUSDMAN
La Federación Iberoamericana del
1
Este documento es presentado previo consentimiento por
escrito de todas las partes. Ninguno de los abogados de ninguna
de las partes ha redactado este documento ni total ni
parcialmente, ni ningún abogado o parte realizó contribución
monetaria alguna con la intención de financiar la elaboración o
presentación de dicho documento. El presente documento fue
elaborado por el abogado de los Amigos de la Corte con la
valiosísima ayuda de las estudiantes Amanda Fisher y Elizabeth
Tuccillo de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Pittsburg.

2
Ombudsman (FIO) representa a 86 funcionarios de
gobiernos nacionales, estatales, autónomos y
provinciales que actúan en calidad de Ombudsmen,
Defensores del Pueblo, Comisionados y Presidentes
de las Comisiones Públicas de Derechos Humanos de
España, Andorra, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal
y Venezuela. Su deber oficial, dispuesto por la ley, es
la protección de los derechos humanos de los
ciudadanos de violaciones por parte del gobierno. El
27 de marzo de 2008, el Consejo Rector de la FIO
aprobó una resolución donde recomendaba que los
Estados Unidos actuasen de conformidad con la
opinión No. 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas
respecto de los demandantes en este caso y solicitaba
la celebración de un nuevo juicio justo y expedito a
los cinco demandantes con arreglo a la Constitución
de los Estados Unidos y el derecho internacional. El
Consejo Rector de la FIO considera éste un caso
especial y que, por ende, la FIO tenía el deber moral y
ético de pronunciarse en contra de esta flagrante
violación de los derechos humanos pese a que los
Estados Unidos y Cuba no son miembros de la misma.
LA ORDEN DE ABOGADOS DE BRASIL
(OAB)
La OAB se fundó en 1930 y constituye el Colegio de
Abogados de Brasil, integrada aproximadamente por
700 000 abogados. Integrar la OAB es requisito
indispensable para ejercer derecho en Brasil. La OAB
es responsable por ley de la regulación de la profesión
legal en Brasil. Uno de sus principios fundamentales
es el derecho consagrado en el Artículo 10 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, a
saber: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e imparcial, para la

3
determinación de sus derechos y obligaciones o para
el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal,” el cual estima fue violado en el caso
de los demandantes.
ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE
BÉLGICA
La Asociación de Abogados Flamencos
(O.V.B.) es una asociación de abogados belga
compuesta por más de 8 600 abogados de habla
neerlandesa. La Asociación de Abogados
Francófonos y Germanófonos (O.B.F.G.) es una
asociación de abogados belga integrada
aproximadamente por 7 000 abogados francófonos y
germanófonos. La ley exige la pertenencia a la
O.V.B. o la O.B.F.G. para el ejercicio del derecho en
Bélgica.
ALEMANIA
Entre los Amigos de la Corte alemanes figuran
la Asociación de Abogados de Berlín, integrada por
más de 12 000 miembros; la Liga de Derechos
Humanos y la Asociación de Abogados Defensores de
Berlín; la Asociación de Abogados Republicanos
(RAV) y el Grupo de Trabajo de estudiantes de
Derecho de la Universidad Humboldt de Alemania.
PORTUGAL
La Comisión de Derechos Humanos de la
Orden de Abogados de Portugal y su Presidente, José
Augusto Rocha, figuran entre los Amigos de la Corte.
La Orden de Abogados de Portugal es responsable de
la regulación de la profesión legal y fue establecida
por ley en 1926.
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
Fundada en 1922, la Federación Internacional
de Derechos Humanos (FIDH) agrupa a 155
organizaciones de derechos humanos sin fines de

4
lucro de más de 100 países. La FIDH tiene estatus
consultivo ante las Naciones Unidas, la UNESCO y el
Consejo Europeo. La FIDH coordina y apoya las
actividades de sus afiliados a nivel local, regional e
internacional, destinadas a lograr mejoras efectivas en
la prevención de las violaciones de los derechos
humanos, la protección de las víctimas y la
imposición de sanciones a los violadores, de
conformidad con las normas internacionales del
debido proceso y el derecho a un juicio justo. Sus
actividades abarcan la realización de investigaciones
judiciales, la observación de juicios, investigaciones,
la defensa y los litigios. La FIDH procura garantizar
que todos los Estados partes respeten los instrumentos
legales internacionales de derechos humanos y
derecho humanitario. La FIDH ha interpuesto y
respaldado demandas ante tribunales nacionales y
organismos regionales e internacionales en casos de
detenciones arbitrarias, tortura y violaciones de otro
tipo.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
Federico Mayor Zaragoza fue Director
General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
de 1987 a 1999 y Ministro de España de 1981 a 1982.
JUEZ JUAN GUZMÁN TAPIA
El Juez Juan Guzmán Tapia es un destacado y
prestigioso jurista chileno. Integró el Tribunal de
Apelaciones chileno durante 22 años. Fue designado
para investigar y luego enjuiciar al ex dictador chileno
Augusto Pinochet por violaciones de los derechos
humanos e investigó un total de 99 casos de este tipo.
Fue Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Central de Chile y en la actualidad es
Director del Centro de Estudios de Derechos
Humanos y Profesor de Derecho de la Universidad
Católica de Chile y de la Academia de Policía de
Santiago. Ha recibido numerosos premios en Chile y

5
el exterior; ostenta doctorados honorarios de la
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, del
Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey,
California, y de la Universidad de Oberlin, Ohio. Ha
escrito varios libros de Derecho publicados en
distintos países y es miembro de la Real Academia de
Ciencias Financieras de Barcelona, España. El Juez
Guzmán se une a los Amigos de la Corte pues
considera que los Estados Unidos, tradicional ejemplo
de democracia y justicia, deben recobrar ese rumbo y
garantizar el respeto de los derechos para seguir
siendo fuente de inspiración de otras naciones.
CONSEJO LATINOAMERICANO DE
IGLESIAS
El Consejo Latinoamericano de Iglesias,
creado en 1982, es una organización de iglesias y
movimientos cristianos de 21 países de América
Latina y el Caribe. Agrupa a más de 150 iglesias de
denominaciones diferentes, entre las que se incluyen
las iglesias episcopales, luteranas, bautistas,
metodistas, presbiterianas, menonitas y pentecostales.
ECUADOR
La Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Ecuador (APDH) es una organización no
gubernamental sin fines de lucro para la defensa,
educación y promoción de los derechos humanos. La
APDH expresa su preocupación pues considera que
los juicios de los demandantes violan el Artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
JAPÓN
Los Amigos de la Corte japoneses, entre los
que figuran abogados, profesores de Derecho y
organizaciones legales dedicadas a la promoción de
los derechos humanos y la justicia social, consideran
que en este caso se violó el derecho constitucional a
un juicio justo en los Estados Unidos y los derechos

6
correspondientes consagrados en el Artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los Amigos de la Corte japoneses agrupan a dos
organizaciones legales y de derechos humanos, 46
abogados y tres profesores de Derecho. Opinan que
en sentido general los Estados Unidos respetan los
derechos humanos fundamentales, han sido ejemplo
del imperio del derecho para el resto del mundo y
exhortan a otros países a respetar los derechos
humanos. Creen profundamente en la justeza del
sistema legal estadounidense y por ello no
comprenden cómo los tribunales estadounidenses
consideran que el juicio de los demandantes cumple
con las normas de un juicio justo ante un tribunal
imparcial. Estiman que la integridad del sistema
judicial estadounidense quedará probada si el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos anula el fallo del
Tribunal de Apelaciones y utiliza este caso para
demostrar que los valores constitucionales y los
derechos humanos no pueden ignorarse por causa de
las afiliaciones políticas de los acusados.
REINO UNIDO
Entre los Amigos de la Corte del Reino Unido
figuran 14 profesores de Derecho, de la Universidad
de Oxford, la Facultad de Economía de Londres y el
King’s College, así como 18 abogados y
procuradores.
CHILE
Además del Juez Guzmán entre los Amigos de
la Corte chilenos se cuentan la Agrupación Nacional
de Ex Presos Políticos de Chile, integrada por 25
organizaciones de todo Chile, y la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos de Chile.
ESPAÑA
Además de Federico Mayor Zaragoza, entre
los Amigos de la Corte españoles se encuentran nueve
organizaciones legales y de derechos humanos, un

7
colegio de abogados, seis profesores de derecho y 98
abogados. En España, como en muchos otros países,
el caso de los demandantes ha despertado un amplio
interés en la opinión pública e incluso ha generado
inquietud social en varios sectores, sobre todo entre
los profesionales del Derecho y los defensores de los
derechos humanos. Desde la celebración del juicio de
los demandantes, se han desarrollado muchas
actividades en España, a saber, conferencias y debates
para expresar preocupación sobre el caso. En muchas
de ellas han participado los Amigos de la Corte
españoles pues consideran que el juicio de los
demandantes no respetó las normas internacionales de
los derechos humanos.
COLOMBIA
La Corporación Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo es una organización no
gubernamental de derechos humanos colombiana con
estatus consultivo ante la Organización de Estados
Americanos. Está integrada por abogados defensores
y promotores de los derechos humanos. La
organización ostenta varios premios internacionales
entre los que se incluye un premio a su labor de la
República Francesa otorgado en 1996 por su otrora
presidente Jacques Chirac. Ha presentado con éxito
casos ante el Tribunal Interamericano de Derechos
Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de las Naciones Unidas. En 2003, el
presidente de la organización obtuvo el Premio
Martín Ennals de Derechos Humanos.
Entre los Amigos de la Corte colombianos
también se cuenta el Profesor Renán Vega Cantor,
Doctor en Estudios Políticos y Profesor de la
Universidad Pedagógica Nacional.
PANAMÁ
Entre los Amigos de la Corte panameños
figuran organizaciones y abogados prestigiosos

8
comprometidos con la promoción de la defensa y el
respeto de los derechos humanos y las garantías
legales y políticas fundamentales, tanto en Panamá
como en el ámbito internacional, como el Comité
Ecuménico de Panamá (CEOPA) que agrupa a las
principales denominaciones: la Iglesia Católica, la
Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Ortodoxa Rusa, la
Iglesia Anglicana, la Iglesia Evangélica Metodista de
Panamá, la Iglesia Metodista del Caribe y las
Américas, la Iglesia Bautista Calvario, la Iglesia de la
Unión, la Iglesia Luterana y el Ejército de Salvación
de Panamá; la Coordinadora Popular de Derechos
Humanos de Panamá (CHRPP), integrada por varias
organizaciones y sindicatos panameños con miles de
afiliados; la Asociación de Abogados Litigantes de
Panamá; el Frente de Abogados Independientes de
Panamá (FRAI), compuesto aproximadamente por
420 abogados panameños; La Academia Istmeña de
Derecho Internacional; la Academia Latinoamericana
de Derecho Internacional; el Instituto Colombo-
Panameño de Derecho Procesal; el Servicio Paz y
Justicia en Panamá, que posee estatus consultivo ante
órganos oficiales de las Naciones Unidas; la
Asistencia Legal Alternativa de Panamá; el Centro de
Capacitación Social de Panamá, con estatus
consultivo ante las Naciones Unidas; la Unión
Nacional de Abogados Indígenas de Panamá,
organización legal sin fines de lucro, cuyos principios
rectores incluyen el respeto de las garantías del debido
proceso.
Se unen además tres destacados abogados
panameños: el Dr. Hernando Franco Muñoz, ex asesor
legal del Presidente de la Asamblea Nacional de
Panamá y asesor de relaciones internacionales del
mismo órgano y en la actualidad, Director del
Departamento de Derecho Público de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá; el Lic. Ramiro Guerra Morales, miembro de
la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados

9
de Panamá; y el Lic. Carlos Ayala Montero, Asesor de
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la
Asamblea Nacional y Director Ejecutivo de la
Academia de Derecho Laboralista de Panamá.
MÉXICO
El Programa de Derechos Humanos de la
Universidad Autónoma de Ciudad México (UACM),
para la enseñanza, investigación, capacitación y
defensa especializada en temas internacionales de
derechos humanos, es uno de los tres programas de su
tipo con nivel de maestría en México. La UACM es
la universidad pública urbana más grande de México.
Las actividades de defensa del programa abarcan su
participación en calidad de abogados en casos de
derechos humanos en los tribunales mexicanos y en el
contexto de los sistemas de derechos humanos de las
Naciones Unidas e Interamericano. Enrique González
Ruiz es el actual coordinador del Programa y ex
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Camilo Pérez Bustillo (Dr. en Derecho de la Facultad
de Derecho de la Northeastern University, 1981) es
Profesor e Investigador del mismo Programa y ex
titular de la Cátedra W. Haywood Burnshair de
Legislación de Derechos Civiles de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva
York (CUNY).
ARGENTINA
Entre los Amigos de la Corte argentinos se
cuentan la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre, fundada en 1937; la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre, Rosario; Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Rosario; el Centro de Estudio e Investigación en
Derechos Humanos; la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, Rosario.

10
INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DE
LAS RAZONES
El juicio de los demandantes tuvo lugar en un
clima extraordinario de violencia, intimidación,
prejuicios y publicidad perjudicial imperante en la
comunidad de Miami contra el gobierno cubano, sus
agentes y supuestos simpatizantes. Ese “clima de
prejuicios y parcialidad contra los acusados” animó a
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas a condenar, por primera vez en su historia, un
proceso judicial estadounidense al declarar que, “el
juicio no tuvo lugar en el clima de objetividad e
imparcialidad requerido para cumplir con el principio
de un juicio justo definido en el Artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”
Informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de las Naciones Unidas, U.N. Doc.
E/CN.4/2006/7/Anexo 1, pág. 65 (19 de octubre de
2005). Un sinnúmero de organizaciones de derechos
humanos, no gubernamentales y legales de todo el
mundo concuerdan con la valoración de la Comisión
de Derechos Humanos. El fallo unánime del Tribunal
de Apelaciones fue injusto pues prácticamente ignoró
las abundantes pruebas objetivas de parcialidad y
prejuicios contra el gobierno de Castro, sus agentes o
supuestos simpatizantes imperantes en Miami.
El derecho a un tribunal justo e “imparcial”,
libre de influencias externas, es un principio
fundamental de todas las sociedades democráticas y
del derecho internacional. La estricta observancia de
dicho principio es de vital importancia en este caso
por el papel decisivo que desempeñan los Estados
Unidos en la promoción de ese derecho en el mundo.
Varios informes de derechos humanos del

11
Departamento de Estado censuran a los estados que
incumplen el principio según el cual los tribunales
deben actuar de forma “imparcial,” “sin influencias
indebidas” y libres de “consideraciones políticas y
externas de otro tipo.” Véase, por ejemplo, Oficina de
democracia, derechos humanos y trabajo del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2007
Informes por países sobre las prácticas de derechos
humanos, disponible en el sitio web
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/ (véanse los
informes específicos de Timor-Leste, Birmania,
Túnez, Croacia, Malasia, Siria, Irán), Oficina de
democracia, derechos humanos y trabajo del
Departamento de Estado de los Estados Unidos,
Informes por países sobre las prácticas de derechos
humanos, Introducción, disponible en el sitio web
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/8147.htm .
Países y organizaciones cívicas amigas miran a los
Estados Unidos llenos de esperanzas por su apego al
derecho internacional y su compromiso con la
tradición legal democrática. Los países enemigos
aprovechan cualquier oportunidad para acusar a los
Estados Unidos de violaciones de las normas básicas
del derecho internacional o utilizan algún precedente
estadounidense para justificar sus propias violaciones.
El caso de los demandantes ha suscitado
amplia atención internacional y preocupaciones a
causa del conflicto existente entre el compromiso de
los Estados Unidos con los derechos humanos y su
incapacidad de conceder a los ciudadanos de un país
con el que tiene fuertes tensiones políticas las
garantías de un tribunal justo e imparcial. Como
subrayó el gobierno de los Estados Unidos en el caso
Brown contra la Junta de Educación:
Los Estados Unidos desean demostrar a los
ciudadanos de todo el mundo, de cualquier
nacionalidad, raza y color, que la libre
democracia es la forma de gobierno más
civilizada y segura jamás creada por el

12
hombre. Tenemos que servir de ejemplo a
otros y mostrar nuestra firme decisión de
eliminar las deficiencias existentes en nuestra
democracia.
Procedimiento de Amicus Curiae a favor del Gobierno
de los Estados Unidos, pág. 6, Brown contra Junta de
Educación, 347 U.S. 483 (1954).
Es responsabilidad de este Tribunal garantizar
la aplicación, en igualdad de condiciones, del derecho
a un juicio justo e imparcial, respetado y promovido
por los Estados Unidos tanto en el ámbito nacional
como internacional, a todos los ciudadanos y
extranjeros, sin distinción de raza, credo y afiliación
política, en particular en casos que aviven fuertes
pasiones políticas y emocionales que históricamente
constituyen la amenaza más grave a la administración
imparcial de justicia. La amplia atención,
preocupación y crítica generadas por el juicio de los
demandantes a escala internacional brinda a este
Tribunal la oportunidad de reafirmar el compromiso y
adhesión de esa nación con ese principio fundamental
universal.
RAZONES
I. EL JUICIO DE LOS DEMANDANTES NO SE
DESARROLLÓ CON ARREGLO A LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE UN JUICIO
JUSTO POR UN TRIBUNAL IMPARCIAL
El derecho a un juicio justo ante un tribunal
imparcial, libre de influencias externas, es un derecho
fundamental reconocido por los Estados Unidos y el
Derecho Internacional. El Artículo 14(1) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos impone
a todos los Estados Miembros, incluidos los Estados
Unidos, la obligación de garantizar a todas las
personas que enfrentan acusaciones de carácter penal
el “[...] derecho a ser oída públicamente y con las
debidas garantías por un tribunal competente,

13
independiente e imparcial, establecido por la ley.”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
art. 14(1), 5 de octubre de 1977, 999 U.N.T.S. 171.
Los sistemas regionales legislativos de derechos
humanos también contemplan esa garantía, ejemplo
de ellos son el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos, que en su Artículo 6(1)
dispone: “Toda persona tiene derecho a que su causa
sea oída […] públicamente […] por un Tribunal
independiente e imparcial, […] en el fundamento de
cualquier acusación en materia penal dirigida contra
ella […]”; asimismo el Artículo 8(1) de la Convención
Americana de Derechos Humanos establece: “Toda
persona tiene derecho a ser oída, […] por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, [...].”
Convención Americana de Derechos Humanos art.
8(1), 1ro de junio de 1977, 1144 U.N.T.S. 123; el
Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, modificado
mediante el Protocolo 11, art. 6(1), 3 de septiembre de
1953, 213 U.N.T.S. 221. Véase además la
Declaración Universal de Derechos Humanos art. 10,
Res. A.G. 217A(III), U.N. Doc. A/810 (10 de
diciembre de 1948) (“Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial”).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) considera que la importancia fundamental del
derecho a un tribunal imparcial es la que garantiza la
confianza pública que deben inspirar los tribunales en
las sociedades democráticas. Wettstein contra Suiza,
2000-XII TEDH 695. El Tribunal Interamericano de
Derechos Humanos (TIADH) comparte esa visión y
califica al derecho a ser juzgado por un tribunal como
una garantía fundamental del debido proceso fuente
de la confianza y seguridad necesarias en las partes
de un caso y en los ciudadanos de una sociedad
democrática. Herrera-Ulloa contra Costa Rica, Caso

14
12,367, TIADH, Serie C No. 107 (2004). Tribunales
de distintas naciones democráticas han reiterado que
la confianza del público en el sistema legal depende
de la creencia fundamental de que quienes
administran justicia deben hacerlo sin parcialidad ni
prejuicios de tipo alguno y tienen que dar un
tratamiento igualmente justo, a juicio de posibles
observadores, a todo individuo sin distinción de raza,
religión, nacionalidad, origen étnico y afiliación
política. Wewaykum Indian Band contra Canadá,
[2003] 2 T.S.C. 259 (Can). La amplia condena
internacional al juicio de los demandantes indica a
todas luces que esa confianza se ha debilitado.
Los Tribunales de Derechos Humanos
Interamericano y Europeo reconocen que la
“imparcialidad” de un tribunal supone aspectos
objetivos y subjetivos.
Desde el punto de vista subjetivo, el tribunal
no puede albergar prejuicios o parcialidad
personal. Por otra parte, tiene que ser
imparcial también desde el punto de vista
objetivo, o sea, tiene que brindar garantías
suficientes que excluyan cualquier duda
legítima en ese sentido. Durante la prueba de
objetividad, debe demostrarse si, aparte de la
conducta personal de los jueces, hay hechos
probables que pongan en duda su
imparcialidad. Hasta las apariencias pueden
resultar importantes. En juego está la
confianza que deben inspirar los tribunales de
una sociedad democrática en el público y, en
particular, en las partes litigantes.
Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Caso
de Herrera-Ulloa contra Costa Rica, párrafos 170-
171 (2004) (énfasis añadido) (citan a Pabla Ky contra
Finlandia, [2004] TEDH 279, párrafo 27, Fallo del 26
de junio de 2004, párrafo 27; TEDH Morris contra
Reino Unido [2002] TEDH 162, párrafo 58, Fallo del
26 de febrero de 2002, párrafo 58).

15
“Lo importante es determinar si las dudas [del
acusado] tienen una justificación objetiva.” Sahiner
contra Turquía, [2001] TEDH 552, párrafo 44.
Cuando el tribunal “no muestra la apariencia
necesaria de imparcialidad” se produce una
contravención del Artículo 6(1). Kingsley contra
Reino Unido, [2002] THDE 468, Párrafos 32, 34. El
tribunal tiene que “excluir toda duda legítima sobre su
imparcialidad,” o aparente parcialidad para garantizar
no solo que “se haga justicia, sino que parezca que se
ha hecho justicia.” Micallef contra Malta, [2008]
TEDH 41, Párrafos 71, 75. La prueba objetiva de
imparcialidad no se cumplirá si las salvaguardas
adoptadas son “insuficientes para eliminar el riesgo de
influencia de presiones externas en los miembros del
tribunal.” Morris contra Reino Unido, supra (2002)
Párrafo 72.
En este caso no se cumplieron las pruebas
subjetiva ni objetiva de imparcialidad. Por ejemplo, el
presidente del jurado estaba evidentemente
prejuiciado en contra del Gobierno cubano. Estados
Unidos contra Campa, 419 F.3d 1219, 1235 n.73
(Onceno Circuito 2005). Además, durante la prueba
objetiva, aparte de la conducta y creencias personales
de los miembros del jurado o del juez, hubo “hechos
objetivos probables que pusieron en duda la
imparcialidad de [los jurados].” Caso Herrena-Ulloa,
párrafo 170-71 (2004); Morris contra Reino Unido,
Fallo, supra. Sin embargo, en franca contravención
de las normas internacionales articuladas por los
tribunales de derechos humanos Interamericano y
Europeo y la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, el Tribunal de Apelaciones del
Onceno Circuito ignoró y desestimó categóricamente
las numerosas pruebas objetivas de los prejuicios
contra aparentes agentes o simpatizantes del Gobierno
cubano reinantes en la comunidad de Miami
Como reconoció de manera unánime el panel
de jueces del Tribunal de Apelaciones y se expone en

16
la petición, el clima de Miami estuvo marcado por
varias amenazas de bomba y explosiones reales contra
individuos e instituciones consideradas simpatizantes
del Gobierno cubano a lo largo del decenio anterior al
juicio; publicidad perjudicial antes y durante la
celebración del juicio que generó una atmósfera de
gran hostilidad hacia cualquier persona asociada con
el Gobierno de Castro, incluidos artículos de prensa
directamente relacionados con los acusados y los
delitos imputados; la nutrida, apasionada y exaltada
comunidad de exiliados cubano-americanos de Miami
que considera todos los temas relacionados con Cuba
“asuntos de vida o muerte”; manifestaciones,
conferencias de prensa con familiares de las víctimas,
vuelos conmemorativos en honor a los pilotos
fallecidos, la transmisión televisiva de imágenes de
los miembros del jurado entrando y saliendo del
juzgado; y un ambiente generalizado de parcialidad
contra los acusados en la comunidad de Miami,
corroborado en las respuestas de casi el 70 por ciento
de los entrevistados en una encuesta realizada por el
Profesor Gary Moran.
Esas circunstancias generaron una atmósfera
de intimidación y parcialidad que llevó a varios de los
posibles jurados a admitir que temían por su seguridad
o perder su empleo, algunos de los que finalmente
integraron el jurado confesaron sentirse presionados y
otros tres expresaron criterios negativos sobre Castro
o el Gobierno cubano pero afirmaron ser capaces de
ignorarlos durante el juicio. Por ejemplo, durante el
proceso de selección, uno de los jurados potenciales
declaró: “me sentiría algo intimidado e incluso
temería un poco por mi seguridad si no emitiese un
fallo conforme al sentir de la comunidad cubana,
distinto al que ellos consideran debe ser el
veredicto.” Estados Unidos contra Campa, 419 F.3d
supra, pág. 1234. Agregó: “a decir verdad
probablemente sería un manojo de nervios. Trataría
de ser lo más objetivo y desprejuiciado posible pero

17
tendría problemas para lidiar con el caso.” Idem.
Otro confesó sentirse preocupado por el futuro de su
trabajo “porque negociaba con varios urbanizadores
de la comunidad hispana y sabía que el caso era tan
prominente que podría desatar opiniones enérgicas
que podrían afectar su capacidad de generar
préstamos.” Ídem. En reiteradas ocasiones durante el
juicio y las deliberaciones, se televisaron imágenes de
los miembros del jurado entrando y saliendo del
juzgado. Ídem. Pág. 1252. Los jurados expresaron su
preocupación pues los habían filmado hasta que
subieron a sus autos e incluso “habían filmado las
placas.” Ídem. El Tribunal de Apelaciones tuvo a bien
descartar esos hechos irrebatibles por considerarlos
intrascendentes.
El temor del jurado estaba justificado
objetivamente. Varios informes de medios de prensa y
organizaciones de derechos humanos documentan el
historial de violencia e intimidación que ha generado
en Miami un clima donde en lo referente a Cuba “solo
hay cabida para un discurso limitado y los criterios
que sobrepasan esos límites pueden resultar
peligrosos.” Human Rights Watch, Proyecto sobre el
estado de la libertad de expresión en las Américas,
Informe, Diálogo peligroso: Continúan las amenazas
a la libertad de expresión en la comunidad de
exiliados cubanos de Miami (1994); Jim Mullin, La
esencia de una historia violenta, Miami New Times,
20 de abril de 2002, citado en United States contra
Campa, 419 F.3d supra, pág. 1255.
El Tribunal Europeo exige un riguroso
escrutinio para garantizar la apariencia de un tribunal
imparcial e independiente en los juicios de miembros
de grupos políticos involucrados en conflictos
enconados o violentos con otros grupos de la
sociedad. Durante la revisión de la sentencia de
cadena perpetua impuesta a un acusado por incitar a
actos terroristas en Turquía, el Tribunal estimó
inadecuada la composición del tribunal pues incluía a

18
un juez del ejército turco, aunque cuando el fallo fue
emitido ya dicho juez había sido sustituido por uno
civil y no había pruebas de que el propio juez militar
estuviese parcializado. Öcalan contra. Turquía,
2005-IV TEDH 282. El Tribunal apuntó que como se
trataba de asuntos de seguridad nacional y del
conflicto entre la organización del acusado y el
ejército, el acusado podía albergar temores legítimos
de que el Tribunal turco “pudiese dejarse influir
indebidamente por consideraciones ajenas a la
naturaleza del caso.” Idem. párrafo 113. El TEDH
sostuvo que se había violado el Artículo 6, pese a la
sustitución del juez militar antes del fallo definitivo.
Asimismo, en el caso AB Kurt Kellerman contra
Suecia, [2004] TEDH 546, párrafo 63, el Tribunal
adujo que la imparcialidad podía verse amenazada si
los miembros del tribunal tenían intereses comunes
contrarios a los del demandante, o si sus intereses, si
bien no fuesen comunes, fuesen opuestos a los del
demandante.
Tribunales de otros países reconocen de igual
modo la amenaza potencial que representan para la
justicia los prejuicios imperantes en la comunidad y la
publicidad perjudicial independientemente de que los
prejuicios o publicidad en cuestión afecten de forma
subjetiva a los jurados o no, e impongan la adopción
de medidas inusuales o extraordinarias cuando se vea
amenazada la imparcialidad del jurado. Por ejemplo,
el Tribunal Supremo canadiense en reiteradas
ocasiones ha reconocido, en contraste con el fallo del
Tribunal de Apelaciones en este caso, que cuando hay
prejuicios generalizados demostrables en una
comunidad puedan provocar una “conducta aberrante
en los jurados” pese a las instrucciones del Juez de
actuar con imparcialidad, es imprescindible adoptar
medidas extraordinarias aun cuando “no haya pruebas
concretas” de que algunos de los jurados no hayan
podido dejar a un lado sus prejuicios. S. M. la Reina
contra Sean Spence [2005] TSC 72; Williams contra

19
R [1998] 6 BHRC 189 (Canadá). Como señaló el
Tribunal canadiense, cuando se demuestra la
existencia de prejuicios generalizados, “no se debe
suponer que las instrucciones del juez y la adopción
de otras salvaguardas bastarán para eliminar prejuicios
profundamente arraigados en el subconsciente de los
jurados.” Spence, párrafo 36. De hecho, mientras en
este caso el Onceno Circuito rechazó de forma
categórica pruebas de la existencia de prejuicios
porque “no se relacionaban directamente con la
culpabilidad de los acusados por los delitos
imputados,” el Tribunal canadiense reconoció que la
posibilidad de parcialidad puede demostrarse incluso
en ausencia de prejuicios vinculados directamente con
los acusados en cuestión. Williams contra R, párrafo
27. Un estudio internacional demostró que pueden
generarse prejuicios genéricos aunque la “cobertura de
los medios no se relacione de forma específica con el
caso de los acusados, pero sea tan penetrante que los
incrimine y estigmatice.” M. Chesterman,
J. Chan y S. Hampton, ¿Cómo manejar la publicidad
perjudicial: un estudio empírico de los juicios penales
ante jurado en Nueva Gales del Sur?, Fundación de
Derecho y Justicia de Nueva Gales del Sur (2000).
Son precisamente esos “prejuicios genéricos”
objetivos los rechazados de forma concluyente por el
Tribunal del Onceno Circuito. Si bien los tribunales
extranjeros pueden tener enfoques diferentes para
evitar que los prejuicios afecten a un tribunal
imparcial, todos reconocen los problemas ocasionados
por los prejuicios o publicidad perjudicial
generalizados en una comunidad ignorados con tanto
detenimiento por el Tribunal de Apelaciones en este
caso. Es evidente que el juicio celebrado en Miami
fue injusto.
El conflicto entre el compromiso de los
Estados Unidos con la promoción de los derechos
humanos en todo el mundo y ser ejemplo para otras
naciones, y la opinión de numerosos observadores

20
internacionales autorizados de que los demandantes
no fueron juzgados ante un tribunal imparcial, debilita
la confianza de la comunidad internacional en el
sistema legal estadounidense. Importantes sectores de
la sociedad internacional estiman que este caso pone a
prueba los principios de imparcialidad aparente y real
del sistema legal estadounidense vitales para mantener
la confianza de la sociedad en un sistema jurídico
independiente. Este Tribunal debe conceder la
solicitud para reafirmar y devolver la confianza
internacional en el compromiso de los Estados Unidos
con el derecho a un juicio justo ante un tribunal
imparcial.
II. LA SENTENCIA POR CONSPIRACIÓN
PARA COMETER ASESINATO IMPUESTA A
HERNÁNDEZ EVIDENCIA LA INFLUENCIA
DE LOS PREJUICIOS IMPERANTES EN EL
JUICIO DEL DEMANDANTE
Como subrayó la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, la conjunción del
clima de parcialidad y prejuicios contra los acusados
reinante en Miami con “la naturaleza de los cargos y
la severidad de las sentencias impuestas a los
acusados,” indica que el juicio no fue imparcial ni
conforme a las normas de un juicio justo. Informe del
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las
Naciones Unidas, supra párrafo 29. El hecho de que
el Demandante Hernández fuese condenado por
conspiración para cometer asesinato y fuese
sentenciado a cadena perpetua cuando apenas había
pruebas de que hubiese conspirado con el Gobierno
cubano para derribar las aeronaves de forma
intencionada en el espacio aéreo internacional solo
confirma la imposibilidad de que “el
demandante...recibiese una valoración imparcial de su
culpabilidad o inocencia sobre la base de las pruebas
presentadas.” Coleman contra Kemp, 778 F.2d 1487
(Onceno Circuito 1985). La celebración de un juicio

21
de fuerte connotación política en una sede tan
politizada cuya conclusión fue la condena de
Hernández por conspiración para cometer asesinato en
ausencia de pruebas sustanciales, corrobora la opinión
de muchos observadores internacionales autorizados
de que fue la política y no los hechos la que
desempeñó el papel decisivo en este juicio.
CONCLUSIÓN
Por todas las razones antes expuestas, los
Amigos de la Corte exhortan al Tribunal a conceder la
petición de revisión.
Respetuosamente,
Jules Lobel

ANEXO—LISTA DE AMICI
Federación Iberoamericana del Ombudsman
Orden de Abogados de Brasil
Bélgica—Asociaciones de Abogados de Bélgica:
Asociación de Abogados Flamencos; Asociación
de Abogados Francófonos y Germanófonos
Alemania: Asociación de Abogados de Berlín; Liga
de Derechos Humanos y la Asociación de
Abogados Defensores de Berlín; la Asociación de
Abogados Republicanos (RAV) y el Grupo de
Trabajo de estudiantes de Derecho de la
Universidad Humboldt de Alemania
Portugal: Comisión de Derechos Humanos de la
Orden de Abogados de Portugal y su Presidente,
José Augusto Rocha
Federación Internacional de Derechos Humanos
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Ecuador: Asamblea Permanente de Derechos
Humanos—APDH del Ecuador
Japón: Fundación de Derechos Humanos de Asia;
Centro de Abogados pro Socialdemocracia;
Profesor Osamu Niikura; Profesor Kenji Urata;
Profesor Masahiro Usaki; Fumio Asano;
Takemura Fumio; Mitsuko Fujiwara; Masako
Gotoh; Koh Haginoya; Yoshitaka Hirao;
Takayuki Hiruta; Kazuo Hizumi; Choji Honda;
Hitoshi Horii; Toshio Ikemiyagi; Satoshi Imai;
Hideaki Inomata; Kazuko Ito; Kazuo Ito; Setsuo
Kadoi; Kozou Kaifu; Hiroyuki Kamagata;
Yasuhiro Kanaitsuka; Shigeru Kanazawa;
Shinsuke Kato; Kuraishi Kawamoto; Takahiko

2
Kawarabuki; Hirohisa Kitano; Hiroko Kotake;
Tomokatau Maeda; Toshinari Minamitani; Kunio
Miyazato; Ko Mizushima; Yoshinori Murai; Shin
Nakano; Shuichi Nomura; Yuji Ogawara; Koji
Ono; Hidenori Sasaki; Mutsumi Sato; Toichiro
Sawafuji; Shojun Sugimoto; Fumio Takemura;
Masako Tange; Takehiko Tsukushi; Masatoshi
Uchida; Aiko Utsumi; Hiroshi Yamamoto;
Hiroshi Yasui; Takashi Yatabe
Reino Unido: 14 profesores de Derecho y 18
abogados y procuradores: Profesores de
Derecho: Benjamin Bowling (Profesor de
Criminología, Facultad de Derecho, King’s
College de Londres); Bill Bowring, Abogado
(Profesor de Derecho, Facultad de Derecho—
Birkbeck College, Universidad de Londres);
Christine Chinkin (Profesora de Derecho
Internacional, Facultad de Economía de Londres);
Emilios Christodoulidis (Profesor de Derecho,
Universidad de Glasgow); Profesora Aileen
McColgan (Profesora de Derecho Humanitario,
King’s College de Londres); Keith Ewing
(Profesor de Derecho Público, University
College, London); Conor Gearty (Profesor de
Derecho Humanitario, London School of
Economics); Guy S. Goodwin-Gill (Profesor de
Derecho Internacional de Refugiados,
Universidad de Oxford); Alan W. Norrie
(Profesor de Derecho y Justicia Penal, Facultad
de Derecho, King’s College, Londres); Javaid
Rehman (Profesor de Derecho y Abogado,
Facultad de Derecho, Universidad de Brunel); Dr.
Phil Scraton (Profesor, Facultad de Derecho,
Queen’s University, Belfast); Adam Tomkins
(Profesor de Derecho Público, Facultad de
Derecho, Universidad de Glasgow); Thomas
Scott Veitch (Profesor de Derecho Público,
Facultad de Derecho, Universidad de Glasgow);
Stuart Weir (Universidad de Essex); Abogados y

3
Procuradores: Baronesa Helena Kennedy Q.C.
(Miembro de la Cámara de los Lores y Presidenta
de Justicia— sección británica de la Comisión
Internacional de Juristas; miembro de la junta
directiva de Gray’s Inn, una de las cuatro
asociaciones profesionales a las que tienen que
pertenecer los abogados en Inglaterra y Gales);
John Hendy Q.C.; Michael Mansfield Q.C.;
Bushra Ahmed; Sarah Bourke; Matthew
Cartledge; Steve Cottingham; Georgina Hirsch;
Catrin Lewis; Alastair Logan CBE (Comandante
del Imperio Británico); Damian McCarthy;
Bronwyn McKenna; Gary Morton; Gareth Peirce;
Greg Powell; Michael Seifert; Geoffrey Shears;
Elizabeth Woodcraft
Chile: Juez Juan Guzmán Tapia
Chile: Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos de Chile; Agrupación Nacional de Ex
Presos Políticos de Chile
España: Federico Mayor Zaragoza
España: Asociación Pro Derechos Humanos de
España; Asociación Española para el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos;
Asociación Justicia y Sociedad; Asociación Libre
de Abogados de Madrid; Asociación Libre de
Abogados de Málaga; Asociación Libre de
Abogados de Asturias; Asociación Canaria de
Juristas por la Paz y los Derechos Humanos;
Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental;
Asociación Internacional de Juristas por el Sahara
Occidental; Profesora Anna M. Badía Martí
(profesora de Derecho Público Internacional,
Universidad de Barcelona); Profesor Javier
Chincón Álvarez (Derecho Público Internacional,
Universidad Complutense de Madrid); Profesor
Pedro Expósito (Derecho Público Internacional,
Universidad de Málaga); Profesor Carmelo Faleh

4
Pérez (Derecho Público Internacional,
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias);
Profesora Diana Malo de Molina y Zamora
(Derecho Constitucional, Universidad de Las
Palmas de Gran Canarias); Profesor Benito
Reverón Palenzuela (Derecho Procesal,
Universidad de La Laguna, Tenerife); Max Adam
Romero; Pascuel Agueló Navarro; Paulino Álamo
Suárez; Ignacio Almandoz Ríos; Pedro Amador
Jiménez; José María Arando González; Bruno
Armas Domínguez; Inés Arnaldos de Armas;
Jorge Arozena Sánchez; María Soledad Batalla
Galera; Ramón Benítez Robayna; Esther Bento
de Urquía; Felipe Briones Vives; Margarita
Carmona Betancor; Alfredo Carrera Pérez; David
Casalins Rodríguez; Simón Concepción Santana;
Nieves Cubas Armas; Ignacio Díaz de Aguilar
Cantero; Aracelí Fernández de Córdoba
Cantizano; Ana Sagaseta de Ilurdoz Cortadella;
Joaquín Sagaseta de Ilurdoz Paradas; Augustina
de León Rodríguez; Simplicio del Rosario
García; Ana Doreste Suárez; Aida Espinel
Gómez; Margarita Etala Socas; María Lourdes
Etxebarría Zudaire; María Teresa Farray Mihalic;
Ana C. Febles Santana; María Francisca Ferrís
Duart; Yeray Figieras Estevez; Milagros Fuentes
González; Javier Galparsoro García; Domingo
Luis Galván Betancor; Domingo García
Hernández; Gustavo A. García Martel; María
García Salguero; Inmaculada González Sánchez;
José Manuel Guerra Aguilar; María Teresa
Guillén Castellano; Alejandra Gutiérrez García;
Taida Hernández Rodríguez; José Miguel Jaubert
Lorenzo; Alfonso Lago Rayón; Pedro Limiñana
Cañal; Leonor López Ojeda; Juan Carlos Lorenzo
de Armas; Juan Antonio Luque Maza; Luis
Alejandro Mangrané Cuevas; Francisco Mazorra
Manrique de Lara; Antonio Marrero de Armas;
Flora Marrero Ramos; Juan P. Martín Luzardo;
Juan Ramón Martín Rodríguez; Raúl Martínez

5
Turrero; José J. Mazorra Alvarado; María
Cristina Mazorra Alvarado; Héctor Mejías López;
Raúl Mirando López; Inés Miranda Navarro;
Daniel Montero del Río; Anselmo Moreno Sosá;
Luis Moros Calvo; Alicia Beatriz Mujica Dorta;
Carman Yanira Naranjo Rivero; Antonio Nuevo
Hidalgo; Carmelo Ortiz Pérez; Ana Pérez
Nordelo; José Ramón Pérez Meléndez; Nieves
Cruz Pérez Rodríguez; Fernando Piernavieja
Niembro; Antonio Pineda García; Lucía Ramírez
Santiago; Mercedes Ramírez Jiménez; Miguel
Redondo Rodríguez; José Manuel Rivero Pérez;
Eusebio Rocío Rodríguez; Pedro Rodríguez
Rodríguez; Pedro Rodríguez Suárez; Urpi
Rodríguez Losada; Emilio Ruano Martín; Elena
Ruiz Suárez; Nereida San Luis Santana; Agustín
Santana Santana; Antonio María Santana Melián;
Carmen Santana Ramírez; Eduardo Santos Itoiz;
Ruh Sebastián García; Cristina Suárez García;
Ana Taboada Coma; Marta Torres de León;
Manuel Travieso Darias; Pablo Travieso Darias;
María Dolores Travieso Darias; Betariz Trujillo
Sánchez; Ana María Uría Pelayo; Carlos Villán
Durán
Colombia: Corporación Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo; Profesor Renán Vega Cantor,
Doctor en Estudios Políticos y Profesor de la
Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá,
Colombia.
Panamá: Comité Ecuménico de Panamá; Unión
Nacional de Abogados Indígenas de Panamá;
Coordinadora Popular de Derechos Humanos de
Panamá; Servicio Paz y Justicia en Panamá;
Frente de Abogados Independientes de Panamá;
Academia Istmeña de Derecho Internacional;
Academia Latinoamericana de Derecho
Internacional; Instituto Colombo Panameño de
Derecho Procesal; Asistencia Legal Alternativa
de Panamá; Centro de Capacitación Social de

6
Panamá; Asociación de Abogados Litigantes de
Panamá; Dr. Hernando Franco Muñoz (ex asesor
legal y de relaciones internacionales de la
Asamblea Nacional de Panamá, actual Director
del Departamento de Derecho Público, Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de
Panamá); Lic. Ramiro Guerra Morales (Miembro
de la Junta Directiva del Colegio Nacional de
Abogados de Panamá); Lic. Carlos Ayala
Montero (Asesor de la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social de la Asamblea Nacional y
Director Ejecutivo de la Academia Panameña de
Derecho Laboralista, ex profesor de la
Universidad de Panamá y autor de 8 libros de
derecho y sociología)
México: Programa de Derechos Humanos,
Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
Enrique González Ruiz, Camilo Pérez Bustillo
Argentina: Liga Argentina por los Derechos del
Hombre; Liga Argentina por los Derechos del
Hombre Rosario; Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas Rosario; Centro
de Estudio e Investigación en Derechos
Humanos; Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos Rosario

No. 08-987
En el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
––––––––♦–––––––––
RUBEN CAMPA, alias John Doe 3, alias Vicky, alias
Camilo, alias Oscar; RENE GONZALEZ, alias Iselin, alias
Castor; GERARDO HERNANDEZ, alias Giro, alias
Manuel Viramontez, alias John Doe 1, alias Manuel
Viramontes; LUIS MEDINA, alias Oso, alias Johnny, alias
Allan, alias John Doe 2; ANTONIO GUERRERO, alias
Rolando González-Díaz, alias Lorient,
v.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
––––––––♦–––––––––
Demandantes,
Demandado.
Sobre la Petición de Revisión al Tribunal de
Apelaciones del Onceno Circuito
de los Estados Unidos
––––––––♦–––––––––
DOCUMENTO DE AMIGO DE LA CORTE DEL
PROYECTO NACIONAL DE J URADOS
EN APOYO A LOS DEMANDANTES
––––––––––––♦––––––––––––
THOMAS M. MEYER
BUFETE DE THOMAS M. MEYER
2831 Telegraph Ave.
Oakland, California 994609
(510) 832-3400.

i
ÍNDICE
Página
IDENTIFICACIÓN DEL AMIGO DE LA CORTE............ 1
INTERÉS DEL AMIGO DE LA CORTE .......................... 3
RESUMEN DEL ARGUMENTO.......................................3
ARGUMENTO....................................................................5
EL RECURSO DE REVISIÓN SE JUSTIFICA
PARA BRINDAR ORIENTACIÓN A LOS
TRIBUNALES JUDICIALES FEDERALES EN
TODO EL PAÍS RESPECTO DE LAS
CIRCUNSTANCIAS EN LAS CUALES ES
PERTINENTE UN CAMBIO DE SEDE. .......................5
I
ES NECESARIO ESCLARECER EL PESO
DE LA PRUEBA PARA CAMBIO DE SEDE
SEGÚN LA REGLA 21, BASADO EN UN
PRESUNTO PREJUICIO........................................5
II. SE NECESITA ESCLARECER LA
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA LA FUENTE
DEL PREJUICIO AL EVALUAR LA
NECESIDAD DE UN CAMBIO DE SEDE. ..........7
A. Prejuicio basado en la publicidad .....................7
B. Prejuicio basado en las actitudes de la
comunidad. .......................................................9
C. El factor de miedo como fuente de
prejuicio.......................................................... 11
D. Los factores que interactúan como fuente
de prejuicio..................................................... 14

ii
III. ES ESENCIAL QUE LOS TRIBUNALES
RECONOZCAN LAS LIMITACIONES DEL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL JURADO
(VOIR DIRE) COMO MECANISMO PARA
DETECTAR EL PREJUICIO EN LOS
CANDIDATOS A MIEMBROS DEL
JURADO. 15
A. El problema del prejuicio inconsciente. ........ 16
B. El problema de las respuestas deseables
desde el punto de vista social. ........................ 17
C. El problema de las presiones normativas. ......18
D. El problema general de la poca fiabilidad
de las respuestas expresadas en el examen
para la selección del jurado. ...........................20
CONCLUSIÓN................................................................ 22

CASOS
iii
ÍNDICE DE FUENTES
Página
Commonwealth contra Malvo, Juicio Penal No.
102888, Tribunal de Circuito de la Ciudad de
Fairfax. (2 de julio de 2003). ............................................. 9
Estes contra Texas, 381 U.S. 532 (1965). ............................. 7
Fain contra Tribunal Superior, 2 Cal. 3d 46 (1969). ..........15
Frazier contra Tribunal Superior, 5 Cal. 3d 287
(1971)....................................................................................15
Irwin contra Dowd, 366 U.S. 717 (1961). ............................. 7
Maine contra Tribunal Superior, 68 Cal. 2d 375
(1969)....................................................................................15
Miller-El contra Dretke, 545 U.S. 231 (2005). ...................16
Murphy contra Florida, 421 U.S. 794 (1975). ...................... 7
Pamplin contra Masón, 364 F.2d 1 (5 to Circuito,
1968) ......................................................................................10
El pueblo contra Hermanos Attica, 359 N.Y.S. 2d
699, 79 Mise. 2d 492 (Tribunal Superior. Condado
Erie, 1973). ............................................................................. 8
El pueblo contra Croy, Tribunal Superior, Condado
Placer, No. 52587 (1987)........................................................ 10
El pueblo contra Davis, Tribunal Superior del
Condado Marín No. 3744 (1971)............................................ 8
Rideau contra Louisiana, 373 U.S. 723 (1963). .................... 7
Sheppard contra Maxwell, 384 U.S. 333 (1966). .................. 7
Estados Unidos contra Burr, 25 Caso Federal 49
(Caso #14, 692g, 1807)........................................................... 16
Estados Unidos contra Means, 409 Suplemento F 115
(D.N.D., 1976)........................................................................ 10
Estados Unidos contra McVeigh, 918 Suplemento F
1467 (W.D., Oklahoma 1996). ............................................... 9

OTRAS FUENTES
iv
Gary Blasi, Propugnación contra estereotipo:
Lecciones de la Psicología Social Cognitiva, 49
REVISTA JURÍDICA DE LA UCLA (UNIVERSIDAD DE
CALIFORNIA EN LOS ÁNGELES) 1241 (2002). ...................... 17
Broeder, Los exámenes del Proceso de Selección del
Jurado: Estudio empírico, 38 Revista Jurídica de
los Estados del Sur 503 (1965). ........................................ 21
Bronson, Edward – LA EFECTIVIDAD DEL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL JURADO PARA
DESCUBRIR EL PREJUICIO EN LOS CASOS DE
MUCHA PUBLICIDAD: STUDIO DE ARCHIVO
SOBRE EL EFECTO DE MINIMIZACIÓN (1989). ......... 21
Casper y otros, La toma de decisión del jurado,
actitudes y parcialidad en retrospectiva, 13
DERECHO Y COMPORTAMIENTO HUMANO
291 (1989). .......................................................................... 19
Diamond, Selección científica del jurado: Lo que
saben y lo que no saben los especialistas en Ciencias
Sociales, 73 JUDICATURA 178 (1990). ........................... 21
Fishfader y otros, Factores probatorios y
extrajudiciales en las decisiones de los jurados:
Modo de presentación, Retención y nivel de
emocionalidad, 20 DERECHO Y
COMPORTAMIENTO HUMANO 565 (1966). ................ 19
Greenberg y otros, Teoría sobre Evidencia de Gestión
del Terror II: Los efectos de la prominencia de
mortalidad en aquellos que amenazan o reafirman el
criterio cultural mundial, 58 REVISTA DE
PERSONALIDAD Y PSICOLOGÍA SOCIAL 308
(1990). ................................................................................. 19
Greenberg y otros, Teoría de gestión del terror en
materia de autoestima y criterios culturales
mundiales: Evaluaciones empíricas y refinamientos
conceptuales, en Mark Zanna, editores, AVANCES
EN LA PSICOLOGÍA SOCIAL
EXPERIMENTAL, Tomo 29, 61 (1997). ........................19

v
Holstein, Interpretación de los miembros del jurado y
toma de decisiones del jurado, 9 DERECHO Y
COMPORTAMIENTO HUMANO 83 (1985). ............... 19
Horowitz, Selección del jurado: Comparación de dos
métodos en varios juicios penales, 10 REVISTA
DE PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 86
(1980). .............................................................................. 21
Jones, S., Jueces contra proceso de selección del
jurado dirigido por la Fiscalía: Investigación
empírica sobre la franqueza del jurado, 11 Derecho
y Comportamiento Humano 131, 143 (1987). ................. 18
Jerry Kang, Caballos de Carrera Troyanos, 118
REVISTA JURÍDICA DE HARVARD 1489 (2005). ................. 17
Kerr y otros, Sobre la eficacia del Proceso de
Selección del Jurado en los casos penales con
publicidad perjudicial antes del juicio: Estudio
empírico 40 REVISTA JURÍDICA DE LA
UNIVERSIDAD AMERICANA 665 (1991). ................. 21
Kramer y otros, Publicidad antes del juicio,
rectificaciones judiciales y parcialidad de los
jurados 14 DERECHO Y COMPORTAMIENTO
HUMANO 409 (1990). .................................................... 21
Neil Kressel y Dorit Kressel, ARREGLO Y
DOMINIO: LA NUEVA CIENCIA DE
CONSULTAR AL JURADO (2002); Bernant y
Shapard, El examen para la selección del Jurado:
Retos del Jurado en la defensa del adversario, en
BRUCE SALES, editores, EL PROCESO DEL
JUICIO (1981). ................................................................ 22
Linda Hamilton Krieger, El contenido de nuestras
categorías: Enfoque de parcialidad cognitiva a la
discriminación y la igualdad de oportunidades de
empleo, 47 REVISTA JURÍDICA DE STANFORD
1161 (1995). ..................................................................... 17

vi
Marshall y Smith, Los efectos de las características de
exigencia, ansiedad de la evaluación y expectación
en la honestidad del jurado durante el proceso de
selección, 120 LA REVISTA DE PSICOLOGÍA
205 (1986). ....................................................................... 21
Miller y otros, Eliminación de la maldad y la
crueldad: ¿Se debe explicar o perdonar?, 3
REVISTA DE PERSONALIDAD Y PSICOLOGÍA
SOCIAL 254 (1999). ........................................................ 20
Mize, Sobre una mejor selección del jurado: El
rechazo de los miembros del jurado desfavorables
antes de que formen parte del Jurado, 36 REVISTA
DEL TRIBUNAL 10 (1999). ........................................... 21
Moran y otros, La selección del jurado en los juicios
de mucha importancia controlados: La necesidad de
ampliar el proceso de selección del jurado,
3 INFORMES DE MEDICINA LEGAL 331
(1990). .............................................................................. 22
Nesbitt y Wilson, Decir más de lo que podemos saber:
Informes verbales sobre los procesos mentales, 84
REVISTA DE PSICOLOGÍA 231 (1977)........................ 17
Ogloff y Vidmar, El impacto que tiene sobre los
jurados la publicidad antes del juicio: Estudio para
comparar los efectos de la televisión y los medios
de comunicación impresos en un caso de abuso
sexual de menor, 18 DERECHO Y
COMPORTAMIENTO HUMANO 507 (1994). .............19
Antony Page, El punto vulnerable de Batson:
Estereotipo inconsciente y recusación sin causa, 85
REVISTA B.U.L. 155, 161 (2005). .................................... 16
Eva Paterson, Kimberly Thomas Rapp y Sara Jackson,
El id, el ego y la igualdad de protección en el siglo
XXI: Abundando en la visión de Charles Lawrence
para incrementar el reto contemporáneo a la
Doctrina de la intención, 40 REVISTA JURÍDICA DE
CONNECTICUT 1175 (2008). .............................................18

vii
Pennington y Hastie, Explicación de la evidencia:
Pruebas del modelo de relato para la toma de
decisiones del jurado, 62 REVISTA DE
PERSONALIDAD Y PSICOLOGÍA SOCIAL 189
(1982). .............................................................................. 18
Deana A. Pollard, Parcialidad inconsciente y análisis
autocrítico: El caso de eficacia probatoria del
privilegio en la igualdad de oportunidades de
empleo, 74 REVISTA JURÍDICA DE
WASHINGTON 913 (1999). ........................................... 17
MICHAEL SAKS Y REID HASTIE, LA
PSICOLOGÍA SOCIAL EN EL TRIBUNAL, 66-
71 (1978). ......................................................................... 22
Seltzer y otros, Honestidad del jurado durante el
proceso de selección del Jurado, 19 REVISTA DE
JUSTICIA PENAL 451 (1991). ....................................... 21
Smith y Studebaker, ¿Qué espera usted?: El efecto del
conocimiento popular en materia de categorías
delictivas en la investigación de los hechos, 20
DERECHO Y COMPORTAMIENTO HUMANO
517 (1996). .......................................................................19
Vidmar, Estudios de caso sobre el prejuicio antes y a
mitad de juicio en los litigios penales y civiles, 26
DERECHO Y COMPORTAMIENTO HUMANO
73 (2002). ......................................................................... 17
Vidmar, Justicia punitiva: Su contexto social, en
Michael Ross y Dale T. Millar, editores, EL AFÁN
DE JUSTICIA EN LA VIDA COTIDIANA (2001).
.......................................................................................... 20
Zeisel y Diamond, El efecto de la recusación sin causa
sobre el jurado y el veredicto: Experimento
efectuado en un Tribunal Federal de Distrito, 30
REVISTA JURÍDICA DE STANFORD 491
(1978)................................................................................ 21

1
IDENTIFICACIÓN DEL AMIGO DE LA CORTE
El Proyecto Nacional de Jurados (National Jury
Project) es una corporación no lucrativa de Minnesota
que se estableció originalmente en Nueva York, en
1975, con el propósito de estudiar todos los aspectos
del sistema estadounidense de juicios por jurado, así
como mantener y fortalecer ese sistema.
El Proyecto Nacional de Jurados mantiene oficinas en
Minnesota, California, Nueva York y
Nueva Jersey, las cuales brindan servicios
educacionales y de consultoría a los abogados, los
tribunales y los profesionales en ciencias sociales en
relación con los litigios penales y civiles que se
ventilen en los tribunales federales y estatales a todo
lo largo de los Estados Unidos.
El Proyecto Nacional de Jurados ha asistido a los
abogados en la preparación de los juicios y en la
selección de los jurados en miles de procesos civiles y
penales en los cuales inciden una amplia variedad de
cuestiones. Ha realizado encuestas de opinión pública
en relación con asuntos de la justicia penal y ha
analizado el contenido y la repercusión de la
publicidad antes del juicio en cientos de casos.
Basándose en estas investigaciones, los miembros del
Proyecto Nacional de Jurados han presentado
pronunciamientos y declaraciones juradas en
numerosas causas sobre temas de sede, publicidad
antes del juicio, composición del jurado, investigación
de encuestas, procedimientos para la selección del
jurado, el uso de las recusaciones sin causa y los
procedimientos para la supresión de miembros del
jurado. Ellos han sido seleccionados como peritos en
numerosos tribunales federales y estatales.
El Proyecto Nacional de Jurados tiene la autoría
de tres libros de texto, Jurywork: Systematic
Techniques (El trabajo del jurado: Técnicas
sistemáticas (2 da edición en 1983, con actualizaciones
anuales hasta 2002); Women’s Self-Defense Cases:
Theory and Practice (Casos de autodefensa de
mujeres: Teoría y práctica) (1981); y The Jury System:
New Methods for Reducing Prejudice (El sistema de

2
juicios por jurados: Nuevos métodos para reducir el
prejuicio) (1975). Los miembros del Proyecto
Nacional de Jurados han escrito numerosos artículos
para las publicaciones jurídicas y de ciencias sociales
sobre temas relacionados con el interrogatorio a los
candidatos a miembros del jurado y el proceso de
selección del jurado. Los miembros del Proyecto
Nacional de Jurados son oradores frecuentes en los
seminarios de capacitación de jueces y abogados
penales y civiles en todo el territorio de los Estados
Unidos, entre los que se encuentran, inter alia, los
seminarios dirigidos por la Asociación de Abogados
Estadounidenses; la Asociación Nacional de Jueces
Mujeres; la Conferencia de Jueces de Tribunales de
Condado en la Florida; el Seminario Judicial del
Sistema de Tribunales Unificados del Estado de
Nueva York; la División de Derechos Civiles del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos; el
Instituto de Práctica Legal; la Asociación de
Abogados Litigantes de Estados Unidos; la
Asociación de Abogados Litigantes Empresariales;
Abogados de California por la Justicia Penal y la
Asociación Nacional de Abogados Defensores
Criminalistas. Los miembros del Proyecto Nacional
de Jurados han sido invitados a brindar testimonio
ante Comités del Congreso de Estados Unidos y de
numerosas legislaturas estaduales. El Proyecto
Nacional de Jurados fue citado con la aprobación del
Juez Thurgood Marshall, quien disintió en Mu’ Min
contra el Commonwealth de Virginia, 111 S. Ct. 1899
(1991), por el Tribunal Supremo de California en El
pueblo contra Williams, 29 Cal. 3d 392, 628 P.2d 869
(1981) y por el Tribunal Supremo de Michigan en El
pueblo contra Tyburski, 445 Michigan 606 en la 623
(1994).
–––––––––♦–––––––––

3
INTERÉS DEL AMIGO DE LA CORTE 1
Coherente con el propósito expreso para el cual
fue fundado, el Amigo de la Corte tiene permanente
interés en estudiar, mantener y fortalecer todos los
aspectos del sistema de jurado estadounidense. A
partir de los estudios realizados por sus miembros
acerca de las esferas relevantes de las ciencias sociales
y del extenso trabajo y observaciones realizadas en los
casos individuales, el Proyecto Nacional de Jurados ha
desarrollado una amplia comprensión sobre cómo las
condiciones en que se seleccionan los jurados,
conjuntamente con las comunidades de donde son
escogidos, afectan el comportamiento de los
miembros individuales del jurado y su capacidad para
servir como árbitros justos e imparciales del hecho.
Las circunstancias que rodean la selección de los
candidatos a miembros del jurado y la selección del
jurado en el caso presente entrañan cuestiones de
arbitrariedad comunitaria que tiene implicaciones
tanto para el acusado como para el sistema de jurados
en general. Por esta razón, el Amigo de la Corte tiene
un fuerte interés en el resultado de este caso.
––––––––♦–––––––––
RESUMEN DEL ARGUMENTO
La procedencia del recurso de revisión está
justificada para establecer las pautas para los
tribunales judiciales, federales y estatales a lo largo de
todo el país, en cuanto a las circunstancias en las
cuales el cambio de sede es conveniente. Varios
aspectos básicos de la ley son ambiguos y continuarán
inquietando a los tribunales inferiores hasta que este
1 A las partes se les notificó la intención de presentar este
informe con diez días de antelación a la fecha tope para su
presentación. Las partes estuvieron de acuerdo con presentar este
informe. Ninguno de los abogados de ninguna de las partes ha
redactado este informe ni total ni parcialmente, ni ningún
abogado o parte realizó contribución monetaria alguna con la
intención de financiar la elaboración o presentación de dicho
informe.

4
Tribunal proporcione esclarecimiento.
Existe un conflicto entre los circuitos respecto
del peso de la prueba que enfrentó el defensor de un
cambio de sede por presunto prejuicio basado en la
Norma 21. Están en uso tres normas sustancialmente
diferentes y fueron aplicadas al presente caso
considerado por los tribunales inferiores.
De manera adicional, existe ambigüedad en
relación con el papel desempeñado por la fuente de la
arbitrariedad al evaluar la necesidad de un cambio de
sede. Históricamente, las solicitudes de cambio de
sede han estado provocadas por la excesiva publicidad
antes del juicio. El hecho de que pueda surgir una
necesidad equivalente de cambiar la sede debido a las
actitudes de la comunidad, que es distinto a la
publicidad que un caso haya generado, es un tema no
resuelto aún.
Por ultimo, los tribunales judiciales tienen que
reconocer las limitaciones del interrogatorio
practicado en el proceso de selección del jurado como
mecanismo para detectar la parcialidad en una parte
de los miembros del jurado. La poca confiabilidad en
las respuestas al interrogatorio del proceso de
selección del jurado, como medida de la parcialidad
de los jurados, ha sido bien documentada en la
actualidad por investigaciones en ciencias sociales.
Mientras los tribunales judiciales no reconozcan esto,
se apoyarán demasiado en los interrogatorios para la
selección del jurado como medida profiláctica eficaz
para garantizar un juicio justo y evitar la necesidad de
un cambio de sede.
–––––––––♦–––––––––

5
ARGUMENTO
EL RECURSO DE REVISIÓN SE
JUSTIFICA PARA BRINDAR
ORIENTACIÓN A LOS TRIBUNALES
JUDICIALES FEDERALES EN TODO EL
PAÍS RESPECTO DE LAS
CIRCUNSTANCIAS EN LAS CUALES ES
PERTINENTE UN CAMBIO DE SEDE
I. ES NECESARIO ESCLARECER EL
PESO DE LA PRUEBA PARA UN
CAMBIO DE SEDE SEGÚN LA
NORMA 21, BASADO EN UN
PRESUNTO PREJUICIO.
Este es un caso en el cual hasta la fecha los
tribunales han impuesto tres normas
sustancialmente diferentes referentes al peso de la
prueba que los acusados enfrentaron en sus
gestiones para que se les cambiara la sede dentro
del distrito, de Miami a Fort Lauderdale, por
presunto prejuicio según la Regla 21(a).
La primera es la adoptada por el Tribunal de
Distrito inferior, la cual exige un nivel de
parcialidad que haga prácticamente imposible la
realización de un juicio justo (en lo sucesivo, la
norma de la “imposibilidad virtual”). La segunda es
la adoptada en la opinión del Tribunal en pleno del
Onceno Circuito, la cual exige una certeza
razonable de que el prejuicio impida al acusado
recibir un juicio justo (la norma de la “certeza
razonable”). La tercera, adoptada por la opinión
discrepante a la del Tribunal en pleno, centra la
atención en la probabilidad o posibilidad de que un
acusado no pueda recibir un juicio justo e imparcial
(la norma de la “probabilidad de injusticia”).
Este conflicto entre las normas se hace eco del
que existe entre los circuitos federales, así como del
que existe entre varios tribunales estaduales que han
enfrentado el problema de la norma
constitucionalmente establecida. Además se hace eco
de la incertidumbre que el Amigo de la Corte ha

6
encontrado a través de los años en parte de los
tribunales judiciales a lo largo de todo el país,
federales y estaduales, en cuanto al apropiado peso de
la prueba para las mociones de cambio de sede.
El Amigo de la Corte sostiene que ahora ha
llegado el momento de solucionar este conflicto. Con
la revolución en la tecnología que permite diseminar
la información de manera más amplia y rápida que
nunca antes, nos estamos adentrando en un período en
el que habrá más peticiones, y no menos, de cambio
de sede. El ciclo noticioso de 24 horas abarca una
interminable cadena de sucesos. Por ejemplo, la toma
de secuencias de video por aficionados sobre las
violentas interacciones entre oficiales de la policía y
civiles, como aquellas que provocaron malestar social
y por ultimo suscitaron la controversia sobre la sede
conveniente en el caso de Rodney King, se está
haciendo cada vez más frecuente. 2 Lo mismo se aplica
a la filmación en video de una actividad sospechosa
que da lugar a un arresto, tomada desde una cámara
montada sobre un vehículo de la policía.
Además, el hecho de que la publicidad llegara a
una audiencia mayor que antes del juicio no socava
los beneficios prácticos que un cambio de sede puede
lograr: Independientemente de la amplitud que
adquiera la difusión de las noticias de un suceso,
todavía existe una significativa diferencia en la
manera en que lo experimentan las personas más
cercanas en proximidad al suceso, en comparación
con quienes están más alejados. (Para abundar más en
2 Mientras se estaba escribiendo este documento, Oakland,
California, estaba siendo sacudida por las manifestaciones
callejeras que protestaban por el asesinato –captado por los
transeúntes con cámaras de teléfono celular y transmitido a todo
el mundo a través de Internet– de un negro desarmado y al
parecer totalmente sometido por un oficial blanco de la Policía de
Tránsito del Distrito. En la misma conferencia de prensa en que
anunció presentar los cargos de asesinato contra el oficial, el
Fiscal de Distrito expresó que se “harían todas las gestiones
posibles por parte de la defensa para sacar el proceso del
Condado Alameda”. (San Francisco Chronicle, 15 de enero de
2009, páginas A-1 y A-12.)

7
este tema, véase la Sección II, infra) Por
consiguiente, los tribunales judiciales de todo el país
están necesitados de la orientación que sólo este
Tribunal puede brindar.
II. SE NECESITA ESCLARECER LA
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA LA FUENTE
DE PREJUICIO AL EVALUAR LA
NECESIDAD DE UN CAMBIO DE SEDE.
A. Prejuicio basado en la publicidad.
La historia de precedentes sobre cambio de sede
de este tribunal se ha desarrollado mayormente a
partir de los procesos judiciales con altos niveles de
publicidad antes del juicio, en los cuales se determinó
finalmente que esta publicidad era incompatible con el
derecho a un juicio justo. Así, en una serie de casos
notables, las condenas penales fueron revocadas
cuando la publicidad había alcanzado un punto que
fue descrito posteriormente por este tribunal como una
“atmósfera que se había corrompido totalmente por la
cobertura de prensa”. Murphy contra Florida, 421
U.S. 794, 798 (1975). Véase, por ejemplo, Irwin
contra Dowd, 366 U.S. 717, 725-727 (1961) (la
publicidad, inter alia, de la confesión del acusado de
los seis asesinatos, el ofrecimiento a declararse
culpable, los delitos cometidos cuando joven y otras
cosas por el estilo “cubrieron” el condado); Rideau
contra Louisiana, 373 U.S. 723, 724 (1963) (las
repetidas transmisiones de la confesión del acusado
hicieron que el juicio resultara ser nada más que “una
formalidad vacía” (726-727); (Estes contra Texas, 381
U.S. 532, 536, 550 (1965) (“cables y telegramas
estuvieron circulando por toda la sala del tribunal,
había tres micrófonos en el estrado del juez y otros
brillaban en la tribuna del jurado y en la mesa del
abogado”). Sheppard contra Maxwell, 384 U.S.
333, 358 (1966) (el juicio tuvo lugar en una
“atmósfera carnavalesca” contra un telón de fondo de
amplia y exaltada publicidad).

8
Tras estos fallos de referencia, los tribunales
judiciales enfrentados a los intensos embates de la
publicidad, a veces nacionales en escala pero más
agudos en la zona más afectada por los hechos, han
estado más preparados para conceder las peticiones de
cambio de sede. De este modo, en el caso Angela
Davis, la activista política conocida a nivel
internacional fue acusada y finalmente absuelta de
entregar una pistola a Jonathan Jackson, la cual fue
usada en un tiroteo ocurrido en el Juzgado del
Condado Marín, en el cual murió un juez y se quedó
paralítico un fiscal, el caso fue transferido a otro
condado para la celebración del juicio. El pueblo
contra Davis, Tribunal Superior del Condado Marín
No. 3744 (1971). En los casos de la prisión Attica, a
los acusados se les concedió el cambio de sede desde
el rural Condado de Wyoming ubicado en el norte del
estado de Nueva York, y el factor crucial fue que uno
de los cinco posibles jurados tenía una vinculación
con los agentes de la prisión o del estado involucrados
en la retoma de la prisión. El pueblo contra
Hermanos Attica, 359 N.Y.S. 2d 699, 79 Misc. 2d 492
(Tribunal Superior. Condado Erie, 1973). En el caso
de Richard Allen Davis, el hombre acusado y
finalmente condenado por el secuestro y asesinato de
Polly Klaas (el caso que condujo a la aprobación de la
“ley de los 3 strikes” en California), recibió cobertura
nacional y fue transferido a otro condado para la
celebración del juicio. El pueblo contra Davis,
Tribunal Superior del Condado Santa Rosa No. 21720
(1995).
En el caso del francotirador de Washington DC,
el tribunal observó:
“que la sede debía transferirse a una
jurisdicción fuera del corredor Washington-
Richmond, donde muchos ciudadanos
vivieron bajo el temor durante el mes de
octubre de 2002, como resultado de los
crímenes por los cuales el acusado está
acusado.”

9
Commonwealth contra Malvo, Juicio Penal
No. 102888, Tribunal de Circuito de la Ciudad de
Fairfax. (2 de julio de 2003). En Virginia, el tribunal
entendió que trasladar el juicio a un condado fuera del
perímetro de los delitos, apenas 100 millas de
distancia, de todas maneras proporcionaba una reserva
de jurados que no estaban permeados por el temor y la
identificación personal con las víctimas que existía en
las comunidades de Beltway.
En los procesos citados arriba, como en el
juicio del atentado terrorista en la ciudad de
Oklahoma, el cambio de sede no trajo como resultado
que se obtuviera un jurado totalmente ajeno a
cualquier conocimiento del caso (en esta era de los
medios de comunicación masivos eso sería
probablemente tanto imposible como indeseable).
Más bien, el cambio de sede tenía el propósito de
impedir que los hechos del caso fuesen eclipsados, si
no aplastados, por el contexto político y social único
de la sede original. Estados Unidos contra McVeigh,
918 Suplemento F 1467, 1473 (W.D. Oklahoma 1996)
(el caso del atentado terrorista en la ciudad de
Oklahoma).
B. Prejuicio basado en las actitudes de
la comunidad.
El presente caso, por otra parte, aunque
aparentemente honesta sujeto al mismo tipo de intensa
publicidad específica antes del juicio que los casos
que motivaron los dictámenes de referencia
anteriormente aludidos (página 6, anterior), sí se
originó en el contexto del intenso y perpetuo
sentimiento en contra de Castro documentado en los
artículos periodísticos presentados por la defensa. El
resentimiento y la animosidad reflejados en esas
informaciones son lógicamente el resultado de las
experiencias personales de los refugiados cubanoamericanos,
quienes se han convertido en parte
integrante de la comunidad y el grupo étnico
dominante en Miami-Dade. A diferencia de la
mayoría de otras partes del país, donde pequeñas
poblaciones de refugiados se han asentado en
comunidades insulares, con frecuencia denominadas
guetos étnicos y cuya aceptación dentro de la

10
comunidad más amplia y la estructura política toma
generaciones, la presencia cubana en Miami-Dade se
ha hecho dominante en el comercio, la política y la
vida cotidiana, y afecta a cubanos y a residentes no
cubanos por igual.
Los no cubanos en Miami-Dade han estado
mucho más expuestos a los sentimientos contra Castro
que los no cubanos que viven en otras partes de la
Florida y, de seguro, en otras partes de los Estados
Unidos. De igual manera, han estado expuestos a una
constante campaña por derrocar a Castro del poder, y
casi de manera simultánea con este juicio, a los
sucesos relacionados con Elián González. Al parecer
este ambiente es el mismo que el Tribunal analizó en
Pamplin contra Mason, 364 F.2d 1, 11 (5 to Cir. 1968)
cuando expresó:
Cuando las influencias externas afectan el
estado de opinión de la comunidad hasta el
grado que un acusado sea intrínsecamente
sospechoso, la probabilidad resultante de
injusticia exige adecuadas salvaguardias
procesales, como el cambio de sede, para
garantizar un juicio justo e imparcial.
Una situación similar se presentó en un caso del
tribunal estadual en California, El pueblo contra Croy,
Tribunal Superior, Condado Placer, No. 52587 (1987),
que implicaba a un indio americano acusado de matar
a un oficial de la policía caucásico, lo cual trajo como
consecuencia el cambio de sede. En aquel momento,
el Tribunal observó:
Es simplemente decir, que en ausencia de
otros factores, la existencia de prejuicio
residual no produce por sí solo suficiente
prejuicio para el cambio de sede. Lo que la
posibilidad de prejuicio a partir de la noción
preconcebida sobre los indios americanos en
el Condado Placer sí hace es potenciar los
factores, que en otras circunstancias serían
de “bajo nivel”, y que indican la necesidad
del cambio de sede.
Véase también, Estados Unidos contra Means,
409 Suplemento F. 115 (D.N.D. 1976) (se cambió la

11
sede sobre la base de las conclusiones que indicaban
fuerte prejuicio comunitario contra los indios
americanos en general y contra el Movimiento de los
Indios Americanos en particular).
En la experiencia del Amigo de la Corte, el
prejuicio basado en lo que la opinión discrepante a la
del tribunal en pleno del 11 no Circuito llama “prejuicio
dentro de la comunidad”, o lo que también pudiera
referirse como “actitudes de la comunidad” (por
ejemplo, actitudes que existen con anterioridad a
cualquier publicidad adversa pertinente), puede ser al
menos tan incompatible con el derecho a un juicio
justo como lo es el prejuicio en un caso con
publicidad relacionada con el proceso antes de la
celebración del juicio.
Y, a partir de estos precedentes, parece que
existen razones para preocuparse de que la
generalizada hostilidad hacia el Gobierno de Cuba
entre los residentes de Miami-Dade pudo repercutir y
repercutió en los jurados. Era probable que los
jurados no cubanos estuviesen conscientes de que este
caso sería de importancia para la comunidad cubana
en Miami-Dade; de que lo seguirían de cerca, en
especial después del episodio de Elián Gonzáles; y de
que la comunidad cubana podría reaccionar ante un
veredicto que considerara contrario a sus intereses.
En este contexto, si los jurados individuales
albergaban o no sentimientos contra Castro, ellos
están bien conscientes de que la comunidad que los
rodea sí los albergaba, lo cual nos hace cuestionarnos
si se podía o no formar un jurado justo e imparcial en
la comunidad de Miami-Dade.
C. El factor de miedo como fuente de
prejuicio.
Cualquier intento por clasificar las fuentes del
prejuicio que entran en juego en los precedentes
relacionados con el cambio de sede estaría incompleto
si no se tuviese en cuenta otro poderoso factor que
puede acompañar el prejuicio basado en la publicidad
o en el prejuicio basado en las actitudes de la

12
comunidad en cualquiera de los casos dados. Este es
el efecto corrosivo que el miedo por parte de los
jurados puede tener en la imparcialidad de un juicio.
E incluye no solamente el temor por la seguridad
física de uno o la de su familia, sino el miedo por los
medios de sustento económico y hasta por la
preservación de las redes de relaciones sociales que
uno tiene. Tanto si este fenómeno se caracteriza como
“miedo”, o simplemente como “preocupación”,
constituye un peligro si llega al punto de que un
miembro del jurado siente que él o ella se sentiría
incómodo frente a los amigos, vecinos, colegas y
otros, si ellos suieran cómo él o ella votaron en
relación con la culpabilidad.
En nuestro criterio, la situación que los acusados
enfrentaron en vísperas del juicio en el presente caso
tiene muchos, si no todos, los indicios que
históricamente han provocado el miedo por parte de
los jurados. El asunto de Elián González había
alimentado las llamas del resentimiento contra Castro
y su gobierno en la comunidad de Miami-Dade hasta
el punto que estaban teniendo lugar manifestaciones y
protestas populares en las calles. 3 Una posible
miembro del jurado tenía preocupaciones sobre la
reacción de la comunidad ante el veredicto porque ella
no “quería que ocurrieran disturbios y cosas por el
estilo de las que habían ocurrido con el caso de
Elián”. (R26 en la 938, 945.) Otra se refería a la
“mentalidad de turba” que rodeó el problema de Elián
González. (R27 en la 1118-28, 1175-77.)
El clima de temor era palpable. Al menos un
posible jurado admitió que temía por su seguridad
física. (R25 en la 782, 789.) Otro confesó estar
preocupado por el impacto que tendría para su
negocio servir de jurado, negocio que dependía de la
buena voluntad de la comunidad. (R26 en la 1059,
3 R59 en la 6096-108, 6145-49 (los manifestantes llevaban
pancartas que decían “tumben a Castro” y “los espías deben
morir”. Ídem en la 6145); R26 en la 938, 945; R3-397, Ejs.; R4-
498, Ejs.

13
1073.) Y cuando durante el juicio un prominente
miembro de la comunidad de exiliados, que estaba
testificando, se refirió a un abogado de la defensa
diciéndole que estaba haciendo el trabajo del gobierno
de Castro (R81 en la 8944-45), los miembros del
jurado que participaban en el caso tuvieron que
sentirse preocupados de que su propia lealtad a los
Estados Unidos fuese cuestionada si no hallaban
culpables a los acusados.
Tampoco el impacto de las manifestaciones y
protestas públicas en el ambiente público se limitó a la
población cubano-americana; toda la comunidad
estuvo afectada. Un posible jurado no cubano estaba
preocupado por dar un veredicto de no culpabilidad
porque enfrentaría las “críticas personales” y la
cobertura de los medios de comunicación y porque
tenía preocupaciones por lo que pudiera suceder
después que se emitiera el veredicto. (R26 en la
1021-28, 1030, 1032.) Otro, refiriéndose al
sentimiento de la comunidad el cual, él dijo, avivado
por la publicidad podría hacerse bastante volátil,
expresó que sería difícil seguir la instrucción del
tribunal de no exponerse a la información sobre el
caso. (R26 en la 1011-13,
1018-19.)
Reconociendo el clima de temor que rodeaba al
juicio, el tribunal de distrito trató de aislar a los
jurados de la mirada escrutadora de los medios de
comunicación. Pero al parecer con muy poco o
ningún provecho. En el primer día de interrogatorio a
los candidatos a miembros del jurado, después de
conocer que los posibles jurados estaban expuestos a
una conferencia de prensa celebrada por los familiares
de las víctimas en la escalinata del juzgado y que
algunos de los jurados habían sido abordados por
miembros del la prensa, el tribunal de distrito analizó

14
el tema de aislar a los jurados (R22 en la 111-16; R62
en la 6575-76), e instituyó protecciones que incluían
instruir a los supervisores que acompañaran a los
jurados cuando estos abandonaran el edificio, sellaran
las preguntas del interrogatorio para la selección del
jurado (R7-078 en la 2-3, 7; R21 en la 111-113, 117-
119; R22 en la 115, 119), y limitaran la planificación
de testigos para la protección de ellos. (R9-1126).
Cuando más tarde en el juicio algunos de los jurados
de todas maneras señalaron que se sentían
presionados, el tribunal modificó de nuevo la
transportación de los jurados y la entrada y salida del
tribunal. Sin embargo, durante las deliberaciones, los
jurados fueron de nuevo filmados entrando y saliendo
del tribunal y durante el recorrido hasta sus
automóviles (R126 en la 14643-46). Uno tiene que
preguntarse si en este momento el tribunal de distrito
reconoció la futilidad de tratar de proteger la
integridad del proceso judicial sin cambiar la sede.
D. La interacción entre los factores como
fuente de prejuicio.
Una característica distintiva del presente caso es
la manera en que varias fuentes de prejuicio (actitudes
de la comunidad, publicidad, temor y otros factores
diversos) se combinaron para formar lo que en el
disentimiento del 11 no Circuito se denomina como una
"tormenta perfecta". (Petición del demandante 316a.)
De modo que los cargos de cometer espionaje en
nombre del Gobierno Cubano fueron escuchados por
un jurado extraído de una comunidad que tenía como
valor primordial una larga historia de cuatro decenios
de virulento sentimiento en contra de Castro. Este era
un sentimiento que, a no ser por la publicidad sobre el
derribo de los aviones de Hermanos al Rescate y la
controversia de Elián González que continuaron a
todo lo largo del juicio, pudiera haber disminuido en
intensidad con el tiempo. En cambio, la publicidad
parece haber exacerbado el prejuicio que ya era

15
inherente a esta situación única en su género. Si eso
no fuera suficiente, la atmósfera tóxica que rodeó al
juicio hizo que los jurados se preocuparan por su
seguridad física y sus medios de vida. Esto a su vez le
hizo el juego a los argumentos del gobierno en
relación con los males de Cuba y los peligros que
representaba para los valores estadounidenses.
Este caso brinda una oportunidad para que este
tribunal ratifique la importancia para los tribunales
judiciales de considerara todos los factores relevantes,
incluida la interacción entre estos, al evaluar la
necesidad de un cambio de sede. Al menos un
Tribunal Supremo estadual emplea ese enfoque de
multiplicidad de factores en las mociones de cambio
de sede. 4
III. ES ESENCIAL QUE LOS TRIBUNALES
RECONOZCAN LAS LIMITACIONES
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL
JURADO COMO MECANISMO PARA
DETECTAR EL PREJUICIO EN LOS
CANDIDATOS A MIEMBROS DEL
JURADO.
Con frecuencia se supone que un proceso de
selección del jurado exhaustivo sea el mejor remedio,
si no la mejor evaluación de la naturaleza y el alcance
del prejuicio, que puede existir entre los candidatos a
miembros del jurado. Sin embargo, existen
4 El Tribunal Supremo de California ha identificado un
número de factores, además del de la publicidad, que sustentan la
presunción de que los posibles jurados estén parcializados. Entre
estos factores se encuentran la naturaleza y la gravedad del
delito, el tamaño de la comunidad, el lapso de tiempo que el
acusado ha estado en la comunidad, la reputación de la familia de
la víctima y la notoriedad que el delito del que se acusa crearía
de forma natural. Véase, Frazier contra Tribunal Superior,
5 California 3d 287 (1971) (grado de estima de la comunidad por
las víctimas y su extrema hostilidad y desconfianza por “hippies”
como el acusado); Fain contra Tribunal Superior, 2 California
3d 46 (1969); Maine contra Tribunal Superior, 68 California 2d
375 (1969).

16
limitaciones inherentes a lo que el proceso de
selección del jurado puede lograr como mecanismo
eficaz para erradicar la parcialidad. Como observara
hace dos siglos el Juez principal Marshall, no se debe
confiar en las declaraciones de neutralidad de un
miembro del jurado.
Puede declarar que no obstante estos
prejuicios, está decidido a escuchar la
evidencia y a regirse por esta, pero la ley no
le creerá. . . Escuchará con más inclinación
al testimonio que le confirme y no al que le
cambie su opinión.
Estados Unidos contra Burr, 25 Caso Federal 49
(caso #14, 692g, 1807). El escepticismo con que los
tribunales han contemplado las auto-evaluaciones de
imparcialidad de los jurados, en particular en los casos
controvertidos y de mucha publicidad, es susceptible
de aparecer en varias dinámicas que necesariamente
entran en juego en el transcurso del proceso de
selección del jurado, como se analiza más adelante.
A. El problema del prejuicio inconsciente.
En el juicio del atentado terrorista en la ciudad de
Oklahoma, el Juez Matsch afirmó que no es fácil de
probar la existencia de prejuicio, en parte porque
“puede pasar inadvertido en quienes están afectados
por este”. Estados Unidos contra McVeigh, supra, 918
Suplemento F. 1467, 1472. De la misma manera, el
Juez Breyer ha apuntado: “las formas sutiles de
prejuicio son automáticas, inconscientes y no
intencionales y pasan inadvertidas, incluso para
aquellos que ejercen el prejuicio.” 5
Estas declaraciones son coherentes con la
5 Miller-El contra Dretke, 545 U.S. 231, 286 (2005)
(Breyer, J., coincidiendo) (cita a Antony Page, El punto
vulnerable de Batson: (Continúa en la página siguiente).
Estereotipo inconsciente y recusación sin causa, 85 REVISTA
B.U.L. 155, 161 (2005).

17
investigación psicológica sobre los jurados y, de
hecho, sobre muchos otros casos del comportamiento
humano. 6 Además son coherentes con los últimos
conocimientos e investigaciones sobre el papel del
prejuicio inconsciente en el contexto de la
contratación y el empleo, la salud, vivienda y
educación, entre otros más. 7 Aunque las
observaciones del Juez Matsch ocurrieron en el
contexto del atentado terrorista de la ciudad de
Oklahoma, son igualmente aplicables al juicio de los
agentes cubanos en el clima del sentimiento en contra
de Castro en Miami Dade.
B. El problema de las respuestas deseables
desde el punto de vista social.
Es probable que algunos posibles jurados que
manifestaron parcialidad expresen que pueden ser
imparciales, solamente porque sus respuestas son
coherentes con los valores socialmente aprendidos de
que el pueblo debe ser imparcial, fenómeno que los
6 Véase Vidmar, Estudios de caso sobre el prejuicio antes
y a mitad de juicio en los litigios penales y civiles, 26
DERECHO Y COMPORTAMIENTO HUMANO 73 (2002);
Nesbitt y Wilson, Decir más de lo que podemos saber: Informes
verbales sobre los procesos mentales, 84 REVISTA DE
PSICOLOGÍA 231 (1977).
7
Véase, por ejemplo, Linda Hamilton Krieger,
El contenido de nuestras categorías: Enfoque de prejuicio
cognitivo a la discriminación y la igualdad de oportunidades de
empleo, 47 REVISTA JURÍDICA DE STANDFORD 1161
(1995); Jerry Kang, Caballos de Carrera Troyanos, 118 Revista
Jurídica de Harvard 1489 (2005); Deana A. Pollard, Prejuicio
inconsciente y análisis autocrítico: El caso de eficacia probatoria
del privilegio en la igualdad de oportunidades de empleo, 74
Revista Jurídica de Washington 913 (1999); Eva Paterson,
Kimberly Thomas Rapp y Sara Jackson, El id, el ego y la
igualdad de protección en el siglo XXI: Abundando en la visión
de Charles Lawrence para incrementar el reto contemporáneo a
la Doctrina de la intención, 40 REVISTA JURÍDICA DE
CONNECTICUT 1175 (2008); Gary Blasi, Propugnación contra
estereotipo: Lecciones de la Psicología Social Cognitiva, 49
UCLA L. Rev. 1241 (2002) (donde se da un panorama general de
la nueva investigación en materia de psicología social cognitiva).

18
psicólogos llaman “aquiescencia” o respuestas
“socialmente deseables”. La tendencia a dar esas
respuestas puede ser reforzada por la presencia de un
representante de la autoridad, el juez, y se incrementa
cuando el examen para la selección del jurado lo
realiza el Tribunal. 8 Los jurados perciben la autoridad
del Tribunal y el mensaje implícito de que para ser
“buenos” ciudadanos ellos tienen que decir que
pueden dejar a un lado sus inclinaciones y prejuicios,
sin conocer si son verdaderamente capaces de hacerlo
y respetar la ley. Lamentablemente, con frecuencia
esas afirmaciones concientizadas son ingenuas y
vacías.
C. El problema de las presiones normativas.
Las observaciones del Juez Matsch en el juicio
del atentado terrorista en la ciudad de Oklahoma son
instructivas en más de un aspecto. También dijo que la
existencia del prejuicio “tiene su efecto más poderoso
si este genera fuertes respuestas emocionales y encaja
en un patrón de comportamiento normativo”. Estados
Unidos contra McVeigh, supra, 918 Suplemento F.
1467, 1472. La investigación de las ciencias sociales
sobre la psicología de los jurados también confirma
este aspecto del razonamiento legal.
Los jurados no llegan al juicio como receptáculos
vacíos que escuchan pasivamente las pruebas y
deciden los casos independientemente de su
experiencia pasada y del conocimiento y conciencia
de las normas de la comunidad. Numerosos estudios
han demostrado que los jurados se apoyan en sus
conocimientos previos del mundo mientras evalúan y
tratan de entender la evidencia presentada en el
8 Jones, S., Jueces contra proceso de selección del jurado
dirigido por la Fiscalía: Investigación empírica sobre la
franqueza del jurado, 11 Derecho y Comportamiento Humano
131, 143 (1987).

19
juicio. 9 Ellos no almacenan y registran simplemente
la evidencia. Más bien, la seleccionan y organizan
activamente alrededor de los esquemas sociales
preexistentes para interpretar las “historias” sobre los
sucesos que se debaten. Llenan los vacíos en la
evidencia haciendo inferencias sobre el modo en que
el mundo funciona. Estos procesos incluyen supuestos
sobre importantes sucesos del pasado, inferencias
sobre el carácter humano y las motivaciones de las
partes implicadas.
La evidencia de la investigación sugiere que los
sucesos que causaron fuertes emociones 10 o
amenazaron la visión mundial cultural del pueblo
afecta la manera en que estos esquemas operan. 11
9 Véase, por ejemplo, Pennington y Hastie, Explicación de
la evidencia: Pruebas del modelo de relato para la toma de
decisiones del jurado, 62 REVISTA DE PERSONALIDAD Y
PSICOLOGÍA SOCIAL 189 (1982); Holstein, Interpretación del
Jurado y toma de decisiones por parte del Jurado, 9 DERECHO
Y COMPORTAMIENTO HUMANO 83 (1985); Casper y otros,
La toma de decisión del jurado, actitudes y parcialidad en
retrospectiva, 13 DERECHO Y COMPORTAMIENTO
HUMANO 291 (1989); Smith y Studebaker, ¿Qué espera usted?:
El efecto del conocimiento popular en materia de categorías
delictivas en la investigación de los hechos, 20 DERECHO Y
COMPORTAMIENTO HUMANO 517 (1996).
10 Véase, por ejemplo, Fishfader y otros, Factores
probatorios y extrajudiciales en las decisiones de los jurados:
Modo de presentación, retención y nivel de emocionalidad, 20
DERECHO Y COMPORTAMIENTO HUMANO 565 (1966);
Kramer y otros, Publicidad antes del juicio, rectificaciones
judiciales y parcialidad de los jurados 14 DERECHO Y
COMPORTAMIENTO HUMANO 409 (1990); Ogloff y
Vidmar, El impacto que tiene sobre los jurados la publicidad
antes del juicio: Estudio para comparar los efectos de la
televisión y los medios de comunicación impresos en un caso de
abuso sexual de menor, 18 DERECHO Y COMPORTAMIENTO
HUMANO 507 (1994).
11 Véase, por ejemplo, Greenberg y otros, Teoría de
gestión del terror en materia de autoestima y criterios culturales
mundiales: Evaluaciones empíricas y refinamientos conceptuales,
en Mark Zanna, editores, AVANCES EN LA PSICOLOGÍA
SOCIAL EXPERIMENTAL, Tomo 29, 61 (1997); Greenberg y
otros, Teoría sobre Evidencia de Gestión del Terror II: Los

20
Las fuentes de este conocimiento, información y
actitudes pueden venir de disposiciones preexistentes,
de los medios de comunicación masiva, o de otras
personas en el ambiente social de los jurados a través
de habladurías o rumores. 12 En los casos ordinarios,
las habladurías y el rumor pueden estar ausentes, pero
en los casos de alto perfil, los miembros de la
comunidad frecuentemente comentan los sucesos y
hacen declaraciones normativas sobre su significado y
sobre el resultado conveniente del juicio.
Esta dinámica, por supuesto, es particularmente
aplicable al clima de prejuicio contra el gobierno de
Castro que imperaba en la comunidad de Miami-Dade
tras el asunto de Elián González. Al parecer es
indiscutible que dicho clima fuera el criterio
normativo en la comunidad en ese momento y lugar.
Y esperar que este clima no invadiera la sala del
jurado durante las deliberaciones sobre el destino de
las personas acusadas de actuar como espías cubanos
es llevar nuestra imaginación al límite.
D. El problema general de la poca fiabilidad
de las respuestas expresadas por los
jurados en el examen para la selección
del jurado.
Las limitaciones sobre la fiabilidad del proceso
de selección del jurado como mecanismo para evaluar
el prejuicio en los jurados no siempre se puede seguir
hasta fenómenos específicos como la parcialidad
inconsciente, las respuestas socialmente deseables o
las presiones normativas. En un reciente artículo, el
Juez Gregory Mize describió la investigación en
efectos de la prominencia de mortalidad en aquellos que
amenazan o reafirman el criterio cultural mundial, 58 REVISTA
DE PERSONALIDAD Y PSICOLOGÍA SOCIAL 308 (1990);
Miller y otros, Eliminación de la maldad y la crueldad: ¿Se debe
explicar o perdonar?, 3 REVISTA DE PERSONALIDAD Y
PSICOLOGÍA SOCIAL 254 (1999).
12 Véase Vidmar, Justicia punitiva: Su contexto social, en
Michael Ross y Dale T. Millar, editores, EL AFÁN DE
JUSTICIA EN LA VIDA COTIDIANA (2001).

21
jurados en juicios de delitos graves a quienes se les
habían formulado hasta dieciocho preguntas durante el
interrogatorio en grupo para su selección. 13 Luego, en
una sala aparte, entrevistó de manera informal a los
candidatos a jurados quienes habían escuchado las
preguntas, pero todavía no habían respondido a ellas
durante los interrogatorios de grupo. Aunque algunos
no comprendieron las preguntas y otros estaban
simplemente resentidos por haber sido llamados para
servir de jurados, otros revelaron todavía fuertes
inclinaciones hacia la defensa o hacia la fiscalía.. De
ese modo, las respuestas de los candidatos a jurados
en el primer interrogatorio para la selección del jurado
evidentemente no eran confiables. Las conclusiones
del Juez Mize en este sentido son coherentes con un
número considerable de otras investigaciones
realizadas sobre el proceso de selección del jurado. 14
13 Mize, Sobre una mejor selección del jurado: El rechazo de los
miembros del jurado desfavorables antes de que formen parte del
Jurado, 36 REVISTA DEL TRIBUNAL 10 (1999).
14
Véase, por ejemplo, Edgard Bronson, LA
EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL
JURADO PARA DESCUBRIR EL PREJUICO EN LOS
CASOS DE MUCHA PUBLICIDAD: STUDIO DE ARCHIVO
SOBRE EL EFECTO DE MINIMIZACIÓN (1989); Broeder,
Los exámenes del Proceso de Selección del Jurado: Estudio
empírico, 38 Revista Jurídica de los Estados del Sur 503 (1965);
Kerr y otros, Sobre la eficacia del Proceso de Selección del
Jurado en los casos penales con publicidad perjudicial antes del
juicio: Estudio empírico 40 REVISTA JURÍDICA DE LA
UNIVERSIDAD AMERICANA 665 (1991); Kramer y otros,
Publicidad antes del juicio, rectificaciones judiciales y
parcialidad de los jurados 14 DERECHO Y
COMPORTAMIENTO HUMANO 409 (1990); Marshall y
Smith, Los efectos de las características de exigencia, ansiedad
de la evaluación y expectación en la honestidad del jurado
durante el proceso de selección, 120 LA REVISTA DE
PSICOLOGÍA 205 (1986); Seltzer y otros, Honestidad del jurado
durante el proceso de selección del Jurado, 19 REVISTA DE
JUSTICIA PENAL 451 (1991); Horowitz, Selección del jurado:
Comparación de dos métodos en varios juicios penales, 10
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 86 (1980);
Diamond, Selección científica del jurado: Lo que saben y lo que
no saben los especialistas en Ciencias Sociales, 73
JUDICATURA 178 (1990); Zeisel y Diamond, El efecto de la

22
En resumen, la investigación de las ciencias
sociales confirma lo que muchos jueces han
sospechado desde hace tiempo: Por varias razones, el
proceso de selección del jurado es un mecanismo
intrínsecamente imperfecto para detectar el prejuicio
por parte de los jurados. En la experiencia del Amigo
de la Corte, esto es particularmente cierto en los
procesos de alto perfil donde se ha puesto en duda la
imparcialidad de la reserva local de jurados. Por esta
razón, el Amigo de la Corte es escéptico, a pesar del
extenso proceso de selección del jurado dirigido por el
Tribunal de Distrito en este caso, de que fuera posible
para los acusados, quienes estaban siendo enjuiciados
por ser espías cubanos, recibir un juicio justo en la
comunidad de Miami-Dade.
CONCLUSIONES
Por las razones expuestas arriba, se debe
conceder el recurso de revisión de sentencia.
Presentada respetuosamente por,
3 de marzo de 2009
THOMAS M. MEYER
BUFETE DE THOMAS M. MEYER
2831 Telegraph Ave.
Oakland, California 94609
(510) 832-3400
recusación sin causa sobre el jurado y el veredicto: Experimento
efectuado en un Tribunal Federal de Distrito, 30 revista Jurídica
de STANFORD 491 (1978); Neil Kressel y Dorit Kressel,
ARREGLO Y DOMINIO: LA NUEVA CIENCIA DE
CONSULTAR AL JURADO (2002); Moran y otros,
La selección del jurado en los juicios de mucha importancia
controlados: La necesidad de ampliar el proceso de selección del
jurado, 3 INFORMES DE MEDICINA LEGAL 331 (1990);
MICHAEL SAKS y REID HASTIE, la psicología SOCIAL en el
tribunal, 66-71 (1978).