Accesibilidad y centralidad cercana. Comercio y animación urbana. Todo junto.Si falta alguno de estos elementos, y otros no citados, los que se poseen se descualifican.¿Acaso podemos ejercer de ciudadanos si vivimos en un polígonolejos de todo o en un barrio degradado y criminalizado? ¿O sin acceso a un transportepúblico que nos permita ejercer nuestro derecho a la movilidad?Pero también en el espacio público se reivindican derechos no específicamenteurbanos (en sentido físico), también derechos de otra índole, sociales,económicos, culturales, políticos. El empleo, la denuncia de la precariedad, larenta básica y la formación continuada. El acceso a la educación y sanidadpúblicas, a la cultura y a la comunicación (incluida la virtual). La identidad culturalbarrial y étnica, la diversidad de orientación sexual y religiosa. La igualdadpolítico-jurídica de todos los residentes en la ciudad, es decir la “ciuadadaníapor residencia” (no únicamente por nacionalidad).Todas estas reivindicaciones, estos derechos, están vinculados directamente.Si no se obtienen todos a la vez, los que se posean serán incompletos, limitados,se desnaturalizarán. La ausencia o limitación de algunos de estos derechostienen un efecto multiplicador de las desigualdades urbanas. El derecho a laciudad es actualmente el concepto operativo para evaluar el grado de democraciay es el que sintetiza, orienta y marca el horizonte de los movimientos socialesdemocratizadores. Pero en la medida que estos movimientos requieren elespacio público para expresarse la calidad de éste condicionará la existencia yla potencialidad de las demandas ciudadanas.El derecho a la ciudad viene condicionado por las formas físicas y políticas quetoma el desarrollo urbano. Por lo tanto la concreción de este derecho dependeráde cómo la ciudadanía se enfrenta a las dinámicas disolutorias o excluyentesde los actuales proceso urbanizadores. Conceptualmente hay que vincular elderecho a la ciudad con algunos de los principales retos sociales actuales:- la precariedad en el trabajo y la desocupación y la naturalización de la economíaespeculativa,- la escasez de vivienda accesible e integrada al tejido urbano y los desahucioso endeudamiento inasumible,- la privatización de los espacios públicos y de los servicios de carácter universal,- el despilfarro de recursos básicos generados por las actuales formas de urbanizacióny de consumo,- el olvido o la negación de la memoria de las reivindicaciones populares yconquistas urbanas,- la política del miedo y la desviación del síndrome de seguridad contra losotros, los extraños, los diferentes,- el desigual acceso a la información y a la comunicación, en especial en larelación entre instituciones políticas y ciudadanía.VIENTO SUR Número 116/Mayo 2011 45
El derecho a la ciudad para materializarse en demandas ciudadanas debevincularse a la crítica de las actuales dinámicas urbanas. Para terminar estetrabajo sugerimos siete líneas de acción sin pretender ni mucho menos que seanlas únicas o que sean aplicables en todas partes y en todo momento. Es una propuestaque se dirige tanto a los sectores sociales e intelectuales que pueden incidiren la construcción de hegemonías culturales y políticas como a los que ejercenresponsabilidades institucionales y supuestamente representan proyectosreformadores.Primero. Radicalizar la crítica a las realidades urbanas más visibles y que representanla anticiudad democrática, los muros físicos y simbólicos, las arquitecturasobjeto ostentosas e indiferentes al entorno, los espacios públicos privatizadoso excluyentes, las operaciones urbanas costosas que constituyen enclaves,los desarrollos desconectados de la ciudad compacta, las vías que fragmentanlos tejidos urbanos, todo lo que signifique exclusión social o aumente ladesigualdad urbana. En estos casos y otros similares valen la crítica-denunciacon movilizaciones que obstruyan la ejecución de ciertos proyectos, la desobedienciacivil ante normativas excluyentes y la acción directa para deshacerentuertos como por ejemplo derribar muros. Para conseguir lo que es socialmentelegítimo pero no está protegido legalmente es preciso recorrer un caminoalegal para que lo que no lo es sea al fin legal.Hay que valorizar, defender y exigir el espacio público como la dimensiónesencial de la ciudad, impedir que se especialice, sea excluyente o separador,reivindicar su calidad formal y material, promover la publificación y la polivalenciade espacios abiertos o cerrados susceptibles de usos colectivos diversos(equipamientos públicos y privados, campus o parques adscritos a usos específicos),conquistar espacios vacantes para usos efímeros o como espacios detransición entre lo público y lo privado. Un gobierno democrático de la ciudaddebe garantizar la prioridad de la calle como espacio público y aplicar unanorma que estableciera que la superficie de las veredas o aceras debe ser siempresuperior a la destinada a la circulación rodada. En el caso de las vías “semirápidas”(segregadas) el 50% de la superficie debería destinarse al transportepúblico.Segundo. Denunciar las ideologías que son el discurso que acompaña las dinámicasurbanas perversas: el miedo a los otros, la obsesión por la seguridad en elespacio público cuando los factores de inseguridad principal se encuentran enotras dimensiones de la vida social: el trabajo, las pensiones, el acceso a lavivienda y el endeudamiento, el futuro de los hijos, etc. En diversos países y ciudades,incluso con gobiernos teóricamente progresistas o democráticos (Francia,pero también Barcelona y otras ciudades españolas e italianas como Bolonia) sehan aprobado normativas de civismo en los que hay disposiciones excluyentes,46 VIENTO SUR Número 116/Mayo 2011
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Yo soy Rita, estudio Ciencias Polí
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