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Las alternativas no son fáciles: por un lado, si se rescinde el contrato y se
procede al lanzamiento del concesionario, la instalación tendrá que atravesar
un periodo de crisis, de consecuencias imprevisibles, en la que habrá que
buscar un nuevo concesionario que esté dispuesto a levantar una instalación
que ha fracasado, al menos en el plano económico. “Tirar del siguiente concesionario
de la lista” no suele funcionar, ya que si las condiciones de explotación
siguen siendo las mismas, habrá que pensar que las dificultades para
cumplirlas serán también las mismas. En esta encrucijada, el servicio probablemente
quede momentáneamente cortado y la presión de los usuarios de la
instalación y de los trabajadores de la concesión complicará aun mas las
cosas, forzando a la entidad municipal a buscar una solución como responsable
principal del servicio.
Otra alternativa es buscar la continuidad del concesionario, mediante la modificación
de su contrato, en base a la necesidad de restablecer el equilibrio económico
de la explotación, solución esta, hasta ahora, de difícil encaje legal, y
que implicaría un perjuicio económico para la administración local, y sentaría
un precedente que podría extenderse por el efecto “dominó”, al resto de sus
explotaciones a través de terceros, poniendo en una difícil situación a la
entidad municipal.
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo
282, referido a la modificación y mantenimiento del equilibrio económico del
contrato de gestión de servicio público, indica en su punto 1º, que la administración
podrá modificar por razones de interés público, y si concurren las
circunstancias previstas en el Título V del libro I, las características del servicio
contratado. En su punto 4º indica que la administración deberá restablecer el
equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda,
entre otros, en el siguiente supuesto: c) cuando causas de fuerza mayor
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.
Aunque cuando se analiza, en el articulo 231 de esta Ley, lo que considera
como causas de fuerza mayor sólo aparecen:incendios, fenómenos naturales,
destrozos guerras, etc, pero no encontramos ninguna referencia que haga
alusión a las crisis económicas de carácter coyuntural.
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