0000060200

8 La Plata, jueves 13 de marzo de 2014
Extrabajadores de
YPF quieren llevar a
Cristina al banquillo
L
En diálogo con Hoy, el senador nacional
Fernando “pino” Solanas cuestionó el acuerdo
con Repsol por haberse llevado a cabo de
manera irregular y por no tener en cuenta los
daños ambientales que la multinacional ocasionó
en el país.
“El propio dictamen del tribunal de Tasación
se hizo después de que se conociera lo que
se le iba a pagar a Repsol. En abril del 2012,
Kiciloff dijo que Repsol dejaba una deuda de 9
mil millones de dólares, además se había llevado
22 mil millones de dólares. El ministro de
Economía dijo que Repsol debía pagarnos a
a millonaria indemnización que el gobierno
nacional pretende pagarle a Repsol
por la expropiación del 51% de las
acciones de YPF pareciera encontrar
un primer obstáculo en el mismo pasado
de la empresa argentina. La resistencia que supieron
dar los trabajadores petroleros contra la privatización
llevada a cabo en los primeros años de la
década del noventa vuelve a emerger con fuerza ante
la posibilidad de que se consume una nueva entrega
de los recursos nacionales.
En momentos en que el kirchnerismo intenta refrendar
el millonario pagó a la multinacional española
en el Congreso Nacional, los extrabajadores de
la petrolera estatal salieron al cruce de la iniciativa
oficial denunciando penalmente a la Presidenta
Cristina Fernández y a los principales funcionarios
implicados en la polémica
transacción.
“Cuando el gobierno decidió pagarle
a Repsol los 5 mil millones de
dólares nosotros decidimos hacerle
una denuncia por defraudación
pública a la Presidenta Cristina Fernández,
al vicepresidente, Amado
Boudou, al ministro de Economía,
Axel Kiciloff, al Jefe de Gabinete Jorge
Capitanich, al ministro de Planificación
Julio De Vido y al Secretario de
Energía, Daniel Cameron”, indicó
a Hoy Carlos Guanciarrosa,
máximo referente de la Mesa
Coordinadora de extrabajadores
de YPF y Petroquímica General Moscóni.
En ese marco, sostuvo que el acuerdo
promocionado por el gobierno nacional se
hizo sin “cuantificarse el daño económico
realizado por Repsol que terminó sacándonos
todo el petróleo”.
Asimismo, los exypf vienen exigiendo el resarcimiento
correspondientes al 10% de las acciones
de YPF que le correspondían a los trabajadores
de la compañía y que de manera ilegal fueron
vendidos por el gobierno de Carlos Menem. El reclamo
posee plena vigencia y fue denegado en varias
oportunidades tanto por el entonces Presidente Néstor
Kirchner como por la actual mandataria nacional.
En ese marco, Guanciarrosa adelantó que además
de la denuncia por “defraudación pública” presentaron
ante el fiscal Carlos Stornelli “una medida
cautelar el 27 de febrero para evitar que se consume
este ilícito (pago de la expropiación), y en su defecto
presentamos un embargo de 10 mil millones de
pesos que representa el resarcimiento para los trabajadores
que estamos en el juicio por la venta
fraudulenta de las acciones de YPF”.
De esta manera, la presentación judicial
se volvió una paradoja del sistema
en el mismo momento en que los trabajadores
que fueron despedidos en
los noventa como consecuencia de
la privatización impulsada (entre
otros) por la familia Kirchner, reaparecen
en la actualidad intentando evitar una nueva entrega
de los recursos
nacionales.
Apuntan
a Bonadío
“Kiciloff dijo que
Repsol debía pagarnos a nosotros”
nosotros. De ahí saltamos a que lo que vamos
a pagar los argentinos son 13.700 millones de
dólares, son los 6000 millones en bonos, más
los intereses que son muy altos”, sostuvo el
fundador de Proyecto Sur.
Por último sostuvo que antes de fijar un
monto de pago se tendría que haber hecho
“una seria tasación del estrago ambiental que
había hecho Repsol”, ya que era “tan grande
era esta contaminación que la Confederación
Mapuche le ganó un juicio a esta empresa por
la contaminación de las napas de agua aledañas
a los yacimientos”.
Los extrabajadores de YPF
hace décadas que vienen peleando
para que se les reconozca el
dinero adeudado luego de que
fueran despedidos de la petrolera.
Como empleados les pertenecían
el 10% de las acciones que ilegalmente
fueron vendidas a Repsol
Realizaron una denuncia por
“defraudación pública” contra la
Presidenta y otros funcionarios por el
acuerdo con Repsol. Además pidieron
un embargo por 10 mil millones de
pesos por la venta ilegal de acciones
en los inicios de la privatización.
En ese marco, los denunciantes
vienen acusando al juez Claudio
Bonadío por serias irregularidades
en la causa abierta. “El juez Bonadio
fue denunciado en cuatro
oportunidades por fraguar notificaciones,
adulterar la carta de notificación
de nuestra defensa y la
última es por falsificación de la
firma de la propia abogada que se
consustanció en el propio despacho
del juez, donde su secretaria,
con su firma, avaló la firma trucha
que consta en los documentos”,
agregó Guanciarrosa.
La imprescriptibilidad
de los delitos
A partir del escandaloso acuerdo YPF-Repsol, uno de
los debates que se encuentran motorizando partidos de
la oposición tienen que ver la con la necesidad de que se
vuelvan imprescriptibles los delitos cometidos en la función
pública.
“Si es vía endeudamiento, lo de Repsol, tendría que
pasar por el Congreso. Desde nuestro espacio hemos presentado,
a través de la banca perteneciente a Pino Solanas,
un proyecto de imprescriptibilidad de los delitos contra la
función publica, para evitar que con el paso del tiempo preescriban
las causas como fue el caso de IBM-Banco Nación,
pero además estamos comprometidos con no hacer
ningún pacto de impunidad con el gobierno”, aseguró a
este medio el exdiputado nacional, Mario Cafiero.