Expediente 01-0378-02. Derecho a la familia - Instituto ...

01-0378-02
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, San
Salvador, a las nueve horas del día diecinueve de septiembre del año dos mil cinco.
1. En fecha ocho de marzo de dos mil dos, el señor José Alberto Daura Escobar, interpuso
denuncia escrita en contra de la Jueza Tercero de Familia de San Salvador, licenciada
Evelyn Roxana Núñez Franco, por presuntas violaciones a sus derechos humanos en la
etapa de ejecución del proceso familiar de Declaratoria Judicial de Paternidad clasificado
bajo la referencia SS-F3-331-149-1996.
Posteriormente, tal denuncia fue ampliada a los Magistrados de la Cámara de Familia de la
Sección del Centro, doctor Arcadio Sánchez Valencia y licenciada Rhina Elizabeth Ramos
González; a la Procuradora de Familia adscrita al Tribunal Tercero de Familia, licenciada
Lilian Guevara de Mena, el Procurador Auxiliar de San Salvador, licenciado José Alberto
Franco Castillo, el Procurador General de la República, la Sala de lo Civil de la Corte
Suprema de Justicia y otros funcionarios.
I. FASE DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.
A) Juzgado Tercero de Familia de San Salvador
2. En fecha ocho de marzo de dos mil cuatro, el señor José Alberto Daura Escobar,
interpuso nueva denuncia en esta Procuraduría, bajo la referencia 01-0378-02, en contra de
la Jueza Tercero de Familia de San Salvador, por aducir que el proceso se había vuelto
engorroso y compendioso en la etapa de ejecución de la sentencia, adujo que solicitó
medidas cautelares a favor de sus derechos económicos, pero la jueza argumentó que esa
no era la etapa procesal para efectuarlo, negándose a manifestar cuál era ese momento
según su criterio; por lo cual, según el señor Daura Escobar ha quedado desprotegido en
relación a su contraparte en el juicio. Señaló que interpuso recurso de apelación en el mes
de febrero de ese año y que éste fue remitido a la Cámara de Familia un mes después.
3. En escrito fechado veinte de mayo de dos mil dos, el denunciante amplió su denuncia
manifestando que la funcionaria judicial denegó medidas cautelares solicitadas para
garantizar y proteger sus derechos económicos derivados de la filiación decretada; medidas
que, según el señor Daura Escobar, pueden ser dictadas en cualquier estado del proceso y
sirven para dar protección a todo miembro de un grupo familiar que necesite que sus
derechos le sean asegurados. Añadió el denunciante, que en la fase de ejecución de la
sentencia, la Jueza Tercero de Familia se equivocó al interpretar el derecho, ya que
concedió un plazo de quince días a los demandados para que cumplieran con la
indemnización establecida por la Sala de lo Civil, no obstante la medida cautelar de
embargo se caracteriza por ser sorpresiva; según expuso el denunciante, la Jueza debió
aplicar el procedimiento señalado en la normativa civil para el juicio ejecutivo, ya que así
lo establece la Ley Procesal de Familia. Señaló además que él solicitó, en fecha veintiuno
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de noviembre de dos mil uno, dar cumplimiento a los Arts. 170, 171 y 172 del Código de
Familia pero que la jueza ilegalmente confirió a los demandados el plazo señalado; que la
funcionaria judicial le previno que nombrara ejecutor pues si no se ejecutaría por medio de
Juez de Paz, pero el embargo pudo haber sido trabado por ella, sin delegar funciones.
Agregó además el denunciante, que las resoluciones proveídas por la citada funcionaria no
son debidamente fundamentadas y que ella está prejuiciada en su contra. Reiteró que la
Jueza se negó a dictar medidas cautelares de las llamadas innominadas, como es realizar un
estudio económico para determinar los bienes que son propiedad de la sucesión,
pertenecientes anteriormente al señor Jorge Alberto Daura Bajil, lo cual pudo coadyuvar a
garantizar su derecho a heredar en igualdad.
También expuso que la Jueza señaló que para dar cumplimiento a la sentencia en lo
accesorio, no se necesitaba conocer a cuánto ascendía la masa sucesoral dejada por el señor
Daura Bajil, porque la indemnización sería cancelada con los bienes propios de los
demandados, lo cual así ordenó al ejecutor de embargos; no obstante la Sala de lo Civil
tomó como base los bienes propios del señor Daura Bajil y no los de sus herederos.
Afirmó así mismo que la Jueza, a pesar de argumentar que no era el momento procesal para
dictar medidas cautelares y que la fase de ejecución sólo sirve para hacer efectiva la
condena de una suma líquida de dinero, decretó la medida cautelar consistente en ordenar a
los demandados que no dispongan de los bienes sucesorales bajo pena de restitución, sin
explicar cómo haría efectiva dicha medida.
4. El denunciante agregó que la Jueza Tercero de Familia de San Salvador cometió una
serie de errores e irregularidades en el trámite de la ejecución de la sentencia, así por
ejemplo ordenó embargo en un inmueble inscrito a nombre de la señora Lidia de Daura,
existiendo problema por parte del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas para
inscribirlo en razón que constaba en el mismo, el estado familiar de casada y no de viuda de
la referida señora, por lo cual se le solicitó a la Jueza explicara esta situación por medio de
oficio, alegando la funcionaria que debía presentársele un Estado Familiar subsidiario de la
señora de Daura, lo cual según el denunciante no era materialmente posible porque la
misma se encontraba con vida; luego la Jueza requirió presentar partida de nacimiento por
naturalización, lo cual no existe, por lo que se presentó certificación de la partida de
defunción del señor Abrahán Pedro Daura y certificación del asiento de cédula de la señora
Lidia de Daura, documentación que no fue valorada, procediendo la Jueza a manifestar que
no podía continuar resolviendo porque anteriormente se había inhibido y dejó de conocer el
proceso.
5. Una vez ejecutoriada la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el proceso fue devuelto al Juzgado Tercero de Familia de San Salvador en fecha
siete de noviembre de dos mil uno, procediendo la titular, el nueve de ese mes y año, a
librar oficio al Jefe del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San
Salvador para la marginación y correspondiente rectificación del asiento de la partida de
nacimiento del señor José Alberto Daura Escobar. En fecha veintiuno, también de ese mes
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y año, el demandante solicitó hacer efectiva la sentencia casada, procediendo a su ejecución
para que se cumpliera la indemnización establecida por daños morales y materiales;
petición que fue resuelta por el Tribunal, el día veintiséis de noviembre, también de ese
año, por interlocutoria mediante la que resolvió:
“Antes de ejecutar la sentencia que corre agregada a fs. 58/76 de esta pieza, aplicando
los Arts. 170, 171 y 172 L.Pr.Fam., en lo que respecta a la indemnización por daños
morales y materiales a favor del Licenciado JOSÉ ALBERTO DAURA ESCOBAR,
PREVIENESE a los herederos declarados del señor JORGE ALBERTO DAURA BAJIL,
señores IVETTE SUSANA DAURA SAFIE conocida por SUSANA IVETTE DAURA
SAFIE y SUSANA IVETTE DAURA DE KAWAS, JOSE GERARDO DAURA SAFIE,
JORGE ALBERTO DAURA SAFIE, LIDIA BAJIL VIUDA DE DAURA y EVA SAFIE hoy
VIUDA DE DAURA conocida por EVA SAFIE, EVA SAFIE GIHA y por EVA SAFIEH
GIHA, darle cumplimiento a la misma en el sentido de pagar la indemnización por daños
morales y materiales a la que fueron condenados, al Licenciado JOSE ALBERTO
DAURA ESCOBAR, y presentar de ello, la prueba correspondiente, para lo cual se les
concede un plazo judicial de QUINCE DIAS HABILES”.
Dicha resolución fue notificada al demandante el veintiocho de noviembre de dos mil dos y
al Abogado de los demandados, el día cuatro de diciembre de ese año; posteriormente, el
cinco de diciembre, el abogado de la sucesión solicitó a la Jueza que revocara las
resoluciones dictadas sobre las peticiones que el señor Daura Escobar realizó en escritos
que no llevaban sello de abogado, sobre esto, el siete de enero de dos mil dos, la Jueza
declaró sin lugar la revocatoria y no obstante ello, aclaró al Apoderado que:
“(…) en materia de familia, la forma de los actos procesales es la necesaria para la
finalidad perseguida; y que, en todo caso, se debe evitar el ritualismo, tal como exigir el
cumplimiento al deber que tienen los abogados consagrado en el Art. 89 ordinal 4° Pr.C.,
consistente en que éstos pongan el sello debajo de su firma en todas las peticiones que
hagan o formulen, sobre todo cuando la calidad de abogado, está suficientemente
acreditada en el proceso”.
6. El tres de enero de dos mil dos, el señor Daura Escobar solicitó se decretaran medidas
cautelares por violencia psicológica y económica que fuere cometida en su perjuicio por los
demandados y que se procediera a decretar el embargo en razón de no haber cumplido los
demandados con el pago de la indemnización. Entre estas medidas, el señor Daura Escobar
solicitó para tutelar sus derechos económicos: estudio económico completo por parte del
Equipo Técnico Multidisciplinario, nombramiento de peritos contables para la práctica de
auditoría exhaustiva en las empresas de las que el señor Daura Bajil era socio o dueño,
inspección en los lugares que resultare que el señor Daura Bajil era dueño de acciones y
secuestro de documentos útiles a los intereses del solicitante, ordenar a los familiares del
señor Daura Escobar la presentación de llaves de todo inmueble cuyo origen y destino sea
el sano esparcimiento, para que pueda hacer uso de dichos bienes, especialmente el ubicado
en Playa San Marcelino, Departamento de La Paz y que se abstengan de realizar cualquier
forma de hostigamiento o maltrato en perjuicio del señor Daura Escobar y su grupo
familiar, en caso de cualquier encuentro ocasional en los lugares señalados para el
esparcimiento.
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7. El quince de enero del año citado, la Jueza pronunció resolución mediante la que
consideró que la actuación del Tribunal no debía ir más allá del cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia casada, no siendo el momento procesal para realizar lo solicitado
por el demandante respecto a comisión de Equipo Multidisciplinario, nombramiento de
peritos contables para práctica de auditoría y práctica de inspección solicitada, lo cual no
armoniza con la ejecución de la sentencia de suma líquida; dichas peticiones fueron
declaradas sin lugar. Agregó que la sentencia se hace cumplir por la vía ejecutiva pero que
tenía que expresar el ejecutante, la cantidad por la cual se debía emitir el decreto de
embargo y la forma en que se haría efectivo. La funcionaria además, declaró ha lugar el
embargo y solicitó al peticionario manifestar la forma en que se tramitaría el mismo, vía
Juez de Paz o Juez Ejecutor de Embargos. Así también dictó medida cautelar para que los
demandados se abstuvieran de disponer de los bienes que constituyan el menaje o “caudal
relicto”, bajo pena de restitución y declaró no ha lugar la presentación de llaves.
8. El denunciante interpuso recurso de revocatoria el veintiuno de enero de dos mil dos, al
que se le dio trámite mandando a oír a la parte contraria y al Procurador de Familia adscrito
al Tribunal; éste fue resuelto en fecha siete de febrero de ese año, no obstante anteriormente
el señor Daura Escobar había solicitado en varias oportunidades que se resolviera en tiempo
y que se diera trámite al embargo el cual se había paralizado por la interposición del
recurso. En tal resolución, la jueza declaró no ha lugar el recurso interpuesto bajo el
argumento que para ejecutar la sentencia, en cuanto a lo accesorio, es decir los daños
morales y materiales a los que fueron condenados los demandados, no era necesario
conocer la totalidad de la masa sucesora dejada por el señor Jorge Alberto Daura Bajil al
momento de fallecer, ya que tal indemnización debería ser cancelada con bienes propios de
los demandados; agregó que el tribunal ya había “hecho lo suyo” para proteger los derechos
económicos del señor Daura Escobar al solicitar al Juzgado Primero de lo Civil que no
tramitara diligencias de aceptación de herencia hasta que no concluyera el proceso familiar,
medida cautelar que dejó sin efecto “a fin de que el Licenciado José Alberto Daura Escobar
ejerza su derecho de heredar”. La Jueza ordenó extender el mandamiento de embargo al
ejecutor propuesto y justificó la dilación en que el demandante no especificó por qué medio
se realizaría y cuando lo hizo no presentó la acreditación del Juez Ejecutor, sino hasta el
veintinueve de enero de ese año. De tal resolución, se interpuso apelación por parte del
Abogado del demandante en fecha trece de febrero del año en comento, luego de mandar a
oír al Abogado de los demandados y al Procurador de Familia sin que éste contestara, se
ordenó remisión del proceso a la Cámara de Familia en fecha veintiocho de febrero de ese
año, el cual lo recibió el doce de marzo de dicho año.
9. Como fuere relacionado en el punto veinticuatro de la resolución que esta Procuraduría
emitió a las diez horas del día veintiocho de octubre de dos mil dos, el veintitrés de julio de
dos mil dos, la Jueza Tercero de Familia de San Salvador se inhibió para seguir conociendo
en el proceso familiar de Declaratoria Judicial de Paternidad iniciado por el señor José
Alberto Daura Escobar en contra de la sucesión de Jorge Alberto Daura Bajil,
argumentando que el señor Daura Escobar había puesto en duda y cuestionado en forma
sistemática las providencias judiciales dictadas en el proceso, con argumentos, que a su
criterio, escapan de la lógica jurídica, haciendo uso excesivo de los medios de impugnación
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u de otros mecanismos de control como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”; así como
simples comentarios dados con ligereza dentro y fuera de la sede del Tribunal,
menospreciando el trabajo o la labor judicial que se desarrolla porque no se resuelve
siempre una petición en sentido favorable, solicitando constantemente a la juzgadora que se
inhiba de seguir conociendo el proceso o tildándola de violar los derechos humanos de su
persona, concluyendo la funcionaria que esos procederes y simples comentarios, pueden
afectar seriamente la imparcialidad que debe revestir al funcionario judicial, lo que
constituye un motivo serio y razonable para que se inhibiera de seguir conociendo del caso.
B) Cámara de Familia de la Sección del Centro.
10. La denuncia del licenciado José Alberto Daura Escobar fue ampliada por escrito
fechado veintisiete de mayo de dos mil dos, alegando violación del derecho a recurrir en
forma efectiva, por parte de los Magistrados de la Cámara de Familia de la Sección del
Centro, doctor Arcadio Sánchez Valencia y licenciada Rhina Elizabeth Ramos González,
quienes según señaló, le violentaban su derecho al debido proceso judicial por denegación
de acceso a una pronta y cumplida justicia y principio de imparcialidad de parte de los
juzgadores.
11. Expresó que recurrió en apelación de la resolución interlocutoria que denegó las
medidas cautelares en la ejecución de la sentencia, pero la Cámara excedió el plazo
conferido por ley para resolver dicho recurso, ya que a dos meses y medio de recibido el
mismo, pronunció resolución que declara inadmisible el recurso, basado en una supuesta
formalidad respecto a la interpretación que efectúan, los Magistrados de Cámara, sobre el
vencimiento del término para recurrir, bajo el argumento que al abogado del demandante se
le venció el término para impugnar; exponiendo el señor Daura Escobar que se dejó de lado
el hecho la Cámara ha irrespetó los plazos, por lo que según el denunciante se maneja una
falsa moral. De acuerdo al señor Daura Escobar, el proceso fue paralizado innecesariamente
por la Cámara de Familia, ya que el recurso fue interpuesto en el plazo que concede la ley.
El denunciante alegó que el Art. 150 L.Pr.F. emplea el término “podrá”, el cual es
facultativo y no “deberá”, el cual es imperativo, para referirse a la interposición del recurso
de revocatoria con apelación subsidiaria. Señaló que al interponer el recurso de revocatoria
en forma independiente, en contra de la resolución citada, el plazo para impugnar por otros
medios se suspende mientras se tramita y resuelve el primero, para garantizar la efectividad
de los recursos, esto según la normativa civil que es de supletoria aplicación; por lo que,
según el denunciante, el agraviado puede optar por interponer el recurso de revocatoria en
forma concentrada con el de apelación o interponer en forma independiente los recursos,
primero el de revocatoria y luego el de apelación.
Según términos del denunciante, los Magistrados de la Cámara de Familia de la Sección del
Centro se equivocaron al interpretar el Art. 150 de la Ley Procesal de Familia, lo que
motivó que se declarara inadmisible la apelación interpuesta, ya que según los funcionarios,
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el recurso de revocatoria en forma independiente debe interponerse dentro de los tres días
que la ley concede, lo cual contabilizan a partir de la notificación de la providencia que
motivó la interposición de la revocatoria en forma independiente, pues de lo contrario
precluye el término, inclusive aún antes que el Juez inferior se pronuncie o resuelva la
revocatoria; a juicio del denunciante, el trámite de los recursos debe ser independiente y no
concentrado. Además ha denunciado que la Cámara se tardó dos meses en resolver dicho
recurso.
12. Dicho recurso como se relacionó en el apartado anterior, fue interpuesto el trece de
febrero de dos mil dos, mandándose a oír a parte demandada y al Procurador de Familia,
ordenando su remisión el veintiocho de ese mes y año, el mismo fue recibido por la Cámara
de Familia hasta el doce de marzo de ese año y decidido mediante resolución de las once
horas con diez minutos del veinte de mayo de ese mismo año, bajo los fundamentos antes
señalados, considerando efectivamente los Magistrados que éste había sido interpuesto en
forma extemporánea; en dicha resolución se establece:
“…de lo expuesto por el Lic. BARAHONA GONZALEZ en el libelo de alzada (…) se advierte
que la resolución impugnada es la pronunciada el día quince de enero del presente año, a fs.
111, que resuelve, en síntesis: ´Sin lugar las peticiones hechas por el Lic. JOSE ALBERTO
DAURA ESCOBAR, consistentes en comisionar al Equipo Multidisciplinario de este Tribunal, el
nombramiento de peritos contables y la práctica de Inspección, por no ser procedentes´.
(…) La precitada resolución fue notificada al Lic. JOSE ALBERTO DAURA ESCOBAR el día
dieciocho de enero de dos mil dos…De la providencia notificada se interpuso el recurso de
revocatoria dentro del plazo concedido por la ley, advirtiéndose que en dicho escrito… en
ningún momento se menciona que se interpone apelación en forma simultánea o subsidiaria,
tal como lo establece el Art. 150 L.Pr.F.
(…) En ese sentido, al no haberse interpuesto el recurso de apelación en forma simultánea y
subsidiaria con el de revocatoria, y al haber transcurrido el plazo para interponer el recurso de
apelación, el derecho a impugnar la providencia mediante la pertinente alzada precluyó, aún
antes de que la jueza decidiera la revocatoria. Es criterio de la doctrina especializada y según
precedentes de esta Cámara, que al no hacer uso del derecho a recurrir en forma concentrada,
se estaba renunciando al recurso de apelación. No obstante si la apelación se hubiese
interpuesto en el plazo de los tres días que la ley concede, aunque en forma independiente del
recurso de revocatoria (y no en forma concentrada), es decir con posterioridad a la
interposición de la revocatoria, el recurso se hubiese admitido; pero habiendo transcurrido
dicho plazo, el derecho a interponer el recurso de apelación ha precluído.”
13. Posteriormente, el señor José Alberto Daura Escobar informó a esta Procuraduría, que
la Jueza Tercero de Familia se había excusado de seguir conociendo el proceso, lo cual
consideraba atentatorio a sus derechos, pues se ha realizado como una forma de no resolver
sus escritos y tomando como base que él ha acudido a diferentes instancias protectoras de
Derechos Humanos para hacer valer éstos. En fecha dieciséis de enero de dos mil tres
informó además, que la Cámara de Familia de la Sección del Centro realizó audiencia de
recibimiento de prueba en el incidente de impedimento planteado por la Jueza, el día ocho
de enero de ese año, pero que él fue notificado de esto dos días después, es decir el diez de
enero de ese año, por lo cual manifestó su inconformidad por no haber sido citado para
estar presente en dicha audiencia.
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14. A partir del cinco de diciembre de dos mil dos, el señor Daura Escobar se mostró a
derecho ante la Cámara de Familia, preguntando repetidamente sobre el trámite de las
solicitudes efectuadas con anterioridad a la recusación, por lo que al no recibir respuesta, el
diez de enero de dos mil tres, presentó escrito a la Cámara de Familia solicitando se
pronunciara sobre el recurso de revocatoria interpuesto y el impedimento de inhibitoria
planteado por la Jueza Tercero de Familia, manifestándosele por la Secretaría de esa
Cámara que regresara por la tarde pues probablemente habría notificación para él. Ese
mismo día, fue notificado del contenido de acta de audiencia de recibimiento de prueba en
el incidente de impedimento, efectuada dos días antes y en la cual la Cámara decidió
separar del proceso a la Jueza inhibente, dicha audiencia fue señalada por auto fechado
dieciocho de diciembre de dos mil dos y en éste no se ordenó citar al demandante para la
audiencia.
15. Consideró el denunciante, que la actuación de la Cámara de Familia atentó contra su
derecho a ser tratado en forma igual por un juez natural e imparcial, a ser notificado de
todos los actos y providencias judiciales y derecho a defenderse de las imputaciones
efectuadas por la Jueza.
Resolución sobre el incidente de inhibitoria planteado por la Jueza Tercero de Familia.
16. El veintitrés de septiembre de dos mil tres, la Cámara de Familia de la Sección del
Centro, por medio de los magistrados suplentes licenciada Hilda Edith Herrera de Morán y
doctor Pablo Edgardo Portillo Hurtado, se pronunció en el incidente de inhibitoria
promovido por la Jueza Tercero de Familia, licenciada Evelyn Roxana Núñez Franco, en el
cual el licenciado Daura Escobar reconvino recusación de la funcionaria, la que no fue
admitida por el Tribunal de Segunda Instancia por considerar que dicha figura
(reconvención) no es aplicable en el caso tratado, ya que en el impedimento no se le
demanda nada al señor Daura Escobar, pues no se trataba de una acción o una pretensión
dirigida contra él.
Estimó la Cámara de Familia, que en el caso en referencia, existían suficientes elementos
para concluir que efectivamente la funcionaria judicial puede ver afectada su imparcialidad
en las decisiones que deba pronunciar y afectar de manera eventual a una de las partes en el
proceso, por lo que estimaron procedente omitir la audiencia a que se refiere el Art. 67
L.Pr.F. (recepción de prueba) por considerar que existían pruebas suficientes para tener por
establecido el motivo serio y razonable para que la funcionaria se inhiba de seguir
conociendo el caso, la Cámara declaró la existencia del impedimento y designó al Juez
Primero de Familia de San Salvador, licenciado Jorge Alfonso Quinteros, para que
continuara el proceso.
17. El señor Daura Escobar expresó su desacuerdo con la actuación de los magistrados
suplentes de la Cámara de Familia, quienes omitieron realizar audiencia oral en el incidente
de inhibitoria planteado por la Jueza, además amplió su denuncia por la retardación en el
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trámite del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que deniega las
medidas cautelares, ya que alega que la Cámara se tardó más de dos meses para resolver.
C) Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia
Trámite de recusación de los magistrados de la Cámara de Familia de la Sección del
Centro
18. En fecha veintiocho de mayo de dos mil dos, la Cámara de Familia de la Sección del
Centro ordenó remisión del expediente a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia,
en virtud de haber sido recusados los magistrados de dicho Tribunal por el señor Daura
Escobar, por lo que no se dio trámite a la revocatoria interpuesta el veintidós de mayo de
ese año, en contra de la resolución fechada veinte de mayo del mismo año, que declara
inadmisible la apelación de providencia dictada el quince de enero de ese año, por la Jueza
Tercero de Familia de San Salvador.
19. El doce de enero de dos mil tres, el señor Daura Escobar denunció que la Sala de lo
Civil de la Corte Suprema de Justicia no admitió la recusación interpuesta en contra de los
Magistrados de la Cámara de Familia, bajo la referencia 86 Ca. Fam. S.S. (Varios); no
obstante, a su criterio, existir méritos y pruebas para separarlos del proceso.
20. Por resolución de las nueve horas del veintitrés de julio de dos mil dos, la Sala de lo
Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió inadmisible la recusación interpuesta en
contra de los Magistrados de la Cámara de Familia, para conocer del recurso de revocatoria
de la resolución de inadmisión de apelación, pronunciada por dichos funcionarios respecto
a la resolución de primera instancia que denegó medidas cautelares solicitadas por el
ejecutante. La Sala devolvió el proceso a la Cámara el cinco de diciembre de dos mil tres.
Según la Sala, en el escrito de recusación no se dio cumplimiento al Art. 1161 del Código
de Procedimientos Civiles, ya que el recurrente no declaró bajo juramento que la recusación
no se hacía de malicia ni por infamar a los funcionarios recusados, ni ofreció la prueba que
ordena dicha disposición; además se argumentó que el licenciado Daura Escobar no había
señalado un motivo o causa de las establecidas en la normativa civil (Art. 1165 Pr.C.) para
recusar a los funcionarios judiciales.
21. No conforme con lo proveído por considerar que la Ley Procesal de Familia permite
otros motivos para recusar, no regulados en el Código de Procedimientos Civiles y no exige
el juramento aludido, el señor Daura Escobar interpuso recurso de revocatoria, siendo que
el veintidós de agosto de dos mil dos, la Sala resolvió en el sentido que señaló fecha para
celebrar audiencia para recibir prueba en ese incidente de recusación, la que se realizó a las
ocho horas y treinta minutos del once de octubre de dos mil dos; en ésta, la Sala consideró
lo siguiente:
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“A juicio de esta Sala, la comprobación o establecimiento de la violación al debido
proceso judicial por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
atribuida a un funcionario judicial, es grave y por ello reviste absoluta seriedad ya que
afecta la credibilidad no sólo del funcionario señalado como responsable, sino de la
administración de justicia en general y del Órgano del Estado encargado de su vigilancia.
Por su parte la razonabilidad es la medida lógica y suficiente para estimar que quien ha
sido declarado responsable de la violación, no sea garantía suficiente para actuar con
imparcialidad frente al denunciante. Pero en el caso que nos ocupa ni la denuncia
promovida ha quedado establecida ni a los funcionarios judiciales les es dable perder la
objetividad que les es consustancial a su cargo de impartir justicia (…) Que de la prueba
aportada por el actor, no se puede colegir, que el criterio con el cual la Cámara inadmitió
el recurso señalado, llevara la intención de obstaculizar el derecho del Licenciado Daura
Escobar, a tener acceso a la justicia, es más, los referidos Magistrados han presentado
tres resoluciones dictadas en diferentes procesos, donde con igual criterio resolvieron la
inadmisibilidad de recursos de apelación interpuestos (...)”
En razón de lo cual, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró
improcedente la recusación planteada, por no existir prueba contundente que ponga en duda
la imparcialidad de los Magistrados de la Cámara de Familia.
Segunda Recusación de Magistrados de Cámara de Familia de la Sección del Centro.
22. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia tramitó segunda recusación
interpuesta, en fecha trece de enero de dos mil tres, por el señor José Alberto Daura
Escobar en contra de los Magistrados de la Cámara de Familia de la Sección del Centro,
doctor Arcadio Sánchez Valencia y licenciada Rhina Elizabeth Ramos González, bajo la
referencia 93 Ca. Fam. S.S. (Varios).
23. El señor José Alberto Daura Escobar argumentó como motivos para la recusación del
Doctor Arcadio Sánchez Valencia, el que éste fue condenado por esta Procuraduría, por
violaciones a sus derechos humanos ejecutadas en la fase cognoscitiva del proceso de
Declaratoria Judicial de Paternidad, al haber avalado y confirmado resoluciones atentatorias
a sus derechos, emitidas por la Jueza Tercero de Familia de esta ciudad.
24. En contra de ambos magistrados argumentó que violaron su derecho a recurrir, al
declarar inadmisible un recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución de
Primera Instancia que deniega medidas cautelares, en la fase de ejecución del proceso. Así
también que la licenciada Ramos González, intervino junto con el doctor Sánchez Valencia
en el incidente de inhibitoria planteado por la jueza antes mencionada, el cual fue tramitado
en forma secreta, denegando al recusante la participación en audiencia de impedimento y el
derecho a saber lo resuelto y decidiendo a favor de la Jueza ya que actuaron en forma
parcializada, puntualizando los argumentos en que funda tal aseveración.
25. En fecha dos de abril de dos mil tres, la Sala emitió resolución por medio de la cual se
pronunció sobre la admisión de la prueba presentada por el recusante y señaló fecha para
audiencia en el incidente de recusación, admitiendo además la presencia de un delegado de
esta Procuraduría en calidad de observador, lo que fue solicitado por el señor Daura
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Escobar. Entre la prueba que fue admitida por la Sala, se encontró la testimonial por parte
de un colaborador de esta Procuraduría.
26. El veintinueve de abril de dos mil tres, la suscrita Procuradora para la Defensa de los
Derechos Humanos, libró oficio a las señoras Magistradas y señor Magistrado que en ese
momento conformaban la Sala de lo Civil, a efecto de informar sobre el citatorio efectuado
por dicha Sala a un miembro de esta Procuraduría para que declarara como testigo en el
incidente de recusación; al respecto se señaló que el personal jurídico de esta Institución,
durante la realización de investigaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos,
accesa y obtiene información por delegación (de acuerdo a la Constitución y a la Ley que
rige a esta Procuraduría); se aclaró que los delegados de esta Institución no están facultados
para emitir opinión sobre las investigaciones que son de su conocimiento, ya que dicha
facultad es exclusiva de la Procuradora, por lo cual el personal citado se encontraba
inhibido de comparecer a rendir declaración en esa instancia judicial, sobre actuaciones
ejercidas en razón de su cargo. Así también se indicó sobre la obligación de
confidencialidad con relación a la información obtenida que debe guardar el personal de
esta Procuraduría, en la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Audiencia celebrada en incidente de Recusación.
27. Personal de esta Procuraduría verificó el día veintinueve de abril de dos mil tres, la
audiencia celebrada en el incidente de recusación antes señalado, ante la Sala de lo Civil de
la Corte Suprema de Justicia, la cual dio inicio a las quince horas con diez minutos y fue
presidida por la Doctora Victoria Marina de Avilés, quien juramentó a los testigos ofrecidos
y explicó los motivos y desarrollo de la audiencia. Los testigos fueron interrogados por el
recusante, funcionarios recusados y Magistrados de la Sala.
Transcurridos diez minutos de haber iniciado la audiencia, el doctor Mauricio Velasco
Zelaya, magistrado de la Sala de lo Civil, se retiró de la Sala de Audiencias sin justificar su
actuación, quedando únicamente la Doctora de Avilés y Doctora Anita Calderón de
Buitrago, por lo cual el recusante solicitó se suspendiera la audiencia y se fijara nueva fecha
para su continuación, la cual se señaló para el día seis de mayo de ese mismo año.
Posteriormente, se fijó, mediante resolución firmada por los tres magistrados, para el ocho
de mayo de dicho año.
28. Consta en copia de certificación de acta de continuación de audiencia de recusación
celebrada el quince de mayo de dos mil tres, que los Magistrados de la Sala de lo Civil de
la Corte Suprema de Justicia procedieron a analizar y valorar las pruebas presentadas por el
señor José Alberto Daura Escobar respecto de los motivos para alegar el impedimento en
contra de los Magistrados de Cámara, cuyos argumentos se concretaron de la siguiente
manera: “Que no son imparciales, ni idóneos, ni capaces para resolver el presente caso, que han
actuado en forma arbitraria, vengativa y represiva, poniendo al descubierto sus malos
sentimientos, frustraciones y emociones, los que sencillamente se les han vuelto incontrolables”,
10

así también la Sala valoró la prueba presentada por los recusados, respecto a otros procesos
en los que habían procedido de la misma manera.
En el acta se consignó que la Magistrada Presidenta de la Sala de lo Civil, doctora Victoria
Marina Velásquez de Avilés, expresó que la audiencia continuaría sin la presencia de la
Procuradora de Familia adscrita al Juzgado Tercero de Familia de San Salvador ni de la
delegada de esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo cual fue
desvirtuado por la citada delegada y también por la licenciada Rhina Elizabeth Ramos
González en escrito dirigido a la Sala, esto fue rectificado en auto de fecha veintisiete de
junio de dos mil tres.
Consideró la Sala que los hechos y actuaciones indicadas debían situarse entre el cuatro de
diciembre de dos mil dos y el diecisiete de enero de dos mil tres, fecha en que se interpuso
el recurso de recusación y posterior a la resolución anterior de esa Sala (fechada once de
octubre de dos mil dos) que declaró improcedente la recusación antes alegada y fue recibida
por la Cámara en la primera fecha señalada.
Al analizar los hechos y valorar la prueba en la audiencia, se estableció disconformidad
entre los magistrados de la Sala de lo Civil, por lo que resolvieron llamar al magistrado
suplente, doctor Román Zúniga Velis para dirimir la discordia, lo que así se hizo por auto
del veintisiete de junio de ese año.
29. La licenciada Rhina Elizabeth Ramos González remitió escrito fechado veinticuatro de
junio de dos mil tres, a los Magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia, ya que consideró necesario aclarar situaciones que se consignaron erróneamente en
el acta relacionada o que se omitió consignar; así expuso que en cuanto al señalamiento de
audiencia en el incidente de impedimento expresó que había diferentes formas de tramitarlo
en las distintas Cámaras, en razón que la ley no era clara en cuanto a su tramitación, que
tratándose de impedimento, la citación y notificación es para el impedido, es decir el Juez,
pues era este quien se excusaba de conocer, por lo cual la Cámara consideraba “que no era
necesario citar y notificar a las partes y para salvaguardar cualquier derecho se citaba al
Procurador de Familia; no obstante, en aras del derecho de defensa que pudiere alegar la parte
interesada se anuló la audiencia y se señaló nueva fecha, subsanando cualquier error que hubiere
en el procedimiento”. Agregó que tanto la promoción del impedimento como su resolución
fueron notificadas al señor Daura Escobar y que lo único que no se le notificó fue la
audiencia en que la Jueza probó el impedimento.
30. En fecha nueve de julio de dos mil tres, el señor Daura Escobar dirigió escrito a la Sala
de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, recién conformada (luego de la elección de los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia celebrada en ese año); en éste solicitó se
tuviese por aplazada la audiencia de recibimiento de prueba celebrada y se realizara una
nueva, bajo el argumento que los nuevos magistrados no tuvieron inmediatez con la prueba
que se presentó respecto al incidente de recusación; además, que se resolviera en un plazo
razonable. Argumentó que los anteriores magistrados, no pronunciaron fallo luego de
terminada la audiencia y se limitaron a expresar que existía discordia, sin aclarar los
motivos de la misma y su contenido.
11

31. El diecinueve de julio del año en comento, el señor José Alberto Daura Escobar
informó a esta Procuraduría que la Sala de lo Civil había resuelto de manera favorable a su
petición respecto a separar a los Magistrados de Cámara del conocimiento de su caso, pero
agregó que dicha resolución aún no le había sido notificada formalmente.
32. El veintisiete de junio de dos mil tres, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia sesionó a fin de resolver la procedencia o improcedencia de la recusación planteada
por el señor Daura Escobar, lo cual así hizo constar en acta; en esta sesión tuvo
participación el licenciando Román Zúniga Velis, magistrado suplente convocado para
dirimir la discordia respecto del incidente de impedimento. La Sala consideró que, a
diferencia del proceso civil, la recusación procede aún después de pronunciada la sentencia,
“sobre todo en el supuesto de acontecer circunstancias sobrevivientes que hagan posible entrever
que en los funcionarios judiciales exista un motivo serio y razonable que los distraiga de una recta
administración de justicia”. Estableció además que habían quedado comprobadas diferentes
situaciones planteadas por el recusante, respecto a la omisión de notificaciones no obstante
el mismo estuvo a derecho, que la Cámara de Familia para resolver el impedimento
planteado por la Jueza Tercero de Familia, no tomó en cuenta la resolución dictada por esta
Procuraduría, que no comparte el criterio que sustentó la parte recusada, respecto a que la
falta de notificación de la admisión del impedimento y celebración de audiencia no se
efectuó porque no constituye una exigencia legal, lo que se desprende de la lectura del Art.
70 L.Pr.F. y lo cual así ha hecho la Cámara en forma constante y reiterada en otros
incidentes de impedimento planteados por los jueces de Familia, pues esta disposición debe
ser armonizada con el Art. 33 inciso 1° L.Pr.F.
La Sala señaló, que a lo largo de las audiencias se pudo establecer que los Magistrados de
la Cámara de Familia evidenciaron el malestar que les produjo verse envueltos en una
recusación y la perturbación de su ánimo, circunstancia que la doctrina ha considerado
como un motivo serio y razonable para hacer lugar a la recusación. Por lo cual resolvió,
que no obstante el recusante no probó que la actuación de los Magistrados haya sido
represiva o vengativa, los separó del conocimiento del incidente de impedimento
promovido por la Jueza Tercero de Familia de San Salvador y del conocimiento del
recurso de apelación interpuesto en contra de resoluciones de la referida funcionaria en la
ejecución de la sentencia casada. Designó asimismo, a los magistrados suplentes de la
Cámara de Familia, licenciada Hilda Edith Herrera de Morán y doctor Pablo Edgardo
Portillo Hurtado para que conocieran del caso.
El Magistrado Presidente de la Sala de lo Civil, doctor Mauricio Ernesto Velasco Zelaya,
no autorizó el fallo con su voto, razonando el mismo bajo el argumento que el recurso de
recusación fue impetrado después de haber quedado firme la sentencia, considerando que el
proceso finaliza en forma normal con el pronunciamiento de la sentencia definitiva, por lo
cual el único recurso, a su juicio, que es procedente durante la ejecución de la sentencia, es
el de revisión.
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Recurso de casación
33. Bajo la referencia 1614 Ca. Fam. S.S., el licenciado José Alberto Daura Escobar
interpuso recurso de casación, en contra de la resolución proveída el veinte de mayo de dos
mil dos, notificada un día después, por la Cámara de Familia de la Sección del Centro que
declara inadmisible la apelación interpuesta de la resolución que deniega las medidas
cautelares solicitadas a la Jueza Tercero de Familia de San Salvador en la fase de ejecución
del proceso de Declaratoria Judicial de Paternidad.
34. El doce de agosto de dos mil tres, la Sala pronunció resolución por medio de la cual
declaró inadmisible el recurso por extemporáneo, condenando al recurrente en las costas
del recurso y en los daños y perjuicios a que hubiere lugar, en razón que consideró que el
recurso no fue presentado en tiempo y en su lugar, se dedujo previamente el de revocatoria,
prescindiendo de la concentración. Señaló que el recurso de revocatoria contra la
resolución no suspende el plazo para impugnar vía casación, como se establece para los
procedimientos civiles, siendo que en el proceso de familia imperan principios modernos,
por lo que de favorecer la suspensión del plazo de impugnación se apartaría de la naturaleza
y finalidad de la Ley Procesal de Familia.
Según la Sala, el recurso de casación debió ser interpuesto dentro de los quince días hábiles
siguientes a la notificación respectiva o en forma subsidiaria al de revocatoria contra la
resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación en aplicación de los principios
de concentración y eventualidad.
D) Juzgado Primero de Familia de San Salvador.
Trámite de Ejecución de la sentencia casada.
35. El señor José Alberto Daura Escobar denunció en esta Procuraduría que la señora Jueza
Primero de Familia interina, licenciada Delmy Elsy de Rodríguez, actuó con suma
pasividad en la ejecución de la sentencia proveída por la Sala de lo Civil de la Corte
Suprema de Justicia, respecto a la indemnización por daños morales y materiales, lo cual
originó que la ejecución se dilatara en forma innecesaria ya que la funcionaria no actuó
para dar impulso y agilidad a la misma.
36. Al ser designado por la Cámara de Familia para continuar la ejecución de la sentencia,
el Juzgado Primero de Familia de San Salvador dio por recibido el proceso SSF3-331-149-
1996 en fecha diecisiete de octubre de dos mil tres, bajo la referencia SSF1-839-149-03,
por medio de resolución en la que además previno al Ejecutor de Embargos, licenciado
Luis Alonso Morales devolver el mandamiento de embargo, en el estado en que se
encontrare, para lo cual le confirió un plazo de cinco días hábiles, bajo pena de
responsabilidad.
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37. El diez de noviembre de ese mismo año, el Tribunal previno al señor José Alberto
Daura Escobar presentar en debida forma sus escritos, cuando lo hiciere personalmente o en
su defecto hacerlo por medio de sus abogados nombrados como sus procuradores; esto en
razón que el señor Daura Escobar presentó escrito, que a criterio del Tribunal, no reunía los
requisitos mínimos para legitimar la procedencia de las peticiones allí contenidas, ya que no
contaba con el sello del abogado constituido como parte procesal o de quienes lo
representan judicialmente y porque había sido redactado en hojas separadas. Así también
se le requirió señalar lugar para practicar notificaciones al Ejecutor de Embargos.
Posteriormente, el doctor Héctor Mauricio Arce Gutiérrez, abogado de los demandados,
informó del fallecimiento de la señora Lidia Daura de Daura Bajil, madre del señor Jorge
Alberto Daura Bajil y una de las representantes de la sucesión.
38. El veinticuatro de noviembre de ese año, la Jueza interina del Tribunal Primero de
Familia, licenciada Delmy Elsy de Rodríguez, advirtió al señor Daura Escobar que debía
cumplir con la obligación contenida en el Art. 115 del Código de Procedimientos Civiles,
respecto a poner el sello de abogado en sus escritos para procurarse por sí o en su defecto
hacerlo por medio de sus apoderados, so pena de declararlos inadmisibles. Así también, la
Jueza señaló que el trámite del proceso se limitaba a procurar el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sala de lo Civil, respecto del pago reclamado de la cuantía fijada a
favor del señor Daura Escobar en concepto de indemnización por daños de carácter moral y
material, apegándose el trámite a las normas establecidas para el juicio ejecutivo sin que
ello significara la vulneración de los derechos fundamentales del ejecutante, sino que al
actuar oficiosa y ordenamente en la ejecución de la sentencia se procuraba tutelar los
intereses del referido señor Daura Escobar, a quien se le requirió prestar colaboración a fin
de que se presentara el diligenciamiento del mandamiento de embargo por parte del
Ejecutor.
De igual forma, resolvió advirtiendo al señor José Alberto Daura Escobar que, de existir
insatisfacción, perjuicios o agravios por errores, acciones u omisiones contenidas en las
resoluciones emitidas en otras instancias con anterioridad al conocimiento del proceso por
dicho Juzgado, esto no era competencia del mismo, y que de presentarse dichas
circunstancias en las providencias dictadas por éste tenía libertad de ejercer la acción o
acciones impugnativas que estime conveniente ante las instancias pertinentes.
39. Por resolución fechada doce de diciembre de dos mil tres, la Jueza de Familia interina,
se pronunció nuevamente sobre la ausencia de sello de abogado en los escritos presentados
por el señor José Alberto Daura Escobar, de los cuales no obstante tal circunstancia tomó
nota, reiteró al Ejecutor de Embargos devolver el mandamiento que le fuera entregado por
el Juzgado Tercero de Familia, ordenó que se hiciera saber las anteriores resoluciones y ese
decreto de sustanciación a los abogados del señor Daura Escobar, a fin de tutelar los
intereses de su poderdante, recordando las obligaciones contenidas en los ordinales 4° y 5°
del Art. 115 Pr.C. y reiterando al demandante la prevención antes efectuada.
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40. El Juzgado Primero de Familia, por medio de su Juez Titular, licenciado Jorge Alfonso
Quinteros, resolvió en fecha veinticinco de mayo de dos mil cuatro, respecto a solicitudes
presentadas por el señor Daura Escobar declarando no ha lugar la revocatoria solicitada por
el mismo, ya que a pesar de presentar sus escritos sin sello de abogado, estos habían sido
resueltos oportunamente. Además decretó medida de protección a favor del señor Daura
Escobar, por considerar que era necesario adoptarla con el ánimo de procurar evitar daños
graves o de difícil reparación, así como para proteger la integridad personal de dicho señor,
por la eventual situación o inminente estado de peligro en que pudiere encontrarse; en tal
sentido ordenó a los demandados señores Susana Ivette, Jorge Gerardo y Jorge Alberto,
todos de apellido Daura Safie, así como a los consanguíneos más cercanos de la causante
señora Lidia de Daura y a sus subalternos abstenerse de realizar todo acto molesto,
provocatorio, hostigante, persecutorio, intimidatorio, amenazante o cualquier otro acto
semejante que pudiere generar perjuicios físicos, psicológicos, emocionales o materiales al
señor José Alberto Daura Escobar tanto en el ámbito público como en el privado, medida
vigente a partir de su notificación a los referidos señores hasta la conclusión del proceso.
Reiteró el tribunal que la prosecución de la ejecución de la sentencia está sujeta a la
devolución del mandamiento de embargo por parte del Ejecutor, debidamente diligenciado
o en el estado en que se encontrare, además para proveer lo correspondiente respecto a las
sugerencias efectuadas tanto por el señor Daura Escobar como por el Ejecutor.
Argumentó también que tanto los Magistrados de la Cámara de Familia como los
Procuradores de Familia, licenciada Guevara de Mena y licenciado Carlos Adalberto
Henríquez lo trataban en forma discriminatoria al llamarlo “José Alberto Escobar” y no
José Alberto Daura Escobar como fuere establecido por sentencia de la Sala de lo Civil.
41. El cuatro de junio de dos mil cuatro, el Doctor Héctor Mauricio Arce Gutiérrez, en
representación de la parte demanda en el proceso de familia, informó al Juez Primero de
Familia que sus representados, habían recibido llamadas anónimas amenazantes, por lo que
responsabilizaban al licenciado Daura Escobar de cualquier hecho que les sucediese a ellos,
sus consanguíneos o subalternos, solicitando al juez que previniera al demandante de
abstener realizar las mismas actividades que les fueron prohibidas a los señores Daura Bajil
en la resolución de fecha veinticinco de mayo de dos mil cuatro. Así también, el catorce de
junio de ese mismo año, el doctor Arce Gutiérrez solicitó al tribunal revocatoria de las
medidas cautelares dictadas a favor del licenciado Daura Escobar e informó que el referido
profesional intentó ingresar a una de las propiedades administradas por la sucesión sin tener
derechos sobre ésta, pues según el Apoderado solamente sus representados, siendo los
poseedores pueden hacer uso de los bienes sucesorales.
42. Por resolución de las diez horas con cuarenta minutos del día dieciséis de junio de dos
mil cuatro, el Juez Primero de Familia de San Salvador ordenó al señor José Alberto Daura
Escobar abstenerse de ejercer actos molestos, hostigantes, persecutorios, intimidatorios,
provocatorios, amenazantes o de cualquier otro acto semejante que pudiese generar
perjuicios físicos, psicológicos, emocionales o materiales a los señores Susana Ivette, Jorge
Gerardo y jorge Alberto, todos de apellidos Daura Safie y a la señora Eva Safie viuda de
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Daura, consanguíneos más cercanos a esta última y sus subalternos, tanto en el ámbito
público como en el privado.
Así también declaró no ha lugar el recurso de revocatoria solicitado por el Doctor Arce
Gutiérrez por haberlo interpuesto fuera del plazo y previno al referido abogado y al
licenciado Daura Escobar a dirigir sus escritos apegados a la fase del juicio ejecutivo,
evitando generar entre ambos diferencias o discrepancias que atenten contra su
profesionalismo, dignidad, moralidad, decoro e imagen, bajo pena de devolver los escritos.
43. Por escrito de fecha veinticuatro de ese mismo mes y año, el licenciado Daura Escobar
interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria de la resolución citada en el
párrafo anterior, por argumentar no haber realizado las actividades que fueron mencionadas
por el doctor Arce Gutiérrez, es decir llamadas anónimas amenazantes en perjuicio de los
señores Daura Safie.
II. PROCEDIMIENTO DE QUEJA SEGUIDO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA.
a) Actuación de la Procuradora adscrita al Juzgado Tercero de Familia de San Salvador
44. El trece de enero de dos mil tres, el señor Daura Escobar interpuso denuncia escrita ante
esta Procuraduría, en contra de la licenciada Lilian Guevara de Mena, Procuradora adscrita
al Tribunal Tercero de Familia, por argumentar que la funcionaria actuó en forma ilegal y
parcializada ante la Cámara de Familia de la Sección del Centro en el incidente de
impedimento planteado por la Jueza Tercero de Familia de esta ciudad, al incumplir su
función de velar por los derechos de la familia y por el contrario, actuar como testigo a
favor de la Jueza inhibente.
Según el denunciante, la intervención de la Procuradora de Familia en el proceso le
perjudicó, ya que ella expresó ante la Cámara lo que supo de referencia, por otras personas,
no lo que le constaba de vistas y oídas, hablando sobre el denunciante sin que le conociera.
En ese escrito aclaró también que “el hecho que se haya apartado de conocer de mi caso a la
Licenciada Núñez Franco no es de mi desagrado, pero mi disconformidad radica en que la base
que se ha tenido por establecida por la Cámara para justificar el justo y legal impedimento que
alegaba la referida jueza, no es la verdad…”. Señaló como irregularidad el que se ordenado
recibimiento de prueba por parte de la Cámara, sin que la Jueza Tercero de Familia hubiese
hecho ofrecimiento de ésta en forma escrita, por lo que el proceso se volvió secreto y no
público, cual debe ser su característica.
b) Trámite de la queja ante el Procurador Auxiliar de San Salvador
45. La actuación de la licenciada Lilian Guevara de Mena en el proceso familiar de
declaratoria judicial de paternidad iniciado por el señor José Alberto Daura Escobar,
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específicamente en el incidente de impedimento promovido en la fase ejecución, motivó a
que éste interpusiera queja ante el Procurador Auxiliar de San Salvador, en fecha
veinticuatro de enero de dos mil tres. El veintiocho de enero de ese año, como medida
precautoria, el referido funcionario separó del conocimiento del proceso a la licenciada de
Mena. Posteriormente, el día cuatro de febrero de ese año, se llevó a cabo audiencia oral de
queja, a petición del solicitante y de la empleada denunciada, celebrándose por
excepcionalidad, por no estar reglado tal procedimiento en el Control de Procedimiento de
Quejas y Reclamaciones del Sistema de Calidad Institucional de la Procuraduría General de
la República, pero en aras de garantizar el principio de contradicción e igualdad. Tal
audiencia se celebró ante el Procurador Auxiliar de San Salvador, licenciado José Alberto
Franco Castillo, en la misma estuvo presente delegada de esta Procuraduría.
La queja del señor Daura Escobar se concretizó en que la Procuradora de Familia actuó de
forma parcial para favorecer a la Jueza Tercero de Familia de esta ciudad, que además dañó
su dignidad humana al no llamarlo por su nombre correcto de acuerdo a la filiación
establecida por la Sala de lo Civil, a acusarlo de actuar sin probidad, lealtad y buena fe y
adoptar una actitud pasiva ante la denegatoria de medidas cautelares y otras solicitudes
efectuadas por el demandante; así también por no actuar ante la omisión de citación a
audiencia de recibimiento de prueba de parte de la Cámara de Familia.
46. Por memorándum fechado veinticuatro de febrero de ese año, el Procurador Auxiliar de
San Salvador notificó a la licenciada de Mena la resolución final de expediente de queja,
por medio de la cual se impuso amonestación oral y privada, de conformidad al Art. 72
literal “a” del Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República,
por no desempeñar el trabajo en forma cuidadosa y diligente, en el lugar, tiempo y
condiciones que le indiquen sus superiores. De tal resolución, el señor Daura Escobar
interpuso recurso de revisión, en forma verbal, el doce de marzo de ese año, declarándose
improcedente el mismo, el catorce de ese mes.
47. En el trámite de la queja interpuesta, la Procuraduría General de la República verificó la
actuación de la Procuradora adscrita al Tribunal, según se ha hecho constar en el
memorándum relacionado, concluyendo el Procurador Auxiliar de San Salvador que:
“ (…) La actuación de la Procuradora de Familia desde aproximadamente en el mes de
mayo de dos mil dos ha sido de falta de cumplimiento de la Ley respecto a ‘No velar por
el interés de la familia…’
(…) La falta de cumplimiento de la Ley de la Procuradora de Familia lo atribuyó que su
función de ‘velar’ como significado de ‘cuidar solícitamente, observar atentamente una
cosa, asistir, proteger’ no ha sido observado al grado que según el expediente copia
judicial consultado que contiene el Proceso de Ejecución de Sentencia se establece que
el señor Daura Escobar no obstante habérsele declarado a su favor la paternidad y
condena por daño moral por medio de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia
con fecha veintidós de diciembre de dos mil y establecer el artículo 172 Inc. 1° L.P.F. el
procedimiento que indica ‘con la sola petición de la parte a cuyo favor se pronunció la
sentencia, el Juez dictará el embargo de los bienes del ejecutado y se procederá de
conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo’… y nuestro Procurador
de Familia cuando observa y permite hechos violatorios de negación de justicia
17

entendiéndose como una ‘omisión de funcionarios del Estado’ y no asistir o proteger a
una persona que exige se le reconozca medidas cautelares en un proceso de ejecución
de sentencia por daños morales de una Declaratoria Judicial de Paternidad es no
comprender que son actos procesales que se adoptan antes o después de deducida una
demanda para asegurar bienes o mantener situaciones de hecho existentes al tiempo de
aquella y con el objeto de preservar el cumplimiento de la sentencia que en definitiva
recaiga sobre el proceso y sobre todo no reconocer que la finalidad de la medida
cautelar es ‘evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita ante la
posibilidad de que se dicte una sentencia favorable, buscando dar tiempo a la justicia de
cumplir eficaz su obra, que la justicia no sea burlada’.
(…) Encuentro irregular solicitar dentro del proceso judicial por parte de la Procuradora
de Familia al demandante del daño moral que debe interponer recurso de revocatoria
con apelación subsidiaria cuando el Art. 150 L.P.F. dice que ‘podrá’ y no ‘debe’; solicitar
al demandante actuar con lealtad, probidad y buena fé, cuando la parte demandada no
actúa de esa forma… permitir que se exija por el Jugado documentación de demandada
para trabar formal embargo con lo cual se desnaturaliza la medida cautelar… que
permite que se le notifique como Procuradora de Familia diferentes resoluciones…
donde se hace constar que ‘no firma la Procuradora de Familia por no estar presente’ no
obstante encontrarse incapacitada; y finalmente se le convoca a Audiencia de
impedimento sin convocarse a las partes del proceso, se recepcione prueba testimonial
a la Jueza sin haber sido ofrecida antes, presenta alegato la Procuradora de Familia ‘sin
sustentación’…”
48. No conforme con tal sanción, el señor José Alberto Daura Escobar interpuso recurso de
apelación ante el Procurador General de la República, el día diecinueve de marzo de dos
mil tres, bajo el fundamento que su queja no versó en que la Procuradora de Familia no
fuese diligente y cuidadosa, sino denunció el incumplimiento serio a sus deberes y
obligaciones en el desempeño de su trabajo, ya que no veló por la legalidad e integridad del
proceso de familia, ni protegió los intereses de la familia sino actuó a favor de los intereses
de la Jueza; por lo cual según el denunciante debió imponerse sanción de destitución por
haber incumplido en forma grave a sus deberes y obligaciones en el cometimiento doloso y
perjudicial de una serie de irregularidades serias y graves en el desempeño de su función de
Procuradora y por la mala atención de los servicios prestados en forma indirecta, lo cual es
una falta grave que no puede ser sancionada levemente. Así también solicitó explicación
del por qué no se investigó también la queja interpuesta en contra del Procurador de
Familia, licenciado Adalberto Ramírez, cuya actuación en el proceso familiar referido
solicitó fuera investigada.
49. El cinco de mayo de dos mil tres, el entonces Procurador General de la República,
licenciado Miguel Ángel Cardoza Ayala, determinó en relación a la petición de
modificación efectuada por el señor José Alberto Daura Escobar de la resolución
administrativa disciplinaria interna emitida por el Procurador Auxiliar de San Salvador, que
no ha lugar a la modificación de la sanción; los argumentos de tal decisión se expresaron de
la manera siguiente:
“Que el proceso de Control de Quejas y Reclamaciones dentro del Sistema de Calidad,
ha sido aplicado al caso en concreto, el “criterio” del Funcionario respectivo debe
prevalecer y avalarse puesto que la valoración del caso la realiza conforme a su
investigación, formándose libremente de acuerdo a la sana crítica sus propias
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conclusiones llegando a la Sanción Administrativa Disciplinaria interna fundamentada en
el Reglamento Interno de Trabajo de esta Procuraduría General de la República, y que
es del conocimiento de las partes”.
Además, en su respuesta, el Procurador General de la República, expresó que pediría
informe sobre la queja interpuesta en contra del Procurador de Familia, licenciado Carlos
Adalberto Ramírez Henríquez.
III. JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN SALVADOR
50. El diecinueve de diciembre de dos mil uno, el licenciado José Alberto Daura Escobar
presentó ante el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, escrito para ser agregado a la
causa 69-H-95, pidiendo tener por aceptada de su parte, con beneficio de inventario, en
forma conjunta con sus demás familiares, la herencia dejada por su padre Jorge Alberto
Daura Bajil, lo cual fue resuelto de forma positiva para el solicitante el día ocho de enero de
dos mil dos.
51. El Juzgado Primero de lo Civil de San Salvador tramita diligencias de Facción de
Inventario, bajo la referencia 20-DV-2002, promovido por el licenciado José Alberto Daura
Escobar, en fecha uno de marzo de dos mil dos.
52. El cuatro de abril de dos mil tres, el señor Daura Escobar hizo del conocimiento de esta
Procuraduría, que el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad no accedía a decretar medidas
de protección para proteger sus derechos económicos, en razón que no le fue posible al
solicitante indicar la totalidad de los bienes dejados por el causante. Señaló que el
funcionario judicial se negaba a actuar y a resolver recursos de explicación por él
interpuestos, agregando que dicha actuación era ilegal.
En anteriores ocasiones, el señor Daura Escobar solicitó a esta Procuraduría, monitoreara el
proceso civil en referencia, a fin de prevenir violaciones a sus derechos económicos.
53. Por resolución proveída a las ocho horas y treinta minutos del día diecinueve de marzo
de dos mil dos, el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, previno al interesado, entre otros,
que previo a resolver sobre la admisión de la solicitud presentada, debía indicar los bienes
raíces y muebles que serían objeto de la formación de inventario que se promovía. Las
prevenciones efectuadas se tuvieron por subsanadas por resolución del veintinueve de abril
de dos mil dos, en la cual además se admitió la solicitud de facción de inventario sucesoral
solemne y se citó a los demás herederos declarados y al representante del fisco para que
comparecieran a la facción de inventario ya señalada. Estableció además que
oportunamente resolvería sobre lo demás solicitado, es decir citar a los otros herederos para
que proporcionaran informe detallado de los bienes administrados de la sucesión y demás
bienes sucesorales, practicar inspección en diferentes inmuebles, inspección en empresas
mercantiles y sociedades anónimas a efecto de realizar auditoría y secuestro de documentos
relacionados al dominio o propiedad que haya tenido el señor Daura Bajil, solicitudes
efectuadas por el apoderado del señor Daura Escobar el veintiséis de febrero de dos mil dos
y ratificadas el cuatro de abril de ese año.
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54. Posteriormente, el veintiséis de junio de dos mil dos, se ordenó proceder a la facción de
inventario, por no haberse opuesto al mismo ninguna de las personas citadas como
herederos declarados del señor Jorge Alberto Daura Bajil; se declaró sin lugar por
improcedente las otras peticiones efectuadas por el licenciado Ladislao González Barahona,
apoderado del señor Daura Escobar, por no estar comprendido en el procedimiento de la
facción de inventario y se declaró sin lugar, el nombramiento de curador de persona ausente
solicitado por el Abogado Héctor Mauricio Arce Gutiérrez, en calidad de apoderado de los
citados.
De la resolución citada se interpuso recurso de explicación por el apoderado del solicitante,
al cual se le dio el trámite correspondiente y en fecha veinticuatro de julio de dos mil dos se
tuvo sin lugar la oposición al inventario expresada por el apoderado Arce Gutiérrez, por ser
extemporánea y se resolvió el recurso incoado en el sentido que:
“A) Se ha ordenado…que se proceda a la facción de inventario, en base a las
disposiciones legales citadas; B) Que se declaró sin lugar citar a los herederos para que
rindieran un informe detallado de todos los bienes; practicar inspección en los lugares
que señalaría a efecto de entregar en posesión material al señor José Alberto Daura
Escobar; practicar inspección en Empresas Mercantiles; el secuestro de todo tipo de
documento; y revocar el beneficio de inventario; pues dichas peticiones no son
procedentes dentro del procedimiento que regula la facción de inventario.”
55. El treinta y uno de julio de dos mil tres, el señor José Alberto Daura Escobar reiteró la
solicitud de explicación de la resolución proveída el veinticuatro de julio de ese año, por
considerar que la explicación brindada por el Tribunal era repetitiva, incongruente y
extrapetitia, ya que no explicó lo solicitado sino únicamente ratificó en forma tácita lo
resuelto anteriormente, no era correlativa a lo pedido y no resolvió lo principal, es decir
explicar a que otros procedimientos se refiere y si era competencia de la misma materia o
de otra diferente. El Tribunal resolvió dicha petición el dieciséis de agosto de ese año, en el
sentido que declaró sin lugar la misma bajo el argumento que ya se le había dado
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 436 del Código de Procedimientos Civiles.
56. El tribunal libró oficio al Ministerio de Hacienda para que informara sobre la nómina de
peritos tasadores, posteriormente nombró los mismos y señaló fecha para iniciar el
inventario el dos de octubre de dos mil dos, este fue continuado los días catorce y
veintisiete de noviembre de ese año. El abogado del señor Daura Escobar solicitó se fijara
fechas fijas y sucesivas antes de que finalizara el año, para la continuación del inventario,
no obstante el Tribunal fijó su continuación para el dieciséis de enero de dos mil tres, por
lo que el señor Daura Escobar reiteró la solicitud de señalamiento de fechas fijas y
sucesivas, además expresó que solicitaba que el Juez estuviese presente en el inventario a
practicarse en inmueble situado a orillas del Océano Pacífico en el Departamento de La
Paz, al respecto el juez fijó fecha para realizar inventario en inmueble situado en la Colonia
San José en San Salvador y comisionó al Juez Segundo de Paz de Zacatecoluca para
practicar inventario en el inmueble situado en esa jurisdicción, para lo cual libró la
respectiva comisión, la cual fue devuelta sin diligenciar en razón de haber informado el
Juez comisionado que el inmueble referido se sitúa en Playa San Marcelino, San Pedro
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Masahuat, a cuyo Juzgado de Paz se libró nueva comisión, ejecutándola en fecha veintiuno
de febrero de ese año y fue recibida en el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, el día
cinco de marzo del mismo año.
IV. VERIFICACIÓN EFECTUADA POR LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA
SENTENCIA CASADA.
En razón de la denuncia interpuesta por el licenciado José Alberto Daura Escobar y
ampliada posteriormente contra distintos funcionarios, como ha sido relacionado, se
procedió a realizar la verificación respectiva, obteniendo los resultados siguientes:
a) Delegado de esta Procuraduría se presentó en fecha veintiuno de enero de dos mil dos al
Juzgado Tercero de Familia de San Salvador, en compañía del señor José Alberto Daura
Escobar, a fin de conocer el cumplimiento y respeto a los derechos humanos en la fase de
ejecución del proceso familiar de Declaratoria Judicial de Paternidad iniciado por el señor
Daura Escobar en contra de la sucesión del señor Jorge Alberto Daura Bajil, en virtud que
el mismo había manifestado que se desprotegía sus derechos económicos al no dictar
medidas cautelares la funcionaria judicial, no obstante argumentar que existía violencia
psicológica y económica de parte de sus familiares paternos. Se constató que la funcionaria
judicial declaró sin lugar, de manera parcial, las medidas cautelares solicitadas, decretando
una únicamente y denegando las que comprometían su participación directa.
En esa oportunidad, el estudio del proceso e investigación fue interrumpido por la Jueza
señalada, quien manifestó que esta Procuraduría la había condenado indebidamente puesto
que no había sido notificada de la denuncia; la funcionaria permitió que se continuase con
la investigación y posteriormente atendió en su despacho al delegado de PDDH y al
denunciante, el primero explicó ante requerimiento de la funcionaria, que el objeto de la
verificación era conocer su actuación ante la protección solicitada por el señor Daura
Escobar respecto a los conflictos suscitados con sus familiares, no obstante la funcionaria
se limitó a manifestar que el denunciante debía hacer uso de los recursos establecidos en la
Ley si no estaba de acuerdo con lo resuelto, pero no denunciar en esta Procuraduría,
negándose además a expresar en qué momento procesal, según ella, se debía solicitar las
medidas cautelares que fueron denegadas; por lo que se produjo una discusión entre
demandante y Jueza en la cual la segunda exhortó a que recusara y el primero a que ella se
excusara.
b) En fecha quince de abril de dos mil dos, esta Procuraduría notificó a la Jueza Tercero de
Familia de San Salvador de la denuncia que fuere interpuesta en su contra, en razón de las
actuaciones realizadas en la fase de ejecución del proceso; al respecto, la funcionaria rindió
informe en fecha dieciocho de ese mismo mes y año, en el cual expuso que conoce de la
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia a
partir del día siete de noviembre de dos mil uno, fecha en que se remitió el proceso al
juzgado a su cargo. Apuntó que en fecha nueve de noviembre de dos mil uno, se libró
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oficio al Jefe del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San Salvador
con relación a la filiación declarada, por tanto la ejecución de dicha providencia judicial
quedó circunscrita únicamente al pago de la indemnización fijada por la Sala a los
herederos del señor Jorge Alberto Daura Bajil, por la suma de cuatrocientos mil colones, en
concepto de daños morales y materiales.
Agregó que el señor José Alberto Daura Escobar pidió, en fecha veintiuno de noviembre de
dos mil uno, hacer efectiva la sentencia casada, en cuanto a lo accesorio, es decir la
indemnización; petición que fue resuelta cinco días después concediendo a los obligados un
plazo de quince días hábiles, según lo permite el Art. 174 inciso 1° de la Ley Procesal de
Familia, plazo que venció el día veintiuno de enero de dos mil tres, pero el reclamante
quiso sorprender la buena fe del Tribunal, en fecha tres de enero del mismo año cuando
adujo que el plazo conferido ya había vencido y que de parte de los obligados no existía la
más mínima voluntad de cumplir la orden judicial.
Expresó también, que el señor Daura Escobar había presentado una serie de escritos con
peticiones que no son competencia de ese Tribunal y al no resolverse favorablemente atacó
de dilatar innecesariamente la ejecución de la sentencia en lo accesorio; así había solicitado
decretar medidas, que él consideraba cautelares, entre éstas comisionar al Equipo Técnico
Multidisciplinario para realizar estudio económico que según él no se hizo, pero esto no es
una medida cautelar sino una potestad que la ley confiere al juzgador, siendo además una
cuestión inútil porque la cuantía de la indemnización ya fue fijada por la Sala de lo Civil.
Además señaló que ha exigido nombramiento de peritos contables, proponiéndose él
mismo, para practicar auditoría exhaustiva en las empresas en que su padre era socio o
dueño y realizar inspección en las empresas mercantiles que administran los demandados,
además de secuestro de documentos útiles a sus intereses, lo cual puede solicitarse en la vía
civil mediante la práctica de inventario o apostillamiento de sellos, de acuerdo a la
normativa civil.
Expuso además que el denunciante no solicitó de inmediato que se decretara embargo en
bienes propios de los obligados ni propuso juez ejecutor de embargos, siendo que al
efectuarlo no demostró que estaba autorizado para diligenciar el mandamiento; sino más
bien interpuso recursos de revocatoria y apelación, los cuales no debieron ser admitidos
por el Tribunal, el primero porque fue interpuesto extemporáneamente, el segundo porque
fue interpuesto contra una resolución de la cual no se concede este recurso, ya que la
resolución que decide sobre la revocatoria no admite recurso alguno. Aseveró la Jueza que
ciertamente existió dilación en la ejecución de la sentencia pero no por causa que sea
imputable al Tribunal sino de manera exclusiva al señor Daura Escobar. Negó además, que
el expediente haya sido enviado un mes después de la interposición del recurso de
apelación a la Cámara de Familia.
Concluyó la Jueza afirmando que en la ejecución de la sentencia se habían dictado las
medidas procedentes y pertinentes, tal es el embargo en bienes propios de los demandados
y la orden de abstención dirigida a éstos de disponer de los bienes bajo pena de restitución;
y que hubiese sido pertinente, de su parte, decretar como medida de protección orden al
señor Daura Escobar para que se abstuviera de realizar todo acto molesto, hostigante y
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hasta intimidatorio en contra del Tribunal, ya que se presenta al mismo en forma insistente
y prepotente.
c) El veintiuno de mayo de dos mil dos, personal de esta Procuraduría verificó el trámite
del recurso de apelación interpuesto ante la Cámara de Familia, en el incidente 48-A-2002,
observando que la resolución fechada siete de febrero de ese año, que resuelve la
revocatoria fue notificada al denunciante el día viernes ocho de ese mes y año, por lo que el
miércoles trece también de ese mes, el señor Daura Escobar interpuso recurso de apelación.
d) Delegada de esta Procuraduría verificó en fecha dos de octubre de dos mil dos, el inicio
del inventario de bienes, de la masa sucesoral del señor Jorge Alberto Daura Bajil, por el
Juzgado Primero de lo Civil, en proceso de facción de inventario promovido por el señor
José Alberto Daura Escobar, el cual comenzó en inmueble situado en la Sexta Avenida Sur,
número cuatrocientos doce de esta ciudad. En esa fecha los peritos valuadores expresaron
al señor Daura Escobar que se requería presentar escrituras públicas de los inmuebles sobre
los cuales recaería el inventario, a fin de efectuar el valúo.
Así también, a petición del señor Daura Escobar, dicha delegada estuvo presente en
audiencia que le confiriera a éste, el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, en la cual el
primero solicitó al funcionario judicial que requiriera inventario a los demás herederos y de
no presentarlo se aplicara el Art. 1178 del Código Civil, que establece que: “El heredero que
en la confección del inventario omitiere de mala fe hacer mención de cualquiera parte de los
bienes, por pequeña que sea, o supusiere deudas que no existen, no gozará del beneficio de
inventario”, exhortando además al juzgador que debía velar por sus derechos humanos, no
sólo personales sino también económicos, por lo cual debía acceder a todas las peticiones
efectuadas, ya que los tratados internacionales facultan a los jueces a actuar de oficio en
determinadas circunstancias, agregando que no estaba satisfecho del recurso de explicación
interpuesto, ya que no se había explicado sobre cuáles procedimientos son los pertinentes.
El Juez Primero de lo Civil argumentó que la normativa citada se refería a la “Aceptación
de Herencia con beneficio de inventario” y al inventario del patrimonio personal que debe
efectuar cada uno de los supuestos herederos, para no confundirlo con la masa sucesoral,
por lo cual es proceso diferente al de la facción; que había accedido a lo peticionado por el
señor Daura Escobar y así la diligencia efectuada ese mismo día iniciaba el inventario a
realizar, el que se realizaría conforme a los bienes enumerados en la petición, trámite que se
efectúa de igual forma en todos los casos que lleva el tribunal. Así también remarcó que
corresponde al peticionario probar que es heredero y que teme que los bienes sean usados
al arbitrio de los otros herederos, mostrando qué bienes específicos pueden ser los
afectados, lo cual no puede realizar el juez de manera oficiosa ni pedirlo a los demás
herederos porque éstos actúan de buena fe.
En relación a las solicitudes efectuadas por el señor Daura Escobar, respecto al secuestro de
documentos, acciones y títulos valores el Juez Primero de lo Civil argumentó que esto no
puede ser realizado de oficio y que tales actuaciones no tienen base legal, tampoco se podía
otorgar la posesión de la administración de la herencia al señor Daura Escobar en razón que
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todos los herederos gozan de igualdad, por lo que el Juez debe proteger los derechos de
todos; agregó que las peticiones del señor Daura Escobar son pertinentes en otros
procedimientos pero el Juez no puede asesorarlo al respecto, ya que esto contraría el
principio de imparcialidad.
e) Respecto al incidente de inhibitoria planteado por la Jueza Tercero de Familia de San
Salvador, el trece de enero de dos mil tres, personal de esta Procuraduría se presentó a la
Cámara de Familia de la Sección del Centro a fin de estudiar el incidente clasificado bajo la
referencia 3-02, constatando que por oficio numero 1025 fechado veintitrés de julio de dos
mil dos, la funcionaria antes señalada, informó a la Cámara de Familia sobre su excusa para
continuar tramitando la ejecución del proceso. El tribunal de segunda instancia, recibió el
oficio respectivo el día veinticinco de julio de ese año. Los motivos que adujo la Jueza para
excusarse en el conocimiento del proceso, según resolución del veintitrés de julio de ese
año, fueron que el demandante señor Daura Escobar había puesto en duda, de manera
sistemática, las providencias judiciales; así también, que la ha denunciado en esta
Procuraduría, así como diferentes instituciones y organismos de derechos humanos.
El catorce de agosto del año en comento la Cámara emitió resolución por medio de la cual
dio por recibido el proceso y expuso que no resolvería el impedimento ya que los
Magistrados habían sido recusados ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia,
la cual aún no había resuelto al respecto; tal decisión fue notificada al apoderado de la
sucesión, al apoderado del señor Daura Escobar y a la Procuradora de Familia adscrita a esa
Cámara. El proceso fue devuelto por la Sala de lo Civil, el cuatro de diciembre de dos mil
dos y recibido por la Cámara, el día siguiente, junto con la certificación de la resolución
que declaró improcedente la recusación de los magistrados, pero la Cámara lo dio por
recibido hasta el día dieciocho de ese mismo mes y año, mediante resolución en la que
además admitió el trámite de la inhibitoria y señaló hora y fecha para celebrar audiencia de
recepción de pruebas, a las nueve horas del día ocho de enero de dos mil tres, previa cita
de la Jueza inhibente y de la Procuradora de Familia adscrita al Juzgado en comento;
resolución que fue notificada a la Jueza el veinte de diciembre de ese año y a la
Procuradora el veintiuno de ese mes.
El día señalado se llevó a cabo la audiencia de recepción de prueba, a la que comparecieron
la Jueza Tercero de Familia de San Salvador, la Procuradora de Familia adscrita a dicho
Juzgado, la Secretaria de Actuaciones del Tribunal y uno de los colaboradores judiciales,
estos en calidad de testigos para probar el impedimento. En ésta, los Magistrados
consideraron que con lo manifestado por la funcionaria judicial, la Procuradora de Familia
y los testigos, quedaba probado el impedimento, por lo cual separó a la funcionaria del
conocimiento del proceso y designó a la Jueza Segundo de Familia de San Salvador para
que continuara su ejecución.
Se ha agregado a la presente investigación, copia simple del acta de audiencia antes
señalada, en la cual los magistrados razonaron lo siguiente:
“Los suscritos magistrados, en atención a lo manifestado por la Jueza Tercero de
Familia, licenciada EVELYN ROXANA NÚÑEZ FRANCO, lo cual ha sido debidamente
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establecido con la prueba testimonial presentada en esta audiencia, además de lo
advertido en las actuaciones del proceso respectivo, en donde se ha observado una
serie de señalamientos en contra de la actuación de la referida funcionaria, situación que
en determinado momento puede llegar a influir en el ánimo del juzgador, aún cuando no
dudamos de la imparcialidad, capacidad y honestidad de la referida funcionaria, los
hechos expuestos ponen en tela de duda, por parte del Lic. Daura Escobar, la
independencia e imparcialidad con la que está revestido y debe de actuar todo
funcionario judicial. Por tal razón consideramos que existe, a criterio de esta Cámara, un
motivo serio y razonable para que la Jueza a quo se inhiba de conocer en el caso sub
júdice, a fin de garantizar la credibilidad en el sistema de la administración de justicia
familiar frente a la sociedad.”
En la audiencia relacionada, la Procuradora de Familia, licenciada Lilian Guevara de Mena,
expresó:
“Que conoce desde antes, aunque solamente de vista al Lic. DAURA ESCOBAR, pero
que ha leído y revisado el proceso que se ventila en el Juzgado Tercero de Familia,
razón por la cual le ha llamado la atención el número de escritos presentados por el
referido profesional y la forma no muy decorosa e irrespetuosa con la que se dirige al
Tribunal; le consta que en una ocasión estando ella acompañada de otras personas
pertenecientes a la Institución donde labora, vio al Licenciado DAURA ESCOBAR hacer
un gesto bastante despectivo hacia su persona y dirigirse con una palabra grosera al
Tribunal y que las personas con quien se encontraba la dicente le hicieron mención que
éste ha hecho comentarios muy fuertes tanto del Tribunal como de su persona; que por
todo lo anterior, estos hechos deben ser tomados en cuenta y valorados por este
Tribunal, considerando que por sanidad debe resolverse en forma favorable a lo
solicitado por la Licda. NÚÑEZ FRANCO.”
Se verificó que ni el señor Daura Escobar ni el apoderado de la sucesión fueron notificados
de la admisión del incidente ni de la fijación de fecha para audiencia; siendo que al primero
se le notificó hasta las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día diez de enero de dos
mil tres, el acta de la audiencia celebrada dos días antes y que él solicitó que se le notificara
la resolución que da trámite al incidente.
f) Como se relacionó en el punto 44 de esta resolución, delegada de esta Procuraduría
estuvo presente en la audiencia oral efectuada en el trámite de la queja interpuesta por el
señor José Alberto Daura Escobar en contra de la Procuradora de Familia, Lilian Guevara
de Mena ante el Procurador Auxiliar de San Salvador, la cual dio inicio a las catorce horas
con cuarenta minutos, el día cuatro de febrero de dos mil tres; en ésta, se garantizó el
principio de contradicción entre las partes, concediendo intervención y luego réplica tanto
al señor Daura Escobar como a la funcionaria denunciada. El señor Daura Escobar expuso
que se sentía lesionado en su dignidad humana, en razón que la Procuradora le llamaba por
el nombre de “José Alberto Escobar” y se había mostrado parcializada a favor de la Jueza
Núñez Franco, así también que sin pruebas lo había acusado de no actuar con probidad,
lealtad y buena fe y que no había actuado respecto a las denegatorias de medidas cautelares
decretadas por la funcionaria judicial, ni respecto a las omisiones de notificación hacia su
persona durante el trámite del incidente de inhibitoria. La Procuradora de Familia expuso
que ella no había visto nunca al licenciado Daura Escobar y conoció de su caso en mayo de
25

dos mil dos al evacuar un traslado conferido por la Cámara, fundamentándolo en bases
legales y doctrinarias, opinando que se declarara inadmisible el recurso de revocatoria y
apelación presentado; respecto a la comparecencia en la Cámara de Familia alegó que fue
informada por uno de los magistrados, que todas las partes habían sido citadas y aceptó
haber cometido error al referirse al señor Daura Escobar con otro nombre, por lo que
solicitó disculpas.
g) Con relación a los hechos denunciados en contra de la Cámara de Familia de la Sección
del Centro, sobre la declaratoria de inadmisibilidad de apelación contra resolución que
deniega medidas cautelares, esta Procuraduría solicitó informe a los Magistrados que la
conforman en fecha cuatro de junio del dos mil dos, quienes lo rindieron el día siete de ese
mes, en el sentido que manifestaron que en razón que el volumen de trabajo de la Cámara
es excesivo se dificulta dictar las sentencias en el plazo señalado en la ley, no obstante
extienden su jornada laboral a dos ó tres horas más. Informaron que el licenciado Daura
Escobar presentó recurso de revocatoria en el plazo legal, de resolución que fuere dictada el
día quince de enero de ese año y notificada al recurrente el dieciocho de ese mismo mes.
La resolución objeto del recurso declara “sin lugar las peticiones hechas por el licenciado
José Alberto Daura Escobar, consistentes en comisionar al equipo multidisciplinario de este
Tribunal, el nombramiento de peritos contables y la práctica de inspección, por no ser
procedentes”.
Indicaron que al notificarse dicha resolución e inconforme con la misma, el licenciado
Daura Escobar interpuso recurso de apelación en fecha trece de febrero de ese año, el cual
al ser analizado por los Magistrados de Cámara observaron que era extemporáneo, ya que
se interpuso dieciocho días hábiles posteriores a la notificación de la resolución con la que
el señor Daura Escobar no estaba de acuerdo, es decir la que dio lugar a pedir la
revocatoria. Según los funcionarios, el señor Daura Escobar impugnó la resolución
únicamente mediante el recurso de revocatoria, no la apelación, el que según la praxis
judicial y la doctrina, debe interponerse simultánea o conjuntamente con el de revocatoria;
ya que si éste último es adverso inmediatamente se conoce en apelación, operando así una
concentración de los actos procesales. De acuerdo a los magistrados de Cámara el vocablo
“podrá” a que hace referencia el Art. 150 de la Ley Procesal de Familia hace alusión a la
facultad de querer hacer uso o no del recurso y en caso que tal derecho sea ejercitado
deberá hacerse dentro del plazo que la ley establece para la apelación, el cual es de tres
días, debiendo hacerlo en el mismo escrito o en forma independiente siempre que se
encuentre dentro del plazo fijado.
Expresaron los funcionarios, que la resolución que decide la revocatoria no admite recurso
alguno, salvo el de apelación cuando contenga puntos no decididos en la resolución que se
ha impugnado y sólo sobre estos puntos nuevos; siendo que no obstante la resolución que
decidió la revocatoria en ese proceso, contenía puntos nuevos, estos no fueron adversados
por el apelante, lo cual no puede ser suplido por dichos funcionarios, siendo que además
dichos puntos le favorecían al apelante.
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Señalaron que en razón de tal situación, el señor Daura escobar interpuso revocatoria contra
la resolución que declara inadmisible la apelación, pero estando en tiempo para resolver
este recurso, el referido señor interpuso recusación contra los Magistrados. Acotaron que
sus actuaciones se basan en la Constitución y demás leyes de la República.
h) Personal de esta Procuraduría verificó el trámite de la ejecución de la sentencia casada
de parte del Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, tribunal al cual fue remitido el
proceso en fecha ocho de octubre de dos mil tres, por la Cámara de Familia de la Sección
del Centro, luego de declararse impedimento para que la Jueza Tercero de Familia
continuase conociendo. El referido juzgado advirtió, mediante resolución de las catorce
horas con cuarenta minutos del día diecisiete de octubre de dos mil tres, que la causa se
encontraba en estado de ejecución del reclamo de pago por parte de los representantes de la
sucesión demandada, por la suma de cuatrocientos mil colones en concepto de
indemnización por daños y perjuicios de carácter moral y material, según fuere establecido
por la Sala de lo Civil y que en decreto de sustanciación de fecha quince de enero de dos
mil dos, la Jueza Tercero de Familia declaró ha lugar el embargo solicitado por el
ejecutante y libró el respectivo mandamiento de embargo, el que fue entregado al Ejecutor,
licenciado Rafael Alonso Morales, pero a esa fecha aún no se había informado sobre el
diligenciamiento del embargo ni devuelto el mandamiento, por lo que previno al ejecutor
devolver el embargo al Tribunal en el estado en que se encontrare el mandamiento
entregado, concediendo un plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación bajo
pena de responder legalmente e informar a la Corte Suprema de Justicia.
i) Por su parte, el licenciado José Alberto Daura Escobar presentó escrito fechado cinco de
noviembre de dos mil tres, respecto al diligenciamiento del mandamiento de embargo,
manifestando que el ejecutor había tenido obstáculos para diligenciarlo, una de estas era
una prevención efectuada por el Registrador de la Propiedad, Raíz e Hipotecas de San
Salvador, quien observó que existía anotación preventiva de la demanda al número
200306087818, medida cautelar que fue solicitada por el demandante y otorgada por la
Jueza Tercero de Familia, así también anotación preventiva en inmuebles inscritos en
diversos registros para garantizar la pretensión. Agregó que el Registrador previno que los
inmuebles aún se encontraban a nombre del señor Jorge Daura por no haberse presentado
declaratoria de herederos ni traspaso de herencia. En esa oportunidad, aclaró el señor
Daura Escobar que él demandó a su padre y la Jueza Tercero de Familia cometió un error al
mencionar en el mandamiento de embargo librado, que se embargaran bienes propios de los
otros herederos de su padre, debiendo decir que se embargaran bienes propios del
demandado señor Jorge Daura, representado por los herederos mencionados.
Por lo cual, el señor Daura Escobar solicitó al Tribunal aclarara al Registrador, que debía
inscribir el embargo respectivo aún cuando la Jueza Tercero de Familia haya ordenado la
medida cautelar de anotación preventiva a su favor, aclarando además que el demandado es
su padre y los que aparecen en el mandamiento de embargo son sólo sus representantes por
ser sus herederos, que el demandante interviene como un tercero acreedor y aunque
también es heredero, el derecho que exige difiere de su derecho de suceder. También pidió
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que aclarara tal circunstancia al Registrador de la ciudad de Zacatecoluca y se entregara al
Ejecutor de Embargos para que fuese presentado junto con el mandamiento.
j) En fecha diez de noviembre de dos mil tres, el Tribunal dictó resolución en la cual
estableció que el escrito presentado por el señor José Alberto Daura Escobar no cumplía
con las formalidades requeridas porque no contenía sello de abogado director y además que
debía ser redactado en forma continua o correlativa y no en hojas separadas, por lo cual le
previno que presentara sus escritos en la forma debida cuando lo hiciera personalmente o en
su defecto hacerlo por medio de los abogados nombrados como sus Procuradores. Se le
requirió señalar lugar para practicar notificaciones al Ejecutor de Embargos y reiteró la
prevención efectuada a este último respecto a la devolución del mandamiento.
k) Así también, se ha verificado que en diversas oportunidades, la Jueza Primero de Familia
interina se limitó a “tomar nota” de lo expuesto en diversos escritos que presentó el señor
José Alberto Daura Escobar, bajo el argumento que los mismos no contenían sello de
abogado, advirtiendo incluso al demandante que debía pronunciarse por medio de sus
abogados, pues de lo contrario sus petitorios serían declarados inadmisibles, tal es el caso
de las resoluciones proveídas el diez y veinticuatro de noviembre de dos mil tres y el doce
de diciembre de ese año.
l) De igual forma, la Jueza Primero de Familia interina requirió en diversas resoluciones
que el Ejecutor de Embargos presentara el mandamiento librado, con la finalidad de
proseguir la ejecución, no obstante fue informada de las observaciones efectuadas por el
Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas y le fue solicitado tanto por el Ejecutor como
por el demandante que proveyera lo pertinente para que el embargo pudiese inscribirse,
peticiones y sugerencias que no fueron objeto de análisis de la funcionaria, quien se limitó
en forma reiterada y sin motivación a solicitar la devolución del mandamiento, a pesar que
el demandante explicó que el retirar el mismo acarrearía la pérdida de sus derechos
registrales en cuanto a la presentación.
m) Se ha constatado que tanto el demandante como el Ejecutor de Embargos y el abogado
de la sucesión demandada informaron, en diversos escritos, al Tribunal Primero de Familia
de San Salvador, del vicio contenido en el mandamiento de embargo librado por la Jueza
Tercero de Familia de esta ciudad en fecha siete de febrero de dos mil dos; así, el nueve de
diciembre de dos mil tres, el Ejecutor de Embargos, informó que se había trabado formal
embargo en dos inmuebles urbanos propiedad del señor Jorge Alberto Daura Bajil; pero
que no se podía efectuar la inscripción por la anotación preventiva de la demanda
presentada y porque en el mandamiento de embargo aparece que debe embargarse bienes
propios de las personas cuyos nombres están consignados, pero el registrador que tiene a su
cargo el estudio argumentó que al citado Registro no se había presentado aún la
correspondiente certificación de la declaratoria de herederos, a fin de que se traspasen los
bienes a favor de la sucesión, la cual obviamente está representada por las personas
consignadas en el mandamiento.
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El ejecutor señaló que para inscribir el mandamiento debía retirarse la anotación preventiva
y presentar la correspondiente declaratoria de herederos para que se verifique el traspaso de
los bienes del causante a favor de los herederos y una vez verificado, se libre oficio al
Registro por parte del tribunal, explicando que los bienes a embargar son los inscritos a
favor de la sucesión, es decir no en bienes propios de los demandados, sino en bienes
propios de la sucesión.
n) El once de mayo de dos mil cuatro, habiéndose constituido el Juez Primero de Familia
propietario, el señor Daura Escobar presentó escrito por medio del cual pidió al tribunal que
dejara de llamarle José Alberto Escobar, expuso que la Jueza interina se había obstinado sin
explicación en que se devolviese el mandamiento de embargo pero este aún no había
cumplido su cometido; no obstante, se había expuesto claramente los obstáculos. Además
solicitó medidas de protección de las llamadas innominadas de conformidad a la Ley contra
la Violencia Intrafamiliar y con carácter preventivo, para que se ordenara a sus familiares
paternos que se “abstengan de realizar cualquier acto de hostigamiento, persecución,
amenazas, golpes o cualquier otro acto más grave o perjuicio físico en su vida o integridad
personal o de su familia o daño psicológico derivado de cualquier abuso que genere el
negarse a compartir en forma pacífica sus derechos económicos en común”.
Pidió también que se revocara la orden de la jueza suplente, licenciada Delmy Elsy de
Rodríguez, de que no dar trámite a los escritos que presentaba sin sellos de abogado, ya que
la legitimidad con que actúa está suficientemente probada.
ñ) El veinticinco de mayo de dos mil cuatro, el Juez Primero de Familia, licenciado Jorge
Alfonso Quinteros, mediante resolución de las quince horas con veinte minutos entre otras
cuestiones, argumentó que a pesar que las peticiones del señor Daura Escobar no tenían
sello de abogado, sus escritos habían sido resueltos oportunamente, previo estudio análisis
y valoración de su texto, por lo que declaró no ha lugar la revocatoria solicitada, expuso
que el nombre del demandante había sido consignando en las resoluciones conforme
aparecía en la certificación de su partida de nacimiento; proveyó medida de protección a
favor del señor Daura Escobar para que los familiares paternos del ejecutante, los
consanguíneos de la señora Lidia Daura y sus subalternos se abstengan de todo acto
molesto, provocatorio, hostigante, persecutorio, intimidatorio, amenazante o de cualquier
otro acto semejante que pudiere generar perjuicios físicos, psicológicos, emocionales o
materiales al señor José Alberto Daura Escobar, tanto en el ámbito publico como en el
privado, medida con vigencia hasta que la sentencia haya sido ejecutada.
Reiteró el Juez que se requiere devolver el mandamiento de embargo para procurar el
efectivo cumplimiento de las fases que corresponden al juicio ejecutivo; que oportunamente
se ha informado que dicho mandamiento no ha sido debidamente inscrito, por las
observaciones indicadas por el Registro y que este ha sido decretado en contra de las
personas que se constituyen en presuntos herederos del causante señor Jorge Alberto Daura
Bajil en el entendido que representan la sucesión de dicho causante.
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o) Esta Procuraduría ha constatado efectivamente, que el mandamiento de embargo librado
por la Jueza Tercero de Familia, en fecha siete de febrero de dos mil dos, ordena al Ejecutor
de Embargos, licenciado Rafael Alonso Morales, trabar embargo formal en bienes propios
de los señores Ivette Susana Daura Safie conocida por Susana Ivette Daura Safie y Susana
Ivette Daura de Kawas, José Gerardo Daura Safie, Jorge Alberto Daura Safie, Lidia Bajil
viuda de Daura, Eva Safie viuda de Daura conocida por Eva Safie, Eva Giha y por Eva
Safie Giha, por la cantidad de cuatrocientos mil colones o su equivalente en dólares de
Estados Unidos de Norte América, en razón de haber sido condenados por sentencia de la
Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia a pagar indemnización por daños morales y
materiales al licenciado José Alberto Daura Escobar, embargando hasta una tercera parte
más de lo adeudado.
p) Se ha observado que el Procurador de Familia Carlos Alberto Ramírez Henríquez ha
adoptado una actitud pasiva en el desarrollo del proceso judicial, siendo que no contestó
algunos traslados que se le efectuaron dentro de la etapa de ejecución de la sentencia, y
cuando lo hizo confundió los términos en su escrito refiriéndose al recurrente en
revocatoria como apelante, entre otros; así también, el trece de febrero de dos mil dos, se le
corrió traslado de recurso de apelación interpuesto en contra de resolución dictada por la
Jueza Tercero de Familia de esta ciudad, el siete de febrero de ese año, no contestando el
Procurador. Además fue notificado de diversas resoluciones proveídas por la Jueza
Primero de Familia interina, sin que actuase respecto a la actitud de ésta que limitó el
ejercicio pleno del señor Daura Escobar sobre la base de una exigencia formalista, respecto
al sello de abogado en sus escritos.
También ha sido verificado que dicho profesional se desempeña actualmente como
Procurador de Familia en el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, por lo cual ha
conocido del proceso mientras el mismo ha sido tramitado en los dos tribunales de primera
instancia que lo han ventilado.
V. CONSIDERACIONES
Sobre la base de lo verificado y el análisis que se ha realizado de la fase de ejecución del
proceso familiar de Declaratoria Judicial de Paternidad, en la cual han intervenido
diferentes instancias, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos hace las
consideraciones siguientes:
a) Referente a la Jueza Tercero de Familia.
1.- En la ejecución de la sentencia casada, la Jueza Tercero de Familia denegó el quince de
enero de dos mil dos, medidas cautelares que fueron solicitadas por el señor José Alberto
Daura Escobar, para proteger sus derechos económicos, por argumentar no ser el momento
procesal oportuno, en razón que la actuación del tribunal debía limitarse a la ejecución de la
suma líquida que fue ordenada por la Sala de lo Civil en concepto de indemnización; no
obstante, el Art. 75 de la Ley Procesal de Familia establece que “las medidas cautelares se
podrán decretar en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte”, no
30

debiendo obviarse que por su naturaleza misma, el proceso de familia tiene dos fases: la
cognoscitiva o declarativa en la que se decide sobre los derechos que corresponden a las
partes y la fase de ejecución en la cual se procede a hacer efectivos esos derechos que
fueron declarados; el proceso de familia no termina entonces, con el pronunciamiento del
Juez sobre las pretensiones de cada una de las partes sino que el funcionario está en la
obligación de garantizar la efectividad de los derechos que han sido reconocidos,
procediendo entonces a ejecutar la sentencia para su cumplimiento; en consecuencia, tanto
en la fase declarativa como en la de ejecución, pueden las partes solicitar al Juez que
ordene medidas cautelares para garantizar sus derechos, pues así lo permite el Art. 76 de
ese cuerpo normativo, que faculta al juez para decretarlas a fin de brindar protección
personal a los miembros de la familia, evitar que se causen daños graves o de difícil
reparación a las partes antes de la sentencia o asegurar provisionalmente los efectos de ésta,
teniendo vigencia hasta que dicha sentencia haya sido ejecutada, es decir haya sido
cumplida por los obligados.
Por lo anterior, mientras la sentencia no haya sido ejecutada puede el Juzgador dictar las
medidas que considere necesarias para garantizar su cumplimiento; en el caso concreto, la
Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia condenó al pago de una suma líquida, por
tanto la funcionaria judicial estaba facultada para dictar las medidas necesarias a fin de
asegurar el pago de la indemnización e incluso medidas de protección ante los hechos de
violencia psicológica y patrimonial que fueron expuestos por el señor José Alberto Daura
Escobar.
Chiovenda define como provisorias, cautelares o conservativas, aquellas medidas
especiales determinadas por el peligro o la urgencia, que se emiten antes de que sea
determinada la voluntad concreta de la ley que nos garantiza un bien, o antes de que sea
cumplida su actuación para garantizar su futura actuación práctica. 1
La doctrina reconoce dentro de las medidas cautelares, las llamadas innominadas, es decir
aquellas que no han sido expresamente establecidas en la ley, pero que pueden ser
decretadas por el juez con fines tutelares. En todo caso, para que el funcionario decrete
una medida cautelar deberá comprobarse por el interesado los presupuestos para ésta: el
“periculum in mora” y el “fomus bonis iuris”, es decir el peligro en la demora y la
verosimilitud del derecho; por tanto, no basta que una de las partes solicite al Juez de
Familia que decrete una medida para asegurar sus derechos, debe comprobar que se
cumplen ambos presupuestos, teniendo el Juez la facultad de decretarla o no, si lo estima
necesario, ya que no todas las peticiones que se efectúan dentro de un proceso de familia
revisten las características de medida cautelar, lo cual tiene que ser analizado por el juez
para no incurrir en vicios dentro del proceso.
El señor Daura Escobar solicitó, como se mencionó medidas que consideró necesarias para
la protección de sus derechos económicos, entre éstas, estudio económico completo por
parte del Equipo Técnico Multidisciplinario. Valga señalar que la práctica de un estudio
1
Greif, Jaime. Medidas cautelares, Rubinzal – Culzoni Editores, Primera Edición, pág. 50, Buenos Aires,
Argentina.
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económico dentro de un proceso de familia, no es una medida cautelar innominada, es una
faculta que la ley atribuye al juzgador para que auxiliándose de los especialistas que
integran el Equipo Técnico Multidisciplinario pueda establecer la capacidad económica de
las partes a fin de coadyuvar en la decisión sobre la pretensión que se dilucida en el
proceso; tal estudio como ya se estableció en la resolución de PDDH fechada veintiocho de
octubre de dos mil dos, no se realizó por parte del Tribunal (no así el estudio social que sí
fue efectuado), lo cual impidió que se pudiese garantizar al señor Daura Escobar el derecho
a una adecuada reparación. Es comprensible la petición del señor Daura Escobar, quien
solicita el estudio económico para garantizar sus derechos económicos frente a la
desigualdad en que se encuentra con relación a los otros herederos, a fin de conocer a
cuánto asciende el acervo hereditario y poder hacer efectivos sus derechos; de igual forma
dicho estudio es útil en el proceso, no sólo para el pronunciamiento sobre la indemnización
(la cual ya fue establecida en cuatrocientos mil colones por la Sala de lo Civil) sino también
para que el juez que ejecuta la sentencia, tenga un conocimiento más claro sobre los bienes
de la masa sucesoral con los que se puede asegurar el pago de la indemnización.
2.- Por otra parte, llama la atención de esta Procuraduría, que al proceder a la ejecución de
la sentencia, en resolución del veintiséis de noviembre de dos mil uno la Jueza concedió un
plazo de quince días a los herederos para que cumplieran con el pago de cuatrocientos mil
colones ordenado por la Sala de lo Civil en concepto de daños morales y materiales,
obviando que por tratarse de una suma líquida debió proceder según lo establece el Código
de Procedimientos Civiles, norma de aplicación supletoria por no estar regulado
expresamente en la normativa familiar; la obligación establecida por la Sala es una
obligación de pago, no de hacer u observar una conducta específica para la cual la Ley
Procesal de Familia sí permite la fijación de un plazo por parte del Juez.
En esa resolución, la Jueza estableció un plazo que no se encuentra regulado en la Ley
Procesal de Familia ni en el Código de Procedimientos Civiles, manifestando que se trataba
de un “plazo judicial”. Vale decir, que los denominados plazos judiciales son permitidos
por el ordenamiento jurídico para que el juzgador ejecute la decisión que fue adoptada en
una resolución o sentencia, pero para los casos en que el trámite no está específicamente
determinado o que estándolo, el Juez pueda ampliarlo según las circunstancias; de tal
forma, se permite al Juez fijar un plazo razonable para que se realice u observe una
conducta, así por ejemplo la incorporación del grupo familiar a programas de orientación y
apoyo sociofamiliar (Art. 129 y 144 L.Pr.F.).
Tratándose de una obligación contenida en sentencia definitiva, que por ende trae aparejada
ejecución, debe procederse según el trámite establecido para el juicio ejecutivo, por lo que
el funcionario judicial, sin citación contraria debe decretar embargo y librar el
mandamiento respectivo. Valga aclarar que una de las características de las medidas
cautelares, entre éstas el embargo, es que se dicta “inaudita parte” (sin oír a la parte
contraria), irregularidad en la que incurrió la Jueza Tercero de Familia al fijar un plazo para
el cumplimiento de la sentencia, previo al embargo y notificar de esto a los obligados, ya
que tal actuación viola el derecho humano al debido proceso por inobservancia de norma
expresa y el derecho a la seguridad jurídica, establecidos en los Arts. 2 y 12 de la
32

Constitución de la República, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3.- Advierte esta Procuraduría que al librar el mandamiento de embargo, contra bienes
propios de los herederos del señor Jorge Alberto Daura Bajil, la Jueza Tercero de Familia
de San Salvador interpretó erróneamente la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la
Corte Suprema de Justicia, la cual condenó a los herederos declarados del señor Jorge
Alberto Daura Bajil a pagar indemnización por daños morales y materiales al licenciado
Daura Escobar, obligación impuesta en calidad de representantes de la sucesión del señor
Daura Bajil y no en su carácter personal, ya que ellos han sido demandados en el proceso,
como herederos, representan los intereses de la sucesión y como tales deben de responder
por los daños morales ocasionados por el causante.
Con tal actuación, la Jueza de Familia no sólo ha provocado que el proceso se vea
entorpecido y se obstaculice el acceso a la justicia y el deber de reparación, en perjuicio del
señor José Alberto Daura Escobar sino también ha vulnerado el derecho a la propiedad y
seguridad jurídica de los señores Lidia Daura de Daura Bajil, Susana Ivette Daura Safie,
Jorge Alberto Daura Safie, Jorge Gerardo Daura Safie y Eva Safie Giha o Eva Safie de
Daura, quienes no pueden ser privados arbitrariamente de la propiedad sobre sus bienes, en
tanto que estos no forman parte de la masa sucesoral.
4.- Por otra parte, en el trámite del recurso de revocatoria planteado por el señor Daura
Escobar en contra de la resolución del quince de enero de dos mil dos, la Jueza excedió el
plazo de veinticuatro horas que la normativa familiar establece para resolver sobre el
mismo, así también retardó la remisión del expediente judicial a la Cámara de Familia para
que esta conociera en apelación, dilatando en forma innecesaria el proceso en su etapa de
ejecución; no obstante esta Procuraduría en su anterior resolución, le recomendó observar
los principios del debido proceso en cuanto al cumplimiento de plazos procesales.
5.- En el trámite del impedimento planteado por la Jueza Tercero de Familia ante la
Cámara, la funcionaria debió tener en cuenta que la titular de esta acción era su persona y
que se alegaba como motivo para excusarse, hechos atinentes a la actuación del señor
Daura Escobar como parte demandante dentro del proceso, por lo cual estaba obligada a
cuidar que se respetaran los principios y garantías del debido proceso y solicitar a los
Magistrados de Cámara que se citara a ambas partes a fin de no dejarlas en indefensión y
garantizar la igualdad.
6.- A criterio de la suscrita Procuradora, el ejercicio del derecho de recurrir por parte de uno
de los sujetos procesales y de accionar a las instituciones y organismos no gubernamentales
de derechos humanos en defensa de los mismos, no puede ni debe constituir, bajo ningún
supuesto, un motivo para que el funcionario judicial se excuse del conocimiento de la causa
sometida a su jurisdicción; en razón que los derechos humanos constituyen y deben ser
entendidos como un límite al ejercicio del poder del Estado; por tanto preocupa la actitud
de intolerancia demostrada por la Jueza Tercero de Familia de San Salvador ante los
medios de impugnación empleados por el señor Daura Escobar y demás mecanismos de
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protección de los derechos humanos, y sobre todo, ante la labor de investigación y
verificación realizada por los delegados de esta Procuraduría.
b) Sobre la actuación de la Cámara de Familia de la Sección del Centro.
1.- La Cámara de Familia, de igual forma, incumplió el plazo conferido por la ley para
resolver la apelación interpuesta, lo cual realizó a más de dos meses de que el proceso fue
recibido en dicho tribunal de segunda instancia, dictando una resolución que declaró
inadmisible la apelación por extemporánea; lo cual resulta sumamente preocupante para
esta Procuraduría, en razón que dicho tribunal exige a las partes que se atengan a los plazos
que establece la ley, no obstante se sitúa en una situación de infractor de ésta, al no
respetar los mismos; por consiguiente violando las garantías judiciales del debido proceso,
contenidas en el Art. 182 ordinal 5º de la Constitución de la República, 8.1 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el principio de legalidad.
2.- La actuación de los magistrados de la Cámara de Familia, doctor Arcadio Sánchez
Valencia y licenciada Rhina Elizabeth Ramos González, durante el trámite del
impedimento planteado por la jueza Núñez Franco, atenta de manera grave contra el
derecho del señor José Alberto Daura Escobar a defenderse, a ser juzgado por juez
imparcial e independiente, a que se le haga saber lo resuelto, derecho al juez natural y a la
seguridad jurídica. Es inobjetable, el derecho que le asiste a las partes de estar presentes en
la práctica de toda diligencia judicial, sobre todo cuando lo que se discute atañe a las
mismas, para el caso al señor Daura Escobar en calidad de demandante, en razón que la
funcionaria inhibente expuso hechos realizados por éste y actuaciones de éste, que a su
criterio constituían un motivo serio y razonable para excusarse de seguir conociendo en la
fase de ejecución del proceso; constituyendo la audiencia de recepción de prueba celebrada
por los Magistrados de Cámara un juicio sobre la personalidad del demandante, en el cual
no se brindó a éste la oportunidad de defenderse de los señalamientos efectuados en su
contra por la funcionaria.
El Art. 33 de la Ley Procesal de Familia es claro al establecer que: “Toda providencia debe
ser notificada a las partes o a sus apoderados, entregándoseles una esquela que contenga
la resolución específica”. Este acto procesal de comunicación, que por sí mismo
constituye el derecho a saber lo resuelto y garantiza el principio de publicidad del proceso,
posibilita y garantiza además, el ejercicio del derecho de recurrir en el caso que uno de los
sujetos procesales esté en desacuerdo con lo resuelto por el juzgador; la excepción la
constituye únicamente, las medidas cautelares porque su finalidad es evitar que se produzca
un daño irreparable y asegurar el derecho que le asiste a la parte que la ha solicitado, es por
eso que se notifican después que han sido decretadas.
No obstante lo anterior, los Magistrados de Cámara argumentaron que para el trámite de
éste tipo de incidente, era su criterio citar únicamente al juez inhibente para que en
audiencia probara el motivo que alegaba al excusarse, lo que así razonaron ante la Sala de
lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en audiencia celebrada el quince de mayo de dos
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mil tres, en la que la licenciada Ramos González manifestó que “en su opinión no es
necesario notificar a las partes sino sólo a la jueza que pretende inhibirse de seguir
conociendo y a la Procuradora de Familia adscrita al tribunal respectivo”; lo que es
contradictorio, al considerar que con anterioridad y por resolución del trece de enero de dos
mil tres, los magistrados declararon nula la audiencia celebrada por advertir que se omitió
notificar y citar a las partes intervinientes en el proceso y que estimaban que debía citarse a
las partes y a sus apoderados para garantizar el derecho de audiencia.
Cometió un error grave la Cámara de Familia de la Sección del Centro, al interpretar la
normativa de tal manera, considerando que las resoluciones citadas le fueron notificadas al
señor Daura Escobar hasta que éste lo solicitó en forma escrita al tribunal; por tanto, el
procedimiento efectuado se desarrolló en secreto, lo que es contrario a los principios
fundamentales del proceso de familia, en específico el principio de publicidad, que recoge
el Art. 3 literal d) de la Ley Procesal de Familia, que consiste en dar a conocer las
actuaciones realizadas en el proceso y puede ser visto como control de las partes de la
actividad procesal y control de la sociedad de dicha actividad. El primer alcance de este
principio, se refiere al derecho que tienen las partes de conocer los distintos actos
procesales, conocer lo que se discute y lo que se resuelve en el proceso y que se de
denomina también publicidad relativa; el segundo hace referencia al control que realiza la
sociedad a través de la publicidad de los Órganos Judiciales, recibe el nombre de
publicidad absoluta y es extensiva para los terceros; este último no es aplicable en materia
de familia, debido a la naturaleza de los hechos que se discuten, los cuales son de índole
privada.
La publicidad permite, de manera indudable, la apertura del proceso, para que la potestad
jurisdiccional pueda ser controlada por quienes tienen interés en hacerlo. La publicidad
para las partes, entonces, ha de ser entendida como la facultad que éstas tienen de
presenciar e intervenir en las diligencias judiciales referentes a la causa, en la cual se han
constituido como sujetos.
3.- Llama la atención de la suscrita Procuradora, que la resolución por medio de la cual, los
magistrados de la Cámara de Familia expusieron que no conocerían del trámite de la
inhibitoria de la señora Jueza Tercero de Familia de San Salvador, fue notificada a las
partes y a la Procuradora de Familia, lo cual no sucedió con las resoluciones subsiguientes
que tramitaron dicho incidente, tal es el caso de la resolución que fija fecha para la
audiencia de recepción de prueba; no obstante el Art. 33 supracitado establece la obligación
de notificar todas las providencias, no excluye a ninguna de este acto procesal de
comunicación, cuya finalidad es dar a conocer la decisión del tribunal a las partes y que por
tanto potencia el derecho de audiencia, defensa y de impugnar.
4.- Al ser recusados los magistrados propietarios de la Cámara de Familia, los suplentes
licenciada Hilda Edith Herrera de Morán y doctor Pablo Edgardo Portillo Hurtado
decidieron sobre la inhibitoria planteada, empero en forma injustificada omitieron celebrar
audiencia de recepción de prueba respecto al impedimento, a pesar de que ésta había sido
declarada nula, dando lugar al impedimento, pues según su criterio existían suficientes
35

elementos para tener por establecido el motivo serio y razonable para que la Jueza se
inhibiera de conocer; tal actuación a juicio de la Suscrita Procuradora denota
irresponsabilidad de los magistrados suplentes, quienes estaban en la obligación de
garantizar el derecho de la Jueza Núñez Franco de exponer sus motivos y probarlos, así
como la obligación de garantizar el derecho de audiencia al demandante y demandados, a
fin de que se pronunciaran al respecto, en la búsqueda de la verdad sobre los hechos y
motivos alegados por la funcionaria judicial en contra del demandante señor Daura Escobar
y que constituyeron el fundamento de su excusa.
En ese sentido, dicha actuación contraría la oralidad como uno de los principios rectores del
proceso de familia y atenta contra el derecho al debido proceso por violación de la garantía
de audiencia y defensa y el derecho a ser juzgado por juez competente e imparcial.
5.- Respecto a lo argumentado por el licenciado Daura Escobar sobre la inadmisibilidad
del recurso de apelación interpuesto en contra de resolución de la Jueza Tercero de Familia
de San Salvador, que denegó medidas de protección, bajo el argumento que el mismo fue
interpuesto de forma extemporánea, esta Procuraduría considera que para valorar al
respecto debe retomarse los principios rectores del proceso de familia.
Las particularidades del proceso de familia, regido por la oralidad y contradicción, lo sitúan
como un proceso eminentemente innovador, que prioriza la solución pacífica e inmediata
de los conflictos familiares, dada la naturaleza de los derechos que allí se discuten. Es así
que en el curso del proceso debe gararantizarse la igualdad real entre las partes para alegar,
presentar pruebas, interponer incidentes e impugnar las resoluciones judiciales cuando tal
vía sea procedente.
Las actuaciones tanto de las partes como del juez y magistrados de Cámara o de Sala deben
enmarcarse en los principios propios del procedimiento a fin de dar efectividad al proceso
familiar, principios como los de inmediación, aportación, concentración, celeridad,
economía procesal; lealtad, probidad y buena fe. Tal como lo señala la normativa familiar,
este proceso debe ser ágil y evitar los ritualismos; para que un conflicto de familia sea
resuelto con inmediatez se requiere que todos los sujetos que interactúan en este cumplan a
cabalidad con los deberes y funciones que les impone la norma, realizando los actos
procesales de buena fe sin abusar del derecho para obtener un beneficio particular y en los
plazos establecidos por la ley cuando esta expresamente los determina.
Sin embargo, no basta con que la controversia se dirima con celeridad, si la solución que el
Estado brinda a los particulares se desentiende de la justicia y se comete una serie flagrante
de violaciones a los derechos humanos de las partes en el proceso; es así que a primera
vista, carece de sentido el que los juzgadores exijan a las partes el cumplimiento riguroso
de los plazos procesales cuando dichos plazos no están siendo respetados por los
funcionarios judiciales, no siendo válidos alegatos que justifiquen la demora en el trámite
de los procesos o de los diferentes recursos debido a la excesiva carga de trabajo, tal
circunstancia que limita el acceso a la justicia y que escapa de la voluntad de las partes, a
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quienes en nada les favorece, es responsabilidad exclusiva del Órgano Judicial, el cual debe
organizar su aparataje a fin de cumplir con los deberes de respeto y garantía del Estado.
Por otra parte, si bien es comprensible la insatisfacción generada en el licenciado Daura
Escobar dada la excesiva retardación con que actuó la Cámara de Familia para resolver
sobre la admisibilidad de su recurso de apelación, reitera esta Procuraduría que los plazos
legales deben ser cumplidos por todos los sujetos intervinientes. Estos plazos, según
dispone la Ley Procesal de Familia, se caracterizan por la fatalidad y perentoriedad, es decir
que una vez concluida la etapa procesal para realizarlos precluyen sin necesidad de
declaratoria expresa, por lo cual no puede realizarse ninguna actuación o diligencia
correspondiente a una etapa que ya feneció; en caso contrario se estaría ante un supuesto de
violación a la seguridad jurídica establecida en el Art. 1 de la Constitución, que según ha
señalado esta Procuraduría, tiene dos manifestaciones: la primera como una exigencia
objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e
instituciones; y en la segunda faceta subjetiva como certeza del derecho, es decir como
proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva.
El que los plazos no sean respetados por los jueces de Paz, de Primera Instancia o de
Cámara, según sea el asunto, no es motivo razonable para que una de las partes solicite la
valoración de un recurso que fue interpuesto en forma extemporánea, procede en estos
casos hacer uso de otros mecanismos que franquea la ley para declarar tales dilaciones,
como el recurso de queja por retardación, denuncia en los organismos de control interno del
Órgano Judicial o ante esta misma Procuraduría.
Para esta Procuraduría, el análisis de la normativa familiar referente al recurso de apelación
involucra la aplicación de los principios de concentración, celeridad, efectividad y
específicamente seguridad jurídica. En atención a los dos primeros principios, la normativa
familiar en el Art. 150 inciso 2° de la norma adjetiva, permite la interposición del recurso
de apelación en forma subsidiaria al de revocatoria, cuando ambos son procedentes;
efectivamente, tal como fuere argumentado por el licenciado Daura Escobar se trata de una
disposición potestativa y no imperativa, faculta a los interesados a interponer los recursos
simultáneamente pero no los obliga; sin embargo, la interposición del recurso de
revocatoria no interrumpe el plazo para interponer el recurso de apelación, situación que
difiere de la normativa civil, por ser el proceso de familia de naturaleza especial y estar
expresamente regulado el trámite para los recursos, de aceptarse la tesis de la interrupción
de los plazos se contrariaría la naturaleza con que fue creado el proceso de familia, es decir
agilidad, inmediatez o celeridad, por lo cual habiéndose interpuesto revocatoria en contra
de una resolución, puede en forma independiente, interponerse el de apelación dentro del
plazo que confiere la ley, el cual para las resoluciones interlocutorias es de tres día
siguientes a la notificación, como lo dispone el Art. 156 L.Pr.F.
Es por lo anterior, que a su vez esta Procuraduría, no está de acuerdo con el planteamiento
efectuado por la Cámara de Familia de la Sección del Centro, en su resolución de las once
horas con diez minutos del día veinte de mayo de dos mil dos, que señala que al no hacer
uso del derecho a recurrir en forma concentrada, la parte demandante estaba renunciando al
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ecurso de apelación, ya que no es obligación de las partes interponer ambos recursos en
forma simultánea como se señaló at supra, el tenor literal de la ley es claro, únicamente les
faculta, por lo que si la parte interesada así lo desea puede interponerlos en forma
independiente, estando obligados los tribunales a conocer de estos cuando se interponen en
tiempo y con las formalidades requeridas, pues la inadmisibilidad de un recurso de
apelación en forma independiente bajo el criterio señalado por la Cámara podría ser
considerado como una violación del derecho a recurrir.
c) Referente a la actuación de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
1.- Observa la Suscrita Procuradora, que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia
ha dilatado de manera innecesaria, la ejecución de la sentencia dictada en el proceso; así
para el caso, el primer incidente de recusación que planteó el señor Daura Escobar en
contra de los Magistrados de Cámara (bajo la referencia 86 Cá.Fam. S.S.) fue declarado
improcedente por la Sala el veintitrés de julio de dos mil dos y remitido nuevamente al
tribunal de segunda instancia hasta el cuatro de diciembre de ese año, que lo recibió un día
después, es decir pasados cuatro meses de que el mismo fue resuelto.
2.- No corresponde a esta Procuraduría apreciar si los motivos que argumentó el
denunciante fueron válidos y suficientes para que se procediera a recusar a los magistrados,
en razón que tal análisis y valoración concierne únicamente al tribunal que conoce en
grado; sin embargo, procede verificar si dentro del trámite que se dio a tales incidentes se
cumplió con el debido proceso legal, respetando y garantizando de manera efectiva los
derechos humanos de los sujetos procesales.
3.- Preocupa sobremanera a la suscrita Procuradora, la actuación demostrada por el
Magistrado de Sala, doctor Mauricio Ernesto Velasco Zelaya, en la audiencia de
recibimiento de prueba celebrada en fecha veintinueve de abril de dos mil tres (en el trámite
de la segunda recusación, referencia 93 Ca. Fam. S.S), en razón que de manera injustificada
se retiró de la misma, frustrando el desarrollo normal de ésta ya que la audiencia tuvo que
ser suspendida y reprogramada para el ocho de mayo de ese mismo año; denotando un claro
desinterés e irrespeto para el recusante, los funcionarios recusados y la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, a través de la delegada que se encontraba presente.
4.- La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia ha violentado, de manera evidente,
el principio de celeridad y economía procesal que debe regir en todos los juicios de familia,
obstaculizando al señor Daura escobar acceder a la justicia en forma pronta y debida, en
cuanto que los procedimientos en la fase de ejecución se han tornado engorrosos; así el
segundo incidente de recusación duró en su trámite más de cinco meses.
Al respecto, el Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su
numeral uno, establece:
“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen
38

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales”.
5.- No comparte esta Procuraduría, el argumento del Magistrado Presidente de la Sala de lo
Civil, respecto a que el proceso finalizó con la emisión de la sentencia y que después de
ésta no pueden las partes interponer recurso alguno más que el de revisión; en razón que, de
ser así, se impediría a los usuarios del sistema judicial, en materia de familia, el ejercicio
pleno del derecho a impugnar las resoluciones que le causen agravio o que sean dictadas
contrariando preceptos legales, sobre todo ya que de acuerdo a su especial naturaleza, aún
en la ejecución de la sentencia, las partes pueden solicitar la práctica de medidas cautelares
o de protección que garanticen sus derechos personales o patrimoniales.
Como señalara el tratadista Enrique Vescovi, al referirse a los recursos: “En el campo
jurídico, y en especial en lo referido al proceso, los medios impugnativos (y, por ende, los
recursos) aparecen como el lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de
los actos, representando un modo de buscar su perfeccionamiento. Y, en definitiva, una
mayor justicia.” 2
d) En relación a la actuación de los Procuradores de Familia y el trámite de queja.
1.- Ha verificado esta Procuraduría, que el licenciado Carlos Enrique Ramírez Henríquez ha
actuado con suma ligereza y desinterés en el proceso de familia iniciado por el señor José
Alberto Daura Escobar, tanto en el momento que el mismo fue tramitado por el Juzgado
Tercero de Familia, así cuando siendo conocido por el Juzgado Primero de Familia, se le
practicó notificaciones de providencias judiciales y se mandó a oír su opinión, sin que el
Procurador se pronunciara al respecto y cuando lo hizo no reparó en los argumentos que
exponía confundiendo los términos de la situación cuya opinión se solicitaba; si bien es
cierto, el licenciado Ramírez Henríquez no representa al señor José Alberto Daura Escobar,
por la calidad que le inviste como Agente del Procurador General de la República está
obligado a velar por el interés de los miembros del grupo familiar y es por eso que
atinadamente el legislador en materia de Familia, le confirió facultades para intervenir en
todos los actos procesales.
2.- Para el caso, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala en su
Art. 42, inciso 5°:
“Es Procurador de Familia, el Agente del Procurador que estando adscrito a un Tribunal
de Familia, tiene como función velar por el interés de la familia, de los menores,
incapaces y los adultos mayores y que además actúa en representación de la parte
demandada en los casos previstos por la ley”. Esta atribución se recoge también en el
Art. 19 de la Ley Procesal de Familia.
2 Vescovi, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica. Ediciones De
Palma, Buenos Aires, Primera Edición, 1988, pág. 25.
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Contraria a tal disposición, la actitud de apatía mostrada por el Procurador de Familia,
licenciado Ramírez Henríquez, manifiesta una clara violación del derecho a la tutela legal
efectiva, que recalcando, aunque no representa a ninguna de las partes, debe vigilar porque
se respeten y garanticen sus derechos familiares.
3.- A juicio de la suscrita Procuradora, la licenciada Lilian Guevara de Mena, quien
también conoció del proceso, en su fase de ejecución, en el Juzgado Tercero de Familia,
evidenció una conducta negligente, irresponsable y parcializada, al emitir pronunciamientos
sobre el demandante, sin que los mismos tuviesen fundamento alguno, pues según lo
expresó no conocía al señor Daura Escobar, más que de referencias; actuando con suma
parcialidad además, a favor de la Jueza Núñez Franco, cuando esta se inhibió de conocer y
desprotegiendo al señor Daura Escobar, cuya personalidad fue atacada por la funcionaria,
sus colaboradores y la misma Procuradora. De igual forma, no veló por los intereses de
ambas partes respecto al incidente de inhibitoria planteando, ya que no se cercioró que se
hubiese practicado el acto procesal de comunicación que permitiera la oportunidad de éstas
de participar en el incidente.
En el mismo sentido, al ser oída por la Cámara de Familia, respecto a la apelación que
interpusiera el señor Escobar contra providencia que denegó medidas cautelares, la
funcionaria se limitó a analizar situaciones de forma relacionadas con los plazos procesales
y solicitando a la Cámara que ordenara a las partes se pronunciaran con respeto en sus
escritos, pero obvió el requerir de la misma forma al tribunal, que cumpliera con su deber
de dictar sus providencias en los plazos que da la ley, por lo cual tal actuación pasiva avaló
tácitamente, la retardación en la ejecución del proceso.
Sobre el procedimiento de queja
4.- A juicio de la suscrita, el Procurador Auxiliar de San Salvador (de la Procuraduría
General de la República), tramitó en forma debida, la queja interpuesta en contra de la
licenciada Lilian Guevara de Mena, ya que analizó que no obstante el señor Daura Escobar
no era usuario directo de dicha institución, la actuación de la Procuradora de Familia podía
beneficiarle o afectarle en forma indirecta según fuera su desempeño en el proceso familiar
en el cual éste se había constituido como parte demandante; por tanto admitió la queja y
siguió un procedimiento, que si bien no está reglado -por no contemplarlo el manual
correspondiente- pretendía garantizar la contradicción e igualdad entre el quejoso y la
funcionaria denunciada; así también dicha investigación no se limitó a escuchar a las partes,
sino para esclarecer la situación se verificó el proceso respectivo, dejando constancia de tal
situación y procediendo luego de su análisis, a imponer sanción a la funcionaria
denunciada.
5.- Es importante recordar que el Estado salvadoreño está obligado no sólo a respetar los
derechos humanos de los habitantes de su territorio, sino también a garantizar el efectivo
cumplimiento de estos, por lo que debe adoptar los mecanismos necesarios para omitir la
violación, prevenirla y en caso que ésta ocurra, actuar frente a ella mediante la
40

investigación, sanción y reparación del daño o la lesión que ha sido ocasionada. En ese
orden de ideas, la función principal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos es
la de fiscalizar y controlar al Estado de El Salvador, en sus diferentes manifestaciones, bajo
el parámetro del deber de respeto y garantía.
6.- En ese sentido, habiendo sido activada la labor de investigación administrativa de la
Procuraduría General de la República de parte del señor José Alberto Daura Escobar,
correspondía a esa Institución dar trámite a la misma a efecto de ejercer el control
disciplinario de sus empleados, verificar su desempeño y calificarlo a efecto de determinar
si sus actuaciones constituían infracciones a los deberes que les impone y prohibiciones que
establecen la Ley Orgánica y el Reglamento Interno de Trabajo de dicha Institución, de ser
así sancionar los mismos. Para el caso, la Procuraduría General de la República aplicó el
debido proceso, en la investigación que efectuara del desempeño de la licenciada Guevara
de Mena y garantizó además el ejercicio del derecho de recurrir del señor José Alberto
Daura Escobar; por tanto, su insatisfacción con la sanción impuesta por la autoridad
competente, no puede ser considerada como una violación a sus derechos humanos.
7.- Sin menoscabo de lo anterior, cabe reflexionar sobre el papel primordial que
desempeñan los Procuradores de Familia adscritos al Tribunal, a los que la normativa
familiar, -Arts.19, 21 y 34 inciso 5°-, les atribuye la importante función de vigilar (velar)
por el interés de la familia, los menores, incapaces y adultos mayores y representar a la
parte demandada, en los casos que la ley prevé, para cuyo cometido les faculta intervenir y
hacer uso de tales atribuciones en todos los actos procesales y obliga al Tribunal a
notificarles de todas las providencias que dicte. Si bien el Art. 41 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República señala que para ejercer el cargo de Agentes del
Procurador -entre éstos, Procurador de Familia- es indispensable ser Abogado de la
República en ejercicio de su profesión, salvadoreño, del estado seglar y de capacidad y
moralidad notorias, ante el rol tan importante que desempeñan dentro del proceso, la
capacidad de tales funcionarios no debe limitarse al conocimiento del derecho, sino que los
Procuradores o Procuradoras de Familia deben ser abogados con una comprensión amplia
en el campo doctrinal y normativo, tanto interno como internacional, de protección a la
familia, a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, así también poseer un alto grado
de humanismo para comprender las situaciones de las que conocen.
Es por eso que se requiere que la Procuraduría General de la República cree programas de
especialización y evaluación constante del personal que actúa como Procurador de Familia,
a efecto de que el cargo sea desempeñado por profesionales idóneos y capaces.
8.- Debe señalarse también, que a la fecha, la suscrita Procuradora, no tiene conocimiento
del resultado de la queja interpuesta por el señor Daura Escobar en contra del licenciado
Carlos Alberto Ramírez Henríquez; siendo que al omitir pronunciarse sobre su actuación,
no obstante haberse denunciado en dicha sede administrativa, se ha incumplido el deber de
garantía antes citado.
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e) De la ejecución de la sentencia por el Juzgado Primero de Familia de San Salvador.
1.- Observa la Suscrita Procuradora, que desde el momento en que el proceso fuera recibido
por el Juzgado Primero de Familia de San Salvador, a la fecha, éste no ha adoptado las
medidas pertinentes para subsanar el error cometido por la Jueza Tercero de Familia al
librar decreto de embargo contra bienes propios de los señores Daura Safie y señora Safie
viuda de Daura; no obstante, el mismo ha sido señalado tanto por el demandante señor José
Alberto Daura Escobar, como por el Abogado de los demandados, cuando al contestar
traslado, en fecha veintisiete de febrero de dos mil dos, alegó la nulidad de tal acto por
violar derechos de sus representados y posteriormente el uno de diciembre del año pasado
apuntó, nuevamente, dicho error.
2.- De esta forma, los juzgadores que han conocido del proceso en el Juzgado Primero de
Familia, es decir tanto la jueza interina como el juez propietario, han ratificado tácitamente
dicho vicio y obviado su subsanación a efecto de garantizar la ejecución efectiva de la
sentencia; ya que el mandamiento así librado, constituye un obstáculo más del derecho del
señor José Alberto Daura Escobar a la justicia pronta y debida, referida a la indemnización
por los daños morales y materiales ocasionados por el no reconocimiento paterno y también
un claro y grave atentado contra el derecho de propiedad y seguridad jurídica de los señores
Ivette Susana, Jorge Gerardo y Jorge Alberto, todos Daura Safie y señora Eva Safie viuda
de Daura.
3.- Por otra parte, llama la atención de la suscrita Procuradora, el requerimiento continuo de
estampar el sello de abogado en todos los escritos que presentare el señor Daura Escobar o
hacerlo por medio de sus apoderados, por la Jueza Primero de Familia interina, licenciada
Delmy Elsy de Rodríguez, en razón que a juicio de la suscrita esto constituye un
formalismo riguroso e incomprensible que riñe con los principios del proceso de familia, en
especial cuando la calidad de Abogado del señor José Alberto Daura Escobar ha quedado
acreditada, de manera clara y suficiente, en el proceso; lo cual se discierne del escrito de
demanda presentado en fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis ante la
Secretaría Receptora de Demandas y recibido por el Juzgado Tercero de Familia de San
Salvador el día treinta de ese mes y año, el escrito fechado cinco de julio de ese año por
medio del cual subsanó las prevenciones efectuadas a su demanda, la ampliación de la
demanda presentada el nueve de este último mes y año, así como en posteriores escritos que
se encuentran agregados al proceso; de igual forma, en oficio fechado quince de diciembre
de mil novecientos noventa y siete, en el cual el Secretario General de la Corte Suprema de
Justicia informó sobre la calidad de Juez del demandante desempeñada a partir del uno de
marzo de mil novecientos noventa y cuatro, obviamente para desempeñar este cargo se
requiere ser abogado de la República.
Tal prevención ha sido basada en el requisito establecido en los Arts. 89 ordinal 4° y 115
ordinal 2° del Código de Procedimientos Civiles, lo cual constituye un formalismo, no
obstante la normativa familiar establece que en la realización de los actos procesales se
debe evitar el ritualismo; loablemente ante tales estrategias del abogado de los demandados,
la Jueza Tercero de Familia de San Salvador, previo a declararse inhibida para seguir
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conociendo, desvirtuó tales argumentos bajo el razonamiento que en materia de familia
debe evitarse el ritualismo, tal como exigir el cumplimiento al deber que tienen los
abogados de poner sello debajo de su firma en todas las peticiones que hagan o formulen,
sobre todo cuando la calidad de abogado, está suficientemente acreditada en el proceso.
4.- Ciertamente, resulta grave que bajo tales criterios, el tribunal se haya limitado a tomar
nota de lo expuesto y solicitado por el señor José Alberto Daura Escobar, sin pronunciarse
sobre el fondo de las cuestiones planteadas y analizando únicamente la forma en que los
escritos fueron presentados; ya que no obstante, el juez propietario, licenciado Jorge
Alfonso Quinteros en su primera intervención dentro del proceso -en fecha veinticinco de
mayo de dos mil cuatro-, emitió resolución en la que argumentó que se había dado
respuesta oportuna a los escritos presentados; al verificar el proceso, se observa que la
jueza interina no entró a conocer sobre el fondo del asunto planteado, así para el caso
omitió pronunciarse sobre la solicitud contenida en escrito fechado cinco de noviembre de
dos mil tres, en el que advirtió sobre el error contenido en el decreto de embargo librado y
pidió aclarar el mandamiento del mismo, para que este fuera efectivo en razón de
prevenciones hechas por el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas y que reiteró en
fecha diecisiete de ese mes y año.
f) De la actuación del Juez Primero de lo Civil de San Salvador.
1.- Mediante la verificación que ha sido efectuada en el proceso de facción de inventario
promovido por el licenciado José Alberto Daura Escobar ante el Juez Primero de lo Civil de
esta ciudad y clasificado bajo la referencia 20-DV-2002, ha podido constatarse la correcta
actuación del funcionario judicial, quien actuando con la imparcialidad que debe
caracterizar a todos los administradores de justicia ha resuelto las peticiones del
demandante, de acuerdo a su competencia, pues es claro que un Juez no puede convertirse
en asesor de ninguna de las partes –respecto de los procedimientos que deben seguir-
porque con tal actuación desprotegería al otro sujeto que interviene en la relación jurídico
procesal.
2.- En los procesos civiles, a diferencia de los de familia, el Juez se ve limitado a resolver
únicamente sobre los asuntos que las partes someten a su decisión y sólo puede actuar y
decidir en procedimientos que la ley establece en forma expresa; en tanto, que el Juez de lo
Civil está desprovisto de las facultades discrecionales que la ley confiere al Juez de
Familia, debiendo resolver con fundamento en el principio de congruencia y siguiendo la
formalidad instituida para los actos procesales.
3.- En ese orden de ideas, para la determinación de los derechos en materia civil, el Estado
salvadoreño ha previsto un ordenamiento jurídico que rige las relaciones privadas y
establecido los tribunales competentes para la administración de justicia en dicha materia; a
su vez, ha normado los procedimientos a seguir para hacer efectivos tales derechos,
conforme lo preceptúan el Art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, la función
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del juzgador ha sido limitada a los procedimientos y facultades expresamente establecidas,
a efecto de conculcar cualquier abuso de poder que ponga en indefensión a los sujetos del
proceso.
4.- Para la correcta administración de justicia y aplicación del principio de imparcialidad e
independencia, el Juez de la materia, no puede ordenar situaciones no previstas en el
ordenamiento civil ni decidir en el proceso cuestiones aplicables a otro procedimiento.
2.- Por otra parte, a fin de que la administración de justicia sea oportuna, es recomendable
que la práctica de inventario se realice a la mayor brevedad posible, siendo válida la
solicitud de fijamiento de fechas sucesivas y continuadas, efectuada por el señor José
Alberto Daura Escobar y por su apoderado; de la misma forma, previo a librar comisión a
un juez inferior para que realice determinada diligencia judicial, lo cual está permitido, es
necesario que se verifique el lugar en que ésta debe practicarse a fin de no incurrir en
dilaciones innecesarias por el mal libramiento de una comisión procesal, a juez distinto del
competente para realizarla, según el territorio.
VI. Por tanto, en razón de las consideraciones efectuadas, la Procuradora para la Defensa de
los Derechos Humanos, de conformidad a las atribuciones conferidas en el Art. 194 romano
I ordinales 1°, 7°, 10° y 11° de la Constitución de la República, declara y resuelve:
a) Se da por establecida la violación al derecho humano al debido proceso legal por
inobservancia de norma expresa e incumplimiento de plazos procesales en perjuicio del
señor José Alberto Daura Escobar; violación del derecho a la seguridad jurídica y derecho a
la propiedad por la potencial violación al mismo, en perjuicio de los señores Susana Ivette,
Jorge Gerardo, Jorge Alberto, todos Daura Safie y señora Eva Safie de Daura.
Señalase como responsable de tales violaciones a la señora Jueza Tercero de Familia de San
Salvador, licenciada Evelyn Roxana Núñez Franco.
b) Se da por establecida la violación del derecho al debido proceso legal por
incumplimiento a los plazos procesales, principio de publicidad y violación a las garantías
de audiencia y defensa, en perjuicio del señor José Alberto Daura Escobar, señores Susana
Ivette, Jorge Gerardo y Jorge Alberto Daura Safie y señora Eva Safie viuda de Daura, en el
trámite del recurso de apelación e incidente de inhibitoria que fueren conocidos durante la
ejecución de la sentencia.
Señalase como responsables de dichas violaciones a los señores Magistrados de la Cámara
de Familia de la Sección del Centro, doctor Arcadio Sánchez Valencia y licenciada Rhina
Elizabeth Ramos González.
c) Tiénese por establecida la violación al debido proceso legal por vulneración de la
garantía de audiencia y defensa e infracción a los principios rectores del proceso de
familia, en específico el de oralidad y contradicción y derecho a ser juzgado por juez
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competente e imparcial, en perjuicio del señor José Alberto Daura Escobar, de parte de los
Magistrados suplentes de la Cámara de Familia de la Sección del Centro, licenciada Hilda
Edith Herrera de Morán y doctor Pablo Edgardo Portillo Hurtado.
d) Se da por establecida la violación al debido proceso legal por retardación e
incumplimiento de plazos procesales en perjuicio del señor José Alberto Daura Escobar, de
parte de los magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctora
Victoria Marina Velásquez de Avilés, doctora Ana Calderón de Buitrago y doctor Mauricio
Ernesto Velasco Zelaya.
e) Tiénese por establecida la violación al derecho a la tutela legal efectiva y la dignidad
humana del señor José Alberto Daura Escobar, por incumplimiento al principio de
imparcialidad que debe regir a todo Procurador de Familia, de parte de la licenciada Lilian
Guevara de Mena, Procuradora de Familia adscrita al Juzgado Tercero de Familia de San
Salvador.
f) De igual forma, se establece la violación al derecho a la tutela legal efectiva en perjuicio
del señor José Alberto Daura Escobar de parte del licenciado Carlos Alberto Ramírez
Henríquez, Procurador adscrito al Juzgado Primero de Familia de San Salvador.
g) Se da por establecida la violación al debido proceso judicial por incumplimiento de los
principios fundamentales del proceso de familia y derecho de petición y respuesta por parte
de la Jueza Primero de Familia interina, licenciada Delmy Elsy de Rodríguez, en perjuicio
del señor José Alberto Daura Escobar y de las personas que conforman la sucesión
demandada en el proceso en referencia, por no haber dado trámite a las peticiones
efectuadas tanto por el demandante como por el Abogado de los demandados respecto al
mal libramiento del decreto de embargo.
h) Recomiéndase a la señora Jueza Tercero de Familia de San Salvador, licenciada Evelyn
Roxana Núñez Franco, cumpla con el debido proceso judicial en lo referente al acatamiento
de los plazos y procedimientos que la ley establece para el desarrollo de los actos
procesales, en todos los juicios y diligencias sometidos a su conocimiento. Así también
que, en lo futuro, adopte las medidas que sean necesarias y actúe con la eficacia requerida
al cargo, para evitar incurrir en violaciones a los derechos humanos de las personas que
constituidas como partes, actúan en los procesos sometidos a su jurisdicción.
i) Se recomienda a los Magistrados propietarios de la Cámara de Familia de la Sección del
Centro, doctor Arcadio Sánchez Valencia y licenciada Rhina Elizabeth Ramos, observar a
plenitud el derecho al debido proceso en relación a los plazos procesales y garantías
judiciales de audiencia y defensa, en el trámite de todos los procedimientos, recursos e
incidentes que se someten a su conocimiento; además en lo que respecta al fiel
cumplimiento y respeto a los principios fundamentales del proceso de familia.
j) Se recomienda a los Magistrados suplentes de la Cámara de Familia de la Sección del
Centro, licenciada Hilda Edith Herrera de Morán y doctor Pablo Edgardo Portillo Hurtado,
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la plena observancia de las garantías del debido proceso judicial, consistentes en audiencia
y defensa, en los procedimientos que sean sometidos a su conocimiento durante la
consiguiente tramitación de la fase de ejecución del proceso de familia iniciado por el señor
José Alberto Daura Escobar; así también en lo concerniente deberán actuar con sujeción a
los principios rectores del proceso de familia.
k) Se reitera a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que formando parte de la
Sala de lo Civil, conocieron de la ejecución de la sentencia casada en el proceso en
comento, doctor Mauricio Ernesto Velasco Zelaya y doctora Victoria Marina Velásquez
de Avilés, la recomendación de observar plenamente el debido proceso judicial en lo
tocante a los plazos para resolver, a fin de que su intervención coadyuve a la pronta
administración de justicia, a la que deben encaminarse sus actuaciones de acuerdo a la
Constitución de la República y tratados internacionales.
l) Recomiéndase a la licenciada Lilian Guevara de Mena y al licenciado Carlos Alberto
Ramírez Henríquez, en su calidad de Procuradores de Familia, actúen con mayor eficiencia,
diligencia e interés en los procesos de familia que son sometidos a su consideración, en
razón del tan importante cargo que desempeñan, a fin de velar de manera integral y
efectivo por los derechos e intereses de las personas que conforman el grupo familiar, y en
los casos que traten sobre niñez, adultos mayores e incapaces.
m) Con fundamento en el Art. 37 de la Ley que rige a esta Procuraduría, exhórtase al
Procurador General de la República, licenciado Gregorio Sánchez Trejo crear un programa
de especialización y capacitación del personal que se desempeña como Agentes del mismo,
específicamente como Procuradores y Procuradoras de Familia, a efecto de que la
participación de estos en los procesos de familia contribuya a la solución justa y pacífica
de los conflictos familiares y se dé cumplimiento efectivo a su mandato constitucional de
velar por la defensa de la familia, y de las personas e intereses de los niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores e incapaces.
Así también recomiéndase al citado funcionario, promueva la investigación administrativa,
de acuerdo al Reglamento Interno de dicha institución, respecto a la queja que el señor José
Alberto Daura Escobar interpusiera en contra del licenciado Carlos Alberto Ramírez
Henríquez en dicha oficina; de haber investigación al respecto informe debidamente al
interesado.
n) Recomiéndase al Juez Primero de Familia de San Salvador, licenciado Jorge Alfonso
Quinteros, adoptar de manera inmediata las medidas que estime oportunas para subsanar
los vicios que contiene el mandamiento de embargo librado por la Jueza Tercero de Familia
de esta ciudad, a efecto de evitar que con la ejecución de éste se produzcan graves
violaciones a los derechos humanos de los señores Ivette Susana, Jorge Gerardo y Jorge
Alberto, todos Daura Safie y señora Eva Safie viuda de Daura.
De igual forma, recomiéndase al referido funcionario que adopte las medidas pertinentes,
para agilizar la ejecución de la sentencia casada a favor del señor José Alberto Daura
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Escobar y garantizar a éste, el ejercicio pleno de su derecho a ser indemnizado por los
daños morales y materiales ocasionados por el no reconocimiento paterno.
ñ) Se recomienda a la Jueza Primero de Familia interina, licenciada Delmy Elsy de
Rodríguez, actúe de conformidad a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos
humanos de las personas constituidas como sujetos procesales, en todos los asuntos que
sean sometidos a su conocimiento.
o) Finalmente, la suscrita Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, declara
su alto grado de preocupación ante la paradigmática retardación de justicia observada en el
presente caso, ya que a más de ocho años de iniciado el proceso de Declaratoria Judicial de
Paternidad por el señor José Alberto Daura Escobar, su pretensión de obtener una justa
reparación ante el enorme e incuantificable daño ocasionado por la omisión de
reconocimiento paterno, ésta aún no ha sido satisfecha por las instancias encargadas de la
administración de justicia y obligados por mandato constitucional contenido en el Art. 182
ordinal 5º a vigilar que la misma sea pronta y cumplida.
p) Hágase del conocimiento del Jefe del Departamento de Investigación Judicial de la Corte
Suprema de Justicia y de la Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, a fin de que
inicien las acciones procedentes, de acuerdo a su competencia.
Rindan informe los funcionarios a quienes se ha emitido recomendaciones, sobre el
cumplimiento de las mismas, dentro del plazo de treinta días contados a partir de la
notificación respectiva.
Hágase del conocimiento de todos los funcionarios que han sido citados en los literales que
preceden, de los señores José Alberto Daura Escobar y del doctor Mauricio Arce Gutiérrez
en calidad de apoderado de los señores Ivette Susana Daura Safie, Jorge Alberto Daura
Safie, Jorge Gerardo Daura Safie y Eva Safie viuda de Daura, estos últimos en razón de lo
expresado en los literales c) e i) de este apartado.
Notifíquese.-
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