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Licitación pública
fiscalización y vigilancia de todas las operaciones financiero patrimoniales del Estado, y a
los contadores fiscales delgados por el Tribuna en las jurisdicciones administrativas (art.
85 inc. b punto 1ª) para seguir el desarrollo y registro de las operaciones financiero
patrimoniales de la jurisdicción, a Los fines de informar al Tribunal de Cuentas. Este
último analizará todos los actos administrativos que se refieran a la hacienda pública y
observarlos cuando contraten o violen disposiciones legales o reglamentarias, dentro de
los sesenta días de haber tomado conocimiento de los mismos.
La ley de contabilidad exigía que todos los actos administrativos fueran
comunicados al Tribunal antes de entrar en ejecución, esta posición no figuraba en el
régimen legal anterior y comportó una innovación que dio al Tribunal especial jerarquía
Institucional.
Otra novedad legislativa importante la constituyo que en caso de insistencia el
Tribunal de Cuentas comunicará de inmediato al congreso tanto su observación como el
acto de insistencia del Poder Ejecutivo, acompañando copia de los antecedentes que
fundamentaron la misma quedando así claramente expuesto el carácter de verdadero
órgano de control externo delegado que se otorgará a dicho tribunal.
Una limitación importante de la facultad del Poder Ejecutivo para celebrar los
contratos del Estado es la de no dejar enteramente librada al poder ejecutivo la elección
de la contraparte, o sea, la persona con quien se ha de contratar.
En lo referente a la elección de la contraparte en los actos jurídicos bilaterales que
celebre la administración, se argumenta que, siendo el Poder Ejecutivo responsable en
los órdenes civil, administrativo, penal y político, debe dejarse librado a su arbitrio
contratar con quienes a su juicio mejor convenga. Se añade que esta discrecionalidad
puede traducirse en beneficio público, en el sentido de que el poder ejecutivo, como
órgano responsable interesado e obtener los mejores resultados económicos en su
gestión erigirá siempre dentro de ese concepto de responsabilidad a quienes ofrezcan
mejores condiciones, tanto desde el punto de vista de los precios y la calidad, como de la
seriedad, idoneidad y eficiencia de os coco tratantes. Los sostenedores de esta teoría
alegan que no se debe trabar la acción del Poder Ejecutivo, pero admiten, a la vez, la
necesidad de establecer absoluta responsabilidad en el caso de producirse desviaciones
en la corrección jurídica administrativa de los actos.
Un grupo de autores, sostienen que cuando el Estado deba recurrir a la
contratación para obtener la prestación de bienes o servicios, conviene hacerlo siempre