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Introducción
En la sentencia T-025/2004 la Corte Constitucional declaró el estado
de cosas inconstitucional (ECI) en relación con la situación del desplazamiento
forzado en Colombia. 1 La Corte fundamentó esta declaración
en: 1) la vulneración masiva y generalizada de derechos que afecta a un
número significativo de personas; 2) la omisión de las autoridades en el
cumplimiento de sus obligaciones; y 3) la intervención de varias entidades
y esfuerzo presupuestal adicional. 2 Con esta decisión, la Corte Constitucional
adquirió el deber de hacer seguimiento a la situación “hasta que
esté restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza” (decreto
2591/1991, art. 27).
Durante el proceso de seguimiento, la Corte constató que, frente
al fenómeno del desplazamiento forzado, ciertas poblaciones son desproporcionadamente
afectadas, entre ellas, la población afrocolombiana.
1 Esta sentencia es el resultado de la revisión de 108 tutelas interpuestas por 1150 núcleos familiares
con un promedio de 4 personas por núcleo (todos pertenecientes a la población desplazada).
El resultado de la declaración del ECI es extender los efectos de la tutela y ordenar
remedios que tengan un alcance material y temporal acorde con la magnitud de la violación.
Asimismo, se busca proteger los derechos de quienes se encuentran en la misma situación que
la parte demandante, pero que no acudieron a la tutela.
2 Otros de los hechos considerados por la Corte para declarar el ECI fueron: adopción de prácticas
inconstitucionales (tutela como parte del procedimiento); no expedición de medidas legislativas,
administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de derechos; y si los afectados
recurrieran a la acción de tutela, se produciría una mayor congestión judicial.