2007 TSPR 86 - Rama Judicial de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOSonia M. Vázquez CintrónRecurridav.Banco de Desarrollo Económicopara Puerto RicoCertiorari2007 TSPR 86171 DPR ____PeticionarioNúmero del Caso: CC-2005-1149Fecha: 9 de mayo de 2007Tribunal de Apelaciones:Región Judicial de San Juan Panel IIJuez Ponente:Hon. Troadio González VargasAbogado de la Parte Peticionaria:Abogados de la Parte Recurrida:Lcdo. Enrique J. Mendoza MéndezLcda. Yaritza Hernández BonetLcdo. José L. Colom FagundoMateria: Revisión AdministrativaEste documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremoque está sujeto a los cambios y correcciones del proceso decompilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Sudistribución electrónica se hace como un servicio público a lacomunidad.

CC-2005-1149 3puesto incluido en su servicio de carrera, con un sueldoasignado de sobre $44,000 anuales. 1El 4 de enero de 1996, Hecson presentó en el Banco otrasolicitud de reconsideración. En esta ocasión, le ofrecióal Banco las garantías colaterales o fuentes secundarias derepago que detallamos a continuación: (1) hipoteca en rangode tercera sobre el solar y residencia conyugal de lalicenciada Vázquez y el señor Andujar Ruiz, (2) primerahipoteca sobre bienes muebles de la corporación --equipo ymaquinaria--, (3) cesión, a favor del Banco, de las cuentaspor cobrar de la corporación y (4) la firma, como deudorespersonales y solidarios, de la licenciada Vázquez y el señorAndujar Ruiz.Esta vez, tomando en cuenta las referidas garantías, elComité de Crédito del Banco aprobó el préstamo de $300,000.Lo hizo el 19 de abril de 1996, con intereses a razón de 2%sobre la tasa preferencial anual, con un término de repagode 7 años, a base de 78 pagos mensuales escalonados y unamoratoria inicial de 6 meses en el pago de principal.Así, el 19 de abril de 1996, y conforme a los términosestablecidos para la concesión del préstamo, la licenciadaVázquez suscribió una “Carta de Garantía Personal” paragarantizarlo solidariamente. También suscribió, en igualfecha, un contrato de préstamo en calidad de “GarantizadoraSolidaria”. Por último, ese mismo día, suscribió junto a suesposo, en calidad de deudores solidarios, un pagaré, a1 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 193.

CC-2005-1149 4favor del Banco, por la suma principal de $300,000. Laconsideración y aprobación del préstamo se llevó a cabo sinintervención indebida de la licenciada Vázquez, que, en eseentonces, continuaba fungiendo como Líder de Grupo deAsuntos Legales del Banco.Efectivo el 3 de marzo de 1997, la licenciada Vázquez fueseleccionada para ocupar un puesto en ascenso en el serviciode carrera del Banco. Se trató del puesto de Directora deControl de Calidad de Crédito.Éste conllevaba lasfunciones de planificar, dirigir y supervisar lasactividades y procesos de verificación de crédito yfinanciamiento del Banco.El 26 de marzo de 1997, estando en incumplimiento depago, Hecson solicitó al Banco una moratoria adicional de 6meses para el pago de principal e intereses del préstamo.No había hecho pago alguno a esa fecha. La moratoria fueaprobada por el Comité de Crédito del Banco.No obstante, vencida la moratoria, Hecson continuó enincumplimiento de pago. Esta vez, decidió solicitar alBanco tres cosas: (1) otra moratoria de 6 meses para el pagode principal e intereses, (2) la reestructuración de sufinanciamiento --de acuerdo a la situación económica de lacorporación en ese momento-- y (3) crédito adicional por$100,000. El Comité de Crédito del Banco aprobó lamoratoria y la reestructuración solicitada, pero denegó elfinanciamiento adicional.

CC-2005-1149 6a que Hecson no tenía ingresos para cumplir con elcompromiso que implicaba la mencionada reestructuración. 5El 23 de octubre de 1998, un acreedor hipotecariopreferente sobre el solar y residencia conyugal de lalicenciada Vázquez y el señor Andujar Ruiz, instó en elTribunal de Primera Instancia una demanda de ejecución dehipoteca contra ambos y la sociedad legal de gananciales porellos constituida.Aunque fueron emplazados, ni lalicenciada Vázquez ni el señor Andujar Ruiz contestaron lademanda. Tampoco comparecieron posteriormente alprocedimiento judicial. En fin, éste se llevó a cabo enrebeldía y la hipoteca fue efectivamente ejecutada y el bieninmueble adjudicado.La licenciada Vázquez nunca informó a sus superiores laejecución de una de las garantías o fuentes de repago en elpréstamo concedido a Hecson. La ejecución y adjudicacióndel inmueble afectó los intereses del Banco, pues de éstasno resultó sobrante monetario alguno para abonar a la deudaprestataria. 6Por otro lado, el 25 de abril de 2000, el Banco presentóen el Tribunal de Primera Instancia una demanda de cobro dedinero y ejecución de hipoteca inmueble y mueble contraHecson, la licenciada Vázquez, su esposo y la sociedad legal5 Íd., pág. 297.6Determinación de hecho número trece (13), Resolución delOficial Examinador, Apéndice del recurso de Certiorari, pág.710.

CC-2005-1149 9La licenciada Vázquez ejercitó su derecho a la VistaAdministrativa Informal de “pre-terminación de empleo”.Ésta se celebró el 14 de marzo de 2002. 14La licenciadaVázquez compareció a ella representada por abogado. Conposterioridad a su celebración, el 1 de abril de 2002, laseñora Fuentes Pujols le cursó a la licenciada Vázquez unacomunicación escrita en la que reafirmó los cargos imputadosy le notificó su determinación de destituirla del puesto decarrera que ocupaba en el Banco, efectivo el 30 de abril de2002. 15 También, le advirtió de su derecho a solicitar unaVista Administrativa Formal Ante Un Oficial Examinador. Almomento de su destitución, la licenciada Vázquez devengaba,como Directora de la División de Préstamos Especiales yRecobros, un salario mensual de $5,408. 16El 3 de mayo de 2002, la licenciada Vázquez presentó unaquerella formal ante la Junta de Directores del Banco. Enésta, alegó que fue destituida sin justa causa, en violacióna su derecho constitucional a un debido proceso de ley. 1714Determinación de hecho veintiuno (21), Resolución delOficial Examinador, Apéndice del recurso de Certiorari,págs. 714-715.15Determinación de hecho veintidós (22), Íd., pág. 715.Véase, además, Sentencia del Tribunal de Apelaciones,Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 7.16 Determinación de hecho veinticuatro (24), Resolución delOficial Examinador, Apéndice del recurso de Certiorari, pág.715.17Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice delrecurso de Certiorari, pág. 8.

CC-2005-1149 10El 29 de mayo de 2002, el Banco contestó la querella.Designado el Oficial Examinador que presidiría la vistaadministrativa formal, finalmente, ésta se celebró durantelos días 2 y 3 de diciembre de 2003 y 15 de marzo de 2004.El 18 de octubre de 2004, el Oficial Examinador emitióuna Resolución en la que declaró “con lugar” la querellapresentada por la licenciada Vázquez. Determinó que elBanco la destituyó sin justa causa, en violación “a susderechos como empleada del Banco y contrario al principio demérito” (énfasis suplido). 18Ordenó al Banco reinstalarinmediatamente a la licenciada Vázquez al puesto de carrerade Directora de la División de Préstamos Especiales yRecobros, y satisfacerle los salarios y beneficiosmarginales dejados de percibir desde la fecha de sudestitución hasta el momento en que fuere reinstalada. 19Denegada por el Oficial Examinador una solicitud dereconsideración, el Banco presentó un Recurso de RevisiónAdministrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El forointermedio apelativo confirmó el dictamen recurrido y denegóal Banco una subsiguiente moción de reconsideración.Inconforme, el Banco presentó ante nos un oportunorecurso de Certiorari, señalando los errores siguientes:1. Erró el Tribunal de Apelaciones alconfirmar al Hon. Oficial Examinador alconcluir que no existía justa causapara el despido de la Lic. Vázquez.18 Resolución del Oficial Examinador, Apéndice del recurso deCertiorari, pág. 726.19 Íd.

CC-2005-1149 112. Erró el Tribunal Apelativo al concluirque la Lic. Vázquez no incurrió enconflicto de intereses.3. Erró el Tribunal Apelativo al concluirque la Lic. Vázquez no incurrió enconducta desleal.4. Erró el Hon. Oficial Examinador alconceder los remedios otorgados.5. Erró el Tribunal de Apelaciones alconfirmar al Oficial Examinador y nodisponer que el despido fue unojustificado.El 3 de marzo de 2006, expedimos el recurso deCertiorari. Con el beneficio de la comparecencia de ambaspartes, nos encontramos en posición de resolver.IIPor estar estrechamente relacionados, discutiremos loserrores señalados conjuntamente.A. El Banco de Desarrollo Económico de Puerto RicoEl Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, enadelante el Banco, es una instrumentalidad y corporaciónpública del Estado, creada por virtud de la Ley Núm. 22 de24 de julio de 1985. 20 Dicha corporación tiene comopropósito de alto interés público la promoción deldesarrollo del sector privado de la economía de Puerto Rico,haciendo disponible a cualquier persona, firma, corporación,sociedad, institución financiera, cooperativa u otraorganización privada con o sin fines de lucro, préstamosdirectos, garantías de préstamos y fondos para invertir en20 7 L.P.R.A. sec. 611 et seq.

CC-2005-1149 12dichas empresas, dando preferencia a los pequeños y medianosempresarios puertorriqueños. 21El Banco tiene “personalidad legal propia y existenciaseparada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y decualquiera de sus agencias, instrumentalidades ocorporaciones públicas”. Puede demandar y ser demandado.Sus “deudas, obligaciones, contratos, pagarés, recibos,gastos, cuentas, fondos, empresas y propiedades” son “de suúnica responsabilidad y no de la responsabilidad del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico, sus agencias,instrumentalidades y corporaciones públicas”. 22Sus negociosson administrados y sus poderes corporativos ejercidos poruna Junta de Directores, compuesta por nueve (9) miembros,cinco (5) de los cuales son funcionarios públicos y cuatro(4), representantes del sector privado, nombrados por elGobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. 23B. El Principio de Mérito1. La Ley de Personal del Servicio PúblicoEn el sector de empleo público rige, como políticapública, el principio de mérito. 24El principio de mérito esy tiene como propósito que sean los más aptos los que sirvanal Gobierno y que todo empleado sea seleccionado,21 Íd., sec. 611a.22 Íd., secs. 611a y 611b.23 Íd., sec. 611d.24López v. C.E.E., 2004 T.S.P.R. 47, 2004 J.T.S. 56, 161D.P.R. __ (2004); Martínez Figueroa v. Oficina delGobernador, 152 D.P.R. 586, 592 (2000); Rodríguez Román v.

CC-2005-1149 13adiestrado, ascendido y retenido en su empleo enconsideración al mérito y a la capacidad, sin discrimen porrazones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen ocondición social, ni por ideas políticas o religiosas,condición de veterano, ni por impedimento físico o mental. 25La Ley de Personal del Servicio Público de 1975, segúnfuera enmendada 26 , en adelante antigua Ley de Personal de1975, aplicable a los hechos del caso de marras, establecíaen su sección 10.6 que sus disposiciones no aplicaban a,entre otros, los empleados de agencias o instrumentalidadesdel Gobierno que funcionan como empresas o negociosprivados, ni a los empleados de agencias oinstrumentalidades del Gobierno que tengan derecho anegociar colectivamente. 27Sin embargo, esa misma secciónaclaraba que dichas agencias o instrumentalidades teníanque:adoptar, con el asesoramiento de laOficina de Personal, y dentro de losciento veinte (120) días de la aprobaciónde esta ley, un reglamento de personalincorporando el principio de mérito queregirá las normas de personal de aquellos_______________________________________________________Banco Gubernamental de Fomento, 151 D.P.R. 383, 410 (2000);Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40 (1980).253 L.P.R.A. sec. 1461, inciso 41; Martínez Figueroa v.Oficina del Gobernador, supra, pág. 596; Rodríguez Román v.Banco Gubernamental de Fomento, supra, pág. 410; ReyesCoreano v. Director Ejecutivo, supra, pág. 55.26 3 L.P.R.A. ant. sec. 301 et seq. Esta ley fue derogada ysustituida por la vigente Ley para la Administración de losRecursos Humanos en el Servicio Público del Estado LibreAsociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184 de 3 de agosto de2004, según enmendada, 3 L.P.R.A. secs. 1461-1468p.27 3 L.P.R.A. ant. sec. 1338.

CC-2005-1149 14empleados no cubiertos por convenioscolectivos (énfasis añadido). 28Interpretando la referida sección 10.6 de la antigua Leyde Personal de 1975, destacamos en Reyes Coreano v. DirectorEjecutivo, que:[e]l mandato a que se refiere el párrafoanteriormente transcrito, analizado a laluz de los principios de política públicaproclamados con carácter general en lasección 2.1 de la ley [cita omitida],revela sin duda la clara intenciónlegislativa de efectuar la armónicainstrumentación de uno de los principalesobjetivos de la ley: extender losbeneficios de una administración depersonal basada en el principio de méritoal mayor número posible de sectorespúblicos. A esos fines le impuso a dichasagencias la indefectible obligación deadministrar su personal no unionado deconformidad con el principio de mérito,aún cuando en atención a sus particularescircunstancias quedaran efectivamenteexcluidas de las restantes disposicionesde la ley. Téngase presente en estesentido, que el principio de mérito existeúnicamente en virtud de y de conformidad acomo ha sido formulado en la Ley dePersonal.El historial de la medida confirmaque fue ésta y no otra la intenciónlegislativa. Los antecedentes de la leydestacan la importancia que para susobjetivos representaba la reafirmación delprincipio de mérito como norma rectora enla administración de personal y suextensión de manera uniforme a todos lossectores del servicio público. Así, elInforme Explicativo del anteproyectopropuesto por el Gobernador a la AsambleaLegislativa advirtió claramente elpropósito de extender el principio demérito ‘a todos los sectores del serviciopúblico: empleados estatales -- incluyendolos de las corporaciones públicas --empleados municipales (énfasis suplido). 2928 Íd.29 110 D.P.R. 40, 47-48 (1980).

CC-2005-1149 15Más adelante, añadimos:Igualmente el Informe de las Comisiones deGobierno y de Derechos Civiles del Senadoal P. del S. 1428 afirma en la página 27que ‘el principio de mérito se haceextensivo a todo el servicio público dePuerto Rico (y no solamente a la terceraparte que ahora tiene esta protección)’(énfasis nuestro). 30En el año 2000, hicimos extensivas estas expresiones alcaso Rodríguez Román v. Banco Gubernamental de Fomento. 31Allí, la parte demandada era el Banco Gubernamental deFomento, corporación pública creada con propósitos muysimilares a los del Banco de Desarrollo Económico de PuertoRico, esto es, fomentar la economía de Puerto Rico yespecialmente su industrialización, proveyendo una fuente definanciamiento a personas naturales o jurídicas, dedicadas ala manufactura, al comercio, a la agricultura o al turismo,con énfasis en los medianos y pequeños comerciantes,mediante préstamos directos, garantías de préstamos, asícomo de inversiones de capital. 32En Rodríguez Román v. Banco Gubernamental de Fomento,supra, expresamos que no obstante las exclusiones de variasramas y agencias del Gobierno de las disposiciones de laantigua Ley de Personal de 1975, que obedecían, en el casode las ramas, al respeto del principio de separación de30 Íd., págs. 48-49.31 151 D.P.R. 383 (2000). Véase particularmente las páginas410-411 de dicha Opinión.32 Íd., págs. 396 y 403-404.

CC-2005-1149 16poderes y, en el caso de la agencias, para evitar cualquierconflicto con los convenios colectivos que regían en lasmismas, “la política pública del Estado Libre Asociado hasido la de extender el principio del mérito a todo elservicio público, incluso a las agencias einstrumentalidades excluidas por la mencionada ley depersonal” (énfasis añadido). 33Cabe destacar que los pronunciamientos que hemos hechorelativos a la política pública del Estado de extender elprincipio del mérito a todo el servicio público mantienenvigencia hoy, pues la sección 5.3 de la Ley para laAdministración de los Recursos Humanos en el ServicioPúblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm.184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, 34 en adelantenueva Ley de Personal de 2004, en términos muy similares asu antecesora, dispone que no será aplicable “a lascorporaciones o instrumentalidades públicas o públicoprivadasque funcionan como empresas o negocios privados”(énfasis nuestro). 35Pero, adviértase que, igual que suantecesora, aclara y manda lo siguiente:[en] el caso de las corporaciones públicaso público-privadas deberán adoptarreglamentos de personal que incorporen elprincipio de mérito a la administración de33 Rodríguez Román v. Banco Gubernamental de Fomento, supra,págs. 411-412, citando a McCrillis v. Aut. Navieras deP.R., 123 D.P.R. 113, 132 (1989) y Reyes Coreano v. DirectorEjecutivo, supra, pág. 47.34 3 L.P.R.A. secs. 1461-1468p.35 3 L.P.R.A. sec. 1461e.

CC-2005-1149 17sus recursos humanos, conforme lo disponeesta ley (énfasis suplido). 36Por su parte, el artículo 4 de la ley habilitadora delBanco facultó a su Junta de Directores a promulgarpolíticas, reglamentos y procedimientos para disponer “detodos los asuntos del personal del Banco sin sujeción a laLey Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como ‘Ley dePersonal del Servicio Público de Puerto Rico’”. 37Es decir,la ley habilitadora del Banco (de 1985), en armonía con laantigua Ley de Personal de 1975 y la nueva Ley de Personalde 2004, establece que los empleados del Banco estánefectivamente excluidos de las disposiciones particulares dela legislación de personal del servicio público.No obstante, ello nada tiene que ver con el mandato legalde que en el Banco rija, vía reglamento de personal, elprincipio de mérito, de conformidad a como ha sido formuladoen la citada legislación de personal.2. El Reglamento de Personal del BancoLa licenciada Vázquez siempre fue, y hasta el momento desu destitución, una empleada regular del Banco, destacada ensu servicio de carrera. 38En todo momento, y durante elproceso de su destitución, los asuntos de personal de lacorporación pública se rigieron por las disposiciones delReglamento de personal para empleados de carrera, confianza36 Íd.37 7 L.P.R.A. sec. 611b.38Determinación de hecho del Oficial Examinador, Apéndicedel recurso de Certiorari, págs. 704 y 706.

CC-2005-1149 18y transitorios BDE-007 Núm. 5572 del Banco de DesarrolloEconómico de Puerto Rico de 7 de mayo de 1997, en losucesivo Reglamento de Personal. 39Éste fue aprobado por laJunta de Directores del Banco allá para el 25 de marzo de1997 y radicado en el Departamento de Estado el 7 de abrildel mismo año.La Base Legal del Reglamento de Personal, artículo 2,establece:[e]ste reglamento se promulga en virtud delo dispuesto en el artículo 4 de la LeyNúm. 22 del 24 de julio de 1985, conocidacomo la “Ley del Banco de DesarrolloEconómico para Puerto Rico”, segúnenmendada, en la disposición de la sección10.6 de la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de1985, según enmendada, Ley de personal delServicio Público y conforme a la Ley Núm.170 del 12 de agosto de 1988, conocidacomo la Ley de ProcedimientoAdministrativo Uniforme (énfasis añadido).Por su parte, el artículo 3, titulado Propósito, de dichocuerpo reglamentario dispone lo siguiente:Se adopta este reglamento con el propósitode establecer las normas que regirán laadministración de los Recursos Humanos enel Banco de Desarrollo Económico paraPuerto Rico. Se establece que el39Este reglamento contenía normas aplicables “a losempleados del servicio de Carrera, del servicio deConfianza, empleados transitorios y aspirantes a empleo enel Banco”, según reza textualmente su artículo 4, Alcance.En el año 2004, este reglamento fue anulado y sustituido porlos siguientes: (1) Reglamento de recursos humanos delservicio de carrera BDE-014 Núm. 6783 del Banco deDesarrollo Económico de Puerto Rico de 2 de abril de 2004 y(2) Reglamento de recursos humanos del servicio de confianzaBDE-015 Núm. 6784 del Banco de Desarrollo Económico dePuerto Rico de 2 de abril de 2004. De esta forma, sesepararon en reglamentos distintos las normas de personalaplicables a los empleados de carrera, de las aplicables alos empleados de confianza. Éstos últimos dos (2)reglamentos son inaplicables a los hechos del presente caso.

CC-2005-1149 19principio de mérito será el conceptorector en la administración de losrecursos humanos del Banco, asegurando asíque sean los más capacitados quienessirvan al Banco y que los empleados seanseleccionados, adiestrados, ascendidos,retenidos y tratados en todo lo referentea su empleo en consideración única delmérito sin que medie discrimen por razonesde raza, color, sexo, nacimiento, edad,origen o condición social, impedimentos nipor ideas políticas o religiosas (énfasissuplido).De otro lado, su artículo 8 de Retención y Separación delServicio, específicamente su sección 5, titulada Seguridaden el Empleo, afirma:[l]os empleados regulares de Carreratendrán continuidad en sus puestos,siempre que satisfagan los criterios deproductividad, rendimiento, orden ydisciplina que deben prevalecer en elBanco (énfasis nuestro).Asimismo, el Capítulo Cuarto del concernido reglamento,titulado Disciplina de Empleados, específicamente suartículo 19, Acciones Correctivas de Disciplina, sección 2,titulada Normas, inciso 18, indica lo siguiente: “[e]l Bancomantendrá unas guías de las acciones de disciplina para cadaofensa que se cometa”.Relacionado a las acciones de disciplina que el Bancopuede tomar contra sus empleados, el Capítulo Cinco delReglamento de Personal, titulado Quejas de Empleados,específicamente su artículo 20, Procedimiento para AtenderQuejas, sección 3, establece un procedimiento de cuatro (4)pasos, para considerar y adjudicar formalmente cualquierqueja de un empleado regular de carrera. Así lee el cuartopaso del referido procedimiento adjudicativo formal:

CC-2005-1149 20........Paso 4: Si el empleado afectado aún noestá satisfecho, éste deberá presentar unaquerella formal a la Oficina delPresidente [del Banco] en un término detreinta (30) días calendario contados apartir del recibo de la notificación quele hiciera el Vicepresidente de RecursosHumanos. El Presidente, nombrará a unOficial Examinador ajeno al Banco para quecelebre una vista administrativa formalsobre la queja del empleado, la cual sellevará a cabo a tenor con elprocedimiento que se dispone en la Ley 170del 12 de agosto de 1988, según enmendada[Ley de Procedimiento AdministrativoUniforme, por sus siglas L.P.A.U.] y conel Procedimiento Administrativo ante unOficial Examinador para Atender Querellasque se haya aprobado.En la vista, el empleado tendráderecho a estar representado legalmente,se tomará récord taquigráfico y el OficialExaminador designado deberá realizardeterminaciones de hecho y conclusiones dederecho.El Oficial Examinador notificará laresolución administrativa del caso, atenor con las Reglas de ProcedimientoAdministrativo Ante un Oficial Examinador,aprobadas el 12 de junio de 1996 (énfasissuplido).3. El Reglamento de Procedimiento Administrativo Ante unOficial ExaminadorTal como lo expresa el transcrito “Paso 4” delProcedimiento para Atender Quejas, el Banco promulgó unreglamento titulado Reglas de procedimiento administrativoante un oficial examinador Núm. 5489 del Banco de DesarrolloEconómico de Puerto Rico de 7 de noviembre de 1996. 40La40 Este reglamento fue anulado y sustituido por el reglamentotitulado Reglas de procedimiento administrativo ante unoficial examinador Núm. 7012 del Banco de DesarrolloEconómico de Puerto Rico de 20 de agosto de 2005. Esteúltimo es inaplicable al caso de autos.

CC-2005-1149 21Regla 25 de este último reglamento, titulada Resoluciones yÓrdenes, específicamente la subregla 25.1, dispone que:[l]a resolución en los méritos contendráuna relación de hechos probados,conclusiones de derecho, y dispondrá laorden que en derecho proceda (énfasisañadido).Asimismo, la Regla 26 del mencionado reglamento, tituladaRemedios, añade lo siguiente:26.1 Toda resolución otorgará el remedioque en derecho proceda aún cuando laspartes no lo hayan solicitado.26.2 En los casos en que una de las parteshaya actuado con temeridad, se impondrá elpago de honorarios de abogado e interés,conforme lo dispuesto en la Regla 44.1 (d)y 44.3 de Procedimiento Civil que seutiliza en los tribunales (énfasisnuestro).Es menester señalar que, en su Regla 26, el referidoreglamento también establece el derecho a solicitar unareconsideración ante el Oficial Examinador, de conformidadcon la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme delEstado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU). 41Además, el reglamento en cuestión incluye, en su Regla29, el derecho a revisión judicial, también conforme a laLPAU. Expresa la referida regla que el escrito de revisiónjudicial deberá presentarse en el Tribunal de Apelaciones,conforme al reglamento de dicho tribunal, y en particular, atenor con las reglas relativas a la revisión de decisionesadministrativas.41 Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3L.P.R.A. secs. 2101-2201.

CC-2005-1149 22C. El derecho de retención como paradigma del principio demérito: la reinstalación en el puesto como remedioDentro del contexto del principio de mérito, la sección4.6 de la antigua Ley de Personal de 1975 establecía losiguiente:[s]e proveerá seguridad en el empleo aaquellos empleados de carrera quesatisfagan los criterios deproductividad, eficiencia, orden ydisciplina que deben prevalecer en elservicio público (énfasis añadido). 42A la luz del concepto del principio de mérito, en RodríguezRomán v. Banco Gubernamental de Fomento, supra,interpretamos la citada sección y expresamos:Paradigma de este principio es elderecho de retención, esto es, el deser provisto de seguridad en el empleoa aquellos empleados de carreraidóneos, que satisfagan los requisitosde productividad y disciplina quedeben prevalecer en el serviciopúblico (énfasis suplido). 43En relación a este particular, hemos resuelto que unempleado público de carrera tiene un reconocido y protegidointerés legal en la retención de su empleo. 44Esprecisamente por ello que este tipo de empleado, con estatusregular, posee una expectativa de continuidad en el empleo,423 L.P.R.A. ant. sec. 1336. En iguales términos estáredactada la sección 6.6 de la nueva Ley de Personal de2004, 3 L.P.R.A. sec. 1462e(1).43 Pág. 410 de la Opinión.44 Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227, 241 (1992); TorresSolano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990); Pierson Muller Iv. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 852 (1978).

CC-2005-1149 23que forma parte de su derecho de propiedad, de lo cual nopuede ser privado sin que medie debido proceso de ley. 45No obstante, mucho más pertinentes y penetrantes alpresente caso son nuestras expresiones en Carrón Lamoutte v.Compañia De Turismo. 46Como sabemos, tanto la Compañía deTurismo, como el Banco Gubernamental de Fomento de PuertoRico y el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, soncorporaciones públicas excluidas de la legislación depersonal del servicio público. Con ello en mente, veamos loque allí expresamos:Al evaluar la controversia de autosrecordemos que la Compañía de Turismoes "una corporación pública einstrumentalidad gubernamental delEstado Libre Asociado", 23 L.P.R.A.sec. 671a, excluida del sistema depersonal del servicio público. Sinembargo, en conformidad con la Sec.10.6 de la Ley de Personal delServicio Público de Puerto Rico, 3L.P.R.A. sec. 1338(3) y (4), laCompañía de Turismo adoptó unreglamento de personal que extendió elprincipio de mérito a los empleados nocubiertos por convenio colectivo.El Reglamento de Personal de laCompañía de Turismo de Puerto Ricoestablece dos (2) categorías deempleados y dispone un procedimientopara el reclutamiento, ascenso,destitución y cesantía según sucapacidad y bajo el principio demérito. Mediante este ordenamiento,los empleados de carrera adquirieronun reconocido interés propietario enla retención de su empleo. Una vez sele reconoció ese derecho, el Estado nopuede privárselo sin unas garantías45 Orta v. Padilla Ayala, supra, pág. 241; Art. II, sec. 7,Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Emdas. V y XIV, Const.EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1; Torres Solano v. P.R.T.C., supra.46 130 D.P.R. 70 (1992).

CC-2005-1149 24procesales que cumplan con el debidoproceso de ley.........Bajo esta normativa, y considerandonuestros pronunciamientos en TorresSolano v. P.R.T.C., supra, losempleados de carrera de la Compañía deTurismo están protegidos por lacláusula constitucional del debidoproceso de ley (subrayado en eloriginal y negritas nuestras). 47Consistente con todo lo anterior, hemos expresado que elprincipio de mérito es uno integral que cubre tanto laselección del empleado como su destitución. 48Así, en loscasos de destitución de un empleado público de carrera, sila decisión resultante del proceso adjudicativoadministrativo es favorable al empleado, hemos resuelto quelo que procede es “ordenar su restitución y el pago total, oparcial, de los salarios dejados de percibir por éste desdela fecha de efectividad de la destitución, más losbeneficios marginales a que hubiese tenido derecho” (énfasissuplido). 49Finalmente, hacemos hincapié en que hemos reconocidoestos mismos remedios a los empleados de carrera que laboranen corporaciones públicas excluidas de la legislación de47 Íd., págs. 81-82.48 Martínez Figueroa v. Oficina del Gobernador, supra, pág.596.49Hernández Badillo v. Municipio de Aguadilla, 154 D.P.R.199, 203-204 (2001). Véase, además, Estrella v. Municipiode Luquillo, 113 D.P.R. 617 (1982) y Navedo v. Municipio deBarceloneta, 113 D.P.R. 421 (1982). En éstos últimosdispusimos que para vindicar un despido ilegal de unempleado de carrera cobijado por el principio de mérito, loque procede es la reposición en el puesto con la paga delsueldo dejado de percibir.

CC-2005-1149 25personal del servicio público, que han adoptado el principiode mérito vía sus respectivos reglamentos de personal. 50D. Mecanismo de revisión judicialEl Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico de 2003 dispone que:El Tribunal de Apelaciones conocerá delos siguientes asuntos:(a) ...(b) ...(c) Mediante recurso de revisiónjudicial, que se acogerá como cuestiónde derecho, de las decisiones, órdenesy resoluciones finales de losorganismos o agencias administrativas.En estos casos, la mera presentacióndel recurso no paralizará el trámiteen el organismo o agenciaadministrativa ni será obligatoria lacomparecencia del Estado LibreAsociado ante el foro apelativo amenos que así lo determine eltribunal. El Procedimiento a seguirserá de acuerdo con lo establecido porla Ley Núm. 170 de 12 de agosto de1988, según enmendada, conocida comola "Ley de ProcedimientoAdministrativo Uniforme del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico”. 51Bajo el casi idéntico lenguaje del artículo 4.002(g) dela derogada Ley de la Judicatura de 1994 52 , hemos resueltoque el Tribunal de Apelaciones es el foro con competenciapara entender en la revisión de una determinación final de50Carrón Lamoutte v. Compañia De Turismo, supra, pág. 88.Véase, además, nuestras expresiones en Camacho v. AAFET,2006 T.S.P.R. 88, 2006 J.T.S. 97, 168 D.P.R. __ (2006).51 Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. sec.24 y.52 4 L.P.R.A. ant. sec. 22k(g).

CC-2005-1149 26un Oficial Examinador agencial, en el contextoadministrativo interno de la destitución de un empleadocobijado por el principio de mérito, destacado en unaentidad excluida de la legislación de personal del serviciopúblico, y cuyo reglamento de personal y reglamento pararevisar acciones de personal facultan al Tribunal deApelaciones para así hacerlo. 53E. ConclusiónEl análisis integral de lo expresado hasta aquí nos llevaa concluir inexorablemente lo siguiente. El Banco es unacorporación pública excluida de la legislación de personaldel servicio público, pero que, en cumplimiento de unmandato legislativo, incorporó en sus reglamentos depersonal y para revisar acciones de personal, el principiode mérito. Al nombrar a la licenciada Vázquez empleadaregular de carrera, le otorgó, a tenor con dichosreglamentos, seguridad de empleo, y por ende, derechopropietario sobre su puesto. Por ello, sólo podía serdestituida previa formulación de cargos, vista y justacausa, es decir, con el debido proceso de ley.La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,conocida como Ley de Indemnización por DespidoInjustificado 54 , no tiene lugar en la controversia de marrasporque la licenciada Vázquez, como empleada regular en elservicio de carrera del Banco, gozaba de una mayor y más53López v. C.E.E., 2004 T.S.P.R. 47, 2004 J.T.S. 56, 161D.P.R. __ (2004).

CC-2005-1149 27completa protección bajo el manto del principio de mérito,según lo conocemos. La Ley Núm. 80, supra, sólo provee comoremedio a los empleados despedidos injustificadamente unacompensación económica, comúnmente conocida como mesada.Sin embargo, de haber sido destituida sin justa causa, lalicenciada Vázquez tenía derecho a reinstalación en supuesto, con la paga de los salarios y beneficios marginalesdejados de percibir hasta la fecha de su reposición. Comocuestión de realidad, esos remedios le fueron provistos porel Oficial Examinador que presidió la vista administrativaformal de destitución, y fueron confirmados por el Tribunalde Apelaciones.Finalmente, destacamos que la determinación que sobre sudestitución hizo el Oficial Examinador designado por elBanco, sólo era revisable a la luz de las normas que nuestroordenamiento legal provee (según vimos, incorporadas en lareglamentación de personal del Banco) para objetardecisiones administrativas.IIIAclarado lo anterior, procede que pasemos a la cuestióncentral del caso de autos, esto es, revisar la Sentencia delTribunal de Apelaciones, confirmatoria de la decisión delOficial Examinador designado por el Banco, al efecto de queel Banco destituyó sin justa causa a la licenciada Vázquez._______________________________________________________54 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.

CC-2005-1149 28Lo haremos a la luz del estándar de revisión dedeterminaciones administrativas.La LPAU dispone que las determinaciones de hecho de lasagencias serán sostenidas por los tribunales si se basan enevidencia sustancial que obre en el expedienteadministrativo 55 ; siendo evidencia sustancial aquella que unamente razonable podría aceptar como adecuada para sosteneruna conclusión. 56“Lo anterior, pretende ‘evitar lasustitución del criterio del organismo administrativo enmateria especializada por el criterio del tribunalrevisor’”. 57Sin embargo, las conclusiones de derecho de losorganismos administrativos que no involucraninterpretaciones efectuadas dentro del ámbito deespecialización de la agencia concernida, son revisables entoda su extensión. 58Así las cosas, “los tribunales se abstendrán de avalar odeferir a la interpretación de la agencia si ésta: (1) erróal aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable oilegalmente; o (3) lesionó derechos constitucionales55Sección 4.5 de la Ley Núm. 170, supra, 3 L.P.R.A. sec.2175.56 Mun. De San Juan v. Junta de Planificación, 2006 T.S.P.R.155, 2006 J.T.S. 164, 169 D.P.R. __ (2006). Véase, además,Hernández v. Centro Unido, 2006 T.S.P.R. 131, 168 D.P.R. ___(2006), citando a Otero v. Toyota, 2005 T.S.P.R. 8, 2005J.T.S. 13, 163 D.P.R. ___ (2005).57Mun. De San Juan v. Junta de Planificación, supra;Hernández v. Centro Unido, supra.58 Íd.

CC-2005-1149 29fundamentales”. 59En otras palabras, la deferencia judiciala la determinación administrativa cede ante una actuaciónirrazonable o ilegal. 60“Los tribunales no estamos llamadosa imprimir un sello de corrección, so pretexto dedeferencia, para avalar situaciones en que la interpretaciónde la agencia resulte contraria a derecho”. 61En el presente caso, el Oficial Examinador determinó comohecho probado que la licenciada Vázquez, junto a su esposo,garantizaron solidaria y personalmente el préstamo de$300,000 que el Banco extendió a Hecson Puerto Rico, Inc.(Hecson), incorporada y dirigida, precisamente, por suempleada, la licenciada Vázquez, y su esposo. Además, quepara convencer al Banco a aprobar el financiamiento, ademásde la garantía solidaria y personal ofrecida por losesposos, éstos ofrecieron varias garantías o fuentes derepago adicionales, a saber: (1) hipoteca en rango detercera sobre el solar y residencia conyugal, (2) primerahipoteca sobre bienes muebles de la corporación --equipo ymaquinaria-- por $206,000, y una (3) cesión de cuentas porcobrar de la corporación a favor del Banco. Fue tomando encuenta las garantías colaterales o fuentes secundarias de59 Íd.60 Íd. Véase, además, T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited,148 D.P.R. 70 (1999); Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co.,145 D.P.R. 226 (1998); Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro,129 D.P.R. 1020 (1992); Rivera v. A & C Development Corp.,144 D.P.R. 450 (1977).61 Mun. De San Juan v. Junta de Planificación, supra; A.A.A.v. Unión Abo. A.A.A., 2002 T.S.P.R. 149, 2002 J.T.S. 155,158 D.P.R.___(2002); Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro,supra.

CC-2005-1149 30repago ofrecidas, que el Comité de Crédito del Bancofinalmente aprobó la transacción. Determinó, además, que larecurrida no intervino indebidamente en la aprobación delpréstamo por parte de su patrono. También, que luego de suaprobación, el Banco la ascendió en dos (2) ocasiones,siendo su último puesto el de Directora de la División dePréstamos Especiales y Recobros. Incluso, que la licenciadaVázquez fue miembro del Comité de Crédito del Banco desdemarzo de 1997 hasta marzo de 2001. Era su Secretaria.Por otro lado, se desprende de las determinaciones dehecho del Oficial Examinador que el incumplimiento con elpago del préstamo llevó al Banco, a solicitud de Hecson, aotorgarle dos (2) moratorias adicionales en el pago deprincipal e intereses, en lo que no intervino la licenciadaVázquez. Sin embargo, el Oficial Examinador determinó queen noviembre de 1997, Hecson cerró operaciones, y no fuesino en febrero de 1998 que el esposo de la licenciadaVázquez (no ella) lo informó al Banco.De otra parte, de las determinaciones de hechos delOficial Examinador surge que un acreedor preferente ejecutósu hipoteca sobre el solar y residencia de la licenciadaVázquez y su esposo. El procedimiento de ejecución seefectuó en rebeldía, pues, a pesar de haber sido emplazados,ni la licenciada Vázquez ni su esposo contestaron la demandani comparecieron a los procedimientos.La licenciadaVázquez nunca informó al Banco la ejecución de una de susgarantías o fuentes de repago en el préstamo concedido a

CC-2005-1149 31Hecson. De dicha ejecución no resultó sobrante alguno paraabonar a la acreencia del Banco.Por otro lado, de las determinaciones de hechos delOficial Examinador se desprende que la licenciada Vázqueztampoco informó al Banco que, además de la hipotecainmueble, éste había perdido las garantías colaterales dehipoteca sobre bienes muebles y sobre las cuentas por cobrarde Hecson. La corporación dispuso de los unos y de lasotras, sin consentimiento del Banco. En síntesis, Hecson norealizó pago alguno acreditable a la deuda.Losgarantizadores personales y solidarios del préstamo --lalicenciada Vázquez y su esposo-- tampoco hicieron pagoalguno acreditable a la cuenta. Asimismo, el Banco se vioimposibilitado de cobrar su acreencia a través de sus otrasgarantías colaterales.Finalmente, surge de las referidas determinaciones dehechos que el Banco se vio en la obligación de demandar encobro del préstamo impagado a su Directora de la División dePréstamos Especiales y Recobros, y Secretaria de su Comitéde Crédito, es decir, a la licenciada Vázquez. También, asu esposo y a Hecson, de quien, como sabemos, la licenciadaVázquez era incorporadora y directora.Se desprende,además, que la licenciada Vázquez y su esposo fueronemplazados personalmente y tampoco contestaron la demanda nicomparecieron a los procedimientos. El Tribunal de PrimeraInstancia terminó dictando sentencia en rebeldía contra lalicenciada Vázquez y su esposo, en carácter solidario, por

CC-2005-1149 32la suma de $485,398.98, más intereses a razón de $55.01diarios hasta el saldo total de la deuda.El Oficial Examinador determinó que el Banco destituyó ala licenciada Vázquez por haber incumplido con el pago delpréstamo del cual ella era garantizadora personal ysolidaria, y por serle imputable el incumplimiento deHecson, que vendió y dispuso de los bienes muebles y cuentaspor cobrar de la corporación, grabados a favor del Banco.Todo ello con el resultado de la pérdida para el Banco deuna cuenta de poco menos de medio millón ($500,000) dedólares.No obstante, el Oficial Examinador concluyó, comocuestión de derecho, que la destitución de la licenciadaVázquez fue sin justa causa. Se basó, esencialmente, en quesu obligación como deudora, su incumplimiento de pago, laausencia de acciones afirmativas de su parte en protecciónde los intereses del Banco --en cuanto al préstamo serefiere-- y sus actuaciones contrarias a tales intereses,nada tenían que ver con sus ejecutorias como empleada, esdecir, como Directora de la División de Préstamos Especialesy Recobros del Banco. Además, apoyó su decisión en el hechode que en el proceso de aprobación del préstamo a Hecson, lalicenciada Vázquez no violó la Ley de Ética Gubernamentaldel Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en lo sucesivo Leyde Ética Gubernamental 62 , ni la ley habilitadora del Banco.62Ley Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, 3L.P.R.A sec. 1801 et seq.

CC-2005-1149 33Concluyó que todo lo anterior, en unión a que la licenciadaVázquez cumplía con los deberes de su puesto, y que nointervino indebidamente ni en la aprobación del préstamo nien la concesión de sus moratorias de pago, hacían de sudestitución una sin justa causa.Por su parte, el Tribunal de Apelaciones, luego de citarin extenso la Resolución del Oficial Examinador, confirmó sudecisión. Erraron ambos como cuestión de derecho. Elproblema no radicó en la etapa de la perfección del préstamoen controversia sino en la etapa del cumplimiento de supago, vista desde la perspectiva de los puestos que ocupabala licenciada Vázquez en el Banco. Veamos.Las Guías para Acciones Correctivas de Disciplina, queforman parte del Procedimiento para Aplicar AccionesCorrectivas de Disciplina del Banco 63 , disponen que ocultarinformación que afecte al Banco conlleva la sanción dedestitución a la primera falta. 64Por otro lado, establecen que incurrir en actuaciones queenvuelvan conflicto de intereses con sus obligaciones en elBanco conlleva las siguientes sanciones: en una primerafalta, entre un mínimo de una reprimenda escrita y un máximode una suspensión de empleo y sueldo por 15 días; en unasegunda infracción, entre un mínimo de una suspensión deempleo y sueldo de 15 a 30 días y un máximo de destitución.63 Aprobado por su Junta de Directores el 13 de mayo de 1997,entrando en vigor el 13 de junio de 1997. Apéndice delrecurso de Certiorari, págs. 120-128.64 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 127.

CC-2005-1149 34Finalmente, disponen que violar la Ley de ÉticaGubernamental y sus reglamentos, o cualquier otradisposición relacionada a la ética de los empleados públicosconlleva las sanciones siguientes: en una primera falta,entre un mínimo de una reprimenda verbal y un máximo de unareprimenda escrita; en una segunda infracción, entre unmínimo de una reprimenda escrita y un máximo de unasuspensión de empleo y sueldo de 1 a 15 días; en una tercerafalta, entre una suspensión de empleo y sueldo de 1 a 30días y un máximo de destitución. 65No albergamos dudas de que la licenciada Vázquez incurrióen ambas faltas. No obstante, somos del criterio de que esla unión de las mismas, a su patrón de ocultar informaciónque afectaba al Banco, lo que constituyó justa causa para sudestitución. Nótese que las referidas Guías sí contemplanla destitución ante ésta última falta.En torno a ocultar información que afecta al Banco, comofalta, resaltamos lo siguiente. El verbo “ocultar” esdefinido como “esconder, tapar, disfrazar, encubrir a lavista; callar advertidamente lo que se pudiera o debieradecir, o disfrazar la verdad”. 66La licenciada Vázquez le representó al Banco quegarantizaba solidaria y personalmente el cumplimiento delpréstamo concedido a Hecson.A sabiendas del craso65 Íd., págs., 127-128.66 Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed.Espasa-Calpe, 2001, T.I., pág. 1609.

CC-2005-1149 35incumplimiento de pago de Hecson, nunca hizo abono alguno ala deuda en su carácter personal de garantizadora solidaria.Tampoco tomó iniciativa alguna dirigida a pagar, aunque seapor medio de un plan de pago. Llama la atención que almomento de su destitución, su salario mensual era de$5,408. 67 Sin embargo, no se inmutó en lo absoluto. En esesentido, es claro e indiscutible que le incumplió a supatrono. Miró para el lado, y se hizo la desentendida.Por otro lado, la licenciada Vázquez nunca informó alBanco que la corporación que junto a su esposo dirigió cesóoperaciones prácticamente en el mismo tiempo en que elComité de Crédito del Banco le estaba otorgando una segundamoratoria en el pago de principal e intereses. Recordemosque la licenciada Vázquez era miembro de dicho Comité.Tampoco tuvo la iniciativa de informar a sus superiores queun acreedor preferente estaba ejecutándole su residenciaconyugal, que constituía una de las garantías del préstamoen cuestión. El mismo modus operandi exhibió en relacióncon los bienes muebles y cuentas por cobrar de Hecson, queella y su esposo, como sus directores, decidieron gravar, afavor del Banco, en garantía adicional del préstamo. Laempresa, que obviamente actúa a través de sus dirigentes,dispuso de éstas otras dos (2) garantías colaterales, yella, independientemente de si participó o no directamentede dicho proceder, cuanto menos, no lo informó a su patrono.Por tanto, también es claro que la licenciada Vázquez

CC-2005-1149 36incurrió en conducta desleal, de ocultamiento yencubrimiento, que perjudicó los intereses de su patrono.Protegió los suyos, más no los del Banco ni los del Pueblode Puerto Rico, quien en todo caso, es el último afectadopor la situación.De otra parte, la Ley de Ética Gubernamental defineconflicto de intereses como aquella situación en la que elinterés personal o económico del empleado público o depersonas relacionadas con éste, está o puede razonablementeestar en pugna con el interés público. 68Dicha ley proscribeincurrir en ese tipo de conducta. 69Según vimos, mediantelas Guías de Acciones Correctivas de Disciplina, supra, elBanco incorporó la referida prohibición, pues, prescribenque un empleado no puede actuar en conflicto de interés consus obligaciones en el Banco.La licenciada Vázquez era miembro del Comité de Créditodel Banco y Directora de su División de Préstamos Especialesy Recobros. Por un lado, compartía la responsabilidad deevaluar, entre otras, las solicitudes de préstamos y demoratorias de pago que llegaban al Banco. Por el otro,tenía a su cargo atajar la morosidad y recobrar para elBanco el dinero adeudado por los clientes morosos. Noobstante, nunca pagó su propia deuda con el Banco ni hizointento o gestión afirmativa de clase alguna para hacerlo._______________________________________________________67 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 415.68 Artículo 1 de la Ley Núm. 12, supra, 3 L.P.R.A sec. 1802.69Artículo 3.2 de la Ley Núm. 12, supra, 3 L.P.R.A sec.1802.

CC-2005-1149 37Peor aún, su incumplimiento obligó al Banco a demandarla encobro de dinero y su reacción ante ello fue ignorar elprocedimiento judicial, por lo que el tribunal tuvo quedictar en su contra una sentencia en rebeldía.Nos preguntamos, ¿con qué fuerza moral la licenciadaVázquez podía exigir a los miembros de la División que elladirigía que cobraran diligentemente las cuentas de losclientes morosos del Banco, si ella se burlaba de éstedebiéndole casi medio millón ($500,000) de dólares? Hierela retina la situación de conflicto de interés en la queestaba inmersa la licenciada Vázquez como funcionaria dealta jerarquía del Banco. Antepuestos estaban sus interesespersonales a los del Banco y los del Pueblo de Puerto Rico.Se había recostado de su alta posición en el Banco paraincumplirles.En fin, la licenciada Vázquez incurrió, a la misma vez,en tres (3) faltas listadas por el Banco en las Guías deAcciones Correctivas de Disciplina, supra, una (1) de lascuales conllevaba su destitución. Erró el Tribunal deApelaciones al confirmar la determinación del OficialExaminador designado por el Banco en este caso.SuSentencia debe ser revocada.IVPor los fundamentos antes expuestos, concluimos que en ladestitución de la recurrida medió justa causa y revocamos laSentencia del Tribunal de Apelaciones que dispuso locontrario.

CC-2005-1149 38Se dictará Sentencia de conformidad.Efraín E. Rivera PérezJuez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOSonia M. Vázquez CintrónRecurridav.CC-2005-1149Banco de Desarrollo Económicopara Puerto RicoPeticionarioSENTENCIASan Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2007.Por los fundamentos expuestos en la Opinión queantecede, la cual se hace formar parte integra de lapresente, concluimos que en la destitución de larecurrida medió justa causa.Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretariadel Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor FusterBerlingeri emitió Opinión Concurrente. La JuezaAsociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.Aida Ileana Oquendo GraulauSecretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOSonia M. Vázquez CintrónRecurridaCertiorarivs.CC-2005-1149Banco de Desarrollo Económicopara Puerto RicoPeticionarioOpinión Concurrente emitida por el Juez Asociado SEÑORFUSTER BERLINGERI.San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2007.El caso de autos presenta la ocasión paraexaminar la situación normativa respecto alBanco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, alos fines de determinar lo pertinente a lafacultad para despedir a sus empleados.Para ello emitimos la Opinión de autos,formulada con anterioridad a la mayoritaria.I.La compañía Hecson de Puerto Rico (enadelante Hecson) inició operaciones en el año 1992.Sonia Vázquez Cintrón, abogada de profesión, (enadelante la recurrida o Vázquez) y Héctor L. Andujar

CC-2005-1149 2Ruiz, quienes estaban casados entre sí para esa fecha,figuraron como los incorporadores de dicha empresa.Para el año 1995 Hecson se encontraba en una situacióneconómica precaria, razón por la cual presentó unasolicitud de préstamo al Banco de Desarrollo Económico dePuerto Rico (en adelante el Banco o el peticionario) porla suma de $500,000. La solicitud de préstamo promovidapor Hecson fue considerada por el Comité de CréditoGerencial del Banco, que eventualmente la denegó, debido aque los estados financieros sometidos por la compañíareflejaban que la rentabilidad de las operaciones deHecson iban en descenso, la estructura de deuda de laempresa presentaba un cuadro serio de insolvencia y lapropiedad ofrecida como colateral se encontraba gravadapor dos hipotecas previas.Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, larecurrida comenzó a laborar en el Banco ocupando el puestode Líder de Grupo en la División Legal. 70 Ese mismo mes,Hecson sometió al Banco una solicitud de reconsideración ala denegatoria de su solicitud de préstamo original. Atales fines redujo la cantidad solicitada a $300,000.Dicha solicitud fue nuevamente denegada por las mismasrazones y fundamentos en que descansó la denegatoriaoriginal.70Al iniciar sus labores en el Banco, la recurridajuró ante notario público el juramento de fidelidad y detoma de posesión de su cargo. De dicho juramento emananobligaciones de total fidelidad al cargo ocupado.

CC-2005-1149 3En enero de 1996 Hecson sometió una segunda solicitudde reconsideración a la denegatoria de su solicitud depréstamo. En esta ocasión aumentó las garantías ofrecidas,añadiendo como fuente secundaria de repago una hipotecasobre la maquinaria del negocio, una cesión de cuentas porcobrar y una tercera hipoteca sobre la residencia de losesposos incorporadores. Tanto la recurrida como Andujarse comprometieron agarantizar solidariamente elpréstamo. Contando con estas garantías adicionales, elComité de Crédito Gerencial aprobó el préstamo solicitadopor la cantidad de $300,000 con intereses a razón de 2%sobre la tasa preferencial anual. Conforme a los términosestablecidos para la concesión del referido préstamo, el19 de abril de 1996 la recurrida suscribió una Carta deGarantía Personal para garantizar solidariamente elpréstamo otorgado por el Banco a favor de Hecson. Tambiénsuscribió el contrato de préstamo otorgado en igual fechaen calidad de “Garantizadora Solidaria”, así como unpagaré por la suma principal de $300,000 a favor delBanco, suscrito igualmente como garantizadora.Posteriormente, en el año 1997, la recurrida fueascendida en el Banco a ocupar la plaza de Directora deControl de Calidad de Crédito y más tarde, en marzo de2001, pasó a ocupar el puesto de Directora de la DivisiónInterina de Préstamos Especiales y Recobro del Banco.El préstamo de $300,000 desembolsado a Hecson no fuesuficiente para resolver su difícil situación financiera,

CC-2005-1149 4por lo que la empresa solicitó dos moratorias en el pagodel principal e intereses, las cuales fueron concedidas.Aun así, durante el mes de noviembre de 1997 Hecson cerróoperaciones de forma permanente. Tanto la compañía, comola recurrente y su esposo, incumplieron crasamente con lostérminos del contrato de préstamo. Ninguno de ellosrealizó pago alguno para acreditar a la deuda. La hipotecaque gravaba la propiedad dada en garantía fue ejecutadapor un acreedor preferente y vendida en pública subasta,no resultando de dicha venta sobrante alguno que abonar ala acreencia del Banco. Parte de la maquinaria y equipoque servía de colateral en el préstamo fue vendido sin elconsentimiento del Banco y otra parte fue desechada poralegadamente estar defectuosa. Por consiguiente, el Bancono pudo cobrar absolutamente nada de su acreencia.Ante la falta de pago del préstamo, en abril del año2000 el Banco presentó ante el Tribunal de PrimeraInstancia, Sala Superior de San Juan, una demanda de cobrode dinero y ejecución de hipoteca mueble e inmueble por lavía ordinaria. 71 Figuraron como demandados en dicho caso laempresa Hecson, así como los esposos garantizadores, larecurrida y su esposo, y la Sociedad Legal deGananciales integrada por ambos. Ninguno de los demandadoscompareció a los procedimientos del Tribunal a pesar dehaber sido debidamente emplazados, por lo que el 8 de mayode 2002 se procedió a dictar sentencia en rebeldía en su71 Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico v.Hecson de Puerto Rico, et als., Civil Núm.: KCD2000-0219.

CC-2005-1149 5contra. Mediante dicha Sentencia, se condenó a ambosdemandados, por sí y en representación de la SociedadLegal de Gananciales integrada por ellos, a satisfacersolidariamente la suma de $485,398.98, más intereses arazón de $55.01 diarios hasta el saldo de la deuda. Larecurrida nunca realizó acto afirmativo alguno porsatisfacer su obligación a pesar de ser garantizadorasolidaria del préstamo y de tener una sentencia judicialen su contra.Considerando todas las circunstancias del caso, yluego de haber ordenado la realización de unainvestigación interna sobre los hechos aquí expuestos,María M. Fuentes Pujols, quien para ese momento fungíacomo Presidenta del Banco, le remitió una carta a Vázquezen la cual le señalaba el balance adeudado por Hecson y sucondición de garantizadora de dicha deuda. Fuentes Pujolsconcluyó la carta informándole su intención de despedirla,así como el derecho que le asistía a una vista informal ode pre-terminación de empleo y el término paraejercitarlo; derecho que la recurrida ejerció.Posteriormente, en abril de 2002, la Presidenta del Bancole informó mediante carta a Vázquez su decisión dedespedirla del puesto de carrera que ocupaba.Por razón del despido, la recurrida presentó unaQuerella Formal ante la Junta de Directores del Banco, enla que alegó haber sido despedida injustificadamente.Solicitó la celebración de una vista administrativa

CC-2005-1149 6formal, la cual se le concedió y fue presidida por elOficial Examinador, Hon. Ángel F. Rossy García. Por suparte, el Banco alegó que el despido de la recurrida fuejustificado ya que ésta incurrió en un serio conflicto deintereses y en conducta desleal, por lo cual no sejustificaba la concesión de remedio alguno a favor de larecurrida. Con este cuadro de hechos, el 18 de octubre de2004, el Oficial Examinador concluyó que el despido deVázquez fue injustificado, por lo que declaró con lugar laquerella y ordenó la reinstalación inmediata de larecurrida en su puesto, así como el pago de todos lossalarios y beneficios dejados de recibir. El Bancosolicitó la reconsideración de esta Resolución, la cualfue denegada.Oportunamente, el Banco cuestionó tal determinaciónante el Tribunal de Apelaciones presentando allí unrecurso de revisión administrativa. Mediante una sentenciadictada el 28 de septiembre de 2005, el Tribunal deApelaciones confirmó la Resolución del Oficial Examinador.El Banco presentó entonces una moción de reconsideración,la cual también fue denegada.Inconforme con la actuación del foro apelativo, el1ro. de diciembre de 2005 el Banco presentó un recurso decertiorari ante nuestra consideración, y señaló lossiguientes cinco errores del Tribunal de Apelaciones:A. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar alHon. Oficial Examinador al concluir que noexistía justa causa para el despido de la Lic.Vázquez.

CC-2005-1149 7B. Erró el Tribunal Apelativo al concluir que laLic. Vázquez no incurrió en conflicto deintereses.C. Erró el Tribunal Apelativo al concluir que laLic. Vázquez no incurrió en conducta desleal.D. Erró el Hon. Oficial al conceder los remediosotorgados.E. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar alOficial Examinador y no disponer que el despidofue uno justificado.resolver.Expedido el recurso de certiorari, procedemos aII.A.La Ley de Indemnización por Despido Injustificado,Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185aet seq.) (en adelante Ley Núm. 80) fue creada en respuestaal interés apremiante del estado de regular las relacionesobrero-patronales, de evitar prácticas injustas deltrabajo y a la existencia en nuestra jurisdicción de unaclara política pública de proteger los derechos de lostrabajadores. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364(2001); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35(1986). La intención del legislador al aprobar la Ley Núm.80 fue hacerla aplicable con carácter de exclusividad alos empleados de la empresa privada, y a los de aquellascorporaciones públicas que operan como empresa privada.Guía Revisada para la Interpretación y Aplicación de la

CC-2005-1149 8Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobiernode Puerto Rico, 21 de septiembre de 2000, pág. 27. Dichaley provee a los trabajadores despedidos sin justa causael derecho a una indemnización que les permita suplir susnecesidades básicas durante el tiempo que razonablementeles debería tomar conseguir un nuevo empleo. Éstaindemnización es comúnmente conocida como la mesada. Id.En ausencia de otra ley aplicable o de un conveniocolectivo que provea otro remedio, la indemnización de lamesada es el remedio exclusivo para un despidoinjustificado. H.I.E.T.E.L. v. Celulares, res. el 18 deseptiembre de 2006, 169 D.P.R. ___ (2006), 2006 TSPR 144,2006 JTS 153; Biver v. Coop. Fed. Emp. Telefónicos, 145D.P.R. 165 (1998).Como se mencionara anteriormente, aquellascorporaciones públicas que operan como empresa privadaestán sujetas a las disposiciones de la Ley Núm. 80.Corresponde entonces determinar si el Banco paraDesarrollo Económico para Puerto Rico es una corporaciónpública que opere como empresa privada y, por ende, estásujeto a las disposiciones de la referida ley.En casos anteriores hemos expuesto los criterios quese han de examinar para determinar si una entidadgubernamental es o no una corporación pública que funcionacomo una empresa privada. Estos son: poseer ingresospropios; tener autonomía fiscal para realizar préstamos,

CC-2005-1149 9emisión de bonos y cuentas bancarias; contar con una Juntade Directores; poder aceptar donaciones, Fred y Otros v.E.L.A., 150 D.P.R. 599 (2000); tener capacidad paraconcertar acuerdos o contratos; si los empleados estáncubiertos por la Ley de Personal del Servicio Público dePuerto Rico; si los servicios prestados han sidotradicionalmente ofrecidos por la empresa privada; si laentidad está capacitada para funcionar como una empresa onegocio privado; si de hecho funciona como una empresa onegocio privado; el grado de autonomía fiscal quedisfruta; el grado de autonomía administrativa del quegoza; si se cobra o no un precio o tarifas por el serviciorendido (precio que debe ser básicamente equivalente alvalor del servicio); si los poderes y las facultadesconcedidos en la ley orgánica de la entidad la asemejan auna empresa privada; la estructura en sí de la entidad; lafacultad para demandar y ser demandada ilimitadamente; elpoder obtener fondos propios en el mercado de valores abase de su récord económico y sin empeñar el crédito delEstado Libre Asociado; si tiene sucesión perpetua; y, lafacultad de adquirir y administrar propiedades sin laintervención del Estado. Huertas v. Cía. FomentoRecreativo, 147 D.P.R. 12 (1998); A.A.A. v. UniónEmpleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976). Ningún criterioes determinante por sí solo. En cada caso se debenexaminar la conjunción de factores existentes para, a suluz, resolver si la entidad concernida funciona o no como

CC-2005-1149 10un negocio privado. A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A.,supra.Al examinar la Ley del Banco de Desarrollo Económicopara Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, 7L.P.R.A. 611 et seq., ley habilitadora del Banco, surgeque aunque éste realiza funciones parecidas a otrosbancos, dicho Banco tiene unas características muyparticulares que lo convierten en una entidad sui generis.Su ley habilitadora dispone que los negocios delBanco serán administrados y sus poderes corporativos seránejercidos por una Junta de Directores. 7 L.P.R.A. sec.611d. Aunque contar con una Junta de Directores es uno delos criterios a analizar para determinar si unacorporación pública actúa como empresa privada, alexaminar la composición de la Junta de Directores delBanco, es evidente que ésta no se ajusta al conceptotradicional de lo que es una Junta de Directores de unaempresa privada. La ley habilitadora del Banco estableceespecíficamente la composición de dicha Junta. Dicha leydispone que la Junta estará compuesta por nueve miembros;a saber:...el Presidente del Banco Gubernamental deFomento, quien fungirá como Presidente de laJunta de Directores del Banco de DesarrolloEconómico, el Secretario de Desarrollo Económicoy Comercio, o uno de los directores o jefes delos componentes del Departamento de DesarrolloEconómico y Comercio nombrado por el Secretario,el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo,el Administrador de Fomento Económico y elSecretario de Agricultura serán miembros exofficio de la Junta mientras desempeñen suscargos. Los restantes cuatro (4) miembros

CC-2005-1149 11representarán al sector privado y seránnombrados por el Gobernador de Puerto Rico conel consejo y consentimiento del Senado. Uno delos miembros que representará al sector privadoserá una persona identificada activamente con elsector agrícola, otra identificada activamentecon el sector comercial y otra con el sectormanufacturero. Id.Como se puede apreciar, el gobierno está inmiscuidopor completo en la composición del organismo que estará acargo de administrar y ejercer los poderes ejecutivos delBanco. La mayor parte de los miembros de la Junta deDirectores son funcionarios públicos y los restantesmiembros son nombrados por el Gobernador con el consejo yconsentimiento del Senado. Esta peculiaridad distingue laJunta del Banco de lo que usualmente es una Junta deDirectores en una empresa privada.El Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico sediferencia también del resto de las entidades bancariasdel país en que su meta principal no es operarlucrativamente. Más bien, su propósito primordial es lapromoción del desarrollo del sector privado de la economíade Puerto Rico, haciendo disponible préstamos directos,garantías de préstamos y fondos para invertir a cualquierpersona natural o jurídica, con o sin fines de lucro,dedicada a la manufactura, comercio, agricultura, turismoy otras empresas de servicio, dando preferencia a lospequeños y medianos empresarios puertorriqueños. 7L.P.R.A. sec. 611a.

CC-2005-1149 12El Banco también se distingue de otros bancos queoperan como empresa privada en las fuentes que tienedisponible para financiar sus operaciones. A diferencia deotros bancos, sus recursos no sólo provienen de interesesde préstamos e inversiones, sino que el mismo cuentatambién con asignaciones legislativas y fondos federales.M. Díaz Saldaña, Informe de Auditoría de la Oficina delContralor de Puerto Rico, 1998.Anteriormente se identificaron los criterios que sehan de examinar para determinar si una entidadgubernamental es o no una corporación pública que operecomo negocio privado. Al analizar el funcionamiento delBanco y su ley habilitadora, a la luz de esos criterios,es evidente que aunque éste realiza funciones parecidas aotros bancos, prevalecen unas características muyparticulares que lo diferencian fundamentalmente de losdemás bancos y lo convierten en una entidad sui generis.Por consiguiente, es menester concluir que por no operarprimordialmente como una empresa privada, dicho Banco noestá sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 80.B.Para la fecha en que ocurrieron los hechos de estecaso, estaba vigente la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de1975, conocida como la “Ley de Personal del ServicioPúblico” (en adelante Ley de Personal). La ley referidacreó un sistema de administración de personal

CC-2005-1149 13especialmente diseñado para asegurar la aplicación delprincipio de mérito en el empleo público. Sin embargo, notodos los empleados públicos estaban cobijados por la Leyde Personal, pues ésta, en su sección 10.6 establecía unaserie de exclusiones. 72 A tenor con esta sección, la leyhabilitadora del Banco dispone: “La disposición de todoslos asuntos del personal del Banco se efectuará sinsujeción a la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975,conocida como Ley de Personal del Servicio Público dePuerto Rico”. 7 L.P.R.A. sec. 611c.En vista de que las acciones relacionadas al personaldel Banco no están sujetas a las disposiciones de la LeyNúm. 80 ni de la Ley de Personal, los problemas como elque nos concierne en este caso deben adjudicarse conformea las propias normas del Banco. Pasamos entonces adeterminar si a tenor con las normas y reglamentos delBanco, el despido de la recurrida fue justificado.III.El Banco alega que el despido de Vázquez estuvojustificado ya que ésta incurrió en conflicto de interesesy conducta desleal al Banco. Le asiste la razón. Veamos.72 La Ley de Personal fue sustituida por la Ley Núm.184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, Ley para laAdministración de los Recursos Humanos en el ServicioPúblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (3L.P.R.A. sec. 1461e). La sección 5.3 de esta nueva leycontiene unas exclusiones similares a las de la sección10.6 de la antigua Ley de Personal.

CC-2005-1149 14Las reglas y reglamentos que establecen las normas detrabajo de una empresa forman parte del contrato detrabajo. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra. Elincumplimiento de estas normas podrá dar lugar a undespido justificado. Id.El manual del Banco que establece el “Procedimientopara aplicar acciones correctivas de disciplina” disponeque las faltas allí enumeradas así como cualquier otrafalta que sea considerada perjudicial a los mejoresintereses del Banco, darán lugar a sancionesdisciplinarias. En lo pertinente, dispone que “se podrántomar acciones en situaciones no contempladas aquí,dependiendo de la severidad del acto y/o se impondránacciones más severas en caso de falta extrema”.Procedimiento para aplicar acciones correctivas dedisciplina, 13 de mayo de 1997, pág. 1,4. Entre las faltasenumeradas en dicho manual se encuentran: realizarfunciones o tareas que conlleven conflicto de interesescon sus obligaciones como empleado del Banco, y laviolación a la Ley de Ética Gubernamental y susreglamentos, o a cualquier otra disposición relacionada ala ética de los empleados públicos. Guías para accionescorrectivas de disciplina, 13 de mayo de 1997, pág. 3-4.De un análisis de los hechos del caso, tenemos queineludiblemente concluir que mediante sus actuaciones, larecurrida incurrió en ambas faltas.

CC-2005-1149 15La Ley de Ética Gubernamental censura enérgicamentecualquier tipo de conflicto de interés. Específicamentedispone en su exposición de motivos: “Es intolerable queexistan funcionarios públicos en representación de laadministración del Gobierno que puedan lucrarse delpatrimonio del pueblo. Los conflictos de intereses,especialmente financieros ... son también intolerables”.Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, (3 L.P.R.A. sec. 1801et seq.). Dicha ley define conflicto de intereses como“aquella situación en la que el interés personal oeconómico del servidor público o de personas relacionadasa éste, está o puede razonablemente estar en pugna con elinterés público”. Id, Art. 1.2. Precisamente ésta es lasituación presente en este caso.La recurrida, en virtud de su puesto como Directorade la División Interina de Préstamos Especiales y Recobro,estaba encargada de recobrar lo adeudado al Banco por losclientes morosos. Al mismo tiempo, no hizo acto afirmativoalguno por satisfacer su deuda con el Banco, la cualsobrepasaba los $485,000. Cabe señalar que la recurridanunca hizo pago alguno en abono a la deuda, a pesar de queal momento del despido ésta devengaba un sueldo anual de$64,896. Por consiguiente, el Banco se vio obligado arecurrir a un procedimiento judicial de cobro de dinero.Aun así Vázquez no respondió por su deuda, sino que éstaignoró todos los procedimientos, por lo que el Tribunalprocedió a dictar sentencia en rebeldía. Al momento del

CC-2005-1149 16despido, la recurrida tenía una sentencia final y firme ensu contra, la cual le ordenaba pagar al Banco la cantidadde $485,398.88.Vázquez estaba consciente de que las dos solicitudesde préstamos originales presentadas por Hecson habían sidodenegadas por falta de garantías suficientes para elrepago. Por tal razón, con miras a obtener el dinerosolicitado, ésta se ofreció como garantizadora solidariadel préstamo. Valga resaltar que para esa fecha larecurrida ya trabajaba en el Banco, por lo que tenía undeber de fidelidad y fiducia para con éste. Vázquezincumplió su deber al llevar a cabo actos de mala fe queindujeron al Banco a desprenderse de una cantidadextraordinaria de dinero, bajo la falsa creencia de que elrepago de dicho dinero estaba garantizado.Está firmemente establecido en nuestra jurisdicciónque los oficiales y directores de una corporación tienenun deber de fiducia y lealtad con la entidad para la cualtrabajan. A los directores y oficiales se les confierenciertas facultades de administración para que las ejerzanen beneficio de la corporación. Por tal razón, estos seencuentran en una relación fiduciaria frente a la entidad.En vista de tal relación, los directores y los oficialesle deben lealtad absoluta, honestidad y buena fe a lacorporación. Su responsabilidad es manejar los asuntos dela entidad para beneficio y protección de los intereses dela corporación. Deben actuar en todo momento buscando el

CC-2005-1149 17beneficio de la entidad y no su beneficio personal. En elcumplimiento de esta obligación, el trato honesto y labuena fe serán determinantes. Carlos E. Díaz Olivo,Corporaciones, Puerto Rico, Publicaciones Puertorriqueñas,Inc., 1999, pág. 112 (citas internas omitidas); Carlos E.Díaz Olivo, La responsabilidad de los directores yoficiales de la corporación, un análisis comparado:Estados Unidos, España y Puerto Rico, Vol. 52, Rev. Col.Abog. de P.R., pág. 183-84, 1991 (citas internasomitidas);Luis Mariano Negrón Portillo, DerechoCorporativo Puertorriqueño, 2da edición, Puerto Rico,1996, pág. 219.El Profesor de Derecho Corporativo, Carlos DíazOlivo, expone en su libro:…el deber de lealtad encierra tanto laobligación afirmativa de proteger los interesesde la corporación, como la obligación deabstenerse de aquella conducta que lesione losintereses de la entidad. Carlos E. Díaz Olivo,Corporaciones, supra, pág. 113.El criterio determinante al examinar laconducta de los administradores a la luz deldeber de lealtad, se circunscribe a lassiguientes interrogantes: ¿Muestran susactuaciones y conducta una falta de buena fe paracon la corporación y sus accionistas? ¿Hanobtenido o retenido para sí, ganancias ybeneficios que mediante un esfuerzo adecuado ouna actuación honesta de su parte hubiesencorrespondido a la corporación? Si lacontestación es afirmativa, los administradoreshan violado su obligación de lealtad. Id.En el presente caso, ambas interrogantes se contestanen la afirmativa. Las actuaciones de la recurrida denotanque ésta antepuso sus intereses personales por encima de

CC-2005-1149 18sus deberes como oficial del Banco y como funcionariopúblico. Forzoso es concluir que Vázquez violó su deber delealtad e incurrió en un claro conflicto de intereses. Yaen Mercedes Bus Line v. Tribunal de Distrito, 70 D.P.R.690, 695 (1949), habíamos resuelto que conducta queimplique falta de lealtad y honradez hacia el patrono,constituye motivo justificado para despedir a un empleado.Aunque como regla general no se favorece el despidocomo sanción a la primera falta, ello podría considerarsejustificado si dicha acción u omisión, por su gravedad ypotencial de agravio, pone en riesgo el orden, laseguridad, la eficiencia y el ambiente de trabajo,afectando de esa forma la buena marcha y funcionamientonormal de la empresa. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds.,Inc., supra; Rivera v. Pan Pepín, supra; Delgado Zayas v.Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 D.P.R. 643, 650 (1994).El caso ante nuestra consideración nos presenta unade esas situaciones en las cuales el despido esjustificado a la primera falta. El conflicto entre losintereses personales de la recurrida y sus deberes comofuncionaria del Banco es simplemente irreconciliable.Mantener a Vázquez en su puesto de alta jerarquía,laborando con la delincuencia y el incumplimiento depréstamos, luego de ésta haber defraudado a la entidad yhaberse aprovechado del erario público, comprometería lareputación y el buen nombre del Banco. Debilitaría laobligación del Banco de exigirle a sus deudores ordinarios

CC-2005-1149 19que respondan ante el reclamo de pago si la misma personaencargada de conjurar la morosidad de tales deudoresadeuda a su vez al Banco una sentencia que hoy díasobrepasa el medio millón de dólares. Además, someter alos demás miembros de la División a continuar trabajandocon una persona tan poco comprometida con sus deberes comooficial del Banco, ocasionaría hostilidad y afectaríaadversamente el ambiente de trabajo.Es evidente de todo lo anterior que el despido deVázquez fue justificado, por lo que ésta no tiene remedioalguno bajo la ley. Por los fundamentos expuestos, procedeque se revoque la sentencia dictada por el Tribunal deApelaciones y se ordene la desestimación de la querellapresentada por ésta ante el Oficial Examinador.JAIME B. FUSTER BERLINGERIJUEZ ASOCIADO