TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ ...

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL
Magistrada Ponente:
DORA CONSUELO BENÍTEZ TOBÓN
Bogotá D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil cinco (2005).
Referencia: Exp. 11001310302919985250
(Discutido y aprobado en sesión de sala de 15 de marzo de 2005).
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas
partes contra la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2003
por el Juzgado 29 Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del
proceso ordinario promovido por el curador ad-litem de Juan
Carlos y Víctor Manuel Cárdenas Meza contra la sociedad Hotel
Saint Simon Ltda.
I. EL LITIGIO
1. Se pide la nulidad absoluta del contrato de compraventa que
las personas antes citadas celebraron mediante escritura pública
4417 de 9 de diciembre de 1992, autorizada por la Notaría 32 de
este círculo, por el cual los Cárdenas Meza vendieron un
inmueble ubicado en la calle 81 #13-68 de esta ciudad a la
sociedad demandada, con sustento en la incapacidad absoluta
por demencia de éstos al momento de la negociación; en

consecuencia, y principalmente, que se condene a la demandada
a pagar los frutos civiles y naturales, sin reintegro de lo pagado;
en subsidio, y en caso de que no se pueda restituir el inmueble
adquirido, que se condene a la sociedad demandada a pagar el
valor comercial del mismo.
2. La causa para pedir admite el siguiente compendio:
a) Mediante providencia proferida el 30 de julio de 1992 por el
Juzgado Séptimo de Familia de esta ciudad, que surtió ejecutoria
el 24 de agosto de 1992, Alfonso Cárdenas Sánchez y sus hijos
adoptivos Juan Carlos y Víctor Manuel Cárdenas Meza, fueron
declarados en interdicción provisoria por demencia.
b) El 9 de diciembre de 1992, -después de emitida la decisión en
mención-, estos llevaron a cabo la negociación a la que se refiere
este litigio, lo que hace que dicho contrato esté viciado de nulidad
absoluta y deba restituirse el inmueble a los interdictos, sin que la
sociedad compradora tenga derecho a reclamar la restitución del
precio pagado, en razón de la nulidad del pago que deviene
cuando éste se ha efectuado directamente a incapaces absolutos.
c) Carlos Eduardo Cárdenas Delgado fue designado curador
provisorio de los interdictos, por lo que se encuentra legitimado
para demandar la nulidad de la referida compraventa.
3. La sociedad demandada se opuso a las pretensiones y planteó
como excepciones las de inoponibilidad del decreto de
interdicción provisoria de los vendedores por falta de publicidad y
por incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para la
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defensa de los terceros y de la sociedad en general; falta de
legitimación de personería sustantiva del pretendido curador de
los supuestos interdictos, quien no acreditó debidamente su cargo
ni las circunstancias en que podría fundarse la demanda que
intenta en nombre de los vendedores; indebida representación de
los pretendidos interdictos; cosa juzgada; pago del precio justo;
ajuste en el precio estipulado, de acuerdo con la convención
celebrada entre las partes contratantes; buena fe exenta de culpa
por parte de la sociedad compradora; dolo y mala fe de la parte
demandante; y, caducidad.
Narró que por no existir ningún registro de la aludida interdicción,
ni dar los vendedores señales de afección mental, toda vez que
por el contrario se conocía de la trayectoria que tenían como
comerciantes de prestigio, no estuvo en posibilidad de conocer la
incapacidad de aquéllos.
4. Agotado el trámite de instancia, el juzgado de conocimiento
desestimó las pretensiones mediante providencia contra la cual
interpuso recurso de apelación la parte demandante, a la que
adhirió luego la parte demandada para que exista
pronunciamiento expreso sobre las excepciones.
II. SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante fallo que peca de inusual ligereza y que se erige como
prototipo de lo que el juez no debe hacer al momento de desatar
un litigio, esto es, dejarlo sin resolver, el juzgado de conocimiento
dedujo que como la interdicción de los vendedores al momento de
la negociación era meramente provisoria, la petición de nulidad
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esultaba prematura, porque sólo la interdicción definitiva permite
extender en el tiempo el efecto de esa medida cautelar.
III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
1. La parte demandante aduce que la sentencia del juzgado es
desacertada, toda vez que la nulidad del contrato se configuró
desde el momento en que los vendedores fueron declarados en
interdicción, situación que no varía aún en la hipótesis de que con
posterioridad aquéllos sean habilitados, premisa que,
adicionalmente, se ajusta a precedentes emanados de este
despacho.
En el tema relacionado con la posición asumida por la parte
demandada, el actor sostiene que el efecto jurídico de la nulidad
incumbe al ámbito sustancial, frente a las normas procesales en
las que la sociedad compradora apoya su tesis de que por no
haberse registrado la interdicción provisoria, éste le es inoponible,
argumento que de otro lado omite considerar que la aludida
interdicción provisoria se dio a conocer al público con los avisos
de que trata la ley, de suerte que el hecho de no haberse
registrado no tiene la connotación que se reclama, toda vez que
“ello es un mero requisito formal que en nada incide en el
conocimiento que el público en general debía tener sobre la
interdicción en el registro civil de los interdictos nada tiene que ver
con el aspecto de publicidad”.
Trae a colación el impugnante jurisprudencia emitida por la Corte
Suprema de Justicia en el año de 1943, reiterada por otra de las
salas de decisión de este Tribunal, para resaltar que los actos
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ejecutados por los dementes están afectados de nulidad absoluta
con independencia de que se les haya declarado en interdicción
definitiva, y que ello constituye una presunción de derecho, lo que
implica, en su sentir, que la interdicción “es independiente de la
publicidad”, como en ese sentido lo interpretan autores como
Claro Solar y Laurent, de manera que en el evento de que la
publicidad no se dé, únicamente incumbe endilgar responsabilidad
por ese hecho a las personas encargadas del mismo, que
omitieron dicho deber, sin que tenga ninguna otra trascendencia
jurídica.
Hace alusión igualmente al concepto doctrinario de Josserand,
quien afirma que la falta de inscripción de la interdicción no la
priva de sus efectos, toda vez que estos son de orden público, de
suerte que el efecto único sería el de reclamar responsabilidad de
las personas que omitieron cumplir con dicho formalismo.
2. Con el fin de que el tribunal se ocupe de las excepciones de
mérito que propuso contra las pretensiones de la demanda, por
cuanto el juez de primer grado no hizo alusión a ellas, el
apoderado de la sociedad compradora, por su parte, hace ver que
el objeto jurídico en discusión no consiste en definir sí el negocio
jurídico celebrado es nulo, sino en determinar sí la interdicción
provisoria no inscrita permite rescindir el acto jurídico, y para
arribar a la conclusión de que un acto en dichas condiciones es
inoponible a terceros, enfatiza en que dicha interdicción provisoria
es una medida cautelar, de cara a la cual opera con plena eficacia
la teoría de la buena fe exenta de culpa, en donde se apoya,
también, la regulación legal que impera en materia de estado civil
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y de incapacidad, mediante la cual se requiere que opere la
respectiva inscripción.
En este caso, reitera el censor, no sólo no se dio la inscripción en
el registro civil de los vendedores, sino que tampoco obra la que
debió haber operado en el certificado de tradición y en el registro
mercantil por tratarse de comerciantes, debido a que eran socios
de la Gran Papelería Dinamarca, todo lo cual conlleva a “concluir
que el proceso de nulidad de una venta fundado en una medida
cautelar que no se hizo pública con las formalidades y los
requisitos que exige la legislación colombiana no puede
prosperar”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Dada la complejidad que deriva de las repercusiones que
fluirían de una aplicación restrictiva o exegética de las normas
aplicables al caso, -sistema interpretativo de cara al cual el juez
es un simple esclavo de la ley-, la Sala aborda el análisis de este
caso conjugando lo expresado en las disposiciones que regulan el
tema, con la estructura de los principios generales del derecho e
inveterados postulados que dan vida a esa letra muchas veces
inerme que estructura una determinada norma, y frente a la cual
dijo Gény que “no son sino revelaciones empíricas, destinadas
solamente a dirigir los juicios humanos de manera más precisa,
pero en sí siempre incompletas e imperfectas”.
Bajo tan especial matiz, es por ello también relevante rememorar
que la actividad del juez consiste en aplicar la ley abstracta al
caso singular, pero siempre con el objetivo único de lograr la
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justicia por conducto del principio de equidad, y por ello dijo Flavio
López de Oñate, en su texto Filosofía del Derecho, que la
interpretación de la ley “es nada más que la justicia del caso
singular, la demanda en concreto al principio de justicia que
informa la norma…” (Ediciones jurídicas europa-américa, Buenos
Aires, pág. 265).
2. Con sustento en dicho preámbulo, importa anotar que el caso al
cual se refiere la controversia planteada en este proceso tiene
antecedentes fácticos de carácter impersonal y abstracto que a
primera vista parecen bastante simples, consistentes en que se
pretende la nulidad absoluta de una compraventa porque al
momento de la negociación sobre los vendedores pesaba la
medida de interdicción por demencia, de manera que visto el
litigio bajo tan limitada faceta, no cabría duda en el sentido de que
la solución jurídica consistiría en declarar la nulidad que se
demanda.
Empero, y es ente punto donde la situación exige que el estudio
abarque otro cariz, sucede que esa interdicción por demencia de
los vendedores, de la cual se infiere la incapacidad absoluta que
de ellos se endilga, era meramente provisoria y, adicionalmente,
la cautela en mención no estaba registrada para cuando la
compraventa se perfeccionó; como aditamento, los referidos
interdictos no daban muestra alguna de demencia, eran, incluso,
comerciantes de prestigio en la ciudad, hasta el punto que sólo
frente a uno de ellos se declaró la interdicción definitiva, años
después, y sólo porque de cara a la valoración del examen
médico, la inactividad procesal del presunto interdicto hizo
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suponer al juez colegiado que efectivamente padecía de
afecciones mentales.
Dijo, en efecto, la sentencia en mención, en relación con Juan
Carlos Cárdenas, que “al menos para la época del examen a que
fue sometido, (esto es para el año de 1994), no estaba en
capacidad de ejercer sus derechos civiles y debe suponerse que
sigue en tal estado, pues el enfermo y sus familiares fueron
renuentes a la práctica del examen decretado en esta instancia,
actitud que constituye, por otro lado, indicio grave acerca de que
el mencionado no ésta en pleno uso de sus facultades mentales,
pues no es normal que alguien a quien se le pretende privar de su
capacidad de ejercicio no la defienda con la mejor arma que tiene
a su alcance: el permitir, inclusive ofreciéndose para ello, que
expertos en la materia establezcan sus condiciones, prueba con la
cual podría despejarse, sin más, cualquier discusión en torno a
semejante tópico” (Paréntesis fuera del texto que obra a fl. 71
Cdo. 12).
La decisión en mención, que por el efecto atinente a la cosa
juzgada no puede desconocer ahora el tribunal, sin que ello
constituya, con todo, una camisa de fuerza que impida controvertir
aunque sea en el campo meramente teórico las conclusiones que
allí se adoptaron, porque allá se partió de la “presunción de
incapacidad” para hacer decir que el perito médico concluyó sobre
la existencia de una enfermedad mental, cuando de lo que habló
fue de “trastornos de personalidad” que evidenciaba el referido
Juan Carlos para el año de 1994, los cuales, a su juicio, “le
compromete la capacidad para tener adecuado manejo y
administración de sus bienes”, para agregar seguidamente que
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dicha incapacidad negocial “está dado no por alteración grave de
sus procesos cognitivos, sino por el mal uso que hace de los
dineros, la más por disipación y por la incapacidad de ceñirse a
las normas comerciales y de respetar contratos…”, dictamen que
no puede dejarse de lado en este análisis para resaltar, al menos,
lo exótico de la conclusión que condujo a la interdicción por
demencia de una persona que al examinarse daba pie
únicamente a la eventual incapacidad por disipación, y respecto a
la cual, además, se supuso la demencia hacia el futuro dada su
inactividad procesal, desarrollo de los hechos que no puede pasar
inadvertida porque riñe abiertamente no sólo contra la
consecuencia que se quiere atribuir al tercero de buena fe, sino
que invade y quebranta, sin duda, el derecho que asistía a dicho
vendedor para perfeccionar un contrato que en todos los restantes
aspectos formales respetó sin dubitación el conjunto de normas
que rigen las obligaciones y los contratos.
Por su parte, la misma sentencia en mención, determinó que
Víctor Manuel Cárdenas Meza no es interdicto y a dicha
conclusión llegó luego de valorar la prueba sumaria que se aportó
para cuando se pidió el decreto de la interdicción provisional,
respecto de la cual citó doctrina que puntualiza sobre lo sumaria e
incompleta de dicha prueba, “tan cierto es lo anterior que dentro
del proceso de interdicción al juez le corresponde basarse
necesariamente en el dictamen pericial complejo que él mismo
haya decretado (…). Luego, desde ese punto de vista se trataría
de una decisión judicial basada sobre prueba notoriamente
incompleta, que ni siquiera es suficiente para dictar la interdicción
definitiva dentro del proceso con mayor razón debe ser
insuficiente para presumir la inhabilidad para testar” (Pedro Lafont
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Pianetta, Derecho de Sucesiones, T. II, ed. Librería del
Profesional, Bogotá, 1984, pág. 96).
Sobre el particular es diciente, en efecto, lo sucedido con la
prueba sumaria que se aportó para pedir la interdicción provisoria,
toda vez que en el debate probatorio se allegó informe sobre el
hecho de que el profesional de la medicina que suscribió el mismo
es médico cirujano, sin especialización en siquiatría (fl. 54, Cdo.
11)
Adicionalmente, en el otro extremo de la negociación figuró una
persona jurídica que ante la necesidad de adecuar un terreno
para utilizar como parqueaderos del hotel que es la razón social
que le asiste, observó que una reconocida firma inmobiliaria de la
ciudad ofrecía una casa de habitación; entró en contacto con
aquélla y luego de relacionarse además con los propietarios del
inmueble, finiquitó los términos de la negociación, se cumplieron
en fiel forma con las obligaciones reciprocas y con las restantes
solemnidades establecidas en la ley, para concluir así una
negociación que les llevó a demoler el inmueble para iniciar una
nueva obra consistente en un moderno edificio destinado a
parqueo de automóviles. Incluso tiempo después vendió la
referida obra a un tercero quien en este momento la detenta en
calidad de propietario.
3. En esas condiciones, de aplicar a “raja tabla” y sin ningún otro
miramiento la ley general al caso así expuesto, habría que
determinar que la nulidad absoluta se dio; que como corolario la
sociedad compradora no puede obtener el reintegro de lo pagado,
porque pagó a incapaces y dicho pago es nulo; que como la cosa
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vendida se perdió, porque no aparece en el patrimonio de la
sociedad compradora, ésta debe reconocer el valor comercial del
inmueble a la fecha; que como la inscripción de la compraventa se
anula, vuelven a figurar como propietarios los que lo vendieron y
queda sin piso la inscripción de dominio en cabeza del tercero que
adquirió el inmueble, frente al cual cabría la acción reivindicatoria
para que restituya la posesión del mismo, y éste puede, a su vez,
demandar en acción de saneamiento por evicción a la sociedad,
la que, entonces, podría terminar pagando tres veces un inmueble
que adquirió de buena fe.
Esa “solución” jurídica no deja de ser claramente repugnante,
porque además de ofrecerse notoriamente inequitativa e injusta,
desmorona la piedra angular que protege la posición de los
terceros, que es el principio de la buena fe, ahora de raigambre
constitucional (art. 83 C. P.), por el cual la fría y abstracta
disposición normativa adquiere vida para erigirse como un
instrumento altamente significativo de la justicia, en especial
cuando en materia de acto jurídico impera la apariencia de
derecho para que el poseedor de buena fe tenga una protección
jurídica real y cierta.
Tiene mayor énfasis dicho postulado cuando entran en juego los
mecanismos de publicidad, por los cuales queda despejada
cualquier sombra de duda que se intente en cuanto a la diligencia
y cuidado del tercero para percatarse de situaciones que le
habrían permitido conocer las circunstancias por las cuales, al
cabo del tiempo, se pretende su despojo, toda vez que en tales
eventos entra en juego otro postulado de igual raigambre, como lo
es el de que el error común crea el derecho, error communis facit
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jus, para afirmar por él, según palabras de Bonnecase
(Suplemento Sirey, 1936) que “la consagración por el derecho
actual de la regla error communis se justifica sobre el fundamento
de la salvaguardia del crédito público” (Cita extractada de la
sentencia de casación de 20 de mayo de 1936, XLIII, 47).
4. Esos principios generales adquieren especial realce en este
caso, porque ayudan a configurar la tesis final que también acoge
lo dicho por la ley en torno a la figura de la capacidad y de la
interdicción provisoria, pero para darle un alcance
sustancialmente contrario a lo que inveteradamente ha dicho
sobre el particular la jurisprudencia y la doctrina a las que alude
con especial vehemencia la parte demandante.
Sobre el primer factor, consistente en la capacidad de las
personas, basta recordar que ésta se erige en una presunción
legal que, por consiguiente, admite prueba en contrario, todo ello
a la luz de lo dispuesto en el artículo 1503 del Código Civil que a
la letra dice, “toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas
que la ley declara incapaces”. A renglón seguido, el artículo 1504
determina que son absolutamente incapaces, entre otros, los
dementes, para concluir que “sus actos no producen ni aun
obligaciones naturales”.
En relación con dicha materia, también ha dicho la Corte que las
teorías de la buena fe y de la apariencia no deben servir de
sustento para defender a terceros cuando se discute el tema
relacionado con las incapacidades, y por ello ha expuesto que
“tratándose del caso de la capacidad aparente del sujeto de la
relación jurídica convienen los más ilustres tratadistas de esta
DCBT. Exp. 85250 12

materia, como Gorphe, Mazeaud y Alsina Atienza, que los
principios del error común y en general de la teoría de la
apariencia tienen un campo de acción y de experimentación
bastante limitado. Se fundan en dos razones igualmente
valederas, a saber: a) en que lo concerniente a la protección
jurídica de los incapaces debe prevalecer sobre la tutela y
protección de los terceros de buena fe, y b) en que el error sobre
la capacidad del sujeto no es invencible ni generalizado, sino
excepcionalmente” (Cas. Civ. 18 julio 1941, LI, 824).
Pues bien, sucede que en este caso la excepcionalidad a la cual
alude la jurisprudencia citada, está dada, en razón de que la
incapacidad absoluta en que se apoya la demanda de nulidad de
igual índole, se hace derivar de la medida cautelar de interdicción
provisoria no inscrita, de suerte que en dicho evento no sólo no se
habla de demencia como tal, -como acontece en el campo penal
cuando durante la investigación se adoptan medidas de distinto
orden contra el sindicado, pero siempre bajo el entendido de que
aquél es responsable “presunto” de un hecho punible-, sino
también de una cautela que no tuvo la completa publicidad
requerida por la ley y exigida en su momento por el juez de la
causa.
Se trata entonces de vendedores con “presunción de demencia”,
calificativo de cara al cual el artículo 536 del Código Civil, con
indudable acierto, pregona que tanto dicha medida cautelar como
la definitiva, deben registrarse en la oficina de registro de
instrumentos públicos, y adicionalmente noticiarse al público en
general mediante los avisos que allí se relacionan.
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Sana medida sin duda para proteger a los terceros de buena fe
aún en materias tan complejas como las de la capacidad y a la
cual la jurisprudencia de antaño dio un tratamiento especial que
ahora, de cara a las tendencias modernas del derecho, y a la luz
de los principios rectores consagrados en la Constitución, riñe no
sólo contra los derechos de los terceros, sino también, y
principalmente, soslaya los derechos fundamentales de quienes
provisionalmente son declarados en interdicción, como en efecto
lo adujo el propio afectado cuando mediante apoderado judicial
contestó la demanda de interdicción (fl. 85, cdo. 11).
Fue especialmente oportuno, entonces, el legislador cuando
previó como presupuesto necesario de la declaración de
interdicción, que la anotación respectiva, esto es, la publicidad de
dicho acto, se hiciera registrar en la historia jurídica de los
inmuebles que fueran de propiedad del interdicto, toda vez que no
de otra manera un tercero puede hacerse conocedor de medida
tan drástica, la cual sin duda jamás conocerá por medio
únicamente de los avisos que en dicha norma se mencionan, con
mayor razón, cuando, se reitera, la interdicción es meramente
provisoria y a continuación sigue la necesidad de probar
plenamente que el estado mental de esa persona lo incapacita
para actuar en forma directa en la vida jurídica.
En esas condiciones, es preciso dejar en claro que aunque en un
momento dado se enfatiza sobre las bondades que tiene el
registro inmobiliario en este tipo de asuntos, -frente a la
inscripción en el registro civil que ahora pretende imperar-, y
sobre la calificación meramente provisoria de la interdicción por
demencia, no por esa circunstancias el tribunal desconoce que la
DCBT. Exp. 85250 14

interdicción provisoria pueda alcanzar la virtualidad de declarar
incapaz a una persona en particular, sólo que se enfatiza que en
tal caso se requiere de la publicidad de dicha decisión para que
surta efectos frente a terceros, premisa que obliga a la Sala a
profundizar en el tema del registro, su objetivo y efectos, para en
tal forma poder entrelazar los conceptos anteriores.
Incluso, importa destacar que la interpretación dada por el
Juzgado Séptimo de Familia de esta ciudad, que fue el que
conoció en primera instancia del proceso de interdicción, es la que
se ajusta a la realidad legal, porque en su momento, esto es, en la
providencia de interdicción provisoria, proferida como se anotó
antes el 30 de julio de 1992 (fl. 27 cuaderno 11), se ordenó que
“en consecuencia, inscríbase esta determinación en el
correspondiente registro civil y notifíquese al público mediante
aviso que se insertará por una vez en el diario oficial y en el diario
el Tiempo o El Espectador, e inscríbase igualmente en la oficina
de registro de instrumentos públicos y privados”, orden que reiteró
luego, el 24 de enero de 1995, cuando designó nuevo curador
para actuar conjuntamente con el inicial (fl. 246 Cdo. 11).
Como se ve, entendió el Juzgado que las inscripciones de que
tratan los artículos 536 del Código Civil y el numeral 7° del 659 del
Código de Procedimiento Civil, son complementarias, mas no
excluyentes como en su momento lo dedujo un concepto que
sobre el particular emitió la Superintendencia de Notariado,
aserción que implica no sólo la bondad de dicha medida, por las
razones dadas con antelación, sino el deber ineludible, por
tratarse de una decisión que adquirió plena ejecutoría, de
DCBT. Exp. 85250 15

cumplirse dicha carga procesal por el demandante que no planteó
en su momento ninguna objeción.
5. En cuanto al registro, entonces, es necesario anotar que hay
manifestaciones del hombre que incumben únicamente a su fuero
interno, sin ninguna trascendencia social, y por ello no requieren
ser publicitadas, en cambio otras que tienen especiales
connotaciones de relevancia social y que deben darse a conocer
al público en general mediante el mecanismo del registro que no
está reglamentado para que quede al libre arbitrario del
ciudadano, sino que es de forzoso cumplimiento en el área
específica al cual se refiera, esto es, en el campo del estado civil,
mercantil, de la propiedad inmobiliaria, de vehículos, naves o
aeronaves, entre otros.
En lo relacionado con el registro del estado civil, es importante
resaltar que éste cumple, entre otras finalidades, con el de
establecer ante la sociedad la capacidad jurídica del individuo, de
tal manera que en el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970, se
establece que “Ninguno de los hechos, actos y providencias
relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a
registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado
o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la
respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente
ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración
no se requiera legalmente la formalidad del registro”.
En igual sentido, el artículo siguiente afirma que “Por regla
general ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o
la capacidad de las personas, y sujetos a registro, surtirá efecto
DCBT. Exp. 85250 16

especto de terceros, sino desde la fecha del registro o
inscripción” (art. 107 ibídem.).
Bajo esas condiciones, no resulta superflua la exigencia del
registro como pretende darlo a entender el demandante con
sustento en doctrina sobre el particular, y por ello la consecuencia
jurídica inmediata es que ante la falta de la respectiva inscripción,
la decisión jurídica respectiva no tiene por qué afectar en
momento alguno a terceros, no de otra forma se puede entender
que el acto de la inscripción en registro sea imperativo, de orden
público y el legislador haya previsto, con antelación, la secuela
propia de su incumplimiento, esto es, su absoluta inoperancia
frente a la sociedad.
Y es que retomando lo dicho valga reiterar que con lo dispuesto
en los artículos 545, 549 y 553 del Código Civil, el legislador
previó dos fases en el trámite relacionado con la interdicción del
demente y por ello dijo, concretamente en el señalado artículo
549, que el juez debe informarse sobre la vida anterior y la
conducta habitual “del supuesto demente”, calidad condicional
que debe subsistir, como es apenas natural entenderlo, hasta
tanto se profiera sentencia definitiva que declare la interdicción;
antes de que ello ocurra, no hay demente, excepto cuando
provisionalmente se le ha dado tal carácter, pero adicionalmente
únicamente cuando dicho acto se ha registrado, de donde es
dable interrogarse si un acto celebrado por un “supuesto
demente”, sin que tal cautela se haya registrado, es nulo, de la
magnitud de la nulidad absoluta, para llegar a la conclusión de
que sin la debida inscripción, esto es, cuando sólo en tal forma
dicha medida excepcional tiene operancia, no puede prosperar
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tan drástico efecto, y entonces es ahí donde encuentra sentido la
jurisprudencia de la Corte, cuando afirma que “el decreto de
interdicción de un demente es el reconocimiento oficial y, al
mismo tiempo, la prueba indiscutible de un hecho, la demencia
que determina la incapacidad del interdicto” (Sent. 18 agosto
1952, G. J. t. LXXXIII, pág. 192).
No tiene ningún sentido que para este caso en particular, en el
que los interdictos provisorios interactúan con terceros, la medida
de la inscripción o registro no tenga ninguna incidencia práctica y
pueda cumplirse o no, en este último caso sin secuela adversa
alguna, excepto, como lo pretende hacer ver un sector de la
doctrina, con la responsabilidad que pueda endilgarse a la
conducta omisiva de la persona encargada de cumplir con dicha
carga, cuando lo que se pretende es precisamente proteger a los
terceros que en ese orden de ideas verían burlada la seguridad
jurídica que imprime el principio de la buena fe si lo único que
pudieran hacer fuera perseguir al curador encargado de los
interdictos para, en incierto litigio, tasar el monto de un eventual
perjuicio y reparar el daño causado por la no inscripción, que
podría no ser el mismo, incluso, que el daño causado por la
negociación llevada a cabo con los interdictos.
En igual sentido, es realmente inequitativo que frente a otras
situaciones jurídicas la falta de inscripción no produzca efectos
contra terceros, y en cambio, tratándose de la mayor sanción que
puede atribuirse a un negocio jurídico, ella sea viable a pesar de
que respecto de una de las partes intervenientes no se haya
cumplido en fiel forma con los presupuestos requeridos para
hacer oponible a terceros la declaración judicial de incapacidad,
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caso que sería el único en derecho de cara al cual la inscripción
fuera una simple medida decorativa, ajena al interés de terceros;
sin duda no es eso lo que prevé la ley, toda vez que ésta es clara
en el sentido de que la falta de registro en materia de capacidad
de las personas no surte efectos mientras la inscripción no se
cumpla, sin que de otra parte el asunto de que acá se trata se
erija como excepción a la norma general previamente referida,
toda vez que al no estar reseñado expresamente como excepción
el caso en estudio, no le es dable al interprete restringir el campo
de aplicación de esa ley.
6. De otra parte, retomando la situación para la cual se reclama la
decisión que ocupa a la Sala, importa resaltar que para la época
en que el contrato de compraventa se celebró, -negociación que
por el precio pactado no generó ningún perjuicio económico para
los vendedores-, el cual se llevó a cabo en noviembre de 1992,
sobre éstos pesaba medida provisoria de interdicción respecto de
la cual únicamente se inscribió en el registro civil en el año de
1995 como consta a folio 273 y 274 vuelto, del cuaderno 11, bajo
la modalidad especial de señalarse únicamente la designación de
curador; con todo, el 4 de noviembre de 2004, la justicia dedujo
que uno de dicho vendedores, Víctor Manuel, no es interdicto, y
que Juan Carlos lo es desde 1994, de manera que cabe indagar
sobre si dadas esas premisas generales, puede el juez civil
anular, con la sanción más drástica como se dijo líneas atrás, una
negociación celebrada en tales condiciones.
Sin duda que no, porque proceder en contrario sería una flagrante
violación a los principios que gobiernan la actividad judicial, según
los cuales “al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en
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cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los
derechos reconocidos por la ley sustancial” (art. 4 C. de P. C.), e
igualmente el postulado constitucional vertido en el artículo 83 de
la Constitución Política, según el cual “las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”, principio del que ha
dicho la jurisprudencia que de él emanan “reglas de protección de
la apariencia establecidas a favor de terceros de buena fe exenta
de culpa, que derivan de la llamada ‘fe pública registral’” (Cas.
Civ., julio 23 de 1996).
7. Como corolario, la sentencia impugnada habrá de confirmarse,
pero por las razones dadas en este proveído y con los
argumentos antes expuestos que sirven de fundamento a que se
encuentre probada la excepción que la parte demandada
denominó como inoponibilidad del decreto de interdicción
provisoria de los vendedores, por falta de publicidad y por
incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para la
defensa de los terceros y de la sociedad, en general, razón por la
cual ese será el motivo único de la sentencia desestimatoria.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el
numeral 1º de la sentencia impugnada, en cuanto declaró
prematura la acción de nulidad y, en su lugar, DECLARASE
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probada la excepción de inoponibilidad del decreto de interdicción
provisoria frente a terceros.
En lo demás, se CONFIRMA la sentencia objeto de apelación.
Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante.
Tásense.
NOTIFÍQUESE.-
DORA CONSUELO BENÍTEZ TOBÓN
Magistrada
RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS
Magistrado
CLARA BEATRÍZ CORTÉS DE ARAMBURO
Magistrada
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