Artículo Médicos en conflicto entre la cura y la denuncia:

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28MÉDICOS EN CONFLICTO ENTRE LA CURA Y LA DENUNCIA: ARTÍCULO 30Tal como se ha sostenido líneas arriba, lapersecución de los delitos corresponde alas instituciones, como Policía Nacional,Ministerio Público y Poder Judicial,encargados constitucionalmente de talfunción. En cambio “para el facultativo,su asistido (...) es antes que nadaun paciente al que está obligado aatender 26 ” y cuya intimidad, honor y/ootros derechos está en la obligación depreservar en mérito al secreto profesional.En tal sentido, la colaboración con lacorrecta administración de justicia puedeimponerse a los particulares o funcionariospúblicos pertenecientes a entidades confunción distinta, siempre y cuando no seencuentren sujetos al secreto profesional.Puesto que existen otras previsionesconstitucionales y legales encaminadasal aseguramiento de la administración dejusticia, no se descuida la protección de estebien jurídico.El fundamento para no denunciar enestos casos es el mismo que subyace ala formulación del artículo 327o inciso 2del nuevo Código Procesal Penal, sobreexcepción a la obligación de denuncia; y del141° del Código de Procedimientos Penales,que señala que no podrán ser obligados adeclarar en un proceso penal los médicosy obstetrices (entre otros profesionales),respecto de los secretos que se les hubieranconfiado en el ejercicio de su profesión. Lamisma razón explica que el artículo 165° delCódigo Penal establezca sanción a quien,sin el consentimiento del interesado, reveleinformación que haya conocido por razón desu estado, profesión u oficio, de modo quepueda causarle daño.c) El paciente o la paciente no consientey puede resultar incriminado con ladenuncia.Finalmente, el supuesto especial en el que lapersona asistida por el facultativo pudieraresultar incriminada por la denuncia penalimpuesta como obligación por el artículo30° de la LGS —supuesto que comprende ladenuncia por indicios de aborto—, constituyela manifestación más intensa de restriccióndel derecho al secreto profesional médico yderechos conexos.En este caso, no sólo se ven afectados elpropio derecho al secreto profesional delmédico o la médica y de la paciente, yderechos conexos como la intimidad, sinotambién otros derechos como la libertad,el principio de inocencia, la garantía deno declarar contra sí mismo, la salud y—en algunos casos— la vida de la personaasistida.Obligar al profesional a denunciar a supaciente constituye una grave violaciónal secreto médico y puede redundar enperjuicio y riesgo de la persona que requierede asistencia médica. Ante el fundado temorde que la consulta sirva de antesala a sudetención o punición, ésta podría inhibirsede acudir al centro de salud y poner enriesgo su salud y su vida 27 .26LÓPEZ BOLADO, Jorge. Los médicos y el código penal, p. 197.27LÓPEZ BOLADO, Jorge. Op. cit., p. 197.
29Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos / PROMSEXEn tal sentido, la legislación de Costa Ricacontempla una excepción a la obligaciónde denuncia por parte del facultativoo empleado de la sanidad cuandoencuentra señales de delito en su paciente—aún tratándose de un delito grave y deacción pública—, si con ella “expusierea la persona asistida por él aprocedimientos penales” (artículo 397°del Código Penal de Costa Rica).En jurisprudencia comparada einternacional, se ha sostenido que en estesupuesto no puede considerarse obligatoriala denuncia. Se ha afirmado que no debedescuidarse la razón de humanidad quesubyace al secreto profesional y que,por tanto, es inadmisible que la personaenferma o herida quede privada de lossocorros de la ciencia médica por eltemor de que tal auxilio signifique eldescubrimiento de un delito imputable quepuede ser puesto en conocimiento de lajusticia.La sentencia de la Sala Primera del Tribunalde Casación Penal de la Provincia deBuenos Aires, del 26 de noviembre de2002, sobre secreto profesional vs. aborto,desarrolla esta idea de la siguiente forma:“En efecto, una cosa es la necesaria formulación de la denuncia por laevidencia de la existencia de una conducta presuntamente delictiva (...) yotra —muy otra— es que a partir de la misma pueda iniciarse válidamente unproceso contra la persona que —impelida por razones de vida o muerte— hadebido someterse al tratamiento asistencial hospitalario estatal. La primerasituación —como se anticipara— atiende a la elemental necesidad de facilitarla investigación de una maniobra delictiva en la que —eventualmente— hanparticipado terceras personas distintas de quien se ha visto después obligada —en las circunstancias aludidas— a someterse al aludido tratamiento. La segunda(...) tiene la impronta de la obligación a declarar contra uno mismo.(...)Allí tal situación significaría que el Estado como contrapartida de la necesidadvital de afrontar el peligro de muerte, utilizara esa elemental actitud deautopreservación y de vida para someter a esa persona a proceso por esa causa.Lo contrario importaría exigir o aún aceptar o permitir, en el caso que lapersona sobre cuyo cuerpo se hubieran realizado prácticas abortivas, asuma elriesgo de morir sin asistencia estatal”.
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