Informe 2012 - Amnesty International

permitían la celebración de elecciones organizadaspor un gobierno de transición que no representase aningún partido. También prohibía que las fuerzasarmadas asumiesen el poder del Estado. Ese mismomes, el Banco Mundial anunció que Bangladeshhabía reducido los índices de pobreza y mejorado elnivel de vida. Sin embargo, más del 35 por ciento dela población rural y el 21 por ciento de la poblaciónurbana vivían bajo el umbral de la pobreza. Ennoviembre, el gobierno aprobó la Ley de Devoluciónde las Propiedades Adquiridas (Enmienda). La nuevaley ponía fin a las violaciones de los derechoseconómicos, sociales y culturales de los hindúesautorizadas legalmente, al permitirles reclamarpropiedades que les habían arrebatado con arreglo ala Ley sobre Propiedades Adquiridas vigente durantedecenios.Ejecuciones extrajudicialesEl Batallón de Acción Rápida fue presuntamenteresponsable de al menos 54 muertes en 2011,elevando a más de 700 personas el total de susvíctimas mortales desde 2004, fecha de su creación.También hirió y torturó a decenas más de personas.En muchos casos, los familiares de las víctimasafirmaron que éstas habían muerto tras ser detenidaspor el Batallón de Acción Rápida, y no en unenfrentamiento, tal y como afirmaba el Batallón.Las autoridades no investigaron estos sucesos demodo creíble. El 23 de marzo, agentes del Batallón de AcciónRápida dispararon en una pierna a Limon Hossain, de16 años, en Jhalakathi. Oficiales del Batallón alegaronque el joven pertenecía a una banda delictiva y queresultó herido cuando los agentes abrieron fuego enrespuesta a disparos efectuados por la banda. LimonHossain afirmó que, cuando los miembros del Batallónde Acción Rápida lo detuvieron y le dispararon,conducía el ganado a casa y se encontraba solo. Segúninformes, las conclusiones de una investigación que elgobierno llevó a cabo por separado –y que nunca sehicieron públicas– confirmaron las declaraciones delmuchacho. La policía acusó a Limon Hossain deintentar matar a agentes del Batallón de AcciónRápida.Violencia contra las mujeresEn virtud de una nueva Política Nacional deDesarrollo de la Mujer, dada a conocer en marzo, elMinisterio de Asuntos de la Mujer y la Infanciaanunció un plan para, entre otras cosas, “erradicar laviolencia y la opresión que sufren las mujeres, losniños y las niñas ofreciéndoles tratamiento médico,asistencia jurídica y asesoramiento cuando sonvíctimas de abusos”. Organizaciones de derechoshumanos afirmaron que las autoridades no habíanpuesto en práctica el plan, y que un gran número demujeres y menores de edad víctimas de violenciasexual y de otro tipo no recibían apoyo de lasinstituciones del Estado. En octubre, en la ciudad de Satkhira, un grupo dehombres secuestró durante varias horas a la defensorade los derechos humanos Shampa Goswami, quehabía alentado a una superviviente de violacióncolectiva a denunciar los hechos a la policía. Lossecuestradores amenazaron a Shampa Goswami contomar represalias contra ella si no dejaba de apoyar a lavíctima. Según contó Shampa Goswami a unadelegación de Amnistía Internacional que la visitó enSatkhira en noviembre, en un primer momento lapolicía hizo caso omiso de su petición de protección.Posteriormente, las autoridades se comprometieron aprotegerla, tras una enérgica campaña deorganizaciones nacionales e internacionales dederechos humanos.Justicia internacionalEn mayo, el Tribunal de Crímenes Internacionalesbangladeshí, creado en 2010 para juzgar a personasacusadas de abusos contra los derechos humanos agran escala durante la guerra de independenciade 1971, comenzó a abordar las deficiencias procesalesque estaban impidiendo que los juicios se celebrasencon las debidas garantías. Sus normas procesalesmodificadas estipulaban la libertad bajo fianza, lapresunción de inocencia hasta que se demostrase laculpabilidad y medidas para garantizar la protección devíctimas y testigos. Sin embargo, continuaba vigente ladisposición constitucional que negaba el derecho acuestionar la jurisdicción del Tribunal. Se dictó acta de acusación formal por crímenes deguerra contra Motiur Rahman Nizami, Ali AhsanMuhammad Mojahid, Muhammad Kamaruzzaman,Abdul Quader Molla y Delwar Hossain Sayeedi, deJamaat-e-Islami, y Salauddin Quader Chowdhury yAbdul Alim, del Partido Nacionalista de Bangladesh.Todos ellos continuaban recluidos, salvo Abdul Alim,que quedó en libertad bajo fianza. Cinco de losBInforme 2012 Amnistía Internacional113