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Lunes, 07 de diciembre de 2009
AGRICULTURA
Designan Asesor Ad Honórem del Despacho Jefatural del INIA
Lima, 30 de noviembre de 2009
CONSIDERANDO:
RESOLUCION JEFATURAL Nº 00302-2009-INIA
Que, la Alta Dirección del INIA estima pertinente contar con la colaboración del Dr. Henry
William Vivanco Mackie, Ing. Zoo Genético Ph D. Ciencias Animales Zootecnia, en calidad de
Asesor Ad Honórem del Despacho Jefatural, atendiendo a su desempeño, cualidades
profesionales y su manifestada disposición para las competencias de este Instituto Nacional;
De conformidad con Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, Reglamento de Organización y Funciones del INIA aprobado por el
Decreto Supremo Nº 031-2005-AG modificado por el Decreto Supremo Nº 027-2008-AG, y la Ley
Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, con efectividad al 23 de noviembre de 2009, al Dr. HENRY
WILLIAM VIVANCO MACKIE, Ing. Zoo Genético Ph D. Ciencias Animales Zootecnia como Asesor
Ad Honórem del Despacho Jefatural del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CESAR ALBERTO PAREDES PIANA
Jefe Instituto Nacional de Innovación Agraria
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Designan representantes del Ministerio ante la Comisión Multisectorial Temporal constituida
por R.S. Nº 317-2009-PCM
Lima, 4 de diciembre de 2009
CONSIDERANDO
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 834-2009-MTC-01
Que, mediante la Resolución Suprema Nº 317-2009-PCM se creó la Comisión
Multisectorial Temporal encargada de formular recomendaciones al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para la elaboración de un Plan que determine la manera de promover la
competitividad de los trabajadores portuarios, a través de su capacitación y mejoramiento de
aptitudes, a fin de asegurar su desarrollo paralelo a la modernización de los puertos a nivel
nacional;
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Que, en el citado dispositivo se señala que la misma estaría integrada entre otros por dos
(02) representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones unos de los cuáles la presidirá
y el otro ejercerá la función de Secretario Técnico, debiendo ser designados en un plazo que no
excederá los diez (10) días hábiles contados a partir de la publicación del mismo, siendo en
consecuencia necesario efectuar las mencionadas designaciones;
MTC;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 y el Decreto Supremo Nº 021-2007-
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a los representantes del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones ante la Comisión Multisectorial Temporal constituida por Resolución Suprema Nº
317-2009-PCM, que a continuación se detallan:
- Señor José Luis Qwistgaard Suárez - Director General de Transportes Acuático como
representante titular, quien la presidirá y a don Guillermo Alfredo Bouroncle Calixto como su
representante alterno.
- Señor Luis Enrique Zerpa Huerta como representante titular, quien ejercerá la Secretaría
Técnica y a don Juan Víctor Cuadros Valdeiglesias como su representante alterno.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
Imponen medida disciplinaria de destitución a Secretario del Juzgado Mixto de Ayna, Corte
Superior de Justicia de Ayacucho
INVESTIGACION ODICMA Nº 055-2007-AYACUCHO
Lima, dieciséis de julio de dos mil nueve.
VISTA: La investigación ODICMA número cincuenta y cinco guión dos mil siete guión
Ayacucho seguida contra John Jony Lozano Galindo, por su actuación como Secretario del
Juzgado Mixto de Ayna, San Francisco, Corte Superior de Justicia de Ayacucho; a mérito de la
propuesta de destitución formulada por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial mediante resolución de fecha diez de agosto de dos mil siete, obrante de fojas
ciento noventa y cinco a ciento noventa y nueve; y, CONSIDERANDO: Primero: Analizados los
recaudos se evidencia atribuir a John Jony Lozano Galindo, por su actuación como Secretario del
Juzgado Mixto de Ayna, San Francisco, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, haber firmado los
siguientes documentos: a) El informe final, b) La resolución de manifiesto y c) El oficio
correspondiente al Expediente Nº 021-2005 por delito de tráfico ilícito de drogas, como si se tratara
de la firma de la Juez a cargo del proceso, doctora Lucía Isabel Palomino Pérez, como el mismo lo
ha reconocido en su informe de descargo; Segundo: Que, a manera de introducción y a efectos de
establecer la norma aplicable, se debe precisar que el ordenamiento nacional ha establecido dos
supuestos que rigen la potestad sancionadora de la administración y, que operan a favor del
administrado, en cuanto a la dimensión temporal de las normas. Los supuestos son los siguientes:
i) El principio de irretroactividad, que garantiza que la atribución de la potestad sancionadora sólo
será válida para la aplicación de disposiciones de tipificación de ilícitos y previsora de sanciones,
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cuando hayan entrado en vigencia con anterioridad al hecho y estén vigentes al momento de su
calificación por la autoridad; y, ii) La aplicación de las normas sancionadoras posteriores a la
comisión del ilícito que benefician al administrado, esto es retroactividad de la norma; tipificado en
el artículo doscientos treinta, inciso cinco, de la Ley del Procedimiento Administrativo General que
establece “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean favorables”; Tercero:
Con fecha siete de mayo de dos mil nueve entró en vigencia la Ley Nº 29277 -Ley de la Carrera
Judicial-, donde en su disposición complementaria derogatoria establece derogar varios artículos
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial entre ellos el artículo doscientos
once, norma invocada en la resolución materia de pronunciamiento por estar vigente, pero que se
encuentra derogada al momento de resolver la presente investigación, y descrita en el artículo
cincuenta y cinco; por lo que se puede apreciar que la última norma citada no ha tenido cambio
sustantivo en relación al caso en comento, debido a que ambas normas establecen las mismas
causales atribuidas al investigado; en tal sentido se debe aplicar la norma vigente a la comisión de
los hechos investigados de conformidad con el principio de irretroactividad antes descrito; Cuarto:
Que esta irregularidad ha sido reconocida expresamente por el investigado en su escrito de
descargo obrante a fojas ciento veintiuno, conducta que realizó porque habían vencido en demasía
los plazos del proceso, además de encontrase distante la Jueza encargada del referido órgano
jurisdiccional por vacaciones judiciales; todo ello con la finalidad de impulsar el expediente, sin que
haya existido mala fe de su parte o pretendido beneficiar con su accionar a alguna de las partes
procesales; Quinto: El descargo esgrimido señala argumentos inconsistentes y débiles,
relacionados únicamente con la intencionalidad y efectos que se producen con el retardo en el
diligenciamiento y en general en la atención de los procesos penales, nada comparable a la
magnitud del efecto que produce la conducta desarrollada por el investigado ante la sociedad,
creando incertidumbre con su conducta irregular; y ante tal insubsistencia, el reconocimiento de su
falta grave. Asimismo, de lo actuado se desprende haber sido declarado rebelde mediante
resolución de fecha diez de octubre de dos mil seis, obrante a fojas ciento cincuenta y siete;
además, mediante resolución de fecha cuatro de abril de dos mil siete expedida en el cuaderno
cautelar, se declaró consentida la resolución que dictó en su contra medida cautelar de abstención
en el ejercicio del cargo; por lo que no existe soporte lógico ni legal alguno, sino para aceptar la
propuesta de la Oficina de Control de la Magistratura, irregularidad prevista en el inciso seis del
artículo doscientos uno del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
sancionada con el artículo doscientos once de la misma; Sexto: Cabe precisar, que a fojas ciento
cincuenta y tres obra el Registro de Medidas Disciplinarias del servidor investigado, en la cual se
aprecian tres apercibimientos por retardo en la tramitación de procesos la primera y las dos últimas
por negligencia también en la tramitación de procesos, lo que hace preveer que su accionar no ha
sido aislado en el presente caso; Sétimo: Que, las sanciones previstas en el citado texto legal se
graduarán en atención a la gravedad, trascendencia del hecho, antecedentes del infractor y la
afectación institucional; por ello, teniendo en cuenta que Ia conducta disfuncional deI investigado,
al haber contravenido los deberes y prohibiciones establecidas por ley, afecta gravemente la
imagen del Poder Judicial; por lo que corresponde imponerle Ia máxima sanción disciplinaria
contemplada en el artículo doscientos once de la mencionada norma; por tales fundamentos, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, de conformidad con el informe
del señor Consejero Enrique Rodas Ramírez, en sesión ordinaria de la fecha, por unanimidad;
RESUELVE: lmponer Ia medida disciplinaria de Destitución a don John Jony Lozano Galindo, por
su actuación como Secretario del Juzgado Mixto de Ayna, San Francisco, Corte Superior de
Justicia de Ayacucho.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
SS.
JAVIER VILLA STEIN
ANTONIO PAJARES PAREDES
SONIA TORRE MUÑOZ
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WALTER COTRINA MIÑANO
ENRIQUE RODAS RAMIREZ
Imponen medida disciplinaria de destitución a servidor por su actuación como Asistente de
la Corte Superior de Justicia de Huánuco
INVESTIGACION ODICMA Nº 215-2007-HUANUCO
Lima, veinte de julio de dos mil nueve.
VISTO: El expediente administrativo que contiene la Investigación número doscientos
quince guión dos mil siete guión Huánuco seguida contra el servidor Jorge Carlos Valerio Grados,
por su actuación como Asistente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco; por los fundamentos
de la resolución expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial con fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete, obrante de fojas ciento sesentitrés a
ciento sesentisiete; y CONSIDERANDO: Primero: En el informe presentado por el Asistente y
Secretario de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, obrante de fojas diecisiete, se da cuenta que con fecha nueve de marzo de dos mil seis
en circunstancias en que efectuaban la verificación del estado de los procesos inventariados en el
Juzgado Penal de Leoncio Prado, el Juez del referido órgano jurisdiccional, doctor Héctor
Huaranga, les hizo entrega del Expediente número dos mil guión noventa y uno seguido contra
Mauricia Rojas Primo y otro por delito de Lesiones Graves en agravio de Víctor Solís Flores, el cual
fue ubicado en el Archivo del Juzgado en circunstancias en que junto con su personal realizaban el
inventario de los expedientes por disposición superior. Acto seguido, el personal del Órgano
Distrital de Control procedió a realizar las indagaciones respectivas con el personal del juzgado,
quienes manifestaron que cuando se expidió la última providencia fechada el seis de noviembre de
dos mil uno, la cual señalaba vista de la causa para el siete de diciembre de ese año, aún no
laboraban; asimismo, verificaron que en Libro Toma Razón de la Mesa de Partes de la Segunda
Sala Penal Superior de Huánuco, que fue segunda instancia en el referido proceso penal, se
consignó lo siguiente: treintiuno de octubre de dos mil uno a Relatoría con Dictamen”; Segundo:
La Jefatura de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco mediante resolución obrante de fojas veintidós, dispuso abrir procedimiento disciplinario
contra el servidor judicial Jorge Carlos Valerio Grados, en su actuación de Asistente del entonces
Vocal Superior doctor Esteban Zafra Guerra en mérito a que en el proceso penal signado como
Expediente número dos mil guión noventa y uno, fue asignado al doctor Esteban Zafra Guerra en
su condición de Vocal ponente, y que su asistente judicial fue el servidor Jorge Carlos Valerio
Grados, quien pasó luego a laborar al Juzgado Penal de Leoncio Prado, por lo que sería la
persona que trasladó el referido expediente hasta dicho lugar; Tercero: Que, a manera de
introducción y a efectos de establecer la norma aplicable se debe precisar que el ordenamiento
jurídico nacional ha establecido dos supuestos que rigen la potestad sancionadora de la
administración y, que operan a favor del administrado, en cuanto a la dimensión temporal de las
normas. Los supuestos son los siguientes: i) El principio de irretroactividad, el cual garantiza que la
atribución de la potestad sancionadora sólo será válida para la aplicación de disposiciones de
tipificación de ilícitos y previsora de sanciones cuando hayan entrado en vigencia con anterioridad
al hecho y estén vigentes al momento de su calificación por la autoridad; y, ii) La aplicación de las
normas sancionadoras posteriores a la comisión del ilícito que benefician al administrado, esto es
retroactividad de la norma; tipificado en el artículo doscientos treinta, inciso cinco, de la Ley del
Procedimiento Administrativo General que establece “Son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar,
salvo que las posteriores le sean favorables”; Cuarto: Con fecha siete de mayo de dos mil nueve
entró en vigencia la Ley Nº 29277 - Ley de la Carrera Judicial, donde en su disposición
complementaria derogatoria establece derogar varios artículos del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, entre ellos los artículos doscientos uno y doscientos once, normas que
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fueron invocadas en la recurrida por estar vigentes al momento de su expedición; no obstante ello,
al encontrarse derogados a la fecha, los supuestos ahí contenidos están descritos en los artículos
cuarenta y ocho, inciso doce, y cincuenta y cinco de la mencionada Ley de la Carrera Judicial; por
lo que se puede apreciar que las últimas normas citadas no han tenido cambio sustantivo en
relación al caso en referencia; en tal sentido, corresponde aplicar la norma vigente a la fecha de
comisión de los hechos investigados, de conformidad con el principio de irretroactividad antes
descrito; Quinto: A fojas ciento sesenta y tres, el Órgano de Control de la Magistratura propone a
éste Órgano de Gobierno que imponga la medida disciplinaria de destitución al servidor Jorge
Carlos Valerio Grados por su actuación como Asistente de Vocal de la Segunda Sala Penal de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco; Sexto: Que no obstante estar debidamente notificado, el
servidor investigado no cumplió con efectuar el descargo respectivo, motivo por el cual fue
declarado rebelde mediante resolución de treinta y nueve; disponiéndose recibir su declaración
conforme al pliego interrogatorio de fojas ochenta y uno; siendo así que en su declaración obrante
de fojas ciento setenta y siete menciona no recordar haber sido asistente del doctor Zafra Guerra;
así como que haya estado a cargo de la redacción de los votos del aludido expediente; refiriendo
además no ser la primera vez que personal de la Sala Penal remite en forma involuntaria
expedientes por equivocación a dicho juzgado, lo que aparentemente ha sucedido; Sétimo: No
obstante lo expuesto por el servidor investigado, de autos aparece que se desempeñó como
asistente del doctor Esteban Zafra Guerra, Vocal de la Segunda Sala Penal de Huánuco, conforme
al oficio obrante a fojas veintiuno, emitido por la Oficina de Administración de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco; y laboró en el período comprendido del uno de agosto de dos mil uno al uno
de abril de dos mil dos, según se desprende de los documentos obrantes de fojas noventa y dos a
noventa y cuatro; asimismo, se encargaba de redactar los proyectos de resolución que elaboraba
el doctor Esteban Zafra Guerra, entre otros, del Expediente número dos mil guión noventa y uno;
desprendiéndose que elaboró la ponencia de segunda instancia que se encontró en hoja suelta en
el referido expediente; para luego ser rotado al Juzgado Penal de Leoncio Prado del dos de abril
de dos mil dos al veinticinco de noviembre de dos mil tres, según memorándum emitido por la
Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Huánuco; Octavo: Que, si bien el
servidor Valerio Grados señaló en su escrito obrante a fojas ciento setenta y siete a ciento setenta
y ocho, que devolvió el expediente a Relatoría, este hecho no se encuentra probado en autos;
Noveno: En tal sentido, de lo actuado en la presente investigación, se concluye que dicho servidor
trasladó indebidamente el expediente de la Segunda Sala Penal de Huánuco al Juzgado Penal de
Leoncio Prado, retardando la administración de justicia, pues se encontró paralizado desde el siete
de noviembre de dos mil uno hasta (fecha de la ponencia) hasta el nueve de marzo de dos mil seis
( fecha en que es encontrado), incurriendo en infracción a sus deberes y en notoria conducta
irregular previsto en los incisos uno y seis del artículo doscientos uno del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, resultando de aplicación la medida disciplinaria de destitución;
por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en uso de sus atribuciones, de
conformidad con el informe emitido por el señor Consejero Antonio Pajares Paredes, en sesión
ordinaria de la fecha por unanimidad; RESUELVE: Imponer la medida disciplinaria de Destitución
al servidor Jorge Carlos Valerio Grados, por su actuación como Asistente de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
SS.
JAVIER VILLA STEIN
ANTONIO PAJARES PAREDES
SONIA TORRE MUÑOZ
WALTER COTRINA MIÑANO
ENRIQUE RODAS RAMIREZ
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Imponen medida disciplinaria de destitución a Juez de Paz de Segunda Nominación de la
provincia de Junín, Corte Superior de Justicia de Junín
INVESTIGACION ODICMA Nº 305-2008-JUNIN
Lima, veinte de julio del dos mil nueve.
VISTO: El expediente administrativo que contiene la Investigación número trescientos
cinco guión dos mil ocho guión Junín, conteniendo la propuesta de destitución formulada por la
Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial contra Joel Navarro
Astuvilca, por su actuación como Juez de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de Junín,
Distrito Judicial de Junín, obrante de fojas ciento noventicinco a doscientos; y CONSIDERANDO:
Primero: A mérito de la publicación periodística del Diario El Correo, obrante a fojas uno, la Oficina
Distrital de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Junín mediante resolución
número uno, su fecha veinticinco de julio de dos mil siete, obrante de fojas treintidós y treintitrés,
dispuso abrir procedimiento disciplinario contra don Joel Navarro Astuvilca por su actuación como
Juez de Paz de Segunda Nominación de la Provincia de Junín, por el cargo de notoria conducta
irregular, al conceder libertad a un procesado a través de una solicitud de hábeas corpus, cuando
no era de su competencia resolver dicha acción de garantía; Segundo: Que, a manera de
introducción y a efectos de establecer la norma aplicable se debe precisar que el ordenamiento
nacional ha establecido dos supuestos que rigen la potestad sancionadora de la administración y
que operan a favor del administrado, en cuanto a la dimensión temporal de las normas. Los
supuestos son los siguientes: i) El principio de irretroactividad, el cual garantiza que la atribución
de la potestad sancionadora sólo será válida para la aplicación de disposiciones de tipificación de
ilícitos y previsora de sanciones cuando hayan entrado en vigencia con anterioridad al hecho y
estén vigentes al momento de su calificación por la autoridad; y, ii) La aplicación de las normas
sancionadoras posteriores a la comisión del ilícito que benefician al administrado, esto es
retroactividad de la norma, tipificado en el artículo doscientos treinta, inciso cinco, de la Ley del
Procedimiento Administrativo General que establece “Son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar,
salvo que las posteriores le sean favorables”; Tercero: Con fecha siete de mayo de dos mil nueve
entró en vigencia la Ley Nº 29277 - Ley de la Carrera Judicial, donde en su disposición
complementaria derogatoria establece derogar varios artículos del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, entre ellos los artículos ciento ochenta y cuatro, doscientos uno y
doscientos once, normas que están invocadas en la resolución materia de pronunciamiento por
estar vigentes al momento de su expedición; no obstante ello, se encuentran derogadas a la fecha
y los supuestos ahí contenidos están descritos en los artículos cuarenta y seis, inciso cuatro,
cuarenta y ocho, inciso nueve, y cincuenta y cinco de la Ley de la Carrera Judicial; por lo que se
puede apreciar que de las últimas normas citadas no han tenido cambio sustantivo en relación al
caso en comento, debido a que se establecen las mismas causales atribuidas al investigado; en tal
sentido, corresponde aplicar la norma vigente a la comisión de los hechos investigados, de
conformidad con el principio de irretroactividad antes descrito; Cuarto: Que, de lo actuado en el
presente procedimiento administrativo disciplinario, se advierte los siguientes elementos
probatorios de cargo: i) El escrito de demanda de hábeas corpus de fojas trece a fojas catorce,
interpuesta por el señor Oswaldo Teófilo Canorio Astete, donde argumenta que la Policía Nacional
había detenido a su hermano Enrique Dalmiro Canorio Astete sin que exista orden de detención: ii)
El acta de constatación de detención del procesado Enrique Dalmiro Canorio Astete de fojas
quince, suscrita por el investigado (cuyos nombre correcto es Joel Nilton Navarro Astuvilca según
copia del Documento Nacional de Identidad de fojas veinticinco), en el cual se aprecia que el
efectivo policial Javier Clemente Oré mostró al investigado el original del Oficio número quinientos
treinta y ocho guión dos mil siete guión JMJ guión PJ, mediante el cual se había ordenado la
detención del citado procesado; iii) El aludido oficio que obra a fojas ciento treinta, con el cual el
Juez del Juzgado Mixto de Junín ordenó la captura del procesado y su traslado al Centro
Penitenciario de la Asunción - Oroya, para los fines de la Instrucción número cero cincuenta y
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cuatro guión dos mil siete, que se le seguía por el delito de omisión a la asistencia familiar; iv) La
resolución y el oficio dirigido al Comisario de la Policía Nacional de Junín, obrantes a fojas
diecisiete y dieciséis, respectivamente, mediante los cuales el investigado ordenó la libertad del
procesado; v) La publicación periodística de fojas uno, donde se informa que el Juez de Paz había
ordenado liberar al procesado, ex alcalde de Junín; y, vi) La declaración del investigado obrante de
fojas veintiséis a veintinueve, donde admite lo siguiente: a) Que es egresado del Programa de
Contabilidad de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco y trabaja como digitador
en el Hospital de Apoyo de Junín; b) Que, su sobrina Miriam Córdova Navarro era estudiante del
Programa de Derecho y se desempeñaba como secretaria en el juzgado que despachaba; c) Que,
el siete de julio de dos mil siete, al presentarse la demanda de hábeas corpus, el mismo accionante
le indicó que debía asesorarse por su abogado Jesús Machahuay, entonces ambos se dirigieron a
la oficina del abogado y éste le dijo que proceda a constatar la detención, por lo que se constituyó
a la delegación policial donde elaboró dicha acta y en ese momento el referido policía le mostró el
original del oficio con el cual se había ordenado la detención del procesado; y, d) Que luego de
esta constatación se dirigió nuevamente a la oficina del abogado donde éste con su propia
máquina de escribir redactó el oficio con el cual el Juez de Paz investigado ordenó la inmediata
libertad del procesado, asimismo le dictó su correspondiente resolución; Quinto: Se advierte de la
debida compulsa probatoria acopiada en autos convicción de la responsabilidad funcional del
investigado por el cargo que se le atribuye, esto es, el haberse avocado a un proceso que no era
de su competencia, disponiendo la libertad del detenido, permitiendo para ello que el abogado
Jesús Machahuay redacte la resolución y oficio en referencia, con pleno conocimiento que era
abogado del accionante del hábeas corpus; Sexto: Que, la responsabilidad disciplinaria del
investigado se encuentra contemplada en el artículo doscientos uno, incisos uno y seis, del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Sétimo: Que, las sanciones previstas en el
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial se graduarán en atención a la
gravedad, trascendencia del hecho, antecedentes del infractor y la afectación institucional; por ello,
al haberse acreditado que la conducta disfuncional atribuida al investigado afecta gravemente la
imagen del Poder Judicial, se subsume en los supuestos de hecho contemplados para la
imposición de la medida disciplinaria de destitución, prevista en el artículo doscientos once del
citado texto legal; por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el informe del señor Consejero
Walter Cotrina Miñano, por unanimidad; RESUELVE: Imponer la medida disciplinaria de
Destitución a don Joel Nilton Navarro Astuvilca, por su actuación como Juez de Paz de Segunda
Nominación de la Provincia de Junín, Corte Superior de Justicia de Junín.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
SS.
JAVIER VILLA STEIN
ANTONIO PAJARES PAREDES
SONIA TORRE MUÑOZ
WALTER COTRINA MIÑANO
ENRIQUE RODAS RAMIREZ
Imponen medida disciplinaria de destitución a servidor por su actuación como Técnico
Judicial del Segundo Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Huaraz, Corte Superior de
Justicia de Ancash
Lima, veinte de julio de dos mil nueve.
QUEJA ODICMA Nº 1045-2008-ANCASH
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VISTO: El expediente que contiene la Queja ODICMA número mil cuarenta y cinco guión
dos mil ocho guión Ancash seguida contra Pedro Severiano Castillo León, por su actuación como
Técnico Judicial del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huaraz, Corte Superior de Justicia de
Ancash; por los fundamentos de la propuesta de destitución formulada por la Jefatura de la Oficina
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, mediante resolución obrante de fojas trescientos
catorce a trescientos veintidós; oído el informe oral, y; CONSIDERANDO: Primero: Don Héctor
Arquinigo Jimenes interpone queja contra el servidor Pedro Severiano Castillo León atribuyéndole
haber solicitado la suma de cinco mil nuevos soles, con el fin de variar el mandato de detención por
el de comparencia a favor de su hermano Feliciano Augusto Arquinigo Jimenes, quien se
encontraba procesado ante el Juzgado Penal de Huari por delito contra la libertad en la modalidad
de violación de sexual de menor; ante lo cual la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de la
Corte Superior de Justicia de Ancash abre investigación por el cargo de haber incurrido en grave
conducta irregular que menoscaba el decoro y respetabilidad del cargo, previsto en el inciso seis
del articulo doscientos uno del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
Segundo: Que, a manera de introducción y a efectos de establecer la norma aplicable, se debe
precisar que el ordenamiento nacional ha establecido dos supuestos que rigen la potestad
sancionadora de la administración y, que operan a favor del administrado, en cuanto a la
dimensión temporal de las normas. Los supuestos son los siguientes: i) El principio de
irretroactividad, que garantiza que la atribución de la potestad sancionadora sólo será válida para
la aplicación de disposiciones de tipificación de ilícitos y previsora de sanciones, cuando hayan
entrado en vigencia con anterioridad al hecho y estén vigentes al momento de su calificación por la
autoridad; y, ii) La aplicación de las normas sancionadoras posteriores a la comisión del ilícito que
benefician al administrado, esto es retroactividad de la norma; tipificado en el artículo doscientos
treinta, inciso cinco, de la Ley del Procedimiento Administrativo General que establece “Son
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean favorables”; Tercero: Con fecha siete de
mayo de dos mil nueve entró en vigencia la Ley Nº 29277 - Ley de la Carrera Judicial -, donde en
su disposición complementaria derogatoria establece derogar varios artículos del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial entre ellos los artículos doscientos uno y
doscientos once, norma invocada en la resolución materia de pronunciamiento al estar vigente,
pero que se encuentra derogada al momento de resolver la presente queja, y descritas en los
artículos cuarenta y ocho y cincuenta y cinco; por lo que se puede apreciar que la última norma
citada no ha tenido cambio sustantivo en relación al caso en comento; en tal sentido, se debe
aplicar la norma vigente a la comisión de los hechos investigados de conformidad con el principio
de irretroactividad antes descrito; Cuarto: El servidor investigado en su descargo obrante de fojas
ciento sesenta y ocho a ciento sesenta y nueve sostiene que los depósitos de dinero que realizó el
quejoso Héctor Arquinigo Jimenes eran parte de pago de un contrato de servicios que debería
brindar el grupo musical “Chinchayhuasi - Huaraz”, el cual es dirigido por él; que no tienen nada
que ver con la liberación del procesado Feliciano Augusto Arquinigo Jimenes, y como no se
concretó los servicios ofrecidos, se procedió a la devolución del dinero adelantado sin que el
quejoso devolviera el referido contrato que suscribieron; Quinto: En la declaración referencial de
Héctor Arguinigo Jimenes, obrante de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y tres, éste señala que sí
realizó un contrato verbal con el servidor quejado para que defendiera a su hermano y que nunca
le ha dado recibo, solamente le dio un boucher para que le deposite el dinero; asimismo, afirma
que nunca ha celebrado contrato musical con el quejoso y que desconocía que el auxiliar
jurisdiccional tenía un grupo musical; Sexto: El servidor quejado afirma que es una venganza del
quejoso, que nunca firmó el documento de transacción extrajudicial; que los depósitos que le
hicieron eran por el pago de servicios de su orquesta; sin embargo, no presenta ningún tipo de
documento con el que se pueda corroborar su versión de que el contrato que suscribió con el
quejoso era porque iba a prestar un servicio con su grupo musical; tal como lo establece el artículo
ciento sesenta y dos punto dos de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual señala:
“corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e
informes ...”; asimismo, tampoco mostró la boleta de pago donde conste que el dinero que recibió
era por dicho servicio, o el libro de ingresos que debe llevar toda persona que presta servicios
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profesionales con el fin de no evadir impuestos, por lo que se evidencia que el quejado no presenta
ninguna prueba que desvirtúe las acusaciones que se le atribuyen; Sétimo: Que a fojas doscientos
dieciséis y doscientos cuarenta y seis, obra el documento expedido por el Instituto Nacional
Penitenciario de Huaraz, donde consta que con fecha veinticuatro de setiembre de dos mil seis, el
auxiliar quejado fue a visitar al hermano del quejoso al Establecimiento Penal de Huaraz en
compañía de Calixto Arquinigo Jimenes; que en la hoja de visitas al centro penitenciario se aprecia
el nombre del citado trabajador judicial, seguido por el nombre del hermano del procesado, así
como el número del documento de identidad de ambas personas, corroboradas con la hoja de
consulta expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Asimismo, en su
declaración que obra a fojas treinta y cinco, cuando se le pregunta si conoce a Víctor Calixto
Arquinigo Jimenes, da como respuesta que no; sin embargo, en el documento que remite el
Instituto Penitenciario de Huaraz, en donde consta el nombre de las personas que ingresan al
penal, identificadas con su documento de identidad y el nombre del interno al que van a visitar,
consignando su nombre en el libro de ingresos al penal seguido del nombre del hermano del
procesado Calixto Arquinigo Jimenes; además, en su ampliación de declaración obrante a fojas
doscientos treinta, vuelve a negar que visitó al interno Feliciano Arquinigo Jimenes en el penal en
compañía de Calixto Arquinigo Jimenes, así como no proporciona una respuesta coherente cuando
se le interroga sobre la presencia de su nombre en el Libro de Visitas al penal; con lo cual se crea
certeza que el servidor quejado ha incurrido en infracción a sus deberes funcionales, y que con el
fin de evadir su responsabilidad niega los hechos atribuidos en su contra; no obstante ello, está
acreditado que Castillo León fue a visitar al referido interno al penal, así como que recibió dinero
indebidamente como se prueba con los bouchers del Banco de la Nación, los cuales contienen el
número de su cuenta de ahorros, obrante a fojas dos; Octavo: De lo expuesto precedentemente se
evidencia la concurrencia de elementos de juicio suficientes, los cuales acreditan la comisión de
grave conducta disfuncional del servidor investigado, en su condición de Técnico Judicial del
Segundo Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Huaraz, Corte Superior de Justicia de
Ancash; al haber infringido sus deberes, realizando cobros indebidos, habiendo incurrido así en
conducta que menoscaba el decoro y respetabilidad del cargo, coligiéndose ser procedente la
aplicación de la medida disciplinaria de destitución propuesta por la Jefatura de la Oficina de
Control de Ia Magistratura, conforme lo estipulado en el artículo doscientos once del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Noveno: Cabe precisar evidenciarse de los
actuados, plena tutela del derecho a la defensa del quejado, habiéndose corrido traslado de todos
los actos procesales; por tales consideraciones, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de
sus atribuciones, en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el informe obrante de fojas
trescientos cuarenta y tres a trescientos cuarenta y seis, por unanimidad; RESUELVE: Imponer la
medida disciplinaria de Destitución al servidor Pedro Severiano Castillo León, por su actuación
como Técnico Judicial del Segundo Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Huaraz, Corte
Superior de Justicia de Ancash.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
SS.
JAVIER VILLA STEIN
ANTONIO PAJARES PAREDES
SONIA TORRE MUÑOZ
WALTER COTRINA MIÑANO
ENRIQUE RODAS RAMIREZ
Imponen medida disciplinaria de destitución a Especialista Legal del Segundo Juzgado de
Paz Letrado de Ventanilla, Corte Superior de Justicia del Callao
VISITA ODICMA Nº 056-2008-CALLAO
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Lima, veinte de julio de dos mil nueve.-
VISTA: La Visita ODICMA número cincuenta y seis guión dos mil ocho guión Callao
seguida contra Nancy Niño de Guzmán Bedregal, por su actuación como especialista legal del
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ventanilla, Corte Superior de Justicia del Callao, a mérito de
la propuesta de destitución formulada por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial mediante la resolución número treinta y cuatro de fecha uno de setiembre de dos mil
ocho, obrante de fojas trescientos diez a trescientos veintidós; y, CONSIDERANDO: Primero:
Analizada la propuesta de destitución formulada por la Jefatura de la Oficina de Control de la
Magistratura contra la servidora Nancy Niño de Guzmán Bedregal, por su actuación como
especialista legal del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ventanilla de la Corte Superior de
Justicia del Callao, se aprecia atribuírsele como conducta disfuncional haberse constatado la
existencia de ciento dieciocho escritos y veinte exhortos pendientes de dar cuenta; así como
dieciséis demandas calificadas pendientes de proyectar autoadmisorios, inadmisibilidad o
improcedencia, y cuarenta y seis expedientes judiciales paralizados; además de desorden y poca
organización en la Secretaría a su cargo; Segundo: Que, a manera de introducción y a efectos de
establecer la norma aplicable, se debe precisar en este extremo que el ordenamiento nacional ha
establecido dos supuestos que rigen la potestad sancionadora de la administración y, que operan a
favor del administrado, en cuanto a la dimensión temporal de las normas. Los supuestos son los
siguientes: i) El principio de irretroactividad, que garantiza que la atribución de la potestad
sancionadora sólo será válida para la aplicación de disposiciones de tipificación de ilícitos y
previsora de sanciones, cuando hayan entrado en vigencia con anterioridad al hecho y estén
vigentes al momento de su calificación por la autoridad; y, ii) La aplicación de las normas
sancionadoras posteriores a la comisión del ilícito que benefician al administrado, esto es la
retroactividad de la norma; tipificado en el artículo doscientos treinta, inciso cinco, de la Ley del
Procedimiento Administrativo General que establece “Son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar,
salvo que las posteriores le sean favorables”; Tercero: Con fecha siete de mayo de dos mil nueve
entró en vigencia la Ley Nº 29277 - Ley de Carrera Judicial -, donde en su disposición
complementaria derogatoria establece derogar varios artículos del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial entre ellos los artículos doscientos uno y doscientos once; normas que
fueron invocadas en la resolución materia de pronunciamiento por estar vigente, pero que se
encuentra derogada al momento de resolver los presentes actuados, y descritas en el artículo
cincuenta y cinco; por lo que se puede apreciar que de la última norma citada no ha tenido cambio
sustantivo en relación al caso en comento, debido a que en dichas normas establecen las mismas
causales atribuidas a la investigada; en tal sentido se debe aplicar la norma vigente a la comisión
de los hechos investigados de conformidad con el principio de irretroactividad antes descrito;
Cuarto: Que los hechos atribuidos a la investigada tácitamente los ha reconocido puesto que no
los ha contradicho, además los argumentos esgrimidos por la misma no la exime de
responsabilidad, por cuanto si bien la paralización de los procesos judiciales y no dar cuenta al juez
de la causa de los otros procesos -detallados del segundo al quinto considerando de la propuesta
de destitución-, se vino produciendo a partir del año dos mil cinco y dos mil seis; desde que asumió
el cargo de secretaria del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ventanilla hasta la fecha en que se
produjo la visita judicial practicada por el Órgano de Control, efectuada el trece de abril de dos mil
siete, había transcurrido más de cinco meses, tiempo en el que los mantuvo en el estado materia
de cuestionamiento; Quinto: Que, está probado que la servidora investigada es la responsable de
las conductas disfuncionales, pues se cuenta con las siguientes pruebas de cargo: i) El Oficio Nº
016-2007-2ºJPLV de fecha veintiocho de marzo de dos mil ocho, obrante de fojas diecinueve a
veinte suscrito por el doctor Ganvini Asencios, Juez del Juzgado de Paz Letrado de Ventanilla,
mediante el cual comunica a la Presidencia de la Corte Superior, las deficiencias por parte de la
investigada en el desempeño de su cargo, como retardo de los escritos, ingreso a despacho de
uno a dos expedientes por día; ii) La Visita Judicial Extraordinaria realizada el día trece de abril de
dos mil siete por la doctora Gladys llizarbe Albites, Magistrada de Primera Instancia de la Comisión
Distrital de Control de la Magistratura, obrante de folios treinta y seis a cuarenta y tres; iii) Que los
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numerales cinco, ocho y once del artículo doscientos sesenta y seis del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial prescriben que son obligaciones y atribuciones genéricas de los
Secretarios de Juzgados: “( ....) 5) dar cuenta al juez de los recursos y escritos a más tardar dentro
del día siguiente de su reopción bajo responsabilidad (....) 8) vigilar que se notifique la resolución al
día siguiente de su expedición, salvo el caso de sentencia en que la notificación se debe hacer
dentro de dos días de dictada (...) 11) vigilar la conservación de los expedientes y los documentos
que giran a su cargo siendo responsable por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio
del personal jurisdiccional”; Sexto: Asimismo, dicha conducta disfuncional se agrava, puesto que
con posterioridad a la indicada visita, la servidora investigada continuaba incumpliendo con sus
deberes y teniendo en desorden su Secretaría, tal como se aprecia del Oficio Nº 38-2007-2ºJPLV
obrante a fojas ciento noventa y cuatro, y de las Actas de Verificación realizada por la Comisión
Distrital de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia del Callao, obrantes de fojas
ciento setenta y tres a ciento setenta y cuatro, de fojas doscientos nueve a doscientos quince y de
fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos cuarenta y ocho; Sétimo: Que, las sanciones
previstas en el citado texto legal se graduarán en atención a la gravedad, trascendencia del hecho,
antecedentes del infractor y la afectación institucional; por ello, teniendo en cuenta que Ia conducta
disfuncional de Ia investigada, al haber contravenido los deberes y prohibiciones establecidas por
ley, afecta gravemente la imagen del Poder Judicial; por lo que corresponde imponerle Ia máxima
sanción disciplinaria contemplada en el artículo doscientos once de la mencionada norma; por tales
fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, de conformidad
con el informe del señor Consejero Walter Cotrina Miñano, en sesión ordinaria de la fecha, por
unanimidad; RESUELVE: Imponer la medida disciplinaria de Destitución a Nancy Niño de
Guzmán Bedregal, por su actuación como especialista legal del Segundo Juzgado de Paz Letrado
de Ventanilla, Corte Superior de Justicia del Callao.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
SS.
JAVIER VILLA STEIN
ANTONIO PAJARES PAREDES
SONIA TORRE MUÑOZ
WALTER COTRINA MIÑANO
ENRIQUE RODAS RAMIREZ
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
Autorizan al Banco Interamericano de Finanzas la apertura de agencias en Lima y Callao
Lima, 27 de noviembre de 2009
RESOLUCION SBS Nº 15240-2009
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Interamericano de Finanzas para que esta
Superintendencia autorice la apertura de dos agencias de acuerdo con el detalle descrito en la
parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
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Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la documentación pertinente que
justifica la apertura de las citadas agencias;
Estando a lo informado por el Departamento de Supervisión Bancaria “B”, mediante los
Informes Nºs. 180-2009-DSB “B” y 181-2009-DSB “B”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nº 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y la Resolución SBS Nº 775-2008; y, en uso de la facultad delegada mediante
Resoluciones SBS Nºs. 1096-2005 y 15189-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Interamericano de Finanzas la apertura de dos
agencias ubicadas en: Av. San Luis 2149, 2155, distrito de San Borja, provincia y departamento de
Lima; y Av. Faucett 365, 375 esquina Calle Agua Santa, distrito y provincia del Callao, Provincia
Constitucional del Callao. .
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DEMETRIO CASTRO ZARATE
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas (a.i.)
Autorizan al Banco Internacional del Perú - Interbank la apertura de oficinas y traslado de
agencia en el departamento de Lima
Lima, 30 de noviembre de 2009
RESOLUCION SBS Nº 15273-2009
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Internacional del Perú - Interbank para que se le
autorice la apertura de dos oficinas y traslado de una agencia ubicadas según se indica en la parte
resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, el referido Banco ha presentado la documentación pertinente que sustenta el pedido
formulado;
Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión Bancaria “D”; y,
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 y 32 de la Ley Nº 26702 - Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros y la Resolución Nº 775-2008; y, en uso de las facultades delegadas mediante la
Resolución SBS Nº 1096-2005;
RESUELVE:
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Artículo Primero.- Autorizar al Banco Internacional del Perú - Interbank la apertura de dos
oficinas, según se indica:
1. Agencia-Tienda Centura, sito en: Av. Rivera Navarrete Nº 501, piso 21, Edificio Capital,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.
2. Oficina Especial Temporal Interbank Asia, sito en: Centro Comercial Boulevard Sur
Plaza, altura del kilómetro 97.5 de la carretera Panamericana Sur, distrito de Asia, provincia de
Cañete y departamento de Lima.
Artículo Segundo.- Autorizar al Banco Internacional del Perú - Interbank el traslado de
una agencia, según se indica:
3. Tienda Basadre, de su actual ubicación sito en: Av. Jorge Basadre Grohman Nº 395 a
Av. Jorge Basadre Grohman Nº 312-316, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas
Actualización del monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos
correspondiente al trimestre diciembre 2009 - febrero 2010
Lima, 4 de diciembre de 2009
CIRCULAR Nº B - 2183 - 2009
F - 523 - 2009
CM - 370 - 2009
CR - 239 - 2009
-------------------------------------------
Ref.: Actualización del monto
máximo de cobertura del
Fondo de Seguro de Depósitos
correspondiente al trimestre
diciembre 2009 - febrero 2010
-------------------------------------------
Señor
Gerente General:
CIRCULAR Nº B-2183-2009
Sírvase tomar nota que en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo
349 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, así como de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 18 de dicha Ley General, esta Superintendencia dispone la
actualización trimestral, correspondiente al período diciembre 2009 - febrero 2010, del monto
máximo de cobertura que reconoce el Fondo de Seguro de Depósitos, señalado en el artículo 153
de la mencionada Ley General, disponiéndose su publicación en virtud de lo señalado en el
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.
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En tal sentido, el monto máximo de cobertura que reconoce el Fondo de Seguro de
Depósitos durante el período diciembre 2009 - febrero 2010 se indica a continuación:
COBERTURA DEL FONDO DICIEMBRE 2009 - FEBRERO 2010
DE SEGURO DE DEPOSITOS (*)
Monto en Nuevos Soles 82,073
(*) Actualización para el trimestre diciembre 2009 - febrero 2010 en base a la
Variación IPM diciembre 1998 - noviembre 2009: 1,32375310
Atentamente,
(a.i.)
JAVIER POGGI CAMPODÓNICO
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Declaran de interés regional la protección y conservación ambiental de los Rodales de
Quenuales en la Región Ancash
ORDENANZA REGIONAL Nº 026-2009-REGION ANCASH-CR.
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash, ha aprobado la siguiente
Ordenanza Regional;
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho público con autonomía política, económica y administrativa, teniendo por misión organizar
y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para la contribución al desarrollo
integral y sostenible de la Región, sus normas y disposiciones se rigen por los principios de
exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa;
Que, el artículo 192 inciso 7) de la Constitución Política del Perú, reconoce como
competencia del Gobierno Regional el de promover y regular actividades y/o servicios en materia
de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, turismo, energía, minería, comunicaciones,
educación, salud y medio ambiente, concordante con el artículo 2 inciso 22) que prescribe como
derecho de toda persona a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así
como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, más aun el
Protocolo de San Salvador, que en el artículo 11 dispone: “que toda persona tiene derecho a vivir
en un ambiente sano, a contar con servicios básicos, y que los estados promoverán la protección,
preservación y mejoramiento del medio ambiente” concordante con lo dispuesto en los artículos 67,
68 y 69 º de la norma Constitucional;
Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y su
modificatoria Ley Nº 27902, tiene por principios rectores de las políticas y la gestión regional, que
es de sostenibilidad que busca el equilibrio intergeneracional en el uso de los recursos naturales
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para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la
biodiversidad;
Que, la Política Ambiental Nacional, constituye el conjunto de lineamientos, objetivos,
estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tienen como propósito
definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional y local, del sector
privado y la sociedad civil en materia ambiental. Está formulada a partir de los lineamientos de
Estado sobre Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental y los establecidos en la Ley General del
Ambiente; y la consideración de la situación ambiental del país, en tal sentido, la competencia del
Estado en materia ambiental tiene carácter compartido, y es ejercida por las Autoridades del
Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales;
Que, los Gobiernos Regionales son las Autoridades Ambientales Regionales, y sus
funciones y atribuciones ambientales son las asignadas por la Constitución y su Ley Orgánica, en
el marco del proceso de descentralización, como lo demuestra el artículo 53 de la Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales, como función en materia ambiental y de ordenamiento territorial;
Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, dentro de sus objetivos a
nivel ambiental, en el artículo 6 dispone enfoques de la sostenibilidad del desarrollo, gestión
sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental; coordinación y
concentración interinstitucional y participación ciudadana en todo los niveles del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental y en el marco de los Lineamientos de Política Ambiental Nacional
establecidos en el D.S. Nº 022-2001-PCM;
Que, la Ley Nº 26839, sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica, implica conservar la diversidad de los ecosistemas, especies y genes, así como
mantener los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las
especies;
Que, siendo los rodales de polylepis, unos ecosistemas complejos y refugio en la
conservación de especies de flora y fauna que todavía no ha sido descubierto por la ciencia y que
es un laboratorio para los investigadores en la preservación de las especies. Científicos peruanos
anunciaron el descubrimiento de cuatro especies, tres nuevas y una potencialmente nueva para la
ciencia, en los bosques de Polylepis (Queñuales) en la Región de Ancash del Perú. Las especies,
un ratón, Akodon sp., una planta de los Andes, Senecio sanmarcosensis y dos escarabajos
(Eriopis canrash y Cycloneda andresii), que fueron descubiertas por científicos peruanos en una
serie de expediciones conducidas entre el 2005 hasta el 2008, promovida por la Asociación
Ancash. Por lo que su Protección y Conservación Ambiental debe ser de interés regional;
En uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias Leyes Nºs. 27902, 28961, 28968 y 29053; y, de conformidad con el
Dictamen Nº 003-2009-GRA/CR/CRNGMA, de la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente del Consejo Regional; y, estando a lo acordado por mayoría en la sesión ordinaria
llevada a cabo el día quince de octubre del año dos mil nueve;
ORDENA:
Artículo Primero.- Declárese de interés regional la protección y conservación ambiental de
los Rodales de Quenuales (Polylepis) en la Región Ancash.
Artículo Segundo.- Disponer que el ejecutivo del Gobierno Regional, a través de la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, quien en uso de sus
facultades y competencias haga posible la suspensión de toda actividad que afecte el área de
Rodales de Quenuales (polylepis) en la Región Ancash.
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Artículo Tercero.- La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Ancash para su promulgación.
Huaraz, a los veintiocho días del mes de octubre de 2009.
JULIO R. LUCIO OLANO
Presidente
Consejo Regional de Ancash
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la casa del Gobierno Regional de Ancash a los cinco días del mes de noviembre
de 2009.
CESAR J. ALVAREZ AGUILAR
Presidente
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Aprueban modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección
Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali
ORDENANZA REGIONAL Nº 016-2009-GRU-CR.
EL CONSEJO REGIONAL DE UCAYALI
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Ucayali, de conformidad con lo previsto en los Artículos 191 y 192
de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 27680, Ley de Reforma
Constitucional, Capítulo XIV, Título IV sobre Descentralización, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Leyes
Nº 27902, Nº 28961, Nº 28968, Nº 29053 y demás normas complementarias, en Sesión Ordinaria
de fecha 25 de Noviembre del 2009, y ;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, prescribe que los Gobiernos
Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, el Consejo Regional de Ucayali, tiene las atribuciones de normar la organización
interna del Gobierno Regional a través de las Ordenanzas Regionales, en concordancia con el
inciso a) del Artículo 15 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que faculta
aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos, materia de
competencia y funciones del Gobierno Regional, concordante con el Artículo 38 de la misma norma
legal, que establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general en la
organización y administración del Gobierno Regional.
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Que, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 35, literal c) de la Ley Nº 27783, Ley de
Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su
organización interna y presupuesto institucional; asimismo es atribución del Consejo Regional
aprobar los documentos de gestión, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de
Organización y Funciones (MOF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de las
instituciones públicas del Gobierno Regional, en concordancia con el artículo 38 de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, establece que la ordenanzas regionales norman asuntos de carácter
general en la organización y administración del Gobierno Regional.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2007-AG, publicado en el diario Oficial “El
Peruano” con fecha 22 de febrero de 2007, se Aprueba la transferencia de Funciones del INRENA
a los Gobiernos Regionales quienes suscriben el acta de entrega y recepción. Así mismo dicha
norma legal, modifica el Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre y en su Artículo 2
establece que los Gobiernos Regionales que suscriben el acta de entrega y recepción, deberán
adecuar sus instrumentos institucionales y de gestión a fin de ejercer las funciones específicas del
literal “e” y “q” de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
Que, el Artículo 38 aprobación y Difusión del texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que el
TUPA es aprobado por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, de fecha 08 de Setiembre de 2007,
aprueban lineamientos para elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA, y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio
Administrativo.
De conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado,
Artículo 9 y 10 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, modificado por la
Leyes Nº 27902, Nº 28968 y el Reglamento Interno del Consejo Regional de Ucayali, el Consejo
Regional de Ucayali en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Noviembre del 2009, aprobó la siguiente
Ordenanza Regional.
ORDENA:
Artículo Primero.- APROBAR la modificación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos TUPA, de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali,
conteniendo cuatro (04) procedimientos administrativos Generales y setenta (70) procedimientos
administrativos específicos, así como el Formato de Sustentación Legal y Técnica de
Procedimientos Administrativos y los Anexos 1 y 2, que forman parte de la presente Ordenanza
Regional.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la
publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano, en un diario de
circulación regional y en el portal web del Gobierno Regional de Ucayali
(www.regionucayali.gob.pe)
Artículo Tercero.- DISPENSAR la presente Ordenanza Regional del trámite de lectura y
aprobación del acta.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Ucayali para su promulgación.
En Ucayali, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
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JOSÉ LUIS RÍOS RAMÍREZ
Consejero Delegado
Consejo Regional
POR LO TANTO
Mando se publique y cumpla
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional del Departamento de Ucayali a los
veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JORGE VELÁSQUEZ PORTOCARRERO
Presidente Regional
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
Establecen beneficio de regularización tributaria y administrativa en el distrito
Santa Anita, 27 de noviembre de 2009
El Concejo Municipal de Santa Anita;
ORDENANZA Nº 00047-MDSA
VISTO: El Informe Nº 043-GR-GG/MDSA, de la Gerencia de Rentas, el Informe Nº 611-
SGCR-GR/MDSA y el Informe Nº 875-GAJ-GG/MDSA emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, sobre proyecto de ordenanza de beneficios tributarios y administrativos.
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú,
modificado por la Ley Nº 27630 - Ley de la Reforma Constitucional, las Municipalidades gozan de
autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia
con el numeral 4) del Artículo 200 de la Constitución Política del Estado, establece que las
Ordenanzas Municipales, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la materias en las cuales ésta tiene
competencia, cuyo rango es equivalente a la Ley;
Que, el Artículo 74 de la Constitución Política del Perú, otorga potestad tributaria a los
Gobiernos locales, la misma que, es reconocida de conformidad a lo establecido en la Norma III y
IV del Título preliminar del Decreto Supremo Nº 135-99-EF- Texto Unico Ordenado del Código
Tributario modificado por Decreto Legislativo Nº 953, así como en el Artículo 40 de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972, los Gobiernos Locales mediante Ordenanzas, pueden crear,
modificar y suprimir los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones o exonerar de ellos,
dentro de su jurisdicción, dentro de los límites establecidos por Ley;
Que, en el Artículo 41 del Texto Unico Ordenado del Código tributario, aprobado con D.S.
Nº 135-99-EF y sus normas modificatorias, dispone excepcionalmente que los Gobiernos Locales
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podrán condonar con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto a los tributos
que administren.
Que, existen una gran cantidad de contribuyentes que no pudieron acogerse a los
beneficios tributarios y administrativos anteriores y que es función de esta Gestión Municipal,
promover mecanismos que faciliten a los contribuyentes y/o administrados el cumplimiento de sus
obligaciones Tributarias y administrativas, a través de incentivos que permitan la captación de
recursos económicos para la prestación efectiva de los servicios públicos, en el contexto de la
realidad socioeconómica del Distrito.
Estando a lo dispuesto en el Artículo 9 numerales 8) y 9) y el Artículo 40 de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y Aprobación del
acta, por unanimidad, se aprobó la siguiente ORDENANZA:
ORDENANZA
QUE ESTABLECE BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA EN
LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SANTA ANITA
Artículo Primero.- OBJETIVO:
Establecer beneficios para incentivar el cumplimiento de las obligaciones Tributarias y
administrativas de los contribuyentes responsables y/o infractores del Distrito de Santa Anita que
mantengan obligaciones tributarias y administrativas pendientes, generados hasta el año 2009.
Artículo Segundo.- ALCANCES DEL BENEFICIO
Los contribuyentes, responsables y/o infractores tendrán los siguientes beneficios :
Impuesto Predial:
Condonación del 100% de intereses moratorios y factor de reajuste.
Arbitrios Municipales:
Condonación del 100% de moras e intereses.
En el caso de aquellos propietarios y/o poseedores que tengan predios dedicados al uso
de casa habitación y Terreno sin construir, así como de Comercio y/o Servicio menor y medio, se le
aplicarán los siguientes Beneficios adicionales :
- Descuento del 20% del monto insoluto, correspondiente a los años 2004 y 2005
- Descuento del 30% del monto insoluto, correspondiente al año 2007.
- Descuento del 50% del monto insoluto, correspondiente al año 2006
Multas Administrativas:
Condonación del 50% del monto total de las Multas Administrativas, impuestas hasta el 31
de Octubre del 2009, respecto a las infracciones establecidas en el RAS - Régimen de Aplicación
de Sanciones, siempre y cuando el infractor subsane o regularice la infracción incurrida, dentro de
la vigencia de la presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- GASTOS Y COSTAS PROCESALES
Aquellas deudas Tributarias y Administrativas que se encuentren en cobranza coactiva, se
acogerán al Beneficio establecido en la presente Ordenanza, con la condonación de las costas
coactivas y gastos administrativos generados.
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Artículo Cuarto.- VIGENCIA DEL BENEFICIO
Los contribuyentes se podrán acoger al presente Beneficio desde la entrada en vigencia de
la presente Ordenanza hasta el 31 de Marzo del año 2010.
Artículo Quinto.- PAGOS ANTERIORES
Los montos pagados con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza no serán
materia de devolución y/o compensación alguna.
Artículo Sexto.- DESISTIMIENTO DE RECLAMACIÓN
El pago al contado de cualquier deuda, en aplicación de la presente Ordenanza, supone el
desistimiento de los recursos inpugnatorios o no contenciosos, que se hayan interpuesto contra
dichas deudas.
DISPOSICIONES FINALES
Primero.- Encargar a Secretaría General, Gerencia de Administración, Gerencia de Rentas
y Subgerencia de Relaciones Públicas e Imagen Institucional el cumplimiento de la presente
Ordenanza.
Segundo.- Facúltese a la Alcaldesa para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa
Declaran habilitado de oficio a terreno ubicado en el distrito
25 de noviembre de 2009
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 00164-2009-MDSA
Visto el escrito S/N de la Asociación de Vivienda Sapotal Segunda Etapa - Santa Anita, el
Informe Nº 604-2009-SGCHU-GODU-MDSA de la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones
Urbanas, el Memorándum Nº 708-2009-GODU-MDSA y Proveído Nº 6865-09-GODU-MDSA de la
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y el Informe Nº 853-GAJ-MDSA de la Gerencia de
Asesoría Jurídica; sobre habilitación urbana de oficio;
CONSIDERANDO:
Que, con el escrito S/N de fecha 28-08-09, el Sr. Lombardo Edgard Casaño Camarena y el
Sr. Ubaldo Víctor Castro Osores quienes se presentan como Presidente y Secretario de la
Asociación de Vivienda Sapotal Segunda Etapa - Santa Anita respectivamente solicitan se apruebe
la habilitación urbana del terreno de 114,334.27 m2 (inscrita con partida P02198128 de la
SUNARP) de propiedad de la Asociación, de conformidad con el artículo 24 de la Ley Nº 29090 -
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones;
Que, mediante Ley Nº 29090 - Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada
en el Diario Oficial El Peruano de 25-09-2009 en su artículo 24 sobre habilitaciones urbanas de
oficio señala que: “las Municipalidades Distritales y las Provinciales o la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, identificarán los predios registralmente calificados
como rústicos que se encuentran ubicados en zonas urbanas consolidadas, con edificaciones y
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servicios públicos. Para estos casos las municipalidades emitirán la resolución de declare
habilitados de oficio dichos predios y disponga la inscripción registral de uso rústico a urbano. La
inscripción registral individual registral será gestionada por su propietario. Estas habilitaciones no
se encuentran sujetas a los aportes de habilitación urbana”;
Que, con Informe Nº 604-2009-SGCHU-GODU-MDSA de fecha 03-11-09, la Subgerencia
de Catastro y Habilitaciones Urbanas informa que el terreno de 114,334.27 m2 materia estudio
carece de habilitación urbana definitiva por lo que considera es un terreno rústico que colinda con
zonas urbanas consolidadas con edificaciones y cuentan con servicios públicos. Asimismo
menciona que el terreno está calificado con Zonificación Residencial de Densidad Media - RDM y
Comercio Vecinal - CV conforme al Plano de Reajuste de Zonificación de usos de suelos de Lima
Metropolitana El Agustino - Santa Anita y Ordenanza Nº 1025-MML, por lo que en atención a la Ley
Nº 29090, puede declararse habilitado de oficio;
Que, con Informe Nº 853-GAJ-MDSA la Gerencia de Asesoría Jurídica, en mérito al
informe que antecede, opina que se emita la resolución de alcaldía que apruebe la habilitación
urbana de oficio del terreno de propiedad de la Asociación de Vivienda Sapotal Segunda Etapa;
Que, con Memorándum Nº 708-2009-GODU-MDSA y Proveído Nº 6865-09-GODU-MDSA,
la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano se pronuncia que debe habilitarse de oficio el terreno de
114,334.27 m2 de propiedad de la Asociación de Vivienda Sapotal Segunda Etapa - Santa Anita y
la inscripción individual registral debe ser gestionada por su propietario;
Estando a lo expuesto y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley Nº 27972
- Ley Orgánica de Municipalidades y a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Nº 29090 - Ley de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones publicada en el Diario Oficial El Peruano de 25-09-2009
y su Reglamento; y estando a lo informado por la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones
Urbanas, Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y la Gerencia de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DECLARAR HABILITADO DE OFICIO el terreno de 114,334.27 m2
(inscrita con partida P02198128 de la SUNARP) de propiedad de Asociación de Vivienda Sapotal
Segunda Etapa - Santa Anita, ubicado en el distrito de Santa Anita, provincia y departamento de
Lima calificado para uso de Vivienda Residencial de Densidad Media - RDM y Comercio Vecinal -
CV de conformidad con el Plano de Trazado y Lotización Lámina L-01 signado con el Nº 010-2009-
SGCHU-GODU-MDSA según detalle:
CUADRO GENERAL DE ÁREAS
ÁREA BRUTA TOTAL
114,334.27 m2
ÁREA ÚTIL Lotes de vivienda 59,131.68 m2
Lote Uso de Educación
1,190.40 m2
ÁREA LIBRE Recreación Pública 11,122.97 m2
VÍAS LOCALES Avenidas 13,217.00 m2
Calles
29,672.22 m2
CUADRO ÁREAS AFECTA A APORTES
ÁREA AFECTA A APORTES
Área útil para vivienda
Área para Vías Locales
Área para Recreación Pública
59,131.68 m2
42,889.22 m2
11,122.97 m2
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Área para Educación
1,190.40 m2
ÁREA ÚTIL DE VIVIENDA QUE SE HABILITA DETALLANDO
EN EL SIGUIENTE CUADRO
Mz. Nº de Lotes Numeración Área (m2)
D-8 15 Del 01 al 15 2822.67
E-1 28 Del 01 al 28 4422.63
E-2 29 Del 01 al 29 4,563.30
E-3 49 Del 01 al 49 6293.50
E-4 32 Del 01 al 32 4479.90
E-5 34 Del 01 al 34 5299.60
E-6 32 Del 01 al 32 4363.08
E-7 33 Del 01 al 33 4640.65
E-8 35 Del 01 al 35 5299.60
E-9 47 Del 01 al 47 6091.40
E-10 30 Del 01 al 30 4560.97
E-11 29 Del 01 al 29 3934.78
E-12 17 Del 01 al 17 3550.00
13 Mz. 410 lotes Área total 60,322.08 m2
Artículo Segundo.- RECONÓZCASE, a partir de la presente Resolución como la
Urbanización “LOS CEDROS” al terreno materia de habilitar.
Artículo Tercero.- Disponer la Inscripción registral de uso Rústico a Urbano a los lotes que
conforman la habilitación urbana de oficio que se aprueba de acuerdo al Plano de Trazado y
Lotización, Lámina L-01 signado con el Nº 010-2009-SGCHU-GODU-MDSA y que forman parte de
la presente resolución, acto que se formalizará mediante la gestión individual del propietario ante el
registro de predios de la IX Zona Registral - Sede - Lima.
Artículo Cuarto.- Encargar el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia
General, Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones
Urbanas.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Aprueban cambio de zonificación de terreno ubicado en el ex Fundo Oquendo y determinan
la zona establecida como “Área Intangible del Paisaje Cultural Caminos de Oquendo” con
Zonificación de Usos Especiales
Callao, 25 de noviembre de 2009
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 000057
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO:
POR CUANTO:
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El Concejo Municipal Provincial del Callao, en Sesión de fecha 25.NOV de 2009; aprobó la
siguiente; Ordenanza Municipal:
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en el artículo 194, establece que los gobiernos
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en el artículo 9 inciso 5 faculta al
Concejo Municipal aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema
de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás
planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial; asimismo, en el artículo
73 apartado 1 señala que las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad
provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el
Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en la organización del espacio
físico-Uso del suelo: Zonificación, y en el artículo 79 inciso 1 apartado 2 señala que las
municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función
de aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación
de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos
de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, modificado por el Decreto
Supremo Nº 012-2004-VIVIENDA publicado el 18 de junio de 2004, se aprobó el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, cuyo artículo 38 señala que la municipalidad
provincial remitirá el expediente de cambio de zonificación a la municipalidad distrital, en cuya
jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la que en un plazo de treinta (30) días calendario
emitirá opinión técnica fundamentada; dentro del plazo antes indicado la municipalidad distrital
hará de conocimiento, la solicitud de cambio de zonificación, entre los propietarios de los
inmuebles vecinos, quienes podrán opinar dando su conformidad o formulando observaciones
técnicamente sustentadas por escrito;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000018 del 05 de octubre de 1995, se aprueba el
Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao para el período 1995-2010, en el
cual contempla la zonificación y define la clasificación de las vías y secciones viales;
Que, mediante expediente Nº 10823023 la Asociación Civil San Juan Bautista,
debidamente representado por su Presidente del Consejo Directivo señor Rafael Alberto Ismodes
Cascón, solicita cambio de zonificación respecto del terreno ubicado en la denominada “Sección 1-
A” en el Ex Fundo Oquendo - Callao, de Residencial de Densidad Media (RDM) a Usos Especiales
(OU);
Que, en la sesión de la fecha se adoptó el Acuerdo de Concejo Nº 000268, el mismo que
aprobó el cambio de zonificación de Residencial de Densidad Media (RDM) a Usos Especiales
(OU) del terreno denominado “Sección 1A” ubicado en el Ex Fundo Oquendo - Provincia
Constitucional del Callao, asimismo, determina la zona establecida como “Área Intangible del
Paisaje Cultural Caminos de Oquendo” con Zonificación de Usos Especiales (OU) de acuerdo al
Plano PZ - 01, el mismo que forma parte integrante de la presente Ordenanza, el cual tiene como
antecedentes el Memorando Nº 3032-2009-MPC/GGDU, de la Gerencia General de Desarrollo
Urbano que hace suyo el Informe Nº 212-2009-MPC-GGDU-GPUC-CVA, de la Gerencia de
Planeamiento Urbano y Catastro, dependiente de dicha Gerencia General, asimismo, el
Memorando Nº 1893-2009-MPC/GGAJC de la Gerencia General de Asesoría Jurídica y
Conciliación que hace suyo el Informe Legal Nº 562-2009-MPC/GGAJC/SGAA, de la Sub Gerencia
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de Asuntos Administrativos, opinando todos ellos que el cambio de zonificación solicitado es
procedente al encontrarse de acuerdo a Ley;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, el Concejo Provincial del Callao, ha dado la siguiente:
ORDENANZA
QUE APRUEBA EL CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DEL TERRENO DENOMINADO SECCIÓN 1A
UBICADO EN EL EX FUNDO OQUENDO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DE
RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM) A USOS ESPECIALES (OU) Y DETERMINA LA
ZONA ESTABLECIDA COMO “ÁREA INTANGIBLE DEL PAISAJE CULTURAL CAMINOS DE
OQUENDO” CON ZONIFICACIÓN DE USOS ESPECIALES (OU)
Artículo 1. Apruébase el cambio de zonificación de Residencial de Densidad Media (RDM)
a Usos Especiales (OU) del terreno denominado “Sección 1A” ubicado en el Ex Fundo Oquendo -
Provincia Constitucional del Callao, asimismo, determinar la zona establecida como “Área
Intangible del Paisaje Cultural Caminos de Oquendo” con Zonificación de Usos Especiales (OU) de
acuerdo al Plano PZ - 01, el mismo que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 2. Modifícase en lo pertinente el Plan Urbano Director de la Provincia
Constitucional del Callao 1995 al 2010 aprobado por Ordenanza Municipal Nº 000018 de fecha 5
de octubre de 1995.
Artículo 3. Encárgase a la Gerencia Municipal y a la Gerencia General de Desarrollo
Urbano, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo 4. La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao
(*) Ver gráficos publicados en el Diario Oficial “El Peruano” de la fecha.
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