AUSENCIA - Departamento Académico de Contabilidad

Se trata de
construir una
institución
moderna,
fortalecida
políticamente
por el apoyo y el
respeto.
El tercer punto importante estriba
en que la democracia mexicana debe
conservar, como premisa base, procesos
electorales transparentes y confiables,
pues la gran batalla ciudadana
de las últimas décadas se libró contra
el fraude electoral. El principal logro
del año 2000 fue la erradicación
de la facultad extra legal del Presidente,
quien decidía por todos los mexicanos
quiénes serían los gobernadores,
los senadores, los diputados y los titulares
del Poder Judicial federal.
El IFE tuvo el enorme logro político de
construir el control ciudadano de la
casilla, pero debió primero ganar reconocimiento
como ente ciudadano,
sustituyendo a las huestes del sistema
presidencialista. Esto se convirtió en el
objetivo fundamental de la lucha ciudadana
para inhibir la enorme capacidad
de consumar los fraudes electorales por
parte del PRI y el gobierno, y aunque parece
historia remota, no lo es. Actualmente
hay fuerzas espurias, por ejemplo
el Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Educación (SNTE), que están
operando en cada proceso electoral, federal
o local, para apoderarse de las casillas
mediante sucias maniobras.
NUEVOS DESAFÍOS
El gran logro del IFE de inhibir el fraude
electoral enfrenta retos en otros ámbitos.
El fraude se salió de la casilla y se
está instalando en la compra y coacción
del voto por la vía de la prebenda,
la dádiva, el subsidio oficial controlado
por los partidos en barrios, colonias,
pueblos, etc. Al respecto, el IFE no señala,
denuncia ni cuestiona la forma en
que se victimiza a los ciudadanos.
Los partidos políticos están prohijando
así una muy profusa industria del clientelismo
electoral que cada vez más vinculan
con los gobiernos establecidos
de los que derivan, enraizando nuevas
prácticas para escamotear la libre voluntad
de los ciudadanos a partir de las
necesidades más ingentes y sentidas de
las poblaciones menesterosas.
Otro problema no menor es el derivado
de la reforma electoral de 2007 y su
sesgo regulador. Al coartar la libertad
de expresión de ciudadanos, partidos
y candidatos, la reforma impuso al IFE
la tarea de censor y la necesidad de dedicar
crecientes recursos humanos y
materiales al procesamiento de una interminable
cadena de litigios de toda
índole. El resultado obvio es que la autoridad
electoral es objeto de una fuerte
y permanente presión por parte de los
partidos y de un consecuente desgaste.
A veinte años de distancia, el “mayor
reto” del IFE no es el que señalaba,
de una manera extraordinariamente
miope, su presidente Leonardo Valdés:
“Evitar que el narco, que el crimen organizado
tenga representantes en las
cámaras de Diputados o de Senadores,
y menos aún que esos intereses
puedan influir en la elección de Presidente
de la República”. Eso es tarea
de los partidos, del gobierno y de la
Procuraduría General de la República
(PGR). Esa aseveración revela que Valdés
no tiene clara la misión del IFE.
Más bien, radica en que el IFE está perdiendo
los atributos que le dieron origen
con la reforma de 1989-1990 y que
lo enfilaban a constituirse como un organismo
público ciudadano, garante
de una evolución democrática guiada
por el mandato constitucional del Artículo
41, que obliga a celebrar “elecciones
libres, auténticas y periódicas”,
cuyos principios rectores deberán ser
“certeza, legalidad, independencia, imparcialidad
y objetividad”, justamente
los que se están perdiendo.
PERSPECTIVA
El IFE es y seguirá siendo crucial para
el derrotero de la democracia mexicana.
La institución es y será un órgano
del Estado, tal y como lo señala el mismo
Artículo 41 de la Constitución.
Recuperar su carácter ciudadano significa
fortalecerlo, al servicio de los
mexicanos y garante de los principios
que la misma ley enuncia. No se trata
de orientar su evolución como si fuera
una ONG gigantesca; eso es absurdo.
Se trata de construir una institución
moderna, fortalecida políticamente
por el apoyo y el respeto que tenga de
los ciudadanos, los partidos, el Congreso
y el Gobierno frente a los poderes de
facto que se están imponiendo. Éste es
el gran reto. ¿En la próxima elección de
tres nuevos consejeros prevalecerá la
visión estratégica encaminada a fortalecer
la institución?, ¿o los intereses de
los partidos políticos?