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OBSER VATORIO DE DISCRIMINACIÓN RACIAL
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territorios habitados ancestralmente; respetar la relación especial que tengan
dichos pueblos con sus territorios; garantizar la posesión y el uso de
dichos territorios; impedir que terceros se apropien de ellos; y establecer
sanciones para las intrusiones y usos no autorizados de las tierras de los
pueblos interesados (Convenio 169, art. 14, nums. 1 y 17, núm. 10).
Por otro lado, en relación específicamente con los recursos mineros,
y en virtud del artículo 27 de la ley 70, las comunidades afrodescendientes
tendrán derecho de prelación para que el Gobierno les otorgue licencias de
explotación y exploración sobre los recursos naturales no renovables que
tradicionalmente han aprovechado.
Asimismo, tal y como lo dispone el parágrafo 2º del artículo 15
del decreto 1745/1995, cuando se solicite una licencia ambiental o concesión
para la ejecución de proyectos que la requieran y cuya competencia
corresponda al Ministerio del Medio Ambiente, a las corporaciones autónomas
regionales, a las entidades territoriales o a cualquier otra autoridad
del sistema nacional ambiental, deberá realizarse una consulta previa a las
comunidades afrodescendientes afectadas. Lo mismo ocurrirá cuando se
pretenda celebrar un contrato u otorgar un título que tenga por objeto el
aprovechamiento de recursos naturales dentro de territorios ocupados por
comunidades negras.
Lo anterior está en consonancia con el artículo 76 de la ley 99/1993,
en el que se estipula que la explotación de los recursos naturales deberá
hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las
comunidades negras y que, en consecuencia, las decisiones sobre la materia
se tomarán luego de una consulta previa a los representantes de tales
comunidades.
Las anteriores normas cobijan las connotaciones especiales que tiene
el derecho al territorio colectivo de las comunidades negras. En efecto,
como lo mencionamos, éste implica la protección de sus territorios ancestrales,
de sus formas colectivas de propiedad y de sus prácticas tradicionales
de producción y organización interna (Rodríguez Garavito, Alfonso y
Cavelier, 2009:21). Además, la protección del territorio está directamente
relacionada con la garantía del derecho a la consulta previa de que son
titulares las comunidades y “cuyo propósito es el respeto y la garantía
de su derecho a la autodeterminación, así como de la integridad étnica,
cultural, social y económica de la población afrocolombiana” (Rodríguez
Garavito, Alfonso y Cavelier, 2009:22). La realización de una consulta
previa apropiada y completa, a su vez, implica satisfacer un conjunto de
estándares que ha sido establecido en el ámbito internacional y reiterado