Artículo Médicos en conflicto entre la cura y la denuncia:

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22MÉDICOS EN CONFLICTO ENTRE LA CURA Y LA DENUNCIA: ARTÍCULO 30Análisis del conflicto entre elsecreto profesional y la obligaciónde denunciar indicios de delito,
23Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos / PROMSEXa propósito del artículo 30°de la Ley General de SaludEl análisis de la norma en cuestión tiene comopropósito determinar si la obligación impuesta alos médicos y médicas por la misma, resulta unalimitación justificada del secreto profesional; osi, por el contrario, constituye una restricciónque vulnera la Constitución.El secreto profesional y la administración dejusticia —protegida con el establecimiento de laobligación de denuncia— entran en conflicto enel supuesto descrito en esa norma.Puede afirmarse que ésta tiene fundamento enla protección del bien jurídico administraciónde justicia y que, por lo tanto, la denunciase encontraría amparada en un principioconstitucional y por lo mismo justificadaconstitucionalmente.Sin embargo, corresponde a las y los médicosel derecho al secreto profesional, el cual estambién un derecho de rango constitucional.Como ya ha sido señalado, este consiste en elderecho y/o la obligación de mantener reservasobre toda aquella información que se hayaconocido a través de la atención de la persona,más aún cuando ella no desea que sea conocidapor terceros.Entonces, también resulta razonable sostenerque, en la situación planteada, el médico tendríael derecho y la obligación de omitir revelar ala autoridad estatal los ilícitos conocidos enel ejercicio de sus labores y, en tal sentido,debería abstenerse de denunciar los hechos quepudieren ser constitutivos de delito.Por lo tanto, el análisis de la constitucionalidaddel artículo 30o de la LGS implica examinarun conflicto entre dos bienes o derechosreconocidos en la Constitución: secretoprofesional y administración de justicia.Frente a cualquier conflicto de derechoso bienes constitucionales debe tenerse encuenta que ninguno de ambos bienes esabsoluto. Tal como lo ha afirmado el TribunalConstitucional en reiterada jurisprudencia, losderechos fundamentales o bienes reconocidosconstitucionalmente pueden ser objeto delimitaciones o restricciones en su ejercicio, sin16SOTO NAVARRO, Susana. La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna. Granada: Editorial Comares, 2003, p. 267.
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