0000060200

6 La Plata, jueves 13 de marzo de 2014
En casa de herrero,
cuchillo de palo
Una suerte de
affaire con la
instalación de aires
acondicionados,
dejó mal parado al
decano de
Derecho de la
UNLP y actual
Fiscal de Estado
de la Provincia
Se supone que en la Facultad
de Derecho de
una Universidad Nacional
de La Plata (UNLP)
se le enseña a los estudiantes
la importancia
de lo que significa el cumplimiento
de las leyes y de las normas que regulan
el funcionamiento de las instituciones.
Ahora bien, ¿qué ocurre si en el
seno de la casa de altos estudios surgen
sospechas de que, desde la propia
conducción de la institución, se estarían
avalando acciones que van en
una dirección absolutamente opuesta
a lo que se debería estar enseñando?.
Peor aún: qué pensar si, para
colmo, la institución en cuestión está
presidida -nada más y nada menosque
por Hernán Gómez, el Fiscal de
Estado de la Provincia, cuya función
es la de defender el patrimonio del
Fisco bonaerense, ser parte legítima
en los juicios contencioso-administrativos
y en todos aquellos en que se
Hernán Gómez, decano de la Facultad de Derecho y Fiscal de Estado
controviertan intereses del Estado.
Gómez, que está cumpliendo sus
últimas semanas como decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
se vio salpicado por un escándalo
luego de haberle hecho gastar a
la Universidad casi medio millón de
pesos –dinero que aportan todos los
ciudadanos con los impuestos que
pagan- en la instalación de 12 equipos
de aire acondicionado de 15 mil frigorías
cada uno en el salón de los Espejos
de la unidad académica.
Básicamente, los principales
cuestionamientos apuntan a que no
se habría realizado –supuestamenteningún
trámite de contratación de
acuerdo con las normativas vigentes,
reguladas por el decreto del Poder
Ejecutivo Nacional 893/2012.
La empresa beneficiada, Escala
Climática SRL, que es propiedad de
un comerciante de nacionalidad
uruguaya llamado Nelson Emilio
López Vignoli y del arquitecto Martín
Alejandro Arbillaga, aparentemente
no podía ser proveedor del Estado
Nacional al no contar con el certificado
fiscal correspondiente al momento
de la contratación.
Recién una vez que los artefactos
estuvieron colocados, en noviembre
de 2012, se inició un expediente
en la Universidad, mediante
un trámite de excepción. Se fundamentó
la premura del pedido en acortar
las invitaciones a empresas de la
ciudad, con eficacia comprobada, sin
importar que Escala Climática SRL
no era proveedora habitual de la Facultad.
Asimismo, se efectuó el pedido
de presupuesto sin la intervención
del Departamento de Compras de la
Facultad: como era de esperar la contratación
fue adjudicada a Escala Climática
por la suma de $ 484.908,00.
La otra cara de
las denuncias
Ante una consulta de Hoy,
fuentes cercanas al decanato
de la Facultad de Derecho
defendieron la colocación de
los aires acondicionados.
“Los artefactos están correctamente
funcionando, la instalación
está bien hecha, no
hay mucho más que comentar”,
afirmaron.
Las fuentes reconocieron
que Millán renunció, por diferencias
con el decano,
pero lo desligaron del affaire
de los aires. Y aseguraron
que “las denuncias que
están circulando son motorizadas
por personas que
quedaron excluidas de una
serie de ascensos”.
Un gran dibujo
Ahora bien, al no tener intervención
el Departamento de Compras de
la Facultad, no se realizó orden de
compra alguna, y en su lugar hizo un
contrato de obra con fecha 17 de diciembre
de 2012, con un plazo de entrega
de nueve días, finalizando la
obra el 27 de diciembre de 2012. “Es
imposible instalar 12 equipos de aire
acondicionado de 15000 frigorías en
nueve días. Fue un gran dibujo”, dijeron
las fuentes consultadas.
En ese sentido, afirmaron que las
presuntas irregularidades, sumadas
a otros hechos, terminaron tiempo
después en un gran escándalo interno
que incluyó la renuncia del Secretario
Económico Financiero de la
Facultad, Guillermo Millán, quien
supuestamente no habría tolerado el
affaire de los aires acondicionados.
Además, personal de carrera de la facultad
también habrían sido derivados
a cumplir otras funciones.
“Un jefe del Area Económico Financiera
que se negó a avalar todo
esto terminó siendo desplazado por el
decano y en su lugar se puso a una
persona que tenía un sumario por
maniobras fraudulentas con fondos
públicos en la Facultad de Ciencias
Veterinarias. Acto seguido, pudieron
efectuar el pago y avanzar con contrataciones
similares”, concluyeron
las fuentes.
No son pocos los que atribuyen
esta situación a una suerte de desmanejo
en la unidad académica, motivada
por el hecho de que Gómez
viene desempeñando un doble cargo,
delegando funciones en otros funcionarios
del decanato. En ese sentido,
las fuentes mencionan con insistencia
al secretario de Extensión Universitaria,
Gustavo Brook, impulsor
de la compra de los aires acondicionados
y mano derecha de Gómez,
como uno de los responsables de esta
situación. Se trata de un funcionario
universitario que supo militar con
los K, y hasta participó en elecciones
de graduados integrando listas armadas
por personajes oscuros del
kirchnerismo como el diputado Carlos
Kunkel.
“No fue casualidad que los no docentes,
en las últimas elecciones, le
dieron la espalda a esta gestión. Fue
la respuesta a este tipo de manejos y
a los maltratos que están sufriendo”,
concluyeron las fuentes. En definitiva,
el affaire de los aires terminó siendo
el detonante de una situación que
ya de por sí era explosiva.
Iniciativa
para
identificar a
los barras
En medio de la ola de violencia que se vive en las tribunas
del fútbol argentino, como se vio en el último
partido disputado por el club Quilmes, la Cámara de
Diputados de la Provincia, presidida por Horacio González,
aprobó ayer por unanimidad ayer un pedido de
informes presentado por el titular del bloque Frente
Amplio Progresista, Marcelo Díaz, quien pide “cruzar la
información de las listas de admisión vigente en los clubes
de fútbol y las contravenciones y delitos conexos
cometidos en el ámbito de la seguridad deportiva con
las plantillas de empleados municipales”.
Según argumentó el legislador, “queremos conocer
los nombres de los barras con contratos en el Estado si
es que existen”. En la solicitud de informes, el diputado
Díaz consigna que “es preciso conocer en detalle los
datos personales de las personas que revisten en tal situación,
así como las dependencias públicas dónde
desarrollaban sus tareas al momento en el que se le labraron
actuaciones o denuncias pertinentes y si, actualmente,
continúan en funciones y, en su caso, en
qué dependencia u organismo”.
Por último, el proyecto sintetiza el pedido al Ejecutivo
en “toda otra información de interés que involucre a
agentes y funcionarios públicos, en el marco de la
competencia de las acciones desarrolladas por la
Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte”.