Decimoctavo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la ...

26 Defensoría del Pueblo
izquierda; la Defensoría del Pueblo estuvo atenta a que se hicieran efectivas las
garantías en las primeras elecciones directas de miembros del Parlamento Andino
para el período 2010-2014 que se realizaron el 14 de marzo; informó a la ciudadanía
que el domingo 30 de mayo, los funcionarios y servidores que laboran en las 36
oficinas regionales de la institución, atenderán las quejas, las peticiones y reclamos
de los ciudadanos en relación con el derecho al sufragio durante las elecciones
presidenciales del año 2010. A través del Sistema de Alertas Tempranas, informó a
las autoridades que, con respecto a la jornada de la elección presidencial del próximo
30 de mayo, 82 municipios de 19 departamentos se hallan en alto riesgo de que se
presenten hechos de violencia por parte de la guerrilla y otros grupos armados
ilegales, que podrían perturbar el normal desarrollo del certamen electoral, sobre
lo cual es necesario terminar de adecuar las medidas por parte de la fuerza pública.
8. Respecto de la Ley de Justicia y Paz. Con el reconocimiento de los once
defensores públicos, de las víctimas de Mamujan y San Cayetano (Bolívar), y
la lectura de los hechos, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá inició el 26
de abril el incidente de reparación integral dentro del proceso contra los jefes
paramilitares Edgar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, y Ubre Enrique Manques
Martínez, alias Junco Dique.
9. En lo referente a derechos laborales. El 27 de diciembre la Defensoría del
Pueblo dijo que esperaba proponer que, en el marco de la Comisión Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales convocada para acordar el Salario
Mínimo Legal en 2011, además de los criterios que tradicionalmente se han tenido
en cuenta, como la inflación causada, la inflación proyectada y la productividad, se
tenga en consideración el ingreso real de los trabajadores y su capacidad adquisitiva.
10. En cuanto a desplazados y refugiados. El Defensor del Pueblo expresó su
preocupación por el desplazamiento masivo de aproximadamente 300 indígenas
Eperara Siapidara que llegaron a la comunidad de Boca de Víbora, ubicada a unos
diez minutos de Bocas de Satinga en la cabecera municipal de Olaya Herrera (Nariño),
debido a los enfrentamientos entre el Ejército y las Farc desde el 31 de enero; recibió
en el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a las poblaciones de Cúcuta
y San Antonio del Táchira, a cinco hombres y cuatro mujeres de origen colombiano
que fueron deportados de Venezuela por encontrarse indocumentados en el vecino
país; denunció que unas 883 personas que conforman 246 familias fueron obligadas
a desplazarse el 2 de abril desde las veredas de La Vega del Inglés, Portachuelo, La
Armenia y La Redonda del municipio de Peque, y Santa Ana, El Cañón de Cedral
y El Cedro del municipio de Ituango, hacia la cabecera municipal de esta última
localidad, como consecuencia de las presiones de las Farc y de los temores por el
riesgo que pueden generar posibles enfrentamientos; el 3 de septiembre manifestó
su preocupación por el incremento de los desplazamientos intraurbanos, masivos e
individuales, que vienen afectando a 13 de las 16 comunas de la ciudad de Medellín;
la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) en Colombia, conformaron el 30 de agosto una
Comisión Humanitaria para evaluar el riesgo de desplazamiento de 150 integrantes
de la comunidad indígena Jiw o Guayabero, entre ellos 75 menores pertenecientes
al resguardo de Mocuare que se dirigen a Mapiripán, la Isla y Caño yamú, entre el
departamento del Meta y San José del Guaviare, por la presencia de un frente de las
Farc que ha tenido enfrentamientos con unidades de la fuerza pública.