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Lanteri, Ana Laura. Instituciones estatales y orden político.
Por una parte, se suprimieron los Cursos de Jurisprudencia que
se dictaban desde 1854 en el Colegio del Uruguay, de donde participaban
muchos de los estudiantes en conflicto. Además, se hostilizó
desde la prensa a su Director el francés Larroque y al funcionamiento
general de la institución, aunque Urquiza recibió a los alumnos en su
residencia en San José y se mostró condescendiente. Victorica había
forjado un vínculo con Larroque durante su exilio en 1853 y tenía
injerencia directa en el accionar del Colegio, cuestiones que deben
haber pesado en su entender como agravantes del caso.
El impulso institucional que se le había dado al Colegio en los
primeros años, se vio así frenado con una señal de autoridad y escarmiento.
Sorprende que la misma se haya ejercido sobre un área indispensable
para la misma institucionalidad estatal como la formación
en derecho, que el gobierno nacional había establecido para atender
al problema de escasez de abogados y fortalecer la justicia letrada.
Por otra parte, se trabajó sobre la exclusión de Carriego del Congreso
nacional. Para ello Victorica cargó las tintas sobre su accionar
como juez de primera instancia en Entre Ríos. Incitó su encarcelamiento
y juzgamiento por “abuso de autoridad”. Ello pudo haber
sido facilitado porque Victorica también desempeñó funciones judiciales
en la provincia. Aprovechó la condena que Carriego había
realizado de un preso, para destacar en la prensa que pertenecía a
una “buena familia” y que había declarado que “quería morir entre
los federales”. 34
Finalmente Carriego apeló el fallo, por lo que el asunto fue resuelto
por la Cámara Superior de Justicia. Si bien no contamos con
el informe, sabemos que ratificó la sentencia y que fue por lo demás
concluyente. Se lo obligó a pagar una multa de 1000 pesos como indemnización,
35 se lo destituyó de su cargo de juez, se lo inhabilitó
para el ejercicio de la magistratura judicial por tres años y se confirmó
su prisión. Separado del cargo de juez y encarcelado, quedó perdida
para Carriego y sus seguidores la posibilidad de ocupar su banca de
Diputado nacional.
Sentenciado por el máximo tribunal, jugó su última carta. Apeló
a su inmunidad parlamentaria para revertir su situación. Escribió a
la Cámara de Diputados afirmando que la Cámara Superior de Justicia
había obviado todo procedimiento legal: lo había encarcelado a
pedido de un funcionario del gobierno y sin pedir informes y había
recusado su fianza de excarcelación. Pasados tres meses, Carriego envió
una nueva nota al Congreso por la que se quejaba de la demora
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