Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo

La presente acción se tramitará en juicio oral y será independiente de cualquier acción
penal en esta materia. El juez que conozca de la presente acción certificará lo conducente
al juzgado competente del ramo penal, en caso que sea procedente.
Los bienes objeto de comiso civil pasarán a ser propiedad del Estado.
Artículo 11. Otros grados de comisión. Quienes se hallaren responsables de
participar en la proposición o conspiración para cometer alguno de los delitos tipificados en
esta Ley, así como la tentativa de su comisión, serán sancionados con la misma pena de
prisión señalada para el caso de delito consumado, rebajada en una tercera parte, y demás
penas accesorias que correspondan.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO Y PROVIDENCIAS CAUTELARES
Artículo 12. Procedimiento y providencias cautelares. Lo relativo al procedimiento,
reserva de investigación y providencias cautelares de los delitos establecidos en la
presente Ley, se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley Contra el Lavado de
Dinero u Otros Activos, en lo que no se opongan a la presente Ley.
CAPÍTULO IV
EXTRADICIÓN, REFUGIO Y ASILO
Artículo 13. Extradición. Los delitos contemplados en la presente Ley darán
lugar a extradición activa o pasiva de conformidad con la Constitución Política de la
República, los tratados internacionales de los que Guatemala sea parte y la legislación
vigente.
Artículo 14. Refugio y asilo. Las autoridades competentes de Guatemala denegarán la
calidad de refugiado o asilado a las personas que hayan cometido los delitos de
financiamiento del terrorismo o que a sabiendas hayan colaborado con la realización de
dicho delito.
CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE PERSONAS OBLIGADAS Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 15. Régimen de personas obligadas. Para los efectos de la presente
Ley, se considerarán personas obligadas las establecidas en la Ley Contra el Lavado de
Dinero u Otros Activos, en su reglamento, y otras disposiciones relativas a dicha materia.
Para el efecto, les será aplicable el mismo régimen, deberes, obligaciones, políticas para
conocimiento de sus clientes y prohibiciones que establezca dicha normativa.
Las personas obligadas a que se refiere la presente Ley, que ya se encuentren registradas
como tales, que hayan nombrado oficiales de cumplimiento y cuenten con registros de
clientes y empleados, de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero u otros
activos, únicamente deberán hacer extensivas a la prevención del financiamiento del