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OPINIÓN
Si Pemex fuera empresa
Jorge A. Chávez Presa
Sábado 24 de marzo de 2012
Diseño Editorial: J.A. Pérez
Si Petróleos Mexicanos fuera empresa, el
18 de marzo sería la asamblea anual de
accionistas.
Además de conmemorar la
expropiación petrolera, celebraríamos
tres hitos en la historia
del país: uno, reafirmaríamos que
los mexicanos somos los propietarios de todos
los hidrocarburos en el subsuelo del territorio
nacional; dos, los mexicanos decidimos acabar
con el monopolio y abrir a la competencia la
producción de hidrocarburos para asegurar
que recibiremos la mayor renta económica.
Tres, abrimos a la competencia la refinación,
transformación, transporte y distribución de
los hidrocarburos para que los mexicanos
como consumidores y las empresas establecidas
en territorio nacional adquieran combustibles
y petroquímicos a precios que nos
permitan ser más competitivos
Estos hitos habrían transformado a Pemex
de ser un organismo público descentralizado
(opd), fuera del control de la castrante burocracia
del gobierno del Presidente de la
República (gpr), en una empresa pública. Ya no
tendría que estar compitiendo por recursos
del Presupuesto de Egresos de la Federación
con los que se destinan a la pobreza y a la educación.
Pemex dejaría de estar sujeto al derecho
público, donde sólo podía hacer lo que la
ley le establece; su flexibilidad y margen de
acción se ampliarían en el ámbito del derecho
privado, pues estaría sólo limitado por todo
aquello prohibido por ley.
Si Pemex fuera empresa, a cada uno de
nosotros nos escriturarían una acción y los
derechos corporativos correspondientes.
Habría también la posibilidad de colocar en la
Bolsa Mexicana de Valores y el New York Stock
Exchange acciones adicionales, como lo hizo
recientemente Petrobras.
Si Pemex fuera empresa pagaría al erario
derechos sobre hidrocarburos para asegurar la
renta económica del petróleo, y el ISR, que hoy
no causa, por las utilidades generadas como
resultado de su manejo eficiente.
Si Pemex fuera empresa, cambiarían los
incentivos en la relación administración-sindicato.
Se vincularían las remuneraciones de los
trabajadores con la productividad laboral. Los
trabajadores estarían conscientes de que
como empresa que compite y que tiene
accionistas muy exigentes, serían los
primeros interesados en arreglar el pasivo laboral,
no quisieran verse como los trabajadores
de Mexicana de Aviación. El sindicato reclamaría
al personal de confianza sus excesos, y
éstos a los trabajadores. Se tendría un círculo
virtuoso para cuidar y acrecentar el valor de la
empresa. Habría reparto de utilidades a los
trabajadores, que hoy no reciben.
Si Pemex fuera empresa, en la asamblea del
pasado 18 de marzo los accionistas
estaríamos furiosos y los mexicanos de las
generaciones futuras también. La mayor parte
de la inversión hecha por las últimas dos
administraciones federales, de más de 182 mil
millones de dólares, superior al total de la
suma invertida por los GPR que les antecedieron,
fue primordialmente para expoliar
las reservas probadas. La tasa de reposición de
reservas probadas llegó en el 2011 a 85%, y la
Sener bajó de su página web estas cifras.
Si Pemex fuera empresa, fue porque México
logró salir de la trampa de liderazgos mediocres;
porque en las elecciones los candidatos al
GPR y a las curules y escaños del Congreso de
la Unión pondrían en evidencia a la demagogia
y a los verdaderos enemigos del progreso
de México; porque nuestros políticos tendrían
claro que Pemex no es un fin en sí
mismo, sino un instrumento para generar
riqueza a favor de los mexicanos.
Para que Pemex sobreviva necesita ser una
empresa en competencia, y que los mexicanos
reconozcamos que necesitamos cubrir el costo
de los servicios públicos para poder destinar
la renta económica del petróleo a construir un
motor de crecimiento económico con equidad
para los mexicanos de las futuras generaciones.
A ellos también les pertenece el
petróleo y Pemex.
OPINION
Chapulines que ya no brincan
Maite Azuela Analista política y activista ciudadana @maiteazuela
Llamamos chapulinazo a la práctica
común de muchos políticos que
abandonan el compromiso con sus
electores y sin concluir el cargo
para el que fueron electos, se postulan para
uno más que les permita subir un escaño en
su carrera o al menos les garantice la supervivencia
dentro del sistema político.
Para las elecciones federales de 2009 renunciaron
a sus cargos 248 de los mil 129 diputados
locales que existen en el país —es decir,
17.73% del total— para buscar otros puestos
de elección popular. Este año, de acuerdo con
el Reporte Legislativo de la sociedad civil
Integralia, el Congreso recibió 40 solicitudes
de licencia; 32 de diputados federales y ocho
de senadores, entre diciembre de 2011 y
febrero de 2012 —la mayoría de ellos del
Revolucionario Institucional—.
Hasta hace unas semanas parecía que
estábamos condenados a sólo ver y denunciar
mediáticamente los saltos de estos y aquellos
políticos sin que ello tuviera consecuencias.
Pero la sociedad civil organizada en Monterrey
ha conseguido quitarle el efecto de resorte a
dos de sus alcaldes, quienes abandonaron el
puesto porque pretendían hacer campaña
para ser legisladores.
La priísta Ivonne Álvarez García fue electa
presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo
León, para el periodo que comprende de 2009
a 2012, y durante su campaña prometió
desempeñar el cargo “los tres años completitos”.
Sin embargo, pidió licencia e inició su
precampaña para ser senadora. Ante esto,
Dinorah Cantú Pedraza, acompañada de
varias organizaciones de la sociedad civil
como Alianza Cívica, Cadhac y Contingente
Monterrey, asesoradas por el abogado Olmo
Guerrero, encontraron el mecanismo legal
para dar fin al chapulinazo. Interpusieron un
amparo contra la licencia otorgada por el
cabildo del municipio con fundamento en el
artículo 36 constitucional, que en su inciso IV
señala que “son obligaciones del ciudadano de
la república desempeñar los cargos de elección
popular de la Federación o de los estados
y cuyo incumplimiento suspende los derechos
y prerrogativas según lo establece la misma
Constitución en el artículo 38”. Consiguieron
finalmente que el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa otorgara el amparo y
en consecuencia, Ivonne Álvarez tuvo que
regresar a la alcaldía.
El otro chapulín desactivado fue Fernando
Larrazabal Bretón, que iba por una diputación
federal y ahora tendrá que regresar a cumplir
sus obligaciones como alcalde de Monterrey.
Estas demandas podrían replicarse para
cualquier caso de solicitud de licencia para
abandonar un cargo de elección popular tanto
local como federal. Imaginemos las implicaciones
que tendría sobre todos los diputados,
alcaldes y senadores que tienen garantizado
su registro como candidatos y que dejan a
algún suplente cumpliendo las obligaciones
que a ellos les competen sin que su licencia
sea realmente justificada. De los candidatos
presidenciales solamente Josefina Vázquez
Mota estaría en una situación similar. Los
reflejos de saltamontes de Beatriz Paredes
también podrían verse amenazados. Por
ahora, el freno al chapulinazo sólo es un
hecho en Nuevo León, pero los precedentes
jurídicos generados de ahora en adelante le
dan un nuevo sentido de compromiso a la
toma de posesión de un cargo por elección
popular.
En otro rubro, esperamos que esta lección
haga reflexionar a los actuales legisladores
sobre la urgencia de dotar al sistema político
de herramientas como la reelección de legisladores
y alcaldes para incentivar la rendición
de cuentas y la profesionalización de quienes
ocupan dichos cargos. Estos dos logros
regiomontanos, por lo pronto, nos dan luz a
quienes desde la sociedad civil nos sentimos
impotentes y desprovistos de elementos
legales para hacer que nuestros representantes
cumplan sus obligaciones.