Discapacidades e inclusión social - Cortes de Aragón
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una situación irreversible <strong>de</strong> limitación que da lugar a diversas ayudas ypensiones –a veces vitalicias– para compensar la supuesta «incapacidad».En 2009 la <strong>de</strong>nominación oficial <strong>de</strong> «minusvalía» dio paso al «certificado<strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> discapacidad», pero mantenemos el antiguo nombre paradiferenciar ambos conceptos. El cambio obe<strong>de</strong>ce a una disposición establecidaen la Ley <strong>de</strong> Promoción <strong>de</strong> la Autonomía Personal y Atención alas Personas en Situación <strong>de</strong> Depen<strong>de</strong>ncia, <strong>de</strong> 2006, planteada en los siguientestérminos: «Las referencias que en los textos normativos se efectúana minusválidos y a personas con minusvalía, se enten<strong>de</strong>rán realizadasa personas con discapacidad. A partir <strong>de</strong> la entrada en vigor <strong>de</strong> la presenteLey, las disposiciones normativas elaboradas por las administraciones públicasutilizarán los términos persona con discapacidad o personas con discapacidadpara <strong>de</strong>nominarlas».A partir <strong>de</strong>l cuestionario <strong>de</strong> hogares <strong>de</strong> la Encuesta <strong>de</strong> Discapacidad <strong>de</strong>2008, disponemos <strong>de</strong> una estimación aproximada <strong>de</strong> cuántas personas enEspaña disponían <strong>de</strong> certificado <strong>de</strong> minusvalía (dos millones) y cuántastenían alguna discapacidad (3,8 millones). Asimismo, sabemos que más <strong>de</strong>un tercio <strong>de</strong> quienes tenían el certificado no satisfacía los criterios <strong>de</strong>finidosen la encuesta para ser i<strong>de</strong>ntificados como sujetos con discapacidad, y dosterceras partes <strong>de</strong> quienes registraban discapacida<strong>de</strong>s no tenían certificado<strong>de</strong> minusvalía (gráfico 3.8). Esta situación difiere muy poco <strong>de</strong> la <strong>de</strong> diezaños antes (1999), en relación con la primera cuestión (algo menos <strong>de</strong> untercio <strong>de</strong> quienes poseían certificado no tenía discapacidad) y más en lasegunda (el 79% <strong>de</strong> quienes tenían discapacidad no poseía certificado, loque ocurre ahora al 65%). Esta evolución supone que se han incrementadonotablemente los casos <strong>de</strong> personas con discapacidad que han obtenido elcertificado <strong>de</strong> minusvalía.Las personas con discapacidad en edad laboral disponen <strong>de</strong>l certificado enuna proporción mucho mayor que quienes llegan a una situación <strong>de</strong> discapacidad<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> los 65 años. Esto explica que la tasa <strong>de</strong> minusvalías enel primer caso sea <strong>de</strong>l 53% (6) y en el segundo <strong>de</strong>l 22%; asimismo, las mujeresrecurren al certificado en menor proporción (29% en todas las eda<strong>de</strong>s;(6) Ya hemos señalado que nuestros datos sobre las personas con certificado <strong>de</strong> minusvalía no proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong>registros oficiales sino <strong>de</strong> la respuesta a la pregunta correspondiente en la EDAD-2008, lo que pue<strong>de</strong> explicaruna subvaloración <strong>de</strong> dicho colectivo.80 DISCAPACIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL