images

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847154019cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2
REPORTE ESPECIAL
Víctor Hugo Valdivia Estrada
relación con los familiares de las víctimas
de su “guerra contra el narcotráfico”. En
su condición de encargado de la política
interior del país y como secretario ejecutivo
del Consejo de Seguridad Nacional, el
titular de Gobernación se encargó de coordinar
y conducir el diálogo con el Movimiento
Por la Paz con Justicia y Dignidad
que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Además, presidía la Junta de Gobierno de
la recién creada Procuraduría Social de Atención
a Víctimas del Delito, la cuestionada
salida que encontró el gobierno de Calderón
para dar “respuesta” a los familiares de las
víctimas de la guerra contra el narco.
Con varios de sus homólogos en el
CSN, incluidos los secretarios de la Defensa
Nacional y Marina, Armada de México,
formaba parte del órgano rector de esa
procuraduría.
Junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
a Blake Mora también le tocó participar
en los convenios de seguridad con
Estados Unidos. Su gestión estuvo marcada
por el silencio que guardó ante la creciente
participación de las agencias estadunidenses
de seguridad e inteligencia en México.
Durante su paso en Gobernación se
establecieron nueve servicios de inteligencia
civil y militar de Estados Unidos en
la Ciudad de México (Proceso 1812). Además,
se permitió la entrada de personal
civil y castrense de ese país para infiltrar
a los cárteles del narcotráfico y otros grupos
de la delincuencia organizada.
La contraparte estadunidense de Blake
Mora fue Janet Napolitano, titular del Departamento
de Seguridad Interna, que ante la
complacencia del ahora fallecido secretario
instaló dos servicios de inteligencia en México:
Inteligencia de Guardia Costera (CGI) y
los servicios de información de la Oficina de
Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE).
Como titular de Gobernación tenía a
su cargo el Instituto Nacional de Inmigración
(INM), por lo cual también era responsable
de la relación con la Oficina de
Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados
Unidos (CBP).
También fue ominoso su mutismo
ante el escándalo del Operativo Rápido y
Furioso echado a andar por la Oficina de
Alcohol, Tabasco, Armas de Fuego y Explosivos
de Estados Unidos (ATF, por sus
siglas en inglés) para introducir a México
más de dos mil 500 armas que fueron a
parar a los cárteles de la droga.
En la defensa de la estrategia de Calderón
y de la creciente presencia de los servicios
de seguridad e inteligencia de Estados
Unidos en México, la víspera de su muerte
salió en defensa de la Iniciativa Mérida.
Mandó al subsecretario Felipe Zamora,
quien murió con él en la caída del helicóptero,
a responder a la organización
no gubernamental Human Rights Watch
(HRW), que el miércoles 9 había criticado
el plan negociado entre Estados Unidos y
México para combatir el narcotráfico.
En su informe, la organización con
sede en Washington aseguró que la estrategia
de la “guerra a las drogas” ha extendido
el abuso de los derechos humanos
en México por parte de las fuerzas de seguridad
del Estado, tanto del Ejército y la
Marina, como de la Policía Federal y las
corporaciones locales.
La respuesta de Zamora fue de franco
rechazo a los señalamientos de HRW: “En
México no estamos en guerra”, dijo. Aseguró
que en la estrategia de seguridad del gobierno
calderonista “los criminales son quienes
torturan, secuestran, asesinas y corrompen”.
Esa fue la última defensa de Blake Mora y de
Zamora de la estrategia de combate al narco
implantada por Calderón.
Tamaulipas. Retenes militares
LUCIANO CAMPOS GARZA
MONTERREY, NL.- Semanas antes
de la muerte del secretario
de Gobernación, José Francisco
Blake Mora, la dependencia
que encabezaba fue encontrada responsable
de permitir la operación ilegal o
irregular del casino Royale, siniestrado el
pasado 25 de agosto en esta ciudad.
A dos meses y medio del atentado
perpetrado por zetas donde murieron
52 personas, no ha sido entregado por
la Procuraduría General de la República
(PGR) ni por la General de Justicia del
Estado de Nuevo León (PGJE) el peritaje
sobre las causas, detalles y responsabilidades
de la conflagración y la matanza.
El diputado local priista César Garza
Villarreal precisó en entrevista que la
PGR, encargada inicial del análisis pericial,
decidió ocultar los resultados porque
las conclusiones señalan como primer
responsable a la Secretaría de
Gobernación (Segob), por permitir que el
inmueble estuviera abierto aunque carecía
del permiso correspondiente.
A su vez, Héctor Gutiérrez de la Garza,
diputado local priista, denunció que
la Segob “hizo todo lo posible” por impedir
que la legislatura de Nuevo León, que
creó una comisión especial para conocer
las causas de la tragedia, llegara al fondo
de la verdad en el caso de los permisos.
Según Garza Villarreal, desde que la
casa de apuestas entró en operaciones, en
2007, atropelló numerosos ordenamientos
legales para trabajar, y lo hizo ante la ceguera
voluntaria del gobierno federal, que
determinó proteger a sus funcionarios antes
que esclarecer los hechos.
El 9 de septiembre pasado, la PGR declaró
que se encargaría de los peritajes del
inmueble. Sin embargo, inesperadamente,
el 24 de octubre la dependencia le pasó la
responsabilidad a la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE).
De acuerdo con Garza, este giro obedeció
a una evidente intención de la PGR
de entorpecer la acción de la justicia dirigida
a sancionar a los funcionarios que
otorgaron permisos ilegalmente a los
propietarios del Royale.
Hay suficientes indicios, dijo, de que
las mayores fallas ocurrieron en la Segob,
pues fueron sus direcciones y subdirecciones
las que prohijaron una acumulación
de ilegalidades que permitieron
que la casa de apuestas nunca fuera
clausurada.
Por eso, aseguró, no ha sido abierto
el expediente criminalístico de los análisis
efectuados en la escena del crimen,
ni el estudio del funcionamiento legal del
negocio de apuestas que ya había elaborado
la dependencia federal.
La sombra
del Casino Royale
“En el tema de la revisión documental y
pericial de este caso, es decir, lo que apunta
a la responsabilidad de servidores públicos,
es evidente que la PGR sintió que era un camino
poco estable. Yo atribuyo eso a una estrategia
de protección de otras dependencias
de carácter federal, concretamente la
Secretaría de Gobernación, e indirectamente
la de Hacienda, que tiene facultades en la revisión
de montos de apuestas y pagos y tipo
de máquinas que operan”, declaró Garza Villarreal,
entrevistado antes del accidente aéreo
del 11 de noviembre, en el que perecieron
Blake Mora y otras siete personas.
Garza integró la Comisión Especial del
Congreso de Nuevo León que investigó las
causas administrativas que permitieron el
funcionamiento del inmueble ubicado en el
número 205 de la avenida San Jerónimo, en
la colonia del mismo nombre.
El grupo de trabajo pluripartidista se reunió
durante 40 días, del 14 de septiembre al 24
de octubre, para analizar centenares de documentos
relativos al funcionamiento del casino
que era manejado por Atracciones y Emociones
Vallarta (AEV), ubicada en Monterrey, en
estrecha relación con la empresa Conexiones
y Mangueras (Cymsa), a cargo de Raúl Rocha,
actualmente refugiado en Estados Unidos.
Una persona que trabajó cerca de la llamada
“Comisión de la Verdad” reveló, bajo
la condición del anonimato, que hubo numerosas
presiones del gobierno federal
para impedir que los legisladores de Nuevo
León llegaran al fondo del enredo de ilegalidades
en que operaba el casino Royale.
Sabían los funcionarios federales que la
responsabilidad de la apertura irregular del
casino dependió todo el tiempo de la Secretaría
de Gobernación que, como divulgaron
los comisionados en sus conclusiones, tiene
un completo desorden en el rubro de los
permisos de operación de casas de apuestas
y salas de juego, según el informante.
El lunes 24 fue entregado el reporte final
de la “Comisión de la Verdad”, el cual revela
que, del total de 13 puntos establecidos en
las conclusiones, ocho se refieren a fallas de
la dependencia que encabezaba Blake Mora.
Se concluyó que el casino Royale abrió el
1 de noviembre de 2007 en la calle San Jerónimo
205 con un permiso de la Segob a favor
de AEV, pero el 9 de septiembre de 2008 los
propietarios decidieron cambiar de domicilio
a la avenida Enrique C. Livas 210, de la colonia
Cumbres Primer Sector, de Monterrey.
Sin embargo, el local de San Jerónimo
siguió abierto, con lo que se consumó la clonación
del permiso.
Investigación trunca
Raúl Rocha, propietario del Royale, no presentó
a la Segob copia de la póliza de responsabilidad
civil para los clientes y empleados
ni seguro para equipos e instalaciones,
requisitos establecidos en el artículo 29 de la
Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS).
La puerta del casino estaba a por lo menos
54.37 metros de un colegio y de varios
centros de trabajo, en violación del artículo
9 de la misma ley.
Asimismo, en violación del artículo 22, la
Segob ignoró el hecho de que el casino Royale
carecía del permiso municipal para operar.
Además, AEV le cedió el manejo del casino a
Cymsa sin notificarlo a la Segob. Igualmente,
se identificó otra falta en violación del artículo
30 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Gobernación faltó a los artículos 17, 18 y
19 al no actualizar en su portal de internet los
permisos otorgados, al no precisar quiénes
son los operadores de los casinos y cuáles los
estados financieros, procedimientos administrativos,
resoluciones y sanciones respectivos.
Por su parte, el ayuntamiento de Monterrey
incurrió en cuatro faltas, según la “Comisión
de la Verdad”.
En la pasada administración de Adalberto
Madero, los inspectores no verificaron
el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento
Territorial de los Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano de la casa de apuestas.
El ayuntamiento se demoró un año para
percatarse de que el casino se había ampliado
y remodelado sin autorización.
Inspección y Vigilancia del municipio dio
permiso de venta de alcoholes a un local que
se presentó como restaurante cuando en verdad
era la casa de apuestas casino Royale.
La misma dependencia avaló la instalación
del casino al asegurar que a 200 metros
a la redonda no había centros educativos,
aunque a poco más de 50 metros se
encuentra el Liceo Los Rosales.
La única falla que la Comisión Especial
encontró al gobierno estatal, de extracción
priista, consistió en que Protección Civil de la
entidad hizo sólo una inspección al casino, el
3 de septiembre de 2007, pero la revisión fue
efectuada antes de que abriera sus puertas,
el 1 de noviembre de ese año. Y después de
dar el visto bueno, ya no volvió a acudir al lugar
para verificar el cumplimiento de las recomendaciones
que había dictado.
El 1 de noviembre, el diputado Gutiérrez
de la Garza reveló que finalmente la Segob
le entregó información que habían solicitado
desde el 1 de septiembre sobre las condiciones
en que trabajaba el casino siniestrado.
El presidente de la disuelta “Comisión de la
Verdad” encontró que la Segob siempre conoció
la clonación de permisos, pero no envió ins-
AP
18 1828 / 13 DE NOVIEMBRE DE 2011
1828 / 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 19