LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA CONQUISTA EL MERCADO

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UNEF. INFORME ANUAL 2014
2. NORMATIVA NACIONAL:
DEMASIADAS ALFORJAS PARA
ESTE VIAJE
Durante el año 2013 el sector eléctrico español ha sufrido su más
profunda transformación desde el año 1997. Hasta la aprobación de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la arquitectura del mercado
eléctrico se basaba en empresas verticalmente integradas, que ejercían
monopolio en las distintas regiones españolas y una fuerte intervención
estatal. Con su aprobación se inició del proceso de liberalización del mercado
eléctrico nacional. El desarrollo de esta ley no ha permitido alcanzar la
mayoría de los objetivos que se propuso y, 17 años más tarde, podemos concluir
que aun está pendiente una reforma que permita el desarrollo de un
mercado eléctrico abierto, competitivo y adecuado a los retos a los que se
enfrenta la economía española en este inicio del siglo.
La ley 54/1997 se vio desbordada por los acontecimientos casi desde el inicio
de su andadura. A lo largo de su vida fue retocada en innumerables ocasiones,
siempre reaccionado a los sucesivos descosidos que se producían.
Era una petición generalizada, no sólo por los representantes del sector eléctrico
sino por actores calificados de la economía nacional, que el marco normativo
derivado de la Ley 54/1997 era insuficiente y que se hacía necesaria
una nueva ley del Sector Eléctrico.
El actual Gobierno tras acudir a la estrategia utilizada por otros ejecutivos en
el pasado, es decir, la aplicación de reformas parciales de la Ley, asumió a
principio de 2013 las tesis reformistas y decidió desarrollar un marco regulatorio
nuevo para el sector eléctrico. Lo que sin duda era una necesidad
insatisfecha para el sector se ha convertido en una oportunidad perdida ya
que la Ley 24/2013 aprobada por el Gobierno con prisas y sin diálogo no es
más que un nuevo parche en vez del vestido nuevo que necesitaba el mercado
eléctrico español.
Esta oportunidad perdida para el sector fotovoltaico ha derivado en un
nuevo atropello porque en vez de corregir los recortes que se habían levantado
desde 2010, la nueva Ley provoca nueva trabas que ponen en riesgo la
viabilidad de los proyectos presentes y condicionan el desarrollo de una
industria que debería ser referente de la malograda Marca España.
Imposición, prisas y silencio
En 2013 se aprobaron tres leyes y dos Reales Decretos Ley que afectaban
directamente al sistema eléctrico, junto con los innumerables borradores, la
escasa voluntad de diálogo, la falta absoluta de transparencia y la lentitud en
el impulso de los necesarios desarrollos normativos, ha provocado que nos
encontremos ante una situación de inseguridad jurídica sin precedentes.
Sirva de ejemplo de la improvisación e imprevisibilidad, la corta vida de la
Ley 15/2013, aprobada el 17 de octubre, por la que concedía un crédito
extraordinario a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado por importe
de 2.200 M€ para estabilizar el déficit del sistema eléctrico. Esta ley fue
derogada poco más de un mes más tarde mediante una enmienda en el Senado,
con el Ministro de viaje y traicionando el propósito único de la reforma
impuesta por el Gobierno.