Año 2010 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Santa Fe
Memoria 2010
La gestión se propicia invocando las normas de excepción al Régimen de Contrataciones previstas por el artículo 108º,
inciso g) de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley 1757/56, t.o.) y artículo 6º inciso g) del Decreto-Acuerdo Nº 4059/79.
Del análisis se advirtió que:
Los antecedentes profesionales de los contratados lucen insuficientes para justificar en los aspectos técnico
pedagógicos, el perfil de la especialización necesaria habilitante para el desarrollo de los distintos módulos de capacitación
que debían implementarse en el Instituto, o por lo menos no obran los informes pertinentes, para así posibilitar la
contratación directa.
No consta que los servicios no puedan ser realizados por personal de planta permanente o convocado dentro del
régimen que prevé la Ley Nº 12333, de creación del Instituto de Seguridad Pública (art. 26º, inciso g), 33 inciso g).
No han sido precisadas las incumbencias de los contratados para prestar el servicio ni se estableció -atento a la
naturaleza de la contratación-, la forma de evaluación del logro del objeto de la contratación o grado de avance de los
trabajos encomendados.
Existe una incongruencia en lo que respecta al período a abonar en concepto de honorarios por las prestaciones
efectuadas en virtud del acto en análisis, con el contenido de lo pactado en las cláusulas contractuales de los contratos que
aprueba, todos ajustados al modelo autorizado por Decreto Nº 2220/08, apreciándose asimismo falta de precisión de los
importes a abonar a cada uno de los contratados.
No se puede establecer la profesionalidad, especialización, capacidad técnica o científica de los ejecutores del
servicio prevista por el artículo. 6° inciso g) del Decreto Acuerdo Nº 4059/79, a los efectos de validar los antecedentes de los
locadores, no justificando con el historial de los mismos la incumbencia estricta de la profesionalidad requerida que implique
la aplicación de la excepción prevista en el artículo 108° inciso g) de la Ley de Contabilidad (actual artículo 116 inciso 4º de la
Ley 12.510);
El artículo 4º al disponer "Otórguese al INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA la suma de $ 32.012…en concepto de
honorarios por la prestación de servicios a favor de las personas detalladas en el Anexo I" expone un monto total a liquidar
como si la prestación de los contratados lo fuera para el futuro, cuando en rigor las prestaciones ya habían sido realizadas a
la fecha del acto-.
La circunstancia de haberse puesto en ejecución los contratos suscriptos por la Directora Organizadora del I.S.Se.P.,
previo al dictado del acto del Poder Ejecutivo que perfeccionaría la vinculación, constituye un apartamiento del régimen legal
de la gestión hacendal, que exige efectuar el correspondiente compromiso presupuestario que permita la atención de las
erogaciones asumidas, violándose de tal modo lo establecido en el artículo 82º de la Ley Nº 12.510, reglamentado por el
Anexo Único del Decreto Nº 3748/06.
Toda la tramitación exterioriza desapego al procedimiento administrativo debido, procedimiento previsto, entre otros
fines, para asegurar la correcta afectación de fondos públicos en base a decisiones favorables al mejor desenvolvimiento de
la Administración en pos de sus cometidos de interés general.
Las áreas jurisdiccionales intervinientes aconsejaron la utilización del instituto del "legítimo abono" para atender la
situación de hecho consumada, dado que en la gestión se acreditan efectivas prestaciones por parte de los involucrados, a
favor del Estado, de acuerdo a los contratos suscriptos. Tal solución requiere un tratamiento expreso y especial o particular,
lo que no se da en el Decreto Nº 2258/09.
Conforme a tales consideraciones se llevó a conocimiento del Sr. Ministro:
La postura asumida por Fiscalía de Estado en Dictámenes Nº 1322/09, 1360/09 y 0001/10. En los mismos abordó el
reproche legal efectuado al encuadre de gestiones de similar tenor y la falta de acreditación de los requisitos previstos por la
normativa para invocar la excepción en el artículo 108º inciso g) de la Ley de Contabilidad (actual artículo 116º de la Ley Nº
12.510). Así el máximo Órgano de Asesoramiento de la Provincia en el precitado Dictámen Nº 1322/09 en "Consideraciones
y opinión legales" - B - Numerales 37 a 39 , concluye afirmando que "...el criterio vertido por el Honorable Tribunal de Cuentas
no puede ser objeto de reparo en tanto la documentación de la actividad administrativa desplegada no alcanza a suplir los
recaudos exigidos por la norma que regula la contratación a fin de garantizar las calidades de la experta";
Que reunidos los extremos para la procedencia de la figura del "legítimo abono", una decisión en ese sentido hace
exigible su consideración particular en el acto que lo dispone; para tenerlo por motivado suficientemente y disponer lo
pertinente a la corrección de los desvíos en la gestión hacendal de los inferiores jerárquicos, ya que de no ser así, se
entendería que quienes gestionan en el sector público están habilitados a incumplir sus deberes para la utilización de fondos
públicos y comprometer al Estado, bastando para superar la ilegalidad procurar un reconocimiento ex post facto -situación
mucho más grave si es la propia autoridad que reconoce obligaciones de "legítimo abono" la que se aparta de los
procedimientos legales-.
Que la reiteración de situaciones que presenten las vulneraciones legales descriptas darán lugar a que este
Tribunal de Cuentas actúe en el marco de lo establecido por el Título VI, Capítulo I, Sección III, artículo 205º inciso b) de la
Ley Nº 12.510.
DECRETO Nº:1542/10 M. Seguridad
PROVEIDO NºSI: 2962, 2992 y 3139/10 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nro. 00901-0046913-7 TCP - SIE
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