Restriciones recurso nulidad - Consejo de Defensa del Estado

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inocencia, sea porque se repone la presunción al habérsela privado en un procedimiento o sentenciadeclarados nulos o inválidos.Si las cosas son así, como proponemos, parece ser que las restricciones al Recurso de Nulidad deberánentenderse en un marco garantista del imputado y, por ende, ampliar la declaración del derecho a recurrir encuanto le favorezca a él y, eventualmente, aceptar las restricciones del recurso en tanto perjudiquen aotros intervinientes, a quienes la Constitución y los Tratados no le aseguran de manera irrestricta talderecho, pudiendo ser regulado conforme a políticas locales.V.EXPERIENCIA EXTRANJERAPor lo pronto, señalemos que sobre el particular no hemos encontrado jurisprudencia de la CorteInteramericana de Justicia. Es decir, no descubrimos condenas a los estados vinculados por el tribunal antedenuncias por infracción a las normas citadas que hacen obligatoria la existencia del derecho del imputado arecurrir contra la sentencia. Parece ser que ello obedece a que de alguna forma, con mayor o menoramplitud, las legislaciones nacionales han reconocido el derecho, y cuando ha sido dudoso los tribunalessuperiores se han encargado de mitigar las restricciones, o bien invalidándolas.Un caso que nos parece interesante exponer, por la actualidad y vecindad de la experiencia, es el de laRepública Argentina.Su sistema nacional ha funcionado, en lo que al control de la sentencia penal se refiere, a través del Recursode Casación y, lateralmente, el Recurso de Inconstitucionalidad. Tanto el Código Nacional como los CódigosProvinciales establecen limitaciones al derecho de recurrir de casación que tienen las partes "en atención ala importancia de los agravios producidos". La "importancia" está dada, en los aspectos penales, por lamagnitud de la pena, y en el orden patrimonial por los "montos o valores" fijados en el fallo. En ambos casosexisten limitaciones generales, y por vía de asociación (por ejemplo, el querellante puede recurrir en losmismos casos que el Ministerio Fiscal).La doctrina ha repugnado tal realidad normativa, pues no es admisible en el nuevo sistema entender -comolo hace el legislador- que un agravio no es importante, en circunstancias que quien puede llamar a expresarel sentimiento real es el agraviado concreto, todo lo cual constituye una "flagrante violación al principio deigualdad estatuido en la Constitución Nacional"18.En los casos "Fiscal c/ Blengini Ricardo Horacio", por homicidio culposo y "Fiscal c/ Vildoza Sánchez, Vicente",por libramiento de cheques sin provisión de fondos, se resolvió expresamente que la norma del artículo 506inciso 1º del Código de Procedimiento Penal, que impide al procesado recurrir de casación contra la sentenciacorreccional que lo condena a no más de seis meses de prisión, "es inconstitucional, si con el recurso sepersigue que se declare la nulidad del pronunciamiento, por resultar violatorio de los derechos y garantíasconsagrados en la Constitución Provincial"19. Posteriormente uno de los falladores de prevención haseñalado que la limitación del fallo a las infracciones y deberes constitucionales ya no tiene sentido, y lainconstitucionalidad debe ser declarada "sin cortapisas", permitiendo el recurso aun por infraccionesmeramente rituales.En la jurisprudencia S.C. Mza. De 30-8-77; L.S. 150-100, se reconoce que cuando la ley se refiere al recursodel actor civil, no lo hace en el aspecto que sí puede recurrir, que es en lo concerniente a sus interesesciviles, sino que impone limitaciones por el monto del agravio y ello debe declararse inconstitucional por violarel principio de la igualdad contenido en la Constitución Provincial y Nacional20.Otra última situación objeto de análisis en la experiencia trasandina es la del Ministerio Fiscal. En el artículo458 del Código de Procedimiento Penal se limita su derecho a recurrir de la sentencia absolutoria cuandohubiere solicitado penas privativas de libertad inferiores a tres años, y de las sentencias condenatoriascuando se haya impuesto una pena privativa de libertad superior a la mitad requerida. La jurisprudencia, pararechazar la inconstitucionalidad reclamada, ha destacado que la naturaleza especial del Ministerio Públicoimpide considerarlo equivalente a los particulares y, por ende, depositario de la garantía de "igualdad". Elquerellante, pues, dado su carácter inferior, seguirá la misma suerte.VI.EL CONFLICTO: SOLUCIÓN INTERPRETATIVA, RENOVACIÓN LEGAL O ASUNCIÓN DE LAS LIMITACIONESEn primer lugar, un análisis de las limitaciones al derecho a recurrir contempladas en el artículo 387 del NCPPrequiere ver su real alcance. Con ello no sólo evitamos teorizaciones inútiles, sino que damos su justa medidaal problema.A)Un primer grupo de factores que delinean la real limitación es el de las posibilidades decisorias del fallo. Elartículo 385 da la pauta: Para que se dicte sentencia de reemplazo y no se anule el juicio oral es necesarioque la causal de nulidad: a) no se refiera a las formalidades del juicio, ni b) a los hechos o circunstanciasque se hubieren dado por probados. Ello es lógico, "porque en ambos casos la Corte carece del necesariosubstrato de los hechos sobre los cuales pronunciarse y aplicar el derecho"21. Y, aun acotado así, sólo entres oportunidades dictará sentencia de reemplazo. Cuando el fallo anulado hubiere: 1) calificado de delitoun hecho que la ley no considere tal; 2) aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o
3)impuesto una pena superior a la que legalmente correspondiere.De lo anterior se desprende, dice el Fiscal Nacional en su Instructivo Nº 28, que sólo hay sentencia dereemplazo si, no afectando la nulidad al juicio mismo o a sus hechos, se debió absolver o aplicar menos pena.Resaltamos, entonces, que en situación inversa o no contemplada, habrá invalidación con nuevo juicio oral.B)Un segundo factor de acotamiento tiene que ver con la naturaleza del interviniente y la necesidad del"agravio". Conforme al artículo 352 del NCPP, sólo puede recurrir de una resolución el interviniente"agraviado", o sea, el que es perjudicado en sus pretensiones o intereses por la decisión a impugnar.En el escenario civil, el principio general del artículo 59 del NCPP ya sustrae de las restricciones del artículo387 a todo civilmente responsable diferente del imputado, y a cualquier pretensor que no sea víctima penal.Por ende, en el mundo patrimonial la estrechez del recurso está afectando al imputado y a la víctima quedemande y que suele ostentar la categoría de querellante. El actor civil bien puede obtener aun consentencia absolutoria (artículos 67 y 349 del NCPP), por lo que a su respecto el marco perjudicial de la normaes incluso menor.La situación del Ministerio Público y del querellante requieren consideraciones especiales. Por de pronto,ambos están limitados por la necesidad del agravio, de suerte que su derecho a recurrir nunca será absoluto,ni absoluta ninguna limitación. El querellante, por otro lado, tiene una existencia y actuación procedimentalsubordinada al Fiscal, incluso en el evento de la acusación forzada. La exigibilidad de congruencia entre loshechos de la formalización y los de la acusación, invitará a pensar si una simple calificación jurídica diversahecha por el tribunal oral le causa gravamen.El agravio de que puede ser objeto el Ministerio Público es de difícil discernimiento, y de ello dan cuenta lasaprehensiones del Fiscal Nacional en su Instructivo General Nº 17. Téngase presente que la comisión delSenado no quiso privilegiar a la Fiscalía respecto de los demás intervinientes, manteniendo a su respecto laseñalada necesidad. Su mención explícita en el artículo 352 sólo aclaró el derecho general a recurrir,disipando la doctrina anglosajona de la exclusividad del imputado para impugnar una sentencia condenatoria.Pero más allá de las prevenciones hechas, hay que tener en cuenta cierto marco constitucional que puedeaclarar si con las restricciones del artículo 387 del NCPP, realmente se ha perjudicado al Ministerio Público yal querellante particular. Por de pronto, el artículo 19 de la Constitución no asegura explícitamente elderecho a recurrir. El principio de la revisabilidad de las sentencias normalmente se ha invocado en el antiguosistema para asegurar su control mediante la gradualidad o doble instancia en los casos más graves. Laúnica instancia siempre existió en materias civiles e infraccionales, y en lo penal -en que son otros los bienesu objetos de la tutela de garantía del recurso-, se la consideró tácitamente al limitar la consulta de lasentencias definitivas.A su vez la doctrina ha entendido que al restringirse a una parte o interviniente el derecho a recurrir,reservándolo a otra, se vulnera la garantía de igualdad ante la ley, del artículo 19 Nº 2 de la Constitución.Dejando de lado la evidente necesidad de que la diferencia sea arbitraria, se considera que la argumentaciónde la igualdad, siendo vital en la solución de conflictos entre otros, no es aplicable al Ministerio Público. Lagarantía de igualdad ante la ley tiene por destinatarios a todos los habitantes de la república, para los cualesdebe ser la misma y tener fuerza uniforme, pero no se extiende a la actuación del Ministerio Público comotitular de un órgano-institución. La Fiscalía no se encuentra en la misma condición jurídica que el imputado.Este goza de la protección de la defensa en juicio y tiene un mejor derecho a defender su libertad, porcuanto como ciudadano no se ha despojado de la plenitud de su soberanía, sino que ha conservado losmedios para defender su vida, honra y propiedad contra las agresiones del mismo poder político. El actorpenal, la Fiscalía, en cambio, constituye un órgano público predispuesto del proceso penal, teniendo porcaracterística fundamental la necesidad de someterse a criterios objetivos y el deber de investigar con igualcelo los hechos y circunstancias que agraven como los que eximan o atenúan la responsabilidad delimputado. La garantía de la igualdad ha sido otorgada a favor de los particulares para que la exhiban entreellos o frente al Estado, y no al Estado contra los particulares22.Sobre el querellante debe decirse que si bien puede bajo ciertas condiciones ejercer la acción penal, latitularidad funcional de la misma corresponde al Estado. Los poderes que la ley otorga al querellante nopueden confundirse con el poder de acción. Entonces, si su condición es dependiente y casi subsidiaria, susatributos procesales serán igualmente precarios.C)El aparente principio del doble conforme que subyacería al artículo 387 inciso 2º del NCPP no es bastantepara legitimar la norma. En primer lugar, porque parte de una premisa inaceptable, cual es darle valor al acto-juicio oral- invalidado. La Constitución prohibió expresamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo "hacerrevivir procesos fenecidos", y tal norma -que resalta una separación de Poderes- debe entenderse con todaamplitud como fuente de una garantía. La prohibición resultará nítida para los actos expresamente realizadoscon el fin de revivir a posteriori de su ocaso un juicio; pero claro es también que prohíbe cualquiermanifestación -como la de colegislar- que establezca a priori condiciones objetivas para que un juicio revivacon posterioridad a su agotamiento o anulación.En segundo término, el doble conforme es propio de un sistema de revisión de instancia, o sea el deapelación. En el nuevo esquema se suple una validación del fallo a través de la confirmación o aprobación deltribunal superior, por la legitimidad del procedimiento de dictación.
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