Materia Electoral - Corte de Constitucionalidad

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA
ELECTORAL

Expediente 212-89
Asunto: Opinión consultiva
Fecha de la opinión: 16 de noviembre de 1989
Temas: a) la prohibición del ciudadano José Efraín Ríos
Montt para optar al cargo de Presidente de la
República; b) prohibición de la ciudadana Raquel
Blandón Sandoval de Cerezo para optar al cargo de
Presidente de la República

Tesis en la opinión:
*Lo que atañe al ciudadano José Efraín Ríos Montt:
1) La decisión del poder constituyente, de excluir la
posibilidad de que quienes se hubieren colocado en
situación de haber alterado el orden constitucional
pudiesen ejercer la Presidencia o Vicepresidencia de la
República, y en cuanto a la prohibición impuesta a
quienes como consecuencia de tales hechos asuman la
jefatura del Gobierno, se entiende que no es en razón
solamente de haber ejercido un gobierno de facto,
consecuencia de una alteración constitucional, sino que
por contexto, porque la misma prohibición se entiende,

de conformidad con el artículo 187 constitucional, a la
persona que haya desempeñado durante cualquier
tiempo el cargo de Presidente de la República por
elección popular, o quien lo haya ejercido por más de
dos años en sustitución del titular. En esta hipótesis, de
no ser suficiente el sentido formal del texto, operaría el
principio de interpretación bona fide de la
Constitución, por la cual resultaría inadmisible
considerar que los constituyentes, expresión de la
soberanía, hubiesen querido algo absurdo, como
prohibir nueva opción a la Presidencia de la República

a quien la haya desempeñado durante cualquier tiempo
por elección popular, esto es por legitimidad
constitucional y, a cambio, la hubiesen dejado
habilitada –la opción de ejercicio- para quienes la
detentaron de hecho.
2) En lo que concierne al elemento temporal del precepto:
la disposición regula situaciones pro futuro pero que
tienen antecedente en hechos ocurridos con
anterioridad, como también sucede con otras
condicionantes previstas en la misma Constitución;
ergo: la expresa prohibición que contiene para que
quienes hubiesen desempeñado durante cualquier

tiempo el cargo de Presidente de la República por elección
popular no podrán desempeñarlo en ningún caso –
artículo 187-, o la prohibición de reelección del
Presidente –mismo precepto-, que comprende también
a quien hubiese sido electo en época anterior a la
entrada en vigencia de la Constitución.
El poder constituyente que elaboró la actual
Constitución varió intencional y claramente la
delimitación temporal de la norma al utilizar el tiempo
verbal en pretérito perfecto, para que la indicada
prohibición se refiera a la alteración del orden
constitucional no sólo del presente sino también la del

pasado, forma más efectiva para preservar el Estado de
Derecho. Así, en el caso no existe un derecho adquirido
preconstitucional superior a la norma suprema, que
pretenda la no aplicación del precepto que establece las
prohibiciones, ya que éstas son expresión del poder
constituyente soberano, en la misma forma como ha
establecido requisitos e impuesto prohibiciones para el
desempeño de otros cargos en el Estado (diputados,
por ejemplo).
3) Elegibilidad frente a incompatibilidad: es absoluto que
la prohibición contenida en el inciso a) del artículo 186
constitucional es de inelegibilidad y no simplemente de

incompatibilidad, por lo que la opción a los cargos de
Presidente o Vicepresidente de la República se
materializa al aceptar la proclamación y se formaliza al
solicitarse la inscripción como candidato y no
solamente si se alcanza la mayoría necesaria para optar
a ser declarado electo, ya que la dicción optar significa
“entrar en la dignidad, empleo u otra cosa a que se
tiene derecho”, siendo aquí lo dominante la expresión
“tiene derecho”, del que se carece cuando se obra
contra legem, sobre todo cuando existe una prohibición
de orden supremo, imposible de salvar sin la
altercación del orden constitucional.

*Lo que atañe a la ciudadana Raquel Blandón Sandoval de
Cerezo:
1) Elementos subjetivos del precepto: a) los parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad de las personas citadas en el precepto –
artículo 186, inciso c), constitucional; b) el Presidente
de la República; el Vicepresidente de la República en
ejercicio de la Presidencia; el caudillo y los Jefes de un
golpe de Estado, revolución armada o movimiento
similar que haya alterado el orden constitucional, y
quien como consecuencia de los hechos mencionados
asumiere la Jefatura de Gobierno.

2) La redacción del inciso e) difiere del de la anterior
Constitución -1965-, ya que ésta se refería a los
“parientes legales”, sin circunscribirlos a determinados
grados en los lazos de consanguinidad y afinidad, con
lo cual se entendía que la norma debía atenerse a la
definición que la ley ordinaria estableciera. En cambio
la redacción actual supone una delimitación del alcance
del parentesco inderogable por medios ordinarios, lo
que garantiza que la finalidad antidinástica e
igualitaria de la disposición logre su máxima
protección. Por esta razón, para la interpretación del
precepto deben tenerse en cuenta reglas propias de la

materia, tales como que la Constitución es finalista,
entendiendo con toda lealtad los valores que la misma
ha querido preservar y de que sus términos no deben
ser eludidos por una apelación indebida a normas
inferiores, sobre todo cuando la misma conduzca a
conclusiones absurdas. Así, aparte de que la
prohibición aludida en el inciso c) del artículo
comentado se refiere claramente a los parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de
afinidad, el vocablo “dentro” involucra con absoluta
certeza al cónyuge, no sólo porque el parentesco liga a
las personas por su procedencia de un tronco común

que se origina por excelencia en el matrimonio, sino
porque sería inadmisible que la prohibición alcanzara a
los consanguíneos de éste –que no lo sean del otro
cónyuge- y que el esposo o esposa, según el caso,
quedara simplemente excluido de la prohibición ,
logrando con ello eludir la finalidad de la misma, que
consiste en evitar una transmisión dinástica o nepótica
del poder o de que un candidato a un cargo de elección
popular pudiera participar en el evento electoral en
condiciones de superioridad frente a los otros, con
clara vulneración del principio de igualdad que el
sistema democrático adopta.

3) Elemento temporal del precepto: en cuanto a los
parientes del Presidente de la República, debe
entenderse que la prohibición se refiere a la opción que
pueda exteriorizarse en la elección que se realice en el
período presidencial de este dignatario, pero no en
períodos subsiguientes, puesto que para entonces ya no
existirían las condiciones que justifican tal
impedimento. Respecto de los parientes del caudillo o
jefes de un golpe de Estado, revolución armada o
movimiento similar o de quien como consecuencia de
tales hechos asumiere la Jefatura de Gobierno, también
debe entenderse que sería aplicable la prohibición, en
el

caso de renormalización constitucional, a la elección que
se realizara en la época en que aquéllos alteraron el
orden constitucional, o éste detentara el poder, pero no
más allá, es decir para períodos subsiguientes, porque
la prohibición a los parientes no puede tener el carácter
de una penalidad o proscripción impuesta a ellos, por
actos que les fueron formalmente ajenos.

Expediente 280-90
Asunto: apelación de sentencia en amparo
Fecha de la sentencia: 19 de octubre de 1990
Argumentos:
*La aplicación, en el caso, del artículo 186, inciso a), de la
Constitución contraviene el principio de no
retroactividad de las leyes, previsto en el artículo 15
constitucional
*La prohibición de ese primer precepto citado es para
“optar” al cargo de Presidente de la República y no a

postularse como candidato, puesto que no existe
“prohibición de inelegibilidad”
*El artículo 186, inciso a), de la Constitución contradice lo
establecido en los artículos 23, apartados 1. b) y c), y 24
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
(regulan los derechos de ser electo y de tener acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas del
país)

Tesis en la sentencia:
1) No existe un derecho o una situación preconstitucional
ya consumados para que el ciudadano José Efraín Ríos
Montt opte al cargo de Presidente de la República
porque no se produce una aplicación casuística o
retroactiva de la Constitución a su persona, puesto que,
dado el carácter normativo de ésta, la prohibición se
refiere a la opción que se planteare posteriormente a su
vigencia, la cual por la presunción general del
conocimiento de las leyes, se le supone enterado desde
su inicio, el catorce de enero de mil novecientos
ochenta y seis.

La prohibición contenida en el citado precepto ha figurado
históricamente en el sistema constitucional
guatemalteco, aunque en la actual Constitución la
prohibición se enfatizó al utilizar el tiempo verbal en
pretérito perfecto, para que la alteración del orden
constitucional se refiera a la de cualquier orden y no
únicamente al presente, seguramente como una forma
efectiva de defender el Estado de Derecho. Así, resulta
inapropiado oponer una norma general (la del artículo
15 de la Constitución) a la especial contenida en el 186
del mismo texto, puesto que siendo de la misma
jerarquía deberá preferirse esa específica.

2) Cita de Emilio Recorder de Casso: “En cuanto a los
efectos, ya Duguit indicaba que la inelegibilidad
produce el resultado de hacer nula la elección, mientras
que, por el contrario, cuando existe la
incompatibilidad, la elección es regular y válida,
aunque aquel cuya función es incompatible con el
mandato legislativo debe optar dentro de un cierto
plazo tras su confirmación. En nuestros días Mortati
señala que la inelegibilidad quiere decir impedimento
jurídico para convertirse en sujeto pasivo de la relación
electoral, es decir para ser elegido, y que la
incompatibilidad, en cambio, presupone en el elegido

la posesión de todos los requisitos necesarios para
considerar válida la elección.” Esa cita –señaló el
Tribunal- resulta apropiada para establecer la
distinción doctrinal y legal que existe entre la opción
por incompatibilidad (el titular escoge o decide entre
uno u otro cargo) y la inelegibilidad, esto es, cuando se
carece de la titularidad jurídica para acceder a un cargo
por prohibición categórica al mismo. Se ha pretendido
jugar con el concepto “optar”, desglosándolo de la
correspondiente acción, con lo cual se desconoce la
base de toda conducta humana, que tiene su elemento
cualitativo en su esencial intencionalidad, y así con

falacia se pretende aislar la acción de su consecuencia.
Precisamente porque la acepción más apropiada para
el caso de la dicción “optar” es la de “entrar en la
dignidad, empleo u otra cosa a que se tiene derecho”,
no podría desvincularse el vocablo de esa condición
jurídica, por lo que es palmario que cuando existe una
prohibición absoluta o categórica para asumir la
titularidad, lo que hay es una causa de inelegibilidad.
De esa manera, priva una condición objetiva –la
prohibición- frente a la subjetiva –la intención de optarcon
el objeto de que una interpretación errónea del
precepto no conduzca a la distorsión del proceso

electoral, que es un acto popular que debe estar revestido
de absoluta certeza, seguridad y claridad, dado que es
la única vía que la democracia tiene para el ejercicio del
poder, es decir, la representación por medio de
elecciones legítimas, que precisan que tiene derecho a
optar quien no esté comprendido en las expresas
prohibiciones de ley.
* La prohibición del artículo 186, inciso a), constitucional
no contradice los preceptos de la Convención Sobre
Derechos Humanos. Esa Convención no tiene
preeminencia sobre la Constitución.

Expediente 1089-2003
Asunto: apelación de sentencia en amparo
Fecha de la sentencia 14 de julio de 2003
Argumentos: la negativa de inscribir a los candidatos a
Presidente y Vicepresidente de la República,
postulados por el partido político Frente Republicano
Guatemalteco contraviene lo establecido en el artículo
15 de la Constitución, puesto que aplicó en forma
retroactiva, al caso, la prohibición prevista en el
artículo 186, inciso a), de ese mismo cuerpo normativo.

Para apoyar el anterior argumento, hizo mérito de las
formas normativas que, concernientes a esa
prohibición, figuraron en Constituciones de anterior
data a la de 1985; éstas –indicó el amparista- siempre
dirigieron esa prohibición al orden constitucional de la
época y los subsiguientes.
Tesis en la sentencia:
1) La definición del vocablo retroactividad indica que se
denomina de esa manera a la traslación de la vigencia
de una norma jurídica creada en un determinado
momento, a un momento anterior al de su creación.
Desde ese punto de vista lógico, la operación implica

subsumir ciertas situaciones de hecho pretéritas que
estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su
existencia, al ámbito regulativo de las nuevas normas
creadas.
2) Es racionalmente inadmisible que un acto de voluntad
pretenda modificar el pasado, como lo es también que
el precepto por el cual se instrumenta lógicamente
aquel acto regule o influya en situaciones de hecho ya
realizadas que en la dinámica existencial han adquirido
la condición de irreversibles. Ello conlleva a que no
pueda imponerse a los individuos otro conocimiento
jurídico que no sea el del Derecho vigente.

3) La denominada Declaración de los Derechos del Estado
y sus Habitantes, conocida también como “Ley de
Garantías”, promulgada por la Asamblea
Constituyente del Estado de Guatemala el cinco de
diciembre de mil ochocientos treinta y nueve,
estableció en el artículo 11, de la Sección 1ª, que
“…toda ley ex post facto o con fuerza retroactiva, es
esencialmente tiránica e injusta y debe considerarse
nula y de ningún valor; por lo tanto, no debe tenerse
por tal ley en ningún tribunal…”
4) La sentencia hizo mérito de la historia del instituto
jurídico de la prohibición en Constituciones de anterior

data, indicando que el Legislador constituyente siempre la
ha previsto con aplicación futura y cuando haya sido
alterado el orden constitucional vigente en la época.

Expediente 2906-2011
Asunto: apelación de sentencia en amparo
Fecha de la sentencia: 8 de agosto de 2011
Argumentos:
*La candidata a Presidente de la República, Sandra Julieta
Torres Casanova, no está comprendida en la
prohibición prevista en el inciso c) del artículo 186
constitucional porque: a) en la fecha en que fue
presentada la solicitud de inscripción su estado civil
era de soltera; b) no está incluida en los grados de

parentesco que prevé la ley, dado que ésta no menciona al
o la cónyuge; además, el artículo 190 del Código Civil
regula que los cónyuges “no forman grado”.
*Es improcedente el señalamiento de “fraude de ley” que
pronunció el Director del Registro de Ciudadanos,
porque: a) previamente a la determinación de la
concurrencia de esa figura, la candidata no fue citada,
oída y vencida en proceso legal ante juez o tribunal
competente y en preestablecido; además, no se respetó
la presunción de inocencia que le asiste como derecho
fundamental; b) aquel funcionario se extralimitó de sus
funciones, en tanto que la determinación de

concurrencia de fraude de ley le corresponde con
exclusividad a los tribunales de justicia, en ejercicio de
la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo
juzgado; c) en todo caso, para efectuar el
pronunciamiento del fraude de ley, aquel funcionario
debió formular consulta previa al Tribunal Supremo
Electoral para que se pronunciara al respecto; d) al
divorciarse, la candidata no realizó acto por el que
pretendiera alcanzar un resultado prohibido o
contrario a la ley.
*Al caso fue aplicado en forma retroactiva lo dispuesto en
el artículo 186, inciso c), constitucional.

Tesis en la sentencia:
1) Lo que regula el artículo 186 en el inciso c), como en los
otros supuestos allí regulados, es una prohibición por
inelegibilidad para poder optar a los cargos de
Presidente o Vicepresidente de la República. Esa
condición de inelegible conlleva a que el candidato en
quien recaiga no puede ser sujeto pasivo de una
relación electoral.
2) Enunció estas interpretaciones para lo solución del caso:
a) Histórica de la regulación: hizo mérito de la
prohibición establecida en forma similar en anteriores

textos constitucionales;
b) Armónica o sistemática: por la cual definió que lo
que regula el artículo 186 en conjunto con otros
precepto de la Constitución es la preservación del
principio de alternabilidad en el ejercicio del poder
para el cargo de Presidente de la República;
c) Finalista: que atiende a la hermenéutica de la norma,
que comprende el conjunto de principios y valores que
el legislador constituyente originario quiso preservar
en el texto supremo. De esa manera hizo acopio de lo
afirmado en la opinión 212-89, en el sentido de que la

prohibición de mérito pretende evitar una transmisión
dinástica o nepótica del poder o de que un candidato a
un cargo de elección popular pudiera participar en el
evento electoral en condiciones de superioridad frente
a los otros, con clara vulneración del principio de
igualdad que el sistema democrático adopta
3) La prohibición alcanza al cónyuge no sólo porque el
parentesco liga a las personas por su procedencia del
tronco común que se origina por excelencia en el
matrimonio, sino porque seria inadmisible que la
prohibición alcanzara a los consanguíneos de éste –que
no lo sean del otro cónyuge- y que el esposo o esposa,

según el caso, quedara simplemente excluido de la
prohibición, logrando con ello eludir la finalidad de la
misma.
4) La disolución del vínculo conyugal, por medio del
divorcio, no causa efecto en la prohibición, debido a
que en su interpretación finalista debe entenderse que
ésta opera durante todo el período en el que el cónyuge
esté ejerciendo la Presidencia de la República.
5) El hecho de que el Director General del Registro de
Ciudadanos haya negado la inscripción impidió la
violación a la prohibición y, por ende, evitó la
consumación de un fraude a la Constitución.

Tesis en el voto razonado concurrente, en relación con la
comisión del fraude de ley:
Formuló una diferencia entre el aspecto de la “intención”
y el “resultado” del acto. En síntesis negó que hubiere
ocurrido el fraude de ley invocado, por razón de que la
norma transgredida (la constitucional) debía ser clara
en su contenido y señalar el elemento temporal para la
aplicación de la prohibición (como ocurre con otros
supuestos previstos en el artículo 186 constitucional); al
no hacerlo así, la decisión de disolver el vínculo
conyugal para superar el supuesto de la prohibición
puede interpretarse no como la intención de eludirla,

sino como una forma de extraerse de esa prohibición –se
citó como ejemplo el caso de un ex Presidente del
Tribunal Supremo Electoral –inciso g) del artículo 186-,
quien renunció a ese cargo, en fecha previa inmediata
para tomar posesión del cargo de Vicepresidente de la
República)

• GRACIAS